Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06169-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06169-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-06169-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
10 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06169-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: JOSÉ JOAQUÍN MARTÍNEZ GARCÍA
TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO FRENTE AL DERECHO
DE PETICIÓN. LA SOLICITUD DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS FUE
RESUELTA. SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE
AMPARO EN RELACIÓN CON LOS REPROCHES RELATIVOS AL
RECHAZO DEL ACTOR DE LA CONVOCATORIA 27, POR INCUMPLIRSE
EL REQUISITO DE LA SUBSIDARIEDAD. NO SE ACREDITÓ LA
EXISTENCIA DE UN PERJUICIO IRREMEDIABLE.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DE PETICIÓN, AL DEBIDO PROCESO
Y A LA IGUALDAD.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la solicitud de tutela presentada por el actor
contra el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL (CARJUD)1 y la
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL2.
1 En adelante CARJUD.
2
En adelante DIRECCIÓN EJECUTIVA.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06169-00
Actor: JOSÉ JOAQUÍN MARTÍNEZ GARCÍA
I. – ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor JOSÉ JOAQUÍN MARTÍNEZ GARCÍA, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales de petición, al debido proceso y a la igualdad, los
cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por CARJUD y la
DIRECCIÓN EJECUTIVA al expedir la Resolución núm. CJR23-0061
de 8 de febrero de 2023, dentro del concurso de méritos adelantado
con ocasión a la Convocatoria núm. 27, para proveer cargos de
carrera en la Rama Judicial y por la falta de respuesta de fondo, clara
y congruente a la solicitud que elevó el 20 de febrero del presente
año.
I.2.- Hechos
Manifestó que se inscribió como aspirante al cargo de JUEZ PENAL
DEL CIRCUITO PARA ADOLESCENTES dentro de la Convocatoria
núm. 27 adelantada con fundamento en el Acuerdo núm. PCSJA18-
11077 de 16 de agosto de 2018, emitido por el CONSEJO
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SUPERIOR DE LA JUDICATURA.
Indicó que, agotadas las etapas respectivas, mediante la Resolución
núm. CJR22-0351 de 1o. de septiembre de 2022, CARJUD publicó
los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos, en las que
obtuvo un puntaje aprobatorio.
Expresó que, mediante la Resolución núm. CJR23-0061 de 8 de
febrero de 2023 expedida por CARJUD, fue rechazado del concurso
por la causal 3.4, bajo el argumento de que no había acreditado la
experiencia mínima para el cargo al cual se postuló.
Refirió que el 20 de febrero de 2023 solicitó a CARJUD la verificación
de la documentación que presentó con su inscripción, así como la
nueva experiencia que ha adquirido.
Adujo que debido a lo anterior, CARJUD el 13 de marzo de 2023 le
contestó su solicitud de revisión de documentos; sin embargo, a su
juicio, la misma no le fue respondida de fondo, de forma clara,
precisa y congruente, al no tener en cuenta el tiempo completo que
ejerció como docente y además que calculó de manera errónea el
tiempo de su experiencia profesional.
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Finalmente, señaló que se confirmó su rechazó del concurso de
méritos dentro de la Convocatoria núm. 27, a través de la Resolución
núm. CJR23-01110 de 21 de marzo de 2023.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Argumentó que la presente acción de tutela es procedente de cara a
la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de
Justicia sobre la materia, comoquiera que los mecanismos ordinarios
no son idóneos, pues no resultan eficaces para resolver el problema
jurídico planteado a lo que atañe al acceso de cargos públicos.
Agregó que conforme con las sentencias T-288 de 1998, SU-913 de
2009, SU-691 de 2017, entre otras, proferidas por la Corte
Constitucional, la acción de tutela es el mecanismo idóneo para la
protección de los derechos fundamentales en concursos de méritos,
por la ineficacia de los medios ordinarios.
Sostuvo que el asunto de la referencia tiene relevancia constitucional
al vulnerarse su derecho fundamental al debido proceso, comoquiera
que no se le puede exigir, por parte de CARJUD, que la docencia
debe ser de tiempo completo para que sea acreditada como
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experiencia profesional, pues el Acuerdo núm. PCSJA18-11077 de
16 de agosto de 2018, no establece ningún tiempo mínimo para ello
ni para el ejercicio independiente de la profesión, contratos de
prestación de servicios y demás ejercicios profesionales.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:
“[…] 1. Al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA (UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y COORDINACIÓN
ÁREA JURÍDICA DEL CONCURSO JUECES Y MAGISTRADOS DE
LA CONVOCATORIA 27 RAMA JUDICIAL) dar estricto
cumplimiento al Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018 y
tener en cuenta la experiencia profesional del accionante en los
términos indicados en el mismo, sin interpretaciones extensivas, ni
analógicas de etapas diferentes del concurso. Y en consecuencia,
incluir al suscrito en el listado de admitidos de la Resolución CJR23-
0061 de 8 de febrero de 2023 "Por medio de la cual se decide acerca
de la admisión de aspirantes al concurso de méritos destinado a la
conformación del Registro Nacional de Elegibles para la provisión de
cargos de funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante
Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018” De conformidad
con lo expuesto en los numerales CUARTO y QUINTO del acápite
correspondiente a la relación fáctica y hermenéutica propuesta para
la presente acción.
2. Al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA (UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y COORDINACIÓN ÁREA JURÍDICA
DEL CONCURSO JUECES Y MAGISTRADOS DE LA CONVOCATORIA 27
RAMA JUDICIAL) HABILITAR A JOSÉ JOAQUÍN MARTÍNEZ
GARCÍA LA INSCRIPCIÓN AL IX CURSO DE FORMACIÓN
JUDICIAL INICIAL, correspondiente a la fase III de la etapa de
selección del concurso de méritos convocado mediante Acuerdo
PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, destinado a la
conformación del Registro Nacional de Elegibles para la provisión de
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cargos de funcionarios de la Rama Judicial, teniendo en cuenta que
la misma se encuentra abierta al momento de presentación de
la presente acción.
