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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06127-00

Fecha
7 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06127-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Escuela Taller Cartagena de Indias, el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y el Tribunal Administrativo de Bolívar. SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela formulada por la sociedad Café del Mar S.A.S., y demás coadyuvantes contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En el evento de no ser impugnada la presente decisión, REMITIR el expediente a la CorteConstitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-06127-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

7 de diciembre de 2023

Demandantes: Sociedad Café del Mar S.A.S. y otros.
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
Rad: 11001-03-15-000-2023-06127-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente (E): LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Paipa, Boyacá, siete (7) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06127-00
Demandantes: SOCIEDAD CAFÉ DEL MAR S.A.S. Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
A

Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por
falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela del asunto, conforme lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución Política y reglamentado mediante el Decreto 2591 de
1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La sociedad Café del Mar S.A.S.1 y «demás intervinientes, legitimados para actuar en el
presente proceso como COADYUVANTES»2, actuando a través de apoderado,

1
Representada legalmente por Oscar Fernando Arias Charry, de conformidad con el certificado de
existencia y representación legal de la sociedad Café del Mar S.A.S. expedido por la Cámara de
Comercio de Cartagena el 26 de septiembre de 2023 a las 3:52 p. m. y aportado con la demanda.
2
Conforme quedó establecido en el auto admisorio del 17 de octubre de 2023, se admitió la
coadyuvancia que presentaron las siguientes personas: Oscar Fernando Arias Achury que representa
legalmente a la sociedad Café del Mar S.A.S., Andreina Monterrosas Salas, Aryuri del Valle Cova
Banquett, Brayan Smick Livingston Barrios, Carlos Benítez Arenas, Carlos Mario Burgos Berrio, Cindy
Laura Hernández Reyes, Daniel Antonio Morad Pérez, David Enrique Sánchez Aguilar, Daniel Sánchez
Rodríguez, Enith Paola Latorre Castro, Elimar Mendívil Castellano, Erika Andrea Cabana Velásquez,
Eurídice Ramos Barrios, Félix Javier Marrugo Berdugo, Freddy Rene Soto Rodríguez, Gabriela Andrea
Duran Olea, Hailer Salcedo Pérez, Hilson Rafael Esquivel Morelo, Iván Andrés Bravo Genes, Jonathan
David Hernández González, Jairo Enrique Morad Pérez, Jania del Carmen Prasca Martínez, Jhan
Wilmer González Miranda, José Benjamín Castilla Ayala, José Luis Pérez Maza, José Luis Ramos
Arrieta, José Luis García Pineda, Katerine Paola Ríos Lozano, Key Hernández Bernal, Lilibeth Jotty
Lozano, Luendy Melissa Prieto Diaz, Luis Alberto Marrugo Jiménez, Luis Felipe Bru Taborda, Luz
Emelis Anaya Santiago, María Alejandra Valdés Gómez, María Claudia Serpa Martínez, María José
Prasca Bohórquez, Milevis María Correa Márquez, Mirleidys Pardo Jiménez, Rafael David Rubio
Gutiérrez, Ronal Luis Pérez Bermúdez, Juan Manuel Herrera Gómez, María Claudia Anaya Ayola,
Sandra Patricia Caballero García, Sebastián de Jesús Cortes Ortega, Sthefanny Melissa Cabarcas
González, Vanesa Isabel Manjarres Hernández, Wilson Galvis Sánchez, Wilmer Cabarcas Cabrera,

1
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Demandantes: Sociedad Café del Mar S.A.S. y otros.
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
Rad: 11001-03-15-000-2023-06127-00

presentaron acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, con el fin de que sean amparados sus derechos fundamentales «al
debido proceso, derecho de defensa, principio constitucional de la confianza legítima, derecho
de acceso a la administración de justicia, el derecho fundamental al mínimo vital en conexidad
con el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la vida digna, el derecho a la
seguridad social, el derecho a la vivienda y el derecho fundamental de la alimentación de
niños y niñas».

