RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-05917-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05917-00

Fecha
30 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05917-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora Lauren Magreth Montaño Quintero, por conducto de apoderado judicial, por las razones expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-05917-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

30 de noviembre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05917-00
Actora: Lauren Magreth Montaño Quintero

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05917-00
Demandante: LAUREN MAGRETH MONTAÑO QUINTERO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER Y
JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
CÚCUTA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa. Ausencia
del requisito de relevancia constitucional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Lauren Magreth Montaño Quintero, mediante apoderado
judicial, en la que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales a la
vida en condiciones dignas, al debido proceso, “a la seguridad social en salud” y a la
igualdad, vulnerados, supuestamente, por la providencia de 3 de agosto de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante la cual se
confirmó la sentencia de 7 de mayo de 2019, dictada por el Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, que negó las pretensiones, en el marco
del proceso de reparación directa que promovió contra la E.S.E Hospital Emiro
Quintero Cañizares de Ocaña y la EPS Ecoopsos, con el fin de obtener la reparación
de los daños y perjuicios causados por la falla en el servicio médico obstetra.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La accionante afirmó que el 26 de septiembre de 2011, ingresó en trabajo de parto
a la E.S.E. Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña y que, debido a las
complicaciones que se presentaron con ocasión al nivel bajo de hemoglobina que
conllevaron a que le realizaran una transfusión sanguínea, el óbito fetal a quien
llamaría Keileth Raúl Herrera Montaño, falleció antes de nacer.

Indicó que durante el periodo de gestación acudió a los controles médicos en los
cuales se evidenció que contaba con hemoglobina baja, frente a lo que, consideró
que la entidad que presta los servicios de salud hizo caso omiso a su situación, sin
brindarle una atención adecuada.

Sostuvo que los niveles de hemoglobina requerían valoración clínica por
perinatología, para verificar el estado del neonato y definir si presentaba
malformaciones congénitas, así como para tratar la anemia a tiempo, para
garantizar un parto fuera de riesgo.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05917-00
Actora: Lauren Magreth Montaño Quintero

Afirmó que la historia clínica denota un manejo no adecuado para el control prenatal,
en donde el fallecimiento del feto se pudo haber evitado. Agregó que el profesional
en salud, el día del parto al ver el estado de palidez ordenó la hospitalización y un
cuadro hemático que arrojó como resultado nivel bajo de hemoglobina, además de
la inducción del parto, refirió que la transfusión sanguínea realizada desencadenó
en la remisión a la unidad de cuidados intensivos por el grave estado de salud.

Relató que, el óbito fetal nació sin signos vitales con diagnóstico de congestión
vascular generalizada, placenta monocorial monoamniotica madura con cambios
fibroso extensos corioamnionitis y, adicionó que el dictamen de medicina legal
arrojó: “óbito fetal masculino que pesa 3200 gramos, de 50 centímetros de longitud, bien
desarrollado de 39 y media semanas de gestación por amenorrea, sin malformaciones
externas ni internas con cambios por anoxia y sufrimiento fetal agudo”.

Dijo que promovió el medio de control de reparación directa en contra la E.S.E
Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña y la EPS Ecoopsos, el cual
correspondió al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta quien,
mediante sentencia del 7 de mayo de 2019, negó las pretensiones de la demanda.

Adujo que la tesis de primera instancia no corresponde con los mandatos de la
Constitución Política, toda vez que la falla en el servicio radica en que la entidad
que presta los servicios de salud no cuenta con una política preventiva para aplicar
protocolos por niveles de prevención de riesgo, tan así que al momento del parto se
llegó con los niveles de hemoglobina bajos, que se encontraban en dicho estado
desde el inicio de la gestación.

Señaló que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia
de 3 de agosto de 2023, confirmó la anterior decisión, bajo los mismos argumentos.

2. Fundamentos de la acción

La accionante presentó acción de tutela con el fin de que se le protejan los derechos
fundamentales a la vida en condiciones dignas, al debido proceso, “a la seguridad
social en salud” y a la igualdad, vulnerados, supuestamente, con las sentencias de 7
de mayo de 2019 y de 3 de agosto de 2023 proferidas por el Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta y el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, respectivamente, que negaron las pretensiones del medio de control de
reparación directa adelantado contra la E.S.E Hospital Emiro Quintero Cañizares de
Ocaña y la EPS Ecoopsos, con el fin de obtener la reparación de los daños y
perjuicios causados por falla en el servicio médico obstetra.

