Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06044-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06044-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-06044-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
4 de diciembre de 2023
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06044-00
Demandante: Astrid Carolina Sánchez Vargas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06044-00
Demandante: Astrid Carolina Sánchez Vargas
Demandado: Unidad de Administración de Carrera Judicial
Temas: Tutela contra decisión que resolvió emitir concepto desfavorable de
traslado por razones de salud.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por la señora Astrid Carolina Sánchez
Vargas en contra de la Unidad de Administración de Carrera Judicial
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
la señora Astrid Carolina Sánchez Vargas, quien actúa en nombre propio, promovió
demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales a la salud mental,
al trabajo en condiciones de dignidad, a la especial protección constitucional y a los
derechos de carrera judicial.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la Unidad de
Administración de Carrera Judicial que, en el término de 24 horas, proceda a emitir
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Demandante: Astrid Carolina Sánchez Vargas
concepto favorable de traslado por razones de salud, al devenir con claridad la
imposibilidad de continuar en el despacho judicial en el que se encuentra laborando,
por menoscabo en su salud mental.
Asimismo, solicitó que se restrinja el acceso público a la acción de tutela, así como a
los documentos de su historia clínica.
1.1.2. Los hechos
La accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:
i) Desde el año 2019, se le diagnosticó ansiedad y depresión, padecimientos que han
venido siendo tratados desde esa época.
ii) El 25 de febrero de 2022, se posesionó como escribiente nominado en propiedad
en el Juzgado Penal del Circuito Judicial de Saravena (Arauca).
iii) Desde que ingresó al referido despacho, su salud mental se ha deteriorado, por lo
que su psicóloga le recomendó solicitar el traslado; sin embargo, luego de que fuera
presentada la solicitud ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de
Santander y Arauca, este negó el pedimento.
iv) En el mes de septiembre de 2022, se le remitió a la especialidad de psiquiatría, y la
médica psiquiatra le ordenó medicación, recomendó su reubicación laboral —con la
finalidad de evitar una hospitalización— y la envió a medicina laboral, a efectos de que
fuera en esta instancia en la que se indicara el traslado.
v) El médico laboral de la Rama Judicial conceptúo lo siguiente: «con defecto físico o
enfermedad que interfiera su capacidad laboral para la labor asignada» y aun cuando
el concepto se expidió en diciembre de 2022, solo hasta el mes de marzo de 2023, le
fue comunicado por parte de la Rama Judicial.
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Demandante: Astrid Carolina Sánchez Vargas
vi) El 16 de febrero de 2023, presentó su primera crisis de ataque de ansiedad, tratada
por psiquiatría, médico que le dio 30 días de incapacidad y le recomendó no exponerse
a situaciones estresantes.
vii) El 10 de marzo de 2023, presentó queja ante el Comité de Convivencia Laboral en
contra de la juez titular del despacho, por sufrir situaciones que podrían considerarse
como de acoso laboral.
viii) Entre el 21 de marzo y el 18 de abril de 2023, estando laborando, presentó 6 crisis
de ataques de ansiedad, por las cuales estuvo hospitalizada 1 día y con incapacidad
3 días. Los episodios se presentaron únicamente en el despacho, por situaciones
relacionadas con la señora jueza, por lo que se vio obligada a solicitar licencia no
remunerada, comoquiera que le era imposible laborar en ese estado.
ix) El 14 de abril de 2023, solicitó a la Unidad de Administración de Carrera Judicial el
concepto favorable de traslado «por razones de salud» desde el Juzgado Primero
Penal del Circuito de Saravena al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Envigado
o al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medellín.
x) El 2 de agosto de 2023, desistió del traslado al Juzgado Octavo Civil del Circuito de
Medellín y, comoquiera que es dable aplicar para dos sedes, el 8 de agosto siguiente
solicitó el traslado para el Juzgado 58 Penal del Circuito con Función de Conocimiento
de Bogotá.
xi) El 10 de mayo de 2023, por orden de tutela de primera instancia,1 se le otorgó un
término de seis días a la entidad para resolver sobre las solicitudes de traslado;2 sin
1 Proferida en sentencia del 25 de abril de 2023, por el Tribunal Administrativo de Arauca, Sala de
Decisión, dentro de la acción de tutela con radicación 81001-23-39-000-2023-00022-00.
2 La orden fue del siguiente tenor: «Segundo: ordenar i) a la juez penal del circuito de Saravena que,
dentro de la hora siguiente de recibido el concepto favorable de la ARL Positiva para el teletrabajo de la
actora, la convoque para que concluir el procedimiento para el ejercicio de teletrabajo, así como remitir
copia del formato de acuerdo a la Oficina de Talento Humano, debiendo reportarlo a la ARL; y ii) al
Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander – Arauca que si Astrid Carolina Sánchez
Vargas radica una nueva solicitud de traslado, eso sí con el cumplimiento de todos requisitos legales,
estudie y decida lo que correspondiera, en el término máximo de seis (6) días y de aplicar de manera
obligatoria en su análisis y decisión los criterios que han establecido la Corte Constitucional y los
instrumentos convencionales para la protección de personas con la especial condición de salud que
padece la servidora judicial, sin limitarse a la mera verificación normativa del asunto».
