Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05896-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05896-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-05896-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
8 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 05896 00
Demandante: Karime Rosa Pérez García
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Reconocimiento y pago de sanción moratoria
a docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG). Aplicación por favorabilidad de la Ley 50 de 1990. No se
configura el defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial ni la
violación directa a la Constitución.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
1. Antecedentes
1.1. La solicitud de tutela
La señora Karime Rosa Pérez García, por medio de apoderado, interpone acción de
tutela contra la sentencia del 7 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
de Sucre, Sala Segunda de Decisión, que confirmó el fallo del 14 de diciembre de
2022, dictado por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo.
1.2. Pretensiones
La accionante formula las siguientes súplicas:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05896 00
Demandante: Karime Rosa Pérez García
i) Se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social,
a la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia, así como los principios de la perpetuatio jurisdictionis y la
seguridad jurídica.
ii) En consecuencia, se deje sin efectos la sentencia del 7 de junio de 2023, emitida
por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento con radicación 70001 33 33 009 2022 00041 01 y, en su
lugar, se ordene proferir una nueva decisión en la que se atienda la multiplicidad de
precedentes judiciales que sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria ha
edificado tanto la Corte Constitucional como la Sección Segunda del Consejo de
Estado, así:
3. CORTE CONSTITUCIONAL
Nº. RADICADO
EXPEDIENTE FECHA DECISIÓN MAGISTRADO PONENTE MAGISTRADOS
SENTENCIA DE
1 Exp. T- 17 de octubre de 2018 Dra. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO UNIFICACIÓN 098/2018
6.736.200 DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
Exp. T-5904426 SENTENCIA DE
2 y otros 25 de julio de 2019 Dra. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO UNIFICACIÓN 332/2019
DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
Exp. T- SENTENCIA DE
3 7.182.312 y 6 de febrero de 2020 Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ UNIFICACIÓN 041/2020
otros DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
CONSEJO DE ESTADO
Nº. RADICADO
EXPEDIENTE FECHA DECISIÓN MAGISTRADO PONENTE MAGISTRADOS
FIRMANTES
SENTENCIA DE
1 08001-23-33-000- 6 de agosto de 2020 Dra. SANDRA LISETH IBARRA UNIFICACIÓN DEL
2013-00666-01 CONSEJO DE ESTADO
(0833-16)
76001-23-31-000- Dr. CÉSAR PALOMINO
2 2009-00867-01 24 de enero de 2019 Dra. SANDRA LISETH IBARRA CORTÉS – Dr.
[…] 4854-2014 CARMELO PERDOMO
CUÉTER
11001-03-15-000- Dr. JAIME ENRIQUE
3 2018-04617-01 17 de junio de 2019 Dr. NICOLÁS YEPES CORRALES RODRÍGUEZ NAVAS Dr.
GUILLERMO SÁNCHEZ
LUQUE
11001-0315-000- Dr. NUBIA MARGOTH
3
Radicado: 11001 03 15 000 2023 05896 00
Demandante: Karime Rosa Pérez García
4 2018-04679-01 28 de junio de 2019 Dr. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS PEÑA GARZÓN - Dr.
HERNANDO SÁNCHEZ
SÁNCHEZ
11001-0315-000- Dr. JAIME ENRIQUE
5 2018-03499-01 29 de julio de 2019 Dr. NICOLÁS YEPES CORRALES RODRÍGUEZ NAVAS Dr.
GUILLERMO SÁNCHEZ
LUQUE
Dr. WILLIAM
6 08001 23 33 000 2 de diciembre de 2019 Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS HERNÁNDEZ GÓMEZ Dr.
2014 00173-01 GABRIEL VALBUENA
(1688-16) HERNÁNDEZ
Dr. CÉSAR PALOMINO
7 08001-23-33-000- 10 de junio de 2020 Dra. SANDRA LISETH IBARRA CORTÉS – Dr.
2014-00208-01 CARMELO PERDOMO
CUÉTER
08001-23-31-000- Dr. RAFAEL FRANCISCO
8 2014-00254-01 22 de octubre de 2020 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ SUÁREZ VARGAS - Dr.
(4960-2017) GABRIEL VALBUENA
HERNÁNDEZ
08001-23-33-000- Dr. RAFAEL FRANCISCO
9 2014-00132-01 12 de noviembre de 2020 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ SUÁREZ VARGAS- Dr.
GABRIEL VALBUENA
HERNÁNDEZ
08001-23-31-000- Dr. WILLIAM
10 2014-00815-01 17 de junio de 2021 Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ GÓMEZ -
(4979-2017) Dr. RAFAEL FRANCISCO
SUÁREZ VARGAS-
Dr. SANDRA LISSET
11 08001-23-33-000- 17 de junio de 2021 Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS IBARRA VÉLEZ – Dr.
2015-00331-01 CARMELO PERDOMO
CUÉTER
19001-23-33-000- Dr. RAFAEL FRANCISCO
12 2015-00445-02 4 de noviembre de 2021 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ SUÁREZ VARGAS- Dr.
(0483-20) GABRIEL VALBUENA
HERNÁNDEZ
Dr. CÉSAR PALOMINO
13 08001-23-33-000- 25 de noviembre de 2021 Dra. SANDRA LISETH IBARRA CORTÉS – Dr.
2014-01127-01 CARMELO PERDOMO
(1002-2021) CUÉTER
40001-23-40-000- Dr. RAFAEL FRANCISCO
14 2017-00134-01 25 de noviembre de 2021 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ SUÁREZ VARGAS- Dr.
(2208-2020) GABRIEL VALBUENA
HERNÁNDEZ
08001-23-40-000- Dr. RAFAEL FRANCISCO
15 2015-90008-01 11 de noviembre de 2021 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ SUÁREZ VARGAS- Dr.
(2387-2020) GABRIEL VALBUENA
HERNÁNDEZ
08001-23-40-000- Dr. WILLIAM
16 2014-90022-01 11 de noviembre de 2021 Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ GÓMEZ -
(5154-2016) Dr. RAFAEL FRANCISCO
SUÁREZ VARGAS-
08001-23-33-000- Dr. WILLIAM
17 2017-00931-01 20 de enero de 2022 Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ GÓMEZ -
(1001-2021) Dr. RAFAEL FRANCISCO
SUÁREZ VARGAS-
08001-23-33-000- Dr. RAFAEL FRANCISCO
18 2015-00075-01 3 de marzo de 2022 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ SUÁREZ VARGAS- Dr.
