Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06029-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-06029-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06029-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-06029-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
1 de diciembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., primero (01) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06029-00
Accionante: Juana Isabel Gómez Ruiz
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - Instancia adicional – la parte
actora pretende reabrir el debate estrictamente legal y económico al no estar de
acuerdo con lo decidido por el juez natural – reconocimiento de la sanción moratoria
por el no pago oportuno de las cesantías a favor de los docentes oficiales afiliados
al Fomag.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de
la solicitud de amparo constitucional formulada por Juana Isabel Gómez Ruiz contra
el Tribunal Administrativo de Sucre.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 5 de octubre del año en curso, la señora Juana Isabel Gómez Ruiz, a través
de apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Sucre, con el fin de que se dejara sin efectos la sentencia del 19 de julio de 2023,
proferida por dicha autoridad judicial al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 2 que promovió contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio3 y el
municipio de Sincelejo – Secretaría de Educación, con el propósito de que se
declarara la nulidad del acto administrativo, a través del cual se le negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990, así
como el pago de la indemnización por el desembolso tardío de los intereses a las
cesantías, consagrada en la Ley 52 de 1975, por los servicios prestados durante el
año 2020, en su calidad de docente oficial.
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Identificado con número de radicado: 70001-33-33-002-2022-00428-01.
3 En adelante Fomag.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06029-00
Accionante: Juana Isabel Gómez Ruiz
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
2.- El asunto le correspondió para su conocimiento, en primera instancia, al Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo, despacho que, mediante sentencia
del 13 de diciembre de 2022, accedió a las pretensiones de la demanda. Esa decisión
fue revocada por el Tribunal Administrativo de Sucre, a través del fallo del 19 de julio
de 2023, por estimar que: (i) a la actora no le son aplicables las disposiciones que
consagran la sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías
anualizadas y de los intereses a las mismas, consagradas en los artículos 99 de la
Ley 50 de 1990 y 1° de la Ley 52 de 1975, pues su situación jurídica se encuentra
regulada por el régimen especial de cesantías previsto en la Ley 91 de 1989; y (ii) la
sentencia SU-098 de 2018 proferida por la Corte Constitucional y los fallos emitidos
por el Consejo de Estado, que se alegaron como precedentes, no comportan tal
carácter para el caso concreto.
3.- La parte actora sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y acceso a la
administración de justicia4, al:
(i) Incurrir en un defecto por desconocimiento del precedente, pues, a su juicio, a
partir de las reglas fijadas en la Sentencia SU-98 de 2018, la Corte Constitucional y
el Consejo de Estado han señalado de forma reiterada que, en virtud del principio de
favorabilidad, es posible aplicar a los docentes oficiales las disposiciones
consagradas en la Ley 50 de 1990, en materia de sanción moratoria por la
consignación extemporánea de cesantías anuales, de modo que el valor reconocido
con corte a 31 de diciembre de cada año por concepto de la aludida prestación debe
ser consignado en el Fomag a más tardar el 14 de febrero del año siguiente a su
causación.
(ii) Desconocer las reglas fijadas en las sentencias SU-98/2018, SU-332/2019 y
SU41/2020 de la Corte Constitucional, así como el fallo de unificación proferido por
el Consejo de Estado el 6 de agosto de 2020 dentro del proceso 08001-23-33-000-
2013-00666-01 y las sentencias proferidas por esta misma corporación en los
procesos: 76001-23-31-000-200900867-01, 11001-03-15-000-2018-04617-01,
11001-03-15-000-2018-04679-01, 11001-0315-000-2018-03499-01, 08001-23-33-
000-2014-00173-01, 08001-23-33-000-2014-00208-01, 08001-23-31-000-2014-
00254-01, 08001-23-33-000-2014-00132-01, 08001-23-31-000-2014-00815-01,
08001-23-33-000-2015-00331-01, 19001-23-33-000-2015-00445-02, 08001-23-33-
000-2014-01127-01, 40001-23-40-000-2017-00134-01, 080001-23-40-000-2015-
90008-01, 080001-23-40-000-2014-90022-01, 080001-23-33-000-2017-00931-01,
080001-23-33-000-2015-00075-01, 76001-23-33-000-2013-00756-01, 080001-23-
40-000-2017-00795-01, 47-001-23-33-000-2019-00359-01, 47-001-23-33-000-
4 También invocó la garantía de la “situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho”, así como los principios de perpetuatio jurisdictionis y
seguridad jurídica.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06029-00
Accionante: Juana Isabel Gómez Ruiz
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
2019-00376-01, 08001-23-33-000-2015-00509-01, 08001-23-33-000-2015-90124-
01, 76001-23-31-000-2012-00212-02 y 47001-23-33-000-2018-00231-01.
