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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06114-01

Fecha
8 de marzo de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06114-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero y segundo de la sentencia del 23 de noviembre de 2023, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y en su lugar: “PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por el señor José Augusto Aguilera Rubiano por los motivos expuestos en las consideraciones de esta providencia”. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-06114-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

8 de marzo de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06114-01
Accionante: José Augusto Aguilera Rubiano

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., ocho (08) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

Radicado número: 11001-03-15-000-2023-06114-01
Accionante: José Augusto Aguilera Rubiano
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C.
Referencia: Acción de tutela

Tema. Acción de tutela contra providencias judiciales.
Subtema 1. Requisitos de procedibilidad.
Subtema 2. relevancia constitucional. Improcedencia.
Subtema 3. Ley 860 de 2003.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación que presentó José Augusto Aguilera Rubiano por
medio de apoderado1, en contra de la sentencia de tutela del 23 de noviembre de
2023, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de tutela

José Augusto Aguilera Rubiano por medio de apoderado2, presentó escrito de tutela
en el que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, al trabajo y los principios de favorabilidad, in
dubio pro operario, condición más beneficiosa y primacía de la realidad sobre las
formas3, que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C con ocasión de la sentencia del 9 de mayo de 2023
dictada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número de radicado 11001-33- 35-025-2021-00171-01.

1.2. Hechos probados del proceso ordinario

1.2.1. El señor José Augusto Aguilera Rubiano indicó que desde su ingreso al
Departamento Administrativo de Seguridad – DAS estuvo vinculado al régimen de
carrera administrativa en el cargo de agente, código 208 en sus diferentes grados.

Dada su vinculación, la entidad efectuó cotizaciones por alto riesgo hasta el 31 de
diciembre de 2011, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 860 de 2003, esto

1 Archivo electrónico ubicado en el índice 16 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI,

identificado con certificado: 2B17B027DC0B3E26 02D18E41B72BB68E 5D6CFE10B0984A3B
A43402CE61A269A9.
2 Páginas 21 a 22 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y anexos, ubicado en el índice 2 del

expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado:
EA0CA9AB5D4D8CFB B845A3341A1C9D21 7B898B8C1F99F5FD AAAD381BD886BE26.
3 Páginas 1 a 18 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y anexos, ubicado en el índice 2 del

expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado:
EA0CA9AB5D4D8CFB B845A3341A1C9D21 7B898B8C1F99F5FD AAAD381BD886BE26.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06114-01
Accionante: José Augusto Aguilera Rubiano

con ocasión de las actividades de control migratorio, verificaciones y extranjería en
diferentes zonas del país.

Como consecuencia de la supresión del DAS y por mandato expreso de la ley, fue
vinculado a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia – UAEMC, en un
cargo en el que debía cumplir las mismas funciones pero sin el reconocimiento del
aporte especial por alto riesgo.

1.2.2. El señor José Augusto Aguilera Rubiano a través de apoderado, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, formuló demanda
en contra de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia - UAEMC,
orientada a obtener la nulidad de los oficios números 20206110477631 del 26 de
octubre de 2020 y 20206110567031 del 10 de diciembre de 2020 mediante los que,
le fue negado el reconocimiento y aplicación de la cotización de alto riesgo dispuesta
en el Decreto 2646 de 1994 y la Ley 860 de 2003. A título de restablecimiento del
derecho solicitó que se ordenara a la demandada a reconocer, aplicar y pagar la
cotización reclamada desde el momento de su incorporación y hasta fenecer el
vínculo laboral.

1.2.3. El asunto le correspondió en primera instancia al Juzgado Veinticinco
Administrativo de Oralidad de Bogotá D.C. que, mediante sentencia del 16 de
noviembre de 2022 accedió a las pretensiones4. Como fundamento de la decisión
la autoridad judicial explicó que, por regla general los servidores reincorporados de
una entidad suprimida se acogen al régimen de carrera, salarial y prestacional de la
entidad receptora, por lo que las pretensiones estaban llamadas a prosperar.

1.2.4. La parte demandada interpuso recurso de apelación en el que solicitó tener
en cuenta el fallo del 1 de noviembre de 2022 dictado por la Subsección F del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, en un caso similar negó las
pretensiones de la demanda. Agregó que, de conformidad con la sentencia C-853
de 2013 no era posible realizar la cotización especial en pensión por alto riesgo
dado que los funcionarios oficiales de migración no desempeñan actividades que la
ameriten, además de que en el Decreto 4057 de 2011 que establece el régimen
salarial, prestacional y pensional de Migración Colombia no está dispuesto el
reajuste de esa cotización en el sistema de seguridad social para el demandante.

