Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06166-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06166-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-06166-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
9 de noviembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06166-00
Demandante: Óscar Eduardo Ramírez Bonilla
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-06166-00
Demandante ÓSCAR EDUARDO RAMÍREZ BONILLA
Demandado CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y DIRECCIÓN EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ
Temas Acción de tutela. Derecho fundamental al descanso y al trabajo en
condiciones dignas. Vacaciones individuales de empleado judicial.
Obstáculos administrativos. Presupuesto para reemplazo.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Óscar Eduardo Ramírez Bonilla de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 27 de septiembre de 2023, el señor Óscar Eduardo Ramírez Bonilla interpuso
acción de tutela, en nombre propio, contra el Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, por considerar vulnerados sus derechos a la
salud, a la igualdad y al trabajo en condiciones dignas.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1. Tutelar los derechos a la igualdad, trabajo digno y salud, consagrados en la Carta Política
de Colombia de 1991.
2. Ordenar a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá Cundinamarca
que en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación del fallo, realice de
manera coordinada con el Consejo Superior de la Judicatura las gestiones necesarias
para AUTORIZAR Y EXPEDIR el certificado de disponibilidad presupuestal que garantice
el disfrute de mis vacaciones y la designación de un reemplazo durante ese lapso”.
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El actor actualmente se desempeña en provisionalidad como Oficial Mayor en
el Juzgado 16 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.
2.2. Manifestó tener 3 periodos de vacaciones sin disfrutar, por lo que mediante
oficio del 16 de agosto de 2023 solicitó la asignación presupuestal para su
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reemplazo ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá.
2.3. Mediante comunicación del 25 de agosto de 2023 la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá le manifestó que la solicitud
del certificado de disponibilidad presupuestal debía ser propuesta por el
nominador.
2.4. Por lo anterior, el 1º de septiembre de 2023 la titular del Juzgado 16 de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá solicitó la respectiva
asignación presupuestal para el reemplazo del actor, mientras disfrutaba el
periodo de vacaciones solicitado, lo que se negó por la administración en oficio
del 20 de septiembre de 2023.
2.5. El 21 de septiembre de 2023 el accionante solicitó a la juez titular del Juzgado
16 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, le concediera
el disfrute de dos (2) períodos de vacaciones pendientes, causadas entre el
16 de noviembre de 2019 al 16 de noviembre de 2021.
Mediante la Resolución Nro. 007 del 25 de septiembre de 2023, la juez titular
del despacho le negó el disfrute de los dos (2) periodos de vacaciones
solicitados, por falta de presupuesto para cubrir a quien sería su reemplazo
dado el volumen de trabajo que demandaba la continua presencia del actor en
el despacho judicial.
3. Fundamentos de la acción
El accionante consideró que se vulneraban sus derechos fundamentales al
descanso digno, en la medida que no designar presupuesto para su reemplazo iba
en contra no solo de sus derechos como trabajador sino también iba en contra de
la pronta administración de justicia, al contar el despacho judicial con poca cantidad
de servidores y cantidades de trabajo, lo que se sumaba a que se diera una negativa
en relación con la solicitud del disfrute de sus vacaciones y a la no expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal para su reemplazo.
Dijo que el próximo 14 de noviembre de 2023 cumpliría 4 periodos de vacaciones
sin disfrutar, lo que iba en contra de sus derechos. Citó algunos precedentes de la
Corte Suprema de Justicia en los que se ha accedido a las pretensiones de otros
servidores judiciales que se encuentran en su misma situación.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Inicialmente el asunto fue radicado ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal que, por auto del 28 de septiembre de 2023 dispuso la
remisión por competencia del presente asunto al Consejo de Estado.
4.2. Recibido el asunto en esta Corporación y repartida a la magistrada ponente,
mediante auto de 13 de otubre de 2023 se admitió, se dispuso la notificación
a las partes accionante y accionadas y, la vinculación como tercero con interés
al Juzgado 16 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.
4.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó declarar la falta
de legitimación en la causa por pasiva, al no estar llamada ni obligada a la
disposición de recursos que permitan la contratación del reemplazo de la parte
accionante, para la concesión del periodo de vacaciones solicitadas.
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A su vez, indicó que la tutela de la referencia es improcedente, por cuanto está
dirigida intrínsecamente contra un acto administrativo de carácter general y
abstracto, como lo es la Circular PSAC11-44 de noviembre 23 de 2011.
