Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05929-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05929-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-05929-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández
2 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D. C. dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05929-00
Accionante: HEYDY DEL CARMEN MONTERO ASCENCI
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE
Tema: Tutela contra providencias judiciales / derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social,
igualdad y acceso a la administración de justicia /
principios constitucionales a la situación más
favorable al trabajador y de la perpetuatio
jurisdictionis / medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho / sanción moratoria de
docentes
Sentencia de primera instancia
La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por la
señora Heydy del Carmen Montero Ascenci, quien actúa por conducto
de apoderado, en contra del Tribunal Administrativo de Sucre, por la
presunta vulneración de derechos fundamentales ocurrida con ocasión
de la expedición de la providencia del 12 de julio de 2023, proferida en
el curso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado núm. 70001-23-33-005-2022-00044-01.
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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05929-00
Accionante: Heydy del Carmen Montero Ascencio
I. ANTECEDENTES
La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, seguridad social, igualdad y acceso a la administración de
justicia, y de los principios a la situación más favorable al trabajador y
de la perpetuatio jurisdictionis, se fundamenta en los siguientes:
1. HECHOS
La señora Heydy del Carmen Montero Ascencio fue vinculada como
docente en la Secretaría de Educación del departamento de Sucre
después del 1.° de enero de 1990 hasta la fecha, por lo que su régimen
de cesantías es anualizado.
El 15 de febrero de 2021 no le fue consignado al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG el auxilio de cesantías
por sus servicios prestados correspondientes al año 2020.
Por lo anterior, el 27 de agosto de 2021 la accionante formuló petición
ante la Secretaría de Educación de Sucre, a fin de obtener el
reconocimiento de la sanción por mora prevista en el artículo 99 de la
Ley 50 de 1990, solicitud que no fue resuelta por la entidad.
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho la accionante demandó el acto ficto o presunto con ocasión al
silencio administrativo, proceso que por reparto correspondió al
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo,
dependencia judicial que, mediante sentencia del 15 de diciembre de
2022, negó las pretensiones de la demanda.
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Inconforme con la anterior decisión, la entidad demandada interpuso
recurso de apelación el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo
de Sucre, a través de sentencia del 12 de julio de 2023, en la que
revocó la decisión proferida por el a quo y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda al considerar que la demandante no era
acreedora de la sanción moratoria porque se encuentra afiliada al
FOMAG, por lo que, el reconocimiento, liquidación y pago de las
cesantías y sus intereses del año 2020 se rigen por la Ley 91 de 1989.
2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
La parte accionante sostiene que el Tribunal Administrativo de Sucre,
al proferir la sentencia del 12 de julio de 2023, incurrió en la vulneración
de sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social,
igualdad y acceso a la administración de justicia, y de los principios a
la situación más favorable al trabajador y de la perpetuatio
jurisdictionis.
Señala que con la decisión acusada se configuró un defecto
sustantivo por la no aplicación del régimen de cesantías adecuado,
dado que pertenece al sistema anualizado consagrado en las leyes 50
de 1990, 91 de 1989 y 344 de 1996, de manera que el no pago
oportuno de dicha prestación genera la sanción moratoria y una
vulneración al ordenamiento jurídico.
Adicionalmente, alega una violación directa de la Constitución,
teniendo en cuenta la interpretación y aplicación de normas
relacionadas con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por
la consignación tardía de cesantías a los docentes, mediante la cual se
concluye que i) el pago oportuno de las cesantías es una garantía de
todos los trabajadores que es protegida por la Constitución, ii) los
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docentes oficiales son empleados públicos, teniendo en cuenta las
funciones que desarrollan, el régimen de carrera al que se encuentran
sometidos y la vinculación mediante nombramiento y por lo tanto
tienen derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por
consignación tardía de las cesantías.
