Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06114-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06114-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-06114-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
23 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 06114 00
Demandante: José Augusto Aguilera Rubiano
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C.
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Reconocimiento de cotización especial de diez
puntos porcentuales adicionales en pensión establecido en el parágrafo
tercero del artículo 2.º de la Ley 860 de 2003.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
1. Antecedentes
1.1. La solicitud de tutela
El señor José Augusto Aguilera Rubiano, por medio de apoderado, interpone acción
de tutela contra la providencia del 17 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que revocó el fallo
del 16 de noviembre de 2022 dictado por el Juzgado Veinticinco Administrativo de
Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá.
1.2. Pretensiones
El accionante formula las siguientes súplicas:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 06114 00
Demandante: José Augusto Aguilera Rubiano
1. Tutelar los derechos fundamentales de mi poderdante al debido proceso, acceso
a la justicia, trabajo y principios constitucionales de favorabilidad, in dubio pro
operario, condición más beneficiosa, primacía de la realidad sobre las formas.
2. Invalidar, anular o declarar sin efectos la sentencia del 09 (sic) de mayo de 2023
proferida en segunda instancia por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN «C», proferida en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió el suscrito apoderado en
representación del señor JOSÉ AUGUSTO AGUILERA RUBIANO contra la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia bajo número de radicación 11001-33-
35-025-2021-00171-01, y ordenar la anulación de los actos acusados en el
proceso ordinario.
3. Declarar la firmeza de la sentencia del 16 de noviembre de 2022 proferida por el
JUZGADO VEINTICINCO (25) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ,
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió el señor
JOSÉ AUGUSTO AGUILERA RUBIANO contra la Unidad Administrativa Especial de
Migración Colombia u ordenar al Tribunal accionado que profiera sentencia en las
condiciones anotadas por el [juez constitucional].
4. En consecuencia, ordenar a la Unidad Administrativa Especial Migración
Colombia que, en los 30 días siguientes a la notificación de la providencia
reconozca, aplique y pague la cotización en alto riesgo consagrada en el Decreto
No. 2646 de 1994 y la Ley 860 de 2003, desde su incorporación a la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia y se le siga pagando sucesivamente
la prestación en los mencionados términos mientras permanezca el vínculo laboral,
conforme a las pretensiones de la demanda.
5. Así mismo, la demandada reconocerá, aplicará y pagará al sistema de seguridad
social integral en pensión, el monto de la cotización especial de que trata el
parágrafo 3º del [a]rtículo 2º de la Ley 860 de 2003, relacionado con la cotización
especial, en favor de mi defendido(a), como así lo dispone la Ley 100 de 1993
modificado por la Ley 797 de 2003 que ordena pagar en cotización especial para
pensión, diez (10) puntos adicionales a cargo del empleador en el entendido
que los ex empleados del liquidado D.A.S., continúan realizando actividades que
por definición son de alto riesgo, como lo son las actividades de control migratorio,
verificación y de extranjería, actualmente desempeñadas por la parte demandante,
y anteriormente ejercidas por la [S]ubdirección de [E]xtranjería del liquidado
Departamento Administrativo de Seguridad – D.A.S.
Lo anterior sin perjuicio de las demás órdenes de protección […] que el juez
constitucional a bien tenga como procedente decretar para la protección efectiva y
el restablecimiento de los derechos fundamentales de mi poderdante y
conculcados mediante actuación judicial acusada de adolecer de defecto fáctico y
sustantivo y aquí censurados por vía de acción [c]onstitucional.
1.3. Hechos de la solicitud
Como hechos relevantes, el accionante a través de su apoderado señala los
siguientes:
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 06114 00
Demandante: José Augusto Aguilera Rubiano
i) Pertenecía al régimen de carrera administrativa desde su ingreso al Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS), en el empleo de detective agente, código 208, en
sus diferentes grados. Como consecuencia de ello, la entidad efectuó cotizaciones por
alto riesgo de acuerdo con la Ley 860 de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2011, por
realizar control migratorio, verificaciones y extranjería en las diferentes zonas del país.
ii) A consecuencia de la supresión del Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS) y por mandato expreso de la ley, fue vinculado a la Unidad Administrativa
Especial Migración Colombia (UAEMC) ejerciendo iguales funciones, en el mismo
puesto de trabajo, pero sin el reconocimiento del aporte especial, aunque continuó en
equivalente actividad por la que sí se le reconocía cuando la entidad se denominaba
DAS y ahora que se llama Migración Colombia, se abolió de facto.
iii) La primera instancia accedió a sus pretensiones con fundamento en los derechos
de orden constitucional y con base en la línea jurisprudencial establecida por la Corte
Constitucional. Lo anterior bajo los principios de favorabilidad, primacía de la realidad
sobre las formas e in dubio pro operario habida cuenta de que en su análisis halló que
las labores desempeñadas en Migración Colombia eran similares o idénticas a las
desarrolladas en el extinto DAS.
iv) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que
conoció en segunda instancia no se pronunció sobre los argumentos esgrimidos en la
demanda; por el contrario, acogió las alegaciones de la entidad accionada sobre la
inexistencia de normas que ordenaran el pago de los derechos reclamados. Además,
al referirse a la jurisprudencia y a los decretos de supresión, equivalencia y cotización
en alto riesgo, erró en su estudio, habida cuenta de que los apartes de la ratio
decidendi expuestos y que fundaron su decisión corresponden al régimen específico
de carrera administrativa reglado por el Decreto 2147 de 1989, que dista
completamente de la Ley 860 de 2003.