3. SUBSIDIARIAMENTE, Al CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA (UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL
– DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y
COORDINACIÓN ÁREA JURÍDICA DEL CONCURSO JUECES Y
MAGISTRADOS DE LA CONVOCATORIA 27 RAMA JUDICIAL)
HABILITAR EXTEMPORÁNEAMENTE A JOSÉ JOAQUÍN
MARTÍNEZ GARCÍA LA INSCRIPCIÓN AL IX CURSO DE
FORMACIÓN JUDICIAL INICIAL, correspondiente a la fase III de
la etapa de selección del concurso de méritos convocado mediante
Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, destinado a la
conformación del Registro Nacional de Elegibles para la provisión de
cargos de funcionarios de la Rama Judicial, teniendo en cuenta que la
misma se encuentra abierta al momento de presentación de la
presente acción, y el no cumplimiento de esta etapa conlleva la
configuración de un perjuicio irremediable respecto del suscrito […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- CARJUD solicitó denegar el amparo deprecado por ausencia
de vulneración de los derechos fundamentales invocados.
Apuntó que teniendo en cuenta que conforme con el artículo 85 de la
Ley Estatutaria de Administración de Justicia le corresponde
reglamentar la carrera judicial, expidió el Acuerdo núm. PCSJA18-
11077 de 16 de agosto de 2018, para adelantar el concurso de
méritos al que alude el actor.
Señaló que con las inscripciones al concurso los aspirantes
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manifestaban que se encontraban conformes con las normas
establecidas en el acuerdo de la convocatoria, sin que se tenga
conocimiento de que curse una demanda contenciosa por el asunto
aquí debatido.
Añadió que, en efecto, el actor fue rechazado por la causal 3.4 por
no acreditar el requisito de la experiencia mínima, frente a lo cual en
término aquel solicitó la verificación de la información que presentó
al momento de la inscripción y allegó nueva documentación.
Precisó que mediante Oficio núm. CJO23-1178 de 13 de marzo de
2023 dio respuesta a la solicitud del actor, aclarándole que una vez
realizada la sumatoria de los tiempos de las certificaciones que
cumplen con los parámetros definidos en la Convocatoria núm. 27,
acreditó 863 días y que además la única experiencia profesional a
tener en cuenta es luego de la obtención del título de abogado que
en su caso era a partir del “27/04/2012”.
Advirtió que pese a lo anterior y, luego de la verificación de los
documentos aportados en el sistema “Kactus”, evidenció que se
omitió contabilizar la experiencia como Escribiente de la Secretaría
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, desde el 28 de abril de
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2012 al 31 de julio del mismo año, acreditando así 94 días adicionales
sumando un total de 957 días, lo que de igual forma no cumplía con
el requisito mínimo requerido para el cargo de aspiración equivalente
a 1.440 días.
Aclaró que de igual forma se le informó al actor que la experiencia
como Docente de Hora Catedra, en la Universidad Mayor de
Cundinamarca y Universidad INCCA, no cumplían con los “[…]
requisitos previstos en el acuerdo de convocatoria, de conformidad
con lo previsto en el artículo 3.º numerales 2.5.5. “Las certificaciones
para acreditar el ejercicio de la docencia, deberán ser expedidas por
las respectivas entidades de educación superior oficialmente
reconocidas, en las que conste la cátedra o cátedras dictadas y las
fechas exactas de vinculación, tipo de vinculación, retiro y la
dedicación” y 4.2. IV.” … La docencia en la cátedra en áreas jurídicas
o en ciencias administrativas, económicas o financieras, cuando el
cargo lo requiera, dará derecho a cinco (5) puntos por cada semestre
de ejercicio de tiempo completo […]”.
Comentó que, en todo caso, los actos administrativos implicados
gozan de presunción de legalidad, por lo que el actor cuenta con los
mecanismos ordinarios para cuestionarlos, por lo que la acción de
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tutela carecería del requisito de procedibilidad para abordar el
estudio del fondo del asunto.
Finalmente, solicitó la desvinculación de la presente acción de tutela,
toda vez que actualmente la Fase III del concurso de méritos
convocado mediante el Acuerdo núm. PCSJA18-11077 de 16 de
agosto de 2018, está a cargo exclusivamente de la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla.
I.5.2.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA pese a ser debidamente
notificada del presente trámite constitucional, guardó silencio.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
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Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que CARJUD formuló petición de desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva en la presente acción de
tutela.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
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dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Ahora bien, la Sala advierte que el actor presentó la acción de tutela
contra CARJUD y la DIRECCIÓN EJECUTIVA, porque, a su juicio,
vulneraron sus derechos fundamentales invocados al expedir la
Resolución núm. CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, dentro del
concurso de méritos adelantado con ocasión a la Convocatoria núm.
27 y al no dar respuesta clara, de fondo y congruente a su petición
de 12 de mayo de 2023, por lo que estas son parte demandada dentro
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de la acción constitucional de la referencia y su vinculación se dio en
tal calidad.
Por lo anterior, la Sala denegará la solicitud de desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por CARJUD,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19913. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
3
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
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Caso concreto
En el presente caso, el actor instauró la acción de tutela con el fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales de petición, al
debido proceso y a la igualdad, los cuales, a su juicio, le fueron
vulnerados por CARJUD y la DIRECCIÓN EJECUTIVA, por una
parte, al expedir la Resolución núm. CJR23-0061 de 8 de febrero de
2023, dentro del concurso de méritos adelantado con ocasión a la
Convocatoria núm. 27, para proveer cargos de carrera en la Rama
Judicial y, por otra, al no dar respuesta de fondo, clara y congruente
a la solicitud que elevó el 20 de febrero del presente año para que
efectuara la verificación de sus requisitos de admisión.
A través de la referida resolución CARJUD rechazó del referido
concurso al actor, bajo el argumento de que no había acreditado la
experiencia mínima para el cargo al que se había inscrito.
En relación con dicho aspecto, la controversia deviene del hecho de
que, en sentir del actor, la autoridad accionada debe tener en cuenta
la experiencia que obtuvo en ejercicio de la docencia sin importar si
fue de tiempo completo o no, así como aquella que ha adquirido con
posterioridad a la inscripción a la convocatoria.