Por otro lado, señala que se incurrió en un desconocimiento del
precedente establecido en la sentencia SU-098 del 17 de octubre de
2018 de la Corte Constitucional, en la que se dispuso que la Ley 50 de
1990 es aplicable a los docentes adscritos al FOMAG y, en
consecuencia, tienen el derecho al reconocimiento de la sanción
moratoria que deviene de la consignación tardía de las cesantías
anuales.
Asimismo, argumenta que no se tuvieron en cuenta las 22 sentencias
proferidas entre los años 2020, 2021 y 2022 por la Sección Segunda
del Consejo de Estado en las que se accedió a las pretensiones de los
demandantes de manera positiva al aplicar la Ley 50 de 1990 a los
docentes afiliados al FOMAG respetando la condición más favorable
respecto de los derechos laborales de los docentes oficiales.
3. PRETENSIONES
La parte accionante solicita lo siguiente:
«Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO
DE SUCRE en la sentencia proferida el día 12/07/2023, en el expediente rad.
No. 70001333300520220004401, transgredió los derechos fundamentales: AL
DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN
MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE
DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS,
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SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE
JUDICIAL VERTICAL, del accionante, por considerar que las razones de la
decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia
constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso
administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales por
parte del accionado.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SUCRE; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes
judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098
de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado
mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción
por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados
establecidos en los siguientes expedientes […].
[…]». (sic en toda la cita).
4. INFORMES
Mediante auto del 6 de octubre de 2023, el despacho sustanciador
admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal
Administrativo de Sucre como accionado y al departamento de Sucre y
a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio como terceros interesados en las
resultas del proceso.
Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el
presente asunto.
4.1. La Nación – Ministerio de Educación Nacional solicitó que se
rechace por improcedente la acción de tutela de la referencia por no
cumplir con el requisito de subsidiariedad, porque considera que la
parte accionante no hizo uso de todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa.
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De igual modo, señaló que la tutela bajo estudio carece de relevancia
constitucional, en virtud del precedente fijado por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-128 de 2021, la cual exige que el
asunto debe tener trascendencia superior y no solamente legal o de
otra naturaleza, como sería la exclusivamente económica de
connotaciones particulares y privadas.
4.2. La Fiduprevisora S.A. solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
4.3. No se rindieron más informes.
II. CONSIDERACIONES
1. CUESTIÓN PREVIA
El magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez manifiesta encontrarse
incurso en la causal de impedimento consagrada en el numeral 5.º del
artículo 56 del Código de Procedimiento Penal para conocer de la acción
de tutela de la referencia, toda vez que sostiene una amistad íntima de
muchos años con la magistrada Tulia Isabel Jarava Cárdenas, la cual
suscribió la sentencia que se cuestiona. Al efecto, la norma dispone:
« 5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes,
denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial. » (negrilla de la Sala)
En virtud de lo anterior, la Sala declarará fundado el impedimento para
conocer del presente asunto manifestado por el consejero Jorge Iván
Duque Gutiérrez, puesto que, en efecto, como lo manifestó, la señora
Tulia Isabel Jarava Cárdenas fungió como magistrada de la providencia
del 12 de julio de 2023 que es objeto de la acción de tutela de la
referencia, con lo que su afirmación encuadra en el enunciado
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normativo invocado, razón por la cual se le separará del conocimiento
de este asunto.
2. PROBLEMA JURÍDICO
De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a determinar si el Tribunal
Administrativo de Sucre, con la expedición de la sentencia del 12 de
julio de 2023, incurrió en un defecto sustantivo, una violación directa
de la Constitución y un desconocimiento del precedente y, por
consiguiente, en la vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso, seguridad social, igualdad y acceso a la administración
de justicia, y de los principios a la situación más favorable al trabajador
y de la perpetuatio jurisdictionis de la parte accionante.
2. PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación1, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
1
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
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mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le
impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de
seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que en el proceso se
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica; y (vi) que
no se trate sentencias de tutela.
