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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05819-01

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05819-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confírmase la sentencia del 1° de marzo de 2024, a través de la cual la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado negó el amparo solicitado, conforme a lo señalado en la parte motiva de la presente providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 30 Demandante: Néstor Ramón Sierra Hamburger Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar Rad: 11001-03-15-000-2023-05819-01 SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-05819-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

18 de abril de 2024

Demandante: Néstor Ramón Sierra Hamburger
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Rad: 11001-03-15-000-2023-05819-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de abril dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05819-01
Demandante: NÉSTOR RAMÓN SIERRA HAMBURGER
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Confirma

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La sala decide la impugnación instaurada por la parte actora contra la sentencia
del 1° de marzo de 2024, a través de la cual la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado negó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Mediante escrito del 1° de septiembre de 2023, el señor Néstor Ramón Sierra
Hamburger instauró demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Bolívar, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la dignidad, la igualdad, de
acceso a la administración de justicia y a la reparación integral de las víctimas
de delitos de lesa humanidad.

La parte actora consideró vulneradas sus garantías constitucionales con
ocasión de la sentencia del 23 de noviembre de 2022, proferida por dicha
autoridad judicial en el proceso de reparación directa que promovió junto con
otras personas, contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, la
Armada Nacional, la Policía Nacional y el Municipio de San Jacinto (Bolívar).
Este proceso se identificó con el radicado 13001-33-33-008-2015-00418-01, al
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1

Demandante: Néstor Ramón Sierra Hamburger
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Rad: 11001-03-15-000-2023-05819-01

cual se acumuló el proceso 13001-33-33-008-2015-00102-00.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora pretende:

1. SOLICITAMOS SE AMPAREN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL
DEBIDO PROCESO, A LA DIGNIDAD, A LA IGUALDAD, EL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A LA CONFIANZA LEGITIMA, A LA
SEGURIDAD JURÍDICA, vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
BOLIVAR, SALA DE DECISIÓN 2, MP. JOSE RAFAEL GUERRERO LEAL,
con ocasión de la sentencia de remplazo pronunciada, en cumplimiento del
Fallo de Tutela T-117/22.

2. Como consecuencia de este amparo, se ordene REVOCAR la sentencia de
fecha 23 de noviembre de 2022, pronunciada por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR, SALA DECISIÓN N°. 2. MP. GUERRERO
LEAL, dentro del proceso de reparación directa, de radicado 13-001-33-33-
008-2015-00102-00, demandante: RUDY DAVID CABEZA REYES Y OTROS.

3. Se ORDENE AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR, SALA DE
DECISIÓN 2, QUE EMITA UNA NUEVA SENTENCIA, donde realmente se
acate de fondo lo fallado en la tutela T-117 de 2022 y en consonancia de eso,
se valoren las pruebas del proceso donde somos accionantes, de una manera
integral, con aplicación al precedente judicial y se haga la debida
flexibilización probatoria donde se amparen y garanticen de manera prioritaria
los derechos de nosotros como víctimas.

4. Se ordene el cambio de sala de decisión o de MAGISTRADO PONENTE, y
en este sentido se aparte el MP. JOSE RAFAEL GUERRERO LEAL del
proceso que nos ocupa por existir ya un conflicto de intereses, de este
magistrado y los acá accionantes.

5. Se tutele como mecanismo transitorio en caso de considerar que existe
otro mecanismo de defensa judicial.

1.3. Hechos

1.3.1. Proceso de reparación directa

La parte actora sostuvo que promovió una demanda de reparación directa con
el fin que se declarara la responsabilidad administrativa de la Nación, Ministerio
de Defensa, Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Policía Nacional y el
Municipio de San Jacinto (Bolívar), por los daños derivados del desplazamiento
masivo que tuvo que soportar como habitantes del corregimiento Las Palmas
(municipio de San Jacinto), ante los hechos de tortura pública, asesinato
selectivo y destrucción de bienes muebles e inmuebles ocurridos entre julio y
septiembre de 1999, ocasionados por el grupo paramilitar autodenominado
“Bloque Héroes de los Montes de María”.
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Indicó que, la falla en el servicio de las demandadas consistió en la falta de
atención y toma de acciones oportunas ante las quejas que la comunidad había
presentado por hostigamientos previos que denotaban la intención de ataque e
invasión del referido grupo subversivo. Proceso que se identificó con el radicado
13001-33-33-008-2015-00418-01, al cual se acumuló el proceso 13001-33-33-
008-2015-00102-00.

Precisó que, mediante sentencia de 21 de junio de 2017, el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena negó las pretensiones de la
demanda al considerar que con las pruebas allegadas al proceso los
demandantes no demostraron la condición de desplazados forzados, en tanto
no acreditaron que para la fecha de los hechos tuvieran arraigo en el municipio.
Por ende, indicó que, de considerarse lo contrario, se haría un estudio de la
responsabilidad del Estado con base en valoraciones hipotéticas sin sustento
probatorio alguno.

Adujo que, contra la anterior decisión judicial los demandantes interpusieron
recurso de apelación sustentado en que el a quo interpretó indebidamente las
pruebas, especialmente, los testimonios de quienes presenciaron los hechos y
daban crédito de que los demandantes son oriundos de San Jacinto y se
encontraban allí el día en que se dio el desplazamiento masivo. Agregó que, se
allegó el RUV donde consta que los demandantes tienen la calidad de
desplazados, e igualmente, expusieron que, se desconoció lo dispuesto
jurisprudencialmente por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre
la flexibilización de la carga de la prueba en este tipo de asuntos.

Mencionó que, a través de la sentencia de 14 de junio de 2019, el Tribunal
Administrativo de Bolívar confirmó la decisión del juez de primera instancia en
razón a que, si bien estaba acreditado con los testimonios que los hechos de
violencia aducidos en la demanda ocurrieron en la población de San Jacinto, no
se probó el daño consistente en el desplazamiento forzado de los
demandantes. Precisó que en esta decisión no se allegaron pruebas con
respecto a que estos habitaban en la zona, entre julio y septiembre de 1999, e
igualmente, que fueron coaccionados para dejar el territorio.

1.3.2. Acción de tutela que se identificó con el radicado 11001-03-15-000-2019-
03865-00/01, al cual se acumuló la tutela 11001-03-15-000-2019-04191-00

Agregó que, esta acción la presentó otro grupo de demandantes, con la que se
cuestionó la providencia dictada por el tribunal demandado, con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a
la administración de justicia.

Adujo que en esta se alegó que dicha instancia judicial incurrió en defecto
fáctico y desconocimiento del precedente judicial al no haber valorado un CD
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enviado debidamente por la UARIV, con el que se prueba su calidad de
desplazados, pues en él reposaban constancias de giros y pagos dados a los
demandantes por esa condición.

Mencionó que, con sentencia del 14 de noviembre de 2019 1, la Sección Quinta
del Consejo de Estado concedió el amparo, al considerar que no se hizo una
valoración garantista de las pruebas aportadas al proceso de reparación directa.
Precisó que no se valoró el CD aportado por la UARIV aun cuando podía
impactar la situación particular de cada demandante con respecto a su
condición de desplazado y, por ende, ordenó al Tribunal Administrativo de
Bolívar dictar una sentencia de reemplazo en la que incluyera la valoración de
dicho elemento probatorio. Esa decisión fue confirmada por la Sección Segunda
Subsección B del Consejo de Estado en fallo del 19 de febrero de 2020.

Refirió que, el 30 de enero de 2020, se emitió sentencia de reemplazo por parte
del Tribunal Administrativo de Bolívar dentro del proceso de reparación directa,
en la que confirmó la decisión de negar las pretensiones de los demandantes,
toda vez que el CD aportado por la UARIV carecía de “integralidad y
autenticidad” para ser tenido como prueba fehaciente de la condición de
desplazamiento de los demandantes. Lo anterior, por cuanto el disco compacto
no estaba encriptado, en adición a que, los datos no estaban cifrados con clave
y, en consecuencia, consideró que no había certeza de que dicha información
no hubiera sido alterada o modificada por terceros2.

1.3.3. Acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2020-04763-00/01.
Sentencia T-117 de 2022 y segunda sentencia de reemplazo

Indicó que, contra la nueva decisión adoptada por el tribunal, un grupo de
demandantes interpuso una nueva acción de tutela en la que alegaron la
configuración de los siguientes defectos: sustantivo, fáctico, y desconocimiento
del precedente.

Expuso que, en primera instancia, mediante sentencia del 29 de enero de 2021
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, amparó el
derecho fundamental al debido proceso de la parte accionante, al encontrar que
los argumentos del tribunal para dejar de valorar el CD no tenían sustento
normativo. Así, dejó sin efectos la sentencia de reemplazo y ordenó a la
autoridad judicial emitir un nuevo fallo en el que, dentro de la valoración
probatoria se incluyan los datos consignados en el referido disco compacto.

1
En la acción de tutela 11001-03-15-000-2019-03865-00 (acumulado 11001-03-15-000-2019-
04191-00). Sala que se integró por los siguientes magistrados: Carlos Enrique Moreno Rubio,
Luis Alberto Álvarez Parra, Rocío Araújo Oñate y Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
2
La parte actora presentó solicitud de aclaración y adición de la sentencia, la cual fue resuelta
de manera desfavorable por el tribunal al considerar que no existían verdaderos motivos de
duda ni incongruencias en el fallo emitido.

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Manifestó que, en segunda instancia, por fallo del 14 de mayo de 2021, la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó la orden de
amparo y declaró improcedente la tutela por no cumplir el requisito de
subsidiariedad, toda vez que no se ejerció el incidente de desacato en la
primera acción constitucional.

Destacó que, esta tutela fue seleccionada para revisión por parte de la Corte
Constitucional, instancia judicial que profirió la sentencia T-117 de 20223, en la
que revocó el fallo del 14 de mayo de 2021 proferido por la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado y, en su lugar, confirmó la sentencia
emitida el 29 de enero de 2021 por la Subsección B de la misma corporación y,
por lo tanto, protegió el derecho fundamental al debido proceso de los
demandantes que presentaron la solicitud de amparo. Igualmente, dispuso dejar
sin efectos la sentencia del 30 de enero de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, en el proceso acumulado de reparación directa, y le
ordenó proferir una nueva decisión de fondo.