El recurso le correspondió desatarlo a la Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, en sentencia del 17 de mayo de 2023
revocó la decisión dictada por el Juzgado Veinticinco Administrativo de Oralidad de
Bogotá D.C. y en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

La referida autoridad de segunda instancia consideró en primer lugar que, en el
plenario no fue acreditado que el demandante en el nuevo cargo en Migración
Colombia realizara las mismas funciones desempeñadas en el extinto DAS, ni probó
que esta última entidad, durante los periodos comprendidos entre el 11 de julio de
2002 al 31 de diciembre de 2011 cuando se desempeñaba como agente detective
en grados 6 y 7, hubiere efectuado a su favor, las cotizaciones especiales
dispuestas en las leyes 860 de 2003, 1835 de1994 y el Decreto 2090 de 2003.

4 Páginas 23 a 42 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y anexos, ubicado en el índice 2 del

expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado:
EA0CA9AB5D4D8CFB B845A3341A1C9D21 7B898B8C1F99F5FD AAAD381BD886BE26.
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En ese contexto, aclaró que el Decreto 2090 del 26 de julio de 2003 no incluyó como
actividad de alto riesgo la desarrollada por los detectives del DAS, y en contraste en
su artículo 6 dispuso un régimen de transición, en el que al 26 de julio de 2003 —
fecha de entrada en vigencia de la norma—, quienes hubieren cotizado al menos
500 semanas, tendrían el derecho a gozar de las condiciones establecidas por el
marco normativo que regula las actividades de alto riesgo. Así, precisó que el
demandante al haberse vinculado a la extinta entidad el 11 de julio de 2002 no
contaba con las semanas que exigía la norma y en ese orden, no era acreedor del
régimen especial, lo que explica la ausencia de cotizaciones por alto riesgo.

Explicó que, tampoco había alguna disposición legal que determinara el riesgo de
las labores o funciones ejercidas por el demandante en Migración Colombia, por lo
que debía estar sujeto al régimen general, que en todo caso no ordena cotizaciones
por alto riesgo y en ese sentido no habría lugar al principio de favorabilidad en tanto,
no existen dos normas que regulen su situación. Así, al no estar dispuesto que los
servidores de la entidad a la que se encuentra vinculado el demandante, desarrollen
actividades de alto riesgo, no era plausible el reconocimiento de la prestación
reclamada sino solo lo referente a una cotización ordinaria en los términos
dispuestos por el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones de la Ley 100
de 1993 y sus modificaciones, como también lo dispone el artículo 7 del Decreto
4057 de 2011.

Finalmente, precisó que si bien, en sentencia del 15 de julio de 2020 la Corporación
accedió favorablemente a las pretensiones de la demanda dentro del radicado
número 2017-00266-01, lo cierto era que, los supuestos fácticos allí analizados
diferían del caso en estudio, ya que en esa oportunidad se trataba de un detective
del DAS incorporado a la Unidad Nacional de Protección que cumplía funciones
tendientes a lograr la protección de personas a las que, la entidad prestaba
seguridad, siendo esta una labor de alta exposición al riesgo y de otro lado, también
fueron acreditadas las cotizaciones especiales que realizó la entidad durante su
vinculación a favor del interesado. Lo que, en contraste no fue acreditado en el
asunto concreto para el aquí accionante.

1.3. Pretensiones y argumentos de tutela

1.3.1. José Augusto Aguilera Rubiano solicitó al juez constitucional5: i) tutelar sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia,
al trabajo y a los principios de favorabilidad, in dubio pro operario, condición más
beneficiosa y primacía de la realidad sobre las formas; ii) dejar sin efectos la
sentencia del 9 de mayo de 2023 dictada en segunda instancia del proceso ordinario
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C;
iii) dejar en firme la decisión dictada el 16 de noviembre de 2022 por el Juzgado
Veinticinco Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá o en su defecto,
ordenar a la autoridad cuestionada proferir una sentencia con observancia de las
consideraciones expuestas por el juez ordinario de primera instancia; iv) ordenar a
la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia que en los 30 días siguientes
a la notificación de la providencia, liquide y pague la cotización de alto riesgo
dispuesta en el Decreto 2646 de 1994 y Ley 860 de 2003 desde la fecha de su
incorporación y hasta que fuere desvinculado; y v) ordenar a la demanda reconocer,
liquidar y pagar al sistema de seguridad social en pensión “el monto de la cotización
5 Páginas 16 a 17 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y anexos, ubicado en el índice 2 del

expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado:
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especial de que trata el parágrafo 3 del artículo 2 de la Ley 860 de 2003, relacionado
con la cotización especial, en favor de mi defendido(a), como así lo dispone la ley
100 de 1993, modificado por la ley 797 de 2003 que ordena pagar en cotización
especial para pensión, diez (10) puntos adicionales a cargo del empleador en
el entendido que los ex empleados del liquidado D.A.S., continúan realizando
actividades que por definición son de alto riesgo, como lo son las actividades de
control migratorio, verificación y de extranjería, actualmente desempeñadas por la
parte demandante, y anteriormente ejercidas por la subdirección de extranjería del
liquidado Departamento Administrativo de Seguridad – D.A.S”6.

