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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05750-00

Fecha
30 de octubre de 2023
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05750-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela por falta de relevancia constitucional frente a los cargos elevados. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-05750-00

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

30 de octubre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05750-00
Accionante: Fidencia Antonia Espitia Hoyos
Se declara la improcedencia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05750-00
Accionante: Fidencia Antonia Espitia Hoyos
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial Nulidad y restablecimiento del derecho / Sanción
moratoria por falta de pago de las cesantías / Régimen laboral y prestacional de los docentes
oficiales / Defecto sustantivo / Violación directa de la Constitución / Desconocimiento de las reglas
jurisprudenciales / Se declara la improcedencia por falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por Fidencia Antonia Espitia Hoyos contra la
sentencia del 10 de mayo de 2023 dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala
Tercera de Decisión, en el marco del proceso de radicado No. 70001-33-33-004-2022-
00043-00/01. En esa providencia se confirmó la sentencia del 30 de noviembre de 2022
proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo, que negó las pretensiones de
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho adelantada por la accionante contra
el Ministerio de Educación Nacional, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (en adelante FOMAG) y el Municipio de Sincelejo.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y en el
Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05750-00
Accionante: Fidencia Antonia Espitia Hoyos
Se declara la improcedencia

1.- El 28 de septiembre de 2023, mediante apoderado judicial, Fidencia Antonia Espitia
Hoyos presentó acción de tutela para obtener el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso, seguridad social, igualdad y acceso a la administración de justicia, y a los
principios de favorabilidad laboral, perpetuatio iurisdictionis, seguridad jurídica y aplicación
del precedente vulnerados, en su concepto, por el tribunal accionado al negar el pago de la
sanción moratoria por la falta de pago de las cesantías y la indemnización por el pago tardío
de los respectivos intereses.

2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se transcriben
textualmente:

«1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE en la sentencia proferida
el día 10/5/2023, en el expediente rad. No. 70001333300420220004301, transgredió los
derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL,
SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO,
GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO
JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE
JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se
ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este
órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra
vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SUCRE; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que
sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de
2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones
ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la
demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes: (…)».

B. Hechos

3.- La accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:

3.1.- Se vinculó como docente adscrita al Municipio de Sincelejo (Sucre) después de 1990
por lo que, conforme al artículo 15 de la Ley 91 de 1989, le es aplicable el régimen
anualizado de cesantías.

3.2.- Al 15 de febrero de 2021, el Ministerio de Educación Nacional no consignó sus
cesantías correspondientes al año 2020 en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio – FOMAG.

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Accionante: Fidencia Antonia Espitia Hoyos
Se declara la improcedencia

3.3.- El 30 de julio de 2021, la accionante presentó reclamación administrativa para que se
reconociera el pago de la sanción moratoria por la falta de pago de las cesantías, en los
términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y la indemnización por el pago extemporáneo
de sus intereses.

3.4.- Ante la falta de respuesta por parte del Municipio de Sincelejo, la accionante demandó
a la Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio – FOMAG y al Municipio de Sincelejo en ejercicio del medio de nulidad y
restablecimiento contra el acto ficto.

3.5.- El 30 de noviembre de 2022, el Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo profirió
sentencia en primera instancia, en la que negó las pretensiones de la demanda. La
accionante apeló la decisión argumentando que el a quo desconoció el precedente vertical
y constitucional sobre la materia.

3.6.- Mediante sentencia del 10 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala
Tercera de Decisión confirmó el fallo de primera instancia. Consideró que el régimen del
auxilio de cesantías para los docentes afiliados al FOMAG es excluyente de la afiliación a
fondos privados (regulada por la Ley 50 de 1990), por lo que resulta improcedente aplicar
el principio de favorabilidad. Así mismo, precisó que la sentencia SU-098/18 no es un
precedente aplicable para los docentes que estuvieron o están afiliados al FOMAG.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- La accionante alega que la sentencia objeto de reproche vulneró sus derechos
fundamentales porque incurrió en (i) un defecto sustantivo y (ii) una violación directa de la
Constitución. Además, se infiere que la accionante también reprocha un (iii)
desconocimiento de las reglas jurisprudenciales ya que invoca varias providencias de esta
Corporación, de la Corte Constitucional, y de tribunales y juzgados administrativos del país
que habrían sido inaplicadas por la autoridad judicial accionada.

