Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05755-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05755-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-05755-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
23 de noviembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05755-00
Demandante: Jairo Agaton Peña Puentes
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-05755-00
Demandante JAIRO AGATON PEÑA PUENTES
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE
Temas Tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de
procedibilidad de la acción. La relevancia constitucional. Medio de
control de nulidad y restablecimiento. Sanción moratoria por
consignación tardía de las cesantías del artículo 99 de la Ley 50 de
1990 a docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Jairo Agaton Peña Puentes, de conformidad con lo dispuesto
por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 28 de septiembre de 2023, el señor Jairo Agaton Peña Puentes interpuso acción
de tutela, mediante apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Sucre,
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
seguridad social, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE en la sentencia proferida el día
24/5/2023, en el expediente rad. No. 70001333300920220008601, transgredió los derechos
fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN
MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E
INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA
SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD
JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante,
por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la
abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso
administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SUCRE; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva,
atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte
Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del
H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la
sanción por mora como fue solicitada en la demanda (…)».
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
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Demandante: Jairo Agaton Peña Puentes
2.1. En el año 2022, el señor Jairo Agaton Peña Puentes presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
el Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) y el municipio de Sincelejo, con el fin de que
se declarara la nulidad del acto administrativo mediante el cual se negó la
sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías.
2.2. El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Tunja conoció en primera
instancia el asunto, bajo el radicado Nro. 70001-33-33-009-2022-00086-00/01.
Mediante sentencia del 13 de diciembre de 2022, dicha autoridad judicial negó
las pretensiones de la demanda, por considerar que la sanción por mora por
consignación tardía de las cesantías no es aplicable para los docentes
afiliados al FOMAG, pues estos tienen una norma especial que regula la
materia, que es la Ley 91 de 1989, y en ese régimen no está contemplada
dicha sanción, entre otras razones.
2.3. La anterior providencia fue apelada por la parte demandante. Mediante
sentencia del 24 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala
Segunda de Decisión confirmó la decisión por similares razones.
3. Fundamentos de la acción
3.1. La parte actora argumentó que se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, incluyendo el de
relevancia constitucional, puesto que se pretende el amparo de derechos
fundamentales vulnerados ante la falta de reconocimiento de la sanción
moratoria y la protección de principios constitucionales como la seguridad
jurídica, la confianza legítima y la favorabilidad. Y agregó que «no se podrá
entender este recurso de amparo como una tercera instancia bajo ningún escenario, por
cuanto fue interpuesto, únicamente ante la vulneración de los derechos fundamentales del
accionante».
Seguido, argumentó que, al proferir la sentencia controvertida la autoridad
judicial accionada incurrió en violación directa de la Constitución, por el
desconocimiento del artículo 53 constitucional, que consagra el principio de
favorabilidad. Sobre ese punto, mencionó que han existido otros casos en los
cuales la Corte Constitucional ha aplicado el régimen general a personas que
están amparadas bajo un régimen especial, sin que tal situación conlleve al
desconocimiento del principio de inescindibilidad. Es el caso de la aplicación
de la norma sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de
cesantías a los servidores públicos por el pago tardío de las mismas en favor
de los docentes del sector oficial.
Luego manifestó que el tribunal accionado desconoció 22 sentencias del
Consejo de Estado, en las cuales se establece que la Ley 50 de 1990 sí es
aplicable a los docentes afiliados al FOMAG vinculados después del 1 de
enero de 1990 por disposición expresa de las Leyes 91 de 1989 y 344 de 1996
y los Decretos Nacionales 1582 de 1998, 1252 de 2000 y 3752 de 2003.
Consecuentemente, sostuvo que de esas providencias se desprende la
obligación del Ministerio de Educación Nacional de consignar las cesantías a
dicho fondo a más tardar el 15 de febrero de cada año.