1.4. Fundamentos jurídicos
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Demandante: José Augusto Aguilera Rubiano
El accionante alega que con la providencia objeto de censura se vulneran sus derechos
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al trabajo y los principios
de favorabilidad, in dubio pro operario, condición más beneficiosa, primacía de la
realidad sobre las formas y, se configuran los defectos fáctico, sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial, por los siguientes motivos:
i) El Tribunal sustentó su decisión en la teoría de la demandada y desechando los
precedentes y principios constitucionales resolvió de manera negativa, anulando el
derecho del que gozaba en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), siendo
que ni el legislador ni el ejecutivo variaron las normas que, por demás, están por
encima de las leyes en las que se basó el fallo para revocar la sentencia de primera
instancia.
ii) La autoridad demandada erró en la interpretación de la jurisprudencia
constitucional, en las normas de supresión y equivalencia del eliminado DAS, así
mismo, confundió el régimen específico de carrera administrativa con las actividades
de alto riesgo reguladas por preceptos diferentes, esto es, las contenidas en el Decreto
2090 de 2003 con las de la Ley 860 de 2003.
iii) Desconoció en sus argumentos el Tribunal que precisamente el estudio que
determinó que la actividad ejercida por los detectives del DAS, hoy oficiales de
migración, es reconocida como de alto riesgo a través de la Ley 860 de 2003 y, es
precisamente que, acogiéndose a lo señalado por la Corte Constitucional y lo
dispuesto en las Sentencias C-853 de 2013 y C-093 de 2017, el a quo reconoció el
derecho.
iv) El Tribunal no valoró dentro de las pruebas aportadas en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho «como lo son las normas violadas» que el
Decreto 4057 del 31 de octubre de 2011, mediante el que se suprimió el Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS), trasladó las funciones a Migración Colombia, por lo
que no es dable otro análisis y, como, en efecto, en la demanda se aceptó, se trata de
idénticas actividades, pero se le asignó otro nombre al empleo, es decir, de detective
a oficial de migración, con funciones de control migratorio, verificaciones y extranjería.
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Demandante: José Augusto Aguilera Rubiano
v) Respecto de acreditar que el DAS haya realizado los pagos por cotizaciones en alto
riesgo, no es objeto de la controversia, aunado a que el reconocimiento no era
discrecional de la suprimida entidad, por cuanto se trata de una disposición contenida
en la Ley 860 de 2003, que es de obligatorio cumplimiento.
vi) En cuanto a las Sentencias C-853 del 2013 y C-093 de 2017, con las cuales la
autoridad demandada sustentó su decisión, es preciso señalar que las razones
expuestas por el juez de alzada se refieren a la subsistencia del régimen específico de
carrera administrativa, lo que no resulta aplicable ni sirve como fundamento al fallo,
porque lo aquí reclamado está estrictamente relacionado con la exposición a una
actividad generadora de alto riesgo que era reconocida bajo iguales circunstancias del
empleo y que fue desconocida aun contrariando las providencias en las que se apoyó
el proveído censurado.
vii) Igualmente, el Tribunal se apartó del precedente decantado por la Corte
Constitucional, que ha reconocido que quienes iniciaron su vida laboral desarrollando
actividades de peligro antes del 31 de diciembre de 2014, conservarán las garantías
que le sean más favorables al empleado, esto es, la referencia o régimen para obtener
la pensión de un trabajador que realizó cotizaciones en alto riesgo, como los
empleados del extinto DAS, es la fecha de su ingreso a la mencionada entidad, y no
cuando se adquiera el derecho.
viii) Ese pronunciamiento reconoce tácitamente lo expuesto, es decir, que el alto riesgo
obedece a una actividad peligrosa y no a la nomenclatura de la entidad en específico
a la que se le asigne la función, así lo dejó claro el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, en sentencia del 3 de mayo de 2012, dictada dentro del
proceso con radicación 25000 23 24 000 2012 00199 01, en el que se resolvió un caso
similar al aquí examinado.
ix) Existe un yerro en el estudio jurisprudencial por parte del Tribunal, toda vez que
por disposición de la Ley 860 de 2003, el Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS) debía realizar cotización en alto riesgo conforme al parágrafo tercero de esa
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Demandante: José Augusto Aguilera Rubiano
norma. Aunado a ello, el Consejo de Estado, Sección Segunda, en sentencia de
unificación emitida dentro del expediente 25000 23 42 000 2013 02380 01 (2656-14),
el 28 de julio de 2022, concluyó que la prima de riesgo contenida en el Decreto 2646
de 1994, debía ser reconocida para liquidar la pensión y que si no se hubiesen
realizado las cotizaciones por parte de la entidad obligada, esta situación no es
oponible para el reconocimiento de la pensión por actividad peligrosa, lo que evidencia
que no era necesario demostrar que se hubiese efectuado el aporte, porque se trata
de un mandato legal.
