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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06140-00

Fecha
8 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06140-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia invocados por el señor Gabriel Antonio Martínez Gómez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-06140-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

8 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., ocho (8) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2023-06140-001
Actor : Gabriel Antonio Martínez Gómez
Accionado : Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión
Tema : Tutela contra providencia judicial
Derechos Al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y al
presuntamente acceso a la administración de justicia
vulnerados

Procede la Sala a dictar la sentencia que en Derecho corresponda dentro del trámite
relacionado con la acción de tutela incoada por el señor Gabriel Antonio Martínez
Gómez en contra del Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión,
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
seguridad social, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los hechos probados en el
expediente de tutela, así como los argumentos expuestos por el actor frente a la
decisión judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia
general de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá el caso concreto en torno
a las pretensiones de la acción de tutela.

Hechos probados.

a) En el proceso reposa el escrito del 9 de noviembre de 2021, mediante el cual el
tutelante solicitó de la Secretaría de Educación de Sucre el pago de las cesantías
correspondientes a la vigencia 2020, sus intereses y la respectiva sanción moratoria
por no cancelación, ante lo cual no obtuvo respuesta.

b) También se observa el certificado de extracto de cesantías e intereses expedido
por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en el que constan
los pagos efectuados al actor por esos conceptos desde 2012 hasta 2020.

1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la herramienta
electrónica para la gestión judicial denominada Samai.

Expediente: 11001-03-15-000-2023-06140-00
Gabriel Antonio Martínez Gómez

c) Adicionalmente, se aportó la sentencia del 31 de marzo de 2023, proferida por el
Juzgado Segundo (2°) Administrativo de Sincelejo que negó las pretensiones
formuladas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
incoado por el tutelante en contra del departamento de Sucre y la Nación – Ministerio
de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG), al considerar que ”(...) los docentes oficiales afiliados al FOMAG no
tienen derecho al reconocimiento y pago de las sanciones moratorias consagradas
en la Ley 50 de 1990 y la Ley 52 de 1975, asimismo el régimen docente es especial
y en lo atinente a las cesantías dicha autonomía surge de lo dispuesto en artículo 3
de la Ley 91 de 1989, así como lo señalado en la Ley 344 de 1996, disposición
última que extendió la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los servidores de las
entidades territoriales, excluyendo de ello específicamente al sector docente oficial
regido por la Ley 91 de 1989”.

d) Por otra parte, se encuentra un memorial que contiene el recurso de apelación
interpuesto por el demandante contra la providencia en comento, comoquiera que
la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-098 de 2018 determinó que a los
docentes les es aplicable el beneficio de la sanción moratoria establecida en el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la autoridad competente para girar los recursos
con los que se cubren las cesantías y sus intereses es la Nación, quien de hacerlo
de manera tardía deberá asumir las consecuencias de tipo económico que ello
acarrea.

e) El 10 de agosto de 2023 el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de
Decisión, desató la precitada alzada, en el sentido de confirmar la decisión de
primera instancia, al estimar que, “(...) en virtud del régimen especial de cesantías
predicable a los docentes, no hay lugar a conceder el reconocimiento de la sanción
moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 por el no pago o pago tardío de las cesantías
y los intereses a las cesantías”, en razón a que “(...) el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio tiene una naturaleza jurídica especial, como
una cuenta única en la que reposan los recursos destinados al pago de las
prestaciones económicas de los docentes, que se van repartiendo en la medida en
que van llegando las solicitudes de sus beneficiarios, de modo que su único requisito
es que siempre cuente con dineros para atender las peticiones, sin que sea viable
mantener estático el capital de cada empleado”.

2

Expediente: 11001-03-15-000-2023-06140-00
Gabriel Antonio Martínez Gómez

La demanda de tutela.

El señor Gabriel Antonio Martínez Gómez, por conducto de apoderado judicial,
interpuso el presente escrito de amparo con el fin de obtener la protección de los
derechos fundamentales antedichos, presuntamente vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión.

Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos el fallo del 10 de agosto de 2023,
mediante el cual el mencionado Tribunal2 confirmó la providencia del 31 de marzo
de 2023, donde el Juzgado Segundo (2°) Administrativo de Sincelejo negó las
pretensiones consignadas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
promovida en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de Sucre
(expediente 70001-33-33-002-2022-0554-01). En consecuencia, pidió que se
ordene a la autoridad accionada emitir una nueva sentencia en la que acceda a las
súplicas formuladas en el aludido asunto contencioso administrativo.

Hechos.

El tutelante adujo que el fallo enjuiciado incurrió en violación directa de la
Constitución, porque desconoció el artículo 53 Superior, el cual estipula derechos y
garantías mínimas de los trabajadores, dentro de los que se encuentra el principio
de favorabilidad, en virtud del cual el funcionario judicial debe aplicar la norma más
beneficiosa para el trabajador, lo que no se acató en su caso particular.

Manifestó que también se configuró un defecto sustantivo, en razón a que la
autoridad accionada no atendió el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por falta de
consignación del auxilio de cesantías antes del 15 de febrero de cada anualidad, a
la que tienen derecho los servidores públicos, condición que adquirieron los
maestros oficiales.

Finalmente, censuró que el fallo reprochado desconoció el criterio fijado por la Corte
Constitucional, en las sentencias C-741 de 2012, C-486 de 2016, SU-336 de 2017
y SU-098 de 2018, y el Consejo de Estado, en la providencia de unificación del 6 de
agosto de 20203, consistente en que como los docentes poseen la calidad de
servidores públicos, son destinatarios de la sanción moratoria dispuesta en el
numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

2
M. P César Enrique Gómez Cárdenas.
3
Sentencia CE-SUJ-SII-022-2020.

3

Expediente: 11001-03-15-000-2023-06140-00
Gabriel Antonio Martínez Gómez

II. TRÁMITE PROCESAL

Por satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a través de auto del 10
de octubre de 2023, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión (i)
ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión, y
(ii) dispuso vincular al Ministerio de Educación Nacional y al departamento de Sucre,
en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión. A través del
ponente del fallo acusado, sostuvo que no se quebrantaron los derechos
fundamentales invocados, por cuanto “(...) no existía aún una sentencia unificación
o un precedente que fije la forma de fallar estos asuntos o que en cierto modo
obligue a los jueces a aplicar el principio de favorabilidad. Si bien la Sentencia SU-
098 de 2018 planteó la aplicación del principio de favorabilidad para los docentes,
los supuestos fácticos y jurídicos analizados en esa oportunidad difieren de los
actualmente examinados, tal como se dijo en la sentencia hoy enjuiciada, en los que
el docente se encuentra debidamente afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio FOMAG, lo cual hace inaplicable el precedente
jurisprudencial”.

