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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05742-01

Fecha
13 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05742-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia. En su lugar: 2. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por Liliana del Socorro Miranda Agamez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-05742-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

13 de diciembre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05742-01
Demandante: Liliana Del Socorro Miranda Agamez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05742-01
Demandante: LILIANA DEL SOCORRO MIRANDA AGAMEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Falta de relevancia constitucional:
reiteración de argumentos

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la sentencia
del 18 de octubre de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, que denegó la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

En ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado judicial, la señora Liliana
Del Socorro Miranda pidió la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, seguridad social, igualdad y de acceso a la administración de justicia.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la providencia de
12 de abril de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre, que revocó la
providencia que accedió parcialmente a las pretensiones de reconocimiento y pago de
la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE en la
sentencia proferida el día 12/04/23, en el expediente rad. No. 70001333300220220017301,
transgredió́ los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD
SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A
LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA,
AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, del accionante, por considerar
que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia
constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se
encuentra vulnerando los derechos fundamentales por parte de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
SUCRE; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva,
atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte
Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del
H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la
sanción por mora como fue solicitada en la demanda (…)

1
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05742-01
Demandante: Liliana Del Socorro Miranda Agamez

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

La señora Liliana Del Socorro Miranda labora con la entidad territorial certificada en
Educación del Departamento de Sucre, después del año de 1990

El 17 de agosto de 2021, la actora solicitó el pago y reconocimiento de la sanción por
mora establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. La solicitud fue remitida a la
Fiduciaria La Previsora S.A., para responder a la solicitud, pero no se obtuvo respuesta
por parte de esta entidad.

La actora interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) y Departamento de Sucre, para que se declarara la nulidad del acto
ficto o presunto configurado el 17 de noviembre de 2021, ante la falta de respuesta a una
petición elevada. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordenara el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en el régimen de cesantías de la
Ley 50 de 1990 y la indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías.

La demanda se adelantó bajo el radicado 70001333300220220017301 y correspondió al
Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo, que, por sentencia del 30 de septiembre
de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, declaró la nulidad del
acto ficto o presunto negativo y condenó al reconocimiento y pago de sanción moratoria
a favor de la demandante. Consideró que la parte actora era beneficiaria de la Ley 50 de
1990 en virtud de la sentencia SU-041 de 6 de febrero de 2020 y la providencia de 9 de
mayo de radicado 2656-2020.

Inconforme con la decisión, la parte demandada apeló y el Tribunal Administrativo de
Sucre, en sentencia del 12 de abril de 20231, revocó la sentencia de primera instancia y,
en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, por considerar que no hay lugar a
conceder el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 por el
no pago o pago tardío de las cesantías y los intereses.

4. Fundamentos de la acción de tutela

A juicio de la demandante, el Tribunal Administrativo de Sucre incurrió en defecto
sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente
judicial, con fundamento en las razones que se pasan a señalar.

Resaltó que las Secciones Primera y Tercera del Consejo de Estado, en sede de tutela,
al estudiar casos con similares supuestos fácticos, encontraron que los asuntos
cumplieron con los requisitos general de procedencia de tutela contra providencia
judicial, por lo que adelantaron estudio de fondo.

Manifestó que se incurrió en defecto sustantivo, pues, a su juicio, la autoridad
demandada no tuvo en cuenta que el Decreto 1582 de 1998 2 extendió el sistema de
cesantías del sector privado, esto es, la Ley 50 de 1990, a los empleados del sector
público del nivel territorial, vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996. Que, por lo
tanto, los empleados públicos del nivel territorial quedaron cobijados por la sanción
moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

1 Notificada el 10 de julio de 2023.
2
Que reglamentó el régimen de cesantía de la Ley 344 de 1996, ley que la actora estimó aplicable por virtud del
Decreto 1252 de 2000.
2
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05742-01
Demandante: Liliana Del Socorro Miranda Agamez

Expresó que, si bien los docentes gozan de un régimen prestacional especial en virtud
de los principios de favorabilidad, igualdad y condición más beneficiosa, a los docentes
se les debe aplicar las normas del régimen general pues es en el que se establece la
sanción moratoria, por consignación tardía de las cesantías en el fondo. De ahí que,
se configure violación directa de la Constitución, específicamente del artículo 53
superior, que ordena la aplicación de la situación más favorable para el trabajador.

