República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-05960-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
4 de diciembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá D. C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001 03 15 000 2023 05960 00
Demandante: Jhonatan Jiménez Úsuga
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Temas: Tutela contra providencia judicial / Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho / Incumplimiento del requisito de
inmediatez
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
1. La acción de tutela
El señor Jhonatan Jiménez Úsuga a través de apoderado promueve acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo del Magdalena, por estimar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la defensa.
1.1. Pretensiones
En protección de los derechos reclamados solicita:
1.- Se admita por parte de los honorables consejeros del Consejo de estado, la acción
de tutela con el fin de evitar se continúe violando los derechos tutelados y se sigan
causando los perjuicios irremediables materiales y morales que se vienen ocasionando
a mi representado.
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Demandante: Jhonatan Jiménez Úsuga
2.- Como consecuencia del amparo pedido, se declare la nulidad del fallo de segunda
instancia, proferido por el Tribunal Administrativo del Magdalena, seccional Santa Matta
(sic)
3.- Pido se falle la tutela reconociendo a favor de las partes accionantes de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho, las pretensiones pedidas en la demanda
estableciendo que si hubo violación flagrante al derecho enunciado y generadoras de
los daños formulados.
1.2. Hechos de la solicitud
Como hechos relevantes, señaló los siguientes:
i) El 3 de agosto de 2016, a través de la Resolución 04900 proferida por la Dirección
General de la Policía Nacional en cumplimiento de los fallos proferidos en el proceso
disciplinario REGI8- 2014-17 -del 5 de abril de 2016-, el señor Jhonatan Jiménez Úsuga
fue sancionado con destitución e inhabilidad general por el término de 10 años para
desempeñar funciones públicas por lo que, en consecuencia, fue retirado del servicio.
ii) A través de apoderado, el señor Jhonatan Jiménez promovió el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación -Ministerio de Defensa
Nacional -Policía Nacional con el propósito de dejar sin efectos los actos
administrativos por medio de los cuales fue sancionado y retirado por destitución del
servicio, y obtener a título de restablecimiento, el reintegro al cargo de patrullero o
subintendente o a un grado de mayor jerarquía, así como la cancelación de los
salarios, prestaciones y demás emolumentos dejados de percibir con motivo de la
desvinculación.
iii) El 11 de junio de 2021, el Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
iv) El 16 de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo del Magdalena revocó la
sentencia proferida por el juez a quo.
1.3. Fundamentos jurídicos del accionante
Consideró que la providencia objeto de litis incurrió en los siguientes defectos:
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Demandante: Jhonatan Jiménez Úsuga
1.3.1. Defecto sustantivo
El Tribunal al revocar el fallo «de primera instancia proferido por el Juzgado Séptimo
Administrativo de Santa Marta sin hacer análisis probatorio alguno y sin tener en
cuenta que en el proceso disciplinario se dieron tres FALLOS CON DECISIONES
DIFERENTES, LA MISMA PRUEBA Y EL MISMO INVESTIGADO Y FUNCIONARIO INVESTIGADOR, pero
la sanción impuesta fue diferente como lo fueron en un primer fallo se dio una multa,
en el segundo fallo fue absuelto y en el tercer fallo se impuso una sanción más gravosa
y perjudicial para el investigado como lo fue destitución e inhabilidad».
1.3.2. Violación directa de la Constitución
Las decisiones disciplinarias contradictorias que dieron lugar a la expedición del acto
administrativo de desvinculación del servicio activo desconocieron normas de carácter
constitucional y derechos fundamentales, pues «se investig[ó] a una persona a) más
de dos veces por el mismo hecho y b) lo más delicado es que se impuso una sanción
más gravosa y perjudicial para el investigado».