2.1.2 Ministerio de Educación Nacional y departamento de Sucre. Guardaron
silencio en la oportunidad prevista para el efecto.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver el asunto sometido a su
conocimiento, en virtud de las reglas de reparto de la acción de tutela previstas en
los Decretos 1382 de 2000 y 1983 de 2017.

3.2 Análisis general de procedencia de la acción de tutela.

Para determinar la procedencia de esta acción constitucional, se debe precisar que
la jurisprudencia constitucional4 ha establecido para tal propósito los siguientes
requisitos generales:

4
Corte Constitucional, SU-128 de 2021, M. P. Cristina Pardo Schlesinger.

4

Expediente: 11001-03-15-000-2023-06140-00
Gabriel Antonio Martínez Gómez

Requisito Explicación
Que la tutela no se emplee como una instancia adicional del
juicio ordinario ni que comporte discusiones meramente
legales y/o económicas, es decir, se debe fundamentar porqué
la cuestión planteada afecta derechos fundamentales.
Al respecto, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-573 de
20195, determinó que este presupuesto tiene 3 finalidades: “(i)
preservar la competencia y la independencia de los jueces de
1. Relevancia constitucional
las jurisdicciones diferentes a la constitucional 6 y, por tanto,
evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos
de mera legalidad7; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten
los derechos fundamentales 8 y, finalmente, (iii) impedir que la
acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces 9”.
Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
2. Subsidiariedad
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable.
Que la tutela se interponga en un término razonable y
3. Inmediatez
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración
Se debe demostrar, en caso de alegarse alguna irregularidad
Irregularidad procesal
procesal, que esta tiene un efecto decisivo o determinante en
4. debe tener impacto en la
la providencia objeto de reproche y que afecta garantías
sentencia que se ataca
superiores de la parte actora.
Que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos
Identificación de hechos y
que generaron la vulneración como los derechos
5. exponerlos en sede
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial
ordinaria
siempre que esto hubiese sido posible.
6. Que no se trate de Que la providencia reprochada no haya decidido un trámite de
sentencias de tutela tutela.

Adicionalmente, es necesario precisar que, el Consejo de Estado, mediante
sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-0110,
en cuanto al presupuesto de la inmediatez, precisó como término razonable para
ejercer la acción de tutela contra providencias judiciales dictadas por la jurisdicción
contencioso-administrativa, seis (6) meses contados a partir de su notificación o
ejecutoria.

Para arribar a la anterior conclusión, el Consejo de Estado sostuvo que, aunque el
presupuesto de inmediatez es exigible para todas las acciones de tutela, lo cierto es
que, cuando se trata de un recurso de amparo contra providencias judiciales, el
lapso de seis (6) meses se justifica como resultado de la garantía de los principios
de cosa juzgada y seguridad jurídica, sin contar que, con ello se pueden vulnerar
derechos de terceros.

5
M. P. Carlos Bernal Pulido.
6
Sentencia C-590 de 2005.
7
Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610 de 2009, T-896 de
2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-
406 de 2014.
8
Sentencia C-590 de 2005.
9
Sentencia T-102 de 2006.
10
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S. A., Accionada: Sección Primera, Consejo de Estado, C. P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.

5

Expediente: 11001-03-15-000-2023-06140-00
Gabriel Antonio Martínez Gómez

Sin perjuicio de lo expuesto, en dicha providencia se advirtió que resulta
indispensable analizar la situación concreta sometida al juez de tutela, en particular,
“(…) (i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la
inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros
afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la
acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; 11 (iv) si el
fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria
de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de
la fecha de interposición12.”13”.

De igual modo, aceptó que, conforme a la jurisprudencia constitucional 14, existen
dos excepciones a la aplicación del requisito de inmediatez, estas son: “(i) cuando
se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el
hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de
la tutela, la situación es continua y actual. Y (ii) cuando la especial situación de
aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, hace
desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo,
el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros”. Situaciones que deberán ser analizadas en cada caso, en el
evento en que se acuda a la tutela en un término superior al mencionado (6 meses).

Esbozado el anterior panorama, debe examinarse si los anteriores presupuestos se
configuran en el asunto bajo estudio, para proseguir así con el estudio de las
causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial, de la siguiente manera:

Requisito Cumplimiento Si - No
Sí. Por cuanto (i) los reproches consistentes en la indebida
aplicación normativa y la falta de atender jurisprudencia de la
Corte Constitucional sobre la materia (sanción moratoria para
docentes por pago tardío de sus cesantías anualizadas) y el
1. principio de favorabilidad no comportan asuntos de mera
legalidad; (ii) las presuntas irregularidades indicadas tienen la
entidad de afectar sus garantías superiores al debido proceso,
Relevancia constitucional a la seguridad social, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia del actor y (iii) las inconformidades
aquí enunciadas no son reiteración de los argumentos
planteados en las diligencias ordinarias, por tanto, no
involucran una tercera instancia ni se emplea esta tutela como
un recurso adicional contra el fallo censurado.

11
Sentencia SU-961/99.
12
Sentencia T-814/05. Ver también, Sentencia T-728/02.
13
Corte Constitucional. Sentencia T-189 de 2009.
14
Sentencia T-584 de 2011.