Mencionó que, el alto tribunal constitucional al analizar el caso concreto,
consideró que el tribunal: i) incurrió en el defecto fáctico alegado por los
accionantes al desacreditar injustificadamente y dejar de valorar el contenido
del CD allegado por la UARIV y la omisión de decretar pruebas de oficio, ii) erró
al estimar que sólo un medio probatorio tiene el alcance de probar la calidad de
víctima, pues esta se puede evidenciar por múltiples vías e incluso a través de
indicios, iii) afirmó que, si los medios de prueba que obraban en el expediente

3
En la cual se ordenó: PRIMERO.- REVOCAR la Sentencia del catorce (14) de mayo de dos mil
veintiuno (2021) proferida en segunda instancia por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, y en su lugar, CONFIRMAR la sentencia emitida en primera instancia, el
veintinueve (29) de enero de dos mil veintiuno (2021) por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, y por tanto TUTELAR el derecho fundamental al debido
proceso de Harold Cabezas Reyes, Maryuris Rosa Yepes Reyes, Daniel Eduardo Ortega Anillo,
Carmen Elisa Anillo Rivera, Augusta Isabel Riveras Díaz, Darlis Antonia Anillo Rivera, Roger
Rafael Anillo Rivera, Néstor Álvarez Meléndez, Joaquín Rodrigo Sierra Estrada, Jair Alfredo
Peñaloza Herrera, Luis Aníbal Herrera Torres, Rafael de Jesús Herrera Torres, Celis Rosa
Herrera Herrera, Henrry Rafael Herrera, Juan Eliecer Cerpa Herrera, Elvis José Álvarez Díaz,
Jimmy Eduardo Álvarez Meléndez, Naira Nayunis Medina Guzmán, Remberto Díaz Fontalvo,
Juan Alberto Martínez Díaz, Luis Felipe Vásquez Tapia, Ana Matilde Fernández Rivera, Virginia
Vannesa Arrieta Ochoa, Mary Luz Peñaloza Herrera, María Luisa Barreto Sierra, Carmen
Álvarez Meléndrez, Gabriel Herrera Estrada, Carlos Peñaloza Landero, Greydis Judith Leal
Caro, Merlin Yaneth Leal Caro, José Antonio Cerpa Caro, Amelia Sofía Cerpa Fontalvo, José
Ricardo Arroyo Cerpa, Elina del Socorro Fontalvo Quintero, Aljady Judith Borrego Salas, Marco
Ignacio Sierra Arias, Ricardo Esteban Ávila Rodelo y Omar Henry Sierra Vásquez, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia del 30 de enero de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, en el marco del proceso acumulado de reparación directa
bajo radicado número 13001-33-33-008-2015-00418-01 y 13001-33-33-008-2015-00102-00, y
ORDENAR al Tribunal Administrativo de Bolívar a que en el término de treinta (30) días
siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva.
…

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no le ofrecían el conocimiento necesario para sostener que estaba frente a
víctimas del conflicto armado, no podía injustificadamente desvirtuar aquellas
pruebas allegadas oportunamente y que contienen información relevante sobre
dicho aspecto y, iv) resaltó que, en un caso referido a graves violaciones de
derechos humanos, el juez debió tener en cuenta las facultades oficiosas para
la práctica de pruebas, la aplicación de la teoría de la carga dinámica de la
prueba y la flexibilización de los estándares probatorios.

Señaló que, en cumplimiento de la orden de la Corte Constitucional, el tribunal
demandado profirió nueva sentencia de reemplazo el 23 de noviembre de 2022,
en la que negó las pretensiones, al considerar que si bien se encontró
acreditada la calidad de desplazados de los mismos; por ende, estaba probado
el daño antijurídico alegado, no se acreditó con las pruebas documentales ni
con los testimonios recaudados, que las entidades demandadas hayan omitido
sus deberes misionales de protección y seguridad, y mucho menos que hayan
participado de forma activa en los actos ilícitos que dieron lugar al
desplazamiento.

Agregó que, el tribunal acusado consideró que:

i) No se aportaron medios probatorios que demostraran que los demandantes
habían denunciado ante el Ministerio de Defensa Nacional, el Ejército o la
Policía Nacional las amenazas contra su vida e integridad que presuntamente
realizaron grupos paramilitares de la zona, así como tampoco que hubieran
pedido protección ante los homicidios y hostigamientos ocurridos en julio de
1999, a fin de evitar el desplazamiento forzado,

ii) San Jacinto es un municipio de categoría 6, luego, no cuenta con la
capacidad defensiva ni la infraestructura para repeler un ataque con armas por
parte de terceros, lo que hacía que no pudiera ser condenado por los hechos de
violación de derechos humanos,

iii) con respecto las certificaciones del alcalde de la época sobre que unas
personas del territorio se acercaron a su despacho para colocar denuncia sobre
que las Autodefensas Unidas de Colombia amenazaron de muerte a los
pobladores del Corregimiento de las Palma, y que este que dio aviso inmediato
a las autoridades como son Policía Nacional, Ejército Nacional y la Armada
frente a los hechos ocurridos el 25 de julio de 1999 y 28 de septiembre de 1999
en el corregimiento de las Palmas, expuso distintas falencias en su expedición
que impedían tenerlos como medio de prueba suficiente sobre la falla en el
servicio endilgada a las demandadas,

iv) no se probó que las autoridades militares y de policía asentadas en la zona
abandonaron el territorio o disminuyeron su capacidad de fuerza antes de la
incursión del grupo paramilitar en la zona y,

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v) sobre el informe de la Fiscalía General de la Nación referente a los hechos
de violencia aducidos en la demanda se indicó que no era una prueba con la
entidad suficiente para señalar que los hechos materia del desplazamiento
fueron ocasionados por omisión en el actuar de la Fuerza Pública, pues en este
se concluyó que se causó por grupos al margen de la ley.

1.4. Sustento de la petición

La parte actora sostuvo que el último fallo de reemplazo proferido el 23 de
noviembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Bolívar vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, dignidad, igualdad y a la reparación integral de las víctimas de delitos
de lesa humanidad, al incurrir en los siguientes defectos:

1.4.1. Defecto fáctico

Sostuvo que se desconocieron ciertas pruebas y poner en duda el contenido de
documentos públicos los cuales nunca fueron tachados de falsos. Para tal
efecto, hizo relación al siguiente documental:

i) Las certificaciones emitidas por el alcalde municipal de San Jacinto, las
cuales en su contenido dan cuenta de que antes del desplazamiento forzado e
incursión armada de las AUC el 29 de septiembre de 1999, la Armada Nacional,
el Ejército Nacional y la Policía Nacional tenían conocimiento de la grave
alteración del orden público por la que atravesaba el corregimiento de Las
Palmas, ya que en aquellas se manifiesta que un grupo de habitantes de la
zona fueron al despacho del alcalde a denunciar los hechos de violencia previos
al desplazamiento y que, en virtud de ello, este dio aviso inmediato a las
Fuerzas Militares y a la Policía Nacional. Agregó que esas pruebas nunca
fueron tachadas de falsas, por lo que contaban con plena validez.

ii) Los recortes de prensa del periódico El Universal de Cartagena, del 27 de
julio y 29 de septiembre de 1999, en los que se informa sobre las dos masacres
perpetradas en el corregimiento de Las Palmas; pruebas que no fueron
valoradas por el Tribunal y daban fe que era de conocimiento general los
problemas de orden público que tenía el corregimiento.

iii) La declaración del testigo Walter Enrique Torres Diaz, en la que expuso que
“el señor alcalde se comprometió a darnos seguridad, él llamó no s[é] si al
Gobernador o al Comandante del Ejército y nos prometió darnos seguridad”.
Adujo que, con las notas de prensa y el testimonio aportado, se demostraba
que era de público conocimiento la inseguridad del corregimiento Las Palmas.
Por ende, consideró que el Tribunal accionado incurrió en el aludido defecto,
toda vez que limitó su análisis a los certificados del alcalde, los cuales puso en
duda, a pesar de nunca haber sido tachados de falsos, dejando de lado el resto
de las pruebas que demostraban que era de conocimiento general la grave
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alteración de orden público por la que atravesaban los habitantes del
corregimiento de Las Palmas.

iv) La sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar dentro del
proceso de reparación directa 13001-23-31-000-2001-01271-00, anexada a la
demanda junto con el expediente completo del proceso, remitido como prueba
trasladada en la audiencia inicial, a la cual -considera- no se le dio ningún valor
probatorio, pese a que atendiendo a las reglas de flexibilidad probatoria debe
tenerse en cuenta para los casos de graves violaciones a derechos humanos.
En especial en lo concerniente a la relación de pruebas y el reconocimiento que
se hace de Jaime Arango Viana como alcalde del Municipio de San Jacinto para
la época de los hechos victimizantes, documento que permitía despejar la duda
que tenían los magistrados sobre la calidad de alcalde del señor Arango, y
confirma que efectivamente había llamado y denunciado ante la Fuerza Pública
las amenazas de las AUC.

v) La certificación expedida por la Primera Brigada de Infantería de Marina
dirigida al tribunal, en la que se menciona que, para el 27 de septiembre de
1999, dos comandos de dicha entidad hicieron registro y control militar en la
zona de San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Mahates, y que los grupos
terroristas sumaban un gran número en armas. Afirmó que esta prueba es clara,
por lo que no entiende “cómo se puede afirmar que el EJÉRCITO NACIONAL,
LA ARMADA NACIONAL no tenían conocimiento de los grupos ilegales y su
actuar en la zona de los montes de maría, cuando ellos mismos lo están
certificado al exponer que ‘SUMABAN UN GRAN NUMERO DE TERRORISTAS
EN ARMAS’, e inclusive exponen que habían batallones en el área urbana de
San Jacinto y San Juan Nepomuceno”; por lo que, consideró que a la Armada
Nacional y al Ejército les es atribuible la falta de medidas de protección de los
habitantes del corregimiento de Las Palmas, sobre todo cuando los hechos eran
de público conocimiento, pues las noticias a través de la prensa escrita
abundaban.