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Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en establecer si el presente caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de
ser así, determinar si las autoridades accionadas vulneraron los
derechos deprecados por el actor, al expedir la Resolución núm.
CJR26-0061 de 8 de febrero de 2023, en cuanto se le rechazó del
concurso de méritos adelantado con ocasión a la Convocatoria núm.
27, así como al no haber dado respuesta de fondo, clara congruente
a la solicitud que aquel elevó el 20 de febrero del mismo año sobre
la verificación de sus requisitos de inscripción.
Comoquiera que el problema jurídico versa sobre i) los reproches
contra la Resolución núm. CJR26-0061 de 8 de febrero de 2023 y; ii)
la falta de respuesta de fondo, clara y congruente a la solicitud de 20
de febrero del mismo año, la Sala abordará el estudio de dichos
aspectos de forma separada.
De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del
requisito de subsidiariedad
El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el
cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86
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de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que
«existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y
negrillas fuera del texto).
Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo
tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en
aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.
Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los
derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural
idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las
competencias establecidas por el legislador.
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de
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un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se
dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer
del fondo del asunto.»4 (Subrayas y negrillas fuera del texto).
En relación con la Convocatoria núm. 27 y la procedencia de la acción
de tutela para cuestionar sus actos administrativos, en la sentencia
SU-067 de 24 de febrero de 2022, la Corte Constitucional precisó:
“[…] esta corporación ha manifestado que la acción de
tutela no es, en principio, el medio adecuado para
reclamar la protección de los derechos fundamentales
cuando estos resultan infringidos por la expedición de un
acto administrativo. Dicha postura ha dado lugar a una
línea jurisprudencial pacífica y reiterada[52]. Su
fundamento se encuentra en el hecho de que el legislador
ha dispuesto los medios de control de la Ley 1437 de 2011
como los instrumentos procesales para demandar el
control judicial de los actos administrativos[53].
94. Según este diseño normativo, el proceso judicial que se
surte ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo es el
escenario natural para la reivindicación de los derechos
fundamentales conculcados en este contexto. Allí, los
interesados pueden reclamar no solo el control de legalidad
correspondiente, sino, además, el restablecimiento de los
derechos fundamentales que hayan sido vulnerados. Las
medidas cautelares que ofrece la Ley 1437 de 2011, las
cuales permitirían prevenir la consumación de un daño
4 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio
Palacio.
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definitivo mientras se surte la causa judicial, corroboran
la idoneidad de los aludidos medios de control en este
campo.
95. Esta regla general ha sido igualmente acogida en el ámbito
de los concursos de méritos. Al respecto, esta corporación ha
manifestado que el juez de lo contencioso administrativo es la
autoridad llamada a juzgar las violaciones de los derechos
fundamentales que ocurran en este tipo de actuaciones
administrativas. Al respecto, ha manifestado que «por regla
general, […] es improcedente la acción de tutela que pretenda
controvertir los actos proferidos por las autoridades
administrativas que se expidan con ocasión de un concurso de
méritos, pues para ello se han previsto otros instrumentos
judiciales como lo dispone el artículo 104 de la Ley 1437 de
2011»[54]. La posibilidad de emplear las medidas
cautelares, «que pueden ser de naturaleza preventiva,
conservativa, anticipativa o de suspensión»[55],
demuestra que tales acciones «constituyen verdaderos
mecanismos de protección, ante los efectos adversos de
los actos administrativos»[56].
96. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha
instaurado tres excepciones a la regla general de
improcedencia de la acción de tutela, en el campo
específico de los concursos de mérito[57]. Los actos
administrativos que se dicten en el curso de estas
actuaciones administrativas podrán ser demandados por
esta vía cuando se presente alguno de los siguientes
supuestos: i) inexistencia de un mecanismo judicial que
permita demandar la protección del derecho fundamental
infringido, ii) configuración de un perjuicio irremediable
y iii) planteamiento de un problema constitucional que
desborde el marco de competencias del juez
administrativo. A continuación, se explican estas
hipótesis.
97. Inexistencia de un mecanismo judicial que permita
demandar la protección del derecho fundamental infringido. La
primera excepción se basa en el reconocimiento de la existencia
de ciertos actos que, de conformidad con las reglas del derecho
administrativo, no pueden ser sometidos a escrutinio judicial. En
estos casos, la solicitud de amparo resulta procedente por
cuanto «la persona afectada no tiene mecanismo distinto de la
acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos
porque no está legitimada para impugnar los actos
administrativos que los vulneran»[58]. Habida cuenta de esta
circunstancia, la acción de tutela actúa «como mecanismo
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definitivo, cuando se controvierten actos de trámite o de
ejecución que vulneren derechos fundamentales, comoquiera
que tales decisiones no son susceptibles de discusión
jurisdiccional ante lo Contencioso Administrativo»[59].
98. Urgencia de evitar el acaecimiento de un perjuicio
irremediable. La segunda excepción a la regla general de
improcedencia de la acción de tutela contra estos actos
administrativos se funda en la necesidad de evitar la
consolidación de un perjuicio irremediable[60]. Este supuesto de
hecho se presenta cuando «por las circunstancias excepcionales
del caso concreto, es posible afirmar que, de no producirse la
orden de amparo, podrían resultar irremediablemente afectados
los derechos fundamentales de la persona que interpone la
acción»[61].
99. Planteamiento de un problema constitucional que desborde
el marco de competencias del juez administrativo. Finalmente,
la tercera salvedad reconocida por la jurisprudencia
constitucional se basa en la especial índole que presentan ciertos
problemas jurídicos. De conformidad con el criterio expresado
en las sentencias T-160 de 2018 y T-438 de 2018, algunas
demandas plantean controversias que desbordan el ámbito de
acción del juez de lo contencioso administrativo. En tales casos,
«las pretensiones del accionante no se dirigen a determinar la
legalidad de los actos administrativos expedidos en desarrollo de
la convocatoria, pretensión para la cual puede acudir a los
medios de control de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, sino que pretende demostrar que la aplicación
de estas normas, en su caso concreto, lesiona sus derechos
fundamentales»[62].
