Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06188-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06188-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-06188-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
1 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., primero (1o.) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06188-00
Referencia: Acción de tutela
Actores: LIGIA ELSA CABRERA MADROÑERO Y OTROS.
TESIS: SE DECLARA LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA
DEL PROFESIONAL DEL DERECHO PARA REPRESENTAR A PERSONA
FALLECIDA. DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR CARECER
DEL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LOS
ACTORES PRETENDEN QUE EL JUEZ DE TUTELA HAGA UN NUEVO EXAMEN
INTEGRAL DE LA SITUACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA DEL CASO, CON LA
FINALIDAD DE QUE SE CORRIJA EL ANÁLISIS QUE HIZO LA AUTORIDAD
JUDICIAL ACCIONADA Y SE ACOJA LA INTERPRETACIÓN QUE PROPONEN.
DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA IGUALDAD, AL DEBIDO PROCESO, AL
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A LA DEFENSA Y AL PRINCIPIO
DE CONTRADICCIÓN.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte
actora contra la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL
CONSEJO DE ESTADO1.
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En adelante la Sección Tercera
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06188-00
Actores: LIGIA ELSA CABRERA MADROÑERO Y OTROS.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
Los señores LIGIA ELSA CABRERA MADROÑERO, AYDA LUCÍA y
NORALBA MORA PORTILLO, ADRIANA JANNETH SOTELO,
ALBA NEIDA PORTILLA, ONOFRE WILSON SOLARTE, AYDA
YAMILE TORRES SOLARTE, BERNARDO INOCENCIO y LADY
TATIANA PORTILLO, BERTHA LIGIA ARBOLEDA, BLANCA
AMALIA ZAMBRANO, BLANCA RUBIELA TORRES SOTELO,
CARLOS DAVID ORTEGA, CARLOS EFRÉN GUEVARA, CARLOS
FABIÁN CABRERA GARCÍA, CLARA MADROÑERO RIVAS,
CLAUDIA MARILU BURBANO BURBANO, DARWIN HASNTOR
TORO ARBOLEDA, DIANA MARLEIDY y YIMER ARVEY GARCÍA
PORTILLO, DORIS ADEIDA CABRERA MADROÑERO, EDGAR
JARO, AUDA ELISA BETHI, AIDA YAQUELIN, JESÚS LEONEL,
GLADYS ONEYDA y HÉCTOR FAVIO PORTILLO INSUASTI,
EDISON ARLEY ROSERO CARLOZAMA, SONIA EDILMA, ELDA
NANCY y ERICA DAYANIRA RÚALES GARCÍA, ELVIA MARÍA
VACA GOYES, ERNESTINA CAICEDO YELA, ESMERALDA
YAMILE ARMERO, ESPERANZA BELLANIRA DELGADO
ZAMBRANO, EUFRASIA JUSTINA ROSERO CARLOSAMA, FIDEL
ALEJANDRO CADENA BACCA, FLOR MARÍA MELO DELGADO,
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Actores: LIGIA ELSA CABRERA MADROÑERO Y OTROS.