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En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción resulta procedente únicamente en
aquellos eventos en los cuales se vean afectados derechos
fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes
eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto
fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación
directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.
2.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional cumple
con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que
habilitan su interposición.
En efecto, (i) la Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración como los derechos quebrantados se encuentran
plenamente individualizados; (ii) la accionante carece de recursos
ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional; y
(iii) la interposición del mecanismo se dio en un lapso razonable y
proporcionado, pues no transcurrieron más de 6 meses, incluso, entre
la expedición de la providencia cuestionada (12 de julio de 2023) y la
interposición de la acción de tutela (4 de octubre de 2023) contado
entre la expedición de la providencia y la interposición de la tutela; y
(iv) el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la
medida que se centra en establecer una posible vulneración
iusfundamental como consecuencia de los defectos sustantivo y
procedimental en los que, presuntamente, incurrieron las autoridades
judiciales cuestionadas.
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2.2. DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO
De conformidad con la jurisprudencia constitucional2, el defecto
material o sustantivo se origina en primer término, cuando la autoridad
judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia, fundamenta su
decisión en normas que son inexistentes o inconstitucionales3, es decir,
se da en los casos en que la autoridad judicial se basa en, «(i) una
norma no aplicable al caso, ya sea, porque la norma, (a) no es
pertinente de aplicación, (b) se empleó cuando fue derogada y como
consecuencia perdió su vigencia, (c) es inexistente, (d) ha sido
declarada contraria a la Constitución, (e) está vigente y es
constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó,
(ii) su interpretación no se encuentra dentro del margen de
interpretación razonable o es errada, (iii) no se da aplicación a las
sentencias con efecto erga omnes, que son aquellas de aplicación
general, (iv) la norma aplicada se torna injustificadamente regresiva o
contraria a la Constitución, y finalmente, (v) cuando un poder
concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no
previsto en la disposición»4.
En segundo lugar, el defecto material o sustantivo se origina cuando en
la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción evidente y
grosera entre la decisión y los fundamentos que la explican. En este
orden de ideas, se produce cuando la decisión «(vi) se funda en una
hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con omisión del
análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii) cuando
desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en concreto,
(viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende afecta
2
Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-567 de
2015, entre otras.
3
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
4
Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
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derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de argumentación
se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el juez no aplica la
excepción de inconstitucionalidad frente a una manifiesta violación de
la Constitución»5.
2.3. DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el
principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no
solamente el trato ante la ley sino también de protección por parte de
las autoridades y específicamente en la interpretación y aplicación de
la ley por parte de las autoridades judiciales, preservándose de esta
manera la seguridad jurídica y con ella la certeza en que los jueces van
a decidir los casos iguales de la misma forma6. En ese sentido, el
precedente judicial7 es la figura jurídica que sirve como dispositivo de
preservación de la confianza de la ciudadanía en el ordenamiento, pues
no solo hace previsibles las consecuencias jurídicas de sus actos sino
también materializa la igualdad en la aplicación del derecho8.
En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que
constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto
sentido9. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión
de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no
algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más
importante es que contiene algunos puntos de derecho que guían al
5
Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
6
Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571 de
2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.
7
En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional precisó que
precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso
determinado, que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe
necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”.
8
MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012,
vol. 18, no 1, p. 249-266.
9
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un
carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en
cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber de
argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de
transparencia e igualdad”10.
No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede
convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades
judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien
sean estos verticales u horizontales11, siempre y cuando cumplan con
(i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del
que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les impone
el deber de señalar una justificación razonable, seria, suficiente y
proporcionada, en la que manifiesten las razones por las cuales se
apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que, en palabras
de la misma Corte, se protege el carácter dinámico del derecho y los
principios de autonomía e independencia que caracterizan la labor
judicial12.