Además de considerar que no cumple con los requisitos para ser tenida como
un mecanismo provisional para salvaguardar un derecho fundamental.
Finalmente, solicitó que se declare la ausencia de perjuicio irremediable y que,
era negligencia del nominador del accionante en no conceder el periodo de
vacaciones solicitado, por temas de orden presupuestal pasando por alto el
derecho que tenía al disfrute de estas.
4.4. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá,
se pronunció e indicó haber actuado acorde con lo dispuesto por la Circular
PSAC11-44 de noviembre 23 de 2011, en la cual se estableció que la figura
del reemplazo por vacaciones solo es aplicable a funcionarios judiciales en los
términos allí contemplados.
Asimismo, manifestó que no ha violado ninguno de los derechos
fundamentales del accionante, puesto que nunca se le ha negado el disfrute
de sus vacaciones por falta de presupuesto y dijo la concesión del disfrute de
las vacaciones era un acto discrecional del nominador que en el caso era el
respectivo juez. Por lo anterior, pidió que se nieguen las pretensiones de la
demanda.
4.5. El Juzgado 16 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá,
indicó que la resolución por la que se negó al accionante el disfrute de sus
vacaciones, no se adoptó a capricho ni arbitrariedad, sino que estuvo
fundamentada en la necesidad del servicio que torna inviable la concesión de
los periodos reclamados, pues que lo cierto es que el Juzgado tiene a cargo
más de 2300 expedientes y 530 personas privadas de la libertad; además de
aproximadamente 300 solicitudes pendientes por resolver, entre ellas,
peticiones de libertad condicional, prisión domiciliaria 38B, 38G, Ley 750 de
2002, permisos, acumulaciones, redosificación punitiva, entre otras, que, en
todo caso, deben ser objeto de respuesta dentro de un término legal o, por lo
menos prudencial, el que debido a la excesiva carga, se tornaría imposible de
atender, debido a la ausencia de uno de los servidores del Juzgado que
indefectiblemente debe ser reemplazado, de manera que la negativa obedecía
a las necesidades del servicio.
4.6. El Consejo Superior de la Judicatura, no se pronunció en esta oportunidad.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19911, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
1 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala establecer si
las autoridades accionadas vulneraron el derecho fundamental al descanso del
accionante, al no asignar los recursos para costear el reemplazo del señor Óscar
Eduardo Ramírez Bonilla y de esta manera pudiera disfrutar de dos períodos de
vacaciones causados, a los que tiene derecho y que fue negado por esta específica
circunstancia por su nominador.
De manera preliminar, corresponde a la Sala establecer si la presente acción de
tutela es procedente, a la luz del requisito general de subsidiaridad.
3. Análisis del presupuesto de la subsidiariedad en el caso concreto
3.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de
subsidiariedad. Norma que señala que esta “solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”
A su turno, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a
menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Del carácter subsidiario de la acción de amparo se deriva que los mecanismos
ordinarios de defensa para la protección de los derechos no pueden ser
desplazados o suplantados por la acción de tutela, claro está, siempre que
estos sean idóneos y eficaces. Por tanto, la acción de tutela solo procede
cuando no existen otros medios de defensa para amparar los derechos
fundamentales invocados o, en su defecto, siempre que ello sea necesario
para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá
como mecanismo transitorio de protección.
En ese sentido, el juez de tutela tiene la potestad de valorar las circunstancias
particulares de cada caso y determinar si la acción es procedente, o si existen
otros medios que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe
probar que se agotaron y finalizaron los recursos que tenía a su disposición,
pues de lo contrario la tutela deviene improcedente.
La tesis de la Sección expuesta en diversas sentencias2, consiste en que, por
regla general, cuando existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no
2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 24 de octubre de
2019. Radicación No. 11001-03-15-000-2019-00429-01. M.P. Milton Chaves García; sentencia del 2 de
octubre de 2019. Radicación No. 20001-23-33-000-2019-00185-0. M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto;
Sentencia del 25 de septiembre de 2019. Radicación 11001-03-15-000-2019-03851-00. M.P. Julio Roberto
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es procedente la acción de tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del
medio de defensa se definen en función del caso concreto, atendiendo a las
circunstancias en que se encuentra el solicitante y, además, dependen de la
existencia o no de un perjuicio irremediable.
Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991 dan la posibilidad
al juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y
determinar si la acción es procedente, o si por el contrario, existen otros
medios que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.
Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha considerado
que la existencia de otros medios de defensa no hace que automáticamente
la acción de tutela se torne improcedente, puesto que bajo ciertas
circunstancias su carácter subsidiario y residual puede llegar a tener algunas
excepciones.
La Corte Constitucional en Sentencia SU-263 de 20153 precisó que eso puede
ocurrir “(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente
idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados; (ii) Aun cuando
tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como mecanismo
transitorio de protección, se produciría un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales
y (iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas de la
tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada,
niños y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de particular consideración por parte del
juez de tutela."4
3.2. En el presente caso, se encuentra acreditado lo siguiente:
3.2.1. Certificación expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, en la
que consta que el accionante tiene pendiente de disfrute tres periodos
de vacaciones, causados desde el 16 de noviembre de 2019 al 15 de
noviembre de 2022.
3.2.2. Solicitud de vacaciones presentada el 21 de septiembre de 2023,
resuelta mediante la Resolución Nro. 007 del 25 de septiembre de
2023, por la que la juez titular del despacho le negó el disfrute de los
dos (2) períodos de vacaciones solicitados, por falta de presupuesto
para cubrir a quien sería su reemplazo dado el volumen de trabajo que
demandaba la continua presencia del actor en el despacho judicial.
3.2.3. La expedición del certificado de disponibilidad presupuestal solicitado
fue negada por Oficio DESAJBOTHO 23-CAL28 del 20 de septiembre
de 2023 por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, con fundamento en la Circular Nro.
PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2021 del Consejo Superior de la
Judicatura.
3.3. Si bien el actor, en principio, podría cuestionar la legalidad de la Resolución
Nro. 007 del 25 de septiembre de 2023 a través del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho (artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 5),
por tratarse del mecanismo judicial previsto para cuestionar actos
Piza; Sentencia del 12 de septiembre de 2019. Radicación 11001-03-15-000-2019-03851-00. M.P. Jorge
Octavio Ramírez R.
3 Corte Constitucional. Sentencias T-656 de 2006, T-435 de 2006, T-768 de 2005, T-651 de 2004 y T-1012
de 2003.
4 Corte Constitucional. Sentencia SU- 263 de 2015.
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administrativos de contenido particular y concreto, e incluso y de ser el caso,
controvertir el Oficio DESAJBOTHO 23-CAL28 del 20 de septiembre de 2023,
por el cual la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá negó la asignación de recursos para el reemplazo de las vacaciones
del actor, lo cierto es que dicho medio no resulta ser eficaz en el caso objeto
de estudio, es importante resaltar que la Corte Constitucional6 ha precisado
que, pese a la existencia de otro medio de defensa judicial, si en el caso
concreto se evidencia que el mismo no es idóneo o eficaz, la acción de tutela
es procedente como mecanismo principal.
3.4. En el escrito de tutela el accionante (i) solicitó el reconocimiento del derecho
al descanso por haber laborado de forma continua e ininterrumpida y tener 3
periodos acumulados de vacaciones pendientes de disfrute; (ii) destacó el alto
volumen de trabajo y la carga laboral que existe en los juzgados penales de
ejecución de penas y medidas de seguridad, para sostener que las
necesidades del servicio impedirían que los empleados pudieran salir de
vacaciones, y que redistribuir la carga laboral a los demás empleados del
despacho, implica recargarlos y atrasar las gestiones propias de cada uno de
ellos; y (iii) se desprende que la inconformidad del señor Óscar Eduardo
Ramírez Bonilla se hace consistir en los obstáculos y barreras por parte del
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá – Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial, para la asignación de recursos para el reemplazo
de las vacaciones del actor, pese a que reúne los requisitos para acceder al
beneficio.
Para la Sala, estas circunstancias denotan la necesidad urgente de evitar que
se siga prolongando en el tiempo la ausencia de descanso del accionante, que
puede comprometer su salud mental y física; condiciones que justamente se
busca salvaguardar con el descanso, como pasa a explicarse:
Respecto de la periodicidad de las vacaciones, en Sentencia C-171 de 2020,
la Corte Constitucional dispuso que “las vacaciones periódicas y remuneradas
corresponden a uno de los mecanismos para concretar el derecho humano y el principio
mínimo fundamental al descanso del trabajador; cuyo disfrute efectivo permite avanzar en el
propósito de dignidad y justicia, en el ejercicio de sus actividades laborales”.
