Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05931-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05931-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-05931-00
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
7 de diciembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05931-00
Accionante: Filadelfo Antonio Rivera Palacio
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., siete (07) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).
Radicado número: 11001-03-15-000-2023-05931-00.
Accionante: Filadelfo Antonio Rivera Palacio
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela.
Tema: tutela contra providencia judicial.
Subtema 1: requisitos generales de la acción de tutela contra providencia judicial.
Subtema 2: procedibilidad de la acción de tutela/relevancia constitucional/subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela incoada por Filadelfo
Antonio Rivera Palacio en contra del Tribunal Administrativo de Sucre.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de tutela
Filadelfo Antonio Rivera Palacio actuando por medio de apoderado1 y en ejercicio
de la acción de tutela2, solicitó la protección de sus derechos fundamentales “al
debido proceso, a la seguridad social, a la situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho,
garantía a la seguridad social, a la igualdad, acceso a la administración de justicia,
principio constitucional de la perpetuatio jurisdicitonis, seguridad jurídica, al
desconocimiento del precedente judicial vertical”3, que consideró vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión con ocasión de la
sentencia que dictó el 26 de julio de 2023, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número 70-001-33-33-002-2022-
00352-014.
1.2. Hechos probados
De lo narrado por el accionante en el escrito de tutela y de las pruebas allegadas
al expediente la Sala resume los siguientes:
1.2.1. El señor Filadelfo Antonio Rivera Palacio adujo el ejercicio de la labor
docente con Departamento de Sucre, con posterioridad al 1 de enero de 1990, por
lo que tiene derecho al reconocimiento y pago de cesantías anualizadas, con pago
de intereses anuales.
Expuso que, el 15 de febrero de 2021 el Ministerio de Educación Nacional no
consignó al FOMAG, las cesantías causadas a su favor, por servicios prestados
en el año 2020, por lo que, el 13 de septiembre de 2021, solicitó el pago y el
1 Archivo electrónico identificado con certificado 2F789CD1AB0ED4F4 DFA892C603BE6220
05C02F5530A89DAF DFCB40FC9EA2A325, ubicado en el índice 2 del expediente digital.
2 Archivo electrónico identificado con certificado 7E5DE00F2A0709A2 9EDF0A0F97E98F4C
82001C20F18BE437 87945A8523C758B9, ubicado en el índice 2 del expediente digital.
3 Página 1 del archivo electrónico identificado con certificado 7E5DE00F2A0709A2
9EDF0A0F97E98F4C 82001C20F18BE437 87945A8523C758B9, ubicado en el índice 2 del
expediente digital. Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis
forman parte del texto original.
4 Archivo electrónico identificado con certificado 2E14DFA0EF8C227C 34A94B4AFC4BB38C
D9F42AAED38846C2 6515FACDAE52FD14, ubicado en el índice 2 del expediente digital.
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reconocimiento de la sanción por mora establecida en el artículo 99 de la Ley 50
de 1990.
No obstante, no recibió respuesta y el Ministerio remitió la solicitud a la Fiduciaria
La Previsora S.A., para que, como la encargada de los recursos del FOMAG,
procediera a definir la petición, sin embargo, a la fecha de interponer la acción, no
existía pronunciamiento alguno.
1.2.2. Formuló demanda de nulidad y restablecimiento del derecho orientada a
obtener la nulidad del acto ficto configurado respecto de la petición que presentó el
13 de septiembre de 2021 y a título de restablecimiento del derecho solicitó que se
le reconociera y pagara la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley
50 de 1990, la indemnización por pago tardío de los intereses a las cesantías
dispuesta en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto
1176 de 1991.
1.2.3. El proceso lo conoció, en primera instancia, el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo que, mediante sentencia del 13 de
diciembre de 20225, accedió parcialmente a las pretensiones6. Al respecto adujo
en síntesis que7:
“(…)no accederá a las pretensiones de la demanda referente a la indexación e
indemnización por el pago tardío del interés de cesantía, y accederá a la
pretensión de la sanción moratoria, por la no consignación de las cesantías de la
parte demandante antes del 15 de febrero de 2021, teniendo en cuenta que no se
probó por parte de las entidades demandada la consignación de la prestación, así
mismo, no hay otra afirmación diferente a que la parte demandada no está
acogiendo la tesis tomada por el H. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso-
Administrativo Sección Segunda, Subsección A, el nueve (9) de mayo de dos mil
veintidós (2022) Radicación: 08001-23-33-000-2017-00795-01 (2659-2020).”8.
1.2.4. Inconformes con la decisión de primera instancia, los apoderados de la
Nación - Ministerio de Educación - FOMAG y el Departamento de Sucre en calidad
de partes demandadas interpusieron recursos de apelación, en los que
5 Archivo electrónico nombrado “16SENTENCIAANTICIPADA” en la carpeta que contiene el
expediente del proceso ordinario de primera instancia, ubicado en el índice 15 del expediente
digital de tutela, en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado BDA20D282C7FD7C4
B0D9FA70D22DD66F 6AD3BAEBE433FF2F EB2B6EE432058A8D.
6 “PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial del Acto ficto o presunto negativo, producto de la falta
de respuesta de la entidad demandada al derecho de petición de 13 de septiembre de 2021, en lo
referente al reconocimiento de la sanción por mora derivada del no pago oportuno de las cesantías
establecida en la Ley 50 de 1990, articulo 99 numeral 3°, equivalente a un (1) día de su salario por
cada día de retardo, contados desde el 15 de febrero de 2021, por lo dicho en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO
DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO y el DEPARTAMENTO DE SUCRE al reconocimiento y pago de sanción moratoria
que se causaron a favor de la parte demandante, consistente en un (1) día de salario por cada día
de retardo, prevista en la Ley 50 de 1990, articulo 99 numeral 3°, desde el 15 de febrero de 2021
hasta la fecha en que se acredite el pago, la cual se liquidará con base en la asignación básica
devengada por el actor para la anualidad del 2021, se dividirá entre treinta (30), multiplicando su
resultado por los días que corresponden en mora, por lo dicho en la parte motiva de este proveído.
TERCERO: NIEGUESE las demás pretensiones, según se motivó.