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embargo, en segunda instancia, el Consejo de Estado omitió pronunciarse sobre dicho
agregado,3 por lo que no es procedente un incidente de desacato. Su situación de
salud ha empeorado, llegando al punto de ser diagnosticada con trastorno bipolar, por
lo que no puede considerarse una acción repetitiva o temeraria.
xii) El 23 de mayo de 2023, fue incapacitada por 30 días, habida cuenta que el hecho
de regresar a su lugar de trabajo le causa exacerbación de síntomas ansiosos.
xiii) Posterior a ello, desempeñó el cargo de oficial mayor en otro despacho, por
espacio de dos meses, en el cual mejoró su condición médica.
xiv) El 15 de agosto de 2023, antes de regresar a su cargo habitual, en el Juzgado
Penal del Circuito de Saravena, fue incapacitada por espacio de 40 días, y se le remitió
a medicina laboral para que se ratificara la imposibilidad de continuar en ese despacho
judicial; sin embargo, Bienestar Social le indicó que mientras se encontrara
incapacitada no era posible otorgarle cita con medicina laboral.
xv) Desde el 22 de septiembre de 2023 se encuentra incapacitada, pues se le hace
imposible regresar al despacho judicial —y así quedó consignado en su historia
clínica—.
xvi) Además, debe tomarse en cuenta que su calificación de servicios se expidió sin
las formalidades legales, ya que luego de que presentó la queja por acoso laboral —
que actualmente se encuentra en sede de apelación— se le dio un puntaje que no
correspondía con las actividades desarrolladas.
1.1.3. Los fundamentos jurídicos
La accionante presentó como fundamentos de la acción de tutela, los siguientes:
3 En la sentencia de segunda instancia adoptada el 10 de agosto de 2023, el Consejo de Estado, Sección
Cuarta, modificó el numeral segundo de la decisión en el sentido de no emitir ninguna orden al Consejo
Seccional de la Judicatura de Norte de Santander – Arauca.
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i) En síntesis, después de 13 meses desde que se recomendó su reubicación laboral,
nada ha ocurrido al respecto, pese a tener los siguientes diagnósticos: «trastorno
afectivo bipolar no especificado, trastorno depresivo recurrente no especificado–
distimia, trastorno mixto de ansiedad y depresión».
ii) Además, antes de septiembre de 2022 no se le suministraba ningún medicamento
y actualmente debe tomar los siguientes «carbonato de litio 300 mg tabletas
clonazepam Solución oral gotas 2.5 mg Sup paroxetina 20 mg risperidona 1 MG. tab.
zolpidem 10 mg».
iii) Lo único que necesita es la oportunidad de ser trasladada a otro despacho judicial
en el que pueda lograr una rehabilitación adecuada y laborar de manera digna, sin ser
expuesta a situaciones estresantes como las vividas, puesto que, como lo dejó sentado
el especialista en psiquiatría, los síntomas se exacerban con la sola idea de regresar
al actual ambiente laboral.
iv) Se acude a la vía constitucional porque ha esperado un tiempo más que prudente
para que le sea otorgada una respuesta por parte de carrera judicial. Además, lo que
se desprende de su historia clínica es que la vinculación al Juzgado Penal del Circuito
de Saravena ha deteriorado su estado de salud mental, ya que luego de ingresar a
laborar en el despacho ha sido incapacitada por 130 días, lo cual ha afectado su
calidad de vida en sus esferas personal, profesional y económica, además de
impedirse su adecuada rehabilitación.
1.2. Actuación procesal
1.2.1. Mediante auto del 18 de octubre de 2023, el consejero Rafael Francisco Suárez
Vargas admitió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar del proveído
al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial,
en calidad de demandados. De igual forma, requirió al Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial, para que dentro de los
dos días siguientes a la notificación de la providencia, indicara si ya dio contestación
congruente y de fondo a las solicitudes presentadas por la señora Astrid Carolina
Sánchez, los días 14 de abril, 30 de mayo y 8 de agosto de 2023, en relación con su
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solicitud de traslado y, en caso de no haber dado contestación, señalara las razones;
y ordenó remitir copia de la solicitud de tutela a los demandados para que, dentro del
término de los dos días siguientes a la notificación de la providencia, ejercieran su
derecho de defensa, si a bien lo tenían, y rindieran el respectivo informe.
1.2.2. El 19 de octubre de 2023, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó
del proveído a la señora Astrid Carolina Sánchez Vargas, al Consejo Superior de la
Judicatura y a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial.
1.3. Contestación de la demanda
El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera
Judicial. El 24 de octubre de 2023, la directora Claudia M. Granados R., solicitó
desvincular a la entidad del trámite de tutela, al no afectar ni desconocer ningún
derecho fundamental, en atención a lo siguiente:
i) La entidad ya atendió los requerimientos de la accionante, puesto que ya resolvió
sobre las solicitudes de traslado como del derecho de petición de información sobre el
estado de las estas.
ii) Así, se tiene que a la solicitud del 14 de abril de 2023 se dio contestación mediante
Oficio CJO23-2517 del 21 de abril de 2023, en el que se emitió concepto desfavorable
de traslado por razones de salud para el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Envigado, Antioquia, el cual le fue notificado el 20 de octubre de 2023 a la solicitante
al correo electrónico reportado para efectos de notificaciones y respecto al cual se
encuentra en término para interponer recurso de reposición.
iii) En cuanto a la solicitud de traslado para el Juzgado Octavo Civil del Circuito de
Medellín, la Unidad a través de oficio CJO23-4895 de 28 de agosto de 2023 acusó el
recibo y aceptó el desistimiento allegado por la solicitante frente a esa sede judicial,
situación que fue informada al Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia con
oficio CJO23-4896 de la misma fecha.
