Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06073-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06073-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-06073-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
10 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06073-00
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Debe reunir los
requisitos generales establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que proceda su
estudio de fondo / REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD – La parte actora cuenta con otros
mecanismos judiciales para reclamar la protección de sus derechos; además, no es
posible flexibilizar este requisito, porque no se acreditó el abuso palmario del derecho.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social, en adelante UGPP, contra el Tribunal Administrativo de Boyacá y el
Juzgado Once Administrativo Oral de Tunja.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El 5 de octubre del año en curso1, la UGPP interpuso acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado Once Administrativo Oral de
Tunja, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia 2. Formuló las siguientes pretensiones
(se transcriben textualmente):
Primero. AMPARAR los derechos fundamentales deprecados por la UGPP,
vulnerados por el JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE TUNJA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
BOYACÁ SALA DE DECISIÓN NO. 4 por el evidente detrimento del erario
que se genera con el reconocimiento de la pensión de vejez ordenada.
Segundo. Como consecuencia de lo anterior:
a.- DEJAR sin efectos los fallos del 16 de mayo de 2022 y el 25 de abril de
2023, emitidos por el JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE TUNJA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
1 Se advierte que, el 26 de octubre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2
La entidad también solicitó que se garantizara el principio de sostenibilidad financiera del sistema
pensional
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06073-00
Demandante: UGPP
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
BOYACÁ SALA DE DECISIÓN NO. 4, respectivamente, en el proceso de
Nulidad y Restablecimiento No. 15001333301120190020102, que ordenó la
reliquidación de la pensión de vejez del señor HUMBERTO JIMÉNEZ
CUERVO, desconociendo que en dicha prestación pensional se están
aplicando dos (2) regímenes pensionales, lo cual rompe con el principio de
inescindibilidad normativa.
b.- Se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ SALA DE
DECISIÓN NO. 4 dictar nueva sentencia ajustada a derecho, esto es,
revocando el fallo del 16 de mayo de 2022 dictado por el JUZGADO ONCE
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE TUNJA.
• SUBSIDIARIAS En caso de que esa H. Magistratura no acceda a lo anterior
en razón al no estar superado el requisito de subsidiariedad solicitamos:
Primero. Sean amparados TRANSITORIAMENTE los derechos
fundamentales deprecados por la UGPP y vulnerados por el JUZGADO
ONCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE TUNJA y el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ SALA DE DECISIÓN NO. 4 en
las sentencias del 16 de mayo de 2022 y el 25 de abril de 2023,
respectivamente.
Segundo. Como consecuencia de lo anterior se SUSPENDA de manera
transitoria los fallos del 16 de mayo de 2022 y el 25 de abril de 2023 emitido
dentro del proceso contencioso administrativo No.
15001333301120190020102, hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario
de revisión que se iniciaría en virtud de su orden tutelar.
Como medida provisional solicitó:
Conforme a la gravedad de la situación que se pone de presente ante su
Despacho solicitamos se SUSPENDA la ejecución de las sentencias del 16 de
mayo de 2022 y el 25 de abril de 2023, dictada dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho Rad. 15001333301120190020102, mientras se
resuelve esta acción de tutela, con el fin de evitar pagar mes a mes una
pensión a la que no tiene derecho el peticionario ni el retroactivo generando
por ese reconocimiento prestacional.
1.2. Hechos
Narró que CAJANAL E.I.C.E. reconoció una pensión de jubilación a favor del
señor Humberto Jiménez Cuervo, mediante la Resolución No. UGM 051176 de 29
de junio de 2012, por haber cotizado 1979 semanas. Posteriormente, con
Resolución No. RDP 015595 del 21 de mayo de 2019, la UGPP reliquidó la
prestación por retiro del servicio y estableció que el actor alcanzó el estatus
pensional el 7 de marzo de 2007, por lo que aplicó el régimen consagrado en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, estableciendo el monto con el 75% sobre el
salario promedio de los últimos 10 años de servicio (2003 a 2012), conforme al
régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Luego, en la Resolución No. RDP 021052 del 18 de julio de 2019, La UGPP
consideró que el afiliado laboró 1979 semanas y que, de conformidad con el
régimen establecido en la Ley 797 de 2003, modificatorio de los artículos 33 y 34
de la Ley 100 de 1993, alcanzó el estatus pensional el 17 de marzo de 2012, est o
es, cuando cumplió 60 años.