La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales, con
ocasión de la sentencia del 21 de noviembre de 2022, mediante la cual se modificó el
fallo dictado por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el 13 de agosto de 2019, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, que promovió el señor David
García Gómez contra el Ministerio de Cultura, el Distrito de Cartagena, el Instituto de
Patrimonio y Cultura de Cartagena, la Escuela Taller Cartagena de Indias y la
sociedad Café del Mar S.A.S. Lo anterior, en el marco de la acción popular con
radicado 13001-23-33-000-2014-00406-01.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, formuló las siguientes pretensiones:

Xavier Enrique Perneth Moreno, Yarelis Vanessa Morales Berrio, Yulieth Paola de Ávila Acosta, Yuli
Vanessa Gallego Blandón, Yizeth Paola Pulido Hoyos, Walter Cecilio Sotomayor Martínez, Yeiner Yesid
Ardila Mora, fundación Abrazando Esperanzas representada legalmente por Fabian Andrés Mora
Guzmán, fundación Alimentar Colombia representada legalmente por Catalina Pérez Parra, fundación
cultural Llamarada representada legalmente por Harold John Herrera Pérez, Jhon Jairo Livingston
Torres, fundación cultural Voces del Jazz representada legalmente por el señor Manuel Ricardo Lozano
Pineda, fundación Tucultura representada legalmente por Merly Esther Beltrán Vargas, Álvaro Javier
Solano Fernández, Alimentos Procesados del Caribe G.L S.A.S. representada legalmente por la señora
Brenda Isabel Pombo Cairoza, Cesar Andrés Dovale Amaris, Claudia Milena Villadiego Magallanes,
Dany José Hernández Anillo, Erick José Ojeda Guerrero, Eugenio Segundo Meza Castillo, Guillermo
José Álvarez Bueno, Gloria Paz Orozco Ramírez, Grisinnis S.A.S. representada legalmente por Daniela
Palumbo, German Luis Gómez Pardo, Gustavo Adolfo Jauregui Figueredo, Jonathan Mauricio Salazar
Lasso, Jaime Arturo Sánchez García, Linda Espitia Pulgarín, Luis Alberto Menco Vélez, Mario Felipe
Goenaga Lozano, Maribel Muñoz Acosta, Nohora Paola Najera Foliaco, Néstor Esteban Angulo
Caballero, Roberto Álvarez Beltrán, Tajaditas Don José S.A.S. representada legalmente por el señor
Wilmer Richard Quijano, William Salgado Buelvas, Yefferson Franco Valencia, Álvaro Hernández
Choperena, Álvaro Pérez Escolar, Alfonso Viáfara Montaño, Aner Neys Piñero Pereira, Carlos Gregorio
Berrio Morales, Carlos Vergara Manzano, Daniel Vargas Vargas, Dagoberto Pio Suarez Simancas,
Davier Antonio Montaño Sibaja, David Eduardo Jiménez Pérez, Delimiro Rafael Martínez Durango,
Denilson de Ávila Blanquicett, Eduar Manuel Flórez Flórez, Eliecer García Barrios, Escorcia Arrieta
Eberto Gil, Félix Armando Arias Torres, Fredy Manuel Sanjuanelo Torres, Flor María de la Rosa
Zambrano, Gerardo de Jesús Bustamante Alzamora, Harold Castro Padilla, Helmut Alejandro Vega
Macana, Ivael Espinosa Guerrero, Ignacio Linares Mercado, Idalides Castro Morelos, Juan Carlos de
Ávila Blanquicet, Javier Rodríguez Martínez, Jairo Manuel Lucas Roqueme, Jaime Gustavo Hernández
Núñez, Jorge Buenia Sáenz, Juan José Rodríguez Ortiz, Juan Carlos Sarmiento Torres, José Pérez
Cañate, Jorge Enrique Palacio Marrugo, José Gregorio Alcendra Galindo, Jeremías Manuel Salcedo
Reyes, Luis De La Rosa Altamiranda, Leonardo Fabio Nieto González, Luis Miguel Bello Teherán, Lidia
Ester Altamar Burgos, Luis Mendoza Doria, Milton José Mendoza Olivera, Luis Enrique Roqueme de
Jesús, María Helena Romero Hernández, Nancy Isabel Pérez Morales, Omar Enrique Torres Berrio,
Oscar Luis Bello Terán, Oswaldo Manuel Madera Quejada, Santiago de Jesús Pulgarín, Wadis José
Sierra Montalvo, Wilmer Viscuviche Vásquez, Yuli Milena Rodríguez Márquez Yorbely Antonio Benítez
Flórez y Yuranis Ballesteros Álvarez