Agregó que el tribunal realizó una valoración probatoria cercenada, habida
cuenta que para desvirtuar la responsabilidad del Municipio de San Jacinto
olvidó que la demanda también fue presentada contra la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Armada Nacional, Ejército Nacional y la Policía Nacional,
entidades que tienen la capacidad logística y armamento para repeler el ataque
de los grupos al margen de la ley.

Sostuvo que en el expediente, además de las dos certificaciones del alcalde
municipal de aquella época, existen otras pruebas, como son: a) copias de las
declaraciones hechas por habitantes de Las Palmas, que hacen parte del
expediente penal que se conformó con ocasión de la investigación por las
masacres y desplazamiento que adelantó la Fiscalía General de la Nación; b)
las actas de levantamiento de cadáveres, los informes de necropsia y los
informes de Policía Judicial dentro de la investigación penal; c) los testimonios
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de los señores Hernán Arrieta y Aníbal Joaquín Buelvas que manifestaron al
despacho que fueron testigos presenciales de los hechos, y corroboraron que sí
se puso en conocimiento del alcalde las amenazas contra la población de Las
Palmas; y d) la carta firmada por varios pobladores de las Palmas, donde piden
ayuda al presidente de la época Andrés Pastrana Arango, la cual ni siquiera fue
relacionada en la parte considerativa de la sentencia.

1.4.2. Defecto sustantivo

Señaló que, el tribunal demandado le restó valor a los certificados expedidos
por el alcalde municipal de San Jacinto de aquella época, a pesar de ser un
documento público, el cual no fue tachado de falso; por lo que, con ello
desconoció:

i) El artículo 257 del Código General del Proceso, por cuanto los certificados
son un documento público y en su contenido se encuentra que se avisó a las
autoridades de las amenazas, situación que no podía ser desconocido por el
Tribunal Administrativo de Bolívar.

ii) El artículo 244 ibidem, debido a que los certificados no fueron tachados de
falsos, por lo que se presumen auténticos cuando se tiene certeza de quien los
suscribió y, como en el caso el certificado establece que fue firmado por Jaime
Arango Viana, ex alcalde de San Jacinto, con su análisis “el tribunal destruyó la
presunción que reviste a los certificados emitidos por el alcalde”.

iii) El artículo 213 de la Ley 1437 de 2011, debido a que en caso de que el
Tribunal tuviese dudas sobre los hechos objeto de controversia, entre ellos la
calidad de alcalde que ostentaba Jaime Arango Viana y el contenido de los
certificados, era imperativo decretar una prueba de oficio. Agregó que el
Tribunal justificó caprichosamente su decisión en una consulta de internet a las
páginas del SIGEP, en lugar de consultar a los órganos electorales encargados
de llevar un control de los funcionarios elegidos popularmente en Colombia, por
lo que pudo haber requerido a aquellos esa información, o haber recurrido al
municipio de San Jacinto Bolívar para que certificara si el señor Arango Viana
fue alcalde y en qué periodo, o, a la Notaría única de San Jacinto para que le
hubiera dado copia de la posesión del alcalde; a su juicio, resulta censurable la
consulta por internet de la página SIGEP de la cual ni siquiera se surtió traslado
a la parte demandante con fines de contradicción.

iv) El artículo 88 de la precitada norma, en tanto es contrario al ordenamiento
jurídico suponer que el contenido de un documento público expedido por el
entonces alcalde no es cierto, cuando el mismo no ha sido tachado de falso por
la autoridad a la que se le imputa su creación, es decir, el municipio de San
Jacinto Bolívar.

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v) El artículo 167 del Código General del Proceso, ya que el tribunal acusado
desconoció que existía una alteración general del orden público en la zona de
los Montes de María, subregión en la que se encuentra ubicada el corregimiento
de Las Palmas, por lo que no era exigible a las víctimas presentar denuncias
previas como erradamente lo exigió la sala de decisión, pues los hechos
notorios no requieren prueba.

1.4.3. Desconocimiento del precedente judicial

Mencionó un extracto del fallo dictado por el Consejo de Estado, Sección
Tercera del 26 de enero de 2006, radicado 25000-23-26-000-2001-00213-
01(AG), sentencia replicada en el caso de desplazamiento de Mapiripán.

Hizo referencia a la sentencia de 3 de mayo de 2023, radicado 50001-23-31-
002-199-2000-392-00 y expuso que en ella el Consejo de Estado, Sección
Tercera se refirió a la no exigencia de denuncia previa cuando existe un
contexto de violencia generalizada.

Resaltó que, el tribunal no tuvo en cuenta el precedente jurisprudencial de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado donde se ha indicado que en los
casos en que se discute la responsabilidad del Estado por delitos de lesa
humanidad, se debe aplicar una flexibilización de las reglas probatorias. Adujo
que también se desconoció que las víctimas de desplazamiento forzado en
Colombia son sujetos de especial protección constitucional.

1.5. Trámite en primera instancia

Mediante auto de 10 de octubre de 2023, la Sección Tercera, Subsección C del
Consejo de Estado admitió la solicitud de amparo y ordenó notificar a la
autoridad judicial demandada, así como vincular a la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Ejército Nacional, a la Armada Nacional, a la Policía
Nacional y, al Municipio de San Jacinto Bolívar.

A su vez, se dispuso vincular a todas aquellas personas que fungieron como
demandantes en los procesos de reparación directa acumulados y que no
suscribieron la presente acción de tutela, en calidad de terceros interesados, a
saber:

Los señores Yennifer Mirella Ochoa Mercado, Ana Karina Ortiz Valdez,
Yesica Paola Osorio Gamarra, Juan Carlos Osorio Meléndez, Katry María
Osorio Melendez, José Rafael Ortega Viana, Cesar Enrique Ortega Viana
actuando en nombre propio y en representación de su menor hija Daniela
Judith Ortega Viana; Pedro Manuel Ortega Reyes, Yosiris María Ortega
Reyes, Nilda Elena Ortega Reyes, Carmen Yolanda Ortega Reyes, Carmen
Elisa Ortega Yepes, Adriana Elvira Ortega Yepes, José Del Carmen Ortega
Yepes, Ella Patricia Olivera Mercado actuando en nombre propio y en
representación de sus menores hijos, María Paula Salgado Olivera, Juan
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10

Demandante: Néstor Ramón Sierra Hamburger
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Rad: 11001-03-15-000-2023-05819-01

Andrés Salgado Olivera y Jean Carlos Salgado Olivera; Clemente Manuel
Pacheco Castro, María Alejandra Pacheco Gamarra, María Del Rosario
Peñalosa De Gamarra, Estefanía Peñalosa Mejía, Jesús Alberto Peñalosa
Mejía, Edgardo Rafael Peñalosa Mejía, Silvia Patricia Peñalosa Mejía,
Gustavo Adolfo Peñalosa Mejía, Maryoris del Rosario Peñalosa Ortega, Luz
Dania Peñalosa Ortega, Alexio Joaquín Peñalosa Ortega, Adolfo Rafael
Peñalosa Vásquez, Luz Estela Piña Caicedo, Ligia Mercedes Palacio Orozco,
actuando en nombre propio y en representación de su menor hija Karla
Mercedes Herrera Palacio; Luz Marina Pérez Ávila actuando en nombre
propio y en representación de sus menores hijas Katherin Tatiana y Taliana
Josefa Reyes Pérez; José Luis Rivera Anillo, Beatriz del Carmen Rivera
Arroyo, Idamys Rivera Arroyo, Idaymis Virginia Rodríguez Rivera, Braulio
José Ramírez Reyes, Dairo Enrique Romero Reyes, Edilberto Jesús Romero
Reyes, Alba Rosa Romero Reyes, Pedro Luis Reyes Caro, Luis Rafael Reyes
Caro, Omaira del Socorro Reyes Quiroz, Oscar Daniel Reyes Serrano, Ángel
María Reyes Serrano, Ángel María Reyes Reyes, Tony Gabriel Reyes Reyes,
Celina del Socorro Reyes Meléndez, Devis Martin Reyes Meléndez, Nelson
Ramit Reyes Meléndez actuando en nombre propio y en representación de
sus menores hijos Denilson Yesid Reyes Martínez y Linda Michely Reyes
Martínez; Álvaro Salgado Taborda, Luz Marina Serrano Arrieta, Guillermo
José Tobías Bermúdez, José Valdez Julio, Nerlys Mayelis Valdez Landero,
José Antonio Valdez Landero, Kelis Jhoana Valdez Landero, Silvia Patricia
Valdez Landero, Jairo Alfonso Vásquez Carval, Jairo Alfonso Vásquez Reyes,
María Alejandra Vásquez Reyes, Yoffre José Vásquez Reyes, Luis Ricardo
Vásquez Lora, Yaneth Patricia Vásquez Lora, Liliana del Rosario Viana
Buelvas, Yaneth Cecilia Viana Buelvas actuando en nombre propio y en
representación de su menor hija Ana María Zuñiga Viana; Maricela Isabel
Villalba Argel actuando en nombre propio y en representación de su menor
hijo José Carlos Yepez Villalba; Dibier Daniel Yepes Olivera, Víctor Jesús
Yepes Yanez, Yuranis Paola Yepes Reyes, Víctor Rafael Yepes Caro,
Carmen Graciela Yepes Caro, Mirian Hortencia Yepes Caro, Víctor Alejandro
Yepes Herrera, Jhon Jairo Yepes Herrera, Carlos Alberto Yepes Herrera,
Enna Virginia Yepes Herrera, Rosa Mercedes Yepes Herrera actuando en
nombre propio y en representación de su menor hija Ana Karina Oviedo
Yepes; Elisa Zenith Yepes Herrera actuando en nombre propio y en
representación de su menor hijo José David Camargo Yepes, Manuel
Alejandro Yepes Amaris, José Alejandro Yepes Buelvas, Rudy David Cabeza
Reyes, Hansel Cabeza Reyes, Harold Cabeza Reyes, Daniel Eduardo Ortega
Anillo, Carmen Elisa Anillo Rivera, Augusta Isabel Rivera Diaz, Darlis Antonia
Anillo Rivera, Neida del Socorro Anillo Rivera, Sandra Marcela Caro Anillo,
Roger Rafael Anillo Rivera, Ana Matilde Fernández Rivera, Alfonso Rafael
Álvarez Meléndez, Néstor Alfonso Álvarez Melendrez, Calixto Antonio
Jiménez Tapia, en nombre propio y en representación de Nelson David
Jiménez Tapia, Joaquín Rodrigo Sierra Estrada, Ricardo Antonio Ávila Sierra,
en nombre propio y en representación de Ricardo Esteban Ávila Rodelo,
Robert Luis Vásquez Herrera, José Alfredo Peñaloza Herrera, Jair Alfredo
Peñaloza Herrera, Luis Aníbal Herrera Torres, Rafael de Jesús Herrera
Torres, Celis Rosa Herrera Herrera, Henrry Rafael Herrera Herrera, Juan
Eliécer Cerpa Herrera, Elvis José Álvarez Diaz, Tomás Rafael Romero
Hamburguer, Katty Luz Diaz Fontalvo, Yonys Alfonso Álvarez Meléndez,