x) Se equivocó igualmente el Tribunal en sus argumentos jurisprudenciales al traer
como fundamento la Sentencia C-098 de 2013, porque en esa decisión la Corte se
pronunció sobre el régimen específico de carrera administrativa de los detectives que
le era aplicable al extinto Departamento Administrativo de Seguridad y, por tanto, hace
referencia al proceso de incorporación, ascensos y demás condiciones, reglado por
los Decretos 1933 de 1989 y 2147 de 1989, pero que de ninguna manera están
relacionados con lo que se discute en este caso, esto es, la ejecución de actividades
de alto riesgo reconocidas en la Ley 860 de 2003.
1.5. Actuación procesal
La acción de tutela se admitió mediante auto del 23 de septiembre de 2023, que se
ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, como demandados. Así mismo, se dispuso la
notificación a la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia (UAEMC),
demandada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación 11001 33 35 025 2021 00171 00 [01], como tercero interesado en las
resultas de este proceso, para que dentro del término de tres días y en uso de su
derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.
1.6. Intervenciones
Del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C.
El magistrado Samuel José Ramírez Poveda da contestación a la demanda en los
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Demandante: José Augusto Aguilera Rubiano
siguientes términos:
i) En el presente asunto se cumplió con lo establecido en la ley para tramitar el
expediente con radicado 11001 33 35 025 2021 00171 01. Es así como, luego de
analizar todo el material probatorio documental obrante y la norma aplicable al caso,
se concluyó que había lugar a revocar la decisión de primera instancia que accedió a
las pretensiones de la demanda.
ii) Realizado el examen del acervo probatorio se determinó que el accionante no tiene
derecho a que la Unidad Administrativa de Migración Colombia le reconozca y pague
la cotización especial de alto riesgo, dado que a la labor desempeñada en la entidad
a la que fue incorporado, una vez se suprimió el Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS), no se le dio el carácter de alto riesgo en las normas que definieron
esas actividades.
iii) A partir de las pruebas y del estudio de la preceptiva que regula la cotización de
alto riesgo se estableció que el accionante no acreditó que en Migración Colombia
ejecute iguales funciones a las que cumplía en el extinto Departamento de Seguridad
DAS, pues mientras en la primera funge como oficial de migración —ocupación no
considerada por el legislador como de alto riesgo—, en la segunda, prestó sus
servicios como detective, código 208, en sus diferentes grados, de allí que no resulte
admisible estimar que en una y otra se desempeñan las mismas tareas.
iv) La parte actora, en el proceso de nulidad y restablecimiento tenía la carga de
demostrar las funciones que desarrolló en el referido empleo y así no lo hizo, tampoco
que con ocasión de ello el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) le aportara
para pensión en alto riesgo de acuerdo con la Ley 860 de 2003 hasta el 31 de
diciembre de 2011, pues no allegó certificación que acreditara ambos aspectos, tan es
así que en la providencia censurada se advirtió la ausencia de esa documental.
v) En efecto, al revisar el expediente administrativo aportado por la entidad
demandada, de las actas de felicitación al actor se colige que en el DAS realizó labores
de inteligencia e investigación; no obstante, de las pruebas integrantes del acervo, no
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Demandante: José Augusto Aguilera Rubiano
se pudieron establecer las funciones específicas en esta entidad ni en Migración
Colombia.
vi) De ningún modo se puede considerar que en el examen de fondo se incurrió en
equivocación en el estudio normativo aplicable, dado que se hizo alusión a los cánones
que regulan las actividades de alto riesgo y las consecuentes cotizaciones,
estructuradas bajo los fundamentos fácticos aducidos en la demanda en armonía con
las pruebas, luego entonces, no se incurrió en el defecto fáctico invocado en este
medio por el accionante.
vii) Como quedó visto, la sentencia de segunda instancia decidió con motivación
suficiente la negativa de acceder a lo pretendido por el demandante, sobre los hechos
probados y sus fundamentos de derecho, dentro del debido proceso y conforme a las
normas de la Constitución Política y de la jurisprudencia, razón por la cual no se
configuran las causales para la procedencia de la presente acción de tutela.
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento del presente asunto, de acuerdo
con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, modificado por el
Decreto 333 de 2021, según el cual «[l]as acciones de tutela dirigidas contra los
Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al
respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada» y conforme al
inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,1 que dispone que «las tutelas
que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda
instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de
lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual
haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
2.2. Problema jurídico
1 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
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Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para
efecto de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantea el señor
José Agustín Aguilera Rubiano contra la providencia del 17 de mayo de 2023, que
profirió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación
11001 33 35 025 2021 00171 01.
2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».
El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40,
estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin
embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la
cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e
independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.