CUARTO: Declarar no prospera las excepciones planteadas, según se motivó.
QUINTO: Sin condena en costas en esta instancia, según lo expuesto.
SEXTO: La entidad demandada deberá dar cumplimiento a la presente sentencia, en los términos
de los artículos 192 y 195 del CPACA.
SEPTIMO: Ejecutoriada esta sentencia, si la misma no fuere apelada, ARCHÍVESE el
expediente.”.
7 Página 17 del archivo electrónico nombrado “15SENTENCIAANTICIPADA” en la carpeta que
contiene el expediente del proceso ordinario de primera instancia, ubicado en el índice 11 del
expediente digital de tutela, en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado
A1F171A3EB3AE07A BC6A6BA09D93FA65 CA7CE41E87E8C6CA 1DBB1B43329D732B.
8 Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto
original.
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manifestaron su inconformidad con la decisión dictada por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo e insistieron que las cesantías e
intereses fueron consignadas conforme al régimen especial del que hace parte el
demandante en su condición de docente afiliado al FOMAG conforme a lo
dispuesto en la Ley 91 de 1989, por lo que no era procedente aplicar el régimen
general establecido en la Ley 50 de 1990 en concordancia con las exclusiones de
la Ley 344 de 1996. También cuestionaron el análisis probatorio realizado por el a
quo9.
El recurso fue desatado por el Tribunal Administrativo de Sucre que, por medio
de sentencia del 26 de julio de 202310 revocó la decisión de primera instancia y en
su lugar negó las pretensiones de la demanda. Como fundamento de su decisión
planteó varios argumentos relacionados con la normatividad, el régimen especial
aplicable a los docentes afiliados al FOMAG y otros que la Sala resalta:
1.2.4.1. Expuso que los docentes afiliados al FOMAG disfrutan de un régimen
especial para el reconocimiento del auxilio de cesantías dispuesto en la Ley 91 de
1989 y el Acuerdo 039 de 1998 que no indica la consignación de la referida
prestación el 15 de febrero del año siguiente ni la sanción moratoria derivada de la
omisión de consignar en la referida fecha.
Explicó que el FOMAG es una cuenta especial de la Nación cuyos recursos son
administrados por la Fiduprevisora S.A. a través de subcuentas independientes
para recursos de pensiones, cesantías y salud, que por regla general son girados
por el Ministerio de Hacienda y Crédito a través del Sistema General de
Participaciones manejados por el concepto de “unidad de caja”.
Agregó que los entes territoriales tienen la obligación de afiliar a los docentes del
sector público vinculados a su plan de personal al FOMAG conforme a lo
dispuesto en el artículo 1 del Decreto 3752 de 2003.
Aclaró que la Ley 50 de 1990 introdujo reformas al Código Sustantivo de Trabajo
en materia de liquidación de cesantías de tal forma que la no consignación
oportuna de estas daría lugar al que el empleador pague una sanción moratoria
por cada día de retardo. No obstante, este régimen que inicialmente fue
establecido para trabajadores del sector privado, fue extendido al sector público a
partir de la vigencia de la Ley 344 de 1996 sin perjuicio de lo estipulado en la Ley
91 de 1989 y el Decreto 1582 de 1998 que reglamentó el articulo 13 de la Ley 344
de 1996.
Así, estimó que no existía una norma que hubiere extendido la sanción moratoria
prevista en la Ley 50 de 1990 a los docentes beneficiarios del régimen especial de
la Ley 91 de 1989 cuyas prestaciones sociales son administradas por el FOMAG.
De otra parte, adujo que la Corte Constitucional en la sentencia SU-098 del 17 de
octubre de 2018 analizó un caso en que el ente territorial omitió afiliar al docente
demandante al FOMAG u a otro fondo de cesantías, por lo que era procedente la
sanción moratoria prevista en la ley 50 de 1990.
Indicó que “el criterio actual apunta a que a partir del 1º de enero de 1990 a los
docentes le es aplicable el régimen de cesantías anualizados consagrado en la
Ley 50 de 1990, así como la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990, en
aquellos casos que I) los entes territoriales omitieron afiliar al docente al FOMAG
9 Archivo electrónico que contiene el expediente del proceso ordinario de primera instancia,
ubicado en el índice 15 del expediente digital de tutela, en el aplicativo SAMAI, identificado con
certificado BDA20D282C7FD7C4 B0D9FA70D22DD66F 6AD3BAEBE433FF2F
EB2B6EE432058A8D.
10 Archivo electrónico que ubicado en el índice 2 del expediente digital de tutela en el aplicativo
SAMAI, identificado con certificado 2E14DFA0EF8C227C 34A94B4AFC4BB38C
D9F42AAED38846C2 6515FACDAE52FD14.
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en cumplimiento a lo reglado en el Decreto 3752 de 2003, trayendo ello, como
consecuencia que no se consignaron sus cesantías en el FOMAG, y cuando II) los
entes territoriales realizan la afiliación, pero omiten trasladar al citado fondo las
cesantías causadas a favor del docente antes de su vinculación al FOMAG,
siempre que las mismas no hubieran sido consignadas de manera oportuna en
otro fondo o reconocidas y pagadas al interesado”11.
1.2.4.2. Respecto del caso concreto encontró probado que el señor Filadelfo
Antonio Rivera Palacio fue vinculado como docente adscrito a la entidad territorial
demandada y afiliado al FOMAG, por lo que su régimen de cesantías es
anualizado y conforme a los extractos de intereses a las cesantías, estos fueron
consignados a ese fondo desde el año 2006.
Agregó que, en el plenario consta la liquidación de intereses por un valor de
$1.455.137 con base en las cesantías acumuladas desde los años 2016 hasta el
2020, según el extracto expedido por el FOMAG.
Explicó que conforme al régimen normativo y la jurisprudencia, los docentes
afiliados al FOMAG son beneficiarios de un régimen especial para la consignación
y liquidación de sus cesantías que está previsto en la Ley 91 de 1989 y el Acuerdo
39 de 1998, que funciona bajo el concepto de “unidad de caja” por lo que, no es
procedente la consignación de la prestación a cada docente en una cuenta
individual, dado que los recursos destinados para su pago son girados de forma
global e incorporados con una periodicidad mensual durante todo el año.