Respecto al desconocimiento del precedente judicial, manifestó que se desatendió lo
señalado por la Corte Constitucional en las sentencias de unificación SU-098 de 2018,
SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020 y las sentencias del Consejo de Estado, en las que
se definió que la Ley 50 de 1990 le resulta aplicable a los docentes vinculados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y, por ello, tienen derecho al
reconocimiento de la sanción por mora derivada de consignación tardía de las
cesantías anuales, entre ellas citó como desconocidas las siguientes sentencias
proferidas por esta Corporación de 6 de agosto de 2020 3, 24 de enero de 2019 4, de
17 de junio de 2019 5, 28 de junio de 2019 6, 29 de julio de 2019 7, 2 de diciembre de
20198, 10 de junio de 2020 9, 22 de octubre de 2020 10, 12 de noviembre de 2020 11, 17
de junio de 2021 12, 4 de noviembre de 2021 13, 25 de noviembre de 2021 14, 11 de

3
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-
2013- 00666-01 (0833-16), C.P. Sandra Liseth Ibarra.

4
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de enero de 2019, Exp. 76001-23-31- 000-
200900867- 01 (4854-2014), C.P. Sandra Liseth Ibarra.

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2019, Exp. 11001-03-15-000-2018-04617-01),
C.P. Nicolas Yepes Corrales.
6 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 28 de junio de 2019, Exp. 11001-03-15-

000-2018-04679-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de julio de 2019, Exp. 1001-0315- 000-2018- 03499-01,
C.P. Nicolas Yepes Corrales.
8
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de diciembre de 2009, Exp. 08001 23 33 000 2014 00173-
01 (1688-16), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de junio de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2014- 00208-
01(0324-2016), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
10
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de octubre de 2020, Exp. 08001-23-31- 000-2014-
00254-01(4960-2017), C.P. William Hernández Gómez.
11
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de noviembre de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2014-
00132-01, C.P. William Hernández Gómez.

12
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 17 de junio de 2021, Exp. 08001 23 31 000
2014 00815 01 (4979–2017), C.P. Gabriel Valbuena Hernández y Exp. 08001-23-33- 000-2015- 00331-
01), C.P. César Palomino Cortés.

13
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de noviembre de 2021, Exp. 19001-23-33-
000-2015- 00445- 02(0483-20), C.P. William Hernández Gómez.

14
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021, Exp. 08001-23-33- 000-2014-
01127-01 (1002-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de
noviembre de 2021, Exp. 40001-23-40- 000-2017- 00134-01 (2208-2020), C.P. William Hernández Gómez.

3
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05742-01
Demandante: Liliana Del Socorro Miranda Agamez

noviembre de 2021 15, 20 de enero de 2022 16, 3 de marzo de 2022 17, 28 de abril de
202218, 9 de mayo de 2022 19, 19 de mayo de 2022 20, 1 de julio de 2022 21, 22 de agosto
de 202222, 22 de septiembre de 2022 23, 19 de enero de 2023 24 y 26 de enero de 2023 25.

5. Oposiciones

El Tribunal Administrativo de Sucre en el informe de tutela allegado, solicitó declarar
improcedente el amparo solicitado, toda vez que no incurrió en ninguna actuación que
diera lugar a la considerar la configuración de una causal de procedibilidad de la acción
de tutela.
Consideró que la decisión adoptada por el Tribunal se sustentó en la interpretación de
las normas del derecho concernientes al asunto, en concordancia con el material
probatorio obrante en el expediente.

6. Intervenciones

La FIDUPREVISORA S.A., en calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solicitó declarar
improcedente la acción de tutela y su desvinculación, por no estar legitimados en la
causa por pasiva.

Indicó que las circunstancias fácticas de la sentencia SU-098 de 2018 no corresponden
a las mismas en las que se fundan las pretensiones de la demanda, porque, en el caso
concreto, no se cuestiona una afiliación inoportuna al FOMAG que haya devenido en
el retardo de la consignación de las cesantías.