No obstante lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad
para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela
procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión
pueda causar un perjuicio irremediable».
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Demandante: José Augusto Aguilera Rubiano
Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente,
convergieron en la Sentencia C-590 de 2005,3 donde la Corte concentró y diferenció
las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la
oportunidad del amparo.
Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado
a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la
sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los
derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre
que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto
orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que para que proceda el
amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.
El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,4 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
2T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567
de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de
2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
3Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
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Demandante: José Augusto Aguilera Rubiano
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.
Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 2014,5 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir,
con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los
presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.
2.4. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:
2.4.1. El 18 de junio de 2021, el señor José Augusto Aguilera Rubiano, por medio de
apoderado, interpuso medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia (UAEMC) para que
se declararan nulos los oficios 202061190477631 del 26 de octubre de 2020 y
20206110567031 del 10 de diciembre de 2020, expedidos por el subdirector de Talento
Humano, mediante los cuales se le negó el reconocimiento y pago de la cotización de
alto riesgo, establecida en el Decreto 2646 de 1994 y la Ley 860 de 2003.6
2.4.2. El 16 de noviembre de 2022, el Juzgado Veinticinco Administrativo de Oralidad
del Circuito Judicial de Bogotá dictó sentencia dentro del proceso con radicación 11001
33 35 025 2021 00171 00, en la que dispuso lo siguiente:7
PRIMERO.- Declarar la nulidad […] de los oficios No. 20206110477631 del 26 de
octubre de 2020 y 20206110567031 del 10 de diciembre de 2020, de conformidad
con lo expuesto.
SEGUNDO.- Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez,
expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
6 Índice 10, del expediente electrónico.
7 Índice 10, del expediente electrónico.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 06114 00
Demandante: José Augusto Aguilera Rubiano
restablecimiento del derecho, se ordena a la [Unidad Administrativa Especial
Migración Colombia] a reconocer, liquidar y pagar al demandante JOSÉ AUGUSTO
AGUILERA RUBIANO […] la cotización especial por actividad de alto riesgo con
destino a la administradora de pensiones a la que se encuentre afiliado, a partir del
01 de enero de 2012, fecha en que fue incorporado a la accionada, en atención a
la imprescriptibilidad de los aportes, y hasta cuando permanezca vinculado a la
entidad mencionada y persistan las condiciones para ser beneficiario del régimen
especial de alto riesgo, acorde con lo expuesto en la parte motiva.
[…]
CUARTO.- NEGAR las demás súplicas de la demanda.
QUINTO.- Sin condena en costas, en esta instancia.
[…]
2.4.3. El 17 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, al desatar el recurso de apelación formulado por la
demandada contra la decisión anterior, resolvió lo siguiente:8
PRIMERO.- SE REVOCA la [s]entencia escrita proferida el dieciséis (16) de noviembre
de […] dos mil veintidós (2022), por el Juzgado Veinticinco (25) Administrativo de
Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá D.C. – Sección Segunda, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda incoada por el señor José
Augusto Aguilera Rubiano contra la Unidad Administrativa Especial
Migración Colombia, conforme a los argumentos expuestos en este fallo. En su
lugar, se DISPONE:
NEGAR las súplicas de la demanda.
SEGUNDO.- Sin condena en costas en esta instancia.
[…]
2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala
2.5.1. Verificación del cumplimiento de las causales generales de procedencia
2.5.1.1. El asunto en estudio «reviste suficiente relevancia constitucional», toda vez
que el debate planteado por el accionante gira en torno a la presunta vulneración de
sus derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad
y al trabajo.
8 Índice 10, del expediente electrónico.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 06114 00
Demandante: José Augusto Aguilera Rubiano
2.5.1.2. En el presente caso se «cumple con el requisito de subsidiariedad» en
cuanto se censura la sentencia de segunda instancia que puso fin a la discusión
propuesta dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación
11001 33 35 025 2021 00171 00 [01].
2.5.1.3. Se «cumple con el requisito de inmediatez», porque la decisión objeto de
reproche constitucional data del 17 de mayo de 2023, se notificó electrónicamente a
las partes el 24 de mayo de 2023,9 quedó ejecutoriada el 31 de mayo de 2023 y la
presente acción de tutela se radicó en la ventanilla virtual de esta corporación el 6 de
octubre de 2023,10 es decir, dentro del término de los seis meses que señaló el Consejo
de Estado como prudencial para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia
judicial.
2.5.1.4. En el caso «no se cuestiona una irregularidad procesal».
2.5.1.5. Dentro de la demanda de tutela «se identificaron razonablemente los
hechos y argumentos frente a los que se alega vulneración».
2.5.1.6. El asunto «no se refiere a una sentencia de tutela», toda vez que la decisión
que se cuestiona se profirió dentro del trámite de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Bajo ese contexto, la Sala responde de manera afirmativa el interrogante que se
presentó primigeniamente, en el sentido de señalar que se cumplen las exigencias que
habilitan el uso de la acción de tutela para rebatir la sentencia del 17 de mayo de 2023,
que emitió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C.