Aclaró que, la sentencia SU-098 de 2018 no resultaba aplicable al caso en estudio
ya que la situación fáctica y jurídica era distinta a la estudiada y que en ese orden
la sentencia SU-573 de 2019 aclaró este punto y agregó que aquella, se refería a
un docente nombrado en provisionalidad que fue vinculado desde el año 2003
pero no fue afiliado al FOMAG oportunamente.
Expuso que no había lugar a la aplicación del principio de favorabilidad porque en
el asunto en estudio no era viable establecer la existencia de una duda respecto
de las normas que regulan el reconocimiento prestacional de los docentes, ni un
vacío legal que permitiera la remisión a las disposiciones de la Ley 50 de 1990, en
la medida en que, la Ley 344 de 1996 al regular el régimen de cesantías para los
empleados públicos, dispuso expresamente que tal regulación tenía lugar sin
perjuicio de lo ya establecido en la Ley 91 de 1989. En consecuencia, estimó
pertinente revocar la decisión dictada en primera instancia y negar las
pretensiones de la demanda.
1.3. Pretensiones y argumentos de tutela
1.3.1. El accionante Filadelfo Antonio Rivera Palacio por medio de su apoderado,
pidió12: i) declarar que el Tribunal Administrativo de Sucre vulneró sus derechos
fundamentales al proferir una decisión que no se ajusta a los postulados de ley y
la jurisprudencia; ii) como consecuencia de la anterior declaración, dejar sin
efectos la providencia del 26 de julio de 2023; y iii) ordenar al Tribunal
Administrativo de Sucre proferir una decisión que se ajuste a lo dictado por la
Corte Constitucional en la sentencia SU-098 del 17 de octubre de 2018 y los
diferentes pronunciamientos sobre el tema dictados por la Corte Constitucional y la
Sección Segunda del Consejo de Estado relacionadas en el escrito de tutela y en
11 Páginas 35 a 36 del archivo electrónico que ubicado en el índice 2 del expediente digital de
tutela en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado 2E14DFA0EF8C227C
34A94B4AFC4BB38C D9F42AAED38846C2 6515FACDAE52FD14. Esta es una trascripción literal.
Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.
12 Páginas 2 a 5 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela, ubicado en el índice 2 del
expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 7E5DE00F2A0709A2
9EDF0A0F97E98F4C 82001C20F18BE437 87945A8523C758B9.
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las que se ha ordenado el reconocimiento y pago de la sanción moratoria como
fue solicitada en la demanda.
1.3.2. El señor Rivera Palacio afirmó que su solicitud cumple los requisitos de la
tutela contra providencias judiciales en la medida que el asunto a tratar es de
relevancia constitucional dado que el pago reclamado tiene alcance con el
derecho fundamental a la seguridad social, no versa sobre una irregularidad
procesal ni busca la solución del asunto como una tercera instancia y tampoco
cuestiona una sentencia de tutela.
Agregó que la decisión cuestionada fue injusta y contraria a los pronunciamientos
de la Corte Constitucional y la Sección Segunda del Consejo de Estado en
relación con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria dispuesta en el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por lo que, a su juicio, aplicó una postura
restrictiva desconociendo el artículo 53 de la Constitución Política y por ende los
principios de favorabilidad e in dubio pro operatio al no tener en cuenta el criterio
de la condición mas beneficiosa para el trabajador o beneficiario.
También expuso la normatividad relacionada al asunto ordinario y sostuvo que la
solicitud no estaba dirigida a que el juez constitucional estudiara el caso como una
tercera instancia.
1.3.2.1. Luego insistió que existe una abierta discordancia entre lo expresado por
la Corte Constitucional, la Sección Segunda del Consejo de Estado y la decisión
del 26 de julio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, en torno
a la aplicación favorable del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para los docentes
vinculados después del 1 de enero de 1990 a los que no se le hayan consignado
las cesantías en el Fondo al que se encuentra afiliado.
Al respecto, adujo que el desconocimiento de las sentencias proferidas por el
máximo órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa, expone una
contradicción a los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y
favorabilidad, así como una vulneración del derecho a la igualdad.
En ese orden enumeró alrededor de 26 providencias dictadas por el Consejo de
Estado y citó algunos de sus apartes textuales respecto de los que, consideró
tenían similitud con el asunto de su interés13 y aagregó que, la autoridad
cuestionada al sustentar que no existe una posición unificada respecto del asunto
bajo estudio debió explicar con claridad y suficiencia su decisión de apartarse de
del precedente referido.
También adujo que en el régimen especial que aplica al caso concreto, existe una
ausencia de regulación respecto de “la sanción moratoria por la no consignación
de cesantías, existiendo lo que se ha denominado un vacío normativo o ANOMIA,
mientras que el régimen general si se encuentra contemplado claramente. En ese
sentido podría aplicarse, de manera competa la norma especial, excepto en caso
de vacío normativo, en donde es posible acudir al régimen general, lo que
determina la aplicación a los docentes de la ley 50 de 1990, sin realizar una
dificultosa interpretación normativa, en virtud del principio de igualdad y de
favorabilidad como lo ha expuesto el H. Consejo de Estado”14.
13 Páginas 63 a 81 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela, ubicado en el índice 2
del expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 7E5DE00F2A0709A2
9EDF0A0F97E98F4C 82001C20F18BE437 87945A8523C758B9.
14 Página 81 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela, ubicado en el índice 2 del
expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 7E5DE00F2A0709A2
9EDF0A0F97E98F4C 82001C20F18BE437 87945A8523C758B9. Esta es una trascripción literal.
Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.
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Luego enumeró y citó apartes textuales de varias providencias dictadas por la
Corte Constitucional15, en relación con la aplicación del principio de favorabilidad
respecto de las Leyes 91 de 1989, 50 de 1990 y 344 de 199616.
Insistió que, si bien el artículo 8 de la Ley 91 de 1989 dispone que los recursos
con los que se financia el FOMAG pueden ser administrados bajo el principio de
unidad de caja para el pago de sus prestaciones, lo cierto es que, el Ministerio de
Educación Nacional no está exento de trasladar los recursos de las cesantías de
los docentes vinculados después del 1 de enero de 1990, el 15 de febrero de cada
anualidad al FOMAG dado que es una obligación dictada por la norma.