1.4. Actuación procesal
i) El 13 de octubre de 2023, se inadmitió la solicitud de amparo y se requirió al
apoderado del accionante: a) aportar poder con el lleno de los requisitos legales, y b)
allegar memorial aclaratorio que indicara las causales de procedibilidad -defectos- en
los que incurrió la providencia atacada.
ii) Satisfechas tales exigencias,1 el 8 de noviembre de 2023 se admitió la acción de
tutela y se ordenó notificar como demandados a los magistrados del Tribunal
Administrativo del Magdalena, y como terceros interesados a la Nación -Ministerio de
Defensa Nacional -Policía Nacional quienes fungieron como demandados en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado 47001
1 El 3 de noviembre de 2023, se aportó memorial aclaratorio, Índices 12, 14, y 15 de SAMAI.
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Demandante: Jhonatan Jiménez Úsuga
33 33 007 2017 00046 00 [01], para que en el término de tres días y en uso de su
derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.
1.5. Intervenciones
1.5.1. La asesora del sector defensa -16 del Ministerio de Defensa Nacional,2
Luisa Fernanda Aguirre Cardona, solicitó denegar el amparo, pues el trámite del
proceso ordinario no presentó omisión alguna que afectara los derechos
fundamentales invocados por el accionante, y se surtió con plena garantía de las
partes.
1.5.2. La magistrada del Tribunal Administrativo del Magdalena,3 Elsa Mireya
Reyes Castellanos, señaló que luego de analizar la demanda propuesta en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el señor Jhonatan
Jiménez Úsuga, concluyó que debía revocar la decisión proferida por el Juzgado
Séptimo Administrativo de Santa Marta y denegar las pretensiones, toda vez que se
pudo establecer que el señor actor no interpuso el recurso de apelación contra la
decisión sancionatoria de primera instancia de 5 de abril de 2016, siendo dicho medio
de impugnación obligatorio para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo cuando se trata de actos administrativos particulares y concretos, como
aquel que se profirió en esta oportunidad.
En tal virtud, declaró probada de forma oficiosa la excepción de falta de agotamiento
del requisito de procedibilidad por la ausencia de interposición del recurso obligatorio
procedente.
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento del presente asunto de acuerdo
con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, modificado por el
Decreto 333 de 2021, según el cual «[l]as acciones de tutela dirigidas contra los
2 Expediente digital de tutela.
3 Expediente digital de tutela.
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Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al
respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada».
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si el medio de amparo de la referencia cumple con
los requisitos mínimos de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial, en cuyo caso, se determinará si el Tribunal Administrativo del Magdalena,
quebrantó los derechos fundamentales invocados por el accionante al proferir la
sentencia del 16 de noviembre de 2022 dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 47001 33 33 007 2017 00046 01, por medio
de la cual resolvió revocar la providencia dictada por el Juzgado Séptimo
Administrativo de Santa Marta, para en su lugar negar las pretensiones de la
demanda.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia
como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera
que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad».
El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció, en sus artículos 11, 12
y 40, la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales
ejecutoriadas, artículos que posteriormente fueron declarados inexequibles por la
Corte Constitucional en la Sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban
contra los principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, además de trasgredir
la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas
por la Constitución.
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Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad de
manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la acción
de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones
de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda
causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede
hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.
En este criterio, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la
Sentencia C-590 de 2005,4 en la que se hace distinción entre causales genéricas,
aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la
acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la
procedencia misma del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes:
(i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que
se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir
del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad
procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que ésta identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración así como los derechos y que se hubiere alegado en el proceso judicial
siempre que hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,5 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
4
Reiteradas en la sentencia SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
5Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González.
Expediente radicado 11001 03 15 000 2009 01328 01(IJ).
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fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.
Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 2014,6 acogió un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la notificación
o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de
inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los
parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.
2.3.2. La procedencia de la acción de tutela de la referencia
Conforme a la Sentencia SU-157 de 2022, es indispensable verificar que la acción de
tutela no sea utilizada como una instancia adicional para remplazar las vías judiciales
ordinarias, parámetro conforme al cual el caso objeto de estudio reviste suficiente
relevancia constitucional, toda vez que el debate gira en torno a la presunta vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa.