2.5.2. Análisis de procedibilidad de la acción de tutela
9 Índice 10, del expediente electrónico.
10 Índice 1, del expediente electrónico.
14
Radicado: 11001 03 15 000 2023 06114 00
Demandante: José Augusto Aguilera Rubiano
2.5.2.1. Desarrollo jurisprudencial del defecto fáctico
La Corte Constitucional, en la Sentencia C-590 de 2005, establece que se está en
presencia de un defecto fáctico cuando al examinarse la providencia judicial objeto de
la tutela «resulta incuestionable que el juez carece de apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión».11
En ese sentido, ha señalado la Corte que el defecto fáctico puede presentarse en una
dimensión positiva o en una dimensión negativa —omisiva— de la valoración y práctica
de las pruebas que realice el funcionario judicial. La primera, comprende estimaciones
inadecuadas, mientras que la segunda, implica omisiones en el decreto o la práctica y
la apreciación de las pruebas. Asimismo, ha expresado que no todo vicio en la
valoración probatoria culmina en una vía de hecho. De ahí que sólo sea factible fundar
una acción de tutela en este cuando se observa que es manifiestamente arbitraria. En
palabras de la Corte:
[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto y que tenga una incidencia directa en la
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de
la evaluación probatoria del juez de conocimiento.12 [Negrillas fuera del texto]
En definitiva, se puede concluir que el juez incurre en el defecto fáctico cuando, pese
a los hechos probados en el caso concreto, renuncia a hacer valer la verdad jurídica
de manera tan evidente que su decisión se muestra forzada y contradictoria con la
lógica, la sana crítica y la libre convicción del fallador.
2.5.2.2. Desarrollo jurisprudencial del defecto sustantivo
La Corte Constitucional en Sentencia C-590 de 2005, señala que el «defecto material
o sustantivo» se presenta en casos en que se resuelve con base en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre los fundamentos y la decisión.
11 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1998, T-213 de 2008 y T-1021 de 2005, entre otras.
12 Corte Constitucional. Sentencia T-1021 de 2005.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 06114 00
Demandante: José Augusto Aguilera Rubiano
De acuerdo con el desarrollo jurisprudencial que se ha dado en el tema, una
providencia judicial incurre en «defecto material o sustantivo» cuando la autoridad
jurisdiccional: 1) aplica una disposición que perdió vigencia por cualquiera de las
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; 2) emplea un
precepto manifiestamente inaplicable al caso, verbigracia porque el supuesto de hecho
del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; 3) a pesar
del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, realiza una interpretación contraevidente —interpretación contra legem— o
claramente irrazonable o desproporcionada; 4) se aparta del precedente judicial —
horizontal o vertical— sin justificación suficiente; o 5) se abstiene de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución,
siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el
proceso.13
2.5.2.3. El defecto sustantivo en la modalidad de desconocimiento de
precedente judicial
La Corte ha sostenido que se configura un defecto sustantivo en la modalidad de
desconocimiento de precedente judicial cuando se desacata aquella sentencia o
conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de
escrutinio en materia de 1) patrones fácticos y 2) problemas jurídicos, y en las que en
su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve
también para solucionar el nuevo caso.
En la providencia T-794 de 2011, la Corte indicó los criterios a tener en cuenta para
identificar el desconocimiento de precedente judicial, de la siguiente forma: 1) la ratio
decidendi del fallo que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial
relacionada con el caso a decidir posteriormente; 2) se trata de un problema jurídico
semejante o una cuestión constitucional semejante y 3) los hechos del asunto o las
normas juzgadas en la sentencia son similares o plantean un punto de derecho
análogo al que se debe resolver posteriormente.14
13 Corte Constitucional. Sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T-
087 de 2007, T-436 de 2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2011, y T-830 de 2013, entre otras.
14 Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-1317 de 2001 y T-292 de 2006.
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Demandante: José Augusto Aguilera Rubiano
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha diferenciado dos clases de
precedentes, en que se tiene en cuenta la autoridad que profiere la providencia previa,
a saber, el precedente horizontal, que hace referencia a aquellas sentencias fijadas
por autoridades de la misma jerarquía o igual operador judicial y el precedente vertical,
que se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias superiores
encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o en el marco
constitucional.15
Para la mayoría de los asuntos, el precedente vertical que deben seguir los
funcionarios judiciales lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de
Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción, 16 y en los casos
en los que no son susceptibles de revisión por las autoridades mencionadas, son los
tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los operadores
judiciales inferiores.17
Así las cosas, para los jueces es de obligatorio cumplimiento acoger las decisiones
que profieren los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones, cuando éstas
constituyan precedentes y/o sus propias sentencias en casos idénticos; regla que solo
permite excepción, cuando el caso presenta situaciones no analizadas con
anterioridad en otros fallos judiciales.