4.1.- Afirma que el Tribunal Administrativo de Sucre incurrió en una indebida aplicación de
las Leyes 52 de 1975, 91 de 1989, 50 de 1990, 344 de 1996, 715 de 2001 y 1955 de 2019.
Insiste que las prestaciones que se generaron a partir del 1° de enero de 1990 son de cargo
de la Nación, de forma que el Ministerio de Educación Nacional debe pagar o consignar al
FOMAG los recursos que se causen por concepto del auxilio de cesantías.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05750-00
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4.1.1.- Sobre el defecto sustantivo, señala que el FOMAG es un fondo de cesantías que
opera de la misma manera que los demás fondos de cesantías de los empleados públicos
para efectos de la recepción de los recursos de las cesantías, y que las cesantías de los
maestros oficiales se liquidan igual a las cesantías de los demás empleados públicos y
privados. Por lo tanto, sostiene que no es cierto que exista un «régimen especial» para las
cesantías de los docentes.

4.1.2.- Añade que, según la Ley 91 de 1989, las normas de los empleados públicos del
orden nacional son aplicables a los docentes, pues el artículo 15 establece que las
prestaciones sociales de los docentes vinculados con posterioridad al 1º de enero de 1990
se regirán por lo previsto en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978 «o
que se expidan en el futuro». En consecuencia, las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, que
consagran la obligación del empleador de consignar las cesantías a más tardar el 15 de
febrero de cada anualidad, serían aplicables a la accionante.

4.1.3.- También exige la aplicación de la Ley 52 de 1975, que regula la indemnización por
el pago tardío de los intereses de las cesantías. A juicio de la accionante, las Leyes 52 de
1975 y 90 de 1990 (según el mandato de la Ley 344 de 1996) les son aplicables a los
docentes oficiales regidos por la Ley 91 de 1989.

4.1.4.- Indica que, si bien la Ley 1955 de 2019 consagró el principio de unidad de caja, ello
no implica que el Ministerio de Educación no tenga un plazo para consignar los recursos de
las cesantías al FOMAG. En otras palabras, en virtud de la Ley 50 de 1990, el Ministerio de
Educación Nacional debe consignar oportunamente las cesantías al FOMAG y, una vez
pagadas, el fondo las administrará bajo el principio de unidad de caja. En consecuencia,
ambas normas no son excluyentes y se refieren a asuntos distintos.

4.2.- Por otro lado, alega una violación directa de la constitución por desconocimiento de
los principios de igualdad, favorabilidad laboral y progresividad. Sostiene que, como los
docentes son empleados públicos, no es admisible que sus prestaciones sociales tengan
un trato diferenciado a las de los demás empleados públicos. Además, que el tribunal
desconoció el principio de favorabilidad laboral del artículo 53 de la Constitución en materia
de prestaciones sociales de servidores públicos y docentes.

4.3.- En cuanto al desconocimiento de las reglas jurisprudenciales, la accionante afirma que
existe una postura uniforme y reiterada, tanto en la Corte Constitucional como en la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, encaminada a aplicar la sanción moratoria
prevista en la Ley 50 de 1990 a favor de los docentes oficiales.

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4.3.1- Al respecto, cita las sentencias SU-098 de 2018 (que fundamenta las demás
providencias proferidas por el Consejo de Estado), SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020. La
primera de estas sostuvo que, en virtud del principio de favorabilidad, la Ley 50 de 1990 sí
es aplicable a los docentes oficiales en lo que atañe a la sanción moratoria, porque esta no
fue prevista en el régimen especial. Así se garantiza el principio de favorabilidad y el
derecho a la igualdad entre los empleados públicos. Las dos últimas sentencias reiteran
esa postura.