1.3.2. El accionante manifestó que la autoridad cuestionada en la providencia objeto
de tutela, vulneró sus garantías fundamentales e incurrió en los defectos fáctico,
sustantivo y desconocimiento del precedente que, sustentó en los siguientes
términos:

1.3.2.1. El Tribunal erró al interpretar indebidamente la jurisprudencia constitucional,
ya que confundió el régimen específico de carrera administrativa con las actividades
de alto riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003, con las aplicables al asunto
en la Ley 860 de 2003.

1.3.2.2. No tuvo en cuenta que la actividad desarrollada por los detectives del DAS,
hoy oficiales de migración, está catalogada como de alto riesgo en la Ley 860 de
2003, razón por la que de conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional
en las sentencias C-853 de 2013 y C-093 de 2017 el a quo fallo a su favor.

1.3.2.3. Explicó que en el proceso no era objeto de controversia acreditar que el
DAS hubiere realizado los pagos por cotizaciones por alto riesgo, ya que tal
reconocimiento no era discrecional de la entidad, en la medida en que, tal aporte
era obligatorio y estaba dispuesto en la Ley 860 de 2003.

1.3.2.4. Sostuvo que, la autoridad cuestionada aplicó e interpretó erradamente la
sentencia C-853 del 2013 dictada por la Corte Constitucional ya que, estableció sin
ningún criterio objetivo y técnico que la actividad desempeñada por el demandante
no era de alto riesgo, sin tener en cuenta que en el caso concreto ya estaba
reconocido el tipo de riesgo para la labor que ejecutaba, en virtud de la Ley 860 de
2003. Por otro lado, adujo que al no tener en cuenta la sentencia C-093 de 2017,
en la que la misma alta corte manifestó que quienes ingresaron antes del 31 de
diciembre de 2014, hubieren cotizado en alto riesgo y continuaran ejerciendo las
mismas actividades no podían ser excluidos del régimen o aplicárseles otro,
desconoció el principio de aplicar la norma más favorable al empleado.

Al respecto agregó que, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B en
sentencia del 3 de mayo de 20127, al resolver un asunto similar reconoció
tácitamente que el alto riesgo obedece a una actividad peligrosa, indistintamente
del nombre del cargo y no a la denominación de la entidad nominadora.

1.3.2.5. Mencionó que, el Tribunal no tuvo en cuenta que el artículo 3 de la Ley 860
de 2003 estableció que el DAS debía realizar la cotización en alto riesgo y en ese

6 Página 17 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y anexos, ubicado en el índice 2 del

expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado:
EA0CA9AB5D4D8CFB B845A3341A1C9D21 7B898B8C1F99F5FD AAAD381BD886BE26. Esta es una
trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.
7 Expediente con radicado número 25000-23-24-000-2012-00199-01.

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sentido el Consejo de Estado, Sección Segunda en sentencia de unificación del 28
de julio de 20228, concluyó que la prima de riesgo dispuesta en el Decreto 2646 de
1994 debía ser reconocida para liquidar la pensión aun cuando la entidad no hubiere
realizado las cotizaciones y en ese orden en el proceso no era necesario acreditar
el pago de ese aporte por parte del nominador.

1.3.2.6. Adujo que el Tribunal erró al sustentar la decisión con la sentencia C-098
de 2013 dictada por la Corte Constitucional, ya que esta providencia se refiere al
régimen de carrera administrativa de los detectives que estaban vinculados con el
DAS, respecto del proceso de incorporación, ascensos y demás condiciones a su
vez, reguladas por los decretos 1933 de 1989 y 2147 de 1989 lo que, no tiene
relación con las actividades de riesgo de que trata la Ley 860 de 2003.

1.4. Trámite de tutela de primera instancia e intervenciones

1.4.1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante
auto del 23 de octubre de 20239, admitió la solicitud, vinculó como tercero con
interés a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia – UAEMC,
reconoció personería al apoderado de la parte accionante y ordenó notificar a las
partes y vinculados. En el mismo proveído solicitó al Juzgado Veinticinco
Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Segunda copia magnética del
expediente correspondiente al trámite radicado al número 11001-33-35-025-2021-
00171-00/01.

1.4.2. Una vez surtidas las notificaciones, recibió respuesta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C10 y del Juzgado
Veinticinco Administrativo de Bogotá, Sección Segunda que envió el expediente
digital del proceso ordinario sin embargo, guardó silencio respecto del caso
concreto11.