Por ende, manifestó que se pasaron por alto los principios de igualdad,
confianza legítima, seguridad jurídica y favorabilidad de los docentes, ante el
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desconocimiento de tales decisiones judiciales, muchas proferidas entre el año
2021 y 2022 por la Sección Segunda del Consejo de Estado. Puntualmente,
se refirió a las siguientes sentencias proferidas por el Consejo de Estado,
Sección Segunda y respecto de algunas de estas efectuó una transcripción de
sus apartes:
N°. Fecha de la Providencia Expediente No. Magistrado (a) Ponente
1 SU del 6 de agosto de 2020 08001-23-33-000-2013-00666-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez
2 Sentencia de 24 de enero de 2019 76001-23-31-000-2009-00867-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez
3 Sentencia de 17 de junio de 2019 11001-03-15-000-2018- 04617-01 Nicolás Yepes Corrales
4 Sentencia de 28 de junio de 2019 11001-03-15-000-2018- 04679-01 Roberto Augusto Serrato Valdés
5 Sentencia de 29 de julio de 2019 11001-03-15-000-2018-03499-01 Nicolás Yepes Corrales
6 Sentencia de 2 de diciembre de 2019 08001-23-33-000-2014-00173-01 Rafael Francisco Suárez Vargas
7 Sentencia de 10 de junio de 2020 08001-23-33- 000-2014-00208-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez
8 Sentencia de 22 de octubre de 2020 08001-23-31- 000-2014-00254-01 William Hernández Gómez
9 Sentencia de 12 de noviembre de 2020 08001-23-31- 000-2014-00132-01 William Hernández Gómez
10 Sentencia de 17 de junio de 2021 08001-23-31-000-2014-00815-01 Gabriel Valbuena Hernández
11 Sentencia de 17 de junio de 2021 08001-23-33- 000-2015-00331-01 César Palomino Cortés
12 Sentencia de 4 de noviembre de 2021 19001-23-33-000-2015-00445-02 William Hernández Gómez
13 Sentencia de 25 de noviembre de 2021 08001-23-33-000-2014-01127-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez
14 Sentencia de 25 de noviembre de 2021 40001-23-40-000-2017-00134-01 William Hernández Gómez
15 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 08001-23-40-000-2015-90008-01 William Hernández Gómez
16 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 08001-23-40-000-2014-90022-01 Gabriel Valbuena Hernández
17 Sentencia de 20 de enero de 2022 08001-23-33-000-2017-00931-01 Gabriel Valbuena Hernández
18 Sentencia de 3 de marzo de 2022 08001-23-33-000-2015-00075-01 William Hernández Gómez
19 Sentencia de 28 de abril de 2022 76001-23-33-000-2013-00756-01 Carmelo Perdomo Cuéter
20 Sentencia de 9 de mayo de 2022 08001-23-40-000-2017-00795-01 Rafael Francisco Suárez Vargas
21 Sentencia de 19 de mayo de 2022 47001-23-33-000-2019-00359-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez
22 Sentencia de 1 de julio de 2022 47001-23-33-000-2019-00376-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez
23 Sentencia de 22 de agosto de 2022 08001-23-33-000-015-00509-01 César Palomino Cortés
24 Sentencia de 22 de septiembre de 2022 08001-23-33-000-015-90124-01 César Palomino Cortés
25 Sentencia de 19 de enero de 2023 76001-23-31-000-2012-00212-02 William Hernández Gómez
26 Sentencia de 26 de enero 2023 47001-23-33-000-2018-00231-01 Rafael Francisco Suárez Vargas
A su vez, aseveró que no se cumplen los requisitos establecidos para realizar
un cambio de jurisprudencia, pues lo único que se expresó es que existía
unidad de caja en el manejo de los recursos del FOMAG y que no existe
sentencia unificada, pese a la gran cantidad de sentencias expedidas por las
dos secciones que conforman la Sección Segunda del Consejo de Estado. Sin
embargo, la unidad de caja, sostuvo, solo implica que los recursos de salud
pueden utilizarse para pagar pensiones y cesantías de los docentes, pero no
desdibuja la obligación de consignación oportuna de las cesantías.
Igualmente, se refirió a las Sentencias de Unificación SU-098 de 2018, SU-
332 de 2019 y SU-041 de 2020, respecto de las cuales también efectuó una
transcripción de algunos de sus apartados.
Reconoció que, si bien en el pasado existían dos posiciones sobre la materia,
lo cierto es que después del estudio hecho en la Sentencia SU-098 de 2018 la
Corte Constitucional y el Consejo de Estado acogieron una interpretación
favorable, en el sentido de indicar que a los docentes oficiales sí les aplica la
Ley 50 de 1990 que castiga la falta de consignación oportuna de las cesantías.
Por ende, aseguró que es falso afirmar, como lo hacen las entidades
involucradas, que en la Sentencia SU-098 de 2018 se estudian supuestos
fácticos diferentes al presente.
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Agregó que en el año 2006 jurisprudencialmente se argumentó que la
aplicación de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990 y el régimen especial de los docentes contemplado en la Ley 91 de 1989
generaba una violación al principio de inescindibilidad. Sin embargo, aseguró
que tal principio no se transgrede, puesto que no se aplican de manera
fragmentada los contenidos normativos, de distintas fuentes, que más
favorecen al trabajador. Al contrario, el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional han reconocido que existe un vacío normativo, dado que el
régimen de docentes no regula la figura de la sanción moratoria por la no
consignación de cesantías. Por esa razón, se debe acudir al régimen general,
es decir a la Ley 50 de 1990.
