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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05775-00

Fecha
20 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05775-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-05775-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

20 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05775-00
Accionante: Irma Esther López Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - Instancia adicional – la parte
actora pretende reabrir el debate estrictamente legal y económico al no estar de
acuerdo con lo decidido por el juez natural – reconocimiento de la sanción moratoria
por el no pago oportuno de las cesantías a favor de los docentes oficiales afiliados
al Fomag.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de
la solicitud de amparo constitucional formulada por Irma Esther López Castro contra
el Tribunal Administrativo de Sucre.

I. ANTECEDENTES

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 29 de septiembre del año en curso, la señora Irma Esther López Castro, a
través de apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Sucre, con el fin de que se dejara sin efectos la sentencia del 24
de mayo de 2023, proferida por dicha autoridad judicial al interior del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho2 que promovió contra la Nación – Ministerio
de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio3 y
el departamento de Sucre – Secretaría de Educación Departamental, con el
propósito de que se declarara la nulidad del acto ficto configurado el 27 de octubre
de 2021, frente a la petición presentada el 27 de julio del mismo año, a través del
cual se le negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria consagrada en la
Ley 50 de 1990, así como el pago de la indemnización por el desembolso tardío de

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Identificado con número de radicado 70001-23-33-002-2022-00124-01.
3 En adelante Fomag.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05775-00
Accionante: Irma Esther López Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

los intereses a las cesantías, consagrada en la Ley 52 de 1975, por los servicios
prestados durante el año 2020, en su calidad de docente oficial.

2.- El asunto le correspondió para su conocimiento al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Sincelejo, el cual mediante sentencia de 30 de
septiembre de 2022 accedió a las pretensiones de la demanda. Esa decisión fue
revocada por el Tribunal Administrativo de Sucre, a través del fallo del 24 de mayo
de 2023, al estimar que: (i) a la actora no le son aplicables las disposiciones que
consagran la sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías
anualizadas y de los intereses a las mismas, consagradas en los artículos 99 de la
Ley 50 de 1990 y 1° de la Ley 52 de 1975, pues su situación jurídica se encuentra
regulada por la Ley 91 de 1989 y el Acuerdo 39 de 1998, los cuales no contemplan
las sanciones objeto de reclamo; y (ii) la sentencia SU-98 de 2018 proferida por la
Corte Constitucional, que se alegó como precedente, no comporta tal carácter para
el caso concreto, toda vez que esta decisión analizó unos supuestos fácticos y
jurídicos diferentes.

3.- La parte actora sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y acceso a la
administración de justicia4, al:

(i) Incurrir en un defecto por desconocimiento del precedente, pues, a su juicio, a
partir de las reglas fijadas en la sentencia SU-98 de 2018, la Corte Constitucional y
el Consejo de Estado han señalado de forma reiterada que, en virtud del principio de
favorabilidad, es posible aplicar a los docentes oficiales las disposiciones
consagradas en la Ley 50 de 1990, en materia de sanción moratoria por la
consignación extemporánea de cesantías anuales, de modo que el valor reconocido
con corte a 31 de diciembre de cada año por concepto de la aludida prestación debe
ser consignado en el Fomag a más tardar el 14 de febrero del año siguiente a su
causación.

(ii) Desconocer las reglas fijadas en las sentencias SU-98/2018, SU-332/2019 y SU-
41/2020 de la Corte Constitucional, así como el fallo de unificación proferido por el
Consejo de Estado el 6 de agosto de 2020 dentro del proceso 08001-23-33-000-
2013-00666-01, y las sentencias proferidas por esta misma corporación en los
procesos: 76001-23-31-000-200900867-01, 11001-03-15-000-2018-04617-01,
11001-03-15-000-2018-04679-01, 11001-0315-000-2018-03499-01, 08001-23-33-
000-2014-00173-01, 08001-23-33-000-2014-00208-01, 08001-23-31-000-2014-
00254-01, 08001-23-33-000-2014-00132-01, 08001-23-31-000-2014-00815-01,
08001-23-33-000-2015-00331-01, 19001-23-33-000-2015-00445-02, 08001-23-33-
000-2014-01127-01, 40001-23-40-000-2017-00134-01, 080001-23-40-000-2015-
90008-01, 080001-23-40-000-2014-90022-01, 080001-23-33-000-2017-00931-01,
080001-23-33-000-2015-00075-01, 76001-23-33-000-2013-00756-01, 080001-23-

4 También invocó la garantía de la “situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e

interpretación de las fuentes formales de derecho”, así como los principios de perpetuatio jurisdictionis y
seguridad jurídica.
2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05775-00
Accionante: Irma Esther López Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

40-000-2017-00795-01, 47-001-23-33-000-2019-00359-01, 47-001-23-33-000-
2019-00376-01, 08001-23-33-000-2015-00509-01, 08001-23-33-000-2015-90124-
01, 76001-23-31-000-2012-00212-02 y 47001-23-33-000-2018-00231-01.