2
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Demandantes: Sociedad Café del Mar S.A.S. y otros.
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
Rad: 11001-03-15-000-2023-06127-00

«PRIMERO. Que se tutelen los derechos fundamentales incoados por los
accionantes de la presente acción de tutela, tales como: VIOLACION AL
DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO, DERECHO DE
DEFENSA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA CONFIANZA LEGITIMA,
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EL DERECHO
FUNDAMENTAL AL MÍNIMO VITAL EN CONEXIDAD CON EL DERECHO A LA
SALUD, EL DERECHO AL TRABAJO, EL DERECHO A LA VIDA DIGNA, EL
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, EL DERECHO A LA IGUALDAD, EL
DERECHO A LA EDUCACION, EL DERECHO A LA IGUALDAD, EL DERECHO
A LA EDUCACION, EL DERECHO A LA VIVIENDA Y EL DERECHO
FUNDAMENTAL DE LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS.

SEGUNDO. Que producto de la tutela de los DERECHOS FUNDAMENTALES
enunciados, se ordene, RENOVAR, el contrato de arrendamiento-concesión,
entre la Escuela Taller de Cartagena de Indias, y la SOCIEDAD CAFÉ DEL MAR
SAS; ya que, el fallo del CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A,
proferida el día 21 de noviembre de 2022, NO PROHÍBE EN NINGUNO DE SUS
ORDINALES, HACER LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO-CONCESIÓN.

TERCERO. Que se decreten las medidas previas, tendientes a garantizar la
protección de los derechos fundamentales incoados por los accionantes de la
presente Acción de Tutela.»3 (Negrita, subrayado y cursiva propias del texto)

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

El ciudadano David García Gómez, actuando en nombre propio, promovió acción
popular en contra de la Nación-Ministerio de Cultura, el Distrito de Cartagena, el
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena y la Escuela Taller Cartagena de Indias;
en la que cuestionó la ocupación que ejerce la sociedad Café del Mar S.A.S. del
baluarte Santo Domingo.

En criterio de la citada persona, la persona jurídica había incumplido el contrato que
para tal efecto suscribió con la Escuela Taller Cartagena de Indias, toda vez que
desplegaba conductas abusivas sobre el predio tales como: «instalar pendones,
cortinas; no utilizar la garita para actividades propias del negocio particular que funcionara en
el inmueble, no se debe alterar el visual exterior del monumento y se debe permitir la libre
circulación y visitas de la ciudadanía.»

Asimismo, puso en evidencia que el canon de arrendamiento que pagaba la sociedad
Café del Mar S.A.S., por la explotación del bien, resultaba a todas luces irrisorio
respecto a otro tipo de bienes de menor entidad.

El asunto correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Bolívar, el cual
clausuró la primera instancia con sentencia del 13 de agosto de 2019, en la que

3
Se transcribe textualmente lo manifestado en la demanda, incluso con errores de ortografía y
redacción.

3
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Demandantes: Sociedad Café del Mar S.A.S. y otros.
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
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accedió a la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, el
goce del espacio público y la defensa del patrimonio público. En ese sentido, ordenó:

(…)

CUARTO: ORDENÁSE al Ministerio de Cultura, al Distrito de Cartagena, al
Instituto de Patrimonio Cultural de Cartagena [IPCC], a la Escuela Taller
Cartagena de Indias y a Café del Mar Ltda., que en el término de dos (2) meses
siguientes a la notificación de este fallo; de acuerdo a sus competencias y
funciones normativas y en coordinación con otras entidades encargadas de la
vigilancia control y demás funciones tendientes a la protección de los bienes de
interés cultural de la ciudad de Cartagena, realicen los estudios a que haya lugar,
para determinar el canon real de arriendo del Baluarte Santo Domingo, teniendo
en cuenta su importancia turística, cultural, económica y los metros cuadrados de
explotación económica y una vez tenido el valor, se rehaga el contrato de
arrendamiento de bienes de interés cultural, celebrado entre Café del Mar Ltda., y
la Escuela Taller de Cartagena.