100. Las acciones sometidas a revisión se encuadran en el
supuesto de ausencia de medios de control. Las acciones de
tutela interpuestas por los demandantes se enmarcan en el
primer supuesto de hecho. Esto es así dado que la Resolución
CJR20-0202 es un acto administrativo de trámite, motivo por el
cual no puede ser sometido al escrutinio de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. Así lo confirma la jurisprudencia del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, la cual reconoce
que los medios de control de la Ley 1437 de 2011 no pueden ser
empleados en el caso particular de los actos de trámite. En todo
caso, según se explica a continuación, el hecho de que no sea
posible demandar por esta vía tales actos administrativos en
modo alguno implica que la acción de tutela pueda utilizarse en
todos los casos para demandar tales determinaciones de la
Administración. Así pues, a continuación, se expone la aludida
postura de estos tribunales al respecto, y se analizan los
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requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela
contra actos de trámite.
[…]
109. Supuestos específicos de procedencia de la acción de
tutela contra actos administrativos de trámite expedidos
en el marco de los concursos de méritos. Con fundamento
en las razones expuestas hasta este punto, la Sala Plena
de esta corporación ha propuesto los siguientes
requisitos, que permiten evaluar la procedibilidad
específica de la acción de tutela contra estos actos en
particular: «i) que la actuación administrativa de la cual
hace parte el acto no haya concluido; ii) que el acto
acusado defina una situación especial y sustancial que se
proyecte en la decisión final; y iii) que ocasione la
vulneración o amenaza real de un derecho constitucional
fundamental»[76]. A continuación, se procede a analizar
la procedibilidad de las acciones interpuestas en los
procesos bajo revisión, a la luz de estas exigencias.
110. Las acciones de tutela interpuestas en los procesos T-
8.252.659, T-8.258.202, T-8.374.927 satisfacen los requisitos
específicos de procedibilidad para el caso de actos de trámite.
La Sala Plena juzga que las acciones de tutela presentadas por
Diego Mauricio Higuera Jiménez, Pedro Alirio Quintero Sandoval
y Jorge Hernán Pulido Cardona satisfacen los requisitos
establecidos por la jurisprudencia constitucional sobre este
asunto específico. En primer lugar, la actuación administrativa
que tuvo inicio con la expedición del Acuerdo PCSJA18-11077 se
encuentra en curso; en cumplimiento de lo decidido en la
Resolución CJR20-0202, aquella fue retrotraída a la citación para
la práctica de la prueba de conocimientos y aptitudes. Por
consiguiente, la actuación se encuentra en la primera fase de la
primera etapa, de acuerdo con el procedimiento establecido en
el acto de convocatoria.
111. En segundo término, la Resolución CJR20-0202 «define
una situación especial y sustancial que se proyecta en la decisión
final»[77]. Si bien el acto administrativo que da a conocer los
resultados de la prueba de conocimientos y aptitudes es un acto
de trámite, es evidente que contiene una decisión de indiscutible
relevancia para el desarrollo de la convocatoria. Antes de
ahondar en este asunto, la Sala Plena encuentra oportuno hacer
hincapié en la naturaleza jurídica de la Resolución CJR20-0202
como acto administrativo de trámite: la manifestación de
voluntad del Consejo Superior de la Judicatura que se encuentra
contenida en la resolución no trae como consecuencia la
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finalización o la obstaculización del avance de la actuación
administrativa que se encuentra en curso. Por el contrario,
aquella pretende enmendar las irregularidades que se han
presentado en la estructuración y evaluación de la prueba de
conocimientos y aptitudes. De ahí que, en estricto rigor, dicho
acto administrativo sea de trámite, y no un acto administrativo
definitivo […]”.
Conforme con la sentencia de unificación en cita, la acción de tutela
es improcedente para reclamar la protección de derechos
fundamentales, cuando la vulneración se atribuye a un acto
administrativo, excepto si no existe otro mecanismo judicial que
permita demandar la protección de la garantía fundamental
infringida, se vislumbre la configuración de un perjuicio irremediable
o se trate de un asunto cuyo problema constitucional desborde el
marco de competencias del juez administrativo.
Además, el Alto Tribunal precisó que de manera excepcional la acción
de tutela es procedente para solicitar la protección de derechos
fundamentales frente a actos administrativos de trámite expedidos
en el marco de los concursos de méritos, siempre que la actuación
administrativa de la cual hace parte el acto no haya concluido, que
el acto acusado defina una situación especial y sustancial que se
proyecte en la decisión final y que ocasione la vulneración o amenaza
real de las garantías deprecadas.
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Asimismo, en la providencia en cita, la Corte Constitucional concluyó
que en esa oportunidad era procedente el estudio del fondo del
asunto, dado que la presunta vulneración de los derechos deprecados
se derivaba de un acto que no era susceptible de control judicial por
ser de trámite, pero que en todo caso sí definía una situación especial
y sustancial que se proyectaría en la decisión final, esto era, la
Resolución CJR20-0202 a través de la cual CARJUD resolvió corregir
varias de las actuaciones que había desarrollado hasta ese momento
en el marco de la Convocatoria núm. 27 desde la citación a las
pruebas de aptitudes y conocimientos, para ajustar todo el trámite a
derecho y continuarlo en debida forma.
Ahora bien, precisado lo anterior, la Sala advierte que, en relación
con los reproches que el actor elevó contra su rechazo de la
convocatoria, la presente acción de tutela es improcedente por
la existencia de otro medio de defensa judicial, comoquiera que las
inconformidades planteadas recaen en la Resolución núm. CJR23-
0061 de 8 de febrero de 2023 y podían ser discutidas a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
mecanismo de defensa idóneo para tal efecto y en el cual podía
solicitar las medidas cautelares dispuestas en el CPACA, las cuales
“permitirán prevenir la consumación de un daño definitivo mientras
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se surte la causa judicial”, tal como lo previó la Corte Constitucional
en la sentencia SU-067 de 2022.