4.- Finalmente, señaló que la postura adoptada por la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado ha sido acogida por los Tribunales y Jueces Administrativos del
circuito en diversas decisiones5.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

5.- Mediante auto de 23 de octubre de 2023, se dispuso: (i) admitir la acción de
tutela; (ii) notificar de su presentación a la autoridad judicial accionada; (iii) vincular
a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (Fomag), a la Fiduprevisora S.A. y al departamento de Sucre
• Secretaría de Educación, en calidad de terceros interesados; (iv) comunicar la
decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para lo de su cargo
y; (v) requerir al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo para que
remitiera, en medio magnético, copia del expediente identificado con el radicado
número 70-001-23-33-002-2022-00124-01.

(i) Nación – Ministerio de Educación Nacional6

6.- Indicó que resulta evidente que la parte accionante pretende una nueva revisión
del problema jurídico que sometió a la jurisdicción contenciosa administrativa, el cual
ya fue resuelto con el debido cumplimiento de las formas propias del procedimiento
y con decisiones cobijadas por los principios de cosa juzgada, presunción de acierto
y legalidad.

7.- Agregó que la pretensión de la accionante relativa a la procedencia de aplicar la
Ley 50 de 1990 a los docentes, no se encuentra resuelto de manera pacífica ni por
la jurisdicción constitucional ni por la contenciosa administrativa, pues ambas han
expedido providencias que tienden a resolver el asunto en uno u otro sentido, por lo
que el juez podía tomar cualquier posición. Por último, expresó que las circunstancias
fácticas relacionadas con el caso que desató la Corte Constitucional en la sentencia
SU-098 de 2018, no corresponden a las mismas en las que se fundan las
pretensiones de la demandada, por lo que aquella no es precedente aplicable.

(ii) Fiduprevisora S.A.7

8.- La Fiduciaria, actuando en calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo del Fomag precisó que las cesantías de los docentes no se administran
en cuentas individuales, sino que se rigen bajo el principio de unidad de caja, según
lo establecido en la Ley 91 de 1989, por lo que los valores que corresponden a las

5 Visibles a folio 94 a 101 y 104 del escrito de tutela.
6 Expediente digital, intervención contenida en 11 folios.
7 Expediente digital, intervención contenida en 6 folios.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05775-00
Accionante: Irma Esther López Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

mismas no se consignan, ya que están presupuestados y son trasladados al fondo,
desde el primer mes de cada vigencia. Por esa razón, adujo que la sanción moratoria
reclamada por la demandante no resulta procedente.

9.- Por otra parte, indicó que la presente tutela resulta improcedente toda vez que
las autoridades judiciales que conocieron el proceso actuaron conforme a la
normativa establecida, sin que se pueda aducir hayan desconocido, entre otros, los
precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda.

10.- En razón a lo anterior, no solo solicitó que se declare improcedente la solicitud
de amparo, sino también su desvinculación, en la medida en que no tiene
legitimación en la causa por pasiva.

II. CONSIDERACIONES

C. Cuestión previa

11.- La Sala no accederá a la solicitud de desvinculación presentada por la
Fiduprevisora S.A., pues es claro que la entidad, en su calidad de vocera y
administradora del Patrimonio Autónomo del Fomag, participa de manera directa o
indirecta, en los procesos administrativos relacionados con los asuntos laborales de
los docentes, y en esa medida desde sus distintas competencias concurre en la
distribución, manejo y administración de los recursos destinados para ese propósito.
En tal sentido, el reproche de la parte accionante se dirige a las actuaciones
adelantadas por aquella.

D. Análisis del caso concreto

12.- Revisados y valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que
se formulara el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, las
pruebas arrimadas por los extremos procesales y la decisión adoptada, la Sala
estima que la controversia propuesta por el accionante no cumple con el requisito
de relevancia constitucional debido a que:

(i) El debate propuesto en el escrito de demanda versa sobre la determinación de
aspectos legales, así como la correcta interpretación y aplicación de las normas que
regulan el reconocimiento y el pago de la sanción moratoria derivada de la
consignación tardía del beneficio de cesantías en el régimen prestacional de los
docentes oficiales, debate que de conformidad con el precedente establecido por la
Sala Plena de Corte Constitucional en la Sentencia SU-573 de 2019, no guarda
ningún tipo de relación con la garantía de derechos fundamentales, debido a su
naturaleza estrictamente económica.