También, desestimó el argumento según el cual la sanción por mora
establecida en la Ley 50 de 1990 solo opera para los docentes que no han sido
afiliados al FOMAG, mas no para aquellos que sí pertenecen a este. Al
respecto, la parte actora sostuvo que a partir del artículo 4 de la Ley 91 de
1989 los docentes vinculados con posterioridad al 1 de enero de 1990 serán
afiliados automáticamente al FOMAG, a fin de que el docente ya no reclamara
sus cesantías directamente a su patrono, sino a dicho fondo con los recursos
consignados por el empleador.
Finalmente, transcribió varias sentencias proferidas por tribunales y juzgados
administrativos del circuito en las que también se opta por el reconocimiento
de la sanción moratoria solicitada por la parte actora.
3.2. Por otra parte, la parte actora expuso una serie de razones por las cuales
consideró que los docentes sí tienen derecho a la consignación oportuna de
cesantías y, consecuentemente, a la sanción moratoria cuando esta se realiza
extemporáneamente.
Al respecto, la parte actora efectuó un recuento normativo sobre la regulación
de las cesantías para docentes y sus distintos regímenes, en el cual incluyó la
Ley 6 de 1945, el Decreto Ley 3118 de 1968, la Ley 91 de 1989 y la Ley 50 de
1990. Con base es en este, afirmó que el Gobierno Nacional, las entidades
territoriales, las Cajas Departamentales y Nacionales de Previsión, el Fondo
Nacional del Ahorro y el Ministerio de Educación tienen la obligación de
consignar las cesantías al FOMAG antes del 15 de febrero de 2021,
independientemente de si trata de docentes vinculados antes del 31 de
diciembre de 1980, docentes nacionales pertenecientes al régimen anualizado
de cesantías desde 1968 o docentes vinculados después de 1990.
Seguido, aseguró que no existe ningún régimen especial de las cesantías para
docentes, puesto que «las cesantías anualizadas de los maestros oficiales, se liquidan de
la misma forma, como se liquidan a los a los empleados públicos y privados del país, la única
diferencia radica en los intereses a las cesantías, los cuales, se les cancela liquidando el DTF
sobre el saldo acumulado (…) pero esta es una situación no es una circunstancia novedosa
como lo quiere hacer ver la entidad demandada y la sentencia hoy en reproche, PUES ESTOS
INTERESES A LAS CESANTÍAS, YA SE LES PAGABA A LOS DOCENTES NACIONALES
DESDE 1968».
Indicó que el supuesto régimen especial es inexistente, puesto que la Ley 91
de 1989 asignó la competencia de la consignación de los recursos al FOMAG
y las cuantías. Y sostuvo que el presunto régimen especial de docentes no es
más favorable, pues la liquidación de intereses es menor que la de los demás
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servidores públicos.
Afirmó que el propósito del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, según el cual:
«Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos
de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los
empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de
1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley» era dar
un tratamiento igualitario tanto a los maestros que ya eran nacionales afiliados
al Fondo Nacional del Ahorro.
En esa medida, sostuvo que a los docentes les son aplicables los Decretos
Nacionales 3118 de 1968, 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1042 de 1978 y 1045
de 1978 y las demás normas expedidas con posterioridad, es decir la Ley 50
de 1990 y la Ley 344 de 1996, que consagran la obligación del patrono de
consignar las cesantías a los docentes oficiales en el FOMAG a más tardar el
15 de febrero de cada anualidad.
Reprochó que el FOMAG y la Fiduciaria La Previsora hayan asumido la
postura de que no existe obligación de consignar las cesantías antes del 15
de febrero de cada anualidad, solo para favorecer los intereses del Ministerio
de Educación Nacional.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Mediante auto de 9 de octubre de 2023, se admitió la acción de tutela
interpuesta por el señor Jairo Agaton Peña Puentes contra el Tribunal
Administrativo de Sucre; se ordenó vincular en calidad de terceros a la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, al municipio de Sincelejo y al Juzgado Noveno Administrativo
de Sincelejo; se reconoció al abogado Yobany Alberto López Quintero como
apoderado judicial de la parte demandante; y se dispuso efectuar las
notificaciones correspondientes.
4.2. El Tribunal Administrativo de Sucre solicitó declarar la improcedencia de la
acción de tutela, al considerar que no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional, pues lo pretendido es utilizar la acción constitucional como una
tercera instancia para controvertir la sentencia de segunda instancia.