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iv) Respecto al derecho de petición de información del 30 de mayo de 2023, en el que
solicitó información sobre el estado de las solicitudes de traslado radicadas en el mes
de abril, se destaca que, con oficio CJO23-5934 del 23 de octubre de 2023, se brindó
respuesta y se envió el mismo día al correo electrónico de la peticionaria.
v) Frente a las solicitudes de traslado del 8 de agosto de 2023 como servidora de
carrera y por razones de salud para el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Envigado, Antioquia y el Juzgado Cincuenta y Ocho Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá, la entidad dio contestación a través de los Oficios CJO23-
5836 y CJO23-5837 de 19 de octubre de 2023, emitió conceptos desfavorables, los
cuales fueron notificados a la solicitante al día siguiente, al correo electrónico reportado
para efectos de notificaciones y respecto a los cuales se encuentra en término para
interponer los recursos de reposición correspondientes.
vi) Conforme con lo expuesto, la situación debe ser calificada como hecho superado y
por ende concluir la carencia de objeto que impide que se amparen los derechos
fundamentales invocados.
1.4. Otras actuaciones
1.4.1. El 23 de octubre de 2023, la señora Astrid Carolina Sánchez Vargas allegó
memorial en el que, en atención a la respuesta de la accionada en emitir concepto
desfavorable de traslado, adicionó la demanda de tutela, en el siguiente sentido:
i) La acción de tutela es procedente dada su condición de sujeto de especial protección
constitucional, ya que, si bien, se puede presentar el recurso de reposición, la espera
en su resolución seguirá deteriorando su salud. Sobre el particular, refirió lo siguiente:
[D]esde la primera solicitud han transcurrido más de seis meses, para finalmente expedir
Resoluciones sin efectuar el análisis apropiado y mi estado de salud mental me
imposibilita continuar expuesta al factor estresor. El día de mañana finaliza la
incapacidad y me siento absolutamente enferma de solo contemplar la idea de regresar
al despacho (es que dicha situación enerva mis síntomas ansiosos y la ideación suicida
lo que puede apreciarse en las historias clínicas). Maxime cuando en este municipio no
[se] cuenta con un especialista en psiquiatría y tengo agendada cita hasta el próximo 03
de noviembre. Además, que el especialista indicó en anterior oportunidad que, de
continuar con ese nivel de estrés, se vería en la obligación de ser hospitalizada, lo que
ellos mismos ADVIRTIERON DESDE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022. QUE SE QUERÍA EVITAR
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UNA HOSPITALIZACIÓN Y QUE SE RECOMENDABA LA REUBICACIÓN LABORAL. MÁS DE UN AÑO
EN QUE LA ADMINISTRACIÓN DE LA RAMA JUDICIAL NO ME HA DADO UNA SOLA SOLUCIÓN.
ii) Si bien la Unidad de Carrera dio respuesta a las solicitudes de traslado, estas se
emitieron sin consideración del estado real de su salud, así como de la situación de
acoso laboral. Ello, por cuanto en los Oficios no se consideró el concepto del médico
laboral en el que se indicó: «continuar control y tratamiento especializado y mejorar las
relaciones laborales con sus jefes inmediatos en el entendido de una mayor
colaboración y comprensión en el desarrollo de sus actividades propias del cargo y/o
reubicación laboral en caso de no resolver las interrelaciones laborales no
satisfechas».
iii) No existe justificación constitucional para desatender las historias clínicas aportadas
—pese a no ser recientes—, ya que estas dan cuenta de que su estado de salud se
ha deteriorado al punto de ser diagnosticada recientemente con trastorno afectivo
bipolar; y que ha sufrido acoso laboral, por el cual se vio obligada a presentar una
queja disciplinaria en contra de la titular del despacho. Asimismo, que aunque en una
de las respuestas se consignó que no se acreditó en debida forma la última calificación
de servicios, lo cierto es que ello es responsabilidad de la titular del despacho, quien
remitió la documentación de manera incompleta.
iv) No puede entenderse que la accionada cumplió con el deber de dar respuesta a las
solicitudes deprecadas, máxime cuando se trata de una persona en condiciones de
debilidad manifiesta por el estado de salud.
v) En tal sentido, se solicita como medida cautelar que se ordene la suspensión del
trámite administrativo de nombramiento, respecto de los cargos de escribiente
nominado a los que optó, y que, además, se ordene a la accionada, en el término de
48 horas, analizar de manera adecuada las solicitudes de traslado, bajo los parámetros
convencionales, constitucionales y legales, teniendo en consideración todos los
documentos médicos allegados que dan cuenta de su estado de indefensión por
razones de salud, así como la queja presentada por acoso laboral.