El Ministerio de Educación Nacional solicitó declarar improcedente la acción de
tutela, porque no cumple con el requisito de relevancia constitucional. Además, advirtió
que la sentencia SU-098 de 2018 es inaplicable al presente asunto, pues las reglas
jurisprudenciales allí fijadas no son aplicables a los supuestos fácticos y jurídicos que

15
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-23- 40-000-2015-
90008-01 (2387-2020), C.P. William Hernández Gómez; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11
de noviembre de 2021, Exp. 080001-23- 40-000-2014- 90022-01 (5154-2016), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 20 de enero de 2022, Exp. 080001-23- 33-000-2017- 00931-
01 (1001-2021), C.P. Gabriel Valbuena Hernández
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de marzo de 2022, Exp. 080001-23- 33-000-2015- 00075-
01 (2660-2020), C.P. William Hernández Gómez.
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de abril de 2022, Exp. 76001-23-33- 000-2013- 00756-
01 (2224-2020), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de mayo de 2022, Exp. 080001-23- 40-000-2017- 00795-
01 (2659-2020), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
20
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-23- 33-000-2019- 00359-
01 (4004-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
21
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-23- 33-000-2019- 00376-
01 (4462-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra.

22
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de agosto de 2022, Exp. 08001-23-33- 000-
2015- 00509-01 (2140-2020), C.P. César Palomino Cortés.

23
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2022, Exp 08001-23-33-
000-2015- 90124-01 (2394-2020), C.P. César Palomino Cortés.

24
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de enero de 2023, Exp 76001-23-31- 000-2012- 00212-
02 (4470-2021), C.P. William Hernández Gómez.
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 26 de enero de 2023, Exp 47001-23-33- 000-2018- 0231-
01 (0871-2020), C.P. Rafael Francisco Gómez.

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Demandante: Liliana Del Socorro Miranda Agamez

sustentaron la pretensión del proceso ordinario y que, en todo caso, debía aplicarse lo
señalado en la sentencia SU-573 de 2019.

7. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia del 18 de
octubre de 2023, denegó la solicitud de amparo. Explicó que el tribunal demandado
realizó un análisis fáctico, normativo y jurisprudencial con el que argumentó de manera
suficiente las razones de la negativa de las pretensiones.

Agregó que lo planteado en la acción de tutela se limitaba a evidenciar una diferencia de
criterios frente a la interpretación de una norma y que eso no era suficiente para calificar
una providencia como arbitraria, caprichosa o violatoria de derecho fundamental alguno.

8. Impugnación

La parte demandante impugnó la sentencia de primera instancia. Dijo que en el Consejo
de Estado existía una posición unificada sobre la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los
docentes para el reconocimiento de la sanción moratoria y citó, nuevamente las
sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 19 23 y 2624 de enero de
2023 relacionadas en el escrito de tutela.

Agregó que la acción de tutela sí cumple el requisito de relevancia constitucional y
fundamentó ese argumento en decisiones dictadas por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, en providencias del 23 de marzo y 17 de abril 26 de 2023.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la señora
Liliana del Socorro para que se deje sin efectos la sentencia de 12 de abril de 2023,
dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre, que revocó la decisión de acceder
parcialmente a las pretensiones de reconocimiento y pago de la sanción moratoria
prevista en la Ley 50 de 1990.

La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito general de relevancia
constitucional, por cuanto se trata de una reiteración de los argumentos ya resueltos en
el proceso ordinario, esto es, que, a juicio de la actora, la sanción moratoria prevista en
el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 procede en favor de los docentes. Por lo tanto,
revocará la decisión de primera instancia y, en su lugar, declarará improcedente la
solicitud de amparo.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente,
(iii) analizará el caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los

26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de abril de 2023, Exp
11001031500020230096500.

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Demandante: Liliana Del Socorro Miranda Agamez

requisitos generales 27 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos 28 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-0029, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos
que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se
convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la
providencia acusada.

En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.

4. Análisis del caso concreto

Se observa que la señora Liliana del Socorro Miranda Agamez demandó al Ministerio de
Educación Nacional – FOMAG, con el objeto de que se ordenara el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria prevista en el régimen de cesantías de la Ley 50 de 1990
y la indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías.