(2660-2020) GABRIEL VALBUENA
HERNÁNDEZ
Dr CÉSAR PALOMINO
19 76001-23-33-000- 28 de abril de 2022 Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER CORTÉS – Dra.
2013-00756-01 SANDRA LISETH IBARRA
(2224-2020) VÉLEZ
Dr. WILLIAM
20 08001-23-40-000- 9 de mayo de 2022 Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS HERNÁNDEZ GÓMEZ Dr.
2017-00795-01 GABRIEL VALBUENA
(2659-2020) HERNÁNDEZ
Dr. CÉSAR PALOMINO
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05896 00
Demandante: Karime Rosa Pérez García
21 47001-23-33-000- 19 de mayo de 2022 Dra. SANDRA LISETH IBARRA CORTÉS – Dr.
2019-00359-01 CARMELO PERDOMO
(4004-2021) CUÉTER
Dr. CÉSAR PALOMINO
22 47001-23-33-000- 1 de julio de 2022 Dra. SANDRA LISETH IBARRA CORTÉS – Dr.
2019-00376-01 CARMELO PERDOMO
(4462-2021) CUÉTER
Dr. SANDRA LISSET
23 08001-23-33-000- 22 de agosto de 2022 Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS IBARRA VÉLEZ – Dr.
2015-00509-01 CARMELO PERDOMO
(2140-2020) CUÉTER
Dr. SANDRA LISSET
24 08001-23-33-000- 22 de septiembre de 2022 Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS IBARRA VÉLEZ – Dr.
2015-90124-01 CARMELO PERDOMO
(2394-2020) CUÉTER
76001-23-31-000- Dr. RAFAEL FRANCISCO
25 2012-00212-02 19 de enero de 2023 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ SUÁREZ VARGAS- Dr.
(4470-2021) GABRIEL VALBUENA
HERNÁNDEZ
Dr. WILLIAM
26 47001-23-33-000- 26 de enero de 2023 Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS HERNÁNDEZ GÓMEZ Dr.
2018-00231-01 GABRIEL VALBUENA
(0871-2020) HERNÁNDEZ
1.3. Hechos de la solicitud
Como hechos relevantes, la accionante a través de su apoderado señala los
siguientes:
i) Labora en la entidad territorial certificada en educación del departamento de Sucre
y su ingreso se dio después de 1990; en consecuencia, tiene derecho al
reconocimiento y pago de cesantías por el régimen anualizado e intereses.
ii) El 15 de febrero de 2021, la Nación (Ministerio de Educación Nacional) no trasladó
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ( FOMAG) las cesantías
correspondientes al año 2020.
iii) Transcurridos cinco meses sin que se realizara la consignación efectiva, solicitó el
reconocimiento y pago de la sanción por mora establecida en el artículo 99 de la Ley
50 de 1990 y en la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Segunda,
petición que no fue contestada por el ente territorial.
iv) Contra el acto ficto o presunto impetró medio de control de nulidad y
restablecimiento que se surtió ante el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito
Judicial de Sincelejo que, a través de sentencia del 14 de diciembre de 2022, denegó
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05896 00
Demandante: Karime Rosa Pérez García
las súplicas de la demanda.
v) Por su parte, el Tribunal Administrativo de Sucre al que le correspondió el
conocimiento del asunto en segunda instancia profirió sentencia el 7 de junio de 2023,
confirmando la providencia del a quo, decisión que no se apareja con el contenido de
la ley ni de la abundante jurisprudencia constitucional y del órgano de cierre de la
jurisdicción contenciosa.
1.4. Fundamentos jurídicos
La accionante alega que con la providencia objeto de censura se vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la situación más
favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, y los
principios de la perpetuatio jurisdictionis y de seguridad jurídica, así como el
precedente vertical, por las siguientes razones:
i) En el presente asunto se configura la violación directa de la Constitución por la
inaplicación del principio de favorabilidad. De acuerdo con la Sentencia SU-098 de
2018, en virtud de los postulados de igualdad y de in dubio pro operario no se debe
excluir al sector oficial docente de lo previsto en la Ley 50 de 1990, ya que por tener el
carácter de servidores públicos son beneficiarios de la sanción moratoria. Además, el
problema jurídico es de índole constitucional, porque acarrea el pago o consignación
oportuna del auxilio de cesantía, que necesariamente tiene un alcance al derecho a la
seguridad social.
ii) Los argumentos de la sentencia censurada señalan a) que no existe norma jurídica
que contemple la sanción moratoria a favor de los educadores, b) que no hay un
precedente consolidado que obligue a acatarlo; y c) que acceder a lo pretendido
implicaría introducir un cambio en la regulación sobre el funcionamiento interno del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), en lo que respecta
a la administración de los recursos —principio presupuestal de unidad de caja—
desconociendo el propósito del legislador.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05896 00
Demandante: Karime Rosa Pérez García
iii) Pues bien, los dos primeros razonamientos ya fueron superados por la
jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en las veintidós
sentencias proferidas en sus Subsecciones, en las que se estableció que la Ley 50 de
1990, sí se aplica a los docentes, por disposición de las Leyes 91 de 1989 y 344 de
1996, y los Decretos 1582 de 1998, 1252 de 2000 y 3752 de 2003.
iv) El Consejo de Estado acogió una interpretación favorable, en el sentido de indicar
que la Ley 50 de 1990 cobija a los docentes oficiales, como lo señaló la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-098 de 2018. Ahora, que el Tribunal estime que
esa providencia estudia otra situación fáctica y jurídica, no resulta cierto, toda vez que
la norma ibidem castiga la no consignación de las cesantías en el fondo no la falta de
afiliación, es por ello, que los maestros deben tratarse en igualdad de condiciones que
al resto de empleados públicos del país.
v) Causa extrañeza que el Tribunal dicte una decisión que afecta derechos
fundamentales, toda vez que con una justificación objetiva, el Consejo de Estado,
Sección Segunda, en los años 2021, 2022 y 2023 resolvió unificar en sus dos
Subsecciones la jurisprudencia en torno a la aplicación de la Ley 50 de 1990 para los
educadores vinculados después del 1.º de enero de 1990, lo que significa que el
empleador, en este caso el Ministerio de Educación Nacional debía trasladar antes del
15 de febrero de 2021, lo correspondiente a las cesantías del año 2020.
vi) Aunado a lo anterior, se debe tener en cuenta que esta corporación ha determinado
—en distinta jurisprudencia— que se deben emplear los criterios vigentes para la fecha
de ocurrencia de los hechos; por consiguiente, se deben respetar las leyes y los
precedentes existentes al momento de causación del derecho reclamado.