1.4.2. El 15 de noviembre de 2023, el consejero de Estado Rafael Francisco Suárez
Vargas ordenó poner en conocimiento de la Unidad de Administración de Carrera
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Judicial, por el término de tres (3) días, el escrito de fecha 23 de octubre de 2023,
glosado en el índice 10 del aplicativo Samai, en el que la señora Astrid Carolina
Sánchez Vargas adicionó la demanda de tutela con nuevas pretensiones y
argumentos, y del cual la autoridad accionada no tuvo conocimiento, para que, en
garantía de su derecho fundamental al debido proceso, ejerciera su derecho de
defensa y contradicción; y, además, requirió a la Unidad de Administración de Carrera
Judicial, para que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del proveído,
informara si la señora Astrid Carolina Sánchez Vargas interpuso recursos de
reposición en contra de los Oficios CJO23-2517 del 21 de abril de 2023 y CJO23-5836
y CJO23-5837 del 19 de octubre de 2023, todos notificados el 20 de octubre hogaño,
y, si fue el caso, remitiera con destino al expediente de tutela copia de los actos
administrativos mediante los cuales se resolvieron.
1.4.3. El 24 de noviembre de 2023, el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Administración de la Carrera Judicial, por intermedio de la directora Claudia M.
Granados R., solicitó declarar improcedente la acción o, en su defecto, denegar el
amparo deprecado, en atención a las siguientes circunstancias:
i) Considerando que la pretensión de la demanda de tutela va encaminada a que se
dejen sin valor ni efecto los conceptos desfavorables de traslado emitidos mediante
los Oficios CJO23-2517 de 21 de abril de 2023, CJO23-5836 y CJO23-5837 de 19 de
octubre de 2023, se destaca que esos actos eran susceptibles de ser recurridos
mediante recurso de reposición, sin embargo, la accionante decidió no hacer uso de
ese mecanismo administrativo para impugnarlos, de manera que la acción de tutela no
es el mecanismo idóneo para atacarlos, ya que, por su naturaleza, se encuentran
amparados por el principio de legalidad y, por tanto, son susceptibles de ser
demandados con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
ii) Respecto de la solicitud de traslado «por razones de salud» presentada el 14 de
abril de 2023, para los Juzgados Segundo Laboral del Circuito de Envigado y Octavo
Civil del Circuito de Medellín, la entidad dio contestación mediante el Oficio CJO23-
2517 del 21 de abril de 2023, en el que emitió concepto desfavorable, al encontrar que
el concepto médico ocupacional del 5 de diciembre de 2022, que contenía la siguiente
recomendación: «y/o reubicación laboral en caso de no resolver las interrelaciones
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laborales no satisfechas», no podía tenerse en cuenta al no encontrarse vigente, pues
para la fecha de presentación de la solicitud, esto es, el 14 de abril de 2023, dicho
documento había superado los tres meses exigidos en el artículo octavo del Acuerdo
PCSJA17-10754 de 2017 y, además, porque tampoco contenía la recomendación
expresa de traslado por la imposibilidad de continuar desempeñando el cargo del cual
es titular, según se exige en el artículo 9 ibidem. Se destaca que la accionante no
presentó recurso de reposición en contra del referido acto, de lo cual se informó,
mediante Oficio CJO23-6728 de 22 de noviembre de 2023, al Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia.
iii) En lo referente a la solicitud de concepto de traslado del 8 de agosto del 2023 «como
servidora de carrera» para los Juzgados Segundo Laboral del Circuito de Envigado y
Cincuenta y Ocho Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá D.C., la
Unidad a través de Oficio CJO23-5836 de 19 de octubre de 2023, emitió concepto
desfavorable porque la empleada judicial no acreditó en debida forma el requisito de
la última calificación integral de servicios en firme en el cargo y despacho del cual
solicita el traslado, toda vez que, aportó un formato de calificación de servicios del
periodo comprendido entre el 25 de febrero y el 31 de diciembre de 2022, incompleto,
comoquiera que al formulario le faltaron los numerales 3, 4 y 5 correspondientes a los
ítems de calificación integral, resolución, datos y firma del calificador, y en tal sentido,
no cumplía con el requisito previsto en el artículo décimo tercero del Acuerdo
PCSJA17-10754 de 2017, para el traslado de carrera con base en el mérito.
Adicionalmente, en lo que corresponde con la vacante de escribiente del Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Envigado, se le indicó que: «revisadas las
publicaciones de vacantes efectuadas durante el mes de agosto del presente año por
parte del Consejo Seccional de la Judicatura de la Antioquia, no fue publicada como
opción de sede para el mencionado mes, por tanto, no cumple con el requisito
establecido en el artículo 17 del Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017, modificado por el
artículo 1° del Acuerdo PCSJA22- 11956 de 20223». Por último, se resalta que contra
el mencionado acto la accionante no interpuso recurso reposición y que con el Oficio
CJO23-6730 del 22 de noviembre de 2023, la entidad informó del trámite al Consejo
Seccional de la Judicatura de Antioquia.