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Demandante: Néstor Ramón Sierra Hamburger
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Rad: 11001-03-15-000-2023-05819-01

Claudia Rosa Álvarez Meléndez, Yamileth Yulieth Sierra Estrada, Carlos
Guillermo Álvarez Melendrez, Fredis Adolfo Álvarez Melendrez, Jimmy
Eduardo Álvarez Melendrez, Alberto Pascual Caro Ríos, Naira Nayunis
Medina Guzmán, Remberto Antonio Diaz Fontalvo, Juana Francisca Peñaloza
de Ortega, Juan Alberto Martínez Diaz, Diana Luz Sierra Vásquez, Luis Felipe
Vásquez Tapia, Yolanda Isabel Tapia de Vásquez, Omar Henry Sierra
Vásquez, Jairo Rafael Simanca Puche, José David Meléndez Diaz, Linda
Tatiana Arrieta Ochoa, Virginia Vanessa Arrieta Ochoa, Richar Gustavo
Arrieta Yepes en nombre propio y en representación de Ana Xilena Arrieta
Ochoa y Richar de Jesús Arrieta Ochoa; Mary Luz Peñaloza Herrera,
Emperatriz Josefa Diaz Salas en nombre propio y en representación de
Carmen Elena Martínez Diaz, José Miguel Martínez Diaz y Javier Dario
Martínez Diaz; Jorge Eliécer Narváez Diaz, María Luisa Barreto Sierra, María
Del Carmen Martínez Diaz, Robinson Gabriel Martínez Diaz, Daniel Edgardo
Martínez Diaz, Pedro Luis Martínez Diaz, Hilmer Vásquez Mercado, Juan
Alberto Martínez Salazar, Carmen Graciela Álvarez Melendrez, Gabriel
Eduardo Herrera Estrada, Carlos Guillermo Peñaloza Landero, Argelio
Antonio Estrada Peñaloza, Greydis Judith Leal Caro, Merlín Yaneth Leal
Caro, José Antonio Cerpa Caro, Amelia Sofia Cerpa Fontalvo, Mercedes
Elena Cerpa Fontalvo, Alberto Enrique Diaz Cerpa, Mariela Judith Sierra
Caro, José Ricardo Arroyo Cerpa, Elina Del Socorro Fontalvo de Quintero,
Aljady Judith Borrego Salas, Marco Ignacio Sierra Arias, Juan Manuel Sierra
Arias, Xavier Enrique Reyes Meléndez y Carlos Agustín Sierra Arias.

Además, requirió al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de
Cartagena para que remitiera, en medio magnético, copia de los expedientes
13-001-33-33-008- 2015-00418-01 y 13-001-33-33-008-2015-00102-00
(acumulados).

Posteriormente, por auto de 11 de enero de 2024, el magistrado William Barrera
Muñoz, integrante de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado ordenó la remisión del asunto al despacho del consejero José Roberto
Sáchica Méndez, con el fin de que se estudiara de acuerdo con las reglas
establecidas en el Decreto 1834 de 2015; en la medida en que el mismo ya
había proferido un fallo por los mismos supuestos y contra la misma
providencia, en el marco de la acción de tutela impetrada por Jennifer Mirella
Ochoa Mercado y otros contra el Tribunal Administrativo de Bolívar (radicado
11001-03-15- 000-2023-03501-00).

A través de proveído de 30 de enero de 2024, el a quo4 avocó el conocimiento
del asunto y ordenó notificar a los interesados.

4
José Roberto Sáchica Méndez, integrante de la Subsección A de la Sección tercera del
Consejo de Estado.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Rad: 11001-03-15-000-2023-05819-01

1.6. Contestaciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Bolívar

Esta autoridad judicial, hizo un recuento de todas las decisiones adoptadas en
el curso del proceso, así como de las acciones de tutelas interpuestas contra
aquellas.

Solicitó que se declare la cosa juzgada y que el presente expediente se
acumule al proceso 11001-03-15-000-2023-03501-00, para que en sede de
impugnación se resuelva definitivamente el asunto para lograr poner punto final
al caso y, evitar decisiones contradictorias.

Sostuvo que el asunto carece de inmediatez, en la medida en que el fallo
acusado fue notificado hace más de 6 meses, específicamente el 21 de marzo
de 2023, lo que hace inferir que lo manifestado en el escrito tutelar no es de
urgencia y gravedad que amerite el pronunciamiento del juez constitucional.

1.6.2. Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena

Este despacho judicial allegó copia digital de los procesos de reparación directa
13-001-33-33-008-2015-00418-01 y 13-001-33-33-008-2015-00102-00
(acumulados).

Agregó que la decisión tomada en el fallo cuestionado se enmarca dentro del
campo de la interpretación legal propia del juez y no constituye vía de hecho.

Solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela al no existir
arbitrariedad, defecto sustancial o procesal alguno por parte de esa instancia
judicial en el asunto puesto a su consideración.

1.6.3. Ministerio de Defensa Nacional

Señaló que no existe prueba alguna que permita demostrar que se esté
generando un perjuicio irremediable por causa de los fallos judiciales proferidos
dentro del proceso de reparación directa acusado.

Mencionó que en la tutela no existe señalamiento de derechos fundamentales
que pudieren estar vulnerándose con ocasión de los fallos proferidos por las
instancias judiciales, así mismo, que no yace material probatorio que permita
desvirtuar las consideraciones adoptadas por el juez y magistrado para negar
las pretensiones.

Agregó que, tampoco se cumple con los requisitos establecidos para la
procedencia de la acción de tutela contra las providencias judiciales, en razón
que la parte actora no identificó de manera razonable los hechos que generaron
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Rad: 11001-03-15-000-2023-05819-01

la vulneración, así como los derechos vulnerados, aunado a que tampoco alegó
tal transgresión en el proceso judicial.

1.6.4. Policía Nacional

Esta entidad solicitó que se acumule la presente acción a la tutela impetrada
por Jennifer Mirella Ochoa Mercado y otros contra el Tribunal Administrativo de
Bolívar, radicado 11001-03-15-000-2023-03501-00, la cual ya fue resuelta por
este mismo despacho judicial.

Precisó que, en efecto las pruebas obrantes en el proceso fueron el sustento
para nutrir la tesis finalmente planteada, donde se analizó cualitativamente el
contenido de las mismas y en ninguna se encontró dato alguno que probara que
los demandantes solicitaron a la fuerza pública su protección.

Adujo que, la corporación de cierre fue incisiva en expresar los pormenores
para librar su tesis, además que era a la parte demandante a quien le
correspondía llevar a la convicción al juez probando lo alegado, lo cual no logró.

Refirió que, el asunto no supera el requisito de inmediatez, puesto que esta
acción de tutela se presentó el 2 de octubre de 2023, es decir, 10 meses y 9
días después de que se ha proferido la decisión cuestionada.

1.7. Intervención del accionante Néstor Ramón Sierra Hamburger

Indicó que sí presentó en término la presente acción, en tanto que, lo hizo el 1. °
de septiembre de 2023 y se le asignó el número de solicitud 8396, pero que por
un error los archivos no cargaron, por lo que una vez se comunicó con la
Secretaría General del Consejo de Estado, pudo establecer tal situación y la
subsanó volviendo a enviar la tutela con sus anexos el 2 de octubre de 2023.
Para tal efecto, adjuntó imagen de los correos y primera radicación.

Advirtió que la acumulación de la presente acción de tutela no es procedente,
debido a que los tutelantes somos los únicos legitimados en la causa, por ser
los únicos beneficiarios del fallo de tutela de la Corte Constitucional T-117 de la
2022 y de la sentencia del Consejo de Estado, dentro de la acción de tutela que
fue objeto de revisión, de radicado 11001-03-15-000-2020-04763-00.

1.7. Fallo impugnado

Mediante sentencia del 1° de marzo de 2024, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado negó el amparo solicitado.

Como cuestión previa señaló que no accedería a la solicitud presentada por el
tribunal demandado en el sentido de declarar la cosa juzgada y acumular el
caso al proceso 11001-03-15-000-2023-03501-00, por cuanto si bien esta última
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acción constitucional estuvo referida a la misma providencia, lo cierto es que lo
que se discutía era la presunta vulneración a los derechos fundamentales de
otras personas, que formularon reproches que aunque similares, no eran
idénticos a los realizados en esta ocasión.

Precisó que, tampoco es viable la acumulación pues esa posibilidad ya fue
estudiada al momento en que se avocó el conocimiento del asunto, y se
descartó porque en los términos del Decreto 1834 de 2015, ello sólo es posible
si no se ha proferido sentencia; no obstante, en el caso 2023-03501-01 se
profirió sentencia tanto en primera como en segunda instancia.

Encontró cumplidos los requisitos generales de procedencia, así:

Indicó que la cuestión que se debate en la presente oportunidad trasciende el
ámbito de la mera legalidad y posee indiscutible relevancia constitucional, en la
medida en que se persigue la efectiva protección de los derechos
fundamentales de una persona que ostenta la calidad de sujeto de especial
protección al haber acreditado su calidad de desplazado, en relación con una
presunta actuación arbitraria del tribunal demandado, que ha adquirido firmeza
y que supone un posible error en la valoración probatoria y la aplicación del
derecho sobre la presunta responsabilidad de la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Armada Nacional, Ejército Nacional, Policía Nacional y el municipio de
San Jacinto, por la nula protección brindada a la población de dicho territorio
ante los hechos de violencia que desembocaron en el desplazamiento forzado
de los demandantes en el mes de septiembre de 1999.