6

Expediente: 11001-03-15-000-2023-06140-00
Gabriel Antonio Martínez Gómez

2. Sí. Contra el fallo acusado no procede recurso alguno, toda vez
que, se emitió en segunda instancia y se encuentra
ejecutoriado.
Subsidiariedad De igual modo, no se advierte que los reproches formulados se
enmarquen dentro de alguna de las causales previstas en el
artículo 25015 del CPACA para interponer en contra del fallo
acusado recurso extraordinario de revisión.
3. Sí. La determinación judicial atacada quedó ejecutoriada el 18
de septiembre de 202316 y la solicitud de amparo se instauró el
Inmediatez
29 de septiembre del mismo año, es decir, dentro de un término
prudencial (11 días)
4. Irregularidad procesal
debe tener impacto en la Sí. No se alega irregularidad procesal alguna.
sentencia que se ataca
5. Identificación de hechos y
Sí. Se establecieron los hechos que originaron el supuesto
exponerlos en sede
quebranto de las aludidas garantías superiores
ordinaria
6. Que no se trate de
Sí. La providencia acusada no desató una acción de tutela
sentencia de tutela

De lo anterior se evidencia que la presente acción de tutela cumple los presupuestos
generales de procedibilidad contra providencia judiciales, razón por la cual esta Sala
procederá a formular el problema jurídico que deberá resolver en el presente asunto.

3.3 Problema jurídico.

Le corresponde a esta Subsección determinar si la sentencia del 10 de agosto de
2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión,
que confirmó el fallo del 31 de marzo de 2023, proferido por el Juzgado Segundo
(2°) Administrativo de Sincelejo, vulneró los derechos fundamentales invocados por
el actor, tras considerar que, en esencia (i) se desconoció el artículo 53 de la
Constitución Política que establece derechos y garantías mínimas de los
trabajadores y el principio de favorabilidad; (ii) no se atendió el artículo 99 de la Ley
50 de 1990, por falta de consignación del auxilio de cesantías antes del 15 de
febrero de cada anualidad, a la que tienen derecho los maestros oficiales, y (iii) se
inaplicó el criterio fijado por la Corte Constitucional, en las sentencias C-741 de

15
“Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido
proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra
de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su
expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal
necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue
dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue
rechazada”.
16
De acuerdo con lo verificado en la herramienta electrónica Samai, el correo electrónico mediante el cual se comunicó la
decisión cuestionada fue enviado el 11 de septiembre de 2023, motivo por el cual se entiende notificada a los dos (2) días
siguientes, esto es, el 13 de los mismos mes y año, conforme al artículo 205 (numeral 2) del CPACA.

7

Expediente: 11001-03-15-000-2023-06140-00
Gabriel Antonio Martínez Gómez

2012, C-486 de 2016, SU-336 de 2017 y SU-098 de 2018, y el Consejo de Estado,
en la providencia de unificación del 6 de agosto de 202017.

Con ese propósito, la Sala se pronunciará, concretamente, sobre los requisitos
específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, a
saber: (i) desconocimiento del precedente legal y constitucional, (ii) defecto
sustantivo y (iii) violación directa de la Constitución Política.

3.4 La acción.

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por
los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, fue
concebida como un mecanismo excepcionalísimo para la protección de los
derechos fundamentales de los ciudadanos, en todo tiempo y lugar frente a su
amenaza o transgresión, en principio, frente a la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública, y, en casos concretos respecto a particulares, siempre que no se
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo
transitorio.

El perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas circunstancias
específicas que si bien se analizan en cada caso concreto, deben hallarse
presentes, a saber: (i) que su ocurrencia sea inminente, es decir, no resulta
suficiente que exista una mera posibilidad de que se produzca el daño; (ii) que la
gravedad de los hechos sea de tal magnitud que cause un daño de gran intensidad
sobre la persona afectada; (iii) que resulte urgente la medida de protección para
que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (iv) que la
acción sea impostergable, esto es, que de configurarse el perjuicio no exista forma
de reparar el daño producido a ese derecho18.

3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales.

La Sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional sistematizó las denominadas
vías de hecho en las cuales podían incurrir las providencias dictadas por los jueces
de la República en sus distintas especialidades (penal, civil, laboral, contencioso
administrativo, y demás) y, por consiguiente, la procedencia excepcional de la

17
Sentencia CE-SUJ-SII-022-2020.
18 Corte Constitucional, sentencia T-003 de 2022, M. P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.

8

Expediente: 11001-03-15-000-2023-06140-00
Gabriel Antonio Martínez Gómez

acción de tutela en contra de estas. Posteriormente, mediante la Sentencia T-217
de 2010 esa misma Corporación rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de
tutela contra sentencias y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales generales y específicas de procedibilidad con el propósito de destacar,
con mayor énfasis, la excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, la cual solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional
resulta procedente. Dicha tesis sigue vigente, por ejemplo, entre otras, en la
Sentencia SU-128 de 2021.

En esa medida, la actual doctrina constitucional establece que únicamente procede
la acción de tutela en contra de decisiones judiciales cuando se cumplen, además
de los requisitos generales relacionados en precedencia, los específicos que se
relacionan a continuación, denominados, defectos:

Defecto Explicación
1. Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
Orgánico
providencia impugnada, carece de competencia.
2. Se origina cuando el juez actúa completamente al margen del
Procedimental absoluto
procedimiento establecido.
3. Surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que
Fáctico permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
4. Cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
Material o sustantivo inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre las consideraciones y la decisión.
5. Se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
Error inducido parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que
afecta derechos fundamentales.
6. Implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales
Decisión sin motivación de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones.
7. En estos casos la tutela procede como mecanismo para
Desconocimiento del
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
precedente
vinculante del derecho fundamental quebrantado.
8. Procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía
Violación directa a la de hecho, vale decir, en eventos en los que, si bien no se está
Constitución ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones
ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

Por otra parte, se destaca que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, en principio había sostenido que la acción de tutela resultaba
improcedente para controvertir decisiones judiciales19, no obstante, rectificó su
posición mediante sentencia del 31 de julio de 201220, en el sentido de disponer que

19
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C.
P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-
429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2
de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-
01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
20
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.