Teniendo en cuenta que la naturaleza de la orden dada, exige una planeación
tanto técnica como presupuestal, se estima prudente otorgar el plazo anterior.

(…)

La anterior decisión fue objeto de apelación, alzada desatada por la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado que, mediante fallo del 21 de noviembre de
2022, modificó el sentido de la decisión en los siguientes términos:

TERCERO: ORDENAR a la Escuela Taller Cartagena de Indias o la autoridad
competente la terminación y liquidación en el estado en que se encuentre del
contrato de arrendamiento sobre el baluarte Santo Domingo, así como otro
cualquiera de la misma tipología que recaiga sobre dicho inmueble, dentro del
término de seis meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia.

CUARTO: ORDENAR a la Escuela Taller Cartagena de Indias o la autoridad
competente que realice los estudios para determinar la administración directa o la
entrega a un particular del baluarte Santo Domingo, de conformidad con las
normas legales y constitucionales, además de la restricción aquí consignada, así
como las razones técnicas, financieras y económicas que sustenten dicha
decisión.

QUINTO: ORDENAR a las autoridades demandadas, que en el ámbito de su
competencia, intervengan en la realización del anterior estudio y, además,
colaboren armónicamente en la protección del baluarte Santo Domingo y demás
bienes de la misma naturaleza, en línea con la aquí decidido.

Como fundamento de la anterior decisión, precisó que el contrato de arrendamiento
no era el instrumento idóneo para entregar el uso de los bienes de uso público, en la
medida que dicho negocio jurídico conlleva intrínsecamente la exclusividad en cuanto

4
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a su utilización en cabeza del arrendatario y, en consecuencia, desnaturalizando la
calidad jurídica del inmueble4.

Asimismo, advirtió que no había una debida reciprocidad de las prestaciones, dado
que, conforme a la prueba rendida por el IGAC, el canon de arrendamiento pagado
por la sociedad accionante no se compadecía del valor del mercado; lo cual
evidenciaba la vulneración del derecho colectivo al patrimonio público.

La anterior decisión fue objeto de aclaración por parte de la sociedad Café del Mar
SAS, la cual fue resuelta por auto del 3 de marzo de 2023, en el sentido de negar el
remedio procesal. Dicha providencia se notificó por estado del 28 de marzo de 2023.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

Para la parte accionante la decisión proferida por la autoridad judicial accionada
vulnera el principio de confianza legítima, toda vez que la orden de terminación y
liquidación del contrato de arrendamiento desconoce una situación que se ha venido
desarrollando por más de 20 años.

Adicionalmente, explicó que la orden afecta las garantías constitucionales de los
trabajadores directos e indirectos, los cuales, según afirma la sociedad, se encuentran
sumidos en un estado de debilidad manifiesta.

En ese sentido, invocó el mínimo vital de los trabajadores que de una u otra manera
obtienen su sustento de la actividad económica que ejerce la sociedad Café del Mar
S.A.S., tales como los vendedores ambulantes, los artesanos, los guías turísticos, los
taxistas, entre otros.

Asimismo, precisó que, como consecuencia de la sentencia de marras, ya no podrá
realizar las actividades sociales que ejecuta en la ciudad, para lo cual enfatizó que
provee almuerzos al Comedor Comunitario La Guadalupana en el que se alimentan
aproximadamente 1.400 niños y niñas de Cartagena.