Por ende, si las vacaciones dejan de ser periódicas no se garantiza el
descanso real del trabajador. Obstaculizar su disfrute periódico
necesariamente implica obligar al trabajador a que cumpla indefinidamente sus
obligaciones laborales, sin contar con un tiempo suficiente para el reposo.
Escenario que a todas luces es contrario a la esencia del derecho fundamental
al descanso cuyo fin, precisamente, radica en que “durante un tiempo determinado
el trabajador cese sus actividades laborales y se recupere del desgaste que genera el trabajo;
lo cual no solo redunda en el necesario equilibro de su calidad de vida, sino que además, le
permite concretar y avanzar en su proyecto de vida”5
Al respecto, esta Sección ha indicado que las “vacaciones (…) tienen por objeto que
el empleado recupere las fuerzas físicas e intelectuales luego de un tiempo dedicado a trabajar
y de esa manera preserve su capacidad de trabajo. Las vacaciones, tienen una naturaleza de
derecho adquirido para quien ha cumplido con los requisitos legales establecidos para que se
5 Corte Constitucional. Sentencia C-171 de 2020.
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causen. El empleador o nominador, es la persona que está llamada a otorgar las vacaciones
al trabajador”6.
En la misma línea, la Corte Constitucional ha señalado que “las vacaciones
anuales remuneradas como acreencia laboral, pretenden reconocer el derecho fundamental
al descanso que les asiste a los trabajadores derivado del desgaste continuo al que se
encuentran sometidos por la prestación ininterrumpida de sus servicios por espacios
prolongados de tiempo”7.
3.5. Por consiguiente, la Sala considera que limitar el derecho de los trabajadores
a gozar de vacaciones periódicas implica una afectación grave e inminente, en
tanto que se estaría obligando al cumplimiento de deberes laborales, sin el
descanso debido, lo cual atenta contra el derecho fundamental al descanso y
el derecho al trabajo en condiciones dignas, y con esto a obligaciones
contempladas en instrumentos internacionales8 en materia laboral y a lo
dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política.
Asimismo, tal situación demanda medidas impostergables, pues, como se
indicó, de no garantizar la periodicidad de las vacaciones se desnaturalizaría
el propósito del derecho fundamental al descanso, ya que la ejecución de
tareas laborales indefinidas sin que se otorgue vacaciones periódicas, atenta
contra la esencia del derecho fundamental al descanso y al trabajo en
condiciones dignas.
Siendo así, la Sala concluye que la presente acción de tutela cumple con el
requisito de subsidiariedad y procede como mecanismo principal para que se
garantice la efectiva protección de sus derechos fundamentales, razón por la
que la Sala procederá al estudio de fondo del asunto.
4. Vacaciones de servidores judiciales y su análisis en el caso
4.1. El artículo 146 de la Ley 270 de 1996 regula lo relativo a las vacaciones de los
servidores judiciales, de la siguiente forma:
“VACACIONES. Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial serán
colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales
de la Judicatura, las del Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales mientras existan,
de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de
los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio
por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de
Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás
casos, por un término de veintidós días continuos por cada año de servicio ”.
A su vez, tratándose del disfrute de vacaciones individuales para los servidores
dispuestos en la norma transcrita, el Consejo Superior de la Judicatura expidió
la Circular Nro. PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011. En esta dispuso
el procedimiento para el nombramiento de reemplazos en provisionalidad de
los funcionarios que soliciten el disfrute de vacaciones individuales.
6 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 12 de diciembre de 2018. Radicado: 08001-23-33-000-
2018-00756-01. C.P. Milton Chaves García.
7 Corte Constitucional. Sentencia C-035 de 2005.
8 En el artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se prevé que “Toda persona tiene
derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a
vacaciones periódicas pagadas”. Asimismo, el PIDESC y el artículo 7 del Protocolo de San Salvador señalan
que los trabajadores tienen derecho al descanso.
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En dicho instrumento se derogaron las Circulares 44 y 89 de 2005, proferidas
por el Consejo Superior de la Judicatura. El último establecía que a fin de
asignar recursos destinados a los reemplazos por vacaciones del personal
perteneciente al régimen de vacaciones individuales se debía cumplir al menos
una de estas dos condiciones:
“Que el número total de servidores del Despacho, incluido el Juez o del Centro de Servicios,
sea menor o igual a tres, toda vez que debido al personal escaso no es conveniente aplicar la
figura del encargo para nombrar el reemplazo del juez, y/o redistribuir las funciones del
empleado que disfrutará de vacaciones, entre los empleados restantes.