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Demandante: UGPP
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Inconforme con lo decidido en sede administrativa, el señor Humberto Jiménez
Cuervo ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para
solicitar la reliquidación de su pensión con el 80%, de conformidad con lo
señalado en la Ley 100 de 1993, y con la inclusión de la prima técnica. A estas
pretensiones accedió el Juzgado 11 Administrativo de Tunja, en sentencia del 16
de mayo de 2022.
Apelada tal decisión, fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá a
través de providencia del 25 de abril de 2023.
1.3. Argumentos de la tutela
Manifestó que la tutela cumple con los requisitos generales de procedencia de
relevancia constitucional y subsidiariedad. Frente a este último, sostuvo que previo
a acudir a la acción constitucional agotó todos los medios de defensa judicial
disponibles, porque se surtieron las dos instancias del proceso ordinario.
En cuanto a los requisitos especiales de procedencia, invocó los siguientes
defectos:
Defecto material: los fallos cuestionados reconocieron la prestación al afiliado con
la Ley 33 de 1985, en aplicación del régimen de transición, pero liquidaron la
mesada con el 80% como tasa de reemplazo, conforme a la Ley 100 de 1993,
desconociendo el principio de inescindibilidad. Tampoco repararon en que bajo el
imperio de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 la entidad que debe reconocer la
pensión es Colpensiones porque la UGPP no tiene competencia para reconocer
prestaciones bajo el régimen de prima media con prestación definida y, además, el
afiliado no alcanzaría a tener derecho a la mesada 14, por el cambio de fecha en
que se consolida el estatus pensional.
Desconocimiento del precedente jurisprudencial: las providencias reprochadas
desatendieron lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia SU 230 de
2015, así como las reglas señaladas por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, en la sentencia de unificación 02235 de 2019, según las cuales los
principios de favorabilidad e inescindibilidad se deben observar conjuntamente.
Violación directa a la Constitución: las autoridades judiciales demandadas
desconocieron lo consagrado en el artículo 53 de la Constitución, en la medida en
que no aplicaron correctamente el principio de favorabilidad, porque mezclaron los
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dos regímenes pensionales, esto es, el establecido en la Ley 100 de 1993 y el
regulado en la Ley 33 de 1985.
Agregó que en el presente caso se presenta un abuso palmario del derecho, a raíz
de las providencias atacadas, que ordenaron la reliquidación de la pensión del
señor Jiménez Cuervo con base «en los criterios de la Ley 100 de 1993, pero a su
vez manteniendo algunos aspectos del régimen anterior contenido en la Ley 33 de
1985 en cuanto al fondo competente para reconocer y administrar la prestación».
Explicó que, por cuenta de esos fallos, la UGPP estaría obligada a pagar a favor
del actor una mesada pensional de $2.496.213 para el año 2023, cuando en
realidad lo que le corresponde es la suma de $2.284.458, es decir, una diferencia
de $211.000 mensuales, lo que, sin duda, va en detrimento de su patrimonio, más
aún si se tiene en cuenta que la entidad llamada a reconocer la prestación es
Colpensiones. Lo anterior, sin incluir el retroactivo que, para el año 2023, asciende
a $23.983.763.
Adicionalmente, indicó que los fallos reprochados fueron proferidos por las
autoridades judiciales accionadas con fraude a la ley, porque existió
aprovechamiento de las reglas de interpretación para conseguir un resultado no
afín al ordenamiento jurídico. Esto debido a la mixtura de dos regímenes
pensionales, so pretexto de aplicar el principio de favorabilidad.
2. Trámite impartido e intervenciones
Mediante auto del 10 de octubre de 2023, se admitió la acción de tutela y se
ordenó su notificación a los magistrados que integran la Sala 4 de Decisión del
Tribunal Administrativo de Boyacá y a la juez 11 administrativa de Tunja, como
parte demandada, y, como tercero con interés, al señor Humberto Jiménez
Cuervo, toda vez que intervino como demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-33-011-2019-00201-02. Así
mismo, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y se negó la medida provisional solicitada en la demanda.