Cabe anotar que incluso si el actor estima que existe alguna
irregularidad en el marco regulatorio de la referida convocatoria,
puede cuestionar su legalidad a través del medio de control de
nulidad, atendiendo en todo caso a la finalidad de sus eventuales
pretensiones.
Además, la Sala no advierte la existencia de un perjuicio irremediable
que haga procedente la acción de tutela de la referencia como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, dado
que de los elementos de juicio obrantes en el expediente no es
posible establecer dicha circunstancia.
En lo que concierne a la improcedencia de la acción de tutela para
discutir decisiones administrativas particulares emitidas en
concursos de méritos, en especial el acto administrativo que excluye
del proceso de selección, así como la eficacia e idoneidad de los
mecanismos ordinarios, esta Sala en sentencia de 14 de octubre de
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20215, señaló lo siguiente:
“[…] VI.4.1. Improcedencia de la presente acción de tutela
por desconocer requisito de subsidiariedad
20. En el sub judice la actora afirmó que las entidades
accionadas vulneraron sus derechos fundamentales invocados,
al expedir las resoluciones números CSJBOR21 568 de 20 de
mayo de 2021, CSJBOR21-801 de 6 de julio de 2021 y CJR21-
0265 de 17 de agosto de 2021, por medio de las cuales se
dispuso su exclusión del proceso de selección en el marco
del concurso de méritos convocado mediante Acuerdo
CSJBOA17-609 del 06 de octubre de 2017.
21. Cabe resaltar que, como se enunció previamente, la acción
de tutela resulta improcedente cuando se pretende controvertir
la legalidad de actos administrativos, en razón a que los
asociados cuentan con medios de defensa ordinarios como lo son
los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento
del derecho, los cuales son mecanismos idóneos para solicitar la
anulación y la suspensión de los actos de la administración que,
según afirma, lesionan el ordenamiento jurídico y, debido a esto,
afectan derechos fundamentales.
22. Conforme con lo anterior, para la Sala resulta forzoso
concluir que los actos administrativos acusados por esta vía
constitucional son susceptibles de control jurisdiccional y, en ese
sentido, la accionante dispone del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, a través del cual
puede discutir la legalidad de los actos administrativos en
cuestión.
23. Así las cosas, y resaltándose que, tal como lo ha sostenido
esta Sección, «con la expedición la Ley 1437 de 18 de enero de
2011, ya no es aceptable el argumento según el cual los medios
de control ordinarios no son eficaces ni oportunos para la
protección de los derechos presuntamente conculcados en casos
como el estudiado».
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de octubre
de 2021, CP. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS número único de radicación 11001-03-15-000-
2021-06518-00(AC).
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24. Lo anterior en consideración a que «la mencionada
normativa además de darle celeridad a los procesos al consagrar
la oralidad en los mismos, contiene diferentes herramientas
jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las
medidas cautelares incluso de urgencia, como la
suspensión provisional de los efectos del acto
administrativo o del procedimiento hasta tanto se defina
la declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de
una decisión administrativa; impartir órdenes o imponerle
obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las partes, las
cuales demuestran la efectividad del procedimiento
ordinario cuando se advierte una situación apremiante
que necesite ser remediada incluso antes de que se
profiera una decisión definitiva». (negrillas fuera del texto)
25.Con fundamento en la anterior premisa, para la Sala es claro
que, contrario a lo sostenido por la actora, el medio de defensa
de que dispone para controvertir los actos administrativos
acusados por vía judicial resulta ser idóneo y eficaz para la
protección de los derechos fundamentales que estima
vulnerados con los actos administrativos emitidos por las aquí
accionadas.
26. Sumado a lo anterior, la Sala advierte que en el sub examine
no se demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable, ya
que este debe suponer una hipotética afectación grave y
significativa de los derechos fundamentales de la parte actora, y
en ese sentido se justifica la intervención del juez de tutela en
forma transitoria para adoptar medidas urgentes e
impostergables que eviten la materialización del referido
perjuicio; circunstancias que en el presente asunto no se
presentan.
27. Por todo lo anterior, la Sala concluye que la parte
actora debe utilizar los medios ordinarios establecidos en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, para discutir la legalidad de
los actos administrativos que acusa por vía
constitucional. Por tanto, se declarará la improcedencia la
presente acción de tutela ante la inobservancia del requisito de
la subsidiariedad […]”.
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Cabe precisar que en sentencias de 27 de abril de 2023 6, esta Sala
también se pronunció sobre la improcedencia de la acción de tutela
para cuestionar decisiones emitidas en el desarrollo de concursos de
méritos en casos similares al presente, en el que los actores discutían
la legalidad de los requisitos de admisión a la Convocatoria 27, así
como los actos administrativos particulares a través de los cuales se
dispuso sobre su rechazo de dicho proceso.
Por otro lado, la Sala destaca que si bien, entre otras, en sentencias
de 247 y 318 de marzo de 2023 se pronunció de fondo frente a
solicitudes de amparo elevadas por participantes de la convocatoria
27, dicha situación obedeció a que los asuntos devenían de la
presunta falta de resolución de los recursos de reposición
interpuestos contra los puntajes de las pruebas de aptitudes y
conocimientos, lo que se relacionaba con el derecho de petición,
garantía susceptible de protección directa a través de la acción de
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de abril
de 2023, CP. Roberto Augusto Serrato Valdés número único de radicación 110010315000 2023 01476
00 (AC).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de abril de
2023, CP. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN número único de radicación 110010315000 2023 01571 00
(AC).
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de marzo
de 2023, CP Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 110010315000 2023 00837 00
(AC)
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de marzo
de 2023, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 110010315000 2023 01122
00 (AC)
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tutela como se indicó previamente9.
Al respecto en la sentencia de 31 de marzo de 2023 aludida, esta
Sala precisó:
“[…] Cabe destacar, en cuanto al cumplimiento del requisito de
subsidiariedad, que si bien es cierto el actor solicita expresamente
que se deje sin efectos «[…] el acto administrativo RESOLUCIÓN
CJR23-0028 16 ENE2023 Y SUS ANEXOS […]», la realidad
es que dicha petición surge porque a juicio del tutelante las
accionadas no resolvieron de manera clara, fondo y congruente
los cuestionamientos u objeciones que presentó frente «[…] a las
preguntas 53, 82, 88, 103, 105, 106, 108, 110, 119, 120, 122,
129, 32, 53, 65, 66, 70, 82, 100, 101, 102, 103, 126 y 129 […]».
