RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-05820-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05820-00

Fecha
26 de octubre de 2023
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05820-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Fiduprevisora S.A. SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por la señora Arney del Rosario Sáenz Reyes contra el Tribunal Administrativo de 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co s Demandante: Arney del Rosario Sáenz Reyes Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre- Sala Tercera de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-05820-00 Sucre, Sala Tercera de Decisión. TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-05820-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

26 de octubre de 2023

s
Demandante: Arney del Rosario Sáenz Reyes
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre- Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05820-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D. C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05820-00
Demandante: ARNEY DEL ROSARIO SÁENZ REYES
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, SALA
TERCERA DE DECISIÓN

Tema: Tutela contra providencia judicial. Sanción moratoria por
pago tardío de cesantías. Declara improcedencia por falta
de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991

I. ANTECEDENTES

1.1 solicitud de amparo

La señora Arney del Rosario Sáenz Reyes, a través de apoderado judicial,
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Sucre Sala
Tercera de Decisión con el fin de que le sean amparados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la situación más
favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de
las fuentes formales de derecho, a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y a los principios constitucionales de la perpetuatio jurisdictionis, a
la seguridad jurídica y al desconocimiento de precedente judicial vertical.

Consideró vulneradas dichas garantías con ocasión de la providencia del 21
de junio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre – Sala
Tercera de Decisión, que revocó la sentencia del 3 de noviembre de 2022
dictada por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Sincelejo (Sucre) para en su lugar negar las pretensiones de la demanda,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
instaurado por la actora contra la Nación- Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento
de Sucre- Secretaría de Educación Departamental, radicado con el número

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

s
Demandante: Arney del Rosario Sáenz Reyes
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre- Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05820-00

70-001-33-33-002-2022-00123-00/01.

1.2. Pretensiones

En concreto, solicitó lo siguiente:

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE en la
sentencia proferida el día 21/6/2023, en el expediente rad. No.
70001333300220220012301, transgredió los derechos fundamentales: AL
DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN
MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE
DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD
JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL
VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión
no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia
constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso
administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos
fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SUCRE; dejar sin efectos la providencia referida en
el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de
precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en
las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda
del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el
reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la
demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes
expedientes, (. . . . )”

La solicitud tuvo como fundamento, los siguientes:

1.3. Hechos

Indicó la señora Arney del Rosario Sáenz Reyes que labora como docente
con la entidad territorial certificada en Educación del Departamento de Sucre
después del año de 1990.

Expuso que el día 15 de febrero de 2021, no le fueron consignadas por parte
del Ministerio de Educación Nacional al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio las cesantías que le corresponden por los servicios
prestados durante el año 2020.

Afirmó que el día 12 de agosto de 2021, solicitó a la Secretaría de Educación
de Sucre, además de su pago, también el reconocimiento de la sanción por
mora establecida en el artículo 99 de la ley 50 de 1990 y en la reiterada
jurisprudencia del H. Consejo de Estado Sección Segunda.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

s
Demandante: Arney del Rosario Sáenz Reyes
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre- Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05820-00

Informó que la Secretaría de Educación del departamento de Sucre remitió la
solicitud a la Fiduciaria La Previsora S.A. sin que hubiera dado respuesta.

En consecuencia, de lo anterior, promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Educación
Nacional -Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el
departamento de Sucre Secretaría de Educación, para que se dejara sin
efecto el acto administrativo ficto negativo configurado el 12 de noviembre de
2021.

El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo en
sentencia del 3 de noviembre de 2022 declaró la nulidad parcial del acto
administrativo ficto en lo referente al reconocimiento de la sanción por mora
derivada del no pago oportuno de las cesantías de conformidad con lo
establecido en la Ley 50 de 1990, ordenando a título de restablecimiento al
pago de un día de salario desde el 15 de febrero de 2021 hasta cuando su
cancelación se realizara, negando las demás pretensiones.

Expuso con fundamento en la sentencia SU 41 de 2020 de la Corte
Constitucional acogida en la providencia del 9 de mayo de 2022 proferida por
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que al haber
ingresado la demandante como docente al departamento de Sucre en el año
2000 le aplica lo dispuesto en la Ley 50 de 1990 para la consignación antes
del 15 de febrero del año siguiente de las cesantías causadas en el año
anterior. En cuanto a los intereses e indexación consideró que no había lugar
a su reconocimiento por haberse realizado el pago de los primeros en el
término de que trata el Acuerdo 39 de 1998 y que la sanción moratoria no es
un mecanismo de indexación que proteja el valor adquisitivo, por tratarse de
una penalidad por el no pago oportuno de las cesantías.

