Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05871-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05871-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-05871-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
9 de noviembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05871-00
Demandante: Abelardo José García Díaz
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05871-00
Demandante: ABELARDO JOSÉ GARCÍA DÍAZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE
Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL –
REQUISITOS GENERALES DE PROCEDIBILIDAD.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela presentada, mediante apoderado, por el señor
Abelardo José García Díaz contra el Tribunal Administrativo de Sucre, de conformidad
con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El señor Abelardo José García Díaz, mediante apoderado, interpuso acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Sucre, por estimar vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, situación más favorable al
trabajador en caso de dudad en la aplicación e interpretación de las fuentes formales
de derecho, garantía a la seguridad social, a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia, principio constitucional de la perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica,
al desconocimiento de precedente judicial vertical. En consecuencia, formuló las
siguientes pretensiones:
“2. (…) se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE; dejar sin efectos la providencia
referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de
precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU
098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante
diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue
solicitada en la demanda (…).”
2. Hechos
De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:
El señor Abelardo José García Díaz laboró como docente en la planta de personal del
municipio de Sucre después del 1 de enero de 1990.
El demandante afirmó que no fueron consignadas sus cesantías del año 2020 por
parte de Ministerio de Educación Nacional al Fondo de Prestaciones Sociales del
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Demandante: Abelardo José García Díaz
Magisterio (en adelante FOMAG) en el término legal establecido, esto es, a más tardar
el 15 de febrero del 2021.
El 6 de agosto de 2021, el actor le solicitó al Ministerio de Educación el reconocimiento
y pago de la sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías del año 2020
en el respectivo fondo, con fundamento en el régimen establecido en la Ley 50 de
1990. Esa solicitud fue trasladada a la Fiduciaria La Previsora, quien no contestó la
petición.
Por lo anterior, el demandante ejerció medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y el municipio de Sucre, con el fin de que se
declarara la nulidad del acto ficto por el cual se negó el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria contemplada en la Ley 50 de 1990 y la indemnización por el pago
tardío de los intereses de las cesantías.
El Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo, en sentencia del 30 de septiembre
de 2022, accedió parcialmente las pretensiones de la demanda, al considerar que era
procedente condenar al pago de la sanción moratoria por la no consignación de las
cesantías antes del 15 de febrero de 2021, en virtud del principio de favorabilidad que
permite aplicar lo previsto en la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales. Lo anterior,
en concordancia con la jurisprudencia proferida por la Sección Segunda, Subsección
A del Consejo de Estado1.
La Fiduprevisora S.A. apeló la mencionada decisión con fundamento en que a los
docentes oficiales afiliados al Fomag no les es aplicable el régimen de sanción
moratoria previsto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, porque: i) estos se
encuentran amparados por un régimen especial de prestaciones sociales previsto en
la Ley 91 de 1989; ii) el legislador no contempló sanción moratoria alguna por la mora
en la consignación de la cesantía.
El Tribunal Administrativo de Sucre, en sentencia de 25 de abril de 2023, revocó la
decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda,
porque, en el régimen prestacional docente, no se contempló sanción moratoria por la
consignación extemporánea del auxilio de las cesantías o por el pago retardado de
sus intereses. De modo que no era posible hacer extensiva la sanción moratoria
prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al actor, quien se encuentra cubierto
por el sistema anualizado de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989, porque no
existe norma jurídica que así lo contemple.
Además, advirtió que no es aplicable la sentencia SU-098 de 2018 y las decisiones
proferidas por el Consejo de Estado, en las que por favorabilidad se aplicó a los
docentes la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pues
los supuestos fácticos en el presente proceso eran distintos a los analizados en esas
decisiones, criterio adoptado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-537 de
2019.
1 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 9 de mayo de 2022, Radicación:
08001-23-33-000-2017-00795-01 (2659-2020).
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Demandante: Abelardo José García Díaz
3. Argumentos de la acción de tutela
A juicio del demandante, el Tribunal Administrativo de Sucre incurrió en defecto
sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente
judicial, con fundamento en las razones que se pasan a señalar.
Resaltó que las Secciones Primera y Tercera del Consejo de Estado, en sede de
tutela, al estudiar casos con similares supuestos fácticos, encontraron que los asuntos
cumplieron con los requisitos general de procedencia de tutela contra providencia
judicial, por lo que adelantaron estudio de fondo.
Manifestó que se incurrió en defecto sustantivo, pues, a su juicio, la autoridad
demandada no tuvo en cuenta que el Decreto 1582 de 1998 2 extendió el sistema de
cesantías del sector privado, esto es, la Ley 50 de 1990, a los empleados del sector
público del nivel territorial, vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996. Que, por
lo tanto, los empleados públicos del nivel territorial quedaron cobijados por la sanción
moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
Expresó que, si bien los docentes gozan de un régimen prestacional especial en virtud
de los principios de favorabilidad, igualdad y condición más beneficiosa, a los
docentes se les debe aplicar las normas del régimen general pues es en el que se
establece la sanción moratoria, por consignación tardía de las cesantías en el fondo.