Sostuvo que el Tribunal confunde los regímenes de cesantías aplicables a los
docentes con la obligación del Ministerio de Educación Nacional o el ente territorial
correspondiente, de pagar o consignar oportunamente las cesantías al Fondo que
se encuentra afiliado.
1.3.2.2. Expuso que el Tribunal cuestionado erró en su análisis al considerar que
el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 excluyó del reconocimiento de la sanción
moratoria de manera expresa a los docentes por estar vinculados a nivel territorial
y que no tuvo en cuenta las sentencias que fueron dictadas por el Consejo de
Estado en las que claramente la referida Corporación expuso que en virtud del
derecho a la igualdad aquellos también son acreedores a la sanción por mora
cuando no se han consignado las cesantías al 15 de febrero del año siguiente al
causado a la entidad o fondo, sea al FOMAG para el caso en estudio o cualquier
otro, ya que es una obligación a cargo del Ministerio de Educación.
Agregó que, conforme a lo planteado por la normatividad vigente para el caso y lo
dictado por la Corte Constitucional en la sentencia C-506 de 2006, la sanción por
mora establecida en la Ley 50 de 1990 no solo opera para los docentes afiliados al
FOMAG dado que, el Ministerio de Educación Nacional debe conocer la afiliación
de cada docente para determinar a qué fondo debe consignar los rubros causados
por cesantías.
1.3.2.3. Finalmente relacionó y citó varios apartes textuales del precedente judicial
dictado por los tribunales17 y juzgados administrativos durante los años 2022 y
202318, respecto del pago de la sanción moratoria.
15 Páginas 53 a 63 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela, ubicado en el índice 2
del expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 7E5DE00F2A0709A2
9EDF0A0F97E98F4C 82001C20F18BE437 87945A8523C758B9.
16 Enunció las siguientes: Sentencia de Unificación 098 del 17 de octubre de 2018, expediente T-
6.736-200, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; Sentencia de Unificación 332 del 25 de julio de 2019,
expediente T-5904426 y otros, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; y Sentencia de Unificación 041 del
6 de febrero de 2020, expediente T-7.182.312 y otros, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
17 Tribunal Administrativo de Sucre, sentencia del 21 de julio de 2022, expediente 70001-23-33-
000-02018-00097-00, M.P. Andrés Medina Pineda; Tribunal Administrativo de Boyacá, sentencia
del 24 de enero de 2023, expediente 15001-33-33-007-2019-00046-01, M.P. Mariela Aurora García
García; Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, sentencia del 31 de mayo de 2019, M.P.
Beatriz Diáfana Caicedo. Páginas 92 a 94 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela,
ubicado en el índice 2 del expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado:
7E5DE00F2A0709A2 9EDF0A0F97E98F4C 82001C20F18BE437 87945A8523C758B9.
18 Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pereira, sentencia del 23 de junio de 2022,
expediente 66001-33-33-001-2022-00020-00; Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Sincelejo, sentencia del 9 de septiembre de 2022, expediente 7001-33-33-002-2022-00115-
00;Juzgado Diecinueve Administrativo Oral de Medellín, sentencia del 21 de septiembre de 2023,
expediente 05001-33-33-019-2022-00085-00; Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Buga, sentencia del 27 de septiembre de 2022, expediente 76001-33-33-002-2022-00095-00;
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Buga, sentencia del 28 de septiembre de 2022,
expediente 76111-33-33-003-2022-00066-00; Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Bucaramanga, sentencia del 28 de septiembre de 2022, expediente 68001-33-33-002-2022-00065-
00; Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, sentencia del 30 de
septiembre de 2022, expediente 68001-33-33-009-2022-00109-00;Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, sentencia del 6 de octubre de 2022, expediente 27001-
33-33-002-2022-00072-00; Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Quibdó, sentencia del 25
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1.4. Trámite de tutela e intervenciones
1.4.1. El Despacho del magistrado ponente, con auto del 6 de octubre de 202319,
admitió la acción, vinculó como terceros con interés al Juzgado Segundo
Administrativo de Sincelejo, a la Nación-Ministerio de Educación Nacional, al
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, al Departamento de
Sucre y a los demás sujetos que hubieren participado en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicado 70-001-33-33-002-
2022-00352-00/01.
1.4.2. Enviadas las notificaciones de rigor, recibió respuesta del Juzgado Segundo
Administrativo de Sincelejo que, anexó el expediente del proceso ordinario, sin
embargo, no se pronunció sobre el asunto en estudio20, del Tribunal Administrativo
de Sucre21, de la Fiduprevisora S.A.22 y el Ministerio de Educción23. Los demás
vinculados guardaron silencio.
1.4.2.1. El Tribunal Administrativo Sucre a través de la magistrada titular del
Despacho que dictó la sentencia objeto de tutela manifestó que, la decisión fue
debidamente sustentada por lo que no se configuró la vulneración de las garantías
fundamentales del accionante.
Expuso que en la actualidad no existe un precedente o una sentencia de
unificación que obligue a los Tribunales a aplicar por favorabilidad la sanción
moratoria de que trata el articulo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados
al FOMAG y que en ese sentido, la sentencia SU-098 de 2018 y las demás que el
Consejo de Estado ha proferido accediendo a tal pretensión se refieren a asuntos
en los que los docentes no fueron afiliados al FOMAG por los entes territoriales
por lo que, no guardan similitud fáctica con el caso de la demandante.
Finalmente adujo que el asunto carecía de relevancia constitucional, ya que la
pretensión principal de la parte accionante estaba relacionada con un nuevo
estudio del caso para obtener una decisión acorde a sus intereses y en ese orden
solicitó declarar improcedente el amparo solicitado.
de octubre de 2022, expediente 27001-33-33-005-2022-00122-00; Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Buga, sentencia del 16 de noviembre de 2022, expediente 76147-33-
33-002-2022-00008-00 y Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá,
sentencia del 19 de enero de 2023, expediente 11001-33-42-051-2022-00098-00. Páginas 94 a
101 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela, ubicado en el índice 2 del expediente
digital en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 7E5DE00F2A0709A2
9EDF0A0F97E98F4C 82001C20F18BE437 87945A8523C758B9.