En esa medida, las autoridades judiciales se pueden apartar de los precedentes
judiciales en atención a su autonomía y a su independencia, siempre que se cumplan
las siguientes reglas: «(i) Debe hacer referencia al precedente que abandona, lo que
significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca
hubiera existido (principio de transparencia). (ii) En segundo lugar, debe ofrecer una
carga argumentativa seria, mediante la cual explique de manera suficiente y razonada
los motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias
decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía (principio de
15 Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011 y T-209 de 2011.
16 Corte Constitucional. Sentencias T-123 de 1995, T-766 de 2008 y T-794 de 2011.
17 Corte Constitucional. Sentencias T-211 de 2008, T-161 de 2010 y T-082 de 2011.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 06114 00
Demandante: José Augusto Aguilera Rubiano
razón suficiente)».18
De esta forma, concluye la Corte que el desconocimiento del precedente judicial, sin
debida justificación, configura un defecto sustantivo, pues su respeto es una obligación
de todas las autoridades judiciales en virtud de los principios al debido proceso,
igualdad y buena fe.19
2.5.3. Los defectos alegados
El señor José Augusto Aguilera Rubiano somete a juicio lo resuelto en sede ordinaria,
pues alega que en el análisis efectuado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, se incurrió en defecto fáctico, toda
vez que al efectuar la valoración de las pruebas que arrimó al proceso, no apreció que
el Decreto 4057 del 31 de octubre de 2011, mediante el que se suprimió al
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), trasladó las funciones a Migración
Colombia; por tanto, se trata de las mismas actividades, pero que se le asignó otro
nombre al empleo, es decir, de detective a oficial de migración, con funciones de
control migratorio, verificaciones y extranjería.
Igualmente, erró en la interpretación de la jurisprudencia constitucional, en las normas
de supresión y equivalencia del eliminado DAS; así mismo, confundió el régimen
específico de carrera administrativa con las actividades de alto riesgo reguladas por
preceptos diferentes, esto es, las contenidas en el Decreto 2090 de 2003 con las de la
Ley 860 de 2003.
Así mismo, desconoció en sus argumentos que precisamente el estudio que determinó
que la actividad ejercida por los detectives del DAS, hoy oficiales de migración, es
reconocida como de alto riesgo a través de la Ley 860 de 2003 y, es por lo que,
acogiéndose a lo señalado por la Corte Constitucional y lo dispuesto en las Sentencias
C-853 de 2013 y C-093 de 2017, el a quo le reconoció el derecho a la cotización
especial para pensión.
18 Corte Constitucional.Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011.
19 Corte Constitucional.Sentencias T-049 de 2007, T-288 de 2011 y T-464 de 2011, T-794 de 2011, C-
634 de 2011, entre otras.
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Demandante: José Augusto Aguilera Rubiano
En la providencia objeto de censura, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, explicó que el accionante no aportó prueba alguna
para determinar que las funciones que desempeñaba en el Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS) y las que ejerce en Migración Colombia sean
idénticas ni demostró que durante su vinculación a la primera de las entidades
nombradas se le hayan realizado las cotizaciones previstas en la Ley 860 de 2003.
Sobre el particular efectuó el siguiente análisis:
De entrada, frente al aspecto relativo a la realización de las mismas funciones, no
se acreditó que así fuese, dado que, no se aportó prueba alguna de cuáles eran
las funciones desempeñadas en el extinto DAS y las desempeñadas actualmente
en Migración Colombia que permita llevar a cabo una comparación y establecer
que son evidentemente iguales, ni tampoco se acreditó sumariamente que al
desempeñar el cargo de agente detective en sus grados 06 y 07 entre el 11 de julio
de 2002 al 31 de diciembre de 2011, se haya efectuado por el suprimido DAS las
cotizaciones especiales dispuestas en la Ley 860 de 2003 en armonía con lo
señalado en la Ley 1835 de 1994 y el Decreto 2090 de 2003.
Advirtió el Tribunal que no fue incluida como actividad de alto riesgo en el Decreto
2090 del 26 de julio de 2003, la desarrollada por los detectives del Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS); sin embargo, en el artículo 6.º estableció un
régimen de transición, consistente en que los servidores que a la entrada en vigor de
esa norma, tuvieren al menos 500 semanas de cotización especial, gozarían de las
condiciones establecidas en los preceptos anteriores que regulaban tales labores, para
el caso, el Decreto 1835 de 1994. Al respecto señaló que la parte no cumplía con ese
requisito por lo siguiente:
[…] comoquiera que al haberse vinculado el accionante al extinto DAS, el 11 de
julio de 2002 entonces para el 26 de julio de 2003 «fecha de entrada en vigencia
del Decreto 2090», no contaba con las 500 semanas exigidas, y por ende, no se
hizo acreedor del régimen especial, lo que explica la ausencia de cotizaciones
especiales de alto riesgo por parte del liquidado Departamento Administrativo para
la Seguridad DAS.