3. CASO CONCRETO
Ahora bien, de conformidad con las piezas procesales que reposan en
el expediente de tutela, se advierte lo siguiente:
10
Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
11
Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior jerárquico
y que resultan pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas decisiones fijadas por
una autoridad judicial de la misma jerarquía y que resultan relevantes para resolver un caso concreto. Al
respecto ver la Sentencias T- 589 de 2007.
12
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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El Tribunal Administrativo de Sucre, mediante providencia del 12 de
julio del 2023, revocó lo resuelto en la sentencia de primera instancia
y, en su lugar, negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria
por la consignación inoportuna de las cesantías a la demandante, bajo
las siguientes consideraciones:
«Pues bien, teniendo en cuenta el régimen normativo y la pauta marcada por la
jurisprudencia puesta de presente, considera la Sala que los docentes afiliados al
FOMAG cuentan con un régimen especial para la consignación y liquidación de sus
cesantías, que es el previsto en la Ley 91 de 1989 y el Acuerdo No. 39 de 1998, el
cual, funciona bajo el concepto de unidad de caja, sin que proceda la consignación
de la citada prestación a cada docente en una cuenta individual, pues, los recursos
destinados para su pago son girados de forma global e incorporados con una
periodicidad mensual durante todo el año.
De manera que, los recursos comunes relacionados con el pago auxilio de cesantías
de los docentes a fecha 31 de diciembre del año de su causación reposan en el
FOMAG, no obstante, la liquidación individual de las cesantías de cada docente es
realizada por las secretarías de educación territorial en el término establecido por el
FOMAG, que para el auxilio de cesantías correspondiente al año 2020, fue el 5 de
febrero de 2021, según lo estipulado en el Comunicado No. 008 del 11 de diciembre
de 202040, liquidación que se efectúa con el único fin de pagar los intereses de las
cesantías, más no para efectos de consignar esta prestación social en una cuenta
individual antes del 15 de febrero del año siguiente, como sucede en el régimen
anualizado de cesantías de la Ley 50 de 1990, iterando que las cesantías de los
docentes en atención al principio de unidad de caja se reportan en el FOMAG de
manera conjunta.
Por ello y como quiera que las cesantías de la demandante se vienen reportando en
el FOMAG desde su afiliación al precitado fondo, la Sala considera que no le es
aplicable la sanción moratoria derivada de la no consignación de las cesantías antes
del 15 de febrero del año siguiente, que se encuentra prevista en el artículo 99 de la
Ley 50 de 1990.
En este punto se precisa, que en el presente caso no es vinculante la posición fijada
en la SU-098 de 2018 y en las sentencias del Honorable Consejo de Estado en las
que por favorabilidad se ha aplicado a los docentes la sanción moratoria de que trata
el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por la omisión de los entes territoriales de i)
realizar su afiliación al FOMAG, trayendo ello, como consecuencia que no se le
reconozcan y consignen sus cesantías y de ii) trasladar su auxilio de cesantías al
FOMAG al momento de su vinculación, que este Tribunal ha aplicado en casos
semejantes, toda vez que, los supuestos fácticos en el presente proceso son distintos,
por pretenderse el reconocimiento de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, por
la no consignación del auxilio de cesantías de la demandante correspondiste al año
2020 antes del 15 de febrero de 2021, quien es un docente afiliado al FOMAG, cuyas
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cesantías se han venido eportando en el fondo en alusión desde el 2009 a 2020, como
da cuenta el Extracto de Intereses a las Cesantías, emanado del FOMAG.
(…)
Por lo tanto, la demandante no es beneficiaria de la sanción moratoria contenida en
la Ley 50 de 1990, pues, tal penalidad no está instituida en el régimen especial que
regula el reconocimiento de las cesantías de los docentes, que no es otro que el
previsto en la Ley 91 de 1989 y el Acuerdo No. 39 de 1998, en el cual, se administran
los recursos conforme al principio de unidad de caja, además, por no existir un
precedente consolidado de obligatoria aplicación en este asunto, que se itera es
disímil a aquellos procesos en que la Honorable Corte Constitucional, el
Honorable Consejo de Estado y este Tribunal han aplicado por favorabilidad la
sanción cuyo reconocimiento persigue la parte demandante.»