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iv) Y en lo que tiene que ver con la solicitud de concepto de traslado de 8 de agosto
del 2023 «por razones de salud» para el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Envigado y el Juzgado Cincuenta y Ocho Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá D.C., la entidad a través del Oficio CJO23-5837 de 19 de
octubre de 2023 emitió concepto desfavorable, en el cual se pronunció sobre cada uno
de los soportes médicos allegados por la interesada. De igual manera, se advierte que
la mencionada no presentó recurso de reposición en contra del referido acto y que
mediante Oficio CJO23-6729 de 22 de noviembre de 2023, se informó el trámite
traslado al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con lo previsto en el numeral 8 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069
de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, según el cual «las
acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas para su conocimiento en primera
instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolverá por la
Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el
reglamento al que se refiere el artículo 2 .2.3.1.2.4.»; en concordancia con lo dispuesto
en el numeral 8.º, inciso 2, del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Cuando se trate
de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que
pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicción ordinaria, el conocimiento corresponderá
a la jurisdicción de lo contencioso administrativo», esta Sala es competente para
conocer de la presente acción de tutela.
2.2. Problema jurídico
Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad para estudiar los actos administrativos controvertidos por
la accionante, y en caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción
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de los referidos actos se vulneraron los derechos fundamentales invocados, al no
emitirse concepto favorable de traslado «por razones de salud».
2.3. Marco Normativo y jurisprudencial
2.3.1. Sobre la procedibilidad excepcional de la acción de tutela para controvertir
actos administrativos
Es de amplio conocimiento dentro de la jurisprudencia constitucional que la acción de
tutela contra actos administrativos es improcedente, en atención a que contra estos el
legislador ha dispuesto de las vías judiciales ordinarias para su cuestionamiento, de
forma tal que aceptar su procedencia directa para controvertir actos administrativos
desdibujaría su carácter excepcional y además, contravendría lo previsto en el artículo
86 Constitucional, en el que de manera clara se señala que el mecanismo de amparo
procede solamente cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial.
Sin embargo, el referido artículo abre la excepción de que la acción de tutela puede
proceder en caso de que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable, que de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Corte
Constitucional debe cumplir con las características de ser i) actual o inminente, es
decir, si está ocurriendo o está próximo a ocurrir; ii) grave, o tiene la potencialidad de
dañar o menoscabar material o moralmente el haber jurídico de la persona en un grado
relevante; iii) que requiere de medidas urgentes; e iv) impostergable, a fin de garantizar
el adecuado restablecimiento del orden social justo en toda su integridad.
Y a más de lo anterior, la Corte también ha desarrollado como excepción adicional, el
evento en que el medio judicial ordinario no sea idóneo u eficaz dadas las
circunstancias del caso concreto, o las condiciones personales de vulnerabilidad o
debilidad del afectado, situaciones que de ser comprobadas procedería el mecanismo
de amparo como solución definitiva del asunto.4
4 Posición reiterada en las sentencias T-396 de 2009, T-820 de 2009, T-354 de 2012, T-140 de 2013,
T-491 de 2013, T-327 de 2014, T-471 de 2014, T-222 de 2014, entre otras.
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Quiere decir lo anterior que el mecanismo de amparo solo tiene lugar cuando se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá
probarse, o cuando dentro de los diversos medios legales existentes ninguno resulte
idóneo para proteger objetivamente el derecho que se alegue conculcado. De no
tenerse en cuenta dichos parámetros el juez constitucional desconocería el principio
de subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría en contravía del ordenamiento
jurídico.
2.3.2. Sobre la provisión de vacantes en la Rama Judicial
En la provisión de vacantes en la Rama Judicial pueden confluir dos situaciones
jurídicas: de un lado, el nombramiento en la vacante de quien superó un proceso de
selección y resultó elegible para proveer el cargo en razón del mérito, y de otro, la
provisión de la vacante con ocasión de traslado, del que en términos de los artículos
134 y 152 de la Ley 270 de 1996, pueden hacer uso los empleados judiciales
nombrados en propiedad en cargos de la Rama Judicial. Es decir, que pueden confluir
para una misma vacante, tanto una lista de elegibles como una o varias solicitudes de
traslado.
Es de tener en cuenta, respecto del último de los eventos, que es el que compete al
caso en estudio, que la Corte Constitucional en la sentencia C-295 de 2002, declaró la
exequibilidad de la modificación efectuada al artículo 1345 de la Ley 270 de 1996,
sobre los eventos en que procede la solicitud de traslado por parte de los empleados
judiciales, como del numeral 66 del artículo 152 de misma preceptiva, que prevé el
5 Artículo 134. Traslado. Modificado por el art. 1, Ley 771 de 2002. Se produce traslado cuando se
provee un cargo con un funcionario o empleado que ocupa en propiedad otro de funciones afines, de la
misma categoría y para el cual se exijan los mismos requisitos, aunque tengan distinta sede territorial.
Nunca podrá haber traslado entre las dos Salas de los Consejos Seccionales de la Judicatura. Procede
en los siguientes eventos:
1. Cuando lo decida la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura por razones de
seguridad, siempre que ello no implique condiciones menos favorables para el funcionario y que medie
su consentimiento expreso.
En este caso, tendrá el carácter de obligatorio para los nominadores, de conformidad con el reglamento
que al efecto expida la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
2. Los traslados recíprocos entre funcionarios o empleados de diferentes sedes territoriales sólo
procederán, previa autorización de la Sala Administrativa de los Consejos Superior o Seccional de la
Judicatura, por razones de fuerza mayor que ésta encontrare plenamente justificadas.