Agregó que, su trascendencia también se halla en la necesidad de salvaguardar
los principios constitucionales de prevalencia del derecho sustancial y seguridad
jurídica, en casos en que está en discusión el derecho a la reparación de
víctimas de graves violaciones a derechos humanos.

Precisó que, no existe identidad de pretensiones entre la acción de tutela
impetrada previamente contra la sentencia del tribunal proferida el 30 de enero
de 2020 y la que se analiza en esta providencia. Lo anterior, en atención a que
en la solicitud de amparo previa se discutió el presunto defecto fáctico y
desconocimiento del precedente en que había incurrido el ad quem dentro del
proceso de reparación directa al desconocer la calidad de desplazados de los
accionantes, mientras que en el presente asunto, se discute el análisis
efectuado por el tribunal cuestionado en fallo del 23 de noviembre de 2022
sobre la imputación del daño a las demandadas ante la presunta falta de prueba
de reporte de los hechos violentos cometidos por grupos al margen de la ley
contra la comunidad y de solicitudes de protección en territorio, luego de que la
Corte Constitucional en sentencia T-117 de la misma anualidad, le ordenara
flexibilizar el estándar probatorio respecto a la calidad de desplazados de los
demandantes y fuera un tema ya superado dentro del estudio del caso llevado a
cabo por el tribunal acusado.
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Advirtió que los procesos de tutela a los que se hizo referencia, versan sobre
distintas decisiones judiciales en las que varió el análisis probatorio del ad quem
en el proceso de reparación directa sobre dos elementos fundamentales para
condenar al Estado, esto es, la acreditación del daño y la calidad de desplazado
por un lado, y por otro el nexo causal o imputación de los hechos de
desplazamiento a las Fuerzas Militares y Policiales por haber incurrido en
presunta falla en el servicio en el cumplimiento de su deber seguridad y
salvaguarda de la integridad y vida de los habitantes del país.

Mencionó que, también se cumplió el presupuesto de la subsidiariedad pues
contra la sentencia cuestionada no procedía ningún otro recurso y, en cuanto a
la inmediatez señaló lo siguiente: “(i) la sentencia censurada fue notificada el 21
de marzo de 2023 y la demanda se presentó el 1 de septiembre siguiente, es
decir dentro de los 6 meses que la jurisprudencia constitucional ha fijado como
término razonable…(ii) no se alega una irregularidad procesal, pues los
reproches formulados son de índole sustantivo; (iii) la parte accionante indicó
los hechos que sustentan la solicitud de amparo, y evidenció de manera clara y
concreta, la forma en que se configuró la vulneración de derechos alegada; y,
(v) la providencia censurada no fue proferida en el marco de una acción de
tutela.”

Adujo que, la parte actora alega la configuración de un defecto fáctico por haber
desconocido el tribunal accionado ciertas pruebas y poner en duda el contenido
de documentos públicos, los cuales no fueron tachados de falsos. En concreto,
hizo referencia a las siguientes piezas documentales: i) certificaciones
expedidas por el alcalde de San Jacinto; ii) los recortes de prensa del periódico
El Universal de Cartagena del 27 de julio y 29 de septiembre de 1999; iii) la
declaración del testigo Walter Enrique Torres Diaz; iv) el expediente del proceso
de reparación directa 13001-23-31-000-2001-01271-00, en especial la
sentencia; v) la certificación expedida por la Primera Brigada de Infantería de
Marina dirigida; vi) copia de las declaraciones hechas por habitantes de Las
Palmas; vii) las actas de levantamiento de cadáveres, los informes de
Necropsia y los informes de Policía Judicial dentro de la investigación penal; viii)
los testimonios de los señores Hernán Arrieta y Aníbal Joaquín Buelvas; y iv) la
carta firmada por varios pobladores de las Palmas, donde piden ayuda al
presidente de la época Andrés Pastrana Arango.

Destacó que, precisadas las circunstancias fácticas que dieron lugar a la
decisión acusada, encontró dicha sala que el tribunal acusado no incurrió en
alguno de los defectos específicos que acaban de caracterizarse, tal y como
pasa a explicarse.

Mencionó que, en sentencia del 23 de noviembre de 2022, la instancia judicial
accionada negó las pretensiones de los demandantes al considerar que si bien
las pruebas que reposaban en el plenario daban cuenta de la existencia del
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daño antijurídico cuya indemnización se solicita, no se acreditó que las
autoridades demandadas hayan tenido conocimiento de la situación de
vulnerabilidad de los accionantes por actos cometidos por grupos paramilitares
presentes en la zona, al no haber constancia de denuncias de la población por
las amenazas y homicidios perpetrados previamente al desplazamiento forzado.

Precisó que, en la providencia acusada se concluyó que no se probó que los
demandantes hubieran pedido oportunamente protección a la Fuerza Pública y
que esta última incurriera en falla en el servicio por omitir sus deberes de
brindar protección y seguridad a la población.

Resaltó que, para sustentar un yerro probatorio contra dicha decisión judicial, la
parte actora debió orientar su argumentación a demostrar -no enunciar- cuáles
pruebas no fueron valoradas y en qué medida tenía la entidad de variar la
decisión adoptada.

Mencionó que, a pesar de estas exigencias, el demandante únicamente enlistó
algunas pruebas presuntamente no valoradas e indicó de forma general cómo,
a su juicio, algunas de estas demostraban que se presentaron las respectivas
denuncias ante las autoridades demandadas y, por ende, que tenían
conocimiento de los hechos de violencia que se presentaban en la zona.

Agregó que, los documentos sobre los cuales expuso de manera general que
no fueron valorados y que se limitó el análisis a los certificados del alcalde,
dejando de lado el resto de las pruebas que demostraban que era de
conocimiento general la grave alteración de orden público por la que
atravesaban los habitantes del corregimiento -frente a algunas no dijo nada,
solo las enunció-; no obstante, no esbozó ningún tipo de argumento específico y
concreto para explicar cómo aquellas pruebas demostraban efectivamente que
las entidades demandadas sí tenían conocimiento de los hechos acaecidos en
Las Palmas y cuál era el impacto de las mismas en la decisión cuestionada.

Destacó que el actor omitió su deber de explicar el motivo por el cual las
pruebas aludidas permitían tener certeza y llevaban al convencimiento al juez
de que las autoridades demandadas tenían conocimiento de los hechos
acaecidos en el corregimiento de Las Palmas y omitieron su deber de
protección y, con ello, exponer cuál es su importancia para cambiar la decisión
objeto de debate.

Advirtió que, el actor adujo que el tribunal accionado realizó una valoración
probatoria cercenada, habida cuenta de que olvidó que la demanda también fue
presentada contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional,
Ejército Nacional y la Policía Nacional.

Adujo que, dicha afirmación es alejada de la realidad, pues de la simple lectura
del fallo acusado se puede ver que la autoridad judicial explicó que en lo que
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respecta al ministerio demandado, la “…Sala de decisión no tenía certeza de
que éste haya desconocido su posición de garante, ya que no obraban pruebas
en el expediente que evidenciaran que antes y durante la fecha del
desplazamiento, esto es, el 27 de julio de 1999, se haya puesto en su
conocimiento la difícil situación que se atravesaba en el corregimiento de Las
Palmas, ni tampoco que se le hubiere informado frente a las amenazas
realizadas por parte de los grupos al margen de la ley, ni se logró probar que
las autoridades militares y de policía asentadas en la zona abandonaran ese
territorio o disminuyeran su capacidad de respuesta antes de la incursión.”

Mencionó que, en relación con las certificaciones expedidas por el alcalde de
San Jacinto, las cuales considera que daban fe de la veracidad de lo certificado,
es decir, que la Armada Nacional, Ejército Nacional y la Policía Nacional tenían
conocimiento de la grave alteración del orden público por la que atravesaba el
corregimiento de Las Palmas, porque el alcalde les dio aviso ante la solicitud de
la población, no se encontró reproche frente a la labor interpretativa del tribunal,
pues de tales documentos no se pueden determinar las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que los hechos llegaron al conocimiento de las
autoridades militares y de policía.

Precisó que, aunque el tribunal cuestionó la autenticidad de tales
certificaciones, lo cierto es que sí estudió su contenido. Para tal efecto, hizo
referencia al contenido de la providencia demandada, para destacar que,
tribunal acusado existían reparos que impedían que se le diera veracidad a lo a
lo plasmado en los certificados, máxime cuando no existía otra prueba que los
respaldara y, solo a partir de ellos, tener certeza de la omisión de cuidado y
protección endilgadas a las entidades demandadas. Al respecto, sostuvo:

54.-Además de lo anterior, en cuanto a los hechos ocurridos el 27 de
septiembre de 1999, el Tribunal no encontró que haya existido un aviso o
denuncia a la fuerza pública de parte de los hoy demandantes para evitar el
desplazamiento, así como tampoco se allegó denuncia por los hechos
ocurridos en julio de 1999, ni solicitud de protección a las autoridades. A su
vez, aun cuando se mencionó que el 25 de julio de 1999 las AUC realizaron
diferentes homicidios en la zona, dentro del proceso de reparación directa no
obran las denuncias por esos hechos.

55.-Aunado a ello, el Tribunal no encontró probado que existieran amenazas
contra los demandantes y sus grupos familiares relacionadas con las muertes
violentas, como tampoco que los familiares de esas víctimas mortales tuvieran
que abandonar su lugar de residencia temiendo la misma consecuencia, pese
a haber solicitado protección o informado de la situación a las entidades
demandadas. En efecto, revisado el expediente constató que no se acreditó
cómo se manifestaron las amenazas o en qué se fundaron los temores para
que, luego del homicidio y demás hechos ocurridos, los pobladores
abandonaran su lugar de residencia en el corregimiento de Las Palmas, como
tampoco se probó la relación de estos hechos con una supuesta omisión de
protección o participación por parte de las entidades demandadas, pues no se
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allegaron pruebas para demostrar que las autoridades dejaron en
desprotección total a la población frente a las AUC.