2.1. El Tribunal Administrativo de Boyacá insistió en que no se violó derecho
fundamental alguno, habida consideración de que se aplicó el principio de
favorabilidad como correspondía, dado que las disposiciones establecidas en la
Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, son más benévolas para el
señor Jiménez Cuervo.
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2.2. La titular del Juzgado 11 Administrativo de Tunja refirió que la tutela es
improcedente, por cuanto el asunto objeto de debate ya fue sometido al juez
natural de la causa, decidido en estricto cumplimiento del procedimiento que
corresponde y de conformidad con la normativa aplicable.
Sostuvo que, lejos de ser decisiones arbitrarias y caprichosas o estar permeadas
por un abuso palmario del derecho, como lo afirma la parte actora, se verifica que
las providencias se ajustan al ordenamiento jurídico aplicable y a las reglas de
unificación establecidas por el Consejo de Estado.
Finalmente, acotó que las sentencias censuradas no están viciadas de alguno de
los defectos citados por la parte actora, y recalcó que la acción de tutela no puede
utilizarse como una tercera instancia judicial para continuar con el debate que ya
fue clausurado.
2.3. El señor Humberto Jiménez Cuervo, mediante apoderado, manifestó que no
se avizora violación alguna a los derechos invocados por la UGPP.
Indicó que ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
para que se reliquidara su pensión con el 80%, de conformidad con lo establecido
en la Ley 797 de 2003, en concordancia con lo señalado por el Consejo de Estado
en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018.
Agregó que no acudió a la jurisdicción con mala fe, temeridad o con el propósito
de inducir en error al juzgado y al tribunal, sino porque consideró que le asistía el
derecho reclamado, tal y como lo declararon las autoridades judiciales accionadas
en las providencias reprochadas.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Problema Jurídico
La Sala, en primer lugar, deberá examinar si está acreditado o no el cumplimiento
del requisito de subsidiariedad. Sólo en el evento de que se reúna esta exigencia y
todos los demás requisitos generales, se analizará si las autoridades judiciales
accionadas incurrieron en los defectos endilgados y, por ende, vulneraron los
derechos fundamentales invocados por la UGPP.
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3. Análisis de la Sala
2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales en
casos en los que se alega un abuso del derecho en materia pensional
Además de los requisitos generales 3 y especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales que han sido definidos por la jurisprudencia
constitucional 4, la Corte ha establecido reglas especiales de procedencia en
aquellos casos en los que se cuestionan providencias judiciales por incurrir en un
abuso del derecho en materia pensional, en esencia, estos lineamientos se
relacionan con la flexibilización de los requisitos de subsidiaridad e inmediatez 5.
• De la subsidiaridad en el caso concreto
La Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016, señaló que el Acto
Legislativo 01 de 2005, que modificó el artículo 48 de la Constitución Política,
dispuso que «la ley establecerá un procedimiento breve para la revisión de las
pensiones reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la ley o en las convenciones y laudos arbitrales
válidamente celebrados». (Se destaca).
Agregó la Corte que, aunque ese precepto constitucional no ha sido desarrollado
mediante una ley, el ordenamiento jurídico consagra para esos fines el recurs o
especial de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 6 y, conforme
3
Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta
la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y
extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
(iii) que la acción se hubiera interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto
sea de evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de
tutela.
4 Para aceptar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, el juez de tutela debe
verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos que fijó la Corte Constitucional,
en la sentencia C-590 de 2005.
5
Estos lineamientos en principio se establecieron en casos en que la UGPP era accionante, pero
también son aplicables cuando la parte actora es COLPENSIONES, por tratarse de una entidad
administradora de pensiones que igualmente cuestiona providencias judiciales en asuntos
pensionales y que, además, alega la afectación permanente de los recursos públicos que
administra con ocasión de la condena impuesta, similitudes que se presentan y que hacen viable la
aplicación de dichas reglas por analogía, tal como lo hizo el alto tribunal constitucional en la
sentencia T-365 de 2021.
6
«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL
TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. Las providencias judiciales
que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte
Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del
Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06073-00
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con el artículo 251 del CPACA, ese mecanismo debe presentarse dentro de los 5
años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial.