Interpuesto recurso de apelación por las partes, el Tribunal Administrativo de
Sucre, Sala Tercera de Decisión en sentencia del 21 de junio de 2023 revocó
el fallo de primera instancia para negar la totalidad de las pretensiones.
Consideró el ad quem, que la sanción moratoria que contempla la Ley 50 de
1990 por la no consignación oportuna de las cesantías no es aplicable por
cuanto los docentes cuentan con un régimen especial previsto en la Ley 91
de 1989, el cual funciona bajo el concepto de unidad de caja sin que proceda
la consignación de la citada prestación a cada docente en cuenta individual.

Concluyó que a los docentes oficiales solo le es aplicable la Ley 91 de 1989,
normativa que establece de manera clara el reconocimiento de la prestación
y sus intereses, sin que admita interpretación distinta y mucho menos sea
opuesta a alguna norma que regule el régimen docente.

1.4. Sustento de la petición

A juicio de la tutelante, la autoridad judicial cuestionada incurrió en defecto
sustantivo por indebida interpretación de las leyes 91 de 1989, 50 de 1990 y
344 de 1996, toda vez que en estas sí se prevé la posibilidad de reconocer la
3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

s
Demandante: Arney del Rosario Sáenz Reyes
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre- Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05820-00

sanción moratoria y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las
cesantías a favor de los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.

Puntualizó que el Ministerio de Educación Nacional debe acogerse a los
postulados que garantizan los derechos laborales de los profesores, pues si
bien es cierto que de la evolución normativa se desprende la
descentralización del servicio educativo en cabeza de las entidades
territoriales, también lo es que ninguna ley despojó a la Nación de la
obligación que tiene de consignar al respectivo fondo las prestaciones
correspondientes.

Cuestionó el hecho de que en la providencia objeto de reproche se indicara
que en la unidad de caja que posee el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio para el manejo de los recursos de la salud, las
pensiones y las cesantías, también existen recursos del Ministerio de
Educación Nacional y de la entidad, pues esto no es cierto.

Afirmó, que el tribunal al aplicar la postura del Consejo de Estado de no
hacer extensivo el régimen general en materia de sanción moratoria por el
pago tardío de las cesantías a las personas amparadas por un régimen
especial como son los docentes del sector oficial, incurrió en violación directa
de la Constitución, al desconocer el principio de favorabilidad del trabajador
contenido en el artículo 53 de la Carta, para el evento de duda en la
interpretación de las fuentes formales del derecho.

Refirió que el tribunal accionado desconoció el precedente fijado por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018 y por la Sección Segunda del
Consejo de Estado1, que aunque existían dos posiciones en torno al tema
controvertido, actualmente se ha acogido una interpretación favorable, según
la cual, a los educadores oficiales vinculados después del 1º de enero de
1990 les resulta aplicable la Ley 50 de 1990.

1.5. Trámite e intervenciones

Mediante auto del 3 de octubre de 2023, el despacho admitió la acción de
tutela, ordenó notificar esta decisión a la parte actora y como demandado al
Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión.

Además, vinculó al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Sincelejo, al Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y al departamento de Sucre –
Secretaría de Educación Departamental, como terceros por tener interés en
el resultado del presente mecanismo constitucional.

1
Trajo a colación, entre otras, las sentencias proferidas el 6 de agosto de 2020, rad. 08001-
23-33-000-2013-00666-01; 24 de enero de 2019, rad. 76001-23-31-000-2009-00867-01; 2 de
diciembre de 2019, rad. 08001-23-33-000-2014-00173-01; 10 de junio de 2020, rad. 08001-
23-33-000-2014-00208-01; 22 de octubre de 2020, rad. 08001-23-31-000-2014-00254-01; 2
de noviembre de 2020, rad. 08001-23-33-000-2014-00132-01 y 17 de junio de 2021, rad.
08001-23-31-000-2014-00815-01.
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

s
Demandante: Arney del Rosario Sáenz Reyes
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre- Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05820-00

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones2, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Sucre

La magistrada ponente de la decisión atacada explicó que la accionante
pretende utilizar la acción constitucional como una tercera instancia con el fin
de que se estudie nuevamente la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de
1990 a los docentes para el pago de la sanción moratoria por el no pago
oportuno de las cesantías y sus respectivos intereses.