A su vez, argumentó que no existe identidad fáctica entre el caso de la
tutelante, la controversia analizada en la Sentencia SU-098 de 2018. Por lo
tanto, señaló que no existe precedente que obligue a los tribunales y a los
juzgados administrativos a aplicar por favorabilidad la sanción moratoria
prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, frente a los docentes afiliados
al FOMAG.
4.3. La Fiduprevisora S.A sostuvo que el Consejo de Estado, Sección Segunda
profirió la sentencia de unificación de 11 de octubre de 2023, bajo el radicado
Nro. 66001-33-33-001-2022-00016-01, en la cual se resolvió:
«Primero. Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de precisar lo
siguiente: Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria
prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es incompatible
con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo,
al personal docente en servicio activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley
50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección.
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Segundo. – Revocar la sentencia proferida el 29 de junio del 2022 por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Pereira que accedió a las pretensiones de la demanda
presentada por Julián David Quintero Agudelo, contra la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, FOMAG y el municipio de Dosquebradas (Risaralda) y, en su lugar, denegarlas, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia».
Por otro lado, señaló que, de conformidad con el Decreto 1582 de 1998, las
entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 podrán
administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las cesantías.
Sin embargo, aseveró que las cesantías de los docentes no se administran en
cuentas individuales, ya que esa modalidad de administración corresponde
exclusivamente a las entidades administradoras de cesantías creadas por la
Ley 50 de 1990, dentro de las cuales no está el FOMAG. Este último, por el
contrario, se creó mediante la Ley 91 de 1989 y se rige bajo el principio de
unidad de caja.
Explicó que en el FOMAG no hay cuentas individuales para los docentes. Por
ende, «anualmente se realiza la actividad operativa de la liquidación de las cesantías, ya que
los recursos están inmersos en el FOMAG antes del 1 de febrero de cada vigencia, bajo el
principio de unidad de caja». E indicó que la liquidación anual de cesantías se
comprueba con los comunicados que emite dirigidos a las diferentes
secretarías de educación certificadas y a los encargados de las oficinas de
prestaciones económicas de las entidades territoriales, sobre la fecha de
entrega del reporte de cesantías para pago de intereses en la primera nómina
de cada vigencia.
En consecuencia, aseveró que es imposible jurídicamente crear cuentas
individuales para cada uno de los afiliados del FOMAG, en virtud del principio
de unidad de caja y, en consecuencia, no es posible aplicar la figura de
«consignación de cesantías» pues los docentes tienen la posibilidad de retirar
sus cesantías cuando cumplan los requisitos establecidos para tal efecto. Por
lo tanto, no puede aplicarse la sanción moratoria establecida en el artículo 99
de la Ley 50 de 1990, pues esa figura se consagró para los eventos en que se
da consignación tardía en las cuentas individuales; lo cual no ocurre en el caso
de los docentes.
De otra parte, señaló que la decisión judicial cuestionada no desconoce el
precedente judicial, puntualmente la Sentencia SU-098 de la Corte
Constitucional, puesto que en ese caso la sanción moratoria reclamada
devenía del hecho de que el municipio de Cali no realizó la afiliación del
docente al FOMAG y, consecuentemente, tampoco realizó el pago de las
cesantías. En cambio, lo solicitado por la tutelante es la sanción moratoria por
la consignación extemporánea de sus cesantías en los plazos establecidos en
la Ley 50 de 1990 e indemnización por pago inoportuno de los intereses, frente
a lo cual, reiteró «es imposible que se cause una demora respecto de un hecho que la
administración no puede ejecutar en el régimen especial de los docentes, ya que resulta
imposible realizar una consignación ante la ausencia de cuentas individuales por cada
afiliado».
Finalmente, aseveró que no se vulneraron los derechos fundamentales del
accionante, ya que la decisión judicial cuestionada aplicó los precedentes
judiciales vinculantes para la decisión adoptada. E indicó que no tiene
competencia para atender las pretensiones de la demanda, por lo que solicitó
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su desvinculación del trámite de la acción de tutela y la declaratoria de
improcedencia de la tutela.
4.4. El Juzgado Noveno Administrativo de Sincelejo manifestó que no existe
vulneración a los derechos invocados, pues dentro del trámite procesal fueron
respetadas las garantías propias del proceso. A su vez, sostuvo que la
sentencia que negó las pretensiones de la demanda contiene la
argumentación necesaria y suficiente para resolver el problema jurídico
planteado.
4.5. El Ministerio de Educación Nacional manifestó que el tutelante emplea la
tutela como una tercera instancia para reabrir el debate del proceso ordinario,
por lo cual consideró que el asunto carece de relevancia constitucional.