9

Expediente: 11001-03-15-000-2023-06140-00
Gabriel Antonio Martínez Gómez

la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren
derechos fundamentales, con observancia de los parámetros fijados
jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la
jurisprudencia, lineamientos que esta Subsección con anterioridad al fallo citado ha
aplicado en los términos antes expuestos21.

En el sub lite se alega que el fallo acusado incurrió en: (i) desconocimiento del
precedente legal y constitucional, (ii) defecto sustantivo y (iii) violación directa de la
Constitución Política.

Respecto del desconocimiento del precedente se evidencia que tiene dos
modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela contra
providencia judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii) como defecto
sustantivo por el desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen
en el artículo 241 superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados
por la Corte Constitucional en su jurisprudencia 22, y la segunda hace referencia a
cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin
justificación suficiente, lo que lleva a concluir que la providencia incurre en defecto
sustantivo23 conforme a los principios del debido proceso, igualdad y buena fe24.

En relación con el defecto sustantivo, resulta oportuno precisar que el artículo 230
de la Constitución Política consagra que los jueces se encuentran sometidos al
imperio de la ley. En virtud de ese mandato, las autoridades judiciales deben decidir
las discusiones de acuerdo con las normas que regulan la materia, como expresión
del principio de legalidad.

21
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-
01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-
00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
22
Sentencia T-360 de 2014: «[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando:
(i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii)
se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto
que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una
sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela».
23
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos
Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa,
T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M.
P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo.
24
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván
Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

10

Expediente: 11001-03-15-000-2023-06140-00
Gabriel Antonio Martínez Gómez

La jurisprudencia constitucional25 ha precisado que la providencia judicial proferida
con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado defecto
sustantivo, que se configura cuando el litigio es desatado con fundamento en una
disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue derogada, declarada
inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con el decidido, la
interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente se omite
aplicarla.

Sobre el particular, la Corte Constitucional sostuvo que este defecto implica “(...) la
existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el
proceso de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas al caso
sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la procedencia de
la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta trascendencia, que
lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
constitucionales”26.

En cuanto a la violación directa de la Constitución Política, se tiene que esta se
configura cuando el juez ordinario adopta una postura que la desconoce, y en el
evento de la tutela contra providencia judicial, cuando (i) en esta se deja de
interpretar y aplicar una disposición legal de acuerdo con el precedente
constitucional, (ii) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata y (iii)
el juez en sus decisiones vulnera derechos fundamentales sin aplicar el principio de
interpretación conforme a la Carta Política.

3.6 Solución al caso concreto.

La parte actora acudió a la presente acción de amparo con la finalidad de solicitar
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad
social, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, los cuales consideró
conculcados por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión. Lo
anterior, en virtud del fallo de nulidad y restablecimiento del derecho dictado por esa
autoridad judicial, que confirmó la sentencia de primera instancia del 31 de marzo
de 2023 emitida por el Juzgado Segundo (2°) Administrativo de Sincelejo, a través
de la cual negó las pretensiones que apuntaban a la anulación del acto
administrativo derivado del silencio administrativo negativo por la omisión de
responder la petición del 9 de noviembre de 2021, negando así el reconocimiento

25
Sentencias T-781 del 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
26
Sentencia T-259 del 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-06140-00
Gabriel Antonio Martínez Gómez

de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, como la
indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías señaladas en la
Ley 52 de 1975 y el Decreto 1176 de 1991.

Puesta así la situación, a continuación, la Sala analizará cada uno de los reproches
endilgados por la parte demandante:

3.6.1 Desconocimiento del precedente.

En el asunto sub judice se tiene que el accionante adujo que la providencia
reprochada incurrió en desconocimiento del precedente, toda vez que, el Tribunal
accionado acogió una postura jurisprudencial que no se aviene a su caso e
inobservó las sentencias C-741 de 2012, C-486 de 2016, SU-336 de 2017 y SU-098
de 2018 de la Corte Constitucional y la providencia de unificación del 6 de agosto
de 2020 del Consejo de Estado, en las que se sostuvo que, “(...) en virtud del
principio de igualdad, in dubio pro operario y de conformidad con la Ley 244 de
1995(,) adicionada por la Ley 1071 de 2006(,) no se debe excluir al sector oficial
docente de la aplicación de la Ley 50 de 1990, pues al tener los mismos carácter de
servidores públicos, son beneficiarios de la sanción moratoria prevista en dichas
disposiciones a modo de correctivo, represivo e inclusive preventivo para garantizar
el pago oportuno de la prestación social (...)”.

Naturaleza del auxilio de cesantías

Para desatar el presente asunto, resulta indispensable precisar que el auxilio de
cesantías es una prestación social a la que todos los empleados tienen derecho,
cuya finalidad primaria consiste en “(...) cubrir o prever las necesidades que se
originan para el trabajador con posterioridad al retiro de una empresa, por lo que
resulta un ahorro obligado orientado a cubrir el riesgo de desempleo”27, que
actualmente también promueve el acceso de los trabajadores a los componentes
de educación y vivienda.

De acuerdo con el artículo 115 de la Ley 115 de 1994, los docentes oficiales reciben
el auxilio de cesantías conforme a los parámetros establecidos por el artículo 15
(numeral 3)28 de la Ley 91 de 1989, norma que distingue los beneficiarios del

27
Corte Constitucional, sentencia C-823 de 4 de octubre de 2006, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
28
“Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción
de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario
sobre el salario promedio del último año.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-06140-00
Gabriel Antonio Martínez Gómez

régimen de cesantías retroactivas y aquellos a quienes les es aplicable el de
cesantías anualizadas con intereses y sin retroactividad. El reconocimiento de dicha
prestación social corresponde al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, mediante las secretarías de educación de los entes territoriales
correspondientes, y su pago lo efectúa la sociedad fiduciaria que administre los
recursos del fondo, que en la actualidad es la Fiduciaria La Previsora S. A.
(Fiduprevisora S. A.), cuyo trámite estaba previsto en el Decreto 2831 de 200529.

En lo que atañe a la administración de los recursos del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 estipuló:

“Las cesantías definitivas y parciales de los docentes de que trata la Ley 91 de 1989
serán reconocidas y liquidadas por la Secretaría de Educación de la entidad territorial
y pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

(...)