1.4.2.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C a través del magistrado titular del despacho ponente adujo que,
luego de analizar el acervo probatorio allegado al expediente encontró acreditado
que el demandante no tenía derecho a la que la Unidad Administrativa de Migración
Colombia – UAMC le reconociera y pagara la cotización especial de alto riesgo, en
la medida en que, la labor que desempeña en la entidad no estaba clasificada en
las normas que rigen el asunto.

Explicó que el demandante no acreditó que en Migración Colombia ejecutara las
mismas funciones que desempeñaba en el extinto Departamento Administrativo de
Seguridad – DAS, ya que mientras en la primera fue vinculado como oficial de
migración, en la segunda prestó sus servicios como detective código 208 en sus

8 Expediente 25000-23-42-000-2013-02380-01 (2656-14).
9 Archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela de primera instancia, en el índice 5 del aplicativo

SAMAI, identificado con certificado 344FA38CF423D51A BC9D7EF995286750 6F5A8B907898F8E7
6B3DF243B3A03120.
10 Archivos electrónicos ubicados en el expediente digital de tutela de primera instancia, en el índice 9 del

aplicativo SAMAI, identificado con certificados 65C0CFFAF620D440 A5B9CC4F742E7260
0DBDE8827F4FE188 BE9601C8E1462DC0 y F5E613FAA356CC3E EF9506E21BE2BAC9
238826467181CF3F 7975158DFDD58EC6.
11 Archivos electrónicos ubicados en el expediente digital de tutela de primera instancia, en el índice 10 del

aplicativo SAMAI, identificados con certificados E341AB80504C1A56 134EB33997041DC0
65FD305718F735B5 C8859BE29C2D8B65 y 102E8956D015C6D4FB B64B70DE604864E6
9061E54390ADD639 BD368C409E97637E.
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diferentes grados, y tal circunstancia en sí misma, no permitía considerar que los
cargos eran homólogos en sus funciones.

Agregó que, en el proceso el demandante no expuso ni acreditó en detalle, las
funciones que desempeñaba como detective agente código 208 en sus diferentes
grados y tampoco, que, con ocasión a ello, el DAS cotizara a su favor una pensión
de alto riesgo hasta el 31 de diciembre de 2011, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 860 de 2003.

Sostuvo que el asunto fue resuelto de conformidad con las normas aplicables al
caso concreto, en conjunto con el acervo probatorio allegado y la situación fáctica
planteada, por lo que no se configuró ninguno de los defectos enunciados por la
parte accionante y en ese orden tampoco fueron trasgredidos sus derechos
fundamentales ni los principios invocados. Así, finalmente solicitó declarar
improcedente la solicitud de amparo.

1.5. Sentencia de primera instancia

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del
23 de noviembre de 202312, negó la solicitud de amparo por considerar que no se
configuraron los defectos enunciados por la parte demandante.

Como fundamento de la decisión explicó que la autoridad cuestionada, expuso que,
el demandante no aportó prueba alguna para determinar que las funciones que
desempeñaba en el Departamento Administrativo de Seguridad – DAS eran las
mismas que actualmente ejerce en Migración Colombia, ni demostró que, durante
su vinculación a la extinta entidad, esta hubiere realizado el pago de las cotizaciones
previstas en la Ley 860 de 2003.

Adujo que, el Tribunal también aclaró que la actividad desempeñada por el
demandante en el DAS no fue incluida en las de alto riesgo definidas en el Decreto
2090 de julio de 2003, no obstante, explicó que el artículo 6 estableció un régimen
de transición en el que, los servidores que a la entrada en vigencia de la referida
norma tuvieren al menos 500 semanas de cotización especial, podían gozar de las
condiciones establecidas en el Decreto 1385 de 1994. Sin embargo, para el caso
concreto consideró que el demandante no cumplía con el referido requisito, en tanto
fue vinculado el 11 de julio de 2002, por lo que, para el 26 de julio de 2003, fecha
en la que entró en vigencia la norma reguladora del régimen de transición, no
contaba con el tiempo de servicio exigido y en ese orden no era acreedor al
mencionado régimen.

También, consideró que el Tribunal hizo referencia a la sentencia C-853 de 2013
dictada por la Corte Constitucional para así concluir que, la calificación de alto riesgo
de una actividad requiere de la existencia de estudios y conocimientos técnicos, por
lo que, en el asunto concreto no era posible darle validez al argumento de primera
instancia, según el cual a los servidores que se encontraban adscritos al extinto
DAS y que fueron incorporados a las distintas entidades receptoras, se les debía
mantener el régimen salarial y las cotizaciones especiales, que en todo caso el
demandante no demostró haber recibido a su favor así como tampoco lo hizo
respecto de igualdad en las actividades ejecutadas y en ejercicio actual.
12 Archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela de primera instancia, en el índice 12 del aplicativo

SAMAI, identificado con certificado 14955E36B3CFFB96 C9B101A117879405 E9614DF30A025C5D
3BDAFBE07B3A74F0.
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En ese contexto, expuso que el Tribunal concluyó que no era posible aplicar un
régimen pensional distinto al establecido para los servidores de la entidad receptora,
ni el principio de favorabilidad, pues no existía conflicto normativo.

