Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06019-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06019-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-06019-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
2 de noviembre de 2023
Demandante: Adolfo Berrio Torres
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre –
Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06019-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06019-00
Demandante: ADOLFO BERRIO TORRES
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE – SALA TERCERA DE
DECISIÓN
Temas: Tutela contra providencia judicial – Sanción moratoria por pago
tardío de cesantías en casos de docentes oficiales – Improcedencia
por falta de relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la solicitud de amparo presentada por el señor Adolfo Berrio
Torres contra el Tribunal Administrativo de Sucre – Sala Tercera de Decisión.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. Con escrito presentado el 5 de octubre de 2023, el señor Adolfo Berrio Torres,
actuando por medio de apoderado judicial, ejerció acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Sucre – Sala Tercera de Decisión, con el fin de reclamar el amparo
de sus derechos fundamentales al «debido proceso, derecho a la seguridad social,
situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación
de las fuentes formales de derecho, garantía a la seguridad social, a la igualdad,
acceso a la administración de justicia, principio constitucional de la perpetuatio
jurisdictionis, seguridad jurídica, al desconocimiento de precedente judicial vertical».
2. El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre – Sala
Tercera de Decisión el 1° de agosto de 2023, mediante la cual se revocó el fallo dictado
por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo el 13 de
diciembre de 2022, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda que
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Demandante: Adolfo Berrio Torres
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre –
Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06019-00
presentó el señor Adolfo Berrio Torres, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante Fomag) y el
departamento de Sucre, identificado con el radicado 70001-33-33-002-2022-00385-01.
1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…]
Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SUCRE; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales
que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de
octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante
diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como
fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los
siguientes expedientes: […]1.
1.3. Hechos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
4. El señor Adolfo Berrio Torres labora al servicio de la Secretaría de Educación
del departamento de Sucre.
5. El 15 de febrero de 2021, no le fueron consignadas sus cesantías por parte del
Ministerio de Educación Nacional. Por ello, solicitó el 2 de septiembre de 2021, ante el
Fomag el pago de estas y de la sanción por mora, sin embargo, la administración
guardó silencio.
6. En consecuencia, presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fomag y el departamento de Sucre, con el objeto de que: (i) se declarara
la nulidad del acto administrativo ficto negativo en mención; (ii) se reconocieran y
pagaran las cesantías anualizadas que se causaron en el año 2020; al igual que (iii) la
sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990, desde el 15 de febrero de 2021
hasta el día en que se efectuara la consignación de la prestación, y (iv) la
indemnización que prevé la Ley 52 de 1975 por el pago extemporáneo de los intereses
sobre las cesantías.
1 Transcripción literal que puede contener errores.
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Demandante: Adolfo Berrio Torres
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre –
Sala Tercera de Decisión
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7. En primera instancia, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial
de Sincelejo, en sentencia del 13 de diciembre de 2022, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
8. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Sucre – Sala Tercera de
Decisión, a través del fallo del 1° de agosto de 2023, revocó la decisión del a quo y
negó lo pedido, al considerar que:
Pues bien, teniendo en cuenta el régimen normativo y la pauta marcada por la
jurisprudencia puesta de presente, considera la Sala que los docentes afiliados al
FOMAG cuentan con un régimen especial para la consignación y liquidación de sus
cesantías que es el previsto en la Ley 91 de 1989, el cual funciona bajo el concepto de
unidad de caja, sin que proceda la consignación de la citada prestación a cada docente
en una cuenta individual, pues, los recursos destinados para su pago son girados de
forma global e incorporados con una periodicidad mensual durante todo el año.