Para el pago de las prestaciones económicas y los servicios de salud, el Fondo
deberá aplicar el principio de unidad de caja con el fin de lograr mayor eficiencia en
la administración y pago de las obligaciones definidas por la ley, con excepción de los
recursos provenientes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades
Territoriales - FONPET. En todo caso, el Fondo debe priorizar el pago de los servicios
de salud y de las mesadas pensionales de los maestros.

Los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio sólo podrán
destinarse para garantizar el pago de las prestaciones económicas, sociales y
asistenciales a sus afiliados docentes, pensionados y beneficiarios. No podrá
decretarse el pago de indemnizaciones económicas por vía judicial o administrativa
con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

PARÁGRAFO. La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora
en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se
genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la
radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaria
de Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
En estos eventos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será
responsable únicamente del pago de las cesantías.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para efectos de financiar el pago de las sanciones por
mora a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio causadas
a diciembre de 2022, facúltese al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para emitir
Títulos de Tesorería que serán administrados por una o varias sociedades fiduciarias
públicas; así mismo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público definirá la operación,
las reglas de negociación y pago de los mismos. El Consejo Directivo del FOMAG
efectuará la adición presupuestal de los recursos de los que trata el presente
parágrafo”.

Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad
a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de
diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés,
que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema
financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de
1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales
vigentes para los empleados públicos del orden nacional”.
29
“Por el cual se reglamentan el inciso 2° del artículo 3 y el numeral 6 del artículo 7 de la Ley 91 de 1989, y el artículo 56 de
la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones”.

13

Expediente: 11001-03-15-000-2023-06140-00
Gabriel Antonio Martínez Gómez

De lo trascrito en precedencia se colige que los recursos girados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) son administrados conforme al
concepto de unidad de caja, con el fin de garantizar el pago de las prestaciones
sociales de los docentes, entre las que se encuentran las cesantías y sus intereses,
lo cual implica que no se realice consignación a cada profesor en una cuenta
individual, salvo que se trate de una solicitud de pago en ese sentido.

En cuanto al régimen de cesantías anualizadas, el artículo 99 de la Ley 50 de 1990
prevé:

“Artículo 99. El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía tendrá las siguientes
características:

1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en
fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen
tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que
se liquide definitivamente.

3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de
febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo
de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado
deberá pagar un día de salario por cada retardo (...)” (Énfasis propio).

Frente al mencionado régimen de cesantías, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, por medio de la sentencia de unificación del 25 de agosto de 201630,
arribó a las siguientes conclusiones:

“1.- Las cesantías anualizadas, son una prestación imprescriptible. Las cesantías
definitivas sí están sometidas al fenómeno de la prescripción.

2.- La sanción o indemnización moratoria sí está sometida al fenómeno de prescripción
trienal y la norma aplicable para ese efecto, es el artículo 151 del Código de
Procedimiento Laboral.

3.- La fecha a partir de la cual procede la reclamación de la indemnización por la mora
en la consignación de las cesantías anualizadas, es el momento mismo en que se
produce la mora, es decir, desde el 15 de febrero del año en que se debió realizar el
pago.

4.- La fecha hasta la cual corre la mora, producto del incumplimiento en la consignación
de las cesantías anualizadas, es aquella en que se produce la desvinculación del
servicio.

5.- El salario a tener en cuenta para liquidar la indemnización moratoria es el que
devenga el empleado en el momento en que se produce la mora, y cuando concurren
dos o más periodos de cesantías y una mora sucesiva, el salario a tener en cuenta para
la liquidación cambia en el momento en que se genera un nuevo periodo de mora, en
los términos previamente descritos”.

30
Expediente 08001-23-31-000-2011-00628-01(0528-14) CE-SUJ2-004-16, C. P. Luis Rafael Vergara Quintero.

14

Expediente: 11001-03-15-000-2023-06140-00
Gabriel Antonio Martínez Gómez

Empero, a través de auto del 7 de noviembre de 2019, esta Sección consideró
necesario aclarar el alcance de la citada providencia, en atención a ciertas
inconsistencias entre las conclusiones adoptadas frente al cómputo del término
prescriptivo de la sanción moratoria y la solución impartida al caso allí estudiado,
por lo que seleccionó el expediente 08001-23-33-000-2013-00666-01, con fines de
unificar jurisprudencia, asunto en el cual profirió la sentencia CE-SUJ-SII-022-2020
del 6 de agosto de 2020, en la que fijó las siguientes reglas:

“PRIMERO: UNIFICAR JURISPRUDENCIA en la Sección Segunda del Consejo de
Estado, para señalar en cuanto a la prescripción de la sanción moratoria de la Ley 50
de 1990, las siguientes reglas jurisprudenciales:

i) El momento a partir del cual se contabiliza el término de la prescripción de la sanción
moratoria de las cesantías anualizadas prevista en la Ley 50 de 1990, es desde su
causación y exigibilidad, es decir, el 15 de febrero de la anualidad siguiente, por ende,
la reclamación administrativa deberá presentarse dentro de los tres años siguientes, so
pena de configurarse la prescripción extintiva.

ii) En el evento en que se acumulen anualidades sucesivas de mora en la consignación
de cesantías anualizadas, el término prescriptivo de la sanción prevista en la Ley 50 de
1990 deberá contabilizarse de manera independiente por cada año, de tal modo que el
empleado dispone de 3 años contados a partir del 15 de febrero del año siguiente a su
causación para reclamar la sanción moratoria por la anualidad correspondiente, so pena
de su extinción”.

De conformidad con lo citado, el término de prescripción de que trata el artículo 151
del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en el caso de la sanción
por mora prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, debe computarse desde el
primer día en que se cause el incumplimiento, de manera que si la exigibilidad de
aquella penalidad se origina el 15 de febrero frente a las cesantías correspondientes
a la anualidad inmediatamente anterior, la respectiva reclamación administrativa
deberá ser presentada dentro de los tres años siguientes, so pena de configurarse
la prescripción extintiva. Asimismo, en el caso de acumulación de anualidades, el
término prescriptivo deberá contabilizarse de manera independiente por cada año.