4.3.2.- Igualmente, invoca veintiséis (26)1 sentencias proferidas por esta Corporación y once
(11)2 providencias proferidas por distintos juzgados administrativos.

4.3.3.- Resalta que, si bien podría haber un cambio de jurisprudencia, lo cierto es que debe
ser suficientemente argumentada, lo cual –a su juicio– no ocurrió con la providencia objeto
de estudio del Tribunal Administrativo de Sucre.

D. Oposiciones e intervenciones

5.- El Tribunal Administrativo de Sucre (accionado) manifestó que la tutela es improcedente
porque carece de relevancia constitucional, toda vez que (i) el caso versa sobre asuntos
exclusivamente legales con una connotación patrimonial privada, (ii) el caso no involucra

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencias del: 06 de agosto de 2020 (Rad.

08001-23-33-000-2013-00666-01), 24 de enero de 2019 (Rad. 76001-23-31-000-200900867), 17 de junio de 2019 (Rad.
311001-03-15-000-2018-04617-01), 28 de junio de 2019 (Rad. 411001-03-15-000-2018-04679-01), 29 de julio de 2019
(511001-0315-000-2018-03499-01), 02 de diciembre de 2019 (Rad. 608001-23-33-000-2014-00173-01), 10 de junio de
2020 (Rad 08001-23-33-000-2014-00208-01), 22 de octubre de 2020 (Rad. 08001-23-31-000-2014-00254-01), 12 de
noviembre de 2020 (Rad. 08001-23-33-000-2014-00132-01), 17 de junio de 2021 (Rad. 08001-23-31-000-2014-00815-
01) 27 de junio de 2021 (Rad. 08001-23-33-000-2015-00331-01), 04 de noviembre de 2021 (Rad. 19001-23-33-000-2015-
00445-02), 25 de noviembre de 2021 (08001-23-33-000-2014-01127-01), 25 de noviembre de 2021 (Rad. 40001-23-40-
000-2017-00134-01), 11 de noviembre de 2021 (Rad. 080001-23-40-000-2015-90008-01), 11 de noviembre de 2021 (Rad.
080001-23-40-000-2014-90022-01), 20 de enero de 2022 (Rad. 080001-23-33-000-2017-00931-01), 03 de marzo de 2022
(Rad. 080001-23-33-000-2015-00075-01), 28 de abril de 2022 (Rad. 76001-23-33-000-2013-00756-01), 09 de mayo de
2022 (Rad. 080001-23-40-000-2017-00795-01), 19 de mayo de 2022 (Rad. 47-001-23-33-000-2019-00359-01), 01 de julio
de 2022 (Rad. 47-001-23-33-000-2019-00376-01), 22 de agosto de 2022 (Rad. 08001-23-33-000-2015-00509-01), 22 de
septiembre de 2022 (Rad. 08001-23-33-000-2015-90124-01) y 19 de enero de 2023 (Rad. 76001-23-31-000-2012-01).
2
Sentencia del 23 de junio de 2022 (Rad. 66001-33-33-001-2022-00020-00) proferida por el Juzgado Primero
Administrativo de Pereira; sentencia del 9 de septiembre de 2022, (Rad. 70001-33-33-002-2022-00115-00) proferida por
el Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo; sentencia del 21 de septiembre de 2022, (Rad. 05001-33-33-019-2022-
00085-00) proferida por el Juzgado Diecinueve Administrativo de Medellín; sentencia del 27 de septiembre de 2022, (Rad.
76-001-33-33-002-2022-00095-00) proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Buga; sentencia del 28 de
septiembre de 2022, (Rad. 76111-33-33-003-2022-00066-00) proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Buga;
sentencia del 28 de septiembre de 2022, (Rad. 68001-33-33-002-2022-00065-00) proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo de Bucaramanga; sentencia del 30 de septiembre de 2022, (Rad. 68001-33-33-009-2022-00109-00)
proferida por el Juzgado Noveno Administrativo de Bucaramanga; sentencia del 6 de octubre de 2022, (Rad. 27001-33-
33-002-2022-00072-00) proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Quibdó; sentencia del 25 de octubre de 2022
(Rad. 27001-33-33-005-2022-00122-00) proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Quibdó; sentencia del 16 de
noviembre de 2022 (Rad. 76147-33-33-002-2022-00008-00) proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Buga; y
la sentencia del 19 de enero de 2023 (Rad. 11001-3342-051-2022-00098-00) proferida por el Juzgado Cincuenta y Uno
Administrativo de Bogotá.
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un debate relacionado con el alcance, contenido y protección de un derecho fundamental,
(iii) la accionante pretende reabrir un debate de orden legal que fue decidido por el juez
natural. Además, resaltó que la providencia explica la razón por la cual el tribunal se apartó
de la postura de la sentencia SU-098/18 de la Corte Constitucional y de las sentencias
proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado citadas por la accionante.