Finalmente, como sustentó de sus alegaciones, trajo a colación fallos de la Corte
Constitucional que abordan el tópico, tales como la T-243 de 2019, T-067 de 2017 y
SU-230 de 2015.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Por auto del 17 de octubre de 2023 se dispuso lo siguiente: i) negar la medida
provisional solicitada con la demanda, ii) notificar a los magistrados de la Subsección

4
En este punto, se hizo mención a la sentencia de unificación de la Corporación del 14 de agosto de
2018, expediente 0500133100320090015701 que precisó: «Vistas así ́ las cosas, la Sala unifica su
criterio, en el sentido de afirmar que el contrato de arrendamiento no puede ser utilizado para entregar
bienes de uso público para su aprovechamiento, quedando abierta la posibilidad a que se utilicen otras
fórmulas contractuales o unilaterales, como el contrato de concesión, o la expedición de licencias o
permisos para ese efecto.»

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Demandantes: Sociedad Café del Mar S.A.S. y otros.
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A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, iii) vincular, en calidad de terceros
con interés, al Tribunal Administrativo de Bolívar [juez de primera instancia del proceso
ordinario], al señor David García Gómez [persona que promovió la acción popular], al
Ministerio de Cultura, al distrito de Cartagena, al Instituto de Patrimonio y Cultura de
Cartagena, a la Escuela Taller Cartagena de Indias [parte demanda en el proceso
ordinario], al personero distrital de Cartagena y al Ministerio Público [autoridades
encargadas de conformar el comité de cumplimiento de la sentencia cuestionada], iv) ordenar
la publicación del escrito de tutela y el auto admisorio en la secretarías del Consejo
de Estado y del Tribunal Administrativo de Bolívar, y v) informar de la existencia del
trámite a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

1.6. Intervenciones5

1.6.1. Ministerio de Cultura

Por conducto de apoderado judicial alegó que en el presente caso no se satisface el
requisito de inmediatez, por cuanto entre la fecha de presentación de la acción de
tutela, esto es el 5 de octubre de 2023, y la notificación del auto que decidió la
aclaración de la sentencia, que data del 27 de marzo del mismo año, transcurrieron
más de seis meses.

En segundo lugar, advirtió que la acción de tutela no estableció los posibles yerros
que presentó la decisión cuestionada, conforme los parámetros jurisprudenciales que
ha fijado la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.

Acto seguido acotó que lo esbozado en el escrito de tutela es un planteamiento que
fue desarrollado por la autoridad judicial accionada, por lo que la acción se estaría
utilizando como una tercera instancia.

Finalmente, solicitó que se declare la improcedencia o se niegue la solicitud de
amparo constitucional por no evidenciarse la vulneración de los derechos
fundamentales Invocados.

1.6.2. Escuela Taller Cartagena de Indias

La entidad indicó que en el caso concreto no se configuró la vulneración de los
derechos fundamentales invocados por la parte accionante, para lo cual reiteró los
argumentos que expuso en su oportunidad la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado en la sentencia objeto de escrutinio en sede constitucional.

1.6.3. Tribunal Administrativo de Bolívar

Luego de relatar el trámite dado a la acción popular 13001-23-33-000-2014-00406-01,
explicó que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues, conforme la

5
Las autoridades accionadas y demás intervinientes fueron notificados mediante los Oficios 120482
a120492 del 24 de octubre de 2023 y 129600 del 9 de noviembre de 2023.

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Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
Rad: 11001-03-15-000-2023-06127-00

pretensión esbozada por la parte actora, el reproche recae únicamente frente a la
sentencia que profirió la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

1.6.4. Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias

Como punto de partida, explicó que el ente territorial no goza de legitimación en la
causa por pasiva, para lo cual resaltó que el amparo tiene como objetivo cuestionar
una providencia dictada por la autoridad judicial accionada.

Asimismo, advirtió que lo atinente a la posible renovación del contrato de
arrendamiento, es un tema que escapa de sus competencias legales, en la medida
que dicho asunto recae única y exclusivamente en cabeza de Escuela Taller
Cartagena de Indias, la cual, a su turno, es una autoridad que goza de personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio.

1.6.5. Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado

Por conducto de la magistrada ponente de la decisión cuestionada en sede de tutela,
se explicó que el amparo constitucional no tiene vocación de éxito, por cuanto, pese
a la enunciación de múltiples garantías constitucionales, la demanda se limitó a
desarrollar argumentativamente lo atinente a la violación del principio de confianza
legítima y el mínimo vital.