Por consiguiente, resulta claro que, por omitir consignar las cesantías en los
términos previstos en el régimen anualizado, el empleador, como se dijo, tendría
que pagar la sanción moratoria dispuesta en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
esto es, un día de salario por cada uno de retardo, la cual puede verse afectada por
la prescripción de no ser reclamada dentro de los tres años siguientes a la fecha en
que se origine. Sin embargo, en la referida sentencia de unificación no se advierte
que de dicha sanción sean destinatarios los docentes, por cuanto versó sobre un
caso en el que la demandante fue nombrada como Secretaria de Salud de
Sabanagrande (8 de julio de 2005), se encontraba afiliada un fondo privado de

15

Expediente: 11001-03-15-000-2023-06140-00
Gabriel Antonio Martínez Gómez

cesantías (Colfondos) y deprecó el reconocimiento de esa sanción por consignación
tardía de esa prestación correspondiente a los años 2005, 2006 y 2007.

Por otra parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-336 de 201731, determinó
“que aquellas personas que se desempeñan como docentes al servicio del Estado
tienen derecho, previo cumplimiento de los requisitos legales y según se evalúe en
cada caso concreto, (a) la (referida) sanción moratoria (...) establecida en la Ley 244
de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006”.

De igual modo, esa misma Corporación en Sentencia SU-098 de 201832, precisó
que “aunque la norma que establece la sanción moratoria por la no consignación de
las cesantías en los términos que contempla el numeral (3) del artículo 99 de la Ley
50 de 1990, el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 y su Decreto Reglamentario 1582
de 1998, y el Decreto 1252 de 2000, no esté expresamente consagrada a favor de
los miembros del Magisterio, en virtud del principio de interpretación conforme a la
Constitución y favorabilidad en materia laboral, les correspondía aplicar la
interpretación más beneficiosa para el trabajador, esto es, que los docentes sí son
destinatarios de la norma que consagra la referida sanción”.

No obstante, dicha Corporación, en providencia SU-573 de 201933, consideró:

“[L]os accionantes allegaron ante el juez de primera instancia la Sentencia SU-098 de
201834 , por medio de la cual la Corte Constitucional resolvió sobre el “pago de la
sanción moratoria por la no consignación de las cesantías en la fecha indicada en la
ley, así como de los intereses y los rendimientos financieros que se causaron con
dicho retardo”35 . A pesar de no haber sido parte del debate procesal en sede de
tutela, esta sentencia tampoco constituye un precedente aplicable al asunto sub
examine respecto del cual se pueda evidenciar prima facie una amenaza de
vulneración a los derechos fundamentales de los tutelantes, por cuanto: (i) la decisión
es posterior a las providencias judiciales cuestionadas en sede de tutela y, (ii) no
obstante la Corte se pronunció sobre la sanción moratoria por no consignación
oportuna de las cesantías prevista por la Ley 50 de 1990, artículo 13 de la Ley 344
de 1996 y los Decretos 1582 de 1998 y 1252 de 2000, la ausencia de identidad fáctica
también “impide aplicar el precedente al caso concreto” 36, como pasa a explicarse.

Criterios Sentencia SU-098 de 2018 Caso sub examine
Docentes inscritos en el
escalafón docente de
Vinculación Docente en provisionalidad.
carrera con nombramiento
en propiedad.
Vigencia del El vínculo del docente terminó, Actualmente, los docentes
vínculo laboral dado que se acogió a lo dispuesto se encuentran vinculados

31
M. P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.
32
M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
33
M. P. Carlos Bernal Pulido
34
Fls. 82-113, Cdno. 1 del expediente T-7.457.373, fls. 83-114, Cdno. 1 del expediente T-7.457.923 y fls. 77-108, Cdno. 1 del
expediente T-7.466.562.
35
Sentencia SU-098 de 2018.
36
Sentencia SU-354 de 2017.

16

Expediente: 11001-03-15-000-2023-06140-00
Gabriel Antonio Martínez Gómez

en el Decreto 1278 de 2002. Por con el Departamento del
tal razón, la Secretaría de Atlántico y su vínculo
Educación de este municipio laboral se ha mantenido
expidió la Resolución N° vigente sin solución de
4143.3.21.5447 del 22 de octubre continuidad37.
de 2007, por la cual reconoció el
pago de las prestaciones sociales
definitivas e informó que el pago
se realizaría en el respectivo
Fondo de Cesantías.
El docente nunca fue afiliado al
Fondo Nacional de Prestaciones
Afiliación al Los docentes sí fueron
Sociales del Magisterio (FOMAG)
FOMAG afiliados al FOMAG.
ni a otro fondo, por un error
interno.
Los docentes no
Una vez culminó su relación
reclamaron el pago
laboral con el Municipio de
efectivo de las cesantías
Reclamación Santiago de Cali, al docente le
de los años 2001, 2002 y
efectiva de reconocieron el pago de las
2003. No obstante, sí
pago de las prestaciones sociales, entre
solicitaron el pago de la
cesantías estas, las cesantías.
sanción moratoria por no
consignación de las
cesantías por dicho periodo.
El docente solicitó el
Los docentes solicitaron el
Tipo de reconocimiento, liquidación y
reconocimiento y pago de la
sanción pago de la sanción moratoria por
sanción moratoria por la no
moratoria la no consignación de las
consignación oportuna de
reclamada cesantías, los intereses a las
las cesantías”.
cesantías ni los rendimientos.

Con base en lo trascrito, se concluye que, si bien la Corte Constitucional en la
Sentencia SU-098 de 2018 afirmó que los docentes son destinatarios de la sanción
moratoria establecida en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
posteriormente, en la Sentencia SU-573 de 2019, aclaró que aquella sentencia no
constituía precedente aplicable para los eventos en los que los maestros (i)
estuvieron inscritos en el escalafón de carrera con nombramiento en propiedad, (ii)
tuvieran vinculación laboral vigente con el respectivo ente territorial, (iii) fueran
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y (iv) no hayan
solicitado el pago efectivo de las cesantías.