También sostuvo que la Sentencia SU-098 de 2018 es inaplicable, pues las
reglas jurisprudenciales allí fijadas no se corresponden con los supuestos
fácticos del caso de la tutelante, ya que en la providencia mencionada se
estudió el caso de maestros no afiliados al FOMAG. Por su parte, en la
Sentencia SU-573 de 2019 se estableció la improcedencia de sanción
moratoria cuando los docentes están afiliados al FOMAG; y, en todo caso, se
reconoció que tal debate no tiene relevancia constitucional por tratarse de una
cuestión legal de contenido patrimonial.
Finamente, aseveró que en el caso no se evidencia violación alguna a los
derechos de la accionante, lo cual constituye una causal de improcedencia de
la acción constitucional.
4.6. Mediante auto de 31 de octubre de 2023, se advirtió que el municipio de
Sincelejo no fue notificado del auto admisorio. Por lo tanto, se ordenó su
notificación. Gestión tras la cual, el municipio de Sincelejo guardó silencio en
el curso de la tutela.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19911, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencia judicial
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
1 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales2
y especiales3 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional4 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.
Es por lo anterior, que la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, y por tratarse de una acción de
tutela contra providencia judicial, corresponde a la Sala establecer si la acción de
tutela interpuesta por el señor Jairo Agaton Peña Puentes cumple a cabalidad con
los requisitos generales de procedibilidad, particularmente el de la relevancia
constitucional.
En caso de superar dicho análisis, se determinará si al proferir la sentencia de 24
de mayo de 2023, en el marco del medio de control tramitado bajo el radicado 70001-
33-33-009-2022-00086-00/01, el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de
Decisión incurrió en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y violación
directa de la Constitución Política.
4. Requisito de relevancia constitucional
La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la
independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar
al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está
orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes
encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta premisa, la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de
evidente relevancia constitucional.
2 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que
el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
3 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
4 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que
son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo
señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5
de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T–248 de 2018, ha
fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de
tutela cumple o no con este requisito:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales».5 Es necesario que el interesado exponga de manera clara
las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales,
el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en
los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos
por los jueces competentes.
La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional evidencie de manera
diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una marcada importancia
constitucional que afecte derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, el
presupuesto de relevancia constitucional lo que persigue es que el juez de tutela
evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de importancia iusfundamental y que
corresponde decidir de manera exclusiva al juez natural6.
Con base en el último criterio expuesto, hay lugar a afirmar que la relevancia
constitucional supone que la tutela no se emplee para insistir en las inconformidades
ya resueltas en el proceso ordinario. Es deber del juez de tutela, entonces, verificar
5 Ibidem.
6 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-
422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
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que la acción no se esté utilizando como una instancia adicional al proceso en el
cual se profirió la providencia atacada. Para tal propósito, se estudia si los cargos
expuestos en el proceso en que se profirió la providencia cuestionada y los
desarrollados en el escrito de tutela son iguales. En caso de que se trate de los
mismos argumentos es factible que el juez de tutela concluya que el mecanismo
constitucional se está empleando como una instancia adicional.
En ese supuesto, se evidencia que lo perseguido por el tutelante es insistir en los
argumentos planteados ante el juez natural, con la esperanza de que el juez de
tutela, a diferencia del primero, sí acceda a sus pretensiones.
5. Análisis del caso
La Sala considera que la acción de tutela analizada se está empleando como una
instancia adicional, pues esta última es una reiteración de los argumentos
presentados en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, tanto
en la demanda como en el recurso de apelación de la sentencia de primera
instancia.
Así, en el medio de control la ahora tutelante insistió en que no existe régimen
especial alguno para los docentes, pues las normas que los cobijan no son más
favorables que las disposiciones generales de los demás servidores públicos; que
si bien en el pasado se desarrollaron posiciones divergentes, actualmente existe un
precedente jurisprudencial unificado tanto de la Corte Constitucional como del
Consejo de Estado frente al reconocimiento de la sanción moratoria para los
docentes; que existe un vacío legal respecto a la figura de la sanción moratoria en
las normas que rigen a los docentes y, consecuentemente, debe aplicarse el
régimen general, es decir la Ley 50 de 1990 a fin de complementar lo no regulado;
que la falta de reconocimiento de la sanción moratoria a docentes oficiales implica
una transgresión al derecho a la igualdad, en tanto que no existe razón que justifique
el trato diferenciado frente a los demás servidores públicos, entre otros argumentos.
La identidad entre los cargos se corrobora en el siguiente aparte del recurso de
apelación interpuesto contra la providencia de primera instancia:
(sic para toda la cita) “Régimen especial de las cesantías docentes.