4.- Finalmente, señaló que la postura adoptada por la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado ha sido acogida por los Tribunales y jueces administrativos del
circuito en diversas decisiones5.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
5.- Ante la falta de certeza sobre la acción u omisión que la parte accionante
consideraba lesiva de los derechos fundamentales invocados, por auto del 13 de
octubre de 2023, se inadmitió la demanda para que el accionante, en el término de
tres días, procediera a su corrección.
6.- Una vez subsanada, mediante auto del 27 de octubre de 2023, se dispuso: (i)
admitir la acción de tutela; (ii) notificar de su presentación al Tribunal Administrativo
de Sucre; (iii) vincular a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), a la Fiduprevisora S.A. y
al municipio de Sincelejo – Secretaría de Educación, en calidad de terceros
interesados; (iv) comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado, para lo de su cargo y; (v) requerir al Juzgado Segundo Administrativo
Oral del Circuito de Sincelejo para que remitiera, en medio magnético, copia del
expediente identificado con el radicado número 70001-33-33-002-2022-00428-
00/01.
(i) Fiduprevisora S.A.6
7.- La Fiduciaria, actuando en calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo del Fomag, precisó que las cesantías de los docentes no se administran
en cuentas individuales, sino que se rigen bajo el principio de unidad de caja, según
lo establecido en la Ley 91 de 1989, por lo que los valores que corresponden a las
mismas no se consignan, pues ya están presupuestados y son trasladados al fondo,
desde el primer mes de cada vigencia. Señaló que es imposibilidad física y jurídica
de apertura de cuentas individuales para cada docente afiliado al Fomag, se extiende
a la figura de consignación de cesantías, por lo que, en su lugar, los profesores tienen
la posibilidad de retirar sus cesantías siempre que la solicitud cumple con los
requisitos legalmente establecidos. Por esa razón, adujo, la sanción moratoria
reclamada por el demandante no resulta procedente.
8.- Por otra parte, indicó que las circunstancias fácticas relacionadas con el caso
que desató la Corte Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018 no corresponden
a las mismas en las que se fundan las pretensiones de la demanda que resultó
desfavorable para la accionante y que hoy reclama por vía tutela. A su vez, resaltó
que las accionas actuaron conforme a la normatividad establecida.
5 Visibles a folio 92 a 101 y 104 del escrito de tutela.
6 Expediente digital, intervención contenida en 9 folios.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06029-00
Accionante: Juana Isabel Gómez Ruiz
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
9.- En razón a lo anterior, no solo solicitó que se declare improcedente la acción de
tutela, sino también su desvinculación, en la medida en que no tiene legitimación en
la causa por pasiva.
(ii) Ministerio de Educación Nacional7
10.- La cartera ministerial pidió declarar improcedente la solicitud de amparo, pues,
conforme a lo indicado por la Corte Constitucional en sentencia SU-573 de 2019, el
asunto propuesto carece por completo de relevancia constitucional, toda vez que la
parte actora pretende utilizar la acción de tutela como una instancia adicional al
proceso ordinario, bajo un debate netamente legal y económico ya zanjado por el
juez de la causa y que, además, no guarda relación directa con la presunta afectación
de algún derecho fundamental.
11.- A su vez, sostuvo que la sentencia objeto de reproche no comporta una
transgresión a los derechos fundamentales invocados por la parte actora, pues la
misma tiene como fundamento una interpretación judicial normativa razonable sobre
el asunto sometido a estudio. Además, señaló que la posición planteada por el
accionante no es aceptada pacíficamente por la jurisprudencia, sumado al hecho de
que su imposición o no como criterio de unificación se encuentra pendiente de
resolver por el juez contencioso administrativo, por lo que pretender que la misma
sea zanjada a través de la acción de tutela, implicaría desconocer la independencia
y autonomía judicial que le atañe al juez natural de la causa.