Se cumple con el requisito de subsidiariedad, dado que la decisión cuestionada hace
referencia a una sentencia de segunda instancia que puso fin a la discusión planteada
dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
En cuanto al requisito de inmediatez, este NO se cumple, por cuanto la providencia
objeto de censura fue proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena el 16 de
noviembre de 20227 y notificada por correo electrónico el 14 de marzo de 2023,8
mientras que la acción de tutela se radicó ante la oficina de reparto del Consejo de
Estado el 4 de octubre de 2023,9 es decir, que excedió el tiempo razonable para
intentar el mecanismo excepcional de protección.
6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente
radicado 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
7 01SentenciaSegundaInstancia.pdf
8
02ConstanciaNotificacionSentencia.pdf
9https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103150002023059600011001
03
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2.3.4. Del requisito de la inmediatez
Si bien es cierto el ejercicio de la acción de tutela no cuenta con un término de
caducidad, la jurisprudencia constitucional ha sido clara en señalar que, dado el
carácter preferente y sumario de protección que encierra la solicitud de amparo, esta
debe interponerse dentro de un término razonable y proporcionado a partir del evento
generador de la supuesta amenaza o violación de los derechos fundamentales en aras
de proteger derechos de terceros, impedir que el amparo se convierta en un factor de
inseguridad jurídica, y evitar su uso como herramienta supletoria de la negligencia en
la agencia de derechos, pues todo ello desnaturalizaría la finalidad de la acción.10
Sin embargo, la Corte también ha señalado que la razonabilidad del plazo debe
determinarse de conformidad con los hechos de cada caso concreto, por lo que a
modo de desarrollo jurisprudencial ha identificado tres excepciones que justifican el
transcurso de un lapso prolongado entre la vulneración del derecho y la interposición
de la acción:
i) Ante la existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser, por ejemplo,
la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad
del actor para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de un hecho
completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente las
circunstancias previas, entre otras.
ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación desfavorable
como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es actual. Lo que
adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es
imponer un término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de
que se trate de una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera, en
realidad, una protección inmediata.
iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable
resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se
encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por el artículo
13 de la Constitución que ordena que ‘el Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra
ellas se cometan.11
10
La Sentencia T-187 de 2012 presenta la línea jurisprudencial al respecto.
11 Corte Constitucional, sentencias T-433 de 2016, T-584 de 2011, T-1028 de 2010, T-792 de 2007 y, T-158 de 2006,
entre otras.
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En ese sentido, el examen de la inmediatez no puede reducirse a verificar el paso del
tiempo entre el hecho generador de la vulneración de un derecho fundamental y la
interposición de la demanda de tutela, sino que, además, debe comprender la
valoración de la razonabilidad del plazo, la cual ha de estar sujeta a los hechos que
configuran el caso concreto y a los criterios establecidos por la Corte Constitucional
en la citada jurisprudencia.
2.4. Hechos probados
De conformidad con los elementos de juicio que obran dentro del expediente, se puede
establecer lo siguiente:
2.4.1. El 20 de febrero de 2017, el señor Jhonatan Jiménez Úsuga, a través de
apoderado, radicó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
la Nación -Ministerio de Defensa Nacional -Policía Nacional, con el propósito de
obtener la nulidad de la Resolución número 04900 del 3 de agosto de 2016, así como
los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia dentro del radicado MESAN 2014-
17, por medio de la cual la entidad demandada lo retiró del servicio activo por
destitución y lo inhabilitó y, a título de restablecimiento, lograr su reintegro sin solución
de continuidad al cargo que ocupaba o a uno de mayor jerarquía, así como el
reconocimiento y pago de los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir.12
2.4.2. El 11 de junio de 2021, el Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta,
resolvió conceder parcialmente las pretensiones de la demanda y al efecto dispuso:13
PRIMERO. DECLÁRESE la Nulidad de la Resolución No. 04900 de fecha 03 de agosto de
2016, “Por la cual se ejecuta una sanción disciplinaria impuesta a un Patrullero de la
Policía Nacional”, en el que se retiró del servicio al Intendente JHONATAN JIMÉNEZ ÚSUGA.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho ORDÉNESE a la NACIÓN -MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL -POLICÍA NACIONAL a reintegrar al señor JHONATAN JIMÉNEZ ÚSUGA al
cargo de Patrullero o Subintendente o al grado de mayor jerarquía
TERCERO. Así mismo, ORDÉNESE a la NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -POLICÍA
NACIONAL, a pagar todos los salarios y demás prestaciones sociales dejados de percibir
desde el momento de la desvinculación hasta cuando se produzca efectivamente el
reintegro, sin solución de continuidad.