De manera que, los recursos comunes relacionados con el pago auxilio de cesantías
de los docentes a fecha 31 de diciembre del año de su causación reposan en el
FOMAG, no obstante, la liquidación individual de las cesantías de cada docente es
realizada por las secretarías de educación territorial en el término establecido por el
FOMAG, que para el auxilio de cesantías correspondiente al año 2020, fue el 5 de
febrero de 2021, según lo estipulado en la Comunicado No. 008 del 11 de diciembre
de 2020, liquidación que se efectúa con el único fin de pagar los intereses de las
cesantías mas no para efectos de consignar esta prestación social en una cuenta
individual antes del 15 de febrero del año siguiente, como sucede en el régimen
anualizado de cesantías de la Ley 50 de 1990, iterando que las cesantías de los
docentes en atención al principio de unidad de caja se reportan en el FOMAG de
manera conjunta.
En este punto se precisa, que en el presente caso no es vinculante la posición fijada
en la SU-098 de 2018 y en las sentencias del H. Consejo de Estado en las que por
favorabilidad se ha aplicado a los docentes la sanción moratoria de que trata el artículo
99 de la Ley 50 de 1990, por la omisión de los entes territoriales de I) realizar su
afiliación al FOMAG, trayendo ello, como consecuencia que no se le reconozcan y
consignen sus cesantías, y de II) trasladar su auxilio de cesantías al FOMAG al
momento de su vinculación, que este Tribunal ha aplicado en casos semejantes, toda
vez que, los supuestos fácticos en el presente proceso son distintos, por pretenderse
el reconocimiento de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, por la no consignación
del auxilio de cesantías del demandante correspondiente al año 2020 antes del 15 de
febrero de 2021, quien es un docente afiliado al FOMAG, cuyas cesantías se han
venido reportando en el fondo en alusión desde el año 2006 al año 2020, como da
cuenta el Extracto de Intereses a las Cesantías, emanado del FOMAG.
[…]
Por lo tanto, el demandante no es beneficiario de la sanción moratoria contenida en la
Ley 50 de 1990, pues, tal penalidad no está instituida en el régimen especial que regula
el reconocimiento de las cesantías de los docentes, que no es otro que el previsto en
la Ley 91 de 1989, en el cual, se administran los recursos conforme al principio de
unidad de caja, además, por no existir un precedente consolidado de obligatoria
aplicación en este asunto, que se itera es disímil a aquellos procesos en que la H. Corte
Constitucional, el H. Consejo de Estado y este Tribunal han aplicado por favorabilidad
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Demandante: Adolfo Berrio Torres
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre –
Sala Tercera de Decisión
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la sanción cuyo reconocimiento persigue la parte demandante.
9. Dicha providencia fue notificada electrónicamente el 28 de agosto de 2023.
1.4. Fundamentos de la vulneración
10. El apoderado judicial del tutelante indicó que, el Tribunal Administrativo de
Sucre – Sala Tercera de Decisión no aplicó el régimen de cesantías pertinente al caso
concreto, dado que ella pertenecía al sistema anualizado consagrado en las leyes 50
de 1990; 91 de 1989 y 344 de 1996, de manera que el no pago oportuno de dicha
prestación generaba la sanción moratoria y una vulneración al ordenamiento jurídico.
11. Por lo tanto, adujo que el tribunal incurrió en violación directa de la
Constitución y en un defecto sustantivo, ya que, en virtud del valor normativo
superior, los jueces deben aplicar las disposiciones consagradas en la Constitución y
su desarrollo jurisprudencial en todo momento.
12. Agregó que, la interpretación y aplicación de las normas relacionadas con el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de cesantías
a los docentes, y con base en la jurisprudencia, era dable concluir que: i) el pago
oportuno de las cesantías es una garantía de todos los trabajadores que es protegida
por la Constitución, y ii) los docentes oficiales son empleados públicos, teniendo en
cuenta las funciones que desarrollan, el régimen de carrera al que se encuentran
sometidos y la vinculación mediante nombramiento «por lo tanto tienen derecho al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías».