12.- Por su parte, indicó que la sentencia SU-98 de 2018, que se alega como
precedente, no resultaba aplicable al caso concreto, comoquiera que no guarda
similitud fáctica ni jurídica, argumento que fue expuesto por la misma Corte en la
sentencia SU-573 de 2019.
13.- Los demás guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
C. Cuestión previa
14.- La Sala no accederá a la solicitud de desvinculación presentada por la
Fiduprevisora S.A., pues es claro que la entidad, en su calidad de vocera y
administradora del Patrimonio Autónomo del Fomag, participa de manera directa o
indirecta, en los procesos administrativos relacionados con los asuntos laborales de
los docentes, y en esa medida desde sus distintas competencias concurre en la
distribución, manejo y administración de los recursos destinados para ese propósito.
En tal sentido, el reproche de la parte accionante se dirige a las actuaciones
adelantadas por aquella.
7 Expediente digital, intervención contenida en 10 folios.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06029-00
Accionante: Juana Isabel Gómez Ruiz
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
D. Análisis del caso concreto
15.- Revisados y valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que
se formulara el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, las
pruebas arrimadas por los extremos procesales y la decisión adoptada, la Sala
estima que la controversia propuesta por la accionante no cumple con el requisito
de relevancia constitucional debido a que:
(i) El debate propuesto en el escrito de demanda versa sobre la determinación de
aspectos legales, así como la correcta interpretación y aplicación de las normas que
regulan el reconocimiento y el pago de la sanción moratoria derivada de la
consignación tardía del beneficio de cesantías en el régimen prestacional de los
docentes oficiales, debate que de conformidad con el precedente establecido por la
Sala Plena de Corte Constitucional en la Sentencia SU-573 de 2019, no guarda
ningún tipo de relación con la garantía de derechos fundamentales, debido a su
naturaleza estrictamente económica.
(ii) Al realizar una revisión de los planteamientos expuestos en la demanda de tutela,
es posible advertir que su propósito es convertir el mecanismo de amparo
constitucional en una instancia adicional o complementaria al litigio contencioso
administrativo tramitado y concluido, al pretender reabrir un debate ya zanjado por
el juez natural de la causa por no estar de acuerdo con la decisión de negar las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
16.- En relación con el carácter meramente legal y económico de la controversia
propuesta por el accionante, se tiene que el debate propuesto versa sobre la correcta
interpretación y la aplicación de las disposiciones establecidas en el artículo 13 de la
Ley 344 de 1996, reglamentado por el artículo 1° del Decreto 1582 de 1998 y el
numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al Fomag.
17.- La parte actora sostiene que en virtud de la aplicación del principio de
favorabilidad las normas referidas son extensibles a los docentes afiliados al Fomag,
razón por la cual la autoridad judicial accionada debía reconocer y ordenar el pago
de la sanción moratoria. Por otra parte, la autoridad judicial accionada consideró que
al encontrarse cubierta por el sistema anualizado de cesantías regulado por la Ley
91 de 1989, las disposiciones consagradas en los Decretos 344 de 1996 y 1582 de
1998 y en la Ley 50 de 1990, no eran aplicables al caso de la demandante.
18.- La Sala advierte que la diferencia interpretativa planteada no tiene relevancia
constitucional, para lo que resulta pertinente reiterar la postura desarrollada por la
Corte Constitucional en la Sentencia SU-573 de 2019, según la cual la sanción
moratoria generada por no consignación oportuna de cesantías no es un derecho
fundamental, ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza
constitucional. Esto debido a que: (i) al ser una penalidad, su naturaleza es accesoria
al derecho a recibir el pago del beneficio de cesantías, por lo que su reconocimiento
5
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06029-00
Accionante: Juana Isabel Gómez Ruiz
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
es de tipo legal y su carácter es netamente patrimonial y, (ii) al ser accesorio, el no
reconocimiento de la sanción moratoria no implica, en comienzo, una afectación al
derecho a la seguridad social o al mínimo vital, por lo que los accionantes se
encuentran obligados a aportar las pruebas que consideren necesarias para
demostrar cualquier tipo de afectación a los mencionados derechos.