En ese sentido, evidenció que la tutela más allá de cuestionar el fondo de la decisión,
busca analizar las posibles consecuencias que apareja el cumplimiento de la orden
judicial. Lo cual, en su criterio, no podría modificar el sentido de la decisión, dado que
en un ejercicio de ponderación deben primar los derechos colectivos sobre unos
eventuales intereses particulares.

1.6.6. David Fernando García Gómez

El ciudadano David Fernando García Gómez, quien fungió como promotor de la acción
popular, presentó escrito en el que manifestó que en el presente asunto la sociedad
Café del Mar S.A.S., genera empleo para muchas personas de la comunidad del
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.

Asimismo, precisó que, contrario a lo sostenido en su escrito de demanda, no se había
presentado un menoscabo en cuanto a la estructura del baluarte Santo Domingo y
tampoco se desplegaron conductas por parte de la citada empresa, que impidieran el
goce del espacio público.

Finalmente, aseveró que en el presente caso el juez constitucional debe proferir una
sentencia que acceda a las pretensiones de la demanda, en aras de garantizar una
verdadera justicia social.

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela formulada por la
sociedad Café del Mar S.A.S. y demás coadyuvantes contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, en los términos del Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Cuestión previa

La Escuela Taller Cartagena de Indias, el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias y el Tribunal Administrativo de Bolívar con su escrito de intervención solicitaron
su desvinculación del trámite por carecer de legitimación en la causa por pasiva, pues,
a su modo de ver, el mecanismo constitucional solamente recae sobre la decisión que
profirió la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Al respecto, se indica que las anteriores solicitudes serán resueltas de forma
desfavorable, en la medida que tales autoridades tienen un interés directo en las
resultas del presente asunto. En el caso de la Escuela Taller Cartagena de Indias y el
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, por haber sido parte demandada
en el trámite de la acción popular, y el Tribunal Administrativo de Bolívar por haber
sido el juez a quo del mencionado asunto.

2.3. Problema jurídico

Conforme lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
accionante y el material probatorio recaudado, corresponde a la Sala resolver el
siguiente problema jurídico:

• ¿Se superan los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela en
contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:

• ¿La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado vulneró los
derechos fundamentales de la parte accionante, con ocasión de la sentencia
proferida el 21 de noviembre de 2022 al interior del proceso 13001-23-33-000-
2014-00406-00/01?

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas:
i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; ii) de los requisitos generales de procedibilidad de la tutela
contra providencia judicial y iii) el caso en concreto.

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Demandantes: Sociedad Café del Mar S.A.S. y otros.
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
Rad: 11001-03-15-000-2023-06127-00

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20126
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema7 y declaró su procedencia.8

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y, iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se
dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la
que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Es necesario manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

El criterio de relevancia constitucional establece la distinción que debe existir entre el
juez natural del caso y el juez constitucional, respetando la competencia que cada uno
tiene. Pues, como se ha sostenido en líneas anteriores, la acción de tutela no se erige
una tercera instancia. Al respecto, la Sala considera pertinente traer a colación lo
expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 20229, la cual,
desarrolló y explicó los derroteros que deben observarse en aplicación de este
requisito de relevancia constitucional.

6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
7
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
8
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
9
M.P. Natalia Ángel Cabo.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Sociedad Café del Mar S.A.S. y otros.
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
Rad: 11001-03-15-000-2023-06127-00

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:

el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica,
sino que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las
decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización
del principio de igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de
las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental
para:

lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal10.

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste
relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico11; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional.”12

(…)

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

10
Sentencia SU-573 de 2019.
11
Sentencia SU-103 de 2022.
12
Sentencia SU-103 de 2022.

10
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Demandantes: Sociedad Café del Mar S.A.S. y otros.
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
Rad: 11001-03-15-000-2023-06127-00

(…)

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”13 En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales”14

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos
a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

(…)

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto15, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no
debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un
escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección
legal16. (Resaltado de la Sala)

2.6. Caso concreto

En el presente caso la sociedad Café del Mar S.A.S.; quien actualmente ostenta la
tenencia del baluarte Santo Domingo, en virtud del contrato de arrendamiento que
suscribió con la Escuela Taller Cartagena de Indias; pretende modificar la sentencia
que dictó la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado que ordenó
la terminación y liquidación de dicho negocio jurídico, en la medida que este no resulta
el más idóneo para este tipo de casos dada la naturaleza pública del bien, aunado a
que el canon pagado por dicha operación era una suma que no se compadecía del
precio del mercado.