En este punto el juzgado, explica que al ser los docentes trabajadores de régimen especial, no son
sujetos de aplicación del contenido del artículo 99 de la ley 50 de 1990, situación que ya ha sido
revaluada por la SU-098 de 2018 de la Honorable Corte Constitucional y que el Consejo de Estado ha
sido constante en definir, incluso en sentencias de unificación, pudiéndose afirmar que la postura
jurisprudencial vigente en los órganos de cierre Constitucional y de lo Contencioso administrativo, están
direccionados a la protección de los derechos prestacionales que durante mucho tiempo han sido
vulnerados por parte de las entidades públicas a los que se encuentran adscritos, así mismo que su
condición de servidores públicos de la rama ejecutiva, conlleva que sea viable el reconocimiento de las
pretensiones de la demanda.
¿CUÁL ES LA ENTIDAD ENCARGADA DE CONSIGNAR LAS CESANTÍAS DE LOS DOCENTES DE
LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL FONDO PRESTACIONAL DEL MAGISTERIO FOMAG?
La Nación (Ministerio de Educación Nacional) es responsable del reconocimiento de las cesantías en
favor de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pues es quien
tiene la competencia legal para girar los recursos al fondo, es el patrono garante de los docentes de la
educación pública para el pago de sus prestaciones, de hecho no permite que los recursos destinados
a prestaciones sociales lleguen a las entidades territoriales, como quedó reglado desde la expedición de
la Ley 715 de 2001(…) de manera automática año tras año, cada 15 de febrero la Nación debe consignar
al fondo el valor correspondiente a las cesantías de los trabajadores (artículo 99 de la Ley 50 de 1990)
y he aquí señores magistrados la razón por la que el FOMAG se retrasa en el pago de las cesantías
solicitadas, pues al no recibir por parte de la Nación – MEN – los dineros, NO CUENTA CON LOS
RECURSOS SUFICIENTES PARA SU CUBRIMIENTO, y ¿Cuál es la razón de la insolvencia? , pues no
es otra, que la omisión de la Nación de cumplir con la ley año a año de la consignación al FOMAG al 15
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de febrero de cada anualidad de sus cesantías para tener disponible el recurso para su pago, lo que
desencadena que hayan dos sanciones moratorias diferentes, las cuales tienen su génesis en esta
negligencia. SITUACIÓN QUE DEBE ACABARSE.
En el régimen especial docente no existe la obligación de consignar las cesantías por parte del
ente territorial ni de la Nación (Ministerio de Educación)
Como se advirtió, los docentes se encuentran en la categoría de los empleados públicos y no existe
razón que justifique que en su calidad de trabajadores no tengan derecho, de la misma forma que los
demás servidores públicos, a que sus prestaciones sociales sean canceladas en tiempo. Una
interpretación contraria no protegería a estas personas en la misma forma que a otros servidores
públicos, lo cual tendría como consecuencia la restricción de su posibilidad de gozar de la garantía del
pago oportuno del auxilio de cesantías y, a su vez, de las protecciones ya mencionadas que se derivan
de esa prestación. (estudio y vivienda).
Inexistencia de criterio unificado del Consejo de Estado
Es cierto que inicialmente existían sentencias en contra y otras a favor, pero precisamente por
eso fue expedida la SENTENCIA DE UNIFICACIÓN, que clarificó la situación hacia el futuro. ESTO
NO OBEDECE AL CAPRICHO DE LOS DOCENTES, sino a principios legales y al desarrollo
jurisprudencial y el avance en el mismo.
En esta ocasión el órgano de cierre de lo contencioso administrativo, ha centrado el estudio en
determinar el término prescriptivo de la sanción por mora, fenómeno que no afecta este asunto, pues se
reclama la indemnización que se produjo a partir del 15 de febrero del año 2021, de esta anualidad
tendrían plazo de reclamar hasta el 15 de febrero de 2024, de esta manera y en numerosas ocasiones
el Consejo de Estado, ha replicado y modulado sus decisiones en centrar el derecho que le asiste a los
docentes de reconocer la sanción por mora por la falta de consignación de las cesantías dentro del
tiempo al respectivo Fondo, estudios que se allegaron inicialmente con la presentación de la demanda y
que al día de este recurso de alzada, han expedido más providencias bajo la misma línea
argumentativa(…)».
Con base en los fragmentos transcritos, la Sala observa que los reparos expuestos
en el recurso de apelación interpuesto contra la providencia de primera instancia
son una reproducción de los argumentos desarrollados en el escrito de tutela. De
manera que el tutelante está empleando la acción como si fuera una instancia
adicional, pues los mismos cargos ya fueron objeto de debate en el medio de control.