En forma adicional, la autoridad demandada transcribió varios apartes de la Sentencia
C-853 de 2013, dictada por la Corte Constitucional, con apoyo en los cuales concluyó
que para que se pueda calificar de alto riesgo o no una actividad se requiere de la
existencia de estudios y conocimientos técnicos. Al efecto, destacó lo siguiente:
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 06114 00
Demandante: José Augusto Aguilera Rubiano
[…]
Es decir, el hecho de que la prestación de determinado servicio involucre cierto
grado de peligro, no significa que per se pueda asimilarse a los trabajos descritos
en el artículo 2 del Decreto 2090 de 2003, en la medida que dicha clasificación es
determinada por el legislador en desarrollo de sus funciones con base en estudios
y criterios técnicos.
[…]
Con fundamento en ese examen, señaló el Tribunal que no era posible darle validez
al argumento de la primera instancia, según el cual a los servidores que se
encontraban adscritos al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y
que fueron incorporados a las distintas entidades creadas por el Gobierno Nacional,
se les debe mantener el régimen salarial y prestacional del que gozaban y que por ello
al accionante se le debían realizar las cotizaciones especiales «ya que no demostró
que […] haya tenido el beneficio por haber realizado actividades de alto riesgo […] y
no se estableció que [perteneciera] al régimen de transición atrás señalado, y menos
aún que las funciones […] llevadas a cabo en la entidad receptora «Migración
Colombia» son iguales a las ejecutadas en el ente suprimido».
Igualmente, el Tribunal explicó que debía tenerse en cuenta que el Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS) tenía un régimen especial de carrera aplicable a los
detectives que cumplían funciones de alto riesgo, pero eso no significaba que se
trasladara a la entidad al que se incorporaron en procura de amparar sus derechos,
sin definir si se clasifican de peligro o no. Sobre ese punto se pronunció así:
Además, si bien es cierto, que en los procesos de reestructuración se deben
respetar los derechos adquiridos, también lo es que no existe un desconocimiento
de los derechos adquiridos cuando el legislador define un nuevo régimen laboral
para los funcionarios, ya que solo se estarían afectando las expectativas que
tenían, por ello, es necesario aclarar que lo protegido son los derechos de carrera
pero no el régimen de la entidad que ya ha sido suprimida, puesto que ingresa a
la nueva entidad bajo el amparo de las reglas de carrera para ella vigentes.
Así mismo, se concluyó en la providencia acusada, que según lo dispuesto en el
artículo 7.º del Decreto 4057 de 2011, que fue declarado exequible por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-098 de 2013, no se podía considerar para el
personal incorporado en la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
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Demandante: José Augusto Aguilera Rubiano
(UAEMC) como es el caso del accionante, un régimen pensional distinto al establecido
para los servidores de la entidad receptora; por tanto, al no estar instituido en el
ordenamiento ningún derecho concerniente a que sean acreedores de una pensión de
alto riesgo, porque no se pudo determinar que ejercen actividades que puedan
calificarse como de esa naturaleza y tampoco en el proceso obraba prueba que el
señor Aguilera Rubiano desarrolle labores que impliquen un peligro, que habiliten el
pago de aportes al sistema de seguridad social por ese concepto. Además, no había
lugar a dar aplicación al principio de favorabilidad, ya que no existen dos normas que
regulen la situación de la parte actora.
En ese sentido, considera la Sala que la providencia que profirió el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, se encuentra
debidamente sustentada, conforme con lo dispuesto en las normas legales en relación
con la cotización especial por actividad de alto riesgo con destino al sistema de
seguridad social en pensiones que reclama el accionante, lo cual, en modo alguno,
constituye transgresión de sus garantías fundamentales, sino que corresponde a las
atribuciones de autonomía e independencia de las que está investido el juez de la
causa y que en forma precisa lo habilitan para aplicar la ley sustancial y fijarle su
verdadero sentido y alcance frente al caso concreto.
Y es que el fallador constitucional no puede tomar posición en juicios de interpretación,
pues ello compete estrictamente al juez natural. El oficio del juez de tutela, cuando se
trata de providencias judiciales, es revisar que la decisión no sea manifiestamente
arbitraria y desproporcionada.
Igualmente, en la sentencia acusada se advirtió que el demandante no cumple con los
requisitos que prevé la Ley 860 de 2003, para ser beneficiario de la pensión de alto
riesgo, esto es, haberse vinculado con anterioridad al 3 de agosto de 1994 y tener
cotizadas 500 semanas, ya que ingresó al Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS), el 11 de julio de 2002 y no completó el tiempo de aportes exigido para pertenecer
a ese régimen de transición.
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Demandante: José Augusto Aguilera Rubiano
Con fundamento en lo anterior, concluyó el Tribunal, que lo resuelto se ajustaba a la
normativa que gobierna lo referente a la cotización especial por pensión de alto riesgo
que pretende el accionante y, por consiguiente, se debía revocar la decisión que
accedió parcialmente a las súplicas del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho que promovió contra los actos a través de los cuales la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia (UAEMC) le negó el reconocimiento de esa
prerrogativa.