En ese mismo fallo se afirmó que «…ante la existencia de otro mecanismo judicial
como lo es el recurso de revisión consagrado en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, en principio, las acciones de tutela interpuestas por la UGPP para
cuestionar decisiones judiciales en las que presuntamente se haya incurrido en un
abuso del derecho [o contrariando la ley], son improcedentes al tenor del artículo
86 de la Constitución».
En criterio de la Sala, lo allí señalado se extiende a la causal de revisión prevista
en el numeral 7 del artículo 250 del CPACA, de manera que es aplicable el
análisis de la Corte Constitucional que se mantiene vigente, como puede
constatarse, entre otras, en las sentencias SU-631 de 2017 y T-334 de 2021.
En estas providencias la Corte Constitucional destacó que la tutela sólo procedería
en los eventos en que se esté frente a un abuso palmario del derecho; para lo cual
estableció, principalmente, dos condiciones a saber: (i) un incremento pensional
sustancial en los últimos años que no sea consecuente con la historia laboral del
beneficiario; y (ii) que el aumento se derive de una vinculación precaria en cargos
con asignaciones salariales superiores derivados de encargos o nombramientos
en provisionalidad. Ello, sin perjuicio de que se puedan deducir otros eventos de
esa naturaleza.
Concretamente, la sentencia SU-631 de 20177 expuso:
Según lo resumió esta Sala en la Sentencia SU-427 de 2016, el debate
judicial sobre el abuso del derecho en la obtención de reliquidaciones que
presumiblemente quebrantan los principios y la sostenibilidad del sistema de
seguridad social en pensiones, tiene dos vías. Por un lado está el recurso de
revisión ante la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado (según la
jurisdicción a la que corresponda dirimir el asunto), que hace improcedente el
amparo y, por otro, la acción de tutela. Ésta última queda reservada
exclusivamente a los “casos de palmario abuso del derecho”.
(…)
Cabe destacar que la existencia del mecanismo de revisión tanto en la
jurisdicción laboral ordinaria, como en la contencioso administrativa implica
que, en principio, la acción de tutela no supera el análisis de procedencia,
pues la existencia de un mecanismo principal de acción judicial inhabilita al
juez constitucional para decidir el asunto de fondo, en casos como estos.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión
por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas
para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables». (Apartes tachados fueron
declarados inexequibles a través de sentencia C-835 de 2003).
7
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Sin embargo, existen casos particulares en los cuales de concretarse el riesgo
inminente que se ciñe sobre los derechos que se busca proteger, acarrearía
un perjuicio que no podría resarcirse y que impide o dificulta el ejercicio de los
derechos fundamentales. En la Sentencia SU-427 de 2016, esta Sala Plena
estableció que asuntos como los que se analizan serían competencia del juez
constitucional, solo cuando el abuso del derecho aparezca de modo palmario.
En lo que sigue la Sala Plena de esta Corporación, con arreglo al patrón
fáctico de la Sentencia SU-427 de 2016 y con el ánimo de fijar criterios
interpretativos claros para establecer cuándo un abuso del derecho surge de
modo palmario, recogerá los lineamientos básicos para determinar los eventos
en los que resulta imperiosa la intervención del juez de tutela.
(…)
El carácter palmario del abuso del derecho debe ser identificado por el juez de
tutela al momento de hacer el análisis de procedencia de la acción de tutela.
No solo debe advertir (i) que el ejercicio del derecho pensional pudo haber
desbordado los límites que le impone el principio de solidaridad del sistema de
seguridad social –caso en el cual no debe perder de vista que la acción de
tutela será, en principio, improcedente ante la existencia del recurso de
revisión-, sino además (ii) constatar que la ventaja irrazonable que generó
pone en un riesgo inminente a los demás afiliados del sistema de seguridad
social, con ocasión de una anomalía en la interpretación judicial, en relación
con la cual CAJANAL no pudo ejercer su derecho de defensa y la UGPP se
encuentra obligada a hacer erogaciones cuantiosas que, por su carácter
periódico, atentan contra la equidad y la sostenibilidad del sistema, de manera
actual. Todo ello debe derivar de la elusión de los principios y de las reglas
que rigen el sistema pensional.