De lo anterior, se advierte que la decisión del tribunal accionado de
confirmar la decisión que negó las súplicas de la demanda obedeció a
que, en su criterio, los docentes oficiales no son acreedores de la
sanción moratoria, ni de la indemnización procurada, comoquiera que
la Ley 50 de 1990 no les es aplicable, toda vez que ellos cuentan con
un régimen especial consagrado en la Ley 91 de 1989.
Ello lo llevó a concluir que el criterio contenido en la sentencia SU-098
de 2018 no es aplicable al asunto puesto que, entre otras cosas, la
Corte Constitucional en dicha oportunidad se refirió a unos docentes
que no fueron afiliados al FOMAG y no al reconocimiento de la sanción
moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para
aquellos afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.
En esa medida, señaló que la sanción solicitada no es compatible con
la normatividad aplicable a los docentes, porque el régimen especial
docente dispuesto por la Ley 91 de 1989 prevé la forma como debe
liquidarse el interés de las cesantías y la fecha en que se debe realizar
el desembolso, sin que contemple sanción alguna.
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En consecuencia, la autoridad judicial accionada sostuvo que, de
acuerdo con la normatividad aplicable al caso y las pruebas adjuntadas
al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la señora
Heydy del Carmen Montero Ascencio no es acreedora de la sanción
moratoria pretendida en la demanda.
Lo expuesto permite a la Sala de Subsección concluir que la posición
jurídica asumida por la autoridad judicial accionada no configura
ninguno de los defectos alegados por la parte accionante toda vez que,
a partir de la valoración integral del material probatorio obrante en el
proceso, las normas vigentes y las providencias judiciales proferidas al
respecto, estableció que la sanción solicitada no era compatible con la
normatividad aplicable a los docentes.
Lo anterior, porque los docentes tienen un régimen especial dispuesto
por la Ley 91 de 1989 y porque, además, no era dable seguir el criterio
señalado en la sentencia SU098 de 2018, por cuanto allí la Corte
Constitucional se refirió sobre varios asuntos de presupuestos fácticos
diferentes, entre ellos, el hecho de que los allí demandantes no
hubieran sido afiliados al FOMAG, situación que difiere de la de la hoy
accionante, que sí se encuentra vinculada a dicho fondo.
En este punto, es relevante destacar que la misma Corte Constitucional,
de manera posterior, al analizar un asunto similar al que ahora ocupa
la atención de la Sala, profirió la sentencia SU-573 de 2019, en la que
precisó:
«58.- (…) De otra parte, porque no cualquier violación del debido proceso puede
ser impugnada en sede de tutela13, pues la intervención del juez constitucional se
13
La Corte ha señalado que el debido proceso tiene por finalidad proteger las garantías esenciales o
básicas de cualquier proceso, a saber: (i) el derecho al juez natural, (ii) el derecho a presentar y
controvertir pruebas, (iii) el derecho de defensa, incluida la posibilidad de ejercer una defensa técnica, (iv)
el derecho a la segunda instancia en el proceso penal, (v) el principio de determinación de las reglas
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justifica para “proteger a la parte procesal que ha quedado indefensa frente a los
excesos del juez ordinario” 14,ante “desvíos absolutamente caprichosos y
arbitrarios –inobservancia de precedentes o decisiones carentes de justificación o
motivación jurídica”15. Para la Sala, el presente asunto carece de relevancia
constitucional, por esta segunda razón, ya que no se advierte un escenario de
afectación a la igualdad, seguridad jurídica y debido proceso de los accionantes, por
dos razones.