vii) Así mismo, la obligación tanto del Gobierno nacional como de las entidades
territoriales, las cajas nacional y departamentales y el Fondo Nacional del Ahorro de
trasladar los dineros respectivos al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) —nacionalizados, territoriales o nacionales—, no está en
discusión, ya que esta fue la intención y la orden impartida desde la expedición de la
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05896 00
Demandante: Karime Rosa Pérez García
Ley 91 de 1989; sin embargo, en el asunto sub examine se indicó que existe unidad
de caja, lo que no es cierto, porque los recursos ya fueron consignados efectivamente
a la entidad. Si bien, el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, establece la unidad de caja
de los recursos del fondo para el pago de las prestaciones sociales no significa que se
predique este principio de los recursos del Ministerio de Educación y del FOMAG.
viii) El Tribunal concluyó que la jurisprudencia del Consejo de Estado no era aplicable,
pues las materias allí analizadas trataban de docentes no afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), mientras que, en el sub judice, la
educadora sí lo estaba, argumento errado comoquiera que los supuestos fácticos
sobre los cuales se emitieron los fallos de la alta corporación se efectuaron sobre la
base de la procedencia de la consignación para docentes afiliados al fondo.
ix) Con todo, expresar tal situación es como permitir que las entidades territoriales
vincularan docentes sin autorización de la Nación (Ministerio de Educación Nacional)
y luego se responsabilizara a esa entidad por el impago de las cesantías, cuando fue
lo que expresamente se prohibió en el artículo 6.º de la Ley 60 de 1993. No puede
vincularse ningún docente al magisterio por fuera de las plantas de personal que fueron
aprobadas desde 1993, momento en que se descentralizó la educación, sin que
previamente estuviera aprobado por la Nación, pues precisamente existía una
afiliación automática al FOMAG para que se trasladaran las cesantías causadas
anualmente como lo prevé la Ley 91 de 1989 a todos los educadores, como ocurre en
su caso, en el que la actora se vinculó después del 1.º de enero de 1990.
x) A los docentes le son aplicables los Decretos 3118 de 1968, 3135 de 1968, 1848
de 1969, 1042 de 1978 y 1045 de 1978 y las demás normas expedidas en el futuro —
así lo determinó la Ley 91 de 1989—, como son las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996,
que expresamente señalan la obligación del empleador de consignar las cesantías de
los docentes oficiales en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) a más tardar el 15 de febrero de cada anualidad.
1.5. Actuación procesal
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05896 00
Demandante: Karime Rosa Pérez García
La acción de tutela se admitió mediante providencia del 21 de noviembre de 2023, que
ordenó notificar a los magistrados de la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Sucre, como demandados. Así mismo, se dispuso la notificación a
la Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio) y al departamento de Sucre, que fungieron como accionados dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que se tramitó con el
radicado 70001 33 33 009 2022 00041 00 [01] como terceros interesados en las
resultas de este proceso, para que dentro del término de tres días y en uso de su
derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.
1.6. Intervenciones
La Nación (Ministerio de Educación Nacional). El señor Walter Epifanio Asprilla
Cáceres, jefe de la Oficina Asesora Jurídica aduce que no se encuentra satisfecho el
requisito general de relevancia constitucional, ya que si bien es cierto la accionante
alega la presunta vulneración del derecho al debido proceso y de algunos principios
de naturaleza constitucional, también lo es que debe cumplir con una carga
argumentativa suficiente que demuestre que el asunto que se discute goza de una
marcada importancia constitucional. Advirtió que le corresponde al extremo activo de
la litis probar la existencia de una eventual transgresión de las garantías
fundamentales que invoca.
1.7. Manifestación de impedimento
El consejero de Estado, Jorge Iván Duque Gutiérrez, considera estar incurso en la
causal contemplada en el numeral 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal,
que atribuye al hecho de sostener una relación de amistad íntima y entrañable con la
magistrada Tulia Isabel Jarava Cárdenas, quien suscribió la decisión objeto de
cuestionamiento, lo que le impide conocer sobre el asunto de la referencia.
Por auto del 26 de octubre de 2023, se declaró fundado el impedimento manifestado
por el doctor Duque Gutiérrez; en consecuencia, se dispuso separarlo del
conocimiento del asunto, en procura de garantizar los principios de independencia e
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05896 00
Demandante: Karime Rosa Pérez García
imparcialidad de la administración de justicia, establecidos en el artículo 5.º de la Ley
270 de 1996.
Mediante proveído del 11 de enero de 2023, se ordenó el sorteo de un conjuez para
decidir la demanda interpuesta por la señora Karime Rosa Pérez García, en razón a
que no existe en este momento quorum decisorio.
La Presidencia de la Sección Segunda, el 16 de enero de 2023 en diligencia realizada
virtualmente por el consejero Juan Enrique Bedoya Escobar y la secretaria general de
esta corporación, en cumplimiento de la anterior providencia, procedió al sorteo de
conjuez, que le correspondió al doctor Hugo Alberto Marín Hernández.
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento del presente asunto, de acuerdo
con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, modificado por el
Decreto 333 de 2021, según el cual «[l]as acciones de tutela dirigidas contra los
Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al
respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada» y conforme al
inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,1 que dispone que «las tutelas
que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda
instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de
lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual
haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para
efecto de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantea la señora
1 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05896 00
Demandante: Karime Rosa Pérez García
Karime Rosa Pérez García contra la sentencia del 7 de junio de 2023, que profirió el
Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 70001 33 33 009 2022 00041
00 [01].
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».
El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40,
estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin
embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la
cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e
independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.
No obstante lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad
para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela
procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión
pueda causar un perjuicio irremediable».
Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la
2T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567
de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de
2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05896 00
Demandante: Karime Rosa Pérez García
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente,
convergieron en la Sentencia C-590 de 20053, donde la Corte concentró y diferenció
las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la
oportunidad del amparo.
Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado
a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la
sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los
derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre
que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto
orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que para que proceda el
amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.
El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,4 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.
Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
3Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
4Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001 03 15 000 2009 01328 01(IJ).
12
Radicado: 11001 03 15 000 2023 05896 00
Demandante: Karime Rosa Pérez García
agosto de 2014,5 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir,
con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los
presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.