De ahí que, se configure violación directa de la Constitución, específicamente del
artículo 53 superior, que ordena la aplicación de la situación más favorable para el
trabajador.
Respecto al desconocimiento del precedente judicial, manifestó que se desatendió lo
señalado por la Corte Constitucional en las sentencias de unificación SU-098 de 2018,
SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020 y las sentencias del Consejo de Estado, en las
que se definió que la Ley 50 de 1990 le resulta aplicable a los docentes vinculados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y, por ello, tienen derecho al
reconocimiento de la sanción por mora derivada de consignación tardía de las
cesantías anuales, entre ellas citó como desconocidas las siguientes sentencias
proferidas por esta Corporación de 6 de agosto de 20203, 24 de enero de 20194, de
17 de junio de 20195, 28 de junio de 20196, 29 de julio de 20197, 2 de diciembre de
2 Que reglamentó el régimen de cesantía de la Ley 344 de 1996, ley que la actora estimó aplicable por
virtud del Decreto 1252 de 2000.
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-
2013- 00666-01 (0833-16), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de enero de 2019, Exp. 76001-23-31- 000-
200900867- 01 (4854-2014), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
5
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2019, Exp. 11001-03-15-000-
2018-04617-01), C.P. Nicolas Yepes Corrales.
6
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 28 de junio de 2019, Exp. 11001-03-15-
000-2018-04679-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
7
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de julio de 2019, Exp. 1001-0315- 000-2018-
03499-01, C.P. Nicolas Yepes Corrales.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05871-00
Demandante: Abelardo José García Díaz
20198, 10 de junio de 20209, 22 de octubre de 202010, 12 de noviembre de 202011, 17
de junio de 202112, 4 de noviembre de 202113, 25 de noviembre de 202114, 11 de
noviembre de 202115, 20 de enero de 202216, 3 de marzo de 202217, 28 de abril de
202218, 9 de mayo de 202219, 19 de mayo de 202220, 1 de julio de 202221, 22 de agosto
de 202222, 22 de septiembre de 202223, 19 de enero de 202324 y 26 de enero de
202325.
Anotó que las sentencias citadas no fueron tenidas en cuenta en la providencia objeto
de tutela, ni sobre ellas hubo ningún tipo de pronunciamiento al interior del proceso
ordinario.
Además, expresó que existe abundante jurisprudencia respecto al tema, por lo que no
se hacía necesario que el máximo órgano de lo contencioso administrativo profiriera
sentencia de unificación, respecto a la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes
afiliados al FOMAG.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de diciembre de 2009, Exp. 08001 23 33 000
2014 00173-01 (1688-16), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de junio de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-
2014- 00208-01(0324-2016), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de octubre de 2020, Exp. 08001-23-31- 000-
2014- 00254-01(4960-2017), C.P. William Hernández Gómez.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de noviembre de 2020, Exp. 08001-23-33-
000-2014- 00132-01, C.P. William Hernández Gómez.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 17 de junio de 2021, Exp. 08001 23 31 000
2014 00815 01 (4979–2017), C.P. Gabriel Valbuena Hernández y Exp. 08001-23-33- 000-2015- 00331-
01), C.P. César Palomino Cortés.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de noviembre de 2021, Exp. 19001-23-33-
000-2015- 00445- 02(0483-20), C.P. William Hernández Gómez.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021, Exp. 08001-23-33-
000-2014- 01127-01 (1002-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra; Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia del 25 de noviembre de 2021, Exp. 40001-23-40- 000-2017- 00134-01 (2208-2020), C.P.
William Hernández Gómez.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-23- 40-
000-2015- 90008-01 (2387-2020), C.P. William Hernández Gómez; Consejo de Estado, Sección
Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-23- 40-000-2014- 90022-01 (5154-
2016), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 20 de enero de 2022, Exp. 080001-23- 33-000-
2017- 00931-01 (1001-2021), C.P. Gabriel Valbuena Hernández
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de marzo de 2022, Exp. 080001-23- 33-000-
2015- 00075-01 (2660-2020), C.P. William Hernández Gómez.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de abril de 2022, Exp. 76001-23-33- 000-
2013- 00756-01 (2224-2020), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de mayo de 2022, Exp. 080001-23- 40-000-
2017- 00795-01 (2659-2020), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-23- 33-000-
2019- 00359-01 (4004-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-23- 33-000-
2019- 00376-01 (4462-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de agosto de 2022, Exp. 08001-23-33- 000-
2015- 00509-01 (2140-2020), C.P. César Palomino Cortés.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2022, Exp 08001-23-33-
000-2015- 90124-01 (2394-2020), C.P. César Palomino Cortés.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de enero de 2023, Exp 76001-23-31- 000-
2012- 00212-02 (4470-2021), C.P. William Hernández Gómez.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 26 de enero de 2023, Exp 47001-23-33- 000-
2018- 0231-01 (0871-2020), C.P. Rafael Francisco Gómez.