(…)
Entonces, la UGPP se encuentra facultada para cuestionar por vía de tutela,
exclusivamente, sentencias judiciales que, con ocasión de un abuso del
derecho en modo palmario, hayan hecho reconocimiento de mesadas
pensionales sin advertir la existencia de vinculaciones precarias y con
fundamento en ellas. En virtud del principio de inmediatez, tal posibilidad la
mantendrá por seis meses contados a partir de la notificación de esta decisión.
Pensiones logradas a través de abuso del derecho, del que no sea
demostrado su carácter palmario por parte de la UGPP solo podrán ser
discutidas por ella mediante el recurso de revisión regulado en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003, por debido proceso, o por cualquier norma que
desarrolle el mandato incorporado en la Constitución, mediante el Acto
Legislativo 01 de 2005.
Esa tesis fue reiterada en la sentencia T-334 de 20218, así:
Ahora, para determinar el abuso del derecho, la Corte ha señalado que se
presenta, entre otros supuestos, cuando: (i) se evidencia un incremento
pensional significativo en los últimos años de servicios, que escapa del
sendero ordinario de la carrera pensional del beneficiario y que conduce a que
su pensión no guarde ninguna relación o correspondencia con los aportes que
acumuló en su vida laboral, y/o (ii) que el aumento sea consecuencia de una
vinculación precaria en un cargo con ingresos salariales superiores como, por
ejemplo, las suplencias en el caso de los congresistas, el encargo como
magistrados y la asignación en cargos provisionales.
(…)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en casos en los que se alega un
posible abuso del derecho en un reconocimiento pensional, unificó su
jurisprudencia en relación con la satisfacción del requisito de subsidiaridad de
la acción de tutela, a partir de la Sentencia SU-427 de 2016. Estas reglas
8
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
fueron objeto de precisión en la Sentencia SU-631 de 2017, en la que se
supeditó la procedencia de la acción de tutela, a pesar de que la UGPP
cuente con la posibilidad del recurso extraordinario de revisión que
regulan los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003, a que se trate de un
supuesto de abuso palmario del derecho, cuya configuración sujetó a
dos condiciones: (i) que se trate de una “vinculación precaria” y (ii) que se
trate de un “incremento excesivo en la mesada pensional”. En caso de que
no se acrediten estos presupuestos, no podría considerarse que se trata
de un caso de perjuicio irremediable que amerite la protección
constitucional transitoria. (Destaca la Subsección)
En la misma línea, se pronunció el alto tribunal en sentencia T-290 de 20229, en la
que precisó los criterios de «vinculación precaria» e «incremento excesivo de la
mesada pensional», así:
42. La Corte precisó que las vinculaciones precarias se presentan cuando
un servidor durante la mayor parte de su vida laboral aportó con una base de
cotización y luego, en el transcurso del último año de servicios, es nombrado
para un cargo de mayor remuneración por un tiempo corto y, con fundamento
en esa vinculación, obtiene un ingreso más alto que, conforme el artículo 6 del
Decreto 546 de 1971, sirve para calcular su IBL y estimar su mesada
pensional que, así, no responderá a la cotización histórica efectuada. La Corte
indicó que “En casos como los que se analizan en los que el marco temporal
que sirve para liquidar la prestación es el último año de servicios, se
considerará una vinculación precaria el ejercicio de una función en la
Rama Judicial o en el Ministerio Público que, conforme las
particularidades del caso, sea minúsculo para un periodo anual”
(subrayado fuera de texto). De otra parte, resaltó que la vinculación precaria
con el Estado depende de dos factores. El primero, el nivel de estabilidad que
ofrece el vínculo entre el funcionario y el cargo de mayor jerarquía y
remuneración desempeñado, el cual es fuerte para los nombramientos en
propiedad por concurso de méritos y débil respecto de los encargos, las
provisionalidades y las propiedades de libre nombramiento y remoción, “de las
que puede surgir una vinculación precaria de las funciones temporalmente
ejercidas y nunca de los cargos a los que llega el funcionario como
consecuencia de un nombramiento efectuado por el derecho que otorga una
lista de elegibles”. El segundo factor consiste en el carácter exiguo del vínculo,
el cual “solo puede impactar a los nombramientos de libre nombramiento y
remoción, en provisionalidad y aquellos hechos en encargo, que cobran
relevancia para determinar la cuantía de la mesada pensional”.