Significa lo anterior que el presente asunto está orientado
a determinar si se violó o no el núcleo esencial del derecho
de petición del actor, con ocasión del recurso de reposición
que promovió en contra de la Resolución CJR22- 0351 de
1° de septiembre de 2022, razón por la cual el medio de
defensa ordinario resultaría ineficaz para tal fin […]”
(Destacado fuera de texto).
De igual forma, la Sala pone de presente que si bien el actor sustentó
las razones por las cuales en su sentir la presente acción de tutela
debía estudiarse de fondo en cuanto al aspecto referido, lo cierto es
que el análisis sobre ese asunto en la presente providencia tiene
como fundamento la sentencia de unificación antes mencionada, así
9
Ver, sentencia T-230/20, Corte Constitucional, Mp Luis Guillermo Guerrero Pérez “[…] respecto del
requisito de subsidiariedad, es preciso anotar que, visto el asunto sub-judice, el recurso de amparo es
el mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para la protección del derecho de petición, si se tiene
en cuenta que, en el ordenamiento colombiano no existe otra alternativa para proceder a su amparo,
tal y como insistentemente lo ha señalado esta Corporación […]”.
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como la reiterada jurisprudencia de esta Sala, sin que se haya
advertido causal para la procedencia de la solicitud de amparo.
En las condiciones anotadas, en lo que concierne a los reproches que
el actor adujo contra su rechazo de la convocatoria aludida, la Sala
advierte que la solicitud de amparo carece del requisito general de
subsidiariedad, por lo que se declarará improcedente la solicitud de
amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia.
Del derecho de petición
El derecho de petición es una garantía susceptible de protección
directa a través de la acción de tutela10 que se encuentra prevista en
el artículo 23 de la Constitución Política, así:
“[…] Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales […]”.
Respecto del derecho de petición, la Jurisprudencia de la Corte
10
Ver, sentencia T-230/20, Corte Constitucional, Mp Luis Guillermo Guerrero Pérez “[…] respecto del
requisito de subsidiariedad, es preciso anotar que, visto el asunto sub-judice, el recurso de amparo es
el mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para la protección del derecho de petición, si se tiene
en cuenta que, en el ordenamiento colombiano no existe otra alternativa para proceder a su amparo,
tal y como insistentemente lo ha señalado esta Corporación […]”.
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Constitucional, entre otras, en sentencia C-818 de 201111, estableció
que:
“[…] En relación con lo que debe entenderse como elementos
estructurales esenciales del derecho fundamental de
petición, reiteradamente, la Corporación ha señalado que estos
se constituyen en la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas.
Sobre el particular, la Sentencia T-490 de 2005, reiterada por
la Sentencia T-1130 de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006 y
T-108 de 2006, señaló:
“En lo que concierne al derecho de petición, considera la Sala
que conforme a las reglas que en esa materia ha fijado esta
Corporación y que se encuentran contenidas, entre otras, en la
Sentencia T-466 de 2004, el núcleo esencial del derecho de
petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión,
el cual en el asunto de la referencia resulta lesionado puesto que
el Seguro Social, según se ha reseñado, no demostró haber dado
respuesta a la petición del actor formulada el 5 de noviembre de
2003. Esta sola circunstancia impedía al a-quo dar aplicación al
artículo 26 del Decreto 2591 de 1991”.
En igual sentido, en la Sentencia T- 147 de 2006, se dijo:
“La abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional en
materia de características esenciales del derecho de
petición, cuyo núcleo esencial reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión, tiene como presupuesto esencial una
de dos circunstancias: (i) que al accionante no se le permita
presentar petición, o (ii) que exista presentación de una solicitud
por parte del accionante. En este sentido, la vulneración del
derecho de petición se presentará o bien por la negativa de un
agente de recibir la respectiva petición o frustrar su presentación
– circunstancia (i)-; o bien que habiendo presentado una
petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la solicitud
presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).”
11
M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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De la misma manera, las Sentencias T-1160A de 2001, T-1889
de 2001, T-846 de 2003, T-306 de 2003, T-447 de 2003, T-855
de 2004, T-734 de 2004, T-915 de 2004, T-192 de 2007, T-243
de 2008, T-325 de 2010, entre muchas otras, han señalado que
el derecho de petición en su contenido comprende los siguientes
elementos: (i) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;
(ii) una respuesta que debe ser pronta y oportuna, es decir
otorgada dentro de los términos establecidos en el ordenamiento
jurídico, así como clara, precisa y de fondo o material, que
supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la
materia propia de la solicitud y de manera completa y
congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada uno
de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo
decidido al peticionario, independientemente de que la
respuesta sea favorable o no, pues no necesariamente se debe
acceder a lo pedido […]”.
El derecho de petición es considerado fundamental y determinante
para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.
Además, porque mediante él se garantizan otros derechos
constitucionales, como el de información, participación política y
libertad de expresión.
Asimismo, que el núcleo esencial de dicho derecho reside en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la
posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva
para sí el sentido de lo decidido.
Que, por ello, la respuesta debe cumplir con estos requisitos: ser
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oportuna; debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera
congruente con lo solicitado; ser puesta en conocimiento del
peticionario. Si la misma no cumple con estos parámetros se incurre
en una vulneración del derecho constitucional fundamental de
petición.
Por su parte, la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 201512 se
ocupó de regular el derecho fundamental de petición y sustituyó el
Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
En lo pertinente al objeto y modalidades del derecho de petición, se
refirió así la citada Ley:
“[…] Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de
petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los
términos señalados en este código, por motivos de interés
general o particular, y a obtener pronta resolución completa y
de fondo sobre la misma.