Así se desprende del siguiente fragmento de la sentencia de segunda instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión en la
cual dichos cargos fueron resueltos y desestimados por las siguientes razones:
«Bajo ese entendido, esta Sala advierte que en virtud del régimen especial de cesantías predicable a los
docentes, no hay lugar a conceder el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de
1990 por el no pago o pago tardío de las cesantías y los intereses de las cesantías.
Es claro para esta Corporación que ello no es posible, entre otros, porque el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio tiene una naturaleza jurídica especial, como una cuenta única en
la que reposan los recursos destinados al pago de las prestaciones económicas de los docentes, que se
van repartiendo en la medida en que van llegando las solicitudes de sus beneficiarios, de modo que su
único requisito es que siempre cuente con dineros para atender las peticiones, sin que sea viable
mantener estático el capital de cada empleado.
Al respecto, no existe en el ordenamiento jurídico algún instrumento que permita identificar o igualar la
forma en que opera el fondo de los docentes que es administrado por una Fiduciaria a un fondo de
carácter privado, en el que existen subcuentas para cada uno de sus afiliados, lo que es indicativo de
que el legislador no quiso darle el mismo tratamiento o equipararlos. (…)
De otro lado, las sentencias emitidas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado citadas, tenían
en común que se trataba de docentes que no estaban afiliados al Fomag, y el ente territorial mantenía
la responsabilidad de consignación de las cesantías en tiempo en la subcuenta del fondo al que estuviera
afiliado, por lo cual les resultaba aplicable la norma en cuestión, en virtud del principio de favorabilidad;
no obstante, en esta oportunidad se trata de una docente que estando afiliada al Fomag demanda la
sanción moratoria.
El precedente judicial es válido en aquellos eventos en que concurren los mismos supuestos fácticos y
jurídicos o escenario decisional, que permiten subsumir cada caso en la regla jurídica. Así las cosas, en
esos asuntos en los que no se estructuren elementos coincidentes no se puede hablar de precedente
obligatorio, pues cada decisión tiene efectos inter partes y sus consideraciones o ratio decidendi suponen
identidad de hipótesis fácticas. El campo o radio de atracción del precedente va ligado al contexto
decisional, de manera que si el mismo difiere, se justifica de manera objetiva y razonable su apartamiento
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e inaplicación como sub regla aplicable a un caso en particular, como en el evento que centra la atención
del Tribunal.
En ese orden, considerando que son presupuestos de facto disímiles los expuestos en la demanda
analizada y los esbozados en la Corte Constitucional en Sentencia SU-098 de 2018, en los que el
demandante fue nombrado como docente en el año 2003 pero fue afiliado al Fomag en el año 2007, es
imposible su tratamiento igualitario. (…)
Contrario a lo dicho por el extremo demandante, la obligación del fondo es mantener disponibilidad de
recursos para atender la petición particular de la docente, si cumple con los requisitos para solicitar
cesantías parciales y/o definitivas, y proceder a su pago en los términos del procedimiento dispuesto
para tal fin, sin que para ello sea exigible la consignación de las cesantías con corte 15 de febrero del
año siguiente a su causación.
No puede el demandante pretender identificar o equiparar el régimen de empleados públicos a los
docentes, cuando justamente el legislador quiso establecer para este último grupo unas normas de
carácter especial, que regularan su situación particular prestacional, en este caso, a través del fondo,
que como se explicó tiene una naturaleza diferente. Aunque es claro el desacuerdo de la parte actora
con la regulación normativa, ese hecho no invalida o vuelve ilegítimo el tratamiento dado a los docentes,
que, se reitera, tienen derecho a la liquidación y pago de sus cesantías cada vez que lo soliciten,
momento en el cual se debe contar con la disponibilidad de flujo de caja para el efectivo desembolso, sin
que sea necesario la preexistencia de los dineros de manera particular en una cuenta.
En consecuencia, este Tribunal con fundamento en las explicitas (sic) razones expuestas previamente,
confirmará la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2022, por el Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito de Sincelejo».
Así entonces, el cotejo entre la demanda, el recurso de apelación contra la
providencia de primera instancia, el escrito de tutela y la sentencia de segunda
instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de
Decisión dan cuenta de que los argumentos expuestos en el escrito de tutela ya
fueron desestimados en el medio de control. De ahí que no queda duda que la
acción carece de la relevancia constitucional necesaria, pues se está empleando
como si la tutela fuera una instancia adicional del medio de control.