19 Archivo electrónico ubicado en el índice 5 del expediente digital de tutela del aplicativo SAMAI,
identificado con certificado: 295C4AEA0E47599E 724AF94C79B1C9B5 069CB51A17E9DD54
CA27FB399E3A2686.
20 Archivos electrónicos ubicados en el índice 15 del expediente digital de tutela del aplicativo
SAMAI, identificados con certificados: 28B83AEAC75D6EF1 0B012977A9921AD4
BE5EBDCACD05CF8F 495021B3A724A82E y BDA20D282C7FD7C4 B0D9FA70D22DD66F
6AD3BAEBE433FF2F EB2B6EE432058A8D. Ver también índice 19.
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18016FE6E736931C 31C0B9A230F52D4F y 2632F946810E296E 9DF2BEEC1D1C80D1
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1.4.2.2. La Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del patrimonio
autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio a través de su
representante, en primer lugar explicó que por disposición del Decreto 1582 de
1998 las entidades creadas por la Ley 50 de 1990 podrán administrar en cuentas
individuales los recursos para el pago de las cesantías, disposición que no aplica
para el FOMAG que fue creado por la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad
de caja y por tanto, las cesantías de los docentes no se administran de la misma
forma.
Agregó que, la totalidad de los recursos del FOMAG conforman el patrimonio
autónomo que funciona a través de un esquema fiduciario al que se refiere la Ley
91 de 1989 por lo que, estos se administran conforme a las disposiciones de la
mencionada Ley, las cláusulas del contrato fiduciario y las determinaciones que
apruebe el Consejo directivo del Fondo. Indicó que la Ley 1955 de 2019 en su
artículo 57 dispone que el pago de las prestaciones económicas se aplica bajo el
principio de “unidad de caja” con el fin de lograr la eficiencia en el desembolso de
las obligaciones definidas en la ley, lo que permite que, con el recaudo de todos
los rubros se conforme una caja común destinada a atender el costo de las
prestaciones económicas, entre ellas las cesantías y los respectivos intereses de
los docentes. Por lo tanto, los valores que corresponden a la prestación reclamada
no se consignan, sino que ya están presupuestados y trasladados al fondo, desde
el primer mes de cada vigencia.
En suma, sostuvo que, no podría ser reconocida la sanción moratoria del artículo
99 de la Ley 50 de 1990 para el FOMAG ya que tal disposición radica en la
consignación inoportuna de las cesantías y al estar vedada la posibilidad de esta
para los docentes del FOMAG, de contera se descarta algún tipo de sanción.
Finalmente adujo que no se configuró la vulneración de derecho fundamental
alguno, en la media en que la autoridad judicial accionada actuó conforme a la
normativa establecida para el caso concreto sin que se haya desconocido algún
precedente judicial relacionado, por lo que la solicitud debía ser declarada
improcedente.
1.4.2.3. El Ministerio de Educación Nacional a través de su apoderado
manifestó que la solicitud de amparo presentada por el accionante era
improcedente ya que su pretensión era que el juez constitucional revisara la
sentencia dictada por el juez natural de la causa en la medida en que sus
argumentos solo planteaban una inconformidad con la providencia cuestionada y
en ese orden carecían de relevancia constitucional.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Nacional y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.
2.2. Procedibilidad de la acción
Como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional y particularmente la
sistematización realizada en la sentencia C-590 de 2005, en los casos en que la
solicitud de amparo se dirige contra una providencia judicial, es pertinente realizar,
primero, un examen de procedibilidad general24 para, luego, en caso de resultar
24 Antes que todo es necesario (i) verificar la legitimación en la causa como una exigencia
preliminar en cualquier acción de amparo, para, posteriormente, pasar a constatar los demás
requisitos generales de procedibilidad, en los siguientes términos: (ii) que en la solicitud de tutela
se expresen de manera clara los hechos y los fundamentos de la afectación de derechos que se
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superado dicho estudio, pasar a hacer el pronunciamiento de fondo en el que se
resuelva el problema jurídico, en los términos de los defectos aducidos por el
accionante conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial25.
2.3. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa porque
el accionante es el titular de los derechos que afirma son vulnerados, en su
condición de parte demandante dentro del proceso ordinario en el que fue
proferida la providencia objeto de tutela, y, por lo tanto, en caso de configurarse
los defectos alegados, resultarían afectados en relación con sus garantías al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
En ese contexto, también está probada la legitimación en la causa por pasiva
porque el Tribunal Administrativo de Sucre, como juez del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, profirió la providencia que hoy se revisa.
2.4. El cargo que se formule contra una decisión judicial tendrá relevancia
constitucional si presenta un problema relacionado con la vulneración de alguna
garantía fundamental y no se limita a revivir una controversia estricta y
exclusivamente legal26. De ese modo, en sede de tutela se ponderará entre la
finalidad de la acción de amparo como garantía iusfundamental y los principios de
cosa juzgada y de seguridad jurídica que gobiernan las decisiones judiciales27. Así
las cosas, el juez de tutela debe resolver asuntos de dimensión constitucional, con
respeto de las competencias legales y del principio de autonomía de los jueces28.
imputa a la decisión judicial; (iii) que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional; (iv)
que previo a la solicitud de tutela se hayan agotado todos los medios de defensa judicial con los
que cuenta la persona afectada; (v) que se cumpla con el principio de inmediatez; (vi) que en caso
de que se alegue una irregularidad procesal, la misma tenga la entidad de afectar la decisión; y de
manera general, (vii) no procede elevar una solicitud de amparo contra decisiones proferidas
dentro de procesos de tutela.