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las
autoridades implica el ejercicio del derecho de petición
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que
sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se
podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención
de una entidad o funcionario, la resolución de una situación
12
“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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jurídica, la prestación de un servicio, requerir información,
consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular
consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse
sin necesidad de representación a través de abogado, o de
persona mayor cuando se trate de menores en relación a las
entidades dedicadas a su protección o formación […]”.
En cuanto al término para resolver las distintas peticiones, la Ley
1755 estableció que es de quince (15) días siguientes a su recepción,
excepto cuando se trate de peticiones de documentos y de
información o consultas a las autoridades en relación con las
materias a su cargo, cuyo plazo es de diez (10) y treinta (30) días,
respectivamente. En todo caso, si no es posible resolver la petición
en los plazos señalados, la autoridad debe informar esa circunstancia
al interesado, antes del vencimiento del término señalado,
precisando los motivos de la demora y el plazo razonable en que se
dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto.
Precisado lo anterior, la Sala advierte que en el presente asunto el
actor presentó una petición el 20 de febrero de 2023, a CARJUD por
medio de la cual le solicitó que efectuara una revisión de la
documentación con la que acreditaba el requisito de la experiencia,
así:
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Actor: JOSÉ JOAQUÍN MARTÍNEZ GARCÍA
“[…] José Joaquín Martínez García, identificado con cédula de
ciudadanía número 80212027 de Bogotá D.C., con todo respeto me
permito solicitar Solicitud de verificación de documentación y/o
solicitud de verificación de requisitos de conformidad con lo dispuesto
en el artículo tercero de la RESOLUCIÓN CJR23-0061 (08 de febrero
de 2023) “Por medio de la cual se decide acerca de la admisión de
aspirantes al concurso de méritos destinado a la conformación del
Registro Nacional de Elegibles para la provisión de cargos de
funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante Acuerdo
PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018”.
[…]
La causal para el rechazo, aparece en el anexo 2, como la
correspondiente al numeral 3.4 “no acreditar el requisito mínimo de
experiencia”.
[…]
Sin embargo, la documentación que oportunamente fue subida y
cargada a la plataforma da cuenta de una experiencia profesional
ininterrumpida con posterioridad a la obtención del título de abogado
en actividades jurídicas de conformidad con lo establecido en la
Resolución CJR23-0061 (08 de febrero de 2023) y el Acuerdo
PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018. Esto es, en cargos tanto
públicos como privados. Resaltando que, de conformidad con las
mencionadas reglamentaciones, se computa la actividad como
empleado judicial realizada con posterioridad a la obtención del título
de abogado como experiencia profesional.
De conformidad con el acta de grado y el diploma de abogado
otorgado por la UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA,
e igualmente la Tarjeta Profesional de Abogado expedida por el
Consejo Superior de la Judicatura, mi fecha de grado fue el 27 de abril
de 2012. Ante lo cual, cabe resaltar que para esa fecha era EMPLEADO
EN CARRERA DE LA RAMA JUDICIAL desde el 05 de octubre de 2009
hasta el 30 de septiembre de 2013. En consecuencia, debe contar
como experiencia profesional el lapso comprendido entre el 27 de
abril de 2012 hasta el 30 de septiembre de 2013 Igualmente, de
conformidad con los certificados oportunamente subidos y cargados
a la plataforma, desde el 10 de febrero de 2014 hasta el 30 de
noviembre de 2018 estuve vinculado como docente de la Facultad de
Derecho con la UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA, con
destinaciones de tiempo completo, medio tiempo y tiempo parcial.
Sumado a ello, consta que desde el 15 de enero de 2015 hasta el 6
de diciembre de 2018 estuve vinculado con la UNIVERSIDAD
COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA como docente de la Facultad
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de Derecho con dedicaciones de medio tiempo y tiempo parcial.
Adjunto capturas de pantalla de los documentos cargados
oportunamente en la plataforma los cuales cumplían con todos y cada
uno de los requisitos exigidos en el Acuerdo de Convocatoria
PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018 NUMERALES 3.5.1. […]
Por lo anterior, reitero la solicitud incoada desde el inicio del presente
documento, en el sentido de obtener la verificación de documentación
y/o verificación de requisitos de JOSÉ JOAQUÍN MARTÍNEZ GARCÍA
C.C. 80212027. Teniendo en cuenta que no solo se cumplía con el
requisito mínimo al momento de la inscripción y cargue de
documentos en la plataforma, sino que el mismo era superado
holgadamente.
Para los mismos efectos, me permito insertar el reporte de Listado de
Documentos Registrados del 07 de septiembre de 2018 en el cual es
claro que toda la experiencia laboral fue debidamente cargada en el
sistema.
[…]
Finalmente, me permito transcribir el numeral 3.5.4. del Acuerdo de
Convocatoria PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018 “3.5.4 Las
certificaciones para acreditar el ejercicio de la docencia en áreas
relacionadas con el cargo de aspiración, deberán ser expedidas por
las respectivas entidades de educación superior oficialmente
reconocidas, en las que consten la cátedra o cátedras dictadas y las
fechas exactas de vinculación y retiro y la dedicación (tiempo
completo, medio tiempo o cátedra).”. Del aparte trascrito es claro,
que no fue establecido ningún mínimo de dedicación a la docencia,
así como no se hizo para ninguna de las actividades de ejercicio
profesional para acreditar experiencia, pues eran de recibo el ejercicio
independiente de la profesión u oficio, los contratos de prestación de
servicios y otros tipos de ejercicios profesionales donde no había
mínimo de dedicación semanal ni mensual, siendo un principio básico
del derecho, que en aquellos lugares donde el legislador (en este caso
la autoridad que expidió el Acuerdo de Convocatoria PCSJA18-11077
de 16 de agosto de 2018) no distingue, no le es dado al intérprete
distinguir. Por todo lo cual, el suscrito cumplió con el cargue oportuno
de los documentos, así mismo con el tiempo mínimo de experiencia
profesional requerido, y considera, después de haber aprobado dos
(2) veces las pruebas de aptitudes y conocimientos, que es una falta
de respeto el rechazo por una supuesta falta de experiencia
profesional, la cual fue debidamente acreditada […]”.