(ii) Al realizar una revisión de los planteamientos expuestos en la demanda de
tutela, es posible advertir que su propósito es convertir el mecanismo de amparo
constitucional en una instancia adicional o complementaria al litigio contencioso

4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05775-00
Accionante: Irma Esther López Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

administrativo tramitado y concluido, al pretender reabrir un debate ya zanjado por
el juez natural de la causa por no estar de acuerdo con la decisión de negar las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

13.- En relación con el carácter meramente legal y económico de la controversia
propuesta por la accionante, se tiene que el debate propuesto versa sobre la correcta
interpretación y la aplicación de las disposiciones establecidas en el artículo 13 de la
Ley 344 de 1996, reglamentado por el artículo 1° del Decreto 1582 de 1998 y el
numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al Fomag.

14.- La parte actora sostiene que en virtud de la aplicación del principio de
favorabilidad las normas referidas son extensibles a los docentes afiliados al Fomag,
razón por la cual la autoridad judicial accionada debía reconocer y ordenar el pago
de la sanción moratoria. Por otra parte, la autoridad judicial accionada consideró que
al encontrarse cubierta por el sistema anualizado de cesantías regulado por la Ley
91 de 1989, las disposiciones consagradas en los Decretos 344 de 1996 y 1582 de
1998 y en la Ley 50 de 1990, no eran aplicables al caso de la demandante.

15.- La Sala advierte que la diferencia interpretativa planteada no tiene relevancia
constitucional, para lo que resulta pertinente reiterar la postura desarrollada por la
Corte Constitucional en la Sentencia SU-573 de 2019, según la cual la sanción
moratoria generada por no consignación oportuna de cesantías no es un derecho
fundamental, ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza
constitucional. Esto debido a que: (i) al ser una penalidad, su naturaleza es accesoria
al derecho a recibir el pago del beneficio de cesantías, por lo que su reconocimiento
es de tipo legal y su carácter es netamente patrimonial y, (ii) al ser accesorio, el no
reconocimiento de la sanción moratoria no implica, en comienzo, una afectación al
derecho a la seguridad social o al mínimo vital, por lo que los accionantes se
encuentran obligados a aportar las pruebas que consideren necesarias para
demostrar cualquier tipo de afectación a los mencionados derechos.

16.- Teniendo en cuenta lo anterior, el caso objeto de estudio no se proyecta de
manera directa como una vulneración al derecho a la seguridad social de la parte
actora que demanda su protección, pues, tal y como se indicó la sanción por mora
establecida en la Ley 50 de 1990 es una cuestión económica cuya definición sobre
si está vinculada o no al derecho representado en el pago de la cesantía, no apunta
a la realización de un derecho de raigambre constitucional fundamental, sin que, por
demás, el accionante hubiera acreditado que la negativa del reconocimiento y pago
de la referida sanción produjera una afectación a su derecho al mínimo vital o
comprometiera gravemente su existencia o supervivencia.

17.- Sumado a lo anterior, la presunta configuración del defecto por
desconocimiento del precedente carece de relevancia constitucional. En primer
lugar, porque las siguientes providencias no guardan identidad fáctica con el caso
resuelto por el Tribunal accionado, razón por la cual no es posible que se alegue su
desconocimiento como precedentes: sentencias proferidas por el Consejo de Estado
5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05775-00
Accionante: Irma Esther López Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

en los procesos 08001-23-33-000-2013-00666-01, 19001-23- 33-0002015-00445-
02, 40001-23-40-000-2017-00134-01 y 080001-23-40-000-2015-90008-01 8 .
Además, las sentencias de tutela con el número 11001-0315-000-2018-03499-01,
11001-03-15-000-2018-04617-01 y 11001-03-15-000-2018-04679-01 tampoco
resultan aplicables al caso concreto, pues solo producen efectos inter partes. De
igual forma se tiene que las sentencias proferidas por jueces de igual o menor
jerarquía no pueden ser asumidas como precedentes aplicables al caso concreto.

18.- En segundo lugar, el alegato relacionado con el desconocimiento de la
Sentencia SU-098 de 2018, proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional, y
las demás providencias relacionadas en el escrito de tutela, a primera vista, no
permiten evidenciar la existencia de una afectación desproporcionada del derecho a
la igualdad o a la seguridad jurídica que tenga relevancia constitucional.