6.- El Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo (tercero interesado) allegó copia digital
del expediente ordinario, pero no se pronunció ante los hechos y pretensiones de la solicitud
de amparo.

7.- El Municipio de Sincelejo (tercero interesado), pese a haber sido notificado, guardó
silencio.

8.- La Nación - Ministerio de Educación Nacional (tercero con interés) alegó que la solicitud
de amparo era improcedente porque: (i) primero debieron agotarse los mecanismos
ordinarios de defensa judicial, en virtud de la subsidiariedad de la tutela; (ii) la solicitud de
amparo no satisfizo el criterio de relevancia constitucional, ya que la discusión se centró en
el reconocimiento de una prestación económica; (iii) las acciones de tutela contra
providencias judiciales no pueden desconocer la independencia y autonomía de las
autoridades judiciales; y (iv) no se violaron los derechos fundamentales invocados.

II. CONSIDERACIONES

9.- Se acogerá la posición mayoritaria de la Sala y se declarará la improcedencia de la
acción de tutela porque no está acreditado el requisito de relevancia constitucional frente a
los defectos presentados. Lo anterior, en la medida en que la acción de tutela reitera los
mismos argumentos que fueron planteados en la apelación y resueltos en el fallo de
segunda instancia proferido en el proceso ordinario3.

E. Sin perjuicio de la falta de relevancia constitucional, se constata que los cargos
formulados en el escrito de tutela no tienen vocación de prosperidad

10.- La providencia objeto de reproche no incurrió en los defectos sustantivo, violación
directa de la Constitución y por desconocimiento de las reglas jurisprudenciales alegados
por la accionante. Los defectos invocados se analizarán en conjunto, pues tanto el defecto

3 El magistrado ponente considera que la presente acción de tutela sí cumple con el requisito de relevancia constitucional

porque la accionante alega la vulneración de su derecho fundamental, entre otros, al debido proceso, y explicó los vicios
que consideró configurados en la decisión atacada. Sin embargo, acoge la posición mayoritaria de la Sala, según la cual,
cuando se reiteran argumentos que fueron resueltos dentro del proceso ordinario, no se cumple con este requisito.
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sustantivo como la violación directa de la Constitución se resuelven al estudiar las reglas
jurisprudenciales aplicables al caso.

10.1.- La Corte Constitucional ha establecido que las reglas del precedente no son
absolutas y que las autoridades judiciales pueden apartarse de ellas, siempre que (i)
identifiquen el precedente del cual se apartan (carga de transparencia) y (ii) sustenten
suficientemente las razones para ello (carga de argumentación). Además, también ha
señalado que el precedente es vinculante siempre que sea uniforme y pacífico, pues de lo
contrario los jueces pueden adoptar una postura u otra, según las exigencias y
particularidades del caso4.

10.2.- En este caso, el tribunal accionado cumplió con las dos cargas señaladas. En efecto,
se advierte que la providencia accionada identificó la sentencia SU-098/18 (que fundamenta
las otras sentencias invocadas por la accionante, tanto de la Corte Constitucional, como del
Consejo de Estado) y aceptó que existen otros fallos de esta Corporación que han adoptado
la postura señalada en la SU-098/18. Por lo tanto, la sentencia cita expresamente las reglas
jurisprudenciales de las cuales se apartó el tribunal.