Consideró que los aducidos fallos judiciales “son violatorias de la constitución Nacional
por haberse incurrido en vía de hecho, que no es coherente con la Ratio Jures de la carta
política y transgredir el debido proceso desde el punto de vista hermenéutico, al darle una
interpretación errónea y contraria a la realidad fáctica y jurídica obrante de proceso de
reparación directa formulada por LAUREN MAGRETH MONTAÑO QUINTERO Y OTROS,
contra la E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES DE OCAÑA Y LA EPS
ECOOPSOS, por los hechos que más adelante se relacionaran”.

De manera especifica la actora señaló que el Juzgado Tercero Administrativo Oral
del Circuito de Cúcuta incurrió en una contradicción de carácter hermenéutico al
aplicar al caso sentencias que no se desarrollaron en el contexto histórico de los
hechos que originaron el medio de reparación directa, toda vez que datan del 11 de
marzo de 2019 - radicado 27001-23-310002010-00350-01 – y del 10 de septiembre
de 2014 - radicado 25000-23-26000-2011-00014-01.

De igual forma sostuvo que “la tesis expuesta por el juzgado de primera instancia, no
corresponde, no es coherente con los protocolos y mandatos imperativos de la Constitución
Nacional artículo segundo, once, cuarenta y ocho y cuarenta y nueve de la carta política.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05917-00
Actora: Lauren Magreth Montaño Quintero

Normativas que pregonan la garantía del respeto a la vida, del respeto a la libertad y demás
bienes jurídicos que tienen que ver con la personalidad del ciudadano colombiano”.

Manifestó que “en conclusión el juez de primera instancia se equivocó, erró en el juicio
que debió desarrollar para acercarse a la realidad fáctica y jurídica y materializar el concepto
de justicia. Y justicia se define diciendo que es darle a cada cual lo suyo, el meollo del
asunto es saber que es lo suyo de cada cual, que en el presente caso el juzgado de primera
instancia le otorgó lo suyo a la institución hospitalaria premiando el poder dominante y
perjudicando al sector débil de la población como lo es esa mujer parturienta, que le tocó
vivir una tortura que se convirtió en infierno para ella y su bebé”.

Agregó que las autoridades judiciales accionadas en las providencias objeto de
cuestionamiento constitucional, no analizaron el tema actual del sistema de salud
en Colombia, el cual se encuentra en crisis, además de que los profesionales en
salud brindaron la atención bajo unos procedimientos que terminaron frustrados
debido a que sobrevino la muerte del óbito fetal.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“1. AMPARAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAURENTH MAGRETH
MONTAÑO QUINTERO tales como el derecho a la vida en condiciones dignas, derecho
al debido proceso, derecho a la seguridad social en salud, derecho a la igualdad.

2. Como consecuencia de la anterior se ORDENA REVOCAR la sentencia de fecha 07
de mayo de 2019 proferida por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE CÚCUTA.

3. Como consecuencia del numeral primero REVOCAR LA SENTENCIA DE FECHA
03 DE AGOSTO DE 2023 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE
SANTANDER.

4. Declarar la responsabilidad administrativa y patrimonial de la E.S.E. HOSPITAL
EMIRO QUINTERO CAÑIZARES DE OCAÑA, por haber incursionado en una falla del
servicio de salud obstétrico con lo cual se sacrificó la vida del bebé KEILETH RAÚL
HERRERA MONTAÑO. Consecuencialmente se accede a las suplicas de la demanda
incoada por LAUREN MAGRETH MONTAÑO QUINTERO y OTROS”.

4. Pruebas relevantes

Se allegó copia digital de las providencias de primera y segunda instancia proferidas
en el marco del medio de control de reparación directa radicado con el No. 54-001-
33-33-003-2013-00310-00.