19.- Teniendo en cuenta lo anterior, el caso objeto de estudio no se proyecta de
manera directa como una vulneración al derecho a la seguridad social de la parte
actora que demanda su protección, pues, tal y como se indicó la sanción por mora
establecida en la Ley 50 de 1990 es una cuestión económica cuya definición sobre
si está vinculada o no al derecho representado en el pago de la cesantía, no apunta
a la realización de un derecho de raigambre constitucional fundamental, sin que, por
demás, la accionante hubiera acreditado que la negativa del reconocimiento y pago
de la referida sanción produjera una afectación a su derecho al mínimo vital o
comprometiera gravemente su existencia o supervivencia.
20.- Sumado a lo anterior, la presunta configuración del defecto por
desconocimiento del precedente carece de relevancia constitucional. En primer
lugar, porque las sentencias proferidas por jueces de igual o menor jerarquía no
pueden ser asumidas como precedentes aplicables al caso concreto, ni tampoco son
útiles para respaldar los alegatos propuestos en la demanda.
21.- En segundo lugar, las siguientes providencias no guardan identidad fáctica con
el caso resuelto por el Tribunal accionado, razón por la cual no es posible que se
alegue su desconocimiento como precedentes: los fallos proferidos por el Consejo
de Estado en los procesos 08001-23-33-000-2013-00666-01, 19001-23- 33-
0002015-00445-02, 40001-23-40-000-2017-00134-01 y 080001-23-40-000-2015-
90008-018. Además, las sentencias de tutela con el número 11001-0315-000-2018-
03499-01, 11001-03-15-000-2018-04617-01 y 11001-03-15-000-2018-04679-01
tampoco resultan aplicables al caso concreto, pues solo producen efectos inter
partes.
22.- Por último, el alegato relacionado con el desconocimiento de la Sentencia SU-
098 de 2018, proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional y de las otras
sentencias enlistadas por la parte accionante en el escrito de tutela, proferidas por la
Sección Segunda de esta Corporación, a primera vista, no permite evidenciar la
existencia de una afectación desproporcionada del derecho a la igualdad o a la
seguridad jurídica que tenga relevancia constitucional.
23.- Así, el Tribunal accionado, siguiendo las pautas establecidas por la Corte
Constitucional, según las cuales en virtud del principio de autonomía los jueces
pueden apartarse del precedente judicial o constitucional, siempre que cumplan con
los principios de transparencia y de razón suficiente, lo cual exige de ellos una
8 Los fundamentos fácticos relevantes de estos casos, así como los problemas jurídicos resueltos en tales
providencias se exponen en las sentencias proferidas por esta subsección en los procesos 11001-03-15-000-
2023-00518-00 y 11001-03-15-000-2023-00704-00, entre otros.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06029-00
Accionante: Juana Isabel Gómez Ruiz
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
especial carga argumentativa 9 , no ignoró la solicitud del reconocimiento de los
precedentes que la accionante alegó como desconocidos. Por el contrario, se
pronunció sobre ellos y expuso las razones por las cuales consideraba que no eran
aplicables al caso objeto de estudio.
24.- De esta manera, en cumplimiento del principio de transparencia, el Tribunal
accionado, entre otras cosas, reconoció la existencia de la Sentencia SU-98 de 2018,
que sustentó principalmente el recurso de apelación. Asimismo, hizo alusión a los
pronunciamientos del Consejo de Estado en los que se ha reconocido -en aplicación
al principio de favorabilidad- la sanción objeto de reclamo a favor de los docentes
oficiales.