10.3.- A continuación, el tribunal desarrolló las razones para apartarse de ese precedente,
así:

«En este punto se precisa, que en el presente caso no es vinculante la posición fijada en la
SU-098 de 2018 y en las sentencias del H. Consejo de Estado en las que por favorabilidad
se ha aplicado a los docentes la sanción moratoria de que trata el artículo 99 de la Ley 50
de 1990, por la omisión de los entes territoriales de I) realizar su afiliación al FOMAG,
trayendo ello, como consecuencia que no se le reconozcan y consignen sus cesantías, y de
II) trasladar su auxilio de cesantías al FOMAG al momento de su vinculación, que este
Tribunal ha aplicado en casos semejantes, toda vez que, los supuestos fácticos en el
presente proceso son distintos, por pretenderse el reconocimiento de la sanción moratoria
de la Ley 50 de 1990, por la no consignación del auxilio de cesantías del demandante
correspondiste al año 2020 antes del 15 de febrero de 2021, quien es un docente afiliado al
FOMAG, cuyas cesantías se han venido reportando en el fondo en alusión desde 2004 a
202036, como da cuenta el Extracto de Intereses a las Cesantías, emanado del FOMAG.

Al respecto, resulta relevante indicar que la H. Corte Constitucional en Sentencia SU573-19,
consideró que la ausencia de identidad fáctica impide aplicar un precedente (…)

Por lo tanto, la demandante no es beneficiaria de la sanción moratoria contenida en la Ley
50 de 1990, pues, tal penalidad no está instituida en el régimen especial que regula el
reconocimiento de las cesantías de los docentes, que no es otro que el previsto en la Ley 91
de 1989, en el cual, se administran los recursos conforme al principio de unidad de caja,
además, por no existir un precedente consolidado de obligatoria aplicación en este asunto,

4 Ver, entre otras: sentencia SU-354 de 2017.
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que se itera es disímil a aquellos procesos en que la H. Corte Constitucional, el H. Consejo
de Estado y este Tribunal han aplicado por favorabilidad la sanción cuyo reconocimiento
persigue la parte demandante».

10.4.- Así mismo, el tribunal precisó que no es cierto que exista una postura unificada en la
materia. En la providencia accionada se identificaron otras sentencias que sustentan la
posición adoptada. Entre ellas, se destaca la SU-573/19, que concluyó que la sentencia
SU-098/18 no era un precedente aplicable porque partió de un supuesto en el que los
docentes ni siquiera estaban vinculados al FOMAG.

10.5.- A partir de lo anterior, el tribunal accionado concluyó que no existe una postura
jurisprudencial unificada y, en todo caso, existen motivos para apartarse del precedente
invocado por la accionante. En ese sentido, como se ha reconocido en otras ocasiones5, se
constata la posibilidad de apartarse del precedente, siempre que se identifiquen las
sentencias y reglas que se dejarán de aplicar y se expongan los motivos para ello.

10.6. En todo caso, esta Sala precisa que durante el trámite de tutela la Sección Segunda
de esta Corporación profirió la sentencia de unificación del 11 de octubre de 2023, por
medio de la cual se estableció que:

«Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria prevista
en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es incompatible con el
sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al
personal docente en servicio activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50
de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social
en favor del docente estatal».

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela por falta de relevancia
constitucional frente a los cargos elevados.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

5 Entre otras, sentencia del 8 de mayo de 2023 (rad. 11001-03-15-000-2023-01648-00), sentencia del 21 de junio de 2023

(rad. 11001-03-15-000-2023-02214-00) y sentencia del 21 de julio de 2023 (rad. 11001-03-15-000-2023-03193-00), todas
con ponencia de este despacho y que abordaron casos idénticos.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05750-00
Accionante: Fidencia Antonia Espitia Hoyos
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TERCERO: Si la sentencia no fuera impugnada una vez ejecutoriado este fallo, por
Secretaría ENVÍESE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada a la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración de voto

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto

9

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