Reiteró que la providencia cuestionada explicó que la sentencia SU 098 de
2018 en cuanto a la indemnización por el no pago de las cesantías de
manera oportuna solo es aplicable para los docentes que no hayan sido
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio que
conlleva a la imposibilidad de consignar y trasladar al fondo sus cesantías.

En consecuencia, solicitó se declare improcedente la acción constitucional
por falta de relevancia constitucional.

1.6.2. Nación- Ministerio de Educación Nacional

Mediante oficio enviado por el jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio,
manifestó que la presente acción de amparo es improcedente porque carece
carencia de relevancia constitucional, conforme a lo considerado por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019 al tratarse de un debate de
carácter legal y/o económico.

Concluyó que la pretensión de la accionante no es susceptible de revisión
constitucional en sede de tutela, pues carece de mérito constitucional para
ser abordada y, especialmente, para infringir los principios de autonomía e
independencia judicial que cobija al funcionario que profirió la decisión
atacada.

1.6.3. Fiduprevisora S.A.

En calidad de vocera del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio en virtud del cumplimiento del contrato de fiducia mercantil
suscrito con la Nación – Ministerio de Educación, informó que la persona
responsable de dar cumplimiento a las providencias judiciales derivadas de
procesos de tutela es el Dr. Edwin Alfredo González Rangel, en su calidad de
vicepresidente Fondo de Prestaciones del Magisterio Encargado.

2
Mediante oficios enviados por correo electrónico el 5 de octubre de 2023.
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

s
Demandante: Arney del Rosario Sáenz Reyes
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre- Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05820-00

Así mismo manifestó que la tutela es improcedente por no haber incurrido los
funcionarios judiciales que conocieron el proceso ordinario, en vulneración de
las garantías fundamentales de la accionante, por el contrario, aplicaron la
normativa establecida y los precedentes judiciales pertinentes para el objeto
del proceso.

Solicitó su desvinculación por actuar como vocera y administradora del
Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.

A pesar de haberse notificado en debida forma, el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Sincelejo, y el departamento de
Sucre – Secretaría de Educación Departamental, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sección es competente conocer de la presente acción de tutela
presentada por la parte demandante contra la providencia del 21 de junio de
2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de
Decisión de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el numeral 5 del
artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación.

2.2. Cuestión Previa

La Sala negará la solicitud de desvinculación efectuada por la entidad
Fiduprevisora S.A., por cuanto su convocatoria lo fue en calidad de tercero,
por tener interés en el resultado del presente mecanismo constitucional.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala analizar si la solicitud de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, de superarse lo anterior, deberá
verificar si el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social,
a la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho, a la igualdad, de acceso a
la administración de justicia y a los principios constitucionales de la
perpetuatio jurisdictionis, a la seguridad jurídica y al desconocimiento de
precedente judicial vertical, al incurrir presuntamente en defecto sustantivo,
desconocimiento del precedente y violación de la Constitución.

Para el efecto, se estudiará: i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; ii) el estudio sobre la relevancia constitucional y, iii) el
caso concreto.
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

s
Demandante: Arney del Rosario Sáenz Reyes
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre- Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05820-00

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
20123, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por cuanto las
distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas
diversas sobre el tema4.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección,
decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción contra providencias
judiciales5.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados
hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20146, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial.

2.5. Estudio sobre la relevancia constitucional

En relación con la relevancia constitucional, la Sala cita como antecedente la
sentencia de tutela del 29 de septiembre de 20227, mediante la cual se
declaró la improcedencia de la acción por no superar el requisito de
relevancia constitucional ya que el actor no propuso ningún debate jurídico
en torno a la trasgresión de algún derecho fundamental y lo que pretendía
era someter nuevamente a discusión lo que analizó el juez natural de la
causa.

La Corte Constitucional, en la sentencia SU-573 del 2019, al momento de
estudiar los requisitos de procedibilidad en sede de revisión, encontró que la
acción de tutela carecía de relevancia constitucional.

3
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN
DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.
4
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñada.
5
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia.
6
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto
de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica.
actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7
Referencia: Acción de Tutela. Radicación: 11001-03-15-000-2022-03365-01.
Demandante: Darío José Montero Guerrero. Demandados: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B y Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral A.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

s
Demandante: Arney del Rosario Sáenz Reyes
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre- Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05820-00

En el citado anterior fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga
un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial “…el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada’. Asimismo,
enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el
análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre…”.

El Tribunal constitucional consideró que la acción de tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del
fallo cuestionado. Por lo que, no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada corporación precisó que las finalidades de este requisito
son las siguientes:

“(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal8”
(Énfasis de la Sala).