La Sala considera que la tutela no satisface el requisito de relevancia constitucional,
debido a que el asunto no trasciende el plano meramente legal; y a que, de fondo, lo
pretendido se limita a un móvil económico que no está directamente relacionado con
la vulneración de derechos fundamentales. Justamente, así lo reconoció la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-573 de 2019 al considerar que una de las razones
por las que no se satisface el requisito de relevancia constitucional es porque lo
debatido no es más que una cuestión meramente legal, que no impacta la garantía de
derechos fundamentales, sino patrimoniales.

27 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión
objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho
fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
28 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
29 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

6
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05742-01
Demandante: Liliana Del Socorro Miranda Agamez

En la sentencia invocada como precedente, la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado30 resolvió una controversia en la que se solicitaba el
reconocimiento y pago la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006,
equivalente a un día de salario por cada día de retardo, contados a partir del día
siguiente al vencimiento de los setenta días hábiles cursados desde el momento en
que se radicó la solicitud de las cesantías parciales ante la entidad demandada y hasta
cuando se hizo efectivo el pago de la misma; mientras que en el presente asunto la
discusión gira en torno a la sanción moratoria por consignación tardía de cesantías,
prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Sobre la sentencia del 17 de abril 31 de 2023 dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, en el proceso 11001031500020230096500, la Sala destaca que
esa decisión fue impugnada y con sentencia del 17 de julio de 2023, la Sección Tercera,
Subsección C, del Consejo de Estado la revocó y, en su lugar, declaró improcedente la
acción de tutela. Por lo tanto, los precedentes que cita el actor fueron dejados sin efectos
en decisiones posteriores.

Incluso, en un caso con idéntica situación fáctica y jurídica, la Corte Constitucional, en
sentencia SU-573 de 2019, concluyó que la acción de tutela carecía de relevancia
constitucional, por las siguientes razones:

(i) El asunto propuesto versaba sobre una cuestión meramente legal, que no
impactaba la garantía de derechos fundamentales, sino patrimoniales, pues se
proponía que el juez de tutela determinara si a las cesantías anualizadas de los docentes
les resulta aplicable la Ley 91 de 1989 y el Decreto 1831 de 2005 o la Ley 50 de 1990,
Ley 344 de 1996 y Decreto 1582 de 1998, asunto que conlleva a establecer aspectos
legales acerca de la calidad de la vinculación de los docentes (territoriales, nacionales o
nacionalizados) y sobre el fondo administrador de cesantías en que debe efectuarse la
afiliación para que se cause la penalidad por no consignación oportuna de la prestación
social.

Que, además, los argumentos buscaban “realizar el análisis de corrección de la sentencia y,
en consecuencia, identificar cuál es la interpretación que los jueces de la jurisdicción contencioso
administrativo deben acoger acerca del alcance del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y de la Ley
344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, en cuanto al reconocimiento de una
penalidad por no consignación oportuna de las cesantías en el régimen docente”

ii) La discusión propuesta no involucraba la protección de derechos fundamentales
y la anomalía procesal alegada (presunto desconocimiento del precedente y del principio
de favorabilidad laboral) no era determinante ni tenía un efecto decisivo en las sentencias
cuestionadas y tampoco conllevaba a la afectación de un derecho fundamental, por
cuanto “las decisiones impugnadas en sede de tutela no constituyen “desvíos del juez ordinario”
ni decisiones carentes de motivación y no dan cuenta prima facie de la inaplicación de una
prerrogativa de carácter constitucional.”

(iii) Los demandantes pretendían reabrir la controversia legal resuelta tras obtener
una respuesta desfavorable a sus intereses, toda vez que los demandantes acudían a la
tutela bajo la supuesta configuración de dos defectos específicos con el fin de que el juez
constitucional accediera a las mismas pretensiones incoadas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

30 Expediente Nro. 73001-23-33-000-2018-00241-01 (1740-2021).

31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de abril de 2023, Exp
11001031500020230096500.
7
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www.consejodeestado.gov.co

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través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05742-01
Demandante: Liliana Del Socorro Miranda Agamez

Lo anterior es suficiente para que la Sala revoque la decisión de primera instancia y, en
su lugar, declare improcedente la solicitud de amparo presentada por la señora Liliana
del Socorro Miranda Agamez

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
III. FALLA

1. Revocar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia. En
su lugar:

2. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por Liliana del Socorro
Miranda Agamez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

8
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