A partir de la anterior síntesis, la Sala anticipa que no se cumple con el requisito de
relevancia constitucional, circunstancia por la que la acción de tutela deberá ser
declarada improcedente.

Como punto de partida, se advierte que el amparo constitucional estudiado no tiene la
identidad o trascendencia para aplicar, interpretar o desarrollar mandatos
constitucionales, toda vez que la discusión planteada por la accionante pone en
evidencia una inconformidad con la conclusión a la que llegó el juez de segunda
instancia.

13
Sentencia SU-103 de 2022.
14
Sentencia SU-128 de 2021.
15
Sentencia SU-573 de 2019.
16
Ibid.

11
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Demandantes: Sociedad Café del Mar S.A.S. y otros.
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
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Adicionalmente, desde el ámbito argumentativo, los reparos que son expuestos en el
escrito introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías, no exponen con
suficiencia razones de peso que justifiquen la intromisión del juez constitucional.
Máxime por cuanto no se evidencia prima facie vulneración de los derechos
fundamentales por parte de la autoridad judicial accionada.

La carga argumentativa que hace alusión la Corte Constitucional no se satisface
simplemente con enunciar y transcribir artículos de la Constitución Política para
cumplir el mencionado ejercicio, sino que dicha labor comprende un ejercicio
argumentativo mucho más profundo.

Inclusive, tal como lo precisó en su oportunidad el Ministerio de Cultura, al efectuar un
ejercicio interpretativo del escrito de tutela, no se evidencian concretamente los
posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial accionada, atendiendo los
derroteros que ha establecido la jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción
constitucional.

Asimismo, los reparos enfocados en cuestionar las posibles consecuencias que
implica el acatamiento del fallo, traducidas en la afectación del mínimo vital de las
personas que de forma directa o indirecta se benefician de la actividad de la sociedad
Café del Mar S.A.S., son una hipótesis o especulación de la parte que no trasciende
más allá de su dicho y se encuentre carente de cualquier medio de prueba que la
sustente.

Finalmente, no sobra indicar que en el presente debate la discusión tiene un
componente estrictamente patrimonial, en la medida que se evidencia una
inconformidad con el fallo de la autoridad judicial accionada, el cual afecta de manera
directa y negativa los intereses económicos de la accionante, dado que se ordenó la
terminación y liquidación del contrato de arrendamiento en el que pagaba un canon
de arrendamiento que esta muy por debajo de los precios del mercado, aspecto sobre
el cual se profirió una decisión por parte del juez natural de la causa y que no puede
ser abordado por el juez constitucional por encontrarse por fuera de su competencia.

A partir de lo expuesto, se reitera que el juez constitucional no está instituido como
órgano de control de las decisiones judiciales que son adoptadas en el curso de los
procesos, los cuales se adelantaron conforme las etapas que para tal efecto estableció
el legislador. De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la acción de
tutela y la desarticulación de la organización judicial.

Conforme lo anterior, la pretensión de la accionante refleja un inconformismo con las
conclusiones a las que llegó la autoridad judicial accionada, lo cual, per se no implica
una trasgresión de los derechos fundamentales.

12
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2.6. Conclusión

La Sala concluye que la discusión planteada en la acción de tutela no superó el
requisito de relevancia constitucional, por lo que se impone declarar su improcedencia.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Escuela Taller
Cartagena de Indias, el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y el
Tribunal Administrativo de Bolívar.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela formulada por la sociedad
Café del Mar S.A.S., y demás coadyuvantes contra la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En el evento de no ser impugnada la presente decisión, REMITIR el
expediente a la CorteConstitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

13
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