25 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se
concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si
en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente
para el amparo constitucional. A saber:
a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto
procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento
establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba
obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina
en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en
contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el
mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente
constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la
Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental,
conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
26 “[L]os fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a
estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez
constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de
un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de
quien […] se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y
coherente – es decir segura y en condiciones de igualdad – de los derechos fundamentales a los
distintos ámbitos del derecho”. Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
27 “No se trata de convertir la tutela en un mecanismo ritualista, sino de exigir una actuación
razonable para conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales, con los principios y
valores en juego, al controvertir una providencia judicial”. Corte Constitucional. Sentencia T-066 de
2019.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencias del 21 de febrero de 2020, expediente n.° 2019-5066-00; 4 de mayo de 2020,
expediente n.° 2020-836-00.
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En suma, el requisito de relevancia constitucional persigue tres fines: (i)
preservar la competencia y la independencia de los falladores ordinarios y, así,
evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad 29;
(ii) restringir el ejercicio del amparo a cuestiones que afecten los derechos
fundamentales de las personas, e (iii) impedir que la tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales30.
Definir lo que es o no relevante en el plano constitucional depende de verificar
que, a primera vista, el cuestionamiento esté dirigido contra una posible afectación
o vulneración de las garantías relacionadas con el núcleo de los derechos
fundamentales. En especial, debe hacerse énfasis en el derecho al debido
proceso31. Para ello, la jurisprudencia constitucional32 ha definido cuáles son los
requisitos específicos de procedencia que pueden ser invocados como únicas
causales que habilitan el control constitucional concreto.
El requisito de relevancia constitucional, por tanto, exige que el cuestionamiento
en la solicitud de amparo esté dirigido a exponer una valoración en sentido
negativo de la actuación jurisdiccional en clave de los defectos, como han sido
definidos por la jurisprudencia. Así, son improcedentes los argumentos destinados
a proponer fórmulas que habrían podido ser tenidas en cuenta en el proceso
ordinario o reiterar las ya expuestas en este. En efecto, como lo ha establecido la
Corte Constitucional, “la función del juez de tutela no es la de fungir como una
instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona 33, pues ello
desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de
los jueces naturales, así como su autonomía funcional”34.
Por otro lado, respecto del requisito de subsidiariedad35, el artículo 86 superior
establece que el mecanismo de amparo “solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”36. Así mismo, el
numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 advierte que “la existencia de
dichos medios [judiciales de defensa] será apreciada en concreto, en cuanto a su
eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”. Ello
indica que el juez constitucional deberá verificar que los mecanismos
jurisdiccionales con los que cuente una persona sean idóneos para la defensa de
sus intereses37. De lo contrario, la mera existencia de un conducto judicial no será
suficiente38.
No obstante, el carácter residual y subsidiario de la acción de tutela hace
procedente la intervención del juez constitucional si: “(i) el recurso judicial no
resulta idóneo o eficaz o, (ii) si bien existe un mecanismo judicial ordinario o
29 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de
2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de
2012, T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014, citadas en la sentencia T-
422 de 2018.
30 “[T]eniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera
instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental” Corte
Constitucional. Sentencia T-422 de 2018.
31 Corte Constitucional, sentencia T-102 de 16 de febrero de 2006. En igual sentido: T-075-18, T-
451-18, T-422-18 y T-248-18.
32 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
33 Cita original: “Ver sentencia T-336/04”.
34 Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
35 Corte Constitucional, sentencias T-013 de 1992 y T-134 de 1994.
36 Constitución Política de 1991, artículo 86.
37 Corte Constitucional. Sentencias T-414 de 1992, T-436 de 2009 y SU-712 de 2013.
38 Esto mismo fue considerado por esta Sala en el siguiente fallo: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 16 de marzo de 2020,
Expediente con número de radicado 2019-4563-01.
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extraordinario de dichas características, el demandante quiere evitar la
consumación de un perjuicio irremediable”39.
2.4.1. En el presente asunto los argumentos que presenta el señor Filadelfo
Antonio Rivera Palacio para considerar que la providencia que dictó el Tribunal
Administrativo de Sucre vulneró sus derechos fundamentales, como quedó
expuesto en el numeral 1.3.2. de esta providencia, se refieren a la posible
configuración de los defectos: i) sustantivo porque interpretó indebidamente el
artículo 13 de la Ley 344 de 1996 y estimó que tal disposición excluía a los
docentes del beneficio por el reconocimiento de la sanción moratoria dispuesta en
la Ley 50 de 1990 y ii) desconocimiento del precedente jurisprudencial
relacionado en más de 23 sentencias dictadas por el Consejo de Estado en las
que la referida Corporación estableció que era procedente la aplicación de la Ley
50 de 1990 para los docentes a fin de obtener el reconocimiento de la sanción
moratoria por la no consignación de las cesantías en virtud del principio de
favorabilidad. Agregó que su cuestionamiento se sustenta especialmente por el
pronunciamiento de la Corte Constitucional SU-098 del 17 de octubre de 2018 y
aquellas que a partir de su divulgación efectuó el Consejo de Estado.
En este punto, es preciso resaltar que la Corte Constitucional ha señalado que el
defecto sustantivo (o material) se presenta, “(i) Cuando la decisión judicial tiene
como fundamento una norma que no es aplicable, ya que … (v) “a pesar de que la
norma en cuestión está vigente y es constitucional, no resulta adecuada su
aplicación a la situación fáctica objeto de estudio …” o “(ii). Cuando pese a la
autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no
se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación razonable o el
operador judicial hace una aplicación inaceptable de la norma al interpretarla de
forma contraevidente -interpretación contra legem- o claramente perjudicial para
los intereses legítimos de una de las partes o cuando en una decisión judicial se
aplica una norma jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco
de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial”40.
En relación con el defecto por desconocimiento del precedente, este “se
configura cuando el funcionario judicial se aparta de las sentencias emitidos [sic]
39 Ibid.
40 En las sentencias T-343 de 2011, T-138 de 2011, T-792 de 2010, T-364 de 2009, T-808 de 2007
y T-086 de 2007, la Corte Constitucional se ha referido al defecto sustantivo en el siguiente
sentido:
“(i)Cuando la decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable, ya
que (i) no es pertinente, (ii) ha perdido su vigencia por haber sido derogada, (iii) es inexistente, (iv)
ha sido declarada contraria a la Constitución, (v) a pesar de que la norma en cuestión está
vigente y es constitucional, no resulta adecuada su aplicación a la situación fáctica objeto
de estudio, así ocurre por ejemplo cuando se le reconocen efectos distintos a los señalados por el
legislador.