19.- Lo anterior, en la medida en que el Tribunal accionado, siguiendo las pautas
establecidas por el Alto Tribunal Constitucional, según las cuales en virtud del
principio de autonomía los jueces pueden apartarse del precedente judicial o
constitucional, siempre que cumplan con los principios de transparencia y de razón
suficiente, lo cual exige de ellos una especial carga argumentativa 9, reconoció la
existencia de la sentencia SU-098 de 2018 y de otras proferidas por el Consejo de
Estado. Sin embargo, estimó que dichas providencias no constituyen precedente
para el caso concreto, toda vez que no guardan identidad fáctica con el asunto objeto
de análisis, pues en esos casos se abordó el estudio de la omisión de los entes
territoriales de realizar la afiliación de los docentes al FOMAG, trayendo ello, como
consecuencia que no se le reconozcan y consignen sus cesantías, así como la
negligencia de trasladar el auxilio de cesantías al FOMAG, lo cual no se asemeja a
lo ahora estudiado, ya que el actor sí fue afiliado al Fomag y se le han reconocido y
liquidado sus cesantías anualmente.

20.- Así, el Tribunal indicó que acogería el criterio adoptado por el Consejo de
Estado, según el cual los docentes oficiales afiliados al Fomag no tienen derecho al
reconocimiento y pago de las sanciones moratorias consagradas en la Ley 50 de
1990, toda vez que el régimen docente es especial en lo atinente a las cesantías en
él se determina específicamente cómo se reconocen, liquidan y pagan las cesantías
y los intereses de éstas, teniendo unas características propias que hacen que el pago
de las sanciones solicitadas sea incompatible.

21.- En los términos precedentes, la Sala estima que los alegatos propuestos por la
accionante tendientes a demostrar la existencia de un defecto por desconocimiento
del precedente no implican la existencia de una restricción desproporcionada del

8 Los fundamentos fácticos relevantes de estos casos, así como los problemas jurídicos resueltos en tales

providencias se exponen en las sentencias proferidas por esta subsección en los procesos 11001-03-15-000-
2023-00518-00 y 11001-03-15-000-2023-00704-00, entre otros.
9 Al respecto, la Corte ha señalado que “[e]l principio de transparencia exige que el juez haga «referencia al

precedente que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si
nunca hubiera existido» y el principio de razón suficiente, que «explique de manera suficiente y razonada los
motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por
un juez de igual o superior jerarquía”. Sentencias SU-027 de 2020 y T-072 de 2022.
6

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05775-00
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

derecho a la igualdad y la seguridad jurídica de la parte actora. Por el contrario, el
presunto desconocimiento del precedente busca reabrir un debate de naturaleza
legal y económica que fue resuelto por los jueces contencioso administrativos y que
las presuntas deficiencias alegadas respecto de la decisión adoptada en sede de
segunda instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
responden, en realidad, a una mera discrepancia valorativa sobre el resultado
desfavorable del proceso que no es susceptible de admitirse como una causal de
procedibilidad especial, pues siempre que se trate de interpretaciones diversas y
razonables, es el juez natural el llamado a fijar aquella que mejor se ajuste al caso
de que se trate, conforme a los criterios de la sana crítica y en virtud de su autonomía
e independencia.

22.- Cabe destacar que la jurisprudencia constitucional no ha considerado factible
la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales, cuando quiera
que estas se fundamentan en un determinado criterio jurídico, en una razonable
interpretación de las normas que son aplicables a la causa y en una valoración
adecuada de las pruebas allegadas, ya que de no ser ello así, habría una intromisión
arbitraria del juez de tutela que menoscabaría de manera grave los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial, los cuales, en forma precisa,
habilitan al juez para aplicar la ley sustancial y procesal10.

23.- Con todo, no sobra resaltar que si bien para la fecha en que se profirió la
decisión acusada no existía una tesis unificadora por parte del Consejo de Estado,
como máximo órgano de lo contencioso administrativo, que permitiera zanjar de
manera definitiva la discusión en torno al reconocimiento de la sanción moratoria por
la consignación tardía de las cesantías a favor de los docentes oficiales que se
encuentran afiliados al Fomag, lo cierto es que en un reciente pronunciamiento11 la
Sección Segunda esta Corporación unificó la jurisprudencia sobre la materia bajo el
siguiente criterio:

<<Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria
prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es
incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de
1989. Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté afiliado al
FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo
99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal.>>

24.- Por lo reseñado anteriormente, la acción de tutela que se examina no cumple
con el requisito general de relevancia constitucional, de suerte que la Sala habrá de
declarar su improcedencia.

25.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

10 Cfr. Sentencia T-1015 de 2010 de la Corte Constitucional.
11 Sentencia de unificación SU-032-CE-S2 del 11 de octubre de 2023.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05775-00
Accionante: Irma Esther López Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE12
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES (E)

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

12 VF

8

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