De otro lado también estimó que, contrario a lo manifestado por el accionante, las
sentencias traídas como precedente desconocido, no tenían similitud con el asunto
en estudio y en ese sentido resaltó que el juez de la causa tiene autonomía e
independencia judicial para decidir los asuntos que se someten a su arbitrio
conforme a la situación fáctica y jurídica de cada caso.

1.6. Impugnación

La parte accionante por medio de su apoderado presentó escrito de impugnación13
en el que manifestó su inconformidad con la decisión del 23 de noviembre de 2023
dictada por la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación, así:

Afirmó que, el juez constitucional acogió erradamente la tesis expuesta por la
autoridad cuestionada en el proceso ordinario, ya que — insistió —, su
inconformidad estaba relacionada con la indebida aplicación e interpretación
normativa para el asunto en estudio, que tenía que ver con la cotización adicional
de 10 puntos definida en la Ley 860 de 2003 para las actividades peligrosas que
ejercían los detectives en el extinto DAS y no lo referente al Decreto 2147 de 1989
que regulaba el proceso de ingreso, permanencia, promoción y retiro de los mismos
funcionarios, lo que, en todo caso, es diferente.

Explicó que, la autoridad cuestionada y el juez constitucional de instancia realizaron
un análisis normativo errado en tanto, se refieren a diferentes normas que no tienen
que ver con el asunto en concreto y en contraste se pronuncian sobre la cotización
de alto riesgo con el régimen de carrera administrativa y no respecto de la prima de
riesgo de que trata la Ley 860 de 2003, que en todo caso es la norma aplicable al
asunto.

Agregó que, el Tribunal tampoco tuvo en cuenta el artículo 3 de la Ley 4064 de 2011
que decidió mantener incólume los beneficios salariales y prestacionales así como
la prima de riesgo, lo que en todo caso, era más favorable para el demandante y en
contraste, aplicó erradamente el Decreto 2090 de 2003.

También reiteró sus cuestionamientos respecto del análisis jurisprudencial realizado
para el caso concreto e insistió que la solicitud no buscaba un análisis en tercera
instancia sino un estudio respecto de la errada interpretación de la ley, la
jurisprudencia y en consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales
invocados. Solicitó revocar el fallo y en su lugar acceder a las pretensiones del
escrito de tutela.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

13 Archivo electrónico ubicado en el índice 16 del expediente digital de tutela de primera instancia, en el aplicativo

SAMAI, identificado con certificado 2B17B027DC0B3E26 02D18E41B72BB68E 5D6CFE10B0984A3B
A43402CE61A269A9.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06114-01
Accionante: José Augusto Aguilera Rubiano

Esta Sala es competente para decidir la impugnación, atendiendo a lo previsto en
los artículos 86 de la Constitución Política y 32 del Decreto 2591 de 1991.

2.2. Procedibilidad de la acción

Como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional y particularmente la
sistematización realizada en la sentencia C-590 de 2005, en los casos en que la
solicitud de amparo se dirige contra una providencia judicial, es pertinente realizar,
primero, un examen de procedibilidad general14 para, luego, en caso de resultar
superado dicho estudio, pasar a hacer el pronunciamiento de fondo en el que se
resuelva el problema jurídico, en los términos del defecto enunciado por la
accionante conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial.

2.2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
el accionante es el titular de los derechos que afirmó fueron vulnerados, en su
condición de demandantes dentro del proceso ordinario objeto de estudio.

El accionado, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, está legitimado por pasiva dado que, como juez del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, profirió la providencia que hoy se
revisa.