13. Adicionalmente, señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en el
desconocimiento del precedente al no tener en cuenta la sentencia SU-098 del 17
de octubre de 2018 de la Corte Constitucional, en ella se estableció que la Ley 50 de
1990 era aplicable a los docentes adscritos al Fomag y, en consecuencia, tenían el
derecho al reconocimiento de la sanción moratoria que deviene de la consignación
tardía de las cesantías anuales.
14. Asimismo, argumentó que la providencia en cuestión desconoció más de 202
2 • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
06.08.20. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001-23- 33- 000-2013- 00666-01,
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
24.01.19. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 76001-23- 31-000- 2009-00867- 01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del
17.06.19. M.P. Nicolás Yepes Corrales. Exp. 11001-03-15- 000-2018-04617-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del
29.07.19. M.P. Nicolás Yepes Corrales. Exp. 11001-03-15- 000-2018-03449-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del
28.06.19. M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Exp. 11001-03-15- 000-2018- 04679-01.
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Demandante: Adolfo Berrio Torres
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre –
Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06019-00
sentencias proferidas entre los años 2020, 2021, 2022 y 2023 por la Sección Segunda
del Consejo de Estado en las que se accedió a las pretensiones de los demandantes
al aplicar la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al Fomag y por tener en cuenta la
condición más favorable respecto de los derechos laborales de los mismos.
15. Indicó que su caso cumplía con el requisito de relevancia constitucional, por
cuanto la sanción moratoria conlleva el pago o consignación oportuna del auxilio de
cesantías, necesariamente tiene un alcance al derecho fundamental a la seguridad
social. Aunado a lo anterior, expuso que esta acción de tutela en ningún momento se
interponía como una tercera instancia.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
02.12.19. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Exp. 08001 23 33 000 2014 00173-01
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
10.06.20. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001-23- 33- 000-2014- 00208-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
22.10.20. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 08001-23- 33- 000-2014- 00132-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
22.10.20. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 08001-23- 33- 000-2014- 00254-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
17.06.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001-23-31-000-2014- 00815-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
17.06.21. M.P. César Palomino Cortés. Exp. 08001-23-31-000-2015-00331-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
25.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 40001-23-40-000-2017-00134-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
04.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 19001-23-33-000-2015-00445-02.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
11.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 08001-23-40-000-2015-90008-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
11.11.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001-23-40-000-2014-90022-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
20.01.22. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001-23-33-000-2017-00931-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
03.03.22. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 08001-23- 33- 000-2015- 00075- 01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
17.06.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
19.01.23. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 76001-23-31-000-2012-00212-02.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
28.04.22. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Exp. 76001-23- 33- 000-2013- 00756-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
26.01.23. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Exp. 47001-23-33-000-2018-00231-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
01.07.22. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 47-001-23- 33-000- 2019- 00376-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
19.05.22. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 47-001-23- 33-000- 2019- 00359-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
22.08.22. M.P. César Palomino Cortés. Exp. 08001-23- 33- 000-2015- 00509-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
22.09.22. M.P. César Palomino Cortés. Exp. 08001-23- 33-000- 2015-90124- 01.
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1.5. Trámite de la acción de tutela
16. La magistrada ponente en auto del 13 de octubre de 2023: i) admitió la
demanda; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Sucre –
Sala Tercera de Decisión, y iii) vinculó en calidad de terceros con interés, a la Nación
– Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, al departamento de Sucre – Secretaría de Educación, a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Sincelejo.
17. Así mismo, le reconoció la personería para actuar al abogado Yobany Alberto
López, en calidad de apoderado judicial del señor Adolfo Berrio Torres.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes contestaciones:
1.6.1. Ministerio de Educación
18. Por medio de correo electrónico remitido el 19 de octubre de 2023, el jefe de la
Oficina Jurídica de la entidad sostuvo que el señor Adolfo Berrio Torres buscaba que
el juez de tutela realizara «una nueva revisión del problema jurídico que sometió a la
jurisdicción contenciosa administrativa» y desconocer las presunciones de legalidad y
acierto de las providencias judiciales.