El alto tribunal en mención, luego de abordar los criterios que debe reunir
una solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para superar el
requisito de la relevancia constitucional, consideró que el mecanismo de
tutela no cumplía con este postulado, puesto que:

i) No tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución
Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental,

ii) involucraba un debate eminentemente legal,

iii) planteaba una discusión preponderantemente económica y,

iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se
demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.

2.6. Caso concreto

La parte actora cuestionó la providencia del 21 de junio de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión que

8
Sentencia SU 573 de 2019.
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

s
Demandante: Arney del Rosario Sáenz Reyes
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre- Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05820-00

revocó el fallo del 3 de noviembre de 2022 emitido por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo (Sucre), y en su lugar negó
las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurado por la actora contra la Nación-
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio y el departamento de Sucre- Secretaría de Educación
Departamental, radicado con el número 70-001-33-33-002-2022-00123-
00/01.

El requisito de la relevancia constitucional como presupuesto general de la
acción de tutela tiene tres finalidades, a saber:

“… (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional9 y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad10; (ii) restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que
afecten los derechos fundamentales11 y, finalmente, (iii) impedir que la acción
de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces12”.

Por tanto, en la controversia que se plantea en el marco de una acción de
tutela debe advertirse su trascendencia constitucional, pues de lo contrario,
el juez constitucional tendría que inmiscuirse en cuestiones que desbordan
su competencia y podrían desnaturalizar el carácter excepcional y especial
de la solicitud de amparo.

La Sala observa que, la discusión esbozada por la actora versa sobre una
cuestión de interpretación meramente legal, que no impacta la garantía de
derechos fundamentales sino patrimoniales, por cuanto la autoridad
accionada REVOCÓ la sentencia proferida el 3 de noviembre de 2022 por el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, y en su
lugar, NEGÓ las pretensiones de la demanda, pronunciamiento que vulneró
los derechos fundamentales invocados.

Lo anterior, debido a que se negaron las pretensiones de la demanda dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió
en su condición de docente, con el propósito de obtener el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
así como la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías,
según el artículo 1º de la Ley 52 de 1975.

De modo que el objeto del debate se centra en que, a juicio de la tutelante, la
normativa que regula la liquidación anual de las cesantías de los servidores
públicos también aplica a los educadores oficiales y, por ello, se le debía
consignar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a más
tardar el 14 de febrero de 2021 dicha prestación, correspondiente al servicio

9
“Sentencia C-590 de 2005.”
10
“Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008...”.
11
“Sentencia C-590 de 2005.”
12
“Sentencia T-102 de 2006.”
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

s
Demandante: Arney del Rosario Sáenz Reyes
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre- Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05820-00

que prestó durante el año anterior.

Por consiguiente, para la Sala es evidente que la acción de tutela carece de
relevancia constitucional por cuanto el asunto en estudio gira en torno a una
cuestión meramente legal y de carácter económico, pues la inconformidad de
la señora Sáenz Reyes se limita al pago de derechos patrimoniales –sanción
moratoria e intereses anuales a las cesantías–, más allá de estar orientado a
la protección de los derechos fundamentales alegados, de modo que la
situación descrita es “de competencia exclusiva del juez ordinario”, por lo que
al juez de tutela no le corresponde zanjar aspectos como el que aquí se trata.

Para la Sala es importante resaltar que la Sección Segunda del Consejo de
Estado, como órgano de cierre especializado en la materia objeto de estudio,
unificó jurisprudencia sobre la procedencia de aplicar la sanción moratoria
establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la indemnización de la
Ley 52 de 1975 a favor de los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio. Para el efecto, mediante sentencia de
11 de octubre de 2023, dispuso:

Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la
sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50
de 1990, comoquiera que es incompatible con el sistema de
administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989. Sin
embargo, al personal docente en servicio activo que no esté afiliado al
FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción
moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social en
favor del docente estatal.

La sentencia referida resuelve de manera definitiva la controversia expuesta
por la accionante, lo cual ratifica que el presente asunto carece de relevancia
constitucional al determinarse que los docentes estatales afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no tienen derecho al
reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías ni
al pago de intereses.

Por lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por
carecer de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Fiduprevisora S.A.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por la
señora Arney del Rosario Sáenz Reyes contra el Tribunal Administrativo de

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

s
Demandante: Arney del Rosario Sáenz Reyes
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre- Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05820-00

Sucre, Sala Tercera de Decisión.

TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.