Cuando el traslado deba hacerse entre cargos cuya nominación corresponda a distintas autoridades,
sólo podrá llevarse a cabo previo acuerdo entre éstas.
6 Artículo 152. Derechos. Además de los que le corresponden como servidor público, todo funcionario o
empleado de la Rama Judicial tiene derecho, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias
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derecho a la solicitud de traslado cuando por razones de salud o de seguridad
debidamente comprobadas no sea posible continuar en el cargo.
Ahora bien, las hipótesis establecidas en el artículo 134 en mención no implican que
el traslado solicitado por el empleado judicial opere automáticamente, ya que, para su
aprobación, se requiere de condiciones y requisitos que deben ser cumplidos por los
interesados, de la emisión de conceptos favorables de competencia específica de los
Consejos Seccionales de la Judicatura o del Consejo Superior de Judicatura, Unidad
de Administración de la Carrera Judicial, según sea el caso, y de la decisión de los
respectivos nominadores en aceptar o no las solicitudes de traslado.
Así, el artículo 22 del Acuerdo PCSJA17-10754 del 18 de septiembre de 20177 prevé
que para poder adoptar una decisión definitiva se deben remitir a las respectivas
autoridades nominadoras tanto los conceptos favorables de traslado como las listas
de aspirantes por sede, si a ello hubiere lugar; pero que, si el concepto es negativo,
este debe ser notificado al servidor judicial que solicita el traslado para que sea de su
conocimiento.
De esta forma, según los artículos 134 de la Ley 270 de 1996 y 22 del Acuerdo
PCSJA17-10754 del 18 de septiembre de 2017,8 se tiene que la decisión de traslado es
un acto administrativo complejo, pues para su formación requiere de la reunión de dos
voluntades. De un lado, del concepto favorable emitido por parte de los Consejos
Seccionales de la Judicatura y/o Consejo Superior de Judicatura, Unidad de
Administración de la Carrera Judicial, según sea el caso; y de otro, de la decisión del
nominador sobre quien ocupará la vacante, pues, como se dijo, pueden confluir para
esta tanto una lista de elegibles como una o varias solicitudes de traslado con concepto
favorable.
a: […] 6. Modificado por el art. 2, Ley 771 de 2002. Ser trasladado, a su solicitud y previa evaluación,
cuando por razones de salud o de seguridad debidamente comprobadas, no sea posible continuar en
el cargo.
7 Por el cual se compilan los reglamentos de traslados de los servidores judiciales y se dictan otras
disposiciones en la materia.
8 Por el cual se compilan los reglamentos de traslados de los servidores judiciales y se dictan otras
disposiciones en la materia.
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Por tanto, cuando se emite concepto favorable de traslado, la decisión allí contenida
no determina la disposición final sobre quien ocupará la vacante, ya que el hecho de
aceptar o no el traslado del empleado judicial compete directamente al nominador, es
decir, que la decisión final en materia de traslado compete al ente nominador siempre
y cuando exista un concepto favorable, pues de no existir no hay lugar a ningún
pronunciamiento de aquel; y, a su turno, cuando se emite concepto desfavorable,
que es confirmado en las dos instancias administrativas, la decisión se convierte en
definitiva, pues resuelve la solicitud del servidor judicial de manera final y, por tanto,
se patentiza en un acto administrativo susceptible de ser demandado ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.
2.4. Hechos probados
De los documentos aportados al expediente de tutela la Sala establece lo siguiente:
i) El 14 de abril de 2023, la señora Astrid Carolina Sánchez Vargas solicitó a la Unidad
de Administración de Carrera Judicial emitir concepto favorable de traslado «por
razones de salud» del cargo de escribiente del Juzgado Primero Penal del Circuito de
Saravena (Arauca), en propiedad, para el mismo cargo en el Juzgado Segundo Laboral
del Circuito de Envigado (Antioquia).
ii) El 21 de abril de 2023, a través del Oficio CJO23-2517, la Unidad de Administración
de Carrera Judicial emitió concepto desfavorable de traslado, al evidenciar que el
diagnóstico médico presentado no contenía una recomendación expresa de la
necesidad de traslado, por la imposibilidad de continuar desempeñando el cargo del
cual es titular, como lo exige el artículo noveno del Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017.
De la decisión se notificó a la solicitante, hasta el 20 de octubre de 2023, señalándole
que contra lo resuelto procedía el recurso de reposición, del cual podría hacer uso
dentro de los diez días siguientes.
iii) El 2 de agosto de 2023, la señora Astrid Carolina Sánchez Vargas desistió de la
solicitud de traslado presentada en el mes de abril de 2023, para el Juzgado Octavo
Civil del Circuito de Medellín.