FLORICELDA ESPERANZA ROJAS ROMERO, FLORISEL y JOSÉ
TITO GARCÍA RODRÍGUEZ, GEREMÍAS MORA OJEDA, GLADIS
NELLY MAYA DE INSUASTY, GRACIELA BURGOS, HUGO
GERARDO y PABLO OSWALDO MAYA PORTILLO, JAMES
ALDRUBAL SOLANO ARMERO, JARVIS IVÁN ROSERO BRAVO,
JEISON CAMILO VEGA TORO, JESÚS FABIO GILBERTO LÓPEZ,
JOHN ALEXANDER TORO CRUZ, JOHN JAIRO MAYA MENA,
JOSÉ FIDENCIO BENAVIDES, JOSÉ LEONIDAD MORA OJEDA,
KAREN DAYANA GUEVARA CÓRDOBA, LORENZO SALAS
HERNÁNDEZ, LUCY FLORISELDA TORO MAYA, LUIS ALFREDO
RÚALES, LUIS AURELIANO ROSERO, LUIS FERNANDO
PORTILLA, LUZ MARY ARBOLEDA TORO, MAIRA ALEJANDRA
GUEVARA, MARGARITA EUFRACIA SOTELO DELGADO, MARÍA
AYDE CARLOSAMA CHICAIZA, MARÍA LEOPOLDINA
CASANOVA, MARÍA ORFILA ZAMORA TORO, MARÍA ZULMA
ALMEIDA GÓMEZ, MARIO FERNANDO CÓRDOBA SOTELO,
MERCY PATRICIA CHÁVEZ GOYES, MIGUEL SEGUNDO
NARVÁEZ ESPAÑA, MILLER ALEXANDER MELO PORTILLA,
MIRO ENDULFO ORTIZ LÓPEZ, NANCY PATRICIA ZAMBRANO,
NERI DEL CARMEN PÉREZ NOGUERA, NICOLÁS MELO DÍAZ,
NICOMEDES GONZALO INSUASTI ROSALES, NIDIA DEL
CARMEN ARBOLEDA, NUBIA ESPERANZA ARBOLEDA TORO,
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ÓSCAR MARIO DÍAZ BERMÚDEZ, ÓSCAR DAMIÁN LARA
VALDERRAMA, ÓSCAR EWAR MONTENEGRO ROSERO, OSCAR
OLIVIO INSUASTI, PABLO EMILIO TORO CÓRDOBA, PAOLA
ANDREA ROSERO CARLOSAMA, PAOLA ANDREA ZAMBRANO,
RUTH ARALI GUERRERO RÚALES, SALVADOR ORDOÑEZ
ECHEVERRY, SANDRA PIEDAD MELO DELGADO, SEGUNDO
BAUTISTA SOTELO JURADO, SENEYDA LUCÍA MORA AGREDA,
TOMÁS FLORENCIO LÓPEZ BENAVIDES, TRINO HERALDO
SALAS GUEVARA, VÍCTOR ALFONSO VELASCO CABRERA, YULI
CAROLINA PORTILLO ROJAS, DIANA YANETH ROSALES
NARVÁEZ, BLANCA MERY SEGURA RODRÍGUEZ y EDIS JULIO
MONTILLA GUERRERO actuando a través de apoderado especial y
el abogado JESÚS RICARDO MORA GUERRERO como agente
oficioso de la señora MARÍA INÉS PORTILLO DE MAYA2, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la defensa y al principio de
contradicción, los cuales, a su juicio, les fueron vulnerados por la
SECCIÓN TERCERA al proferir la providencia de 17 de marzo de
2023, dentro del medio de control de reparación de los perjuicios
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Persona fallecida
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causados a un grupo identificado con el número único de radicación
2017-00222-01.
I.2. Hechos
Refirieron que la economía del municipio de Cumbitara, Nariño, se
basa principalmente en actividades agrícolas, dadas las condiciones
climáticas y topográficas de la región, por lo que parte de su
población está conformada por familias campesinas dedicadas a la
agricultura.
Manifestaron que conforman un grupo de agricultores del municipio
y que el día 9 de mayo de 2015 la POLICÍA NACIONAL realizó
varias aspersiones aéreas con glifosato sobre las veredas de
Damasco, el Turbio, Granadillo, la Floresta, Las Palmas, Las Piedras,
Mata de Plátano, Santa Rosa, Sidón y Santa Ana.
Relataron que, como consecuencia de dichas aspersiones, los cultivos
de cacao, plátano, frutales, maíz y maní, de los cuales derivaban su
sustento, se marchitaron, se descompusieron y murieron.
Afirmaron que, debido a lo anterior, promovieron demanda dentro
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del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un
grupo contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA
NACIONAL con el fin de que se les declarara administrativa y
patrimonialmente responsables por los perjuicios derivados de la
aspersión de glifosato antes mencionada.
Precisaron que el proceso aludido fue identificado con el número
único de radicación 52001-23-33-000-2017-00222-01 y atribuido
para su trámite en primera instancia al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NARIÑO que, mediante sentencia de 28 de
noviembre de 2018, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y condenó a la POLICÍA NACIONAL al pago de una
indemnización colectiva por los perjuicios ocasionados a la totalidad
de los demandantes.