43. Respecto del incremento excesivo de la mesada pensional, dicha
sentencia indicó que la mesada pensional debe haberse aumentado de tal
forma que implica un tratamiento diferenciado para quien la obtuvo y, con
dicho incremento, una ventaja ilegítima que comprometa los principios de
igualdad y solidaridad en el caso concreto. Asimismo, señaló que solo los
incrementos que sean evidentes y se descubran de un primer acercamiento al
caso concreto “ameritan la intervención del juez de tutela. Los demás pueden
ser cuestionados a través de la jurisdicción laboral ordinaria o contencioso
administrativa, según el caso. La remisión de los casos al juez ordinario, no
implica de ningún modo restarle relevancia al caso, sino constatar que la
urgencia que presenta es relativa y no notoria”. Si bien en la sentencia se hizo
referencia a las nociones de “ventaja irrazonable” o “ventaja ilegítima” respecto
de quien es titular de la pensión, así como a la falta de correspondencia entre
la pensión y la historia laboral, tales aspectos están relacionados con los
criterios de vinculación precaria e incremento excesivo de la mesada
pensional y parecen ser consecuencia de aquellos, como se desprende de lo
expuesto en la providencia. Finalmente, la Corte también señaló que la fijación
de los criterios frente al abuso palmario del derecho no obsta para que, en
consonancia con la independencia y la autonomía judicial, el juez consolide su
propia visión de los distintos casos concretos que se le presenten y determine
9 M.P. Alejandro Linares Cantillo
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06073-00
Demandante: UGPP
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
la procedencia, conforme su propio criterio, que deberá motivar de acuerdo a
las particularidades del caso concreto.
En esa oportunidad, la Corte fue enfática en señalar que le corresponde a la
administradora de pensiones accionante acreditar el abuso palmario del derecho,
demostrando al menos los dos criterios indicados por la jurisprudencia, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente. Sobre el particular, señaló:
44. Las sentencias SU-427 de 2016 y SU-631 de 2017 han sido
reiteradas en providencias posteriores. Asimismo, la Corte ha resaltado que la
UGPP tiene la carga de acreditar la configuración del abuso palmario del
derecho. Cabe precisar que, en algunas decisiones, la Corte ha señalado
como criterios para acreditar dicho abuso únicamente la vinculación precaria y
el incremento excesivo de la mesada pensional mientras que, otras veces, ha
añadido otros criterios como la falta de correspondencia entre el
reconocimiento pensional y la historia laboral, y la ventaja irrazonable en
comparación con otros beneficiarios del sistema pensional.
45. Es importante resaltar que esta corporación ha sido exigente frente a
la configuración del abuso palmario del derecho y en varias oportunidades ha
declarado improcedentes acciones de tutela presentadas por la UGPP, al no
haberse acreditado dicho abuso, principalmente por no evidenciarse, o bien
una vinculación precaria, o un incremento excesivo en la mesada pensional.
Así, pueden citarse las sentencias SU-631 de 2017, T-034 de 2018, T-212 de
2018, SU-068 de 2018, SU-114 de 2018 y T-080 de 2019.
46. Asimismo, es necesario resaltar que en el Auto 769 de 2018 esta
corporación señaló que la verificación de uno solo de los criterios indicativos
del abuso palmario del derecho no es suficiente para predicar su ocurrencia y
resaltó que, de aceptarse la existencia de dicho abuso con base
exclusivamente en incrementos pensionales considerables, se desconocería la
jurisprudencia sobre la materia, se comprometería el carácter subsidiario de la
acción de tutela y se restaría eficacia al recurso extraordinario de revisión.
Bajo esa orientación, con el ánimo de establecer si la acción de tutela interpuesta
por la UGPP cumple el requisito de subsidiariedad, se debe determinar si la
afectación invocada proviene de un abuso palmario del derecho, para lo cual es
determinante acreditar no sólo que el incremento pensional es sustancial, sino
también que dicho aumento se haya originado en una vinculación precaria.