12 Folios 1 a 12 expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho.
13 Expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Demandante: Jhonatan Jiménez Úsuga
Las sumas ordenadas serán indexadas teniendo en cuenta la fórmula indicada en la
parte motiva.
CUARTO: ORDÉNESE a la NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -POLICÍA NACIONAL,
autorice la prestación de los servicios médicos al señor JHONATAN JIMÉNEZ ÚSUGA, en los
términos indicados en esta providencia.
QUINTO: Niéguense las demás pretensiones de la demanda.
[…]
2.4.3. El 16 de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo del Magdalena revocó el
fallo proferido por el juez a quo.14
2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto
En el presente caso el señor Jhonatan Jiménez Úsuga interpuso acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo del Magdalena por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso y la defensa derivada de la providencia
proferida el 16 de noviembre de 2022 a través de la cual revocó el fallo dictado el 11
de junio de 2021 por el Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta que accedió
a las pretensiones formuladas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
Realizado el examen de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales,15 se reitera que la Sala encuentra insatisfecho el
requisito de inmediatez.16
En efecto, examinada la providencia obrante en el expediente digital original del medio
de control de reparación directa, se observa que la decisión del Tribunal Administrativo
del Magdalena, fue proferida el día 16 de noviembre de 2022, mientras que su
notificación por correo electrónico se surtió el 14 de marzo de 2023.17 por lo tanto, la
mentada providencia cobró ejecutoria el día 22 de igual mes y año.
14 Expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho.
15 Al respecto, ver la sentencia de la Corte Constitucional C-590 de 2005, entre otras.
16 Consejo de Estado. SU de 5 de agosto de 2014. «[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción
de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente».
17 02ConstanciaNotificacionSentencia.pdf
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En estas condiciones, y de conformidad con el principio de inmediatez, el término
para interponer la acción de tutela vencía el día 22 de septiembre de 2023; sin
embargo, la acción de la referencia fue radicada el día 4 de octubre de 2023,18 lapso
que claramente supera el término prudencial de seis meses establecido por la
jurisprudencia para la presentación del amparo contra providencias judiciales.
En estas condiciones, de conformidad con el principio de inmediatez, el lapso para
instaurar la acción de tutela claramente supera el término prudencial de seis meses
establecido por la jurisprudencia para la presentación del amparo contra providencias
judiciales. Por lo tanto, los accionantes desconocieron «el término válido y razonable»
que toda acción de tutela debe cumplir como requisito previo para proceder con su
estudio de fondo, el cual no busca otra cosa que garantizar la eficacia de la protección
invocada y evitar satisfacer las pretensiones de aquellos que, por su inactividad,
acudieron a solicitar el amparo constitucional de manera inoportuna.
Como el criterio expuesto no significa que el juez de tutela esté facultado para
considerar incumplido el requisito de inmediatez por el simple paso del tiempo, la Sala
parte entonces del supuesto señalado jurisprudencialmente de examinar las
circunstancias específicas de cada caso concreto, a fin de determinar si la tardanza
en la interposición del amparo estuvo justificada por una causa válida que hubiera
imposibilitado su presentación en un límite razonable.
Así, en aras de determinar que no existe una tardanza injustificada o irrazonable al
momento de acudir a la acción de tutela, en la Sentencia T-253 de 2015, la Corte
Constitucional evaluó dicho período a partir de las siguientes reglas:
“[…] (i) [Ante] La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser, por
ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o
imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia
de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente
las circunstancias previas, entre otras.