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iv) El 8 de agosto de 2023, solicitó emitir concepto de traslado «por razones de salud»
del cargo de escribiente del Juzgado Primero Penal del Circuito de Saravena (Arauca),
en propiedad, para el mismo cargo en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Envigado (Antioquia) o el Juzgado Cincuenta y Ocho Penal del Circuito con Función
de Conocimiento de Bogotá.
v) El 28 de agosto de 2023, por medio del Oficio CJO23-4895, la Unidad de
Administración de Carrera Judicial aceptó el desistimiento de la solicitud de traslado
presentada por la señora Astrid Carolina Sánchez Vargas para el Juzgado Octavo Civil
del Circuito de Medellín.
vi) El 19 de octubre de 2023, por medio de los Oficios CJO23-5836 y CJO23-5837, la
Unidad de Administración de Carrera Judicial emitió concepto desfavorable de traslado
para las vacantes de escribiente en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Envigado (Antioquia) o el Juzgado Cincuenta y Ocho Penal del Circuito con Función
de Conocimiento de Bogotá, al no cumplir con los presupuestos determinados en el
artículo 134 de la Ley 270 de 1996 y en el Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017, modificado
por el Acuerdo PCSJA22-11956 de 2022.
vii) El 20 de octubre de 2023, la Unidad de Administración de Carrera Judicial notificó
de los referidos oficios a la señora Astrid Carolina Sánchez Vargas, señalándole que
contra lo resuelto procedían los recursos de reposición, los cuales podrían
interponerse dentro de los diez días siguientes, sin embargo, la peticionaria no recurrió
las decisiones.
2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto
La señora Astrid Carolina Sánchez Vargas acudió al uso de la acción de tutela, por
sentir vulnerados sus derechos fundamentales a la salud mental, al trabajo en
condiciones dignas, a la especial protección constitucional y a los derechos de carrera
judicial, ante la decisión del Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Administración de Carrera Judicial, de emitir concepto desfavorable respecto de las
solicitudes de traslado «por razones de salud», presentadas el 14 de abril y 8 de agosto
de 2023.
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Pues bien, en el sub lite es claro que los actos administrativos de carácter particular
controvertidos por la accionante, mediante los cuales se emitió concepto desfavorable
de traslado, pueden ser cuestionados a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, en el cual se otorga
la posibilidad de solicitar la medida cautelar preventiva, conservativa, anticipativa o de
suspensión, en términos de lo dispuesto en el artículo 230 del CPACA, y que conforme
al artículo 233 ibidem, se puede pedir desde la presentación de la demanda y en
cualquier estado del proceso, evento que, en principio, genera la improcedencia de la
presente acción de tutela.
Sin embargo, esta Sala de decisión ha señalado que son procedentes las acciones de
tutela en las que se invoque la vulneración de derechos fundamentales en actos
administrativos que resuelven sobre solicitudes de traslado, a pesar de la existencia
de otros medios de defensa judicial, ya que las decisiones de estos se desarrollan de
manera ágil y pronta, y en tal sentido, los medios de control dispuestos por el
ordenamiento jurídico no garantizan la inmediatez de las medidas que se llegaren a
necesitar para conjurar el daño ocasionado a los intereses de quien acude al
mecanismo de amparo. De aquí que la Sala de decisión proceda a analizar en lo
correspondiente el asunto de marras.
Pues bien, se dejó sentado en el acápite de marco normativo que, de acuerdo con los
artículos 134 de la Ley 270 de 19969 y 22 del Acuerdo PCSJA17-10754 del 18 de
septiembre de 2017,10 la decisión de traslado es un acto administrativo complejo, pues
para su formación se requiere de la reunión de dos voluntades. De un lado, del
concepto favorable emitido por parte de los Consejos Seccionales de la Judicatura y/o
Consejo Superior de Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial,
según sea el caso;11 y de otro, de la decisión del nominador sobre quien ocupará la
vacante, comoquiera que pueden confluir para esta tanto una lista de elegibles como
una o varias solicitudes de traslado con concepto favorable.
9 Ley Estatutaria de Administración de Justicia.
10 Por el cual se compilan los reglamentos de traslados de los servidores judiciales y se dictan otras
disposiciones en la materia.
11 Artículo 17 del Acuerdo PCSJA17-10754 del 18 de septiembre de 2017.
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Así, encontrándose el caso en el primero de los eventos, esto es, de la emisión de
concepto favorable de traslado, se tiene que en el acápite de hechos probados, se dejó
en evidencia, lo siguiente: i) que el 14 de abril de 2023, la señora Astrid Carolina
Sánchez Vargas solicitó a la Unidad de Administración de Carrera Judicial emitir
concepto favorable de traslado «por razones de salud» del cargo de escribiente del
Juzgado Primero Penal del Circuito de Saravena (Arauca), en propiedad, para el
mismo cargo en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Envigado (Antioquia); y
que, ii) el 8 de agosto de 2023, ante la falta de respuesta, reiteró el anterior pedimento
y, además, también solicitó el concepto favorable de traslado para el Juzgado 58 Penal
del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.
Asimismo, i) que el 21 de abril de 2023, a través del Oficio CJO23-2517, la Unidad de
Administración de Carrera Judicial, dio respuesta a la solicitud del 14 de abril de 2023,
en la que emitió concepto desfavorable de traslado «por razones de salud» para el
cargo de escribiente en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Envigado, y que
de la decisión se notificó a la solicitante hasta el 20 de octubre de 2023; y ii) que el 19
de octubre de 2023, por medio de los Oficios CJO23-5836 y CJO23-5837, brindó
respuesta a las solicitudes del 8 de agosto de 2023, en el primero, reiterando el
concepto desfavorable de traslado para la vacante de escribiente en el Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Envigado y, en el segundo, emitiendo concepto
desfavorable para el traslado al Juzgado 58 Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá. De igual forma, se advierte que contra los Oficios CJO23-
2517 del 21 de abril de 2023 y CJO23-5836 y CJO23-5837 del 19 de octubre de 2023,
todos notificados el 20 de octubre hogaño, la accionante no interpuso recurso de
reposición, por lo que la decisión se encuentra en firme.