59.- La primera: las decisiones cuestionadas no constituyen desvíos caprichosos o
arbitrarios de la autoridad judicial, pues el Consejo de Estado motivó
adecuadamente por qué, en su criterio, los accionantes no eran beneficiarios de “los
artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990, que contemplaron el plazo para la
liquidación del valor liquidado anualmente con anterioridad al 15 de febrero y la
sanción moratoria para el empleador que incumpla esta obligación”.
60.- La segunda: en el presente caso no se está en presencia de “decisiones
contradictorias en casos idénticos”16, dado que el sub iudice no comparte identidad
fáctica y jurídica con las decisiones judiciales que sustentan el supuesto
desconocimiento del precedente y, por tanto, no es posible evidenciar prima facie
un precedente que el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo hubiese podido desconocer. Lo dicho se puede comprobar a partir de
la comparación de la decisión cuestionada con los precedentes presuntamente
desconocidos:
Criterio Caso sub judice Sentencia del Sentencia SU-336 Sentencia T-008 de
Consejo de de 2017 2015
Estado17
Tipo de Sanción moratoria Sanción moratoria Sanción moratoria Sanción moratoria por
sanción por la no por el pago tardío por el pago tardío la omisión
moratoria consignación de de sus cesantías de sus cesantías injustificada en la
solicitada cesantías en el definitivas. definitivas. afiliación al
fondo FOMAG.
correspondiente.
Fundamento Artículos 99, 102 y Leyes 244 de 1995 y Leyes 244 de 1995 y Decretos 3752 de
jurídico el 104 de la Ley 50 de 1071 de 2006. 1071 de 2006. 2003 y Decreto 1582
reconocimiento 1990 y la Ley 344 de 1998, por el cual se
de la sanción de 1996, reglamentan
reglamentada por parcialmente los
el Decreto 1582 de artículos 13 de la Ley
1998. 344 de 1996 y 5 de la
Ley 432 de 1998.
procesales o, en otros términos, el principio de legalidad y (vi) el derecho a la publicidad en las
actuaciones que se surten en el marco de un proceso. Conforme a tal interpretación, en principio, solo
serán objeto de revisión las decisiones judiciales que se aparten de los elementos del debido proceso
constitucional descritos y que, por tanto, conlleven anular el ejercicio de la defensa y contradicción en el
proceso, al restringir o enervar en forma grave el equilibrio procesal entre las partes. Al respecto, ver las
sentencias SU-1184 de 2001 y T-061 de 2007.
14
Sentencia T-685 de 2003.
15
Ibid.
16
Sentencia SU-053 de 2015.
17
Sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
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(…)
66.- Según los accionantes, las decisiones cuestionadas desconocieron el precedente
fijado por la Corte Constitucional en las sentencias SU-336 de 2017 y T-008 de
2015, así como por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 18 de
julio de 2018, pues, en su criterio, “les es aplicable el régimen general en lo no
estipulado en el especial, en lo que tiene que ver con el reconocimiento de la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías establecida en la Ley 244 de 1995,
modificada por la Ley 1071 de 2006, situación que de acuerdo con lo establecido
en los artículos 13 y 53 de la Constitución Política, es aplicable, por analogía, de
igual manera en cuanto a la Ley 344 de 1996”18. No obstante, tal como se expuso
supra, la ausencia de (i) hechos materiales análogos y (ii) elementos jurídicos y
normativos semejantes19 entre el sub iudice y las sentencias referidas por los
tutelantes -inexistencia de una regla jurisprudencial genuinamente análoga20-,
impide advertir, prima facie, la configuración de un defecto por desconocimiento
del precedente.
67.- Lo anterior es evidente, teniendo en cuenta que en el presente asunto se debate
la aplicación de la Ley 50 de 1990, que regula la sanción moratoria por no
consignación oportuna de las cesantías, mientras que en las sentencias de
unificación proferidas por la Corte Constitucional y por el Consejo de Estado se
discutió la aplicación de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías,
prevista por la Ley 244 de 1995, en casos en los cuales los actores habían solicitado
el pago efectivo de la prestación social. Así mismo, en la Sentencia T-008 de 2015,
la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional resolvió un asunto relativo a
una solicitud de sanción moratoria por la no afiliación al fondo de cesantías, que ya
había sido liquidada en los términos del Decreto 1582 de 199821, pero no cancelada.