(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación desfavorable
como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es actual. Lo que
adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es
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imponer un término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de
que se trate de una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera, en
realidad, una protección inmediata.
(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable
resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se
encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por el artículo
13 de la Constitución que ordena que ‘el Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra
ellas se cometan […].
El apoderado del señor Jhonatan Jiménez Úsuga esgrimió en el respectivo escrito que
la acción de amparo no se radicó con mayor prontitud y celeridad porque la Policía
Nacional no remitió oportunamente las copias del expediente disciplinario aduciendo
que éste se encontraba archivado y requería su ubicación.
Al respecto, cabe precisar que el cumplimiento del término prudencial de inmediatez
no está incidido por las resultas de la presentación de una solicitud de copias de un
expediente o antecedentes administrativos -como lo pretende el accionante-, y, por
tanto, tal circunstancia no es posible admitirla como causal justificativa del retardo. En
efecto, la jurisprudencia reiterada señala que dicho término empieza a correr desde
el momento en que el afectado tuvo conocimiento expreso y directo del alcance de
sus derechos y de la decisión que los amenaza o vulnera, así como de las secuelas
que el fallo tendría en su situación jurídica particular, lo cual, en el presente caso, se
materializó a partir del día 22 de marzo de 2023, fecha de ejecutoria de la sentencia
proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Magdalena de lo cual
se sigue la imposibilidad de esta Sala para pronunciarse respecto del fondo de la
acción de tutela propuesta, atendiendo el supuesto de procedibilidad planteado.
Cabe resaltar que el requisito de inmediatez persigue «cumplir con el propósito de la
protección inmediata y por tanto efectiva de los derechos fundamentales cuando estos
resulten afectados por la acción u omisión de autoridades públicas o de los particulares
en los eventos establecidos en la ley».19
19 Corte Constitucional Sentencia T- 198 de 2014. Recientemente, en la Sentencia T- 062 de 2020, señaló que «la
acción de tutela tiene por objeto la protección urgente de los derechos fundamentales del solicitante ante una
amenaza grave e inminente, la formulación oportuna de la demanda constitucional de amparo es un presupuesto
primordial para la procedencia de este mecanismo ».
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05960 00
Demandante: Jhonatan Jiménez Úsuga
La Sala considera necesario reiterar que «[b]ajo el juicio de ponderación en el que se
balancea la relación entre las cargas que se exigen al accionante para la interposición
de la acción de tutela en un término razonable, frente al posible estado de indefensión
en el que se puede llegar a encontrar el accionante, no se hallan para la fecha razones
que justifiquen la protección mediante la acción de tutela, ni factores objetivos que
permitan verificar que existió una razón o carga que imposibilitó al accionante acudir
ante el aparato de justicia para solicitar la protección de sus derechos mediante la
acción de tutela».
En estas condiciones, no existen razones de peso constitucional o fácticas que
permitan justificar el retardo en acudir a la autoridad judicial y, con esto, la omisión o
excepción de cumplimiento del principio de inmediatez.
3. Conclusión
Bajo las anteriores circunstancias, la Sala encuentra improcedente la presente acción
de tutela, toda vez que se presentó por fuera del término prudencial establecido por la
jurisprudencia al efecto, sin que, de otra parte, se hubiera justificado la inactividad de
la accionante para el ejercicio oportuno de este mecanismo constitucional.
En consecuencia, se habrá de rechazar por improcedente la acción de tutela,
comoquiera que no se satisfizo el requisito de inmediatez.
En mérito de lo anterior, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por la autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Rechazar por improcedente la acción de tutela promovida por el señor
Jhonatan Jiménez Úsuga, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte
motiva de esta decisión.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05960 00
Demandante: Jhonatan Jiménez Úsuga
Segundo. En caso de no ser impugnada la presente decisión, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
CRG
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
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