(ii). Cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso
concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación razonable o el
operador judicial hace una aplicación inaceptable de la norma al interpretarla de forma
contraevidente -interpretación contra legem- o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes o cuando en una decisión judicial se aplica una norma jurídica
de manera manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y de la hermenéutica
jurídica aceptable tal decisión judicial.
(iii). Cuando no toma en cuenta sentencias que han definido su alcance con efectos erga omnes.
(iv) Cuando la disposición aplicada se muestra injustificadamente regresiva o contraria a la
Constitución.
(v) Cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento se utiliza para un fin no previsto en la
disposición.
(vi) Cuando la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma, omitiendo el
análisis de otras disposiciones aplicables al caso.
(vii) Cuando el operador judicial con una insuficiente sustentación o justificación de la actuación
afecta derechos fundamentales.
(viii) Cuando se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de
argumentación que hubiere permitido una decisión diferente de acogerse la
jurisprudencia.” (Resaltado fuera del texto original).
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por los tribunales de cierre (precedente vertical) o los dictados por ellos mismos
(precedente horizontal) al momento de resolver asuntos que presentan una
situación fáctica similar a los decididos en aquellas providencias, sin exponer las
razones jurídicas que justifiquen el cambio de jurisprudencia”41 y que “no obstante,
el precedente no constituye una obligatoriedad absoluta, pues en razón del
principio de la autonomía judicial, el juez puede apartarse de aquellos, siempre y
cuando presente (i) de forma explícita las razones por las cuales se separa de
aquellos, y (ii) demuestre con suficiencia que su interpretación aporta un mejor
desarrollo a los derechos y principios constitucionales”42 . Por tanto, la invocación
de un precedente está determinado por la especialidad, de manera que sea el
órgano de cierre que defina los criterios y reglas aplicables en casos semejantes
o, en el caso del precedente horizontal, los órganos judiciales deben resolver los
asuntos que conocen a partir de un criterio de igualdad.
2.4.1. Ahora bien, de la lectura de la sentencia censurada la Sala pudo verificar
que el Tribunal explicó que en el asunto bajo estudio la parte demandada en el
escrito de apelación cuestionó, en síntesis, la aplicación de un régimen general
respecto del especial que era inherente a la controversia planteada por el
demandante y la inexistencia de una posición jurisprudencial unificada para el
caso en estudio, por lo que definió como problema jurídico determinar si la
demandante en su calidad de docente afiliado al FOMAG tenía derecho al
reconocimiento de la sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990 por la no
consignación oportuna de las cesantías y de haber lugar a ello, a cargo de quién
estaría el pago de esta.
Para dar solución al problema jurídico planteado expuso el marco normativo
aplicable al régimen especial de los docentes y su afiliación obligatoria al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG conforme a lo
establecido en la Ley 91 de 1989 y el artículo 1 del Decreto 3752 de 2003,
respectivamente. Así mismo se refirió, entre otras disposiciones, al Acuerdo 039
de 1998 que regula el pago de las cesantías por “unidad de caja” al 31 de marzo
del año siguiente al causado y a la Ley 344 de 1996 que en su artículo 13
estableció el régimen general para los empleados del Estado sin perjuicio de lo
dispuesto en el régimen especial docente de la Ley 91 de 1989.
Al respecto aclaró que, de conformidad con el acervo probatorio allegado al
expediente, era claro por un lado que, el demandante estaba afiliado al FOMAG
en calidad de docente por lo que el régimen aplicable era el especial de la Ley 91
de 1989 y por otro lado que, el ente territorial al que se encontraba vinculado
había realizado la debida liquidación y consignación de las cesantías al FOMAG
conforme a lo establecido en la normatividad vigente, por lo que, en concordancia
con el principio de “unidad de caja”, los valores fueron consignados de forma
global.
De otra parte, el Tribunal consideró que no había una posición unificada en la
jurisprudencia sobre el reconocimiento de la sanción moratoria dispuesta en la Ley
50 de 1990 al sector docente, lo anterior al tener en cuenta, de una parte, los
reparos que hizo la Sección Segunda del Consejo de Estado cuando dio
cumplimiento a la Sentencia SU-098 de 2018, y de otra, pronunciamientos
posteriores de la Sección Segunda y de la Corte Constitucional relativos al tema
en estudio. Agregó que, conforme a lo acreditado en el plenario, el interesado
estaba afiliado al FOMAG como docente de orden nacional, con régimen
anualizado de cesantías y que en ese sentido no podía exigir la aplicación de una
u otra disposición de diferentes normas con sustento en el principio de
favorabilidad, en la medida que el principio de inescindibilidad de la ley no lo
permite. Agregó además que la decisión estaba sustentada en lo establecido por
la Corte Constitucional en la sentencia de unificación SU-573 de 2019 en la que la
41 Corte Constitucional, sentencia T-459 de 2017.
42 Corte Constitucional, sentencia T-342 de 2016.
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referida Alta Corte indicó que la discusión relativa a la aplicabilidad de la sanción
moratoria de la Ley 50 de 1990 versaba sobre una cuestión meramente legal con
una connotación de contenido patrimonial y que en todo caso no involucraba la
protección de derechos fundamentales.
En este punto, para esta Sala es claro que la autoridad cuestionada efectúo el
análisis integral del asunto con base en las inconformidades planteadas en el
recurso de alzada interpuesto por la parte demandada, respecto de la
normatividad vigente y las pruebas aportadas al trámite ordinario que en conjunto
sustentaron la decisión de revocar la sentencia dictada en primera instancia. Así,
lo que pretende la parte accionante es que el juez de tutela haga una lectura
alternativa del caso concreto y dirima una aparente controversia fundada en una
indebida valoración probatoria, de tal forma que la conclusión a la que llegó el
Tribunal sea desestimada y ordene proferir una decisión que acceda a sus
pretensiones, más aún cuando de la lectura de la sentencia objeto de tutela
también es claro que el tutelante no planteó sus cuestionamientos al juez de la
causa en el término del traslado para alegatos, por lo que tratar se subsanar tal
deficiencia no es de recibo en esta instancia constitucional43.