Pues bien, en el escrito de adición de la demanda de tutela, la accionante cuestionó
los actos a través de los cuales la autoridad accionada emitió concepto desfavorable
de traslado «por razones de salud», esto es, los Oficios CJO23-2517 del 21 de abril de
2023 y el CJO23-5837 del 19 de octubre de 2023, al no haberse tenido en cuenta el
historial clínico anterior, con vigencia mayor de tres meses y, en consecuencia, solicitó
la declaratoria de la medida cautelar de suspensión del trámite administrativo de
nombramiento respecto de los cargos de escribiente nominado a los que optó, y
además, que se ordenara a la accionada analizar la solicitudes de traslado teniendo
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en consideración todos los documentos médicos allegados, además de la queja
presentada por acoso laboral.
Según se extrae, en el Oficio CJO23-2517 del 21 de abril de 2023, la Unidad de
Administración de Carrera Judicial emitió concepto desfavorable de traslado para la
vacante del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Envigado (Antioquia), luego de
valorar las historias clínicas del 16 de febrero y 10 de abril de 2023 y de transcribir los
diagnósticos dados a la accionante, a partir lo cual concluyó:
Como se puede observar, el diagnóstico médico no contiene una recomendación
expresa respecto a la necesidad de traslado, debido a la imposibilidad de continuar
desempeñando el cargo del cual es titular actualmente la servidora judicial, como de
manera perentoria lo exige el artículo noveno del Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017.
En consecuencia, dado que no se cumple con los presupuestos determinados en el
artículo 134 de la Ley 270 de 1996 y en el Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017, modificado
por el Acuerdo PCSJA22-11956 de 2022, para la procedencia del concepto favorable de
traslado por razones de salud, esta Unidad considera que no es viable emitir concepto
favorable a su solicitud.
A su turno, en el Oficio CJO23-5837 del 19 de octubre de 2023, la Unidad de
Administración de Carrera Judicial emitió concepto desfavorable de traslado «por
razones de salud» para las vacantes de escribiente en el Juzgado Segundo Laboral
del Circuito de Envigado (Antioquia) y el Juzgado Cincuenta y Ocho Penal del Circuito,
luego de valorar las historias clínicas de fechas 16 de febrero y 10 de abril de 2023, a
partir de lo cual concluyó:
Como se puede observar, el diagnóstico médico no contiene una recomendación
expresa respecto a la necesidad de traslado, debido a la imposibilidad de continuar
desempeñando el cargo del cual es titular actualmente la servidora judicial, como de
manera perentoria lo exige el artículo noveno del Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017.
Adicionalmente, anexó documentos médicos los cuales presentan como fechas: 31 de
octubre de 2022, 1° de diciembre de 2022 y 5 de diciembre de 2022, los cuales no se
encuentran vigentes, toda vez que son superiores a tres (3) meses, y exceden los seis
(6) meses de expedición exigidos en el artículo octavo del Acuerdo PCSJA17-10754 de
2017, como término máximo de vigencia.
Según se avizora, la Unidad de Administración de Carrera Judicial emitió conceptos
desfavorables de traslado «por razones de salud», luego de analizar de manera
detenida las historias clínicas aportadas por la peticionaria, encontrando que de estas
no se podía extraer el cumplimiento de los presupuestos determinados tanto en el
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artículo 134 de la Ley 270 de 1996 como en el Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017,
modificado por el Acuerdo PCSJA22-11956 de 2022.
Ahora bien, aunque la accionante se duele del hecho de no haberse tenido en cuenta
el historial clínico anterior, con vigencia mayor de tres meses, lo cierto es que, para
adoptar la decisión, la entidad debía ceñirse a la normativa dispuesta para el análisis
de la petición, para el caso, lo previsto en el artículo 8 del Acuerdo PCSJA22-11956 de
2022, en el que de manera expresa se señala que para el estudio de las solicitudes de
traslado por razones de salud «Los dictámenes médicos no deberán tener fecha de
expedición superior a tres (3) meses».
Es de indicar que si la accionante no está de acuerdo con los dispuesto en el referido
precepto —contenido en un acto administrativo de contenido general— está en la
posibilidad demandarlo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, través del
medio de control de simple nulidad, previsto en el artículo 137 del CPACA,
De esta forma, la Sala denegará el amparo deprecado al evidenciar que la entidad
accionada analizó las circunstancias médicas de la accionante, teniendo en cuenta los
requerimientos señalados en la normativa que regula las solicitudes de traslado por
cuestiones de salud.
3. Conclusión
Con los anteriores argumentos la Sala concluye que la autoridad accionada no vulneró
los derechos fundamentales invocados por la actora y, en tal sentido, denegará el
amparo deprecado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
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F A L L A:
Primero. Denegar el amparo solicitado por la señora Astrid Carolina Sánchez Vargas,
de acuerdo con lo expuesto en este proveído.
Segundo. En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
YASM
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