Lo anterior, por cuanto en la referida Sentencia SU-098 de 2018 se analizó un caso
en el que el tutelante tenía nombramiento de profesor en provisionalidad, el cual
había terminado, por lo que le asistía el derecho al pago de cesantías definitivas
(que fue su pretensión), y, por ese vínculo, no estuvo afiliado al FOMAG; supuestos
que no son equiparables al personal docente que solicite la sanción moratoria por
falta de consignación de las causadas en forma anualizada.

37
Fls. 63, 64, 67 y 71 del Cdno. Principal.

17

Expediente: 11001-03-15-000-2023-06140-00
Gabriel Antonio Martínez Gómez

Ahora bien, para definir el criterio referente al reconocimiento de la sanción por la
mora en el pago de las cesantías anualizadas en el caso de los docentes oficiales,
el Consejo de Estado, Sección Segunda, mediante reciente sentencia de unificación
SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, expediente 66001-33-33-001-
2022-00016-01 (5746-2022), se señaló:

“121. Liquidación y manejo de las cesantías. En el modelo previsto por la Ley 50 de
1990, el valor correspondiente a la liquidación definitiva que se efectúe a 31 de
diciembre de la respectiva anualidad o fracción deberá ser consignado por el empleador
antes del 15 de febrero del año siguiente, en la cuenta individual a nombre del
trabajador y en el fondo de cesantías escogido por este.

122. Por otra parte, los recursos que administra el FOMAG, por concepto de cesantías
de sus afiliados, se financian con cargo a los recursos del SGP con destinación
específica de educación. Estos se descuentan directamente de los rubros que se
distribuyen por doceavas para la prestación del servicio […] y pueden hacer uso del
principio de unidad de caja con el fin de cubrir las prestaciones que se causen en cada
período.

123. Así, los recursos que gira el Ministerio de Educación (SGP) y la entidad territorial
(con recursos propios por concepto de deuda […]) ingresan al FOMAG a cubrir todas
las obligaciones exigibles de conformidad con el principio de unidad de caja. Ello
significa que el presupuesto debe contener todos los ingresos y gastos consolidados
en un único instrumento o documento y, a su vez, se desagregan en una única caja o
tesorería y así los pagos se realizan con los fondos de aquella. En suma, no existen
cuentas individuales para la consignación del auxilio de cada docente.

(...)

147. Según las anteriores precisiones, el sistema especial de administración de
cesantías de los docentes afiliados al FOMAG es incompatible con el artículo 99 de la
Ley 50 de 1990. En este sentido, se advierte que el artículo 13 de la Ley 344 de 1996
amplió la aplicación de las normas vigentes en materia de cesantías, pero hizo la
salvedad, de que ello es «sin perjuicio de lo estipulado en la Ley 91 de 1989». Esto se
traduce en que lo allí dispuesto no incluyó al personal docente, a esta misma conclusión
llegó la Corte Constitucional en la sentencia C-928 de 2006, en la cual estudió la
constitucionalidad del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

148. Asimismo, el Decreto 1582 de 1998 no extendió la sanción moratoria de la Ley 50
de 1990 a los docentes oficiales, como tampoco lo hizo el Decreto 1252 de 2000 al
disponer que los empleados públicos tienen derecho «al pago de las cesantías en los
términos establecidos en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de 1998, según el
caso […]», aun cuando exista un «régimen especial» que los regule. Lo anterior, por
cuanto este último contiene la precisa referencia al pago de la prestación, que es tan
solo uno de los elementos que integran el régimen anualizado, lo cual, en efecto se
cumple, pues los eventos en los que hay lugar a aquel son comunes en cada uno de
los sistemas especiales cuyo rigor se mantiene, de acuerdo con el inciso señalado.

149. Además, del contenido normativo previsto en el mencionado Decreto 1252 de
2000, se deduce que su intención fue la de precisar que todos los empleados públicos
quedaran sometidos al régimen anualizado de cesantías, que por regla general es el
regulado por la Ley 50 de 1990, sin que ello implicara que todos quedaran cobijados
por dicho sistema de administración. Esta conclusión es coherente con la mención de
la Ley 432 de 1998, cuyos destinatarios conservaron las reglas a las que se
encontraban sometidos y no a la Ley 50 de 1990. En consecuencia, la falta de precisión
frente a la Ley 91 de 1989 en modo alguno podía conllevar la modificación de la
normativa que los gobernaba, sino que se acompasa con la disposición del 2000,
puesto que el personal docente ya estaba regulado por un régimen anualizado de
cesantías”.

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Con base en lo anterior, en dicha providencia se fijó la siguiente regla
jurisprudencial:

“Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera
que es incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la
Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté
afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción
moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente
estatal”.

En consecuencia, y a partir de los parámetros establecidos por la Sección Segunda
de esta Corporación, a los docentes oficiales afiliados al FOMAG no les asiste
derecho al reconocimiento de la sanción moratoria establecida el artículo 99
(numeral 3) de la Ley 50 de 1990, habida cuenta de que para ellos, se insiste, existe
un sistema de administración especial consagrado en la Ley 91 de 1989.

En el sub lite, en la sentencia acusada, el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala
Segunda de Decisión, determinó que no era dable aplicar la sanción moratoria por
cancelación tardía de las cesantías anualizadas al personal docente, tras
argumentar que el régimen previsto en la Ley 50 de 1990 no le es aplicable al
demandante, pues las particularidades administrativas con que funciona la
consignación de la prestación al interior del régimen especial de los docentes en la
Ley 91 de 1989, esto es, en virtud del denominado principio de unidad de caja, no
configura los supuestos legales para que resulte procedente la sanción por
consignación luego del 14 de febrero siguiente a la causación.