Cuando se trate de nombramientos de reemplazos por vacaciones de Jueces, cuyo despacho
tenga más de tres servidores, el Tribunal encargado de dicho nombramiento deberá certificar
que en el Despacho no existe ningún empleado que cumpla los requisitos para ser designado
en encargo como Juez, situación que debe ser corroborada e igualmente certificada por el
Director Seccional, previa verificación de las hojas de vida correspondientes”.
En esa oportunidad, tales condiciones se impusieron con el fin de “reducir los
gastos de funcionamiento al interior de la Rama Judicial, entre ellos los correspondientes a los
reemplazos por vacaciones del personal titular de los despachos judiciales”9.
A diferencia de los instrumentos mencionados, en la mencionada Circular Nro.
PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011 el Consejo Superior de la Judicatura
buscó eliminar “condicionamientos para el nombramiento de reemplazos en
provisionalidad de los funcionarios judiciales, que se encuentran sujetos al régimen de
vacaciones individuales cuando pretendan hacer uso de este derecho”.
Justamente, ese fue el motivo por el que en esta última se derogaron las
Circulares 44 y 89 de 2005, pues en aquellas se restringía la asignación de
recursos para reemplazos solo a los eventos en que se acreditara alguna de
las condiciones transcritas.
Lo dispuesto en la Circular Nro. PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011
consistió en que los funcionarios judiciales del régimen de vacaciones
individuales deben reportar la programación de vacaciones correspondientes
al siguiente año ante el Consejo Seccional de la Judicatura y Dirección
Seccional del respectivo distrito judicial, hasta el mes de marzo de cada
anualidad.
A su vez, se estableció que las designaciones en encargo son procedentes
cuando las necesidades del servicio lo exijan, por ejemplo, tratándose de un
juez, y “cuando no sea posible designar en encargo a alguno de los servidores del
correspondiente despacho judicial, la respectiva Dirección Seccional deberá incluir dentro del
proyecto de presupuesto del año siguiente, la asignación de recursos que permita efectuar el
nombramiento en provisionalidad de sus reemplazos”10.
En consecuencia, la Sala encuentra un claro propósito de parte del Consejo
Superior de la Judicatura: eliminar los obstáculos en el disfrute de las
vacaciones individuales de los servidores judiciales. De ahí que no haya
condicionado la asignación de presupuesto al cumplimiento de una serie de
requisitos, como sí ocurría en el pasado. Simplemente, se le impuso el deber
al funcionario de reportar antes del mes de marzo la programación de
vacaciones para el año siguiente.
En este punto es importante hacer la siguiente precisión: si bien es cierto que
9 Consejo Superior de la Judicatura. Presidencia. Circular N° PSAC05-89 de 2005.
10 Consejo Superior de la Judicatura. Circular N° PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011.
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la referida circular únicamente hizo alusión a funcionarios judiciales (según el
artículo 125 de la Ley 270 de 1996 son los magistrados de las corporaciones
judiciales, los jueces de la República y los fiscales), la Sala considera, como
lo indicó en una oportunidad pasada, que “la omisión de establecer un
procedimiento para garantizar los rubros de los reemplazos de los empleados
judiciales no puede servir de fundamento para desconocer el derecho al descanso de
estos”11.
4.2. Explicado lo anterior, en el caso la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, en Oficio DESAJBOTHO 23-CAL28 del 20
de septiembre de 2023, se negó a expedir certificado presupuestal para
efectos de cubrir el reemplazo del tutelante, tal como lo manifestó el actor y lo
corroboró la Dirección Ejecutiva Seccional en el informe rendido en la presente
acción, donde además manifestó que sigue instrucciones del Nivel Central sin
que le sea posible hacer apropiaciones presupuestales que no estén dentro
de lo autorizado, como en este caso el reemplazo del accionante para que
pueda disfrutar de sus periodos de vacaciones pendientes.
4.3. Frente a lo anterior, la Sala considera que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá no atendió el propósito que indicó el
instrumento en mención, en concreto, que ante el otorgamiento de las
vacaciones individuales, admitiera la procedencia de asignación de recursos
para nombrar el reemplazo.
La finalidad de la Circular Nro. PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011 no
fue otra que garantizar el derecho fundamental al descanso de servidores
judiciales. Por esto, resultaba imperativo eliminar las condiciones que en el
pasado significaron obstáculos al disfrute de tal derecho.