Ahora bien, de conformidad con el material probatorio obrante en el
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expediente, la Sala observa que a través de Oficio núm. CJO23-1178
de 13 de marzo de 2023, CARJUD resolvió la petición aludida en los
siguientes términos:
“[…] ASUNTO: Respuesta solicitud de revisión de documentos
convocatoria 27
Doctor Martínez García:
En atención a la solicitud del asunto remitida dentro del término
previsto en el cronograma, de manera atenta se procede a dar
respuesta en los siguientes términos:
Conforme lo establece el artículo 164 de la Ley 270 de 1996 y
tal como se regló en el artículo 3.º del Acuerdo PCSJA18-11077
de 16 de agosto de 2018, “…La convocatoria es norma
obligatoria y reguladora de este proceso de selección, por tanto,
de perentorio cumplimiento tanto para la administración como
para los participantes, quienes con su inscripción, aceptan las
condiciones y términos señalados en el presente Acuerdo”.
Así mismo, el artículo 3.º numeral 1.2. del Acuerdo PCSJA18-
11077 de 2018, estableció como requisito específico para los
cargos de Juez de categoría de Circuito: “Acreditar experiencia
profesional, por un lapso no inferior a cuatro (4) años”.
(correspondiente a 1440 días) “…La experiencia profesional
deberá ser adquirida con posterioridad a la obtención del título
de abogado en actividades jurídicas…”. A su vez en el numeral
2.4.3. del mismo artículo se determinó que los aspirantes debían
anexar, de conformidad con el instructivo, en archivo de formato
PDF, copia de los certificados de experiencia profesional.
A su vez, en el numeral 2.3. se indicó “…Para el efecto, el
instructivo de inscripción hará parte del presente Acuerdo y se
publicará en el citado Portal de la Rama Judicial; la información
allí reportada se validará con la documentación que haya sido
digitalizada y se vea reflejada en el aplicativo.”
Así las cosas, en atención a la solicitud de verificación allegada
dentro del término establecido para ello, se revisó el sistema
para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el
cargo de Juez Penal del Circuito para Adolescentes y se
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pudo constatar que no se acreditó el requisito mínimo de
experiencia exigido para el cargo de aspiración, toda vez que, se
encontraron los siguientes certificados laborales, los cuales se
contabilizaron teniendo en cuenta la fecha de obtención del título
de abogado, que en este caso es 27/04/2012:
Como se observa, al realizar la sumatoria de los tiempos de las
certificaciones que cumplen con los parámetros definidos en la
convocatoria, se observa que no acredita el término mínimo
requerido para el cargo de aspiración equivalente a 1440 días.
Por otra parte, se advertir que, las siguientes certificaciones, no
cumplen con los requisitos previstos en el acuerdo de
convocatoria:
Sobre el particular se precisa que, la valoración de los
certificados se hizo teniendo en cuenta la estricta aplicación de
las normas establecidas en la convocatoria, en igualdad de
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condiciones con los demás participantes, de manera que, no es
posible dar un tratamiento diferente, en cuanto a la experiencia
profesional, la convocatoria es clara en precisar que debe ser
adquirida con posterioridad a la obtención del título de
abogado, sin que haya lugar a interpretaciones diferentes. Así,
la única experiencia profesional a tener en cuenta es posterior a
esa fecha, esto es, al 27/04/2012.
Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 3.º
numeral 1. 2. “La experiencia profesional deberá ser adquirida
con posterioridad a la obtención del título de abogado en
actividades jurídicas (...)”.
Ahora, en cuanto a la experiencia docente, la convocatoria es
clara en establecer que para puntuarla debe ser tiempo
completo tanto para el requisito mínimo, como para la
experiencia adicional. En ese sentido, la única experiencia
docente a tener en cuenta es la acreditada con tiempo completo.
Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 3.º
numerales 2.5.5. “Las certificaciones para acreditar el ejercicio
de la docencia, deberán ser expedidas por las respectivas
entidades de educación superior oficialmente reconocidas, en las
que conste la cátedra o cátedras dictadas y las fechas exactas
de vinculación, tipo de vinculación, retiro y la dedicación” y 4.2.
IV.”… La docencia en la cátedra en áreas jurídicas o en ciencias
administrativas, económicas o financieras, cuando el cargo lo
requiera, dará derecho a cinco (5) puntos por cada semestre de
ejercicio de tiempo completo.” (negrilla fuera de texto).
Por lo expuesto, con la documentación aportada al momento de
la inscripción, no se acreditó el requisito mínimo de experiencia,
por lo cual no es posible generar estado de admitido, dentro de
la convocatoria para la provisión de cargos de funcionarios de la
Rama Judicial […]”.
De los apartes en cita la Sala encuentra que en el oficio aludido
CARJUD le indicó al actor de forma detallada los resultados de la
verificación de la documentación que fue presentada al momento de
la inscripción, en particular, las razones por las cuales no cumplía con
el requisito de la experiencia.
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Dicho oficio fue enviado al actor el 22 de marzo de 2023, incluso
antes de la radicación de la presente acción de tutela 13, al correo
electrónico joaconear@gmail.com14, dirección electrónica de la que
fue enviada la petición y tal como lo manifestó aquel en el escrito de
tutela.
Lo anterior significa que la solicitud que el actor elevó el 20 de febrero
de 2023 ante CARJUD sí fue resuelta de fondo, de manera clara y
congruente, no obstante, el hecho de que la respuesta no haya sido
favorable a las pretensiones de aquel no significa que hubo una
vulneración al derecho de petición deprecado, por lo que frente a
este aspecto el amparo será denegado, como en efecto se dispondrá
en la parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
13
La acción de tutela de la referencia fue radicada el 8 de octubre de 2023, como consta en el índice
núm. 1 del expediente digital de primera instancia, consultado en la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial, SAMAI.
14
Ver documentos allegados por la accionada visibles a índice núm. 12 del expediente SAMAI.
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PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada por el CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL (CARJUD), por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela por no
cumplir el requisito general de la subsidiariedad, de conformidad con
lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: DENEGAR el amparo al derecho de petición, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de noviembre de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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