2.2.3. El requisito de relevancia constitucional exige que los argumentos de la
solicitud de amparo estén dirigidos a exponer las razones por las que el
cuestionamiento a una providencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende
de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria15, a una cuestión con
relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional
concreto16. Así, son improcedentes los argumentos destinados a proponer fórmulas
14 Antes que todo es necesario (i) verificar la legitimación en la causa como una exigencia preliminar

en cualquier acción de amparo, para, posteriormente, pasar a constatar los demás requisitos
generales de procedibilidad, en los siguientes términos: (ii) que en la solicitud de tutela se expresen
de manera clara los hechos y los fundamentos de la afectación de derechos que se imputa a la
decisión judicial; (iii) que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional; (iv) que previo a
la solicitud de tutela se hayan agotado todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la
persona afectada; (v) que se cumpla con el principio de inmediatez; (vi) que en caso de que se alegue
una irregularidad procesal, la misma tenga la entidad de afectar la decisión; y de manera general,
(vii) no procede elevar una solicitud de amparo contra decisiones proferidas dentro de procesos de
tutela.
15 Por supuesto, el fallador de tutela requiere examinar que, de esos asuntos legales, no se desprendan
violaciones a los derechos y deberes constitucionales, pues, de ser así, adquieren relevancia constitucional
inmediata. Corte Constitucional. Sentencia T-1031 de 2001, citada por la Corte Constitucional en las sentencias
T-114 de 2002 y T-136 de 2015.
16 Sentencia C-590 de 2005. Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra

providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión
cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas,
podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se
presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando
el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d)
defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en
normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es
víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
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que habrían podido ser tenidas en cuenta en el proceso ordinario, o reiterar las ya
expuestas en este, toda vez que, como lo ha establecido la Corte Constitucional, “la
función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del
procedimiento judicial que se cuestiona, pues ello desconocería la competencia y
finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como su
autonomía funcional” 17.

En suma, el requisito de relevancia constitucional persigue tres fines: (i) preservar
la competencia y la independencia de los falladores ordinarios y, así, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad18; (ii) restringir el
ejercicio del amparo a cuestiones que afecten los derechos fundamentales de las
personas, e (iii) impedir que la tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales19.

La Sala revisará a continuación los argumentos expuestos en el escrito de tutela, a
partir de los parámetros constitucionales fijados y de conformidad con el requisito
de relevancia constitucional. Solo en caso de encontrarlos satisfechos, continuará
con el estudio de las demás exigencias de procedibilidad, y si hay lugar a ello, a
emitir un pronunciamiento de fondo en lo que corresponda.

2.4.1. La parte accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales,
pues como quedó expuesto en los numerales 1.3.2. y 1.6. de esta providencia,
consideró vulneradas dichas garantías constitucionales porque a su juicio el
Tribunal Administrativo Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C en la
sentencia del 17 de mayo de 2023, incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y
desconocimiento del precedente porque:

(i) estimó erradamente que en el proceso ordinario no fue allegada prueba o
certificación que acreditara el reconocimiento de las cotizaciones en alto riesgo que
realizo el extinto DAS a su favor, pues desconoció que el pago de estas estaba
dispuesto expresamente en el ordenamiento legal — Ley 860 de 2003—, por lo que,
no era pertinente solicitar algún medio probatorio que acreditara el pago;

(ii) aplicó e interpretó indebidamente la normativa para el asunto en estudio, que
tenía que ver con la cotización adicional de 10 puntos definida en la Ley 860 de
2003 para las actividades peligrosas que ejercían los detectives en el extinto DAS y
en contraste, aplicó erradamente los Decretos 2090 de 2003 y 2147 de 1989, este
último, que regulaba el proceso de ingreso, permanencia, promoción y retiro de los
mismos funcionarios, lo que, en todo caso, es diferente;

precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del
precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone
de manera preferente la aplicación de sus postulados.
17 Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
18 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610

de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-
931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014, citadas en la sentencia T-422 de 2018.
19 “[T]eniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede

reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga
el desconocimiento de un derecho fundamental” Corte Constitucional. Sentencia T-422 de 2018.
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(iii) no tuvo en cuenta el artículo 3 de la Ley 4064 de 2011 que decidió mantener
incólume los beneficios salariales y prestacionales así como la prima de riesgo, lo
que en todo caso, era más favorable para el demandante;

(iv) aplicó erradamente las sentencias C-853 de 2013 y C-096 de 2017 en relación
con el régimen de carrera administrativa y no respecto de las cotizaciones
especiales para las actividades de alto riesgo;

En relación con los cargos relacionados por la parte accionante y conforme a la
característica de informalidad que es inherente a la acción de tutela, la Sala
considera que los cuestionamientos se enmarcan en la posible configuración por un
lado, de un defecto sustantivo20 por indebida interpretación de la Ley 860 de 2003,
errada aplicación de los Decretos 2090 de 2003 y 2147 de 1989 y la inobservancia
del decreto 4064 de 2011; por otro lado, aduce un desconocimiento del
precedente por indebida aplicación de las sentencias C-853 de 2013 y C-096 de
2017 dictadas por la Corte Constitucional.