Por consiguiente, la Sala considera que no garantizar la disponibilidad
presupuestal para cubrir el reemplazo del servidor público durante el tiempo
que dure el disfrute de sus vacaciones ante la necesidad de contar con una
persona que cubra esa posición de Oficial Mayor del Juzgado 16 de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, que es el cargo desempeñado
por el actor, mientras hace uso de su derecho al descanso, transgrede ese
derecho fundamental que le asiste como trabajador. Además, esa posición de
la entidad accionada es totalmente contraria a la postura reiterada por esta
Sección, según la cual:
“Asuntos de índole administrativa no pueden afectar el derecho al goce y disfrute del periodo
vacacional que legalmente les asiste a los trabajadores, aún más si se tiene en cuenta que el
descanso constituye un derecho fundamental derivado del derecho al trabajo en condiciones
dignas.
Impedir el derecho al descanso con base en restricciones administrativas no es una carga que
deban soportar las actoras, puesto que las vacaciones constituyen una garantía fundamental
que tienen todos los empleados, por lo que no puede ser transgredida ni en función del servicio
ni por cuestiones de índole presupuestal”12.
No cabe duda, entonces, de que el descanso es una garantía propia del
derecho al trabajo en condiciones dignas, por lo que, impedir su disfrute con
11 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 12 de diciembre de 2018. Radicado: 08001-23-33-000-
2018-00756-01. C.P. Milton Chaves García. En igual sentido se indicó en la sentencia del 26 de febrero de
2020. Radicado Nro. 11001-03-15-000-2020-00143-00. C.P. Jorge Octavio Ramírez R.
12 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 26 de febrero de 2020. Radicado 11001-03-15-000-2020-
00143-00. C.P: Jorge Octavio Ramírez R.
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Demandante: Óscar Eduardo Ramírez Bonilla
fundamento en restricciones administrativas resultaría ser una carga
desproporcionada que no debe soportar quien cumplió con todas las
condiciones para acceder al beneficio prestacional.
Es así como la Sala considera que la falta de asignación de recursos para
nombrar el reemplazo no solo atenta contra el derecho fundamental al
descanso del accionante, sino que también implicaría un quebrantamiento
para el desarrollo armónico y eficiente de las labores propias del despacho
judicial en el que labora el señor Ramírez Bonilla, máxime cuando describe las
múltiples funciones, todas de relevancia, pues se trata de peticiones de libertad
condicional, domiciliaria, permisos administrativos, extinciones,
redosificaciones, recursos, acciones de tutela y habeas corpus en contra del
despacho que son interpuestas casi a diario y que así no prosperen, debe
darse respuesta oportuna, todo lo cual merece una persona que esté al frente
de este tipo de labores.
4.4. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que la decisión negativa
sobre la asignación de recursos proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Bogotá, como se dijo, atenta contra el derecho
al descanso del servidor Óscar Eduardo Ramírez Bonilla, pues implica el
aplazamiento indefinido de sus vacaciones, ya que el acto administrativo por
el que se negó el disfrute de dos (2) de sus periodos pendientes de disfrute
por parte del nominador, Resolución Nro. 007 del 25 de septiembre de 2023,
tuvo como sustento la negativa de la administración de expedir el respectivo
certificado de disponibilidad presupuestal a efectos de designar el respectivo
reemplazo. Dijo puntualmente el acto administrativo:
“PRIMERO: Negar al abogado Oscar Eduardo Ramírez Bonilla, identificado con cédula de
ciudadanía (…), en su condición de oficial mayor de esta sede judicial, el disfrute de dos
periodos de vacaciones causadas entre el 16 de noviembre de 2019 a 16 de noviembre de
2021 y que solicitó en escrito recibido el 21 de septiembre de 2023, por estricta necesidad del
servicio y la falta de asignación del presupuesto para su reemplazo”.
De manera que, el periodo de vacaciones pendiente de disfrute desde el 16
de noviembre de 2019 al 16 de noviembre de 2021 se ve interrumpido a la
fecha por no contar con la disponibilidad respectiva para proveer el reemplazo
respectivo, razón por la que, con el fin de conciliar los intereses de continuidad
en la prestación del servicio y el derecho al descanso remunerado del actor,
se ampararán los derechos fundamentales del servidor Óscar Eduardo
Ramírez Bonilla al descanso y al trabajo en condiciones dignas.