19. Señaló que las decisiones cuestionadas respetaron sus derechos
fundamentales y se sustentaron en una interpretación «legítima» de las normas
aplicables a la controversia planteada en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
20. Aseguró que, de conformidad con la sentencia de la Corte Constitucional SU-
573 de 2019, le mecanismo de amparo constitucional no superaba el requisito de la
relevancia constitucional y, por ello, no había lugar a conceder la protección que
requirió.
21. En ese orden de ideas, pidió que se declarara improcedente la acción de tutela.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Sucre – Sala Tercera de Decisión
22. Mediante escrito enviado el 24 de octubre de 2023, la magistrada ponente de la
sentencia cuestionada advirtió que no se había proferido una sentencia de unificación
que dispusiera la aplicación del principio de favorabilidad en el reconocimiento de la
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sanción moratoria de los docentes.
23. Precisó que la situación del accionante era completamente distinta a la del
ciudadano que promovió la solicitud de amparo que culminó con la sentencia de la
Corte Constitucional SU-098 de 2018 y «las sentencias del H. Consejo de Estado».
24. Agregó que la acción de tutela no cumplía con el requisito de la relevancia
constitucional, por cuanto el señor Adolfo Berrio Torres pretendía «utilizar esta acción
constitucional como una tercera instancia» lo que «no es propio para determinar si se
tiene derecho a la penalidad de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990».
25. Así las cosas, pidió que el mecanismo de amparo constitucional se declarara
improcedente.
1.6.3. Fiduprevisora S.A.
26. A través de documento allegado el 26 de octubre de 2023, la coordinadora de
tutelas de la entidad, actuando en calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo del Fomag, mencionó que en dicho fondo no hay cuentas individuales para
los docentes y los valores que corresponden a las cesantías no se consignan, pues
están presupuestados y se trasladan al fondo desde el primer mes de cada vigencia.
27. Por ende, no podría configurarse la sanción moratoria contemplada en la Ley
50 de 1990, artículo 99, para el escenario del Fomag, ya que lo que castiga la ley en
mención es la consignación inoportuna de las cesantías y, al estar vedada la
posibilidad de la consignación de las cesantías de los docentes del Fomag, se descarta
algún tipo de sanción.
28. Precisó que las circunstancias fácticas relacionadas con el caso que desató la
Corte Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018 no corresponden a las mismas
en las que se fundan las pretensiones de la demanda que resultó desfavorable para la
accionante y que reclama por vía tutela, ya que, en el caso concreto, no se cuestionó
una afiliación inoportuna al Fomag que haya devenido en el retardo de la consignación
de las cesantías.
29. En este caso, la demandante reclamó la consignación extemporánea de sus
cesantías en los plazos establecidos en la Ley 50 de 1990 e indemnización por pago
inoportuno de los intereses, frente a lo cual, es imposible que se cause una demora
respecto de un hecho que la administración no puede ejecutar en el régimen especial
de los docentes, ya que resulta inviable realizar una consignación ante la ausencia de
cuentas individuales por cada afiliado.
30. En consecuencia, indicó que la acción constitucional resultaba improcedente,
toda vez que las autoridades judiciales del proceso ordinario actuaron conforme a la
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normativa y la jurisprudencia establecida. Por lo cual, manifestó que no era dable
afirmar que se hubiera presentado una transgresión a las garantías fundamentales de
la accionante.
31. Así las cosas, pidió que se declarara improcedente la acción de tutela y se le
desvinculara del trámite de la referencia por carecer de legitimación en la causa por
pasiva.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
32. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por el señor Adolfo Berrio Torres, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86
de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.
2.2. Solicitud de desvinculación
33. La Fiduprevisora S.A. solicitó la desvinculación de este trámite constitucional
porque, a su juicio, carece de legitimación en la causa por pasiva, sin embargo, esta
petición será negada, en tanto, la vinculación al proceso se realizó en calidad de
tercero, y no como la autoridad contra la cual se encuentra dirigido el reparo señalado
por la accionante, en atención al interés que le asiste en las resultas del proceso.