Por otra parte, la Sala considera que la motivación expuesta por la autoridad
demandada para dar solución a la litis no es arbitraria, pues trajo a colación el acervo
probatorio encontrado en el plenario, procedió a su efectiva valoración y explicó las
razones por las cuales estimaba que el accionante no cumplió la carga de demostrar
las funciones que desarrollaba en el empleo que ocupaba en el Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS), y que con ocasión de ello se le efectuaran
cotizaciones para pensión en alto riesgo de acuerdo con la Ley 860 de 2003 hasta el
31 de diciembre de 2011, pues no allegó certificación que acreditara esos aspectos,
por lo que en la providencia censurada se advirtió la ausencia de esa prueba
documental.
Por lo anterior no se configura un defecto, en tanto es justamente en el ámbito
valorativo donde el juez, a partir de los cánones de la sana crítica, cuenta con una
mayor libertad de análisis para alcanzar la verdad de los hechos que interesan al caso.
El no estar de acuerdo con las apreciaciones que efectúa el operador judicial, como
ocurre en el sub examine, no justifica el uso de la acción de tutela para su contradicción
como si se tratara de una tercera instancia.
Lo que advierte la Sala, en el asunto, es la inconformidad del accionante con la lógica
y el análisis que efectuó la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca al resolver la apelación interpuesta por la parte
demandada; así, utiliza la acción de tutela para plantear un examen de las probanzas,
que, a su juicio, es el que debe darse, lo cual no puede avalarse por el juez
constitucional no solo porque no es de su competencia realizar este tipo de
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Demandante: José Augusto Aguilera Rubiano
valoraciones, sino porque el defecto fáctico está estructurado en específicas causales
referenciadas por la Corte Constitucional y en ninguno de los eventos previstos se
encuentra la posibilidad de estudiar la prueba bajo consideraciones propias del juez
de tutela, so pretexto de desconocimiento de las pautas de la sana crítica, como lo
pretende la parte actora.
Al respecto, la Sala ha sido constante en sostener que la tarea de decidir ante distintos
medios probatorios cuál o cuáles de ellos, y con qué concreto alcance, deben ser
utilizados para la resolución de un determinado supuesto litigioso es una materia de
mera interpretación y valoración, conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica
de la prueba, que en virtud del artículo 176 del Código General del Proceso constituye
una función exclusiva de los órganos judiciales ordinarios.
El juzgador de la causa es el que puede apreciar y valorar de la manera más certera
el material probatorio que obra dentro de un proceso, sin que al juez de tutela le esté
permitido «convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto», como lo plantea el
accionante en esta oportunidad.
Por último, el Tribunal precisó que si bien en sentencia del 15 de julio de 2020, accedió
al petitum dentro del proceso con radicado 11001 33 42 045 2017 00266 01, los
supuestos fácticos en el caso que allí se analizó, diferían del debate planteado por el
accionante, debido a que en esa ocasión se trató de un detective del Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS), que fue incorporado a la Unidad Nacional de
Protección (UNP) y del que se pudo establecer lo siguiente:
[…] que las funciones cumplidas en el extinto DAS y las ejecutadas en la entidad
receptora, eran las mismas, esto es: «realizar las actividades tendientes a lograr la
protección de las personas a las cuales la entidad presta seguridad, utilizando los
medios logísticos requeridos», catalogadas desde entonces como una labor de alta
exposición al riesgo, y por tanto se acreditaron las cotizaciones especiales que le
fueron efectuadas a favor del actor mientras permaneció vinculado con el
suprimido DAS […]
Lo anterior no se podía predicar respecto del accionante, porque la entidad
demandada era la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia (UAEMC) y no
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Demandante: José Augusto Aguilera Rubiano
se demostró que las laborares ejercidas tanto en esa entidad como en el Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS) sean iguales; por ende, no había lugar a resolver en
el mismo sentido.
En consecuencia, se debe concluir que el defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente no es de recibo, toda vez que las consideraciones de las sentencias traídas
a colación por el accionante y las que acogió el Tribunal, en virtud de las facultades de
autonomía e independencia judicial de las que está investido el juez de la causa para
decidir los asuntos que se someten a su arbitrio, deben interpretarse según su criterio
atendiendo la situación fáctica y jurídica de cada caso.
Así las cosas, la Sala estima que en la providencia emitida por la autoridad accionada
no se avizora una actuación constitutiva de vía de hecho que vulnere los derechos
fundamentales de la parte accionante, en tal virtud, se denegará el amparo deprecado
por el señor José Augusto Aguilera Rubiano.
3. Conclusión
La Sala concluye que en la providencia del 17 de mayo de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que
revocó el fallo del 16 de noviembre de 2022 dictado por el Juzgado Veinticinco
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, no se incurrió en los
defectos aducidos por el accionante.
En tal sentido, la Sala procederá a denegar el amparo que solicita el señor José
Augusto Aguilera Rubiano.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
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Demandante: José Augusto Aguilera Rubiano
F A L L A:
Primero. Denegar el amparo que solicita el señor José Augusto Aguilera Rubiano,
conforme a la parte considerativa que antecede.
Segundo. En caso de que no fuere impugnada la presente decisión, remitir el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samái. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
MAM
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