56.-También tuvo en cuenta que San Jacinto es un municipio de categoría 6,
luego, no cuenta con la capacidad defensiva ni la infraestructura para repeler
un ataque con armas por parte de terceros, lo que hacía que no pudiera
condenarse a las demandadas por los hechos de violación de derechos
humanos, sumado a que no se probó que las autoridades militares y de
policía asentadas en la zona abandonaran el territorio o disminuyeran su
capacidad de fuerza antes de la incursión del grupo paramilitar en la zona.
Además, sobre el informe de la Fiscalía General de la Nación referente a los
hechos de violencia aducidos en la demanda, indicó que no era una prueba
con la entidad suficiente para señalar que los hechos materia del
desplazamiento fueron ocasionados por omisión en el actuar de la Fuerza
Pública, pues en este se concluyó que se causó por grupos al margen de la
ley.

Destacó que, el tribunal acusado, después de analizar las pruebas allegadas al
plenario y confrontarlas con el asunto puesto a su consideración y el problema
jurídico a resolver, llegó a la fundada conclusión de que la parte accionante no
acreditó suficientemente, o tan siquiera con indicios, que se hubieran puesto en
conocimiento de las autoridades demandadas las denuncias con respecto a los
homicidios y actos de hostigamiento, ni que se hubiese pedido la protección
requerida, pues no obraba en el plenario prueba que demostrara lo contrario o
que permitiera evaluar si en efecto hubo una falla en el servicio de la Fuerza
Pública, por no salvaguardar la vida e integridad física de quienes fueron
desplazados de San Jacinto, al haber conocido con suficiente antelación la
situación en la zona.

Agregó que, encontraba oportuno hacer mención de otro aspecto que determinó
la decisión del Tribunal, que se obvia en la tutela, y es que aunque en la
sentencia de segunda instancia se admitió la calidad de víctimas de los
demandantes, la autoridad judicial puntualizó que la información suministrada
por la UARIV daba cuenta de que: i) algunos demandantes no estaban en el
listado, ii) otros registraban diferentes hechos victimizantes, y iii) en varios
casos las fechas de los hechos victimizantes no coincidían con la fecha de los
hechos del desplazamiento.

Refirió que, aunque no se hace una discriminación de la situación advertida
para cada uno de los demandantes, este fue un elemento adicional que llevó a
negar las pretensiones de la demanda y frente al cual no se presenta objeción
alguna en el escrito de tutela y, que aun aceptando los reproches que se
plantean, la tutela no daba cuenta cómo se supera este otro razonamiento del
tribunal a efectos de poder cambiar el sentido de lo decidido.

Resaltó que, no se contaba con elementos de juicio para desvirtuar que el
tribunal adelantó un ejercicio de valoración probatoria razonable, enmarcado en

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el principio de autonomía judicial acompañado del reconocimiento expreso de
que en este tipo de asuntos se debe flexibilizar el estándar probatorio. Recordó
que, el tribunal no encontró acreditadas las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en que presuntamente se dio el aviso a la Fuerza Pública de los hechos
violentos o en que se pidió protección en el territorio, exigencia que se erige
como eje medular para imputar responsabilidad al Estado por la presunta
omisión de su deber de salvaguarda oportuna de la vida e integridad de los
habitantes.

Descartó también la configuración del defecto sustantivo al señalar que todos
los argumentos se basan en que supuestamente se le restó valor a las
certificaciones del alcalde municipal por no tener certeza de que el señor
Arango Viana ostentaba dicha calidad, pues de la lectura del fallo acusado, se
observa que si bien el tribunal manifestó que “se desconoce que en realidad el
señor Jaime Arango Viana fuera Alcalde Municipal de San Jacinto de Bolívar
para la época de los hechos”, aun así, estudió dichos certificados y les dio valor
probatorio, al punto que determinó que los mismos, en general, no permitían
determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que los hechos
llegaron al conocimiento de las autoridades militares y de policía aun cuando el
señor Arango Viana tuviese la condición de alcalde, sin que la demás probanza
permitiera superar este grado de incertidumbre.

Manifestó que, el hecho de plantear un cuestionamiento relativo a si el señor
Jaime Arango Viana fue el alcalde de San Jacinto en la presunta época en que
sucedieron los hechos, no incidió en la decisión acusada, pues a pesar de esa
apreciación, el Tribunal realizó la valoración de las certificaciones, pero
concluyó que las mismas no tenían la entidad de demostrar que a las
demandadas les fue puesto en conocimiento los problemas de orden público
que tenía el corregimiento.

Indicó que, en relación con el defecto por desconocimiento del precedente
judicial, tampoco tenía vocación de prosperidad, en la medida en que el actor
únicamente citó extractos de unos fallos, sin identificar y exteriorizar la similitud
de los problemas jurídicos, ni la ratio decidendi desconocida, es decir, no
sustentó debidamente las razones por las cuales dichas sentencias, en efecto,
constituyen precedente aplicable al caso concreto; pues, se repite, simplemente
las mencionó y citó extractos de las mismas.

Anotó que, la flexibilidad probatoria y su alcance no fueron desconocidos por el
Tribunal demandado, en tanto consideró que dada la dificultad que presentan
las víctimas de desplazamiento para probar los hechos de violencia que
padecieron y su especial condición de vulnerabilidad, dejó consignado que
debía flexibilizarse el estándar probatorio, y así lo plasmó a folios 39 y 40 del
fallo del 23 de noviembre de 2022, no obstante, lo cual, no se acreditó la
responsabilidad de las demandadas.

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Destacó que, si bien el criterio de flexibilización probatoria ha sido avalado por
la Sección Tercera del Consejo de Estado, en los casos de graves violaciones a
los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, lo
cierto es que esa postura no puede ser empleada para que se estatuya una
presunción de responsabilidad patrimonial de la Fuerza Pública.

Adujo que, el tribunal demandado no desconoció el precedente relacionado con
la flexibilidad probatoria. Precisó que, aun cuando se flexibilizó en el caso
concreto la carga probatoria exigida a las víctimas, lo cierto es que éstas no
lograron probar siquiera sumariamente que las autoridades militares y de policía
fueron receptoras de una solicitud de protección con antelación, o que,
habiéndola recibido, sin razón, decidieron desconocer sus deberes misionales
de salvaguardar la vida y brindar seguridad a los habitantes del municipio. Por
lo que, consideró que no era factible acceder a las pretensiones de la demanda
de reparación directa.

Concluyó que debía negarse el amparo pretendido, pues no se acreditó ninguno
de los defectos alegados contra la sentencia acusada.

1.8. Impugnación

Mediante escrito recibido el 11 de marzo de 2024, la parte actora presentó
impugnación. Mediante auto del 19 del mismo mes y año fue concedido dicho
recurso. Para sustentar la alzada, sostuvo lo siguiente:

1. El juez de tutela en su decisión manifiesta que el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR, en la sentencia tutelada, no cometió los
defectos anotados en la acción.

2. Que la parte accionante, no ilustr[ó] o demostró cuales, de las pruebas,
fueron dejadas de valorar, o que dé hizo de manera defectuosa, y que de
haberse valorado hubiese cambiado del curso del proceso.

3. En la decisión que se impugna, no se tuvo en cuenta lo manifestado por la
magistrada que, salv[ó] voto, donde se deja invidencia (sic) que los
magistrados que conforman la Sala de Decisión, incurren en lo defectos
anotados, puesto que, en todo el proceso, se han dejado de valorar pruebas,
como fue la prueba de la calidad de víctima, que fue la posición primera, y
ahora luego de dos fallos, del Consejo de Estado, y uno de la Corte
Constitucional, se logró que este Tribunal valorara dichas pruebas, y ahora en
su nuevo fallo, desvirtúa las pruebas que dan cuenta de la solicitud de ayuda
de nosotros los palmeros, misma prueba que este Tribunal, valor[ó] en la
sentencia que condenó al estado por estos hechos sin objetar la misma.

4. De lo expuesto solicito despachar favorablemente en segunda instancia la
acción de tutela impetrada por el suscrito y otros, y si este despacho lo
considera necesario y pertinente se practiquen todas y cada una de las

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pruebas para verificar los hechos objeto de la acción y dieron origen a la
acción de Tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La sala es competente para conocer de las impugnaciones presentadas contra
la sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto
2591 de 19915, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como por el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la
Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes, corresponde a la sala determinar si hay
lugar a confirmar, revocar o modificar la providencia de primera instancia
conforme a lo planteado por la parte impugnante.

Por tanto, se analizará si se vulneraron los derechos fundamentales de la parte
actora con la nueva sentencia de reemplazo del 23 de noviembre de 2022,
dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en la que negó las
pretensiones, al considerar que si bien se encontró acreditada la calidad de
desplazados de los mismos y por ende, estaba probado el daño antijurídico
alegado, no se acreditó con las pruebas documentales ni con los testimonios
recaudados, que las entidades demandadas hayan omitido sus deberes
misionales de protección y seguridad, y mucho menos que hayan participado de
forma activa en los actos ilícitos que dieron lugar al desplazamiento.

2.3. Caso concreto

La parte actora consideró vulneradas sus garantías constitucionales con
ocasión de la sentencia del 23 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar en el proceso de reparación directa que promovió
junto con otras personas, contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional, la Armada Nacional, la Policía Nacional y el Municipio de San Jacinto
(Bolívar). Este proceso se identificó con el radicado 13001-33-33-008-2015-
00418-01, al cual se acumuló el proceso 13001-33-33-008-2015-00102-00.

Para tal efecto, el demandante invocó la configuración de un defecto fáctico,
otro sustantivo y el desconocimiento del precedente.

El a quo negó el amparo solicitado, al considerar que ninguno de tales defectos

5
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.

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se configuró con la providencia acusada.

La parte actora impugnó, para lo cual sustentó su impugnación en la existencia
de un salvamento de voto frente a la sentencia acusada del 23 de noviembre de
2022, lo cual, evidencia que se incurrió en los aludidos defectos, pues “se han
dejado de valorar pruebas, como fue la prueba de la calidad de víctima”.

Para resolver, se considera:

De forma previa, se precisa que, el asunto cumple con el requisito de la
relevancia constitucional puesto que se trata de una controversia que involucra
derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de
sujetos de especial protección constitucional, con ocasión de la condición de
víctimas de un delito de lesa humanidad que se alegó en el proceso ordinario.

Adicionalmente, la parte actora cumplió con el deber de evidenciar una tensión
entre la providencia censurada y el núcleo esencial de las garantías
constitucionales alegadas, pues expuso los motivos por los cuales consideró
que sus derechos fueron vulnerados por la indebida valoración probatoria, ya
que el asunto requería de una flexibilización al respecto.