Respecto del cargo relacionado con la posible configuración de un defecto
sustantivo, la Sala considera que la parte accionante se limitó a manifestar su
desacuerdo frente a las razones planteadas y la normatividad acogida el Tribunal
Administrativo de Sucre, sin que sus argumentos trascendieran de la controversia
propia de la causa ordinaria a una cuestión iusfundamental en los términos del
defecto planteado, de tal forma que se pueda determinar que la decisión judicial
cuestionada fue proferida con fundamento en una disposición legal que no fuera
aplicable, o que pese a la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la
norma al caso concreto no estuviera dentro del margen de interpretación
razonable de forma claramente perjudicial para los intereses legítimos de los
intervinientes.
En esa misma línea, es preciso resaltar que, en relación con el cargo dirigido a
estimar la posible la configuración del defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente exige que el accionante vincule la falta de aplicación de una regla
jurisprudencial con la violación de una garantía fundamental o, en otros términos,
que explique con suficiencia el por qué las decisiones con identidad fáctica y
jurídica que adujo fueron pasadas por alto, eran aplicables en su caso y de qué
forma la inobservancia de tales consideraciones o reglas jurisprudenciales
afectaron sus garantías fundamentales.
Así, los cuestionamientos de la parte accionante se tornan insuficientes para
sustentar el cargo, en la medida en que la sola mención de las sentencias que, a
su juicio, fueron desconocidas, tienen similitud o son aplicables a su caso, sin que
se demuestre que tal inobservancia tuvo como consecuencia una afectación
desproporcionada de una garantía fundamental, no es suficiente para determinar
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
En este contexto es pertinente resaltar que, la Corte Constitucional en Sentencia
SU-573 de 2019, se pronunció respecto de algunas decisiones del Consejo de
Estado, en las que se negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por
no consignación oportuna de las cesantías y en las que se adujo la afectación de
los derechos fundamentales a la seguridad social, igualdad, “seguridad jurídica” y
al debido proceso; y expuso que el reclamo en dichos términos, era una
pretensión económica44:
43 Página 20 del archivo electrónico que ubicado en el índice 2 del expediente digital de tutela en el
aplicativo SAMAI, identificado con certificado 2E14DFA0EF8C227C 34A94B4AFC4BB38C
D9F42AAED38846C2 6515FACDAE52FD14.
44 Páginas 18 a 19 de la Sentencia de Unificación del 27 de noviembre de 2019 dictada por la
Corte Constitucional.
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“(…) De otro lado, la sanción moratoria por no consignación oportuna de las
cesantías no es un derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una
garantía de naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta Corporación ha
reconocido el carácter irrenunciable de las cesantías, como una prestación
patronal de rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda
temporalmente sin trabajo”. Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado
sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que
su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la
seguridad social del trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional
que no corresponda a la finalidad misma de las cesantías, sino a una
penalidad para el empleador que no las consigna al fondo o las paga al
trabajador en los términos solicitados, es un reconocimiento de fuente legal
con carácter netamente patrimonial, que no amerita la intervención del juez
de tutela. (…)”45.
Este razonamiento de la Corte Constitucional no solo es compartido por esta Sala
de Subsección, sino que reafirma las consideraciones precedentes, pues las
pretensiones de la presente acción están dirigidas hacia el reconocimiento de la
penalidad y no a la vulneración del mínimo vital, o, la seguridad social.
Lo expuesto deja claro que el tutelante acudió a la acción constitucional, con el
objeto de reabrir un debate ya superado y sobre el que la autoridad cuestionada
realizó el correspondiente análisis, sin que, para esta Sala se configure
arbitrariedad, irracionabilidad o capricho del funcionario en la definición del
derecho reclamado.
En suma, los argumentos del accionante así planteados, solo manifiestan un
desacuerdo con las conclusiones a las que llegó el juez de segunda instancia del
proceso ordinario y, en consecuencia, no es posible, que esta Sala de tutela
asuma el estudio de fondo propuesto, pues de hacerlo, estaría invadiendo la órbita
de competencia del juez natural y desconociendo la autonomía judicial.
Así es preciso recordar que, la acción de tutela fue concebida como un
mecanismo de carácter excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un
derecho constitucional fundamental y entre sus características se cuentan su
naturaleza residual y subsidiaria, por lo que, su procedencia está limitada a
determinar la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte
accionante respecto de una posible agresión proveniente de una autoridad judicial
a partir de una decisión proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende
el aquí tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera una instancia adicional a
las ya surtidas. El juicio que realiza el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada46, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de
índole probatoria o de interpretación del derecho, que se resolvieron en el curso
del proceso ordinario47.
Finalmente, la Sala considera pertinente indicar que la Sección Segunda del
Consejo de Estado se pronunció y unificó el tema objeto de tutela, en sentencia
SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, en los siguientes términos:
“Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías
regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio
activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por
ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social en
favor del docente estatal.
45 Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas forman parte del texto original.
Negrilla fuera de texto.
46 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009.
47 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018.
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Cuarto.- Advertir a la comunidad en general que la presente decisión es de
aplicación inmediata a todos los procesos que se encuentren en curso y en los que
se pretenda la aplicación de la normativa que fue objeto de interpretación, de
manera que las consideraciones expuestas en esta providencia en relación con el
tema objeto de unificación constituyen precedente obligatorio en los términos de
los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en discusión
tanto en vía administrativa como judicial.
Quinto. – Precisar que los casos respecto de los cuales ya ha operado la cosa
juzgada, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables”.48.
La referida decisión fue notificada el 12 de octubre de 2023, según consta en los
registros digitales contenidos en la plataforma SAMAÍ, ubicados en el índice 77 del
expediente radicado al número 66001-33-33-001-2022-00016-01.
2.5. Consecuente con lo expuesto, esta Subsección declarará la improcedencia de
las pretensiones del escrito tutela respecto a la decisión dictada el 26 de julio de
2023 por el Tribunal Administrativo de Sucre.
III.DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
Filadelfo Antonio Rivera Palacio en contra del Tribunal Administrativo de Sucre,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
DSR
48 Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto
original.
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