Agregaron que, al igual que su contra parte, interpusieron el recurso
de apelación respectivo, el cual fue resuelto por la SECCIÓN
TERCERA que, a través de sentencia de 17 de marzo de 2023,
revocó la decisión recurrida y, en su lugar, denegó las pretensiones
de la demanda, bajo el argumento de que en el caso objeto de
estudio no se logró demostrar el primer elemento para declarar la
responsabilidad extracontractual del Estado, esto es, el daño.
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I.3 Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en
defecto fáctico, toda vez que no apreció las pruebas de forma
conjunta, ni técnica, conforme a las reglas de la experiencia y de la
sana crítica, ni tuvo en cuenta la prueba testimonial y tampoco les
otorgó el debido valor probatorio.
Adujeron que la autoridad judicial accionada valoró de forma
indebida los elementos materiales probatorios, conforme a los cuales
era razonable concluir que se encontraba acreditada la legitimación
en la causa por activa y los elementos de la responsabilidad del
Estado en los daños que les fueron ocasionados con la aspersión de
glifosato sobre los predios en los que realizaban sus actividades
agrícolas.
Afirmaron que la autoridad judicial accionada valoró en indebida
forma los certificados expedidos por la UMATA del municipio de
Cumbitara, con ocasión de la visita técnica realizada a los predios
afectados, entre el 20 de mayo y el 15 de agosto de 2015, en los que
se relacionó la posible causa del menoscabo que sufrió cada uno de
los demandantes con relación a sus cultivos por las fumigaciones
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aéreas con glifosato, realizadas el 9 de mayo de 2015 por la división
antinarcóticos de la POLICÍA NACIONAL, como se encontraba
probado en el proceso.
Alegaron que la autoridad judicial accionada incurrió en una indebida
valoración probatoria de los informes de visita, al concluir de forma
errada que son un peritaje y exigir que se acompañen con una prueba
científica, toda vez que dichos informes fueron rendidos por el
Ingeniero OMAR FELIPE ATIZ BERNAL, funcionario de la UMATA,
que emitió su concepto y apreciación de lo encontrado en las visitas
a los predios perjudicados, concluyendo que los daños uniformes a
los cultivos eran atribuibles al único acontecimiento ocurrido en la
zona, esto es, la fumigación con glifosato.
Refirieron que las pruebas testimoniales coincidían en las
circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrieron los
hechos y, además, coadyuvaban y confirmaban los respectivos datos
consignados en las actas de visitas técnicas realizadas por la UMATA
del municipio de Cumbitara.
Sostuvieron que la providencia cuestionada desconoció que los
campesinos y los trabajadores rurales son sujetos de especial
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protección constitucional, por lo cual sus derechos fundamentales
debían ser protegidos, teniendo en cuenta que se afectaron sus
condiciones de trabajo y sus medios de subsistencia por las
aspersiones aéreas con glifosato.
I.4. Pretensiones
La parte actora solicitó que se amparen sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] Primero. Tutelar los derechos fundamentales a LA IGUALDAD,
AL DEBIDO PROCESO - DEFENSA CONTRADICION y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y los demás derechos
fundamentales que se consideren vulnerados extrapetita a mis
representados con el estudio de la presente acción.
Segundo. Como consecuencia, se ordene al H. Consejo de Estado
– Sala De Lo Contencioso Administrativo- Sección Tercera –
Subsección A, Consejera Ponente Dra. MARÍA ADRIANA MARÍN,
que realice el estudio de todas las pruebas aportadas al proceso de
forma conjunta y que resuelva lo que en derecho corresponda en
debida forma.
Tercero. Se tomen las medidas y ordenes que se consideren
necesarias para que cese la vulneración a los derechos invocados.
Cuarto. Se ordene al H. Consejo de Estado – Sala De Lo
Contencioso Administrativo- Sección Tercera – Subsección A,
Consejera Ponente Dra. MARÍA ADRIANA MARÍN, para que, en un
término no mayor a 48 Horas, de cumplimiento al fallo de tutela
[…]”.
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I.5. Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA solicitó denegar las pretensiones
formuladas en la demanda de tutela, toda vez que la sentencia objeto
de reproche no incurrió en violación alguna de los derechos
fundamentales de los accionantes.