2.4. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:
2.4.1. El 2 de marzo de 2022, la señora Karime Rosa Pérez García, por medio de
apoderada, interpuso demanda contra la Nación (Ministerio de Educación Nacional),
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) para que se
declarara nulo el acto ficto del 16 de octubre de 2021, mediante el cual le negó el
reconocimiento y pago de la sanción por mora prevista en el artículo 99 de la Ley 50
de 1990.6
2.4.2. El 14 de diciembre de 2022, el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito
de Sincelejo profirió fallo dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 70001 33 33 009 2022 00041 00, en el que resolvió lo siguiente:7
PRIMERO: Declarar probadas las excepciones propuestas por, la parte demandada
excepto la [f]alta de legitimación en la causa por pasiva, (sic) el FOMAG, que no
prospera.
SEGUNDO: Denegar las pretensiones de la demanda.
TERCERO: Sin costas en esta instancia.
[…]
2.4.3 El 7 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de
5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez,
expediente radicado 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
6 Índice 21, del expediente electrónico.
7 Índice 21, del expediente electrónico.
13
Radicado: 11001 03 15 000 2023 05896 00
Demandante: Karime Rosa Pérez García
Decisión, al desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la decisión anterior, dispuso lo siguiente:8
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2022 por el
Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, conforme lo
expuesto.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas de segunda instancia en razón de lo expuesto.
[…]
2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala
2.5.1. Examen de procedencia de la acción de tutela
2.5.1.1. «Se cumple el requisito de relevancia constitucional». Es de precisar, sobre el
particular, que este despacho ponente, en anteriores oportunidades,9 venía acogiendo
el criterio previsto en la Sentencia SU-573 de 2019, en la que se indicó que la discusión
relativa a la aplicabilidad de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, no comportaba
un asunto de relevancia constitucional «i) por versar sobre [una materia] meramente
legal con una connotación patrimonial privada, ii) no tener una relación directa con la
presunta afectación de un derecho fundamental y iii) buscar reabrir el debate concluido
por el juez ordinario».
Sin embargo, a partir del fallo del 26 de octubre de 2023 emitido dentro del expediente
de tutela 11001 03 15 000 2023 03988 01, este despacho modificó la anterior posición
y acogió la postura mayoritaria de la Sala respecto del cumplimiento del referido
requisito, atendiendo a la expedición de la Sentencia de Unificación SUJ 032 CE S2 2023
del 11 de octubre de 2023, por parte de la Sección Segunda de esta corporación.
Así las cosas, la Sala considera que en el caso concurre el requisito de relevancia
constitucional para analizar la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados, por desacato a. de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado en torno al reconocimiento de la sanción moratoria por la no
8 Índice 21, del expediente electrónico.
9 Procesos de tutela con radicados 11001 03 15 000 2023 02216 00, 11001 03 15 000 2023 01500 01
y 11001 03 15 000 2023 04027 00, entre otros.
14
Radicado: 11001 03 15 000 2023 05896 00
Demandante: Karime Rosa Pérez García
consignación oportuna de las cesantías anualizadas a los docentes oficiales afiliados
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), y junto con ello,
b. de los principios de favorabilidad en materia laboral, perpetuatio jurisdictionis y
seguridad jurídica, eventos que de hallarse acreditados conducirían a encontrar
lesionados los intereses de la parte actora.
2.5.1.2. En el presente caso se «cumple con el requisito de subsidiariedad» en cuanto
se censura la sentencia de segunda instancia que puso fin a la discusión propuesta
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento con radicación 70001 33 33
009 2022 00041 01.
2.5.1.3. Se «cumple con el requisito de inmediatez», porque la decisión objeto de
reproche constitucional data del 7 de junio de 2023, se notificó electrónicamente a las
partes el 14 de julio de 2023,10 y la presente acción de tutela se radicó en la ventanilla
virtual de esta corporación el 2 de octubre de 2023,11 es decir, dentro del término de
los seis meses que señaló el Consejo de Estado como prudencial para el ejercicio de
la acción de tutela contra providencia judicial.
2.5.1.4. En el caso «no se cuestiona una irregularidad procesal».
2.5.1.5. Dentro de la demanda de tutela «se identificaron razonablemente los hechos
y argumentos frente a los que se alega vulneración».
2.5.1.6. El asunto «no se refiere a una sentencia de tutela», toda vez que la decisión
que se cuestiona se profirió dentro del trámite de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Bajo ese contexto, la Sala responde de manera afirmativa el interrogante que se
presentó primigeniamente, en el sentido de señalar que se cumplen las exigencias que
habilitan el uso de la acción de tutela para rebatir la sentencia del 7 de junio de 2023,
que emitió el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión.
10 Índice 10, del expediente electrónico 70001 33 33 009 2022 00041 01.
11 Índice 2, del expediente electrónico.
15
Radicado: 11001 03 15 000 2023 05896 00
Demandante: Karime Rosa Pérez García
2.5.2. Análisis de procedibilidad de la acción de tutela
2.5.2.1. Desarrollo jurisprudencial del defecto sustantivo
La Corte Constitucional en Sentencia C-590 de 2005, señala que el «defecto material
o sustantivo» se presenta en casos en que se resuelve con base en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre los fundamentos y la decisión.
De acuerdo con el desarrollo jurisprudencial que se ha dado en el tema, una
providencia judicial incurre en «defecto material o sustantivo» cuando la autoridad
jurisdiccional: 1) aplica una disposición que perdió vigencia por cualquiera de las
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; 2) aplica un
precepto manifiestamente inaplicable al caso, verbigracia porque el supuesto de hecho
del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; 3) a pesar
del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, realiza una interpretación contraevidente —interpretación contra legem— o
claramente irrazonable o desproporcionada; 4) se aparta del precedente judicial —
horizontal o vertical— sin justificación suficiente; o 5) se abstiene de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución,
siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el
proceso.12
2.5.2.2. El defecto sustantivo en la modalidad de desconocimiento de precedente
judicial
La Corte ha sostenido que se configura un defecto sustantivo en la modalidad de
desconocimiento de precedente judicial cuando se desacata aquella sentencia o
conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de
escrutinio en materia de 1) patrones fácticos y 2) problemas jurídicos, y en las que en
12 Corte Constitucional.
Sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T-
087 de 2007, T-436 de 2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2011, y T-830 de 2013, entre otras.
16
Radicado: 11001 03 15 000 2023 05896 00
Demandante: Karime Rosa Pérez García
su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve
también para solucionar el nuevo caso.