En ese orden, se observa que la controversia propuesta cumple con las reglas
establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 20226, toda
vez que, su finalidad no es la de convertir la acción de tutela en una instancia
adicional, ni reabrir el debate zanjado por en sede ordinaria, ni reemplazar los
recursos ordinarios ni extraordinarios para su defensa.

En lo particular, se debe destacar que, en asuntos relacionados con derechos
de las víctimas al interior de procesos de reparación directa -en especial,
situaciones que involucren graves violaciones a derechos humanos-, la Corte
Constitucional7 ha considerado que revisten una relevancia constitucional por la
naturaleza misma de la controversia y las garantías fundamentales
involucradas.

A su vez, se observa que, tal como lo precisó el a quo, se cumplen con los
demás presupuestos generales de procedencia: la inmediatez, la
subsidiariedad, que no se cuestiona un fallo de tutela y que se identificó de
manera razonable los hechos que generan la amenaza o vulneración del
derecho fundamental.

En cuanto al requisito de la subsidiariedad debe indicarse que, la parte actora

6
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
7
Al respecto, ver: Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, sentencia T-113 del 14.03.19.
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-272 del
12.08.21. M.P. Alberto Rojas Ríos

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manifestó su inconformidad respecto del debido cumplimiento del fallo T-117 de
2022 de la Corte Constitucional. Así se advierte de las pretensiones de la
demanda constitucional cuando indica lo siguiente: “…QUE EMITA UNA
NUEVA SENTENCIA, donde realmente se acate de fondo lo fallado en la tutela
T-117 de 2022 y en consonancia de eso, se valoren las pruebas del proceso
donde somos accionantes…”.

En relación con el cumplimiento de sentencias de tutela de la Corte
Constitucional, en el auto 288 de 2020 dicha corporación precisó el Decreto
2591 de 1991 prevé dos tipos de mecanismos para garantizar el cumplimiento
de las órdenes emitidas en las sentencias de tutela, que son:

i) el cumplimiento del fallo (artículo 27 ibidem) y;

ii) la imposición de sanciones a la autoridad renuente, mediante el trámite del
incidente de desacato (artículo 52 ibidem).

Por tanto, se observa que, el incumplimiento de una providencia judicial
proferida dentro de una acción de tutela es una violación sistemática de la
Constitución Política, por cuanto frustra la consecución de los fines esenciales
del Estado, por lo que es evidente que la obligación primordial del juez
constitucional es hacer cumplir íntegramente la orden judicial de protección,
conforme lo establece el artículo 27 ibidem.

Por su parte, el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta
la acción de tutela, dispuso que la persona que incumpliere una orden de un
juez proferida con base en dicha norma incurrirá en desacato sancionable con
arresto y multa, salvo que en el mismo se hubiere señalado una consecuencia
jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar
(inciso primero).

De igual manera, contempla el citado artículo, que la “sanción será impuesta
por el mismo juez mediante trámite incidental” y será consultada al superior,
quien debe decidir dentro de los tres días siguientes si debe revocarla (inciso
segundo).

En el juicio de constitucionalidad de dicho artículo, la Corte Constitucional
mediante sentencia C – 92 de 1997, declaró exequible el inciso primero de la
mentada norma y dispuso estarse a lo resuelto en la sentencia C – 243 de
1996, respecto de la expresión la “sanción será impuesta por el mismo juez
mediante trámite incidental”.

En todo caso, no se puede presumir que se ha incurrido en desacato por el solo
hecho del incumplimiento de un fallo de tutela; pues el parámetro que se debe
tener en cuenta lo da la orden impartida, esto es, debe existir certeza acerca de
la conducta esperada y la forma específica en que esta debe materializarse y
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esa orden es la que el juez verifica de manera rigurosa. Al respecto, el alto
tribunal constitucional señaló:

…En todo caso, para darle trámite al incidente de desacato, el juez
constitucional debe corroborar si, en efecto, la orden proferida en su
sentencia fue incumplida por parte de quien estaba obligado a ejecutar
actos positivos o negativos pues, de lo contrario, el ejercicio del poder
disciplinario jurisdiccional carecería de causa y finalidad.

En cuanto a la competencia para impartir el trámite correspondiente con el fin
de verificar el cumplimiento de un fallo de tutela, la Corte Constitucional ha
establecido que, por regla general, a dicha corporación no le corresponde dar
trámite al incidente de desacato de las sentencias de tutela, en la medida que
esto es competencia del juez de tutela, bien de única o de primera instancia.

Por lo que, principio general, es el Juez de primera instancia el encargado de
hacer cumplir la orden impartida así provenga de fallo de segunda instancia o
de revisión, ya que mantiene la competencia hasta tanto no se cumpla la orden
a cabalidad.

No obstante, se indica que, la mencionada corte ha asumido de manera
excepcional el cumplimiento de órdenes proferidas por un juez de tutela, en los
siguientes eventos:

“(i) Cuando el juez a quien le compete pronunciarse sobre el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Corte, no adopta medidas conducentes; (ii)
Cuando se ha presentado un manifiesto incumplimiento de las órdenes de
tutela, sin que el juez de primera instancia haya podido adoptar las
medidas que hagan efectiva la orden de protección, o cuando dichas
medidas han sido insuficientes o ineficaces; (iii) Cuando el juez de primera
instancia ha ejercido su competencia y la desobediencia persiste; (iv)
Cuando la autoridad desobediente es una Alta Corte, pues las mismas no
tienen superior funcional que pueda conocer de la consulta sobre la
sanción por desacato; (v) Cuando resulte imperioso salvaguardar la
supremacía e integridad del ordenamiento constitucional; (vi) Cuando la
intervención de la Corte sea indispensable para la protección efectiva de
los derechos fundamentales vulnerados o amenazados; (vii) Cuando en
presencia de un estado de cosas inconstitucional, que afecta a un conjunto
amplio de personas, se han emitido órdenes complejas, para cuya
efectividad es necesario un permanente seguimiento y la adopción de
nuevas determinaciones, de acuerdo con las circunstancias de una
situación que se prolonga en el tiempo”8

Sobre este supuesto excepcional, la Sala Plena de la aludida corte ha señalado
que:

8
Corte Constitucional, auto 033 de 2016, reiterada mediante Auto 394 de 2018.

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La Corte Constitucional puede asumir el cumplimiento excepcional de
estas órdenes de tutela, pero esa competencia no deriva, per se, de que la
autoridad cuestionada sea un alto tribunal, sino de supuestos objetivos,
ciertos y verificables, que advierten que, a pesar de la intervención del juez
de primera instancia, la desobediencia por esa corporación judicial se
mantiene9.

En el presente asunto, no se encuentra acreditado que, el accionante haya
acudido al juez constitucional de primera instancia –la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado que dictó el fallo del 29 de enero de
2021-, para formular el trámite incidental en cuanto al cabal acatamiento de la
acción de tutela que originó el pronunciamiento de la sentencia T-117 de
202210, ni que esta culminara su actuación sin verificar el cumplimiento de las
órdenes de tutela proferidas. Tampoco se encuentra acreditada ninguna de las
causales adicionales bajo las cuales la Corte Constitucional ha asumido
directamente la competencia para tramitar incidentes de desacato.

No obstante, por las particularidades del caso concreto, la sala considera
necesario pronunciarse en el siguiente sentido:

En primer lugar, se observa que, el a quo al dictar el fallo de primera instancia,
de manera detallada y precisa, se refirió a cada uno de los defectos invocados,
los cuales consideró que no tenían vocación de prosperar.

No obstante, se observa que, el demandante al impugnar manifestó su
inconformidad de manera genérica, sin detallar los motivos por los cuales
consideró que el fallo impugnado debía revocarse y, a cuáles pruebas se refirió
en concreto respecto del análisis del juez constitucional de primera instancia.

En efecto, se advierte que, su escrito de impugnación carece de carga
argumentativa para analizar el asunto conforme a los artículos 31 y 32 del
Decreto 2591 de 1991. Por lo que, resulta del caso precisar que constituye una
carga para el impugnante exponer los motivos de inconformidad con base en
los cuales recurre un fallo de tutela. Tal carga argumentativa se sustenta tanto
en las disposiciones del Decreto 2591 de 1991, como en los pronunciamientos
de la Corte Constitucional11 y esta Corporación12.

9
Corte Constitucional, auto 450 de 2019.
10
En la que se decidió: PRIMERO.- REVOCAR la Sentencia del catorce (14) de mayo de dos
mil veintiuno (2021) proferida en segunda instancia por la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, y en su lugar, CONFIRMAR la sentencia emitida en primera instancia, el
veintinueve (29) de enero de dos mil veintiuno (2021) por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, y por tanto TUTELAR el derecho fundamental al debido
proceso…
11
Ver entre otras la Sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional. La misma Corporación
en sentencia T-094-13 indicó: «e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. Esta exigencia es
comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales

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En efecto, las citadas corporaciones han señalado que cuando la tutela se
dirige a cuestionar una providencia judicial la parte actora tiene el deber de
identificar el derecho fundamental presuntamente vulnerado y “precisar los
hechos y las razones en que se fundamenta la acción”, lo cual presupone la
exposición clara de los defectos que adolece la decisión demandada, así como
fundamentar la impugnación.

En igual sentido esta Sala se pronunció mediante sentencia del 13 de octubre
de 201613, en la que consideró que “…cuando se trata de tutelas ejercidas en
contra de providencias judiciales, la parte recurrente no puede limitar su
intervención a la simple manifestación de no estar de acuerdo con la decisión
judicial de primera instancia, por el contrario, debe observar una carga mínima
que soporte los motivos de su impugnación, indispensable para que el juez de
tutela de segunda instancia conozca las razones de su desacuerdo y, así, se
adentre en el estudio que la misma requiere”.

Por lo que, se trata de una carga argumentativa que también debe cumplirse al
impugnar el fallo de tutela que permita al ad quem establecer cuáles son los
motivos de inconformidad respecto del pronunciamiento que en primera
instancia analizó de fondo lo solicitado con el escrito de tutela, la defensa de las
partes e intervinientes, además del material probatorio allegado.