Añadió que una vez fueron valoradas las pruebas aportadas por los
sujetos procesales, se analizaron los elementos que constituyen la
responsabilidad extracontractual del Estado, concluyendo que el
daño no fue debidamente acreditado en el proceso.
Sostuvo que los elementos materiales probatorios resultaron
insuficientes, incompletos e inexactos sobre las características y
condiciones en las que se encontraban los cultivos visitados, por lo
que en la sentencia cuestionada se precisó la necesidad de una
prueba idónea, fundada en el conocimiento o metodología científica
para establecer la ocurrencia del daño reclamado.
Manifestó que la providencia cuestionada abordó minuciosamente la
acreditación del daño, razón por la cual no era posible afirmar la
supuesta vulneración de los derechos fundamentales invocados, ya
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que se cumplió con la debida carga argumentativa, sustentada en las
pruebas obrantes en el expediente.
Afirmó que, en efecto, encontró probada la ocurrencia del hecho
dañoso, esto es, las operaciones de fumigación aérea; sin embargo,
ese hecho no constituía automáticamente la acreditación del primer
elemento de la responsabilidad, ya que la exposición del área a la
fumigación no implicaba necesariamente que todos los miembros del
grupo demandante hubieran sufrido un daño antijurídico.
Destacó la ausencia de acreditación de los requisitos que eran
esenciales para establecer con certeza la existencia del daño, debido
a: “[…] la carencia de información específica respecto a (i) la
generalidad de la información proporcionada sobre las visitas a cada
predio, sin que exista claridad y certeza sobre la fecha y la
consistencia de las afirmaciones realizadas; (ii) la falta de datos
sobre el número, calidad y edad de los cultivos, así como la
proyección de las cosechas para determinar las pérdidas en cada
lote; (iii) la falta de justificación razonable sobre la realización de las
visitas a más de 80 hectáreas en un solo día y en la misma fecha; y
(iv) la ausencia de claridad sobre la metodología empleada para
elaborar el informe y sus diversas variables […]”.
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Comentó que la decisión proferida no puede ser objeto de análisis
con ocasión de las valoraciones subjetivas que cuestionan el principio
constitucional de la autonomía funcional, a partir del cual se valoró
la existencia del daño.
Alegó que no resulta procedente hacer uso de la acción constitucional
de tutela para tratar de constituir una tercera instancia y, así, que el
juez constitucional efectúe una nueva valoración de las pruebas y
argumentos desarrollados en el proceso ordinario.
I.5.2.- El TRIBUNAL vinculado en calidad de tercero con interés
directo en las resultas del proceso, se limitó a remitir copia digital del
expediente origen de la controversia, sin emitir pronunciamiento
alguno sobre el fondo del asunto.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- El MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL,
vinculado en calidad de tercero con interés directo en las resultas del
proceso, pese a haber sido notificado en debida forma, guardó
silencio.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
Antes de resolver la presente acción constitucional, la Sala se
pronunciará respecto de la legitimación en la causa por activa
del abogado JESÚS RICARDO MORA GUERRERO como agente
oficioso de MARÍA INÉS PORTILLO DE MAYA.
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
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2591 de 19 de noviembre de 19913. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Igualmente, la Constitución Política en el artículo 86 dispone que
“toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario,
por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública”. (Negrilla fuera de texto).
Por su parte, el artículo 10º del Decreto 2591 de 19914 establece que
“La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por
cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.
Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar
derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de
promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
3 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política».
4 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
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manifestarse en la solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo
y los personeros municipales”. (Negrillas fuera del texto).
De las normas transcritas, se desprende que quien promueve acción
de tutela puede hacerlo i) en nombre propio, actuando por sí mismo
o mediante apoderado, o ii) a través de la figura de la agencia
oficiosa, caso en el cual se debe manifestar expresamente tal
circunstancia, además de demostrar las razones por las cuales el
agenciado no está en capacidad de ejercer su propia defensa.