5. Trámite procesal

Mediante auto de 11 de octubre de 2023, la magistrada sustanciadora admitió la
demanda de tutela y ordenó notificar a la demandante y a las autoridades judiciales
accionadas, así como a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Igualmente, a la E.S.E. Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña -Norte de
Santander-, a la EPS Ecoopsos y a los señores Alexander Herrera Angarita, Anny
Yohana Montaño Quintero, Karen Cecilia Montaño Quintero, Verónica Lorena
Montaño Quintero, Netty Minelly Montaño Quintero y Lina Andrea Herrera Angarita,
como terceros interesados en el resultado del proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 114616 a 114620,
114622 de 12 de octubre de 2023 y 123270 a 123275 de 30 de octubre de 2023, a

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05917-00
Actora: Lauren Magreth Montaño Quintero

las direcciones electrónicas suministradas para este efecto, con el fin de darle
cumplimiento a la referida decisión1.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Norte de Santander

La magistrada ponente de la sentencia cuestionada constitucionalmente rindió
informe en el que solicitó declarar improcedente la solicitud de tutela, luego de
considerar que la sentencia de segunda instancia confirmó negar las pretensiones
de la demanda, por concluir que no se demostró que la causa de muerte del menor
estuviera asociada a la transfusión de sangre realizada a la paciente, puesto que,
según el informe pericial del médico forense ese tipo de procedimientos pueden
generar complicaciones, pese a que se coloque el tipo sanguíneo correcto.

Sostuvo que la decisión se adoptó con fundamento en la historia clínica y el
testimonio de los médicos que atendieron a la paciente, de lo que se concluyó que
la atención brindada fue oportuna y acorde a las afecciones presentadas por la
demandante, como fue ratificado por el dictamen pericial del Instituto Nacional de
Medicina Legal practicado en el proceso. Por lo que no se pudo inferir que los daños
alegados fueran causados por un actuar negligente u omisión en los deberes del
hospital demandado.

6.2. Respuesta del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta

El titular del despacho judicial rindió informe en el que solicitó que se declare que
no ha existido vulneración alguna a los derechos fundamentales incoados por la
accionante, toda vez que, la sentencia proferida el 7 de mayo de 2019, fue
confirmada con base al sustento fáctico y jurídico esbozado, bajo el cumplimiento
de las normas aplicables.

Refirió que la acción de tutela es un mecanismo para restablecer los derechos
fundamentales cuando estos se ven amenazados, no obstante, en el caso, no existe
acción u omisión que vulnere o amenace las garantías ius fundamentales de la
demandante.

7. Vinculadas

7.1. Respuesta de la Empresa Promotora de Salud ECOOPSOS S.A.S.

La representante legal de la entidad presentó informe en el que solicitó negar el
amparo deprecado, por considerar que lo pretendido está encaminado a analizar
nuevamente los hechos de la demanda, sin considerar que en el proceso ordinario
se valoraron y explicaron las circunstancias médicas, científicas y de causalidad que
conllevaron al fallecimiento del óbito fetal.

Indicó que el escrito de tutela no expone de manera clara y contundente los
“defectos” sobre los que presupone las irregularidades, salvo indicar que no solo
con la simple manifestación de una “vía de hecho” deviene como procedente
allanarse a la realización de un examen en ese sentido, pues solo hace una
extensión de los hechos de la demanda y critica a que las pretensiones debieron
ser atendidas favorablemente.

1
Notificado a las partes demandante, autoridades judiciales demandadas y terceros interesados a las siguientes
direcciones electronicas: abogadogabrielquintero@hotmail.com,
stectadminnstecd@cendoj.ramajudicial.gov.co, sgtadminnstd@cendoj.ramajudicial.gov.co,
notificacionesjudiciales@heqc.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co,
recursosacreencias@ecoopsos.com.co, notificacionesjudiciales@ecoopsos.com.co,
cayetanomoraabogado@gmail.com, al_he_an73@hotmail.com, annyyohanamq22@gmail.com,
karencecimon@hotmail.com, liandhe@hotmail.com, dentalminelly@gmail.com y vlorenamontano@gmail.com

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05917-00
Actora: Lauren Magreth Montaño Quintero

Señaló que el debate ya fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander quien decidió confirmar la sentencia de primera instancia, sin que
advirtiera alguna irregularidad en la ratio o en el procedimiento.