68.- Ahora bien, durante el trámite de la acción de tutela, los accionantes allegaron
ante el juez de primera instancia la Sentencia SU-098 de 201822, por medio de la
cual la Corte Constitucional resolvió sobre el “pago de la sanción moratoria por la
no consignación de las cesantías en la fecha indicada en la ley, así como de los
intereses y los rendimientos financieros que se causaron con dicho retardo”23. A
pesar de no haber sido parte del debate procesal en sede de tutela, esta sentencia
tampoco constituye un precedente aplicable al asunto sub examine respecto del cual
se pueda evidenciar prima facie una amenaza de vulneración a los derechos
fundamentales de los tutelantes, por cuanto: (i) la decisión es posterior a las
providencias judiciales cuestionadas en sede de tutela y, (ii) no obstante la Corte se
pronunció sobre la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías
prevista por la Ley 50 de 1990, artículo 13 de la Ley 344 de 1996 y los Decretos
1582 de 1998 y 1252 de 2000, la ausencia de identidad fáctica también “impide
aplicar el precedente al caso concreto”24, como pasa a explicarse.
18
Fl. 3, Cdno. 1 de los expedientes de tutela.
19
Ibid.
20
Sentencia T-425 de 2019.
21
Por medio del cual se reglamentaron los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998.
22
Fls. 82-113, Cdno. 1 del expediente T-7.457.373, fls. 83-114, Cdno. 1 del expediente T-7.457.923 y fls.
77-108, Cdno. 1 del expediente T-7.466.562.
23
Sentencia SU-098 de 2018.
24
Sentencia SU-354 de 2017.
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Criterios Sentencia SU-098 de 2018 Caso sub examine
Docentes inscritos en el escalafón
Vinculación Docente en provisionalidad. docente de carrera con
nombramiento en propiedad.
El vínculo del docente terminó,
dado que se acogió a lo dispuesto
en el Decreto 1278 de 2002. Por tal
razón, la Secretaría de Educación Actualmente, los docentes se
de este municipio expidió la encuentran vinculados con el
Vigencia del vínculo Resolución N° 4143.3.21.5447 del Departamento del Atlántico y su
laboral 22 de octubre de 2007, por la cual vínculo laboral se ha mantenido
reconoció el pago de las vigente sin solución de
25
prestaciones sociales definitivas e continuidad .
informó que el pago se realizaría
en el respectivo Fondo de
Cesantías.
El docente nunca fue afiliado al
Fondo Nacional de Prestaciones
Afiliación al Los docentes sí fueron afiliados al
Sociales del Magisterio (FOMAG)
FOMAG FOMAG.
ni a otro fondo, por un error
interno.
Una vez culminó su relación
Los docentes no reclamaron el
laboral con el Municipio de
pago efectivo de las cesantías de
Santiago de Cali, al docente le
Reclamación los años 2001, 2002 y 2003. No
reconocieron el pago de las
efectiva de pago de obstante, sí solicitaron el pago de
prestaciones sociales, entre
las cesantías la sanción moratoria por no
estas, las cesantías.
consignación de las cesantías por
dicho periodo.
El docente solicitó el
Los docentes solicitaron el
reconocimiento, liquidación y
Tipo de sanción reconocimiento y pago de la
pago de la sanción moratoria por
moratoria sanción moratoria por la no
la no consignación de las
reclamada consignación oportuna de las
cesantías, los intereses a las
cesantías.
cesantías ni los rendimientos.
69.- Finalmente, es preciso agregar que la Corte Constitucional expidió la Sentencia
SU-332 de 2019, en relación con el régimen prestacional de los docentes oficiales.