Al respecto, esta Sala considera que la argumentación expuesta por la autoridad
accionada satisface los criterios de suficiencia y transparencia que se exigen para
motivar razonablemente las decisiones judiciales, por lo que no puede entenderse
como desconocimiento del precedente jurisprudencial, puesto que, en efecto, al
momento de emitir sentencia ni la Corte Constitucional ni el Consejo de Estado
habían efectuado pronunciamiento alguno relacionado con el referido principio de
unidad de caja, en virtud del cual se cancelan las prestaciones sociales de los
docentes; en todo caso, como se dejó anotado, el Consejo de Estado ya fijó un
criterio de unificación sobre la materia que guarda correspondencia con lo
determinado por el Tribunal demandado.

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Por otra parte, adujo el tutelante que la autoridad accionada inaplicó el contenido de
las sentencias C-741 de 201238, C-486 de 201639, SU-336 de 2017 y SU-098 de
2018, en las que la Corte Constitucional señaló que los maestros tienen la calidad
de servidores públicos, por tanto, son destinarios de la sanción moratoria
consagrada en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, frente a lo que se
indica que no se desconoció tal condición, diferente es que, la negativa se haya
fundamentado en el principio de unidad de caja contemplado en el artículo 57 de la
Ley 1955 de 2019, en virtud del cual la consignación de las cesantías a ese personal
no se efectúa a la cuenta individual de cada maestro, como lo prevé la Ley 50 de
1990, sino a una común, en los términos del régimen especial establecido en la Ley
91 de 1989.

Sobre el particular, se aclara que, si bien esta Sala en otros casos había accedido
al amparo deprecado, en el sentido de determinar que era viable conceder la
sanción moratoria reclamada por los tutelantes en su condición de docentes, los
argumentos planteados en ese momento tenían su génesis en que ellos carecían
de la calidad de servidores públicos, lo cual dista de lo expuesto en este proceso,
pues el Tribunal accionado, para sustentar la decisión acusada examinó el artículo
57 de la Ley 1955 de 2019, relativo al pago de las prestaciones sociales de los
maestros en virtud del principio de unidad de caja, tema que, se insiste, al momento
de emitir el fallo censurado no había sido objeto de pronunciamiento por parte de la
Corte Constitucional ni del Consejo de Estado, por lo que no se puede entender que
ese razonamiento inobserva precedente jurisprudencial alguno, en la medida en que
no existía criterio al respecto. No obstante, la postura de la Corporación accionada
también se aviene al criterio actualmente fijado en la precitada sentencia de
unificación del 11 de octubre de 2023.

Por consiguiente, se concluye que el fallo atacado no incurrió en el desconocimiento
del precedente.

3.6.2 Defecto sustantivo.

En el asunto sub examine se evidencia que el actor alegó que el fallo atacado
incurrió en defecto sustantivo, por cuanto no aplicó el artículo 99 de la Ley 50 de

38
M. P. Nilson Pinilla Pinilla. En esa providencia se determinó que los docentes tienen la calidad de servidores públicos.
39
M. P. María Victoria Calle Correa. En ese fallo se decidió que los maestros son servidores públicos con características
especiales.

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1990, pese a que procedía la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías
correspondientes a la vigencia de 2020, dado que se hizo después del 14 de febrero
de 2021.

En atención a las consideraciones expuestas en líneas precedentes, la Sala observa
que el precitado argumento no es de recibo, toda vez que, el artículo 99 de la Ley
50 de 1990 prevé que “(e)l valor liquidado por concepto de cesantía se consignará
antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del
trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el
plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo”, normativa que el
tribunal accionado estimó que no resultaba aplicable, en razón a que el pago de las
cesantías de los maestros se efectúa en virtud del principio de unidad de caja,
establecido en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, es decir, a una cuenta global
y no a una individual, como lo ordena la Ley 50 de 1990, por lo que no era dable
reconocer la sanción moratoria deprecada, lo que constituye una interpretación
razonable de la norma, al advertir que no se satisfacen los presupuestos enunciados
para su aplicación (consignación en una cuenta individual).

De acuerdo con lo anterior, la providencia cuestionada no incurrió en defecto
sustantivo, toda vez que, el Tribunal accionado no efectuó una interpretación
irrazonable ni desproporcionada de la Ley 50 de 1990.

3.6.3 Violación directa de la Constitución Política.

En el sub lite el demandante señaló que la providencia cuestionada comportó
violación directa de la Constitución Política, por cuanto inobservó el principio de
favorabilidad consagrado en el artículo 53 Superior.

En lo atinente al principio de favorabilidad, la Corte Constitucional, en la Sentencia
SU-332 de 201940, determinó que “(...) se aplica en los casos en que existe duda
sobre la disposición jurídica aplicable, en tanto se encuentran dos o más textos
legislativos vigentes al momento de causarse el derecho. En tales eventos, “los
cánones protectores de los derechos del trabajador y la seguridad social ordenan la
elección de la disposición jurídica que mayor provecho otorgue al trabajador, o al

40
Corte Constitucional, sentencia SU-332 del 25 de julio de 2019, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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afiliado o beneficiario del sistema de seguridad social”41”.

Así, se advierte que, en el caso concreto no se inobservó el mencionado principio,
toda vez que, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, cuya
sentencia es objeto de discusión, no se presentó un conflicto en la aplicación de
normas, sino que, ante la falta de pronunciamiento de las altas cortes a la fecha de
expedición del fallo censurado, se dedujo que no se avenía al caso concreto la Ley
50 de 1990, por cuanto el pago de las prestaciones sociales de los docentes se
efectúa en los términos del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, que consagra el
principio de unidad de caja, ya explicado en precedencia.

Por lo anterior, en el fallo acusado no se desatendió el principio de favorabilidad,
por ende, tampoco se configura violación directa de la Constitución Política.

IV. DECISIÓN

Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto la parte
actora no acreditó que la providencia cuestionada haya incurrido en alguna de las
causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial invocadas (desconocimiento del precedente, defecto sustantivo y violación
directa de la Constitución), por tal motivo, se negará la solicitud de amparo incoada
por el señor Gabriel Antonio Martínez Gómez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

1º. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
seguridad social, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia invocados
por el señor Gabriel Antonio Martínez Gómez, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

2º. NOTIFÍQUESE esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

41
Sentencia T-832A de 2013, M.P. Lis Ernesto Vargas Silva.

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3º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, envíese el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

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