Refirió que de lo pretendido se observa la improcedencia del amparo, teniendo en
cuenta que a través de la acción de tutela no se pueden resolver asuntos sobre los
cuales el legislador ha previsto un mecanismo específico de defensa.

7.2. Las señoras Netty Minelly Montaño Quintero, Lina Andrea Herrera Angarita,
Karen Cecilia Montaño Quintero, Anny Yohana Montaño Quintero, Verónica Lorena
Montaño Quintero y el señor Alexander Herrera Angarita presentaron escrito
mediante el cual manifestaron atenerse a las resultas de la acción de tutela.

7.3. La E.S.E. Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña -Norte de Santander-,
autoridad vinculada al trámite constitucional no se pronunció en el asunto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Previo a formular el problema jurídico, se observa que la accionante dirige la
solicitud de tutela contra las providencias de 7 de mayo de 2019 y de 3 de agosto
de 2023, proferidas por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de
Cúcuta y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, respectivamente, sin
embargo, la Sala advierte que el examen de constitucionalidad lo abordará frente a
esta última, por ser la que pone fin a la litis.

En ese orden, corresponde a la Sala determinar si la providencia de 3 de agosto
de 2023, en la que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, confirmó la
decisión de 7 de mayo de 2019 del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito
de Cúcuta, que negó las pretensiones de la demanda de reparación directa
promovida contra la E.S.E Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña y la EPS
Ecoopsos, vulneró los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, al
debido proceso, “a la seguridad social en salud” y a la igualdad de la accionante por
“haberse incurrido en vía de hecho, que no es coherente con la Ratio Jures de la carta
política y transgredir el debido proceso desde el punto de vista hermenéutico, al darle una
interpretación errónea y contraria a la realidad fáctica y jurídica”.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones2.

2
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05917-00
Actora: Lauren Magreth Montaño Quintero

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20053, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que
se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente
a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia
de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
cumple o no con el requisito de relevancia constitucional4.

Así mismo, estableció que, este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala5, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela
no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir
asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de
discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que
el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la
propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en
el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no
está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar,
completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o
proponerse ante el juez natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por
más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda

3
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María
Victoria Calle Correa.
4
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
5
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05917-00
Actora: Lauren Magreth Montaño Quintero

de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer
la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de
los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados
y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir
las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1 En el presente caso, la accionante considera que la sentencia de 3 de agosto
de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander dentro del
medio de control de reparación directa adelantado contra la E.S.E Hospital Emiro
Quintero Cañizares de Ocaña y la EPS Ecoopsos, vulneró los derechos
fundamentales a la vida en condiciones dignas, al debido proceso, “a la seguridad
social en salud” y a la igualdad de la accionante por “haberse incurrido en vía de hecho,
que no es coherente con la Ratio Jures de la carta política y transgredir el debido proceso
desde el punto de vista hermenéutico, al darle una interpretación errónea y contraria a la
realidad fáctica y jurídica”.

4.2. Previo a cualquier análisis, la Sala advierte que en el presente asunto la acción
constitucional se torna improcedente toda vez que, no se cumple con el requisito de
relevancia constitucional, tal y como se expone a continuación:

Como se anotó, la señora Lauren Magreth Montaño Quintero presentó demanda de
reparación directa contra la E.S.E Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña y la
EPS Ecoopsos, en la que solicitó que se declarará la responsabilidad administrativa
y patrimonial por los daños y perjuicios causados por falla en el servicio médico
obstetra que devino en el fallecimiento del óbito fetal. El Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta mediante sentencia de 7 de mayo de
2019, negó las pretensiones de la demanda bajo los siguientes argumentos:

“(…)
De las pruebas aportadas y practicadas en el proceso, se puede tener por cierto es
que la señora LAUREN MAGRETH MONTAÑO QUINTERO, fue atendida por
urgencias el 26 de septiembre de 2011, que ya venía con dolores preparto, que al ser
valorada por el médico de turno, observa palidez generalizada por lo que ordena un
cuadro hemático, a pesar que en los antecedentes de la paciente encuentra registrado
que el problema de anemia padecido durante el embarazo ya se había corregido.