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Demandante: Abelardo José García Díaz
Finalmente, destacó que el tribunal demandado también desatendió sentencias
dictadas por diferentes juzgados y tribunales administrativos del país, que, según dice,
junto con las providencias ya citadas, reconocieron la aplicación de la Ley 50 de 1990
a los docentes públicos.
4. Trámite previo
Mediante auto de 5 de octubre de 2023, el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela, ordenó notificar al demandante a los Magistrados que conforman la Sala
Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre. Adicionalmente, al titular del
Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo, a la Nación – Ministerio de Educación
Nacional –Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)-, al
Departamento de Sucre y a la Fiduprevisora S.A., como terceros interesados. Y, a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 610 del Código General del Proceso.
5. Oposiciones
El Tribunal Administrativo de Sucre solicitó que se declare improcedente el amparo
requerido por el actor, porque no cumple con el requisito de relevancia constitucional,
pues pretende utilizar la acción de tutela como una tercera instancia del proceso
ordinario.
Expresó que no ha sido proferida sentencia unificación que obligue a las autoridades
judiciales a aplicar por favorabilidad la sanción moratoria de que trata el artículo 99 de
la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG. Además, advirtió que la
situación fáctica que se planteó en la demanda es disímil a la analizada en la SU-098
de 2018 y en las sentencias proferidas por el Consejo de Estado, pues en esos casos
se accedió a las pretensiones porque se demostró: i) la omisión de los entes
territoriales de realizar la afiliación al FOMAG, trayendo ello, como consecuencia que
no se le reconozcan y consignen sus cesantías, y de ii) trasladar el auxilio de cesantías
al FOMAG al momento de su vinculación al mencionado fondo.
El Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo remitió el expediente, pero no se
pronunció sobre los hechos objeto de tutela.
6. Intervenciones
La FIDUPREVISORA S.A., en calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solicitó
declarar improcedente la acción de tutela y su desvinculación, por no estar legitimados
en la causa por pasiva.
Indicó que las circunstancias fácticas de la sentencia SU-098 de 2018 no
corresponden a las mismas en las que se fundan las pretensiones de la demanda,
porque, en el caso concreto, no se cuestiona una afiliación inoportuna al FOMAG que
haya devenido en el retardo de la consignación de las cesantías.
El Ministerio de Educación Nacional solicitó declarar improcedente la acción de
tutela, porque no cumple con el requisito de relevancia constitucional. Además,
advirtió que la sentencia SU-098 de 2018 es inaplicable al presente asunto, pues las
reglas jurisprudenciales allí fijadas no son aplicables a los supuestos fácticos y
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jurídicos que sustentaron la pretensión del proceso ordinario y que, en todo caso,
debía aplicarse lo señalado en la sentencia SU-573 de 2019.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional26, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales27 y específicas28 de procedencia de la
acción de tutela.
26 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y
después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la
acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se
admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros
fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
27 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra
providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional;
(ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance
de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar
los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal
vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi)
Que no se trate de sentencias de tutela.
28 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida
haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico,
(iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa
de la Constitución.
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Demandante: Abelardo José García Díaz
Problema jurídico
Mediante el ejercicio de la presente acción de tutela el señor García Díaz cuestiona la
sentencia de 25 de abril de 2023, mediante la que el Tribunal Administrativo de Sucre
revocó la sentencia de 30 de septiembre de 2022, por medio de la cual el Juzgado
Segundo Administrativo de Sincelejo accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda. Lo anterior, con fundamento en que no era posible hacer extensiva la
sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al actor, quien se
encuentra cubierto por el sistema anualizado de cesantías regulado por la Ley 91 de
1989.
A juicio de la parte actora la autoridad judicial demandada incurrió en defecto
sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente
judicial, en relación con la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes vinculados
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
En ese orden, corresponde a esta Sala de decisión determinar si en el presente caso
se cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en particular, el de relevancia constitucional y, solo en caso
afirmativo, procederá a estudiar el fondo del asunto en los términos planteados en la
acción de tutela.
De la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales
El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.
En ese sentido, la Corte Constitucional1 ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 29, para que
un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes
elementos:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se
alejan del objeto de la acción de tutela.