Ahora bien, resulta pertinente manifestar que la Corte Constitucional, en
reciente sentencia SU-296 de 2 de agosto de 202313, amparó el derecho
fundamental al descanso individual de empleados y funcionarios judiciales a
quienes sus nominadores les negaron la concesión de las vacaciones a las
cuales tenían derecho. Del comunicado de esa decisión se extraen como
razones relevantes, las siguientes:
“(…) En tercer lugar, al ocuparse de los casos concretos, la Sala tuvo en cuenta que la situación
administrativa a la cual se enfrentan los diferentes nominadores como directores de los despachos
judiciales es compleja y refleja que su negativa a conceder las vacaciones a los actores no es
necesariamente caprichosa e injustificada, como lo sostuvieron las diferentes Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial. Para arribar a esta conclusión, tuvo en cuenta que, ante la negativa
de las Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial a realizar determinadas actuaciones
administrativas y financieras, el nominador se encuentra compelido a elegir entre garantizar el adecuado
13 Información obtenida del Comunicado No. 25 de 2 y 3 de agosto de 2023 de la Corte Constitucional.
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funcionamiento del despacho a su cargo y la satisfacción de los derechos laborales de los empleados que
lo conforman.
Esto, porque los despachos judiciales cuyo régimen de vacaciones es individual tienen una característica
en común que se refiere a la urgencia, importancia y volumen de los asuntos que deben tramitar de forma
ininterrumpida, lo cual implica, además, la necesidad de garantizar la evacuación expedita de los trámites
a su cargo. Además, se trata de despachos que se encuentran altamente congestionados y, sumado a
ello, ven intensificada su carga laboral con ocasión del periodo vacacional colectivo de los demás
despachos de la Rama Judicial, pues los juzgados cuyo régimen de vacaciones es individual asumen
también la carga laboral en asuntos de tutela cuando los demás despachos se encuentran en receso por
la vacancia judicial.
Aunque la Circular PSAC11-44 del Consejo Superior de la Judicatura no regula el trámite para la
concesión de vacaciones individuales a los empleados judiciales, la Sala destacó que esto no significa
que aquellos no tengan derecho a que se programen sus vacaciones o a ser eventualmente remplazados
durante el periodo en el cual disfrutan de dicha prestación, pues ni la referida circular reglamenta el asunto
ni lo prohíbe, como parecieran entenderlo la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial en
sus respuestas durante los diferentes trámites de tutela.
Al proseguir su análisis, la Sala destacó que el tiempo durante el cual el empleado se encuentra de
vacaciones debe ser usado exclusivamente para que este descanse, recupere sus energías y, en general,
para su propia realización personal y familiar a través de la disposición autónoma de su tiempo libre, lo
cual se encuentra estrechamente relacionado con la garantía de la dignidad humana.
De esta manera, la garantía del derecho al descanso no solo implica que se observe su dimensión
temporal sino que responde a aspectos sustanciales como la calidad del descanso, el bienestar físico y
mental del trabajador, así como su autonomía en la gestión del tiempo libre. Por ello, el derecho
fundamental al descanso se vería afectado si durante este periodo se le siguen asignando al trabajador
tareas o se le mantiene en incertidumbre respecto de la acumulación de las mismas al momento de su
reincorporación, lo cual tiene la capacidad de repercutir, sin duda, en su salud física y mental, así como
en su bienestar general.
Con fundamento en el análisis desarrollado, la Sala también encontró que la actuación de las accionadas
no solo impacta en el derecho fundamental al descanso de los actores, sino que podría tener incidencia
en la garantía de otros derechos como la salud física y mental, así como en la dignidad humana de los
funcionarios y empleados judiciales a quienes se les ha impedido acceder a las vacaciones en igualdad
de condiciones debido a la imposición de barreras administrativas. Además, insistió en que esta situación
también puede incidir en el adecuado funcionamiento de la administración de justicia, porque la
vulneración de los derechos de los actores impacta en la cantidad de trabajo a su cargo, la eficiencia de
sus labores y, según lo informado la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, ha repercutido en el
aumento de la litigiosidad en materia de tutela para obtener la garantía de este derecho, por lo cual es
posible señalar que se trata de una situación estructural”.
En dicha decisión, la Corte Constitucional también ordenó al Consejo Superior
de la Judicatura que, en un plazo que no exceda los seis meses contados a
partir de la notificación de esa providencia, y previa consulta y o participación
de los jueces, adopte la reglamentación necesaria para garantizar la
efectividad del derecho a las vacaciones que se disfrutan en forma individual
en la Rama Judicial y, a partir de la debida planeación, se prevenga la
aplicación de razones de orden presupuestal, logístico o administrativo como
barreras para el disfrute de dicho derecho.