Ahora bien, no sobra señalar que contra las sentencias censuradas, proferidas por
el Juzgado 11 Administrativo de Tunja el 16 de mayo de 2022 y por el Tribunal
Administrativo de Boyacá el 25 de abril de 2023, la entidad interesada no interpuso
el recurso de revisión de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para lo
cual, todavía se encuentra en tiempo, teniendo en cuenta que, conforme con el
artículo 251 del CPACA, debe presentarse dentro de los 5 años siguientes a la
ejecutoria de la providencia judicial. No obstante, conforme con la orientación
jurisprudencial en la materia, la Sala pasa a examinar si exis te un abuso palmario
del derecho, caso en el cual habría lugar a flexibilizar los requisitos de
subsidiariedad e inmediatez.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06073-00
Demandante: UGPP
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
En el sub lite, la UGPP sostiene que los fallos cuestionados reconocieron la
prestación al afiliado con base en la Ley 33 de 1985, en aplicación del régimen de
transición, pero liquidaron la mesada con el 80% como tasa de reemplazo,
conforme a la Ley 100 de 1993, desconociendo el principio de inescindibilidad.
Dijo, además, que las autoridades judiciales accionadas no repararon en que, bajo
el imperio de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, la entidad que debe reconocer
la pensión es Colpensiones, caso en el cual el afiliado perdería el derecho a la
mesada 14.
Así mismo, indica que, en virtud de los fallos objeto de reproche, la entidad estaría
obligada a pagar a favor del actor una mesada pensional de $2.496.213 para el
año 2023, cuando en realidad lo que le corresponde es la suma de $2.284.458, es
decir, una diferencia de $211.000 mensuales, lo que de entrada permite descartar
la primera de las situaciones establecidas por la jurisprudencia como indicativa de
un abuso palmario del derecho, habida consideración de que la misma UGPP
reconoce que el incremento pensional es una suma que no puede catalogarse
como escandalosa o excesiva, y menos aún es posible a simple vista determinar
que el pensionado obtuvo una ventaja ilegítima que comprometa los principios de
igualdad y solidaridad.
En cuanto al segundo evento de configuración del abuso palmario del derecho, de
la revisión del expediente ordinario aportado por el Juzgado 11 Administrativo de
Tunja, se determina con claridad que en esta oportunidad el incremento pensional
no se relaciona con un cambio de vinculación del afiliado o su ingreso a un empleo
de mayor asignación salarial, sino que el aumento de la mesada corresponde a la
aplicación de un régimen pensional distinto al que inicialmente se le había
reconocido, que, a todas luces, resulta más favorable a sus intereses, según lo
analizado por los jueces naturales de la causa en primera y segunda instancia.
En efecto, en la sentencia del 16 de mayo de 2022, proferida por el Juzgado 11
Administrativo de Tunja, se lee:
Así las cosas, teniendo en cuenta que el demandante acreditó un total de
13.853 días laborados, correspondientes a 1.979 semanas y que su derecho
pensional se causó en el 2007, se advierte que al comparar entre la Ley 33 de
1985 (75%) y la Ley 797 de 2003 (80%) le resulta más favorable en materia
pensional que la mesada se determine en una tasa de remplazo del 80% tal
como se solicitó en la demanda; sobre el promedio de lo devengado en los
últimos diez años de servicios, con los factores salariales sobre los que se
realizó cotización y que estén contenidos en el Decreto 1158 de 1994.
En atención a lo expuesto, el Despacho declarará la nulidad parcial de las
Resoluciones No. UGM 151176 del 29 de junio de 2012, RDP 015595 del 21
de mayo de 2019, RDP 016214 del 28 de mayo de 2019, y RDP 021052 del
18 de julio de 2019, y a título de restablecimiento del derecho ordenará a la
entidad demandada a reliquidar la pensión de vejez del señor HUMBERTO
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06073-00
Demandante: UGPP
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
JIMENEZ CUERVO teniendo en cuenta para la determinación del IBL el 80%
del promedio de los salarios o rentas devengados durante los últimos diez
años anteriores al retiro definitivo del servicio (enero de 2003 a diciembre de
2012), de acuerdo con los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994 y
sobre los cuales se efectuaron aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones, esto es, asignación básica y bonificación por servicios prestados,
según quedó demostrado en el proceso; cuyos valores deben ser reajustados
anualmente conforme al IPC.