2.4.1.1. Ahora bien, del contenido de la sentencia objeto de tutela, la Sala pudo
verificar que, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sustentó su decisión, en
la siguiente normativa: i) decreto 4062 de 2011 que creó la Unidad Administrativa
Especial de Migración Colombia - UAEMC, como un organismo civil de seguridad,
con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio
independiente, con jurisdicción en todo el territorio nacional, adscrita al Ministerio
de Relaciones Exteriores; ii) decreto 4064 de 2011 que con relación a la
incorporación de los cargos en la UAEMC estableció en su artículo 1 las
equivalencias entre la nomenclatura y la clasificación de empleo, entre ellas que, el
cargo de detective código 208 en sus diferentes grados, era equivalente a un oficial
de migración y en su artículo 3 dispuso que los servidores del DAS que conserven
su mismo cargo en la entidad receptora, esto es, que no sean nombrados en
encargo, provisionalidad u otros, podrían continuar beneficiándose del régimen de
la extinta entidad; iii) decreto 1385 de 1994 que en el numeral 1 del artículo 2 definió
los cargos que desarrollaban actividades de alto riesgo, específicamente para los
20 En las sentencias T-343 de 2011, T-138 de 2011, T-792 de 2010, T-364 de 2009, T-808 de 2007

y T-086 de 2007, la Corte Constitucional se ha referido al defecto sustantivo en el siguiente sentido:
“(i)Cuando la decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable, ya que (i) no
es pertinente, (ii) ha perdido su vigencia por haber sido derogada, (iii) es inexistente, (iv) ha sido
declarada contraria a la Constitución, (v) a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es
constitucional, no resulta adecuada su aplicación a la situación fáctica objeto de estudio, así ocurre
por ejemplo cuando se le reconocen efectos distintos a los señalados por el legislador.
(ii). Cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto,
no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación razonable o el operador judicial
hace una aplicación inaceptable de la norma al interpretarla de forma contraevidente -interpretación
contra legem- o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes o cuando en
una decisión judicial se aplica una norma jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del
marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial.
(iii). Cuando no toma en cuenta sentencias que han definido su alcance con efectos erga omnes.
(iv) Cuando la disposición aplicada se muestra injustificadamente regresiva o contraria a la
Constitución.
(v) Cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento se utiliza para un fin no previsto en la
disposición.
(vi) Cuando la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma, omitiendo el
análisis de otras disposiciones aplicables al caso.
(vii) Cuando el operador judicial con una insuficiente sustentación o justificación de la actuación
afecta derechos fundamentales.
(viii) Cuando se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación
que hubiere permitido una decisión diferente de acogerse la jurisprudencia.”.
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servidores públicos pertenecientes al DAS; iv) el artículo 11 del Decreto 2090 del 26
de julio de 2003 que derogó la anterior disposición y enlistó las que serían
denominadas como actividades peligrosas, sin incluir las funciones desarrolladas
por los detectives del DAS; v) el artículo 6 del Decreto 2090 del 26 de julio de 2003
que estableció un régimen de transición en el que, para la fecha de entrada en
vigencia de esa norma, quienes hubieren cotizado cuando menos 500 semanas,
tendrían derecho a que les fueran reconocidas las mismas condiciones establecidas
en las normas anteriores que regulaban las actividades de riesgo; y vi) Ley 860 del
26 de diciembre de 2003 que en su artículo 2 precisó que al personal del DAS se
les aplicaría en su integridad el Sistema General de Pensiones dispuesto en la Ley
100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003.

En segundo lugar, de las pruebas allegadas al expediente encontró probado que el
señor Aguilera Rubiano: i) estuvo vinculado como detective código 208, grado 6 a
partir del 11 de julio de 2002 y fue ascendido al grado 07 del nivel asistencial el 11
de noviembre de 2010; ii) laboró en el extinto DAS del 11 de julio de 2002 al 31 de
diciembre de 2011; y iii) el 21 de diciembre de 2011 fue vinculado a la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia – Dependencia de Dirección Regional
del Aeropuerto el Dorado en el cargo de Oficial de Protección 3010-13 asignado al
Grupo de Control Migratorio y que a partir del 17 de febrero de 2020 se desempeña
en encargo como Oficial de Migración 3010-15 en el Grupo de Supervisión de
Control Migratorio de la misma dirección.

Expuesto lo anterior, el Tribunal pudo establecer que en el proceso el demandante
no acreditó que en el cargo que desempeña en Migración Colombia realizara las
mismas funciones que ejecutaba como detective en el extinto DAS, ni que durante
su vinculación en el cargo de agente detective en sus diferentes grados, la entidad
suprimida hubiere realizado las cotizaciones especiales de que trata la Ley 860 de
2003 en concordancia con lo dispuesto en la Ley 1835 de 1994 y el Decreto 2090
de 2003.