Ante los resultados de laboratorio que dan un reporte de hemoglobina de 7,5 gr/dl, los
médicos toman las medidas que consideran necesarias para proteger la vida de la
madre, ordenando trasfundir glóbulos rojos, situación que generó una reacción
adversa en la paciente que conllevó a un parto en avalancha y síndrome de Helpp y
Shejan.

Si bien se observa de la autopsia fetal realizada que el óbito fetal venía en buenas
condiciones para nacer, las complicaciones en la madre fueron las que provocaron la
muerte del naciturus como lo advirtió tanto el ginecólogo que la atendió, como el perito
en el dictamen rendido, quienes indican que la pérdida se produce por la reacción
adversa que sufrió la madre a la trasfusión de glóbulos rojos.

Para los mencionados es posible la reacción alérgica ante la trasfusión de sangre. En
concepto del ginecólogo al hacer una transfusión sanguínea, puede en un porcentaje
de un 5° 10% alterar la cascada de coagulación, en consecuencia existía la posibilidad

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05917-00
Actora: Lauren Magreth Montaño Quintero

que esto sucediera, pero por el nivel tan bajo de hemoglobina la trasfusión era el
procedimiento a seguir, conforme lo sustentan los médicos tratantes y el dictamen
pericial, ante la pérdida de sangre considerable que tendría la paciente al nacer su
bebe, ya sea por parto natural o al practicarle una cesaría, y la premisa manejada en
estos casos es que la gestante es la prioridad, lo que justifica lo que hicieron en la
atención prestada a la señora LAUREN MAGRETH MONTAÑO QUINTERO.

Tratándose de falla probada, como se dejó claro al analizar el título de imputación es
deber de la parte demandante probar que el actuar médico no fue el adecuado; sin
embargo, sin lugar a dudas la parte activa no cumplió con dicha carga, toda vez que
señala que la falla estuvo en no haber corregido los niveles anémicos que manejó la
paciente durante el embarazo, a pesar de haber tenido los controles prenatales
correspondientes, pero como se advirtiera en los hechos probados hay un registro con
fecha 19/9/11 de Hgb. 14.7 lo que indica que se había superado el síndrome anémico
de la paciente y así lo registra la Epicrisis obrante a fl.63 “sx anémico corregido” que
sea posible y explicable en términos médicos que el 26 siguiente, es decir 7 días
después, cuando asiste la señora Montaño Quintero por urgencias a dicha ESE el
examen de laboratorio que le practican ese mismo día le reporte una hemoglobina de
7.5 gr/dl, nada puede decirse al respecto, porque frente a la aseveración que el
síndrome anémico ya se había corregido, así como valor registrado de la hemoglobina
el 19/9/11 no fueron desvirtuadas mediante otras pruebas científicas, ni controvertidas
en las oportunidades procesales pertinentes, las pruebas recaudadas se orientaron a
revisar la atención médica brindada el día 26 de septiembre de 2011, de lo que se
desprende que frente a este aspecto no puede dilucidarse que haya ocurrida falla
alguna.

De lo que si hay claridad en el proceso es que la atención recibida por el servicios de
urgencias en la ESE Emiro Quintero Cañizares el día 26 de septiembre 2011, fue
correcta y oportuna conforme al cuadro médico que presentó la paciente, tal y como
concluyó el perito de medicina legal, no obstante la parte demandante sostiene
también que la autopsia perinatal se encuentra que el nascituros venía en buenas
condiciones para nacer y como esto no ocurrió entonces fue por una falla en la
prestación del servicios, pero tampoco logró evidenciar en donde estuvo la falla”.

La parte actora presentó el recurso de apelación contra la anterior decisión, el cual
fue resumido en la providencia de segunda instancia, así:

“no hubo valoración integral rigurosa del material probatorio obrante dentro del
plenario para determinar que la entidad incurrió en una falla del servicio médico.
Sostiene que la falla médica se enfoca en la falta del fenómeno llamado simbiosis por
parte de los organismos prestadores del servicio de salud, lo que conlleva a un caos
en el sistema y que no permite facilitar la prestación del servicio en razón a la falta de
comunicación interinstitucional.