En la providencia T-794 de 2011, la Corte indicó los criterios a tener en cuenta para
identificar el desconocimiento de precedente judicial, de la siguiente forma: 1) la ratio
decidendi del fallo que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial
relacionada con el caso a decidir posteriormente; 2) se trata de un problema jurídico
similar o de una cuestión constitucional semejante y 3) los hechos del asunto o las
normas juzgadas en la sentencia son análogos o plantean un punto de derecho
idéntico al que se debe resolver posteriormente.13
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha diferenciado dos clases de
precedentes, en los que se tiene en cuenta la autoridad que profiere la providencia
previa, a saber, el precedente horizontal, que hace referencia a aquellas sentencias
fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial y el
precedente vertical, que se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias
superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o
en el marco constitucional.14
Para la mayoría de los asuntos, el precedente vertical que deben seguir los
funcionarios judiciales lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de
Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción,15 y en los casos
en los que no son susceptibles de revisión por las autoridades mencionadas, son los
tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los operadores
judiciales inferiores.16
Así las cosas, para los jueces es de obligatorio cumplimiento acoger las decisiones
que profieren los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones, cuando éstas
constituyan precedentes y/o sus propias sentencias en casos idénticos; regla que solo
13 Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-1317 de 2001 y T-292 de 2006.
14 Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011 y T-209 de 2011.
15 Corte Constitucional. Sentencias T-123 de 1995, T-766 de 2008 y T-794 de 2011.
16 Corte Constitucional. Sentencias T-211 de 2008, T-161 de 2010 y T-082 de 2011.
17
Radicado: 11001 03 15 000 2023 05896 00
Demandante: Karime Rosa Pérez García
permite excepción, cuando el caso presenta situaciones no analizadas con
anterioridad en otros fallos judiciales.
En esa medida, las autoridades judiciales se pueden apartar de los precedentes
judiciales en atención a su autonomía y a su independencia, siempre que se cumplan
las siguientes reglas: «(i) Debe hacer referencia al precedente que abandona, lo que
significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca
hubiera existido (principio de transparencia). (ii) En segundo lugar, debe ofrecer una
carga argumentativa seria, mediante la cual explique de manera suficiente y razonada
los motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias
decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía (principio de
razón suficiente)».17
De esta forma, concluye la Corte que el desconocimiento del precedente judicial, sin
debida justificación, configura un defecto sustantivo, pues su respeto es una obligación
de todas las autoridades judiciales en virtud de los principios al debido proceso, a la
igualdad y a la buena fe.18
2.5.2.3. De la violación directa a la Constitución Política
La Corte Constitucional ha precisado que el defecto por la violación directa de la
Constitución se origina en la obligación que les asiste a todas las autoridades judiciales
de velar por el cumplimiento del mandato establecido en el artículo 4.º de la
Constitución Política: «la Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales».
La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales por violación
directa a la Constitución, en principio fue concebida como un defecto sustantivo.
17 Corte Constitucional.Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011.
18 Corte Constitucional.Sentencias T-049 de 2007, T-288 de 2011 y T-464 de 2011, T-794 de 2011, C-
634 de 2011, entre otras.
18
Radicado: 11001 03 15 000 2023 05896 00
Demandante: Karime Rosa Pérez García
Así, por ejemplo, en la Sentencia SU-1722 de 2000,19 en la que se estudiaron acciones
de tutela interpuestas contra providencias de la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, en las cuales se les agravó la pena a los apelantes únicos argumentando que
concurrían el grado jurisdiccional de consulta y el recurso de apelación, la Corte
Constitucional señaló que desconocer la disposición constitucional que expresamente
prohíbe al superior funcional «agravar la pena impuesta cuando el condenado sea
apelante único», suponía la materialización del defecto sustantivo.20 Al respecto la
Corte manifestó:
[…] En los casos que son objeto de revisión, la Corte aprecia un defecto sustantivo,
en la medida en que las decisiones impugnadas se fundan en la sumisión de la no
reforma en peor frente al principio de legalidad, lo cual resulta evidente inaplicable.
En este sentido, el error superlativo en que incurrieron las autoridades
demandadas consistió en el desconocimiento del principio constitucional
consagrado en el inciso 2º del artículo 31 de la Constitución […].
Con posterioridad, en la Sentencia T-949 de 2003, la Corte incluyó la violación directa
de la Constitución como una causal de procedibilidad de la acción de tutela de carácter
independiente y autónomo. En esa oportunidad se pronunció así:
«[…] todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la
eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad
jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias judiciales)
es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya determinado de
manera previa la configuración de una de las causales de procedibilidad; es decir,
una vez haya constatado la existencia de alguno de los seis eventos
suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto sustantivo, orgánico
o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación,
(v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la Constitución […].
Finalmente, la anterior interpretación se consolidó en la Sentencia C-590 de 2005, en
la que la Corte al estudiar una acción pública de inconstitucionalidad contra la
disposición del Código de Procedimiento Penal, que aparentemente proscribía la
acción de tutela contra fallos dictados por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, incluyó definitivamente a la violación directa de la Constitución
como un defecto autónomo que justifica la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente:
19 Sentencia de 12 de diciembre de 2000, magistrado ponente Jairo Charry Rivas
20 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 31 de julio de 2014, radicación 2014 00861 00
magistrada ponente María Claudia Rojas Lasso.
19
Radicado: 11001 03 15 000 2023 05896 00
Demandante: Karime Rosa Pérez García
« […] la violación directa de la Constitución opera en dos circunstancias: uno (i),
cuando se deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto, dos
(ii), al aplicar la ley al margen de los dictados de la Constitución […].
Ahora bien, la jurisprudencia constitucional21 ha estimado que procede la tutela contra
providencias judiciales por violación directa de la Constitución cuando: (i) en la solución
del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; (ii) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata; y (iii) el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo
en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.
En conclusión, es factible que una providencia judicial sea susceptible de cuestionarse
por medio de la acción de tutela cuando desconozca o aplique indebida e
irrazonablemente los postulados previstos por la Constitución, pues a las autoridades
judiciales no les es dable en su labor apartarse de las disposiciones previstas en ella,
dado que el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce un valor normativo
superior a los preceptos contenidos en la Carta Política.22
2.5.2.4. Desarrollo jurisprudencial de la procedencia del reconocimiento de la
sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990, por la consignación inoportuna
del auxilio de cesantías a los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
En un primer momento, la Sección Segunda de esta corporación consideró que los
docentes no estaban amparados por las disposiciones que regulan la liquidación anual
de las cesantías contempladas en la Ley 50 de 1990, comoquiera que la aplicación de
tales previsiones con destino a los empleados territoriales surgió de la Ley 344 de
1996, que en el artículo 13 ordenó el uso de las normas vigentes en materia de
cesantías, pero hizo la salvedad de que sería «sin perjuicio de lo estipulado en la Ley
91 de 1989» lo que se traduce en que lo allí dispuesto no cobijó al personal docente.