4.5. Finalmente, se debe precisar que según el artículo 98 de la Ley 270 de 1996,
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es “es el órgano técnico y
administrativo que tiene a su cargo la ejecución de las actividades administrativas de la
Rama Judicial, con sujeción a las políticas y decisiones del Consejo Superior de la
Judicatura”. De manera que esta última tiene por función adelantar las labores
necesarias para el funcionamiento de la Rama Judicial, consecuentemente, de
los despachos judiciales.
En virtud de tal competencia, al director ejecutivo de administración judicial, se
le asignaron como funciones en el artículo 99 de la Ley 270 de 1996 “Administrar
los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder
por su correcta aplicación o utilización” y “Actuar como ordenador del gasto para el
cumplimiento de las obligaciones que correspondan”.
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A su vez, este mismo cuerpo normativo estableció la desconcentración de esta
función, toda vez que, se torna imposible que desde el nivel central se puedan
atender los requerimientos de cada despacho judicial que se encuentre dentro
del territorio nacional, por ello, el numeral 2° del Artículo 103 ibidem determinó
como funciones de las Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración
Judicial dentro de su jurisdicción y entorno territorial, entre otras, la siguiente:
“Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial
y responder por su correcta aplicación o utilización”; asimismo, en el numeral 7°,
“Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que
correspondan”.
Es por lo anterior, que la Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración
Judicial de Bogotá es la encargada del citado procedimiento, del cual no existe
prueba de que en el presente asunto se haya surtido dicho trámite, es más,
ellos mismos manifiestan que esto no ha tenido ocurrencia, al considerar que
no es procedente.
Sin embargo, dicha omisión y que la Dirección Ejecutiva Seccional de la
Administración Judicial de Bogotá, por falta de planeación no haya apropiado
los rubros necesarios para los reemplazos de los empleados judiciales no
puede desconocer el derecho al descanso del demandante.
De manera que, en el presente caso la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Bogotá, encargada de la administración de los bienes y recursos
destinados al funcionamiento de la Rama Judicial, es quien de manera
coordinada con el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial deben llevar a cabo las gestiones administrativas y
presupuestales tendientes a que se expida el correspondiente Certificado de
Disponibilidad Presupuestal que permita al Juez 16 de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá, nombrar el reemplazo de la parte actora
mientras duran sus vacaciones.
5. Conclusión
Por las razones que han quedado expuestas, la Sala amparará los derechos al
descanso y al trabajo en condiciones dignas del señor Óscar Eduardo Ramírez
Bonilla.
En consecuencia, se ordenará al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá que, en el término de cinco (5) días contados a
partir de la notificación de la presente providencia, de manera coordinada y de
acuerdo con sus competencias, adelanten las gestiones administrativas y
presupuestales que correspondan, para el nombramiento de un reemplazo para
desempeñar el empleo de Oficial Mayor en el Juzgado 16 de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá, ocupado por Óscar Eduardo Ramírez Bonilla,
para que se materialice su derecho al disfrute del descanso remunerado.
Una vez estén disponibles los recursos presupuestales para el nombramiento del
reemplazo del señor Óscar Eduardo Ramírez Bonilla, el titular del Juzgado 16 de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, dentro de los cinco (5)
días siguientes, garantizará el disfrute de las vacaciones causadas durante el
periodo en el que se otorguen.
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En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Amparar el derecho al descanso del señor Óscar Eduardo Ramírez Bonilla,
por las razones expuestas en la motivación precedente.
2. En consecuencia, ordenar al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y a
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá que, en
el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente
providencia, de manera coordinada y de acuerdo con sus competencias,
adelante las gestiones administrativas y presupuestales que correspondan,
para el nombramiento de un reemplazo para desempeñar el empleo de Oficial
Mayor en el Juzgado 16 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá ocupado por Óscar Eduardo Ramírez Bonilla, para que se materialice
su derecho al disfrute del descanso remunerado.
Una vez estén disponibles los recursos presupuestales para el nombramiento
del reemplazo del señor Óscar Eduardo Ramírez Bonilla, el titular del Juzgado
16 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, dentro de los
cinco (5) días siguientes, garantizará el disfrute de las vacaciones causadas
durante el periodo en el que se otorguen.
3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
5. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRON
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