29 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero
Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05871-00
Demandante: Abelardo José García Díaz
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales» . Es necesario que el interesado exponga de manera
clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o
vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con
serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se
dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una
sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los
jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por
eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario,
pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
(Subrayado de la Sala)
Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto30
La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito general de relevancia
constitucional, porque el asunto versa sobre una discusión de carácter legal y
económica.
En un caso con idéntica situación fáctica y jurídica, la Corte Constitucional, en
sentencia SU-573 de 2019, concluyó que la acción de tutela carecía de relevancia
constitucional, por las siguientes razones:
(i) El asunto propuesto versaba sobre una cuestión meramente legal, que no impactaba
la garantía de derechos fundamentales, sino patrimoniales, pues se proponía que el juez
de tutela determinara si a las cesantías anualizadas de los docentes les resulta aplicable la
Ley 91 de 1989 y el Decreto 1831 de 2005 o la Ley 50 de 1990, Ley 344 de 1996 y Decreto
1582 de 1998, asunto que conlleva a establecer aspectos legales acerca de la calidad de la
vinculación de los docentes (territoriales, nacionales o nacionalizados) y sobre el fondo
administrador de cesantías en que debe efectuarse la afiliación para que se cause la penalidad
por no consignación oportuna de la prestación social.
30
Se reitera el criterio adoptado por la Sección en sentencia de 3 de agosto de 2023, Exp. Radicado 2023-
02151-01, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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Demandante: Abelardo José García Díaz
Que, además, los argumentos buscaban “realizar el análisis de corrección de la sentencia y,
en consecuencia, identificar cuál es la interpretación que los jueces de la jurisdicción
contencioso administrativo deben acoger acerca del alcance del artículo 99 de la Ley 50 de
1990 y de la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, en cuanto al
reconocimiento de una penalidad por no consignación oportuna de las cesantías en el régimen
docente”
ii) La discusión propuesta no involucraba la protección de derechos fundamentales y la
anomalía procesal alegada (presunto desconocimiento del precedente y del principio de
favorabilidad laboral) no era determinante ni tenía un efecto decisivo en las sentencias
cuestionadas y tampoco conllevaba a la afectación de un derecho fundamental, por cuanto
“las decisiones impugnadas en sede de tutela no constituyen “desvíos del juez ordinario” ni
decisiones carentes de motivación y no dan cuenta prima facie de la inaplicación de una
prerrogativa de carácter constitucional.”
(iii) Los demandantes pretendían reabrir la controversia legal resuelta tras obtener una
respuesta desfavorable a sus intereses, toda vez que los demandantes acudían a la tutela
bajo la supuesta configuración de dos defectos específicos con el fin de que el juez
constitucional accediera a las mismas pretensiones incoadas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
La Sala considera que la tutela no satisface el requisito de relevancia constitucional,
debido a que el asunto no trasciende el plano meramente legal; y a que, de fondo, lo
pretendido se limita a un móvil económico que no está directamente relacionado con
la vulneración de derechos fundamentales. Justamente, así lo reconoció la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-573 de 2019 al considerar que una de las razones
por las que no se satisface el requisito de relevancia constitucional es porque lo
debatido no es más que una cuestión meramente legal, que no impacta la garantía de
derechos fundamentales, sino patrimoniales.
De otra parte, aunque en el escrito de impugnación la parte actora invocó la sentencia
de 19 de enero de 2023 proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado, como precedente para tener en cuenta, debe decirse que tal decisión no
constituye un precedente vinculante en el presente asunto, porque no comparte
identidad fáctica ni jurídica con el asunto que ocupa la atención de la Sala.
En la sentencia invocada como precedente, la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado31 resolvió una controversia en la que se solicitaba el
reconocimiento y pago la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006,
equivalente a un día de salario por cada día de retardo, contados a partir del día
siguiente al vencimiento de los setenta días hábiles cursados desde el momento en
que se radicó la solicitud de las cesantías parciales ante la entidad demandada y hasta
cuando se hizo efectivo el pago de la misma; mientras que en el presente asunto la
discusión gira en torno a la sanción moratoria por consignación tardía de cesantías,
prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
La Corte Constitucional ha sostenido que la aplicación del precedente judicial implica
que32, “…un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del
pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a
los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada
a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla
31 Expediente Nro. 73001-23-33-000-2018-00241-01 (1740-2021).
32 Corte Constitucional. SU-573 de 2017.
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Demandante: Abelardo José García Díaz
jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que
modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”.
Por lo expuesto, se impone declarar improcedente la acción de tutela que ejerció el
señor Abelardo José García Díaz contra el Tribunal Administrativo de Sucre.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente el amparo solicitado por el señor Abelardo José García
Díaz contra el Tribunal Administrativo de Sucre.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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