21 Sentencias T-809 de 2010 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, T-747 de 2009 M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo, T-555 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-071 de 2012. M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, entre otras.
22 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de l 31 de julio de 2014, radicado 2014 00861 00
magistrada ponente María Claudia Rojas Lasso
20
Radicado: 11001 03 15 000 2023 05896 00
Demandante: Karime Rosa Pérez García
Postura que también había sido desarrollada por la Corte, al estudiar la
constitucionalidad del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues en Sentencia C-928 de
200623 señaló que la forma de realizar el cálculo y pago de las cesantías a favor de los
docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ( FOMAG)
no era igual al establecido en la Ley 50 de 1990. Además, puntualizó que no se
infringía el derecho a la igualdad porque «simplemente la manera como se liquidan y
pagan aquellos24 es distinta a la regulada en la [norma ibidem], sin que por ello se
configure discriminación alguna».
Posteriormente, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-098 de 2019, al resolver
sobre la procedencia de la sanción moratoria reclamada por un educador oficial que
no fue afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
refirió que el «hecho de que los docentes se encuentren amparados por un régimen
especial, no implica el desconocimiento de su calidad de trabajadores del Estado, y
menos aún si se trata de la aplicación de una norma de carácter laboral que comporta
un beneficio, caso en el cual prevalece la interpretación que reporte el mayor
[provecho] para el empleado, pues esta será la que se ajuste a los postulados del
artículo 53 de la Carta Política»; por lo cual, en esa oportunidad consideró que «los
despachos judiciales accionados desconocieron que aunque [el precepto] que
establece la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías en los términos
que contempla el numeral 3.º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, el artículo 13 de la
Ley 344 de 1996 y su Decreto Reglamentario 1582 de 1998, y el Decreto 1252 de
2000, no esté expresamente consagrada a favor de los miembros del Magisterio, en
virtud del principio de interpretación conforme a la Constitución y favorabilidad en
materia laboral, les correspondía aplicar la interpretación más beneficiosa para el
trabajador, esto es, que los docentes sí son destinatarios de la norma que consagra la
referida sanción, pues esta es la interpretación que más se ajusta a la Constitución».
Con fundamento en el anterior pronunciamiento, las Subsecciones A y B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado acogieron el criterio de favorabilidad fijado en sede
23 Corte Constitucional. Magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto.
24 Aludiendo a diferentes prestaciones, entre ellas, las cesantías.
21
Radicado: 11001 03 15 000 2023 05896 00
Demandante: Karime Rosa Pérez García
constitucional, para resolver las controversias relacionadas con el reconocimiento de
sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales a los docentes,
al amparo de lo preceptuado en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.25
Sin embargo, a través de la Sentencia SU-573 de 2019, la Corte Constitucional declaró
improcedentes las acciones de tutela impetradas contra fallos del Consejo de Estado
sobre este asunto e indicó que la regla jurisprudencial establecida en la Sentencia SU-
098 de 2018, solo constituye precedente en el evento en que se omita la afiliación del
docente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ( FOMAG), de
manera que en los casos en los que se pretende la sanción por la falta de consignación
de las cesantías de los beneficiarios de esa entidad, no existe una providencia de
unificación con efectos vinculantes que pueda aplicarse a las situaciones con similitud
fáctica y jurídica.
La Sección Segunda del Consejo de Estado, recientemente, con el fin de unificar o
sentar jurisprudencia en relación con el reconocimiento de la sanción moratoria de la
Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG, en virtud de lo establecido en el
artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, profirió la Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-
S2-2023 del 11 de octubre de 2023, radicación 66001 33 33 001 2022 00016 01 (5746-
2022), en la que se dispuso lo siguiente:
156. De acuerdo con todo lo expuesto en precedencia, se establece que las leyes
50 de 1990 y 344 de 1996, así como sus decretos reglamentarios no extendieron
la sanción moratoria causada por la falta de consignación del auxilio de cesantías
a los docentes afiliados al FOMAG y regulados por la Ley 91 de 1989 y, en todo
caso, es incompatible con el sistema que prevé la sanción moratoria por la
consignación tardía del auxilio en las AFP, comoquiera que se trata de un sistema
especial que establece unas normas acordes con su funcionamiento.
157. Sin embargo, en el evento en que la entidad territorial haya omitido afiliarlo al
FOMAG el docente estatal no se beneficiaría de aquellas, entre ellas, el
reconocimiento de los intereses a las cesantías sobre el saldo total, en la medida
en que este no existiría, de modo que le reportaría mayor utilidad las garantías de
la Ley 50 de 1990 con fundamento en el cual tendría derecho a la sanción
moratoria derivada del incumplimiento del empleador.
158. En ese sentido, la regla de unificación jurisprudencial es la siguiente:
25 Ver sentencias del 12 de noviembre de 2020, expediente 08001 23 33 000 2014 00132 01 (1689-
2018); del 28 de abril de 2022, radicado 76001 23 33 000 2013 00756 01 (2224-2020), entre otras.
22
Radicado: 11001 03 15 000 2023 05896 00
Demandante: Karime Rosa Pérez García
Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías
regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio
activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por
ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social
en favor del docente estatal.
159. En definitiva, la afiliación del docente oficial será el factor determinante para
establecer si hay lugar o no a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que a los no afiliados se les debe garantizar una mínima derivada del
sistema general de liquidación anualizada de la prestación económica.
160. Con todo, es conveniente aclarar que es cierto que algunos de los integrantes
de la Sección Segunda, Subsecciones A y B, a partir del 2019, suscribieron
providencias en las que se adoptaron tesis distintas sustentadas en el precedente
contenido en la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional, en relación
con el derecho de los docentes afiliados al FOMAG a ser beneficiarios de la sanción
moratoria regulada por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por el retardo en la
consignación del auxilio de cesantías, tal y como se expuso en el auto del 24 de
agosto de 2023, por el cual la Sección avocó conocimiento del asunto.
161. Sin embargo, el nuevo pronunciamiento de la Corte emitido en la sentencia
SU-573 de 2019 y la revisión de los supuestos jurídicos relevantes en la materia
llevan a la Sala a unificar su criterio en la presente sentencia y a acoger la regla
de interpretación aquí definida. Es así, por cuanto el análisis detallado, lógico y
razonado de los sistemas administrados por FOMAG y por las AFP permite concluir
que el primero resulta incompatible con la sanción moratoria por la falta de
consignación oportuna de las cesantías.