En dicha sentencia señaló que “los docentes oficiales, en tanto empleados públicos,
tienen derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío
de las cesantías”26, prevista por la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de
2006. Con todo, esta decisión no tiene efectos vinculantes frente al asunto decidido
en esta oportunidad, por cuanto: (i) esta providencia de unificación es posterior a las
decisiones judiciales cuestionadas por los accionantes27 y (ii) no existe identidad
25
Fls. 63, 64, 67 y 71 del Cdno. Principal.
26
Sentencia SU-332 de 2019.
27
Las providencias cuestionadas fueron dictadas por el Consejo de Estado el 7 de septiembre de 2018
(expediente T-7.457.373), el 24 de agosto de 2018 (expediente T-7.457.923) y el 16 de agosto de 2018
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fáctica ni jurídica con el asunto sub iudice, toda vez que los accionantes reclaman el
pago de la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías, prevista
por la Ley 50 de 1990».
Es claro, entonces, que lo planteado en esta sede constitucional se
limita a evidenciar una diferencia de criterios frente a la interpretación
de una norma, lo que no es suficiente para calificar una providencia
como arbitraria o caprichosa, y menos aún, violatoria de derecho
fundamental alguno pues, como quedó visto, no ha sido expedida una
sentencia de unificación vinculante que imponga el reconocimiento de
la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 por la consignación
tardía de las cesantías a los docentes que se encuentran en la misma
situación fáctica de la accionante y, en ese sentido, el tribunal resolvió
el asunto bajo un análisis plausible, con una carga de argumentación
suficiente y razonable que debe ser respetada en virtud de los principios
de autonomía e independencia judicial.
Señalado lo anterior, no encuentra esta Sala de Subsección que en el
presente asunto se haya configurado ninguna de las causales
específicas de procedibilidad alegadas, toda vez que las conclusiones a
las que llegó la autoridad judicial accionada para resolver el caso y
acceder a las súplicas de la demanda no obedecieron a un capricho o
arbitrariedad, ni se fundaron en su simple voluntad, sino que por el
contrario, se basaron en un razonable ejercicio de interpretación
normativa y jurisprudencial, contrastada con los contornos fácticos del
asunto.
De este modo se insiste que, en principio, la acción de tutela no procede
para resolver divergencias interpretativas de la ley, pues el criterio de
la autoridad judicial de conocimiento prevalece frente a la opinión del
juez constitucional, no sólo porque es el juez natural del asunto, sino
(expediente T-7.466.562), mientras que las sentencias SU-098 de 2018 y SU-332 de 2019 fueron
proferidas por la Corte Constitucional el 17 de octubre de 2018 y 25 de julio de 2019, respectivamente.
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también porque este se encuentra amparado por los principios de
autonomía e independencia judicial que imponen el respeto por la cosa
juzgada.
Finalmente, resulta oportuno señalar que, de manera reciente, la
Sección Segunda del Consejo de Estado profirió la sentencia del 11 de
octubre de 2023 dentro del proceso con radicado número 66001-33-
33-001-2022-00016-01, en la cual unificó su jurisprudencia en el
sentido de precisar que «Los docentes estatales afiliados al FOMAG no
tienen derecho a la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del
artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es incompatible con
el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de
1989. Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté
afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la
sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social
en favor del docente estatal», criterio al cual, vale decir, se acompasa
la decisión que hoy se cuestiona.
En este orden de ideas, al no evidenciarse que se haya incurrido en
ninguna de las causales específicas de procedibilidad, esta Sala de
Subsección negará el amparo solicitado mediante la acción de tutela
instaurada por la señora Heydy del Carmen Montero Ascencio en contra
del Tribunal Administrativo de Sucre.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
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FALLA
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por
el doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez para conocer del
asunto de la referencia.
SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado mediante la acción de tutela
presentada por la señora Heydy del Carmen Montero
Ascencio en contra del Tribunal Administrativo de Sucre,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.
TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
Impedido Con aclaración de voto
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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