Así, aclaró que esta última normativa no incluyó como actividad de alto riesgo la que
fuera desarrollada por los detectives del DAS, sin embargo, estableció un régimen
de transición del que no era beneficiario el demandante, en la medida en que, fue
vinculado el 11 de julio de 2002 por lo que para el 26 de julio de 2003, fecha en que
entró en vigencia la norma, no contaba con las 500 semanas exigidas para ser
acreedor del régimen especial, lo que en todo caso, explica la ausencia de
cotizaciones especiales de alto riesgo por parte de la entidad.

Luego, expuso que la Corte Constitucional en sentencia C-853 de 2013 estableció
que para que un cargo pueda ser calificado de alto riesgo o no, se requieren estudios
y conocimientos técnicos pues se debe determinar que la actividad desarrollada
disminuya su expectativa de vida saludable, por lo que, el hecho de que el servicio
involucre cierto grado de peligro no implica tácitamente que pueda ser asimilado a
los trabajos descritos en el Decreto 2090 de 2003, si fuere el caso.

En esa línea indicó que, la misma alta Corte en sentencia C-098 de 2013 determinó
que al no existir norma que regule lo relativo a declarar funciones de alto riesgo
ejercidas en Migración Colombia, se debe aplicar lo dispuesto en la norma general,
por lo que en el caso concreto al haberse suprimido el DAS el demandante debe
acogerse en su integridad al régimen establecido en la entidad a la que fue
incorporado.

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En tercer lugar, refirió que al no estar establecido que los servidores de Migración
Colombia21 desarrollan actividades de alto riesgo, no era posible el reconocimiento
de lo reclamado por el demandante, sino que correspondía el pago y cotización de
lo dispuesto en los términos del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones
previsto por la Ley 100 de 1993 que en todo caso, en los términos del artículo 7 del
Decreto 4057 de 201122, debía replicarse a los servidores del extinto DAS que
fueron incorporados a la UAEMC23.

En ese orden, es viable colegir que, el accionante se limitó a manifestar su
desacuerdo con las razones planteadas, la jurisprudencia y la normatividad acogida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sin que sus argumentos
trascendieran de la controversia propia de la causa ordinaria a una cuestión
iusfundamental en los términos de los defectos planteados, de tal forma que se
pueda determinar que la decisión judicial cuestionada fue proferida con fundamento
en una norma que no era aplicable, o que pese a la autonomía judicial, la
interpretación o aplicación de la norma al caso concreto no estuviera dentro del
margen de interpretación razonable de forma claramente perjudicial para los
intereses legítimos de los intervinientes, por lo que, en consecuencia, no es posible
asumir el estudio de fondo propuesto por la parte actora, pues de hacerlo estaría
invadiendo la órbita de competencia del juez natural y desconociendo la autonomía
judicial.

Cabe resaltar que los argumentos planteados en el esta instancia constitucional
guardan relación con los propuestos y ya resueltos por el juez de la causa, lo que
permite a la Sala considerar que, la pretensión del accionante es que el juez de
tutela haga una lectura alternativa del caso concreto y dirima una aparente
controversia fundada en una indebida aplicación de la norma y del precedente
jurisprudencial, de tal forma que la conclusión a la que llegó la autoridad cuestionada
sea desestimada y en su lugar, se ordene proferir una decisión entorno a sus
pretensiones, en tanto sea concedido el reconocimiento de la prestación en los
términos planteados en el escrito de tutela, como si se tratara de una tercera
instancia, desconociendo así el carácter subsidiario de la acción constitucional.

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo de carácter excepcional,
para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional fundamental y
entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria, por lo que,
su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin
que ello implique, como lo pretende la aquí accionante, un nuevo estudio del caso
como si fuera una instancia adicional a las ya surtidas. El juicio que realiza el juez
en sede de tutela, es de validez y no de corrección de la decisión cuestionada24, lo
que se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la
discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho, que
se resolvieron en el curso del proceso ordinario25.

21 Decreto 4062 de 2011 mediante el que fue creada la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia –

UAEMC, como un organismo civil de seguridad.
22 “Por el cual se modifica la Planta de Personal del Departamento Administrativo de Seguridad DAS”. Normativa

que suprimió la planta de empleos del DAS y ordenó la incorporación de sus servidores en las entidades
receptoras.
23 Unidad Administrativa Especial Migración Colombia - UAEMC.
24 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009.
25 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018.

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Accionante: José Augusto Aguilera Rubiano

En suma, la solicitud incoada por la accionante no cumple el requisito de relevancia
constitucional, por lo que la sala modificará la decisión dictada el 23 de noviembre
de 2023 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y en su
lugar, declarará improcedente el amparo solicitado.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero y segundo de la sentencia del 23 de
noviembre de 2023, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, y en su lugar:

“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
presentada por el señor José Augusto Aguilera Rubiano por los motivos
expuestos en las consideraciones de esta providencia”.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
DSR

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