En suma, se colige que la posición actual de la Sección Segunda de esta corporación
consiste en que los docentes estatales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) no tienen derecho a la sanción moratoria que prevé el
ordinal 3.º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, toda vez que es incompatible con el
sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989.
2.5.2.5. Los defectos alegados
La señora Karime Rosa Pérez García alega la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la situación más favorable
al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales
de derecho, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia y los principios de
la perpetuatio jurisdictionis y la seguridad jurídica, por el Tribunal Administrativo de
Sucre, Sala Segunda de Decisión, al dictar la sentencia del 7 de junio de 2023.
23
Radicado: 11001 03 15 000 2023 05896 00
Demandante: Karime Rosa Pérez García
Igualmente, porque desobedeció la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado en la que se determinó que a los docentes afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) se les puede aplicar la Ley
50 de 1990, en virtud de una interpretación favorable a las prerrogativas de las que
goza el trabajador y, por ello, tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción
moratoria prevista en el artículo 99 ejusdem, derivada de la consignación tardía de la
cesantía anual. Así mismo, incurrió en defecto sustantivo al desconocer el artículo 53
constitucional y en violación directa de la Constitución.
Pues bien, el Tribunal en la providencia objeto de reproche para examinar el asunto
puesto a su consideración en virtud de la alzada formulada contra el fallo del 14 de
diciembre de 2022, que denegó las pretensiones de la demanda, hizo el siguiente
pronunciamiento:
[…] esta Sala advierte que en virtud del régimen especial de cesantías predicable
a los docentes, no hay lugar a conceder el reconocimiento de la sanción moratoria
prevista en la Ley 50 de 1990 por el no pago o pago tardío de las cesantías y los
intereses de las cesantías.
Es claro para esta Corporación que ello no es posible, entre otros, porque el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio tiene una naturaleza jurídica
especial, como una cuenta única en la que reposan los recursos destinados al pago
de las prestaciones económicas de los docentes, que se van repartiendo en la
medida en que van llegando las solicitudes de sus beneficiarios, de modo que su
único requisito es que siempre cuente con dineros para atender las peticiones, sin
que sea viable mantener estático el capital de cada empleado.
Al respecto, se advierte que los recursos que se transfieren al Fondo son aportados
durante la misma vigencia fiscal del año en que se causan las prestaciones, en
este caso, las cesantías de los docentes, de conformidad con el artículo 11 del
Decreto 3752 de 2003 citado en precedencia, con lo cual no es posible, bajo ningún
escenario, aceptar que existe una “consignación” tardía, pues los dineros reposan
en el fondo de manera anticipada, es decir, antes de 15 de febrero de cada año.
[…]
Así mismo, indicó la autoridad demandada que lo dispuesto en el artículo 99 de la ley
50 de 1990, es inaplicable a los docentes que se rigen por la Ley 91 de 1989, como
ocurre con la accionante, sobre el particular efectuó las siguientes consideraciones:
Además, para esta Sala es importante destacar que la relación jurídica laboral
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Demandante: Karime Rosa Pérez García
existente entre los docentes y el Estado adquiere una connotación relevante y
especial, dadas las características especialísimas en que el legislador la reguló,
toda vez que el empleador es la entidad territorial a la cual se encuentra adscrito
el profesional, pero los pagos por concepto de prestaciones sociales, pensión y
servicios médico asistenciales se encuentran a cargo del FOMAG, es decir que se
trata de una relación tridimensional, con específicas funciones y atribuciones.
En ese sentido, la Ley 50 de 1990, artículo 99, exige que sea el empleador el que
liquide y consigne las cesantías a una cuenta que el mismo trabajador elija, así
como que pague sus intereses, es decir, que se identifican o igualan las figuras de
empleador y pagador: […]
[…]
No existe en el ordenamiento jurídico algún instrumento que permita identificar o
igualar la forma en que opera el fondo de los docentes que es administrado por
una Fiduciaria a un fondo de carácter privado, en el que existen subcuentas para
cada uno de sus afiliados, lo que es indicativo de que el legislador no quiso darle
el mismo tratamiento o equipararlos. En esos términos ha sido entendida la
naturaleza del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio por el
Consejo de Estado […]
Igualmente, el Tribunal en relación con la aplicación del criterio jurisprudencial
establecido por la Corte Constitucional y esta corporación sobre el reconocimiento de
la sanción moratoria a los educadores oficiales, señaló lo siguiente:
De otro lado, las sentencias emitidas por la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado citadas, tenían en común que se trataba de docentes que no estaban
afiliados al Fomag, y el ente territorial mantenía la responsabilidad de consignación
de las cesantías en tiempo en la subcuenta del fondo al que estuviera afiliado, por
lo cual les resultaba aplicable la norma en cuestión, en virtud del principio de
favorabilidad; no obstante, en esta oportunidad se trata de una docente que
estando afiliada al Fomag demanda la sanción moratoria.
El precedente judicial es válido en aquellos eventos en que concurren los mismos
supuestos fácticos y jurídicos o escenario decisional, que permiten subsumir cada
caso en la regla jurídica. Así las cosas, en esos asuntos en los que no se
estructuren elementos coincidentes no se puede hablar de precedente obligatorio,
pues cada decisión tiene efectos [inter-partes] y sus consideraciones o [ratio
decidendi] suponen identidad de hipótesis fácticas. El campo o radio de atracción
del precedente va ligado al contexto decisional, de manera que si el mismo difiere,
se justifica de manera objetiva y razonable su apartamiento e inaplicación como
[subregla] aplicable a un caso en particular, como en el evento que centra la
atención del Tribunal.
En ese orden, considerando que son presupuestos de facto disímiles los expuestos
en la demanda analizada y los esbozados en la Corte Constitucional en Sentencia
SU-098 de 2018, en los que el demandante fue nombrado como docente en el año
2003 pero fue afiliado al Fomag en el año 2007, es imposible su tratamiento
igualitario. Así lo expuso la misma organización en sentencia SU-573 de 2019 […]
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Contrario a lo dicho por el extremo demandante, la obligación del fondo es
mantener disponibilidad de recursos para atender la petición particular de la
docente, si cumple con los requisitos para solicitar cesantías parciales y/o
definitivas, y proceder a su pago en los términos del procedimiento dispuesto para
tal fin, sin que para ello sea exigible la consignación de las cesantías con corte 15
de febrero del año siguiente a su causación.