Como sustento de lo anterior, señala que en el control prenatal la paciente presentaba
falencias en los ítems de la hemoglobina y en los sucesivos controles periódicos hasta
llegar al noveno mes, diagnóstico que persistió en su organismo y por ello es que al
momento del trabajo de parto, una vez evaluada en urgencias, le asignaron un
diagnóstico de síndrome anémico severo; síndrome que padeció durante todo el
embarazo y pese a ello, la institución hospitalaria no realizó esfuerzos clínicos
necesarios para corregir tal situación, lo que generó consecuencia que al llegar al
trabajo de parto se presentará la crisis del diagnóstico denominado síndrome anémico
severo.

Advierte que en el certificado o experticia forense suscrito por la patóloga Felisa
Carvajalino Calle se certifica que el menor evolucionó en condiciones normales, se
encontraba bien desarrollado, pero en el trabajo de parto se produjo necesariamente
el colapso por la falta de simbiosis entre los organismos prestadores del servicio de
salud. Precisa que los médicos a los que les correspondió la atención del
procedimiento clínico son claros y enfáticos en reconocer que para la prestación de
los servicios médicos asistenciales no existía una infraestructura ni una
reglamentación donde opere el fenómeno jurídico de lo simbiótico. Así las cosas,
concluye solicitando sean acogidas las suplicas de la demanda”.

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en sentencia de 3 de agosto de
2023, confirmó la decisión de primera instancia e indicó que con las pruebas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05917-00
Actora: Lauren Magreth Montaño Quintero

aportadas se demostró que la entidad hospitalaria brindó una adecuada prestación
del servicio médico y que no existen elementos de conduzcan a establecer que la
causa de muerte del óbito fetal tuvo relación directa con dicha prestación. Al efecto
señaló lo siguiente:

“(…)
Visto ello, se tiene que tanto el síndrome de SHEEHAN como el de HELP son
consecuencia de hemorragias sufridas por la madre gestante, como de la
descomposición de glóbulos rojos, lo que puede generar anemia severa, lo que ocurrió
en la señora Lauren Magreth Montaño Quintero, motivo por el cual resultaba necesario
ordenar la trasfusión de glóbulos rojos.

Así pues, se encuentra probado que desde el ingreso de la paciente al hospital
demandado fue atendida por varios médicos y debido a su complicación fue
trasladada a la sala de cuidados intensivos, sin que en ningún momento se
hubiera interrumpido el servicio médico. Cabe precisar en este punto, que no
obran pruebas en el expediente que permitan establecer que la causa de muerte
del menor hijo de la señora Lauren Magreth Montaño Quintero tuvo una relación
directa con la prestación del servicio médico por parte de los profesionales
adscritos al hospital y a la EPS demandados.

Debe recordarse que en materia de responsabilidad médica, al Estado se le exige la
utilización adecuada de todos los medios técnicos y profesionales de que está
provisto; si el daño se produce por su incuria en el empleo de tales medios, surgirá su
obligación resarcitoria; por el contrario, si el daño ocurre pese a su diligencia no podrá
quedar comprometida su responsabilidad, habida cuenta que en este tipo de eventos
la responsabilidad del Estado es de medio y no de resultado.

En ese orden de ideas, tratándose de casos donde se discute la declaratoria de
responsabilidad con ocasión de actividades medico asistenciales, se debe analizar
bajo el régimen de falla probada del servicio. Dicha concepción resulta aplicable de
forma considerable a los casos de falla médica en el servicio de obstetricia con la
particularidad de que, si el demandante demuestra que el embarazo se desarrolló en
condiciones de total normalidad, sin evidentes posibles complicaciones y que sin
embargo, el resultado trajo consigo un daño a raíz del parto, esto conlleva a ser un
indicio para la declarar la responsabilidad”.