25.- Sin embargo, la autoridad judicial estimó que dichas providencias no constituían
precedente para el caso concreto, comoquiera que los supuestos fácticos que allí se
estudiaron difieren de los que fueron objeto de estudio en el asunto enjuiciado, pues
en esos casos se cuestionaba: (i) la omisión de los entes territoriales de afiliar al
Fomag a los docentes oficiales y la consecuente falta de reconocimiento y pago de
sus cesantías; o (ii) que a pesar de que si se realizaba la respectiva afiliación, las
entidades omitían trasladar al aludido fondo las cesantías causadas a favor de los
docentes antes de su vinculación al Fomag, siempre que las mismas no hubieran
sido consignadas de manera oportuna en otro fondo o reconocidas y pagadas al
interesado; mientras que la aquí actora si se encontraba afiliada al Fomag y la
referida prestación había venido siendo consignada oportunamente en el fondo
desde su afiliación, tal como lo sostuvo la misma Corte Constitucional en el fallo SU-
573 de 2019.
26.- De manera que, ante la indeterminación de un precedente vinculante y luego
de un análisis sobre el marco normativo y jurisprudencial que regula la materia, la
autoridad judicial concluyó razonablemente que los docentes oficiales afiliados al
Fomag no tienen derecho al reconocimiento y pago de las sanción moratoria
consagrada en la Ley 50 de 1990, toda vez que su situación jurídica se encuentra
cobijada por el régimen especial de cesantías previsto en la Ley 91 de 1989,
normatividad que no contempla la sanción objeto de reclamo y que, además, tiene
unas características propias que hacen que el pago de las penalidades solicitadas
sea incompatible.
27.- En los términos precedentes, la Sala estima que los alegatos propuestos por el
accionante tendientes a demostrar la existencia de un defecto por desconocimiento
del precedente no implican la existencia de una restricción desproporcionada del
derecho a la igualdad y la seguridad jurídica de la parte actora. Por el contrario, la
Sala encuentra que el presunto desconocimiento del precedente busca reabrir un
debate de naturaleza legal y económica que fue resuelto por los jueces contencioso
9 Al respecto, la Corte ha señalado que “[e]l principio de transparencia exige que el juez haga «referencia al
precedente que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si
nunca hubiera existido» y el principio de razón suficiente, que «explique de manera suficiente y razonada los
motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por
un juez de igual o superior jerarquía”. Sentencias SU-027 de 2020 y T-072 de 2022.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06029-00
Accionante: Juana Isabel Gómez Ruiz
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
administrativos y que las presuntas deficiencias alegadas respecto de la decisión
adoptada en sede de segunda instancia dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, responden, en realidad, a una mera discrepancia
valorativa sobre el resultado desfavorable del proceso que no es susceptible de
admitirse como una causal de procedibilidad especial, pues siempre que se trate de
interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural el llamado a fijar aquella
que mejor se ajuste al caso de que se trate, conforme a los criterios de la sana crítica
y en virtud de su autonomía e independencia.
28.- Cabe destacar que la jurisprudencia constitucional no ha considerado factible
la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales, cuando quiera
que estas se fundamentan en un determinado criterio jurídico, en una razonable
interpretación de las normas que son aplicables a la causa y en una valoración
adecuada de las pruebas allegadas, ya que de no ser ello así, habría una intromisión
arbitraria del juez de tutela que menoscabaría de manera grave los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial, los cuales, en forma precisa,
habilitan al juez para aplicar la ley sustancial y procesal10.
29.- Sin perjuicio de lo anterior, no sobra resaltar que si bien para la fecha en que
se profirió la decisión acusada no existía una tesis unificadora por parte del Consejo
de Estado, como máximo órgano de lo contencioso administrativo, que permitiera
zanjar de manera definitiva la discusión en torno al reconocimiento de la sanción
moratoria por la consignación tardía de las cesantías a favor de los docentes oficiales
que se encuentran afiliados al Fomag, lo cierto es que en un reciente
pronunciamiento 11 la Sección Segunda esta Corporación unificó la jurisprudencia
sobre la materia bajo el siguiente criterio:
<< Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera
que es incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley
91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté afiliado
al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del
artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal.>>
30.- Por lo reseñado anteriormente, la acción de tutela que se examina no cumple
con el requisito general de relevancia constitucional, de suerte que la Sala habrá de
declarar su improcedencia.
31.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
10 Cfr. Sentencia T-1015 de 2010 de la Corte Constitucional.
11 Sentencia de unificación SU-032-CE-S2 del 11 de octubre de 2023.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06029-00
Accionante: Juana Isabel Gómez Ruiz
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE12
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
12 VF
9
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.