No puede el demandante pretender identificar o equiparar el régimen de
empleados públicos a los docentes, cuando justamente el legislador quiso
establecer para este último grupo unas normas de carácter especial, que regularan
su situación particular prestacional, en este caso, a través del fondo, que como se
explicó tiene una naturaleza diferente. Aunque es claro el desacuerdo de la parte
actora con la regulación normativa, ese hecho no invalida o vuelve ilegítimo el
tratamiento dado a los docentes, que, se reitera, tienen derecho a la liquidación y
pago de sus cesantías cada vez que lo soliciten, momento en el cual se debe
contar con la disponibilidad de flujo de caja para el efectivo desembolso, sin que
sea necesario la preexistencia de los dineros de manera particular en una cuenta.
Siguiendo los anteriores derroteros, la Sala extrae que, la autoridad demandada al
confirmar la decisión que denegó las pretensiones de la demanda no desconoció la
jurisprudencia traída como referente, por el contrario, fue clara en señalar el por qué
no era aplicable a los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG), cumpliendo con la carga argumentativa que le
corresponde.
Si bien, la parte actora aduce que en el caso se desobedecieron las Sentencias de
Unificación SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020, lo cierto es que
ninguno de estos pronunciamientos se instituye en precedente judicial para el asunto,
pues: i) en la Sentencia SU-098 de 2018, tal como lo refirió el Tribunal, solo se examinó
lo atinente al reconocimiento de la sanción moratoria para los docentes no afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), y ii) en las
Sentencias SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020, se analizó el reconocimiento y pago
de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías definitivas prevista por la Ley
244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, y no así lo relativo a la sanción
moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías establecida en la Ley 50
de 1990.
Así mismo, es dable indicar que las sentencias del Consejo de Estado traídas como
antecedente por la accionante no constituyen jurisprudencia en vigor, ya que aunque
en una de ellas se acogió lo referente al reconocimiento de la sanción moratoria
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prevista en la Ley 50 de 1990,26 no lo es menos que en otras se estudiaron las
circunstancias fácticas de docentes no afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG),27 como lo relacionado con la liquidación de
cesantías,28 y en la mayoría se trató lo concerniente al término de prescripción de la
sanción moratoria.29
De esta forma, puede concluirse, entonces, que para el momento en que se profirió la
providencia aquí censurada no existía criterio consolidado ni sentencia de unificación
a aplicar sobre el particular y que, por tanto, la autoridad judicial, en ejercicio de sus
facultades de autonomía e independencia judicial, reconocidas en los artículos 228 y
230 de la Constitución Política, podía optar por la posición que consideraba más
apropiada para resolver el asunto, tal como ocurrió, ya que luego de revisar los criterios
jurisprudenciales desarrollados en la materia, estimó —en cumplimiento de los
principios de transparencia y de razón suficiente que exigen del operador jurídico una
especial carga argumentativa—,30 que en el caso no había lugar al reconocimiento y
pago de la penalidad suplicada.
En igual sentido, en el asunto tampoco se advierte desacatado el principio de
favorabilidad laboral, toda vez que la autoridad accionada se encargó de explicar que
los educadores solo cuenta con una fuente normativa que es la contenida en la Ley 91
de 1989, en la cual se establece, tanto el reconocimiento de la prestación y de sus
intereses, como su forma de liquidación, y que dicho precepto no admite diversas
interpretaciones ni tampoco se encuentra enfrentada con otra que gobierne el régimen
docente. Adicionalmente, que de acuerdo con esa norma, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) es una cuenta especial de la Nación a
la que le corresponde manejar las prestaciones sociales de los maestros a través de
26 Expediente 0871 2020.
27 Expedientes 4854 2014, 2224 2020 y 4004 2021.
28 Expediente 0483 2020.
29 Expedientes 0833 2016, 1002 2021, 2208 2020, 2387 2020, 5154 2016, 1001 2021, 4462 2021 y
2394 2020.
30 En las sentencias SU-027 de 2020 y T072 de 2022, la Corte Constitucional señaló que «[e]l principio
de transparencia exige que el juez haga «referencia al precedente que abandona, lo que significa que
no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido» y el principio de
razón suficiente, que «explique de manera suficiente y razonada los motivos por los cuales considera
que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior
jerarquía».
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05896 00
Demandante: Karime Rosa Pérez García
una fiducia, y no contempla la posibilidad de que cada afiliado tenga una cuenta
individual, como ocurre en las sociedades administradoras de fondos privados de
cesantías —artículos 99, numeral 6, de la Ley 50 de 1990 y 2.º del Decreto 1582 de
1998—.
Conforme a lo expuesto, la Sala encuentra que la providencia aquí discutida está
debidamente motivada y justificada, y que, por tanto, no le asiste razón a la accionante
al aducir que le era aplicable el régimen de la Ley 50 de 1990, relacionado con la
sanción moratoria por el depósito tardío de las cesantías anuales dispuesta para el
régimen general de los servidores públicos, pues, se itera, dentro del régimen especial
de docentes —Ley 91 de 1989—, se establece una forma diferente de liquidación y
pago bajo un procedimiento propio.
Además, se avizora que el criterio acogido por el Tribunal coincide con la regla
jurisprudencial fijada recientemente por la Sección Segunda del Consejo de Estado en
la Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, en la que
se prevé que los docentes estatales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) no tienen derecho a la sanción moratoria dispuesta en
el ordinal 3.º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, debido a su incompatibilidad con el
sistema de administración de cesantías creado en la Ley 91 de 1989.
Así las cosas, se tiene que las conclusiones a las que arribó el Tribunal no comportan
para la Sala una actuación incursa en vía de hecho que vulnere los derechos
fundamentales de la parte actora, ya que luego de analizar tanto el desarrollo
normativo en la materia como la diferente jurisprudencia proferida en torno al
reconocimiento de la sanción moratoria contemplada en la Ley 50 de 1990 y la
indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías establecida en la Ley
52 de 1975, presentó una argumentación razonable del por qué en el caso no era dable
su concesión a los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG).
3. Conclusión
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Demandante: Karime Rosa Pérez García
La Sala concluye que en la providencia del 7 de junio de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión, que confirmó el fallo del 14 de
diciembre de 2022 dictado por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial
de Sincelejo, no se incurrió en los defectos aducidos por la accionante.
En tal sentido, la Sala procederá a negar el amparo que solicita la señora Karime Rosa
Pérez García.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Denegar el amparo que solicita la señora Karime Rosa Pérez García,
conforme a la parte considerativa que antecede.
Segundo. En caso de que no fuere impugnada la presente decisión, remitir el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Con impedimento Firmado electrónicamente
HUGO ALBERTO MARÍN HERNÁNDEZ
Conjuez
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
MAM
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