2.3. Problema jurídico
34. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:
• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad
adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial, en especial el
relacionado con la relevancia constitucional?
35. De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, la Sala analizará lo siguiente:
• ¿El Tribunal Administrativo de Sucre – Sala Tercera de Decisión vulneró los
derechos fundamentales al «debido proceso, derecho a la seguridad social,
situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho, garantía a la seguridad
social, a la igualdad, acceso a la administración de justicia, principio
constitucional de la perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica, al
desconocimiento de precedente judicial vertical» del señor Adolfo Berrio Torres,
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con ocasión de la sentencia del 1° de agosto de 2023 que revocó el fallo dictado
el 13 de diciembre de 2022 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Sincelejo y, en su lugar, negó el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías?
36. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y, en caso de
superarlos; (iii) el estudio del caso concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
37. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 3
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema4 y declaró su procedencia5.
38. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se
dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.
39. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en
la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para
la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente
en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
40. Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
5 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.5.1. Relevancia constitucional6
41. Para el caso en concreto, la Sala anticipa que declarará la improcedencia del
mecanismo de amparo, dado que carece de relevancia constitucional al no cumplir con
las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 20227.
2.5.2. Sentencia SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional – unificación de
criterios en materia de relevancia constitucional
42. La Corte Constitucional, al momento de estudiar los citados requisitos en sede
de revisión, encontró que la acción de tutela formulada por RTI S.A.S. contra la Sección
Cuarta del Consejo de Estado carecía de relevancia constitucional.
43. En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial:
(…) el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica,
sino que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las
decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización
del principio de igualdad.
44. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción
de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de
las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental
para:
(…) lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
6 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00; Sentencia
20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00;
Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20,
Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
7 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.
45. Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
(…) (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal8
(Énfasis de la Sala).
46. De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico9; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional10”.
(…)
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
(…)
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”11 En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales”12
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos
a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
(…)
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto13, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
8 Sentencia SU-573 de 2019.
9 Sentencia SU-103 de 2022.
10 Sentencia SU-103 de 2022.
11 Sentencia SU-103 de 2022.
12 Sentencia SU-128 de 2021.
13 Sentencia SU-573 de 2019.
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de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no
debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un
escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección
legal14. (Resaltado de la Sala)
47. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche
una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte
Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no
cumplía con este postulado. Lo anterior, porque: (i) no tenía la identidad para
interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii) planteaba
una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la carga
argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación de los
derechos fundamentales invocados.
2.6. Caso en concreto
48. Al revisar el escrito introductorio, los memoriales de contestación al amparo
constitucional y las pruebas incorporadas al trámite, la Sala colige que la acción de
tutela debe ser declarada improcedente por cuanto no supera el requisito de relevancia
constitucional expuesto en líneas anteriores.
49. La controversia propuesta por el señor Adolfo Berrio Torres no tiene relevancia
constitucional, al tratarse de un asunto que versó sobre el reconocimiento de la sanción
moratoria por el presunto pago extemporáneo de las cesantías en un proceso judicial
que resultó desfavorable a sus intereses.
50. Adicionalmente, desde el ámbito argumentativo, los reparos que son expuestos
en el escrito introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías constitucionales,
no exponen con suficiencia razones de peso que justifiquen la intervención del juez
constitucional. Máxime por cuanto no se evidencia prima facie vulneración de los
derechos fundamentales por parte de la autoridad judicial accionada.