En un caso con idéntica situación fáctica y jurídica, la Corte Constitucional concluyó,
en la Sentencia SU-573 de 2019, que la acción de tutela carecía de relevancia
constitucional, por las siguientes razones:
(i) El asunto propuesto versaba sobre una cuestión meramente legal, que no
impactaba la garantía de derechos fundamentales, sino patrimoniales, pues se
proponía que el juez de tutela determinara si a las cesantías anualizadas de los
docentes les resulta aplicable la Ley 91 de 1989 y el Decreto 1831 de 2005 o la Ley
50 de 1990, Ley 344 de 1996 y Decreto 1582 de 1998; asunto que conlleva a
establecer aspectos legales acerca de la calidad de la vinculación de los docentes
(territoriales, nacionales o nacionalizados) y sobre el fondo administrador de
cesantías en que debe efectuarse la afiliación para que se cause la penalidad por no
consignación oportuna de la prestación social.
Que, además, los argumentos buscaban «realizar el análisis de corrección de la
sentencia y, en consecuencia, identificar cuál es la interpretación que los jueces de la
jurisdicción contencioso administrativo deben acoger acerca del alcance del artículo
99 de la Ley 50 de 1990 y de la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582
de 1998, en cuanto al reconocimiento de una penalidad por no consignación oportuna
de las cesantías en el régimen docente».
(ii) La discusión propuesta no involucraba la protección de derechos fundamentales y la
anomalía procesal alegada (presunto desconocimiento del precedente y del principio
de favorabilidad laboral) no era determinante ni tenía un efecto decisivo en las
sentencias cuestionadas y tampoco conllevaba a la afectación de un derecho
fundamental, por cuanto «las decisiones impugnadas en sede de tutela no constituyen
“desvíos del juez ordinario” ni decisiones carentes de motivación y no dan cuenta
prima facie de la inaplicación de una prerrogativa de carácter constitucional».
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(iii) Los demandantes pretendían reabrir la controversia legal resuelta tras obtener una
respuesta desfavorable a sus intereses, toda vez que los demandantes acudían a la
tutela bajo la supuesta configuración de dos defectos específicos con el fin de que el
juez constitucional accediera a las mismas pretensiones incoadas en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.
Esa misma línea argumentativa ha sido acogida por esta Sala al declarar
improcedente la acción de tutela por no cumplir el presupuesto de la relevancia
constitucional porque la parte actora pretendía reabrir el debate legal en torno a la
aplicación de la Ley 50 de 1990, en tanto reiteraba los argumentos expuestos en la
demanda y en el recurso de apelación7.
Precisado lo anterior, se recuerda que la jurisprudencia constitucional ha dicho que
la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó como un análisis de
las mejores razones entre las expuestas en la decisión atacada y la interpretación
sostenida por la tutelante, en tanto que no obedece a su naturaleza y propósito. De
ahí que la simple disparidad de criterio no constituye en sí misma una vulneración
de derechos fundamentales.
De aceptar esa posibilidad, se desnaturalizaría la acción de tutela contra
providencias judiciales, como mecanismo excepcional. Es por tal motivo, que de
manera reiterada se ha sostenido que cuando se controvierten decisiones judiciales,
la procedencia del amparo está sujeta a que el asunto sea de tal relevancia en
materia constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo una vulneración
grosera o de bulto, lo que no ocurre en este caso.
Finalmente, es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida por un
juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los principios de
independencia, autonomía funcional y juez natural. Por consiguiente, a fin de
encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una decisión judicial sin efectos
y tales principios es imperativo que se cumplan con rigor cada uno de los requisitos
generales señalados jurisprudencialmente, incluyendo la relevancia constitucional.
6. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala concluye que no se satisface el requisito de
relevancia constitucional porque, se reitera, los reproches expuestos en el escrito
de tutela son una reproducción de los cargos presentados en el medio de control.
En ese orden de ideas, se declarará la improcedencia de la acción de tutela
interpuesta por el señor Jairo Agaton Peña Puentes, por no cumplir a cabalidad con
los requisitos generales de procedibilidad de este mecanismo contra providencias
judiciales, concretamente el de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
7 Sentencias de 18 de mayo de 2023, M.P. Wilson Ramos Girón, expediente No. 11001-03-15-000-2023-
01500-00, 25 de mayo de 2023, expediente No. 11001-03-15-000-2023-00705-01, M.P. Milton Chaves
García. Véanse también las sentencias de 1 de junio de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-02069-00
y de 29 de junio de 2023, expedientes 11001-03-15-000-2023-01047-01, 11001-03-15-000-2023-02310-00,
11001-03-15-000-2023-02432-00, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Jairo
Agatón Peña Puentes, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRON
14
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