Lo anterior permite evidenciar que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
estudió los planteamientos debatidos por la parte actora en el proceso de
reparación directa, los cuales fueron reiterados en la solicitud de tutela, pues como
se observa, (i) se efectuó un análisis probatorio sobre lo relativo a los niveles de
hemoglobina que presentó la accionante durante la gestación, (ii) lo concerniente a
la atención prestada el día del parto, (iii) los aspectos que tuvieron en cuenta los
médicos para ordenar la trasfusión de glóbulos rojos, (iv) el dictamen pericial
rendido por Medicina Legal, entre otros, que condujo a que el juez natural arribara
a la conclusión de que con las dichos elementos probatorios allegados al proceso
no era posible establecer que se presentó una falla en el servicio alegado.

4.3. En este punto, debe resaltar la Sala que el carácter residual y subsidiario de la
acción de tutela impide que a través del mecanismo de protección constitucional se
reabran debates legales ya superados por el juez ordinario, por lo que el mecanismo
constitucional no está habilitado para controvertir una decisión judicial por el solo
desacuerdo con la misma. Dicho con otras palabras, no le corresponde al juez de
tutela invadir las competencias que han sido definidas por la Constitución y la ley,
pues ello iría en contravía del diseño de jurisdicciones con diferentes especialidades
que han sido previamente definidas como expresión de la garantía del juez natural.

En este sentido, a juicio de la Sala, los reproches desarrollados por la accionante
en el escrito de tutela, tales como la atención médica prestada a la accionante el día
del parto, lo que en realidad pretenden es darle continuidad al debate relacionado
con la negativa adoptada por la autoridad judicial accionada en el marco del proceso

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05917-00
Actora: Lauren Magreth Montaño Quintero

de reparación directa, lo que no conlleva el análisis de la vulneración de derechos
de carácter ius fundamental.

En efecto, más allá de la inconformidad con la providencia que se objeta, no existe
una justificación suficiente de las razones por las cuales la accionante considera
que la sentencia cuestionada vulnera sus derechos fundamentales, para lo que se
requiere, además de ubicar conceptualmente la supuesta transgresión en alguno de
los defectos desarrollados jurisprudencialmente para la procedencia de la tutela
contra providencias judiciales, que se evidencie una actuación ilegítima por parte
del juez natural de la causa que amerite la intervención del juez Constitucional.

No basta con que la accionante sostenga que no se hizo una valoración de la
realidad fáctica ni jurídica aplicable al caso, sino que es necesario que se explique
de qué forma la decisión adoptada en segunda instancia se tornó vulneradora de
los derechos fundamentales que se alegan transgredidos, lo cual no ocurrió en el
presente caso.

Al respecto, es necesario recordar que la Corte Constitucional en sentencia SU-573
de 20196, estableció que la relevancia constitucional tiene tres finales, a saber: “(i)
preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice
para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en
una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces”7 (Negrita de la Sala).

Para la Sala, lo que se evidencia en el presente asunto es una inconformidad de la
parte actora con la negativa de la autoridad judiciales accionada en acceder a las
súplicas de la demanda, ya que los argumentos que planteó en la solicitud de tutela
no están encaminados a demostrar algún defecto en la providencia objetada que
vulnere sus derechos y, en tal sentido, no emanan la relevancia constitucional
necesaria para ser estudiados en esta sede de naturaleza residual, subsidiaria y
constitucional.

De esta forma, se considera que no existe un real cuestionamiento ius fundamental
en relación con una decisión judicial, sino simplemente la expresión de
inconformidad con el sentido de los fallos en ambas instancias del proceso ordinario,
discrepancias que no ameritan la revocación por vía de tutela de una providencia,
porque hacerlo llevaría a desconocer los principios de autonomía e independencia
judicial.

Con todo, el requisito de la relevancia constitucional, se encamina a que los debates
de estricta legalidad sean resueltos por el juez natural, por lo que no le corresponde
al juez de tutela dar reapertura a las discusiones ampliamente analizadas en
sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada amparada, por la presunción de
acierto y veracidad.

Lo anterior es razón suficiente para concluir que la accionante acudió a la acción de
tutela, con inobservancia del requisito de la relevancia constitucional, lo que
evidencia la intención de continuidad de un debate de naturaleza litigiosa.

Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela,
por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional.

6
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
7
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05917-00
Actora: Lauren Magreth Montaño Quintero

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora Lauren Magreth Montaño Quintero, por conducto de apoderado judicial, por
las razones expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.