51. Lo anterior, toda vez que el caso obedece a una situación con presupuestos
fácticos análogos a los estudiados por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la
sentencia SU-573 del 2019, mediante la cual declaró la improcedencia de tres
acciones constitucionales seleccionadas para revisión por revestir de una naturaleza
eminentemente legal y patrimonial. En dicho falló se indicó:
Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela
devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la
vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En
consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la finalidad misma
14 Ibid.
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de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador que no las consigna al
fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados, es un reconocimiento de
fuente legal con carácter netamente patrimonial, que no amerita la intervención del
juez de tutela. Además, según se deriva de los antecedentes de los casos
acumulados, no es prima facie admisible considerar que la falta de reconocimiento
de aquella pretensión económica pueda comprometer su mínimo vital, en la
medida en que los tres accionantes mantienen vigente su vínculo laboral con el
Departamento del Atlántico –como se refiere, igualmente, en el apartado que
sigue-
52. En efecto, los argumentos del accionante, independientemente bajo qué yerros
fueron articulados, están encaminados a determinar si la sanción moratoria por la
consignación tardía de las cesantías, prevista en el numeral 3.º del artículo 99 de la
Ley 50 de 1999 es aplicable a su condición de docente afiliado al Fomag, es decir que
pretende que se dirima un asunto de mera legalidad y de naturaleza económica.
53. Además, la decisión de la autoridad judicial accionada no se encuadra, en un
comportamiento arbitrario, defecto sustantivo, violación directa a la Constitución o en
un desconocimiento del precedente judicial, pues consideró las normas relevantes y
aplicables a los docentes oficiales así como la jurisprudencia vigente, a partir de lo cual
concluyó que no era procedente seguir el criterio señalado en la sentencia SU-098 de
2018, por cuanto en dicha providencia se analizó un asunto de presupuestos fácticos
y jurídicos diferentes al que es objeto de examen, con lo que se observa que introdujo
una carga argumentativa suficiente y razonable sobre dicho aspecto.
54. Del mismo modo, se pone de presente que formular un simple desacuerdo con
una decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela
revista necesariamente relevancia constitucional. Esto, pues la competencia de este
juez se restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no a
problemas de carácter económico, legal o patrimonial o a estudiar una mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.
55. Conforme lo anterior, la pretensión del accionante refleja un inconformismo con
las conclusiones a las que llegó la autoridad judicial accionada, lo cual, per se no
implica una trasgresión de los derechos fundamentales.
56. Finalmente, se destaca que a partir de la sentencia de unificación SUJ-032 del
11 de octubre de 2023, la Sección Segunda del Consejo de Estado como órgano de
cierre en la materia, unificó jurisprudencia sobre la procedencia de aplicar la sanción
moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la indemnización de la
Ley 52 de 1975 a favor de los docentes afiliados al Fomag, al efecto indicó:
Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria
prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, como quiera que es
incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de
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1989. Sin embargo, el personal docente en servicio activo que no esté afiliado a
FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del
artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal.
57. Así las cosas, aunado a los argumentos expuestos, el asunto que se debate en
esta oportunidad carece de relevancia constitucional, por cuanto la Sección Segunda
del Consejo de Estado determinó en sede de unificación que los docentes estatales
afiliados al Fomag no tienen derecho al reconocimiento de la sanción moratoria por el
pago tardío de las cesantías. Por tanto, el asunto que se discute ya fue definido por el
juez natural de la causa y, en tal sentido, no es competencia del juez constitucional
estudiar la controversia en cuestión.
2.7. Conclusión
58. Por las razones expuestas, se declarará la improcedencia de acción de tutela
porque no se encontró satisfecho el requisito general de la relevancia constitucional,
toda vez que la parte actora pretende que el juez constitucional realice nuevamente el
estudio zanjado en el proceso ordinario, contrario a proponer la vulneración de los
derechos fundamentales sobre los que invocó su protección.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Fiduprevisora S.A.
SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida por
el señor Adolfo Berrio Torres contra el Tribunal Administrativo de Sucre – Sala Tercera
de Decisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06019-00
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081».
15
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