De todas maneras, debe precisarse que esta exigencia puede morigerarse
cuando se trate de personas que se encuentren en situaciones de
vulnerabilidad y ello les impida formular una exposición detallada sobre el
concepto de la vulneración, caso en el cual, el juez de tutela puede, de manera
oficiosa, inferir los defectos que alegó el tutelante.

Así, se observa que, el tribunal demandado le reconoció la calidad de víctima
por haber acreditado su calidad de desplazado, este ostenta la calidad de sujeto
de especial protección; por lo que, se atenderá a dicha condición para superar

contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga
claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial,
que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos».
12
Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia 19 de septiembre
de 2018. Exp. 11001-03-15-000-2018-01300-01. Ver entre otras las sentencias del Consejo de
Estado del 12 de mayo de 2016 Exp. 2015-03501-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, del 25 de agosto de 2016 Exp. 2016-01130-01, 27 de octubre de 2016 Exp. 2016-
01234-01, 19 de septiembre de 2018. Exp. 11001-03-15-000-2018-01300-01 M.P. Rocío Araújo
Oñate, del 15 de diciembre de 2015 Exp. 11001-03-15-000-2015-01828-01. M.P Carlos Enrique
Moreno Rubio, del 9 de febrero de 2017. M.P. Rocío Araújo Oñate. Exp. 11001-03-15-000-
2016-02014-01, del 15 de noviembre de 2017. M.P. Rocío Araújo Oñate. Exp. 11001-03-15-
000-2017-01880-01 y del 26 de abril de 2018. Exp. 11001-03-15-000-2017-02928-01. M.P.
Rocío Araújo Oñate, del 9 de noviembre de 2017. Exp. 11001-03-15-000-2016-02743-01. M.P.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
13
Magistrado Ponente Dr. Alberto Yepes Barreiro. Ver igualmente las sentencias del 9 de
febrero de 2017. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2016-02014-01 y del 15 de
noviembre de 2017. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2017-01880-01.

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la falta de carga argumentativa para analizar el fondo del asunto, en segunda
instancia.

Por lo anterior, debe precisarse que la parte accionante hizo mención de un
salvamento de voto de la sentencia acusada, sin explicar el motivo por el cual le
resultaba favorable.

Al respecto, la sala precisa que estos corresponden a discrepancias respecto
de la decisión adoptada mayoritariamente por la sala o corporación
respectiva14; lo cual no invalida ni le resta validez a la providencia en cuestión.

De manera que, los salvamentos de voto corresponden a opiniones disidentes
que no deslegitiman ni descalifican la decisión adoptada frente a la que se
presenta la discrepancia a través de dicho medio.

Adicionalmente, el impugnante refirió que “se han dejado de valorar pruebas,
como fue la prueba de la calidad de víctima”; no obstante, no especificó a
cuáles pruebas concretas se refería.

En todo caso, se observa que, en el escrito inicial de tutela, el demandante
únicamente enlistó algunas pruebas presuntamente no valoradas e indicó de
forma general algunas con las que, a su juicio, demostraban que se presentaron
las respectivas denuncias ante las autoridades demandadas y, por tanto, estas
tenían conocimiento de los hechos de violencia que se presentaban en la zona.

No obstante, se observa que el tribunal demandado, estableció lo siguiente
acerca del reproche del actor:

Nótese que, de las pruebas arrimadas, se advierte que algunas de las fechas
del desplazamiento de los demandantes ni siquiera coinciden con las fechas
aquí descritas en el libelo frente a los hechos descritos en el caso que nos
ocupa.

…

Así las cosas, desde el punto de vista jurídico, en el caso en concreto la parte
demandante no logra acreditar que las entidades aquí accionadas, con las
pruebas documentales ni con los testimonios recaudados, hayan omitido sus
deberes misionales de protección y seguridad y muchos menos que hayan
participado de forma activa en los actos ilícitos que dieron lugar al
14
Ley 270 de 1996: “ARTÍCULO 56. FIRMA Y FECHA DE PROVIDENCIAS Y CONCEPTOS. El
reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, de la Sala
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo de Estado, respectivamente,
determinará, entre otras, la forma como serán expedidas y firmadas las providencias, conceptos
o dictámenes adoptados. En dicho reglamento se deberá además incluir un término perentorio
para consignar en el salvamento o la aclaración del voto los motivos de los Magistrados que
disientan de la decisión jurisdiccional mayoritaria, sin perjuicio de la publicidad de la sentencia.
La sentencia tendrá la fecha en que se adopte.”

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desplazamiento, dado que como se indicó con precedencia, no puede
atribuirse responsabilidad objetiva en este tipo de asuntos, sin que haya sido
acreditado que con anterioridad al desplazamiento hayan puesto en
conocimiento de las autoridades la situación presentada y que esta fuese
totalmente previsible y evitable, cuestión que no ocurrió en el sub examine.
…
…la Sala debe aclarar, que la condición de desplazada y los derechos
derivados de los programas de atención a los demandantes, no se
encuentran en discusión, ya que de acuerdo a lo probado en el proceso los
demandantes continúan inscritos y cobijados por los beneficios del sistema de
protección a las víctimas del conflicto armado. Por consiguiente, es preciso
resaltar, que lo que no se encuentra probado en el plenario, es la imputación
de un supuesto desplazamiento por fallas en el servicio de las entidades
demandadas por los hechos ocurridos el 25 de julio y 27 de septiembre de
1999 en el corregimiento de Las Palmas del municipio San Jacinto – Bolívar.

En este orden, la Sala se abstendrá en el sub lite de endilgar responsabilidad
a la Nación a título de falla en el servicio por acción y omisión en el deber de
protección, pues las pruebas que obran en el plenario no dan certeza del
conocimiento previo de las situaciones particulares de estos demandantes, y
que la solicitud de protección haya sido desconocida por las demandadas.

Además, se precisa que las razones del tribunal demandado para negar el
mencionado reproche del actor acerca de las certificaciones consistieron en que
existían omisiones en los mencionados documentos, lo cual le impedía a dicha
corporación “darle veracidad al mismo”, pues no le brindaban certeza sobre lo
allí manifestado. Esto, al desconocerse la fecha de expedición de ese
certificado, por lo que, carecía de sobre si para el momento de su expedición
realmente el señor Jaime Arango Viana era alcalde de ese municipio. Por lo
que, señaló que, incluso, revisada su hoja de vida publicada en el SIGEP,
página que administra la función pública… se tiene que según la información
que allí reposa, para el momento de los hechos, el señor Jaime Rafael no era
alcalde, incluso, no aparece que haya ejercido esa dignidad en alguna ocasión.

Al respecto, se encuentra que, la autoridad demandada puntualizó lo siguiente:

Existe una primera certificación de fecha 6 de julio de 1999 en el cual el señor
Jaime Arango Viana en su calidad de presunto Alcalde Municipal de San
Jacinto de Bolívar certifica que unas personas se acercaron a las
instalaciones de la Alcaldía a colocar una denuncia sobre que las
Autodefensas Unidas de Colombia amenazaron de muerte a los pobladores
del Corregimiento de las Palmas. Frente a este certificado es dable analizar lo
siguiente: (I) según la demanda los hechos que provocan el desplazamiento
de la población no son los presuntos hechos ocurridos en julio de 1999 sino
los acaecidos presuntamente en septiembre de 1999 (ii) se omite indicar
quiénes fueron a denunciar (iii) omite certificar que efectivamente le diera
aviso a la fuerza pública, (iv) se desconoce que en realidad el señor Jaime
Arango Viana fuera Alcalde Municipal de San Jacinto de Bolívar para la época
de los hechos...
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Demandante: Néstor Ramón Sierra Hamburger
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Rad: 11001-03-15-000-2023-05819-01

En lo que respecta a otro certificado a través del cual el señor Jaime Arango
Viana en su calidad de presunto Alcalde Municipal de San Jacinto de Bolívar,
manifiesta que dio aviso inmediato a las autoridades como son Policía
Nacional, Ejército Nacional y la Armada frente a los hechos ocurridos el 25 de
julio de 1999 y 28 de septiembre de 1999 en el Corregimiento de las Palmas,
se tiene en primer lugar que (i) esa certificación no cuenta con fecha de
expedición, (ii) omite señalar una fecha específica respecto al momento en
que dio aviso a las autoridades de policía y militares, (iii) omite señalar a
través de qué medios envió el aviso y quién o qué dependencia recepcionó el
mismo; (iv) también omitió indicar quiénes fueron las personas que se
acercaron a denunciar, (v) se desconoce que en realidad el señor Jaime
Arango Viana fuera Alcalde Municipal de San Jacinto de Bolívar para la época
de los hechos.

Por lo expuesto, para la sala, la postura de flexibilización probatoria no puede
ser empleada para la totalidad de los casos en los que se invoque tal
circunstancia, pues debe atenderse también a las particularidades de cada caso
en concreto.

En el presente asunto, no existió desamparo u orfandad probatoria para las
partes; por tanto, tal criterio no resultaba aplicable, máxime cuando quedó
demostrado en el proceso ordinario.

De modo que, la autoridad judicial cuestionada no se limitó única y
exclusivamente a unos determinados medios de prueba, pues hizo un análisis
conjunto de los elementos demostrativos, a partir de los cuales soportó la
decisión judicial, con aplicación de las reglas de la sana crítica y la valoración
de los medios de prueba.

Por tanto, si bien el actor invocó una indebida valoración, lo cierto es que lo que
pretende es que se le dé el valor probatorio diferente al cual le dio el juez de la
causa para que sea beneficioso a sus intereses.

Para la sala, exigir a la autoridad judicial un análisis que tenga por probados
unos hechos de manera indiciaria pese a que no se estructuraron los elementos
necesarios para ello, corresponde a una valoración probatoria que rompe con la
autonomía judicial y suplanta al juez ordinario.

En consecuencia, se confirmará el fallo de tutela impugnado.

FALLA

PRIMERO: Confírmase la sentencia del 1° de marzo de 2024, a través de la
cual la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado negó el
amparo solicitado, conforme a lo señalado en la parte motiva de la presente
providencia.

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Demandante: Néstor Ramón Sierra Hamburger
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Rad: 11001-03-15-000-2023-05819-01

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los terceros en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y envíese copia de esta al despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Salva voto

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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