Por su parte, el Tribunal Administrativo de Boyacá, en sentencia del 25 de abril de
2023, indicó:
58. Bajo los anteriores derroteros jurisprudenciales y legales, en el caso sub
judice encuentra la Sala probado que el señor Humberto Jiménez Cuervo,
nació el 17 de marzo de 1952 19 y que laboró como servidor público desde el
01 de marzo de 1972, al servicio del Municipio de Tunja, lo que significa que
para el momento de entrada en vigencia del sistema pensional creado con la
Ley 100 de 1993, contaba con más de quince (15) años de prestación de
servicios.
59. Asimismo, para la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 (25
de julio de 2005) a través del cual se prorrogó el régimen de transición hasta
diciembre de 2014, el demandante acumulaba un promedio de 1.596,47, es
decir más de 750 semanas cotizadas.
(…)
64. Lo anterior implica que el demandante está cobijado por el régimen de
transición en comento, así que la edad para acceder a la pensión, el tiempo
de servicios y el monto de la prestación correspondería al régimen anterior,
que para el caso es la Ley 33 de 1985, mientras que el IBL (delimitación
temporal y factores salariales) se rigen por la Ley 100 de 1993 y sus Decretos
Reglamentarios, conforme se expuso en el acápite precedente, esto es el
Decreto 1158 de 1994.
65. Ahora, a efectos de establecer la tasa de remplazo dentro del quantum
pensional, la Sala observa que le resulta más beneficioso la aplicación de la
ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003, que a la postre refiere: (…)
66. En este punto es necesario advertir que el demandante cumplió más de
60 años de edad antes del año 2014, tiempo en el que ya se había retirado
del servicio, tal como lo dispone el precitado artículo y para entonces había
cotizado más de 1300 semanas. En consecuencia, pese a que cuenta con los
requisitos del régimen de transición, en aplicación del principio de
favorabilidad, le resulta más benéfico la aplicación de las previsiones de la
Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003, dadas las siguientes circunstancias.
A. El señor HUMBERTO JIMÉNEZ CUERVO, al 25 de julio de 2005 (fecha de
entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005), había completado un
total de 1.596.47 semanas cotizadas, lo que implicaba un tiempo superior a
las 750 exigidas.
B. El actor dio inicio al disfrute de su derecho pensional, a partir de la fecha
del retiró definitivamente del servicio, esto es el 31 de diciembre de 2012,
fecha entonces con la que contaba con la edad de 60 años, y había sumado
un total de 1.978.77 semanas cotizadas.
67. Por consiguiente, atendiendo las circunstancias del caso de marras, le
resultaba más beneficioso el régimen establecido en la Ley 100 de 1993 y la
797 de 2003, por aplicación del principio de favorabilidad, máxime cuando el
disfrute del derecho a la pensión fue reconocido cuando cumplió 60 años de
edad (fecha en que se retiró definitivamente del servicio), por lo que para
efectos del requisito de edad que dispuso la Ley 33 de 1985, para el presente
asunto no implica una consecuencia adversa a la aplicación normativa más
beneficiosa. Criterio que ha sido asumido por este Tribunal22 de manera
previa.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06073-00
Demandante: UGPP
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
68. Así las cosas, conforme fuera referido por el a quo, la tasa de remplazo a
aplicar al caso sub judice, es del 80%, dado que se probó que el señor
Jiménez Cuervo, acredito un total de 1978.77 semanas cotizadas, lo que al
tenor del artículo 10 de la Ley 797 de 2003, la tasa de remplazo para efectos
del cálculo pensional es el equivalente al 80% del ingreso base de liquidación,
y en ese sentido no resulta avante el recurso de apelación interpuesto por la
entidad demandada.
En ese orden de ideas, para el caso concreto, no es válido afirmar que se está
presencia de un abuso palmario del derecho y, por ende, la Sala concluye que
no es viable flexibilizar la exigencia de subsidiariedad. Como consecuencia, se
tiene que la acción impetrada no cumple ese requisito general de procedencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por la
UGPP, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad
de su contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que
aparece a la derecha o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
aspx.
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