En este último caso, ha dicho la Corte Constitucional que es
indispensable afirmar que el agente oficioso actúa como tal y
demostrar que el titular del derecho amenazado o vulnerado se
encuentra en imposibilidad de promover su propia defensa,
“bien sea por circunstancias físicas, como la enfermedad, o por
razones síquicas que pudieren haber afectado su estado mental, o en
presencia de un estado de indefensión que le impida acudir a la
justicia”5.
Ahora bien, en el presente caso, se advierte que el abogado JESÚS
RICARDO MORA GUERRERO pretende ejercer la agencia oficiosa
5 Sentencia SU-707 de 1996. Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara.
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de los derechos de quien en vida fuera su representada, la señora
MARÍA INÉS PORTILLO DE MAYA.
Al respecto, resulta oportuno precisar, de un lado, que el referido
profesional del derecho no fue parte dentro de la acción de grupo que
dio lugar a la acción de tutela de la referencia y, de otro lado, que
con la muerte del titular sujeto de derechos cesa la existencia física
de aquel y, en consecuencia, se extingue su condición de persona en
el ordenamiento jurídico y a voces de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional6, "[…] quien no tenga la condición de persona - natural
o jurídica - propiamente hablando, no es sujeto de derechos
fundamentales, ya que éstos son inherentes a la esencia personal, o
manifiestan las tendencias naturales o fundamentales del sujeto de
derecho[…] ".
Cabe resaltar que en la sentencia SU-540 de 2007, la Corte
Constitucional estableció que en algunos casos ha encontrado que
"[…] los derechos constitucionales fundamentales de una persona
fallecida pueden ser amparados por vía de tutela, porque la
vulneración alegada sigue produciendo efectos en la familia o en los
herederos del difunto […]”, lo cual, no ocurre en el presente caso.
6
Sentencia T-269 de 1993; MP: Vladimiro Naranjo Mesa.
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Así las cosas, en el presente caso no podría predicarse la legitimación
en la causa por activa del abogado JESÚS RICARDO MORA
GUERRERO para ejercer la agencia oficiosa de los derechos de quien
en vida fuera su representada, la señora MARÍA INÉS PORTILLO
DE MAYA, debido a la muerte de aquella.
En ese orden de ideas, se declarará la falta de legitimación en la
causa por activa del abogado JESÚS RICARDO MORA GUERRERO
para representar a la señora MARÍA INÉS PORTILLO DE MAYA,
tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
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jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
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afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
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los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
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derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el caso bajo examen, los actores pretenden que se deje sin efectos
la sentencia de 17 de marzo de 2023, proferida en segunda
instancia por la SECCIÓN TERCERA, mediante la cual revocó la
decisión del a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones de la
demanda, dentro del medio de control de reparación de los perjuicios
causados a un grupo identificado con el número único de radicación
2017-00222-01.
La controversia tiene origen en la pérdida de los cultivos de maní,
maíz, cacao, caña, yuca, plátano y pasto, con ocasión de las
aspersiones aéreas con glifosato realizadas el día 9 de mayo de 2015
por la POLICÍA NACIONAL en el municipio de Cumbitara, sobre los
predios en los cuales el grupo demandante realizaba sus actividades
agrícolas, esto es, las veredas Damasco, el Turbio, Granadillo, la
Floresta, Las Palmas, Las Piedras, Mata de Plátano, Santa Rosa,
Sidón y Santa Ana, lo cual conllevaba el deber de indemnización del
Estado por el daño ocasionado.
La parte actora afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en
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un defecto fáctico al realizar una valoración probatoria, que, a la
luz de los postulados de la sana crítica, resulta equivocada y
arbitraria, habida cuenta que no se apreciaron de forma conjunta e
integral las pruebas obrantes en el expediente y, además, se les
exigió un elemento científico para determinar las circunstancias de
las afectaciones alegadas, lo que condujo al desconocimiento de sus
derechos fundamentales; máxime aun, teniendo en cuenta que se
trata de un grupo de campesinos, que son sujetos de especial
protección por parte del Estado, por lo cual se debía acceder a sus
pretensiones.
Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
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tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional7, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».8
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación9, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
7
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [10]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [11].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [12].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [13].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
[10] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[11] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[12] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[13] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [14]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [15].
[14] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[15] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
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En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [16]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
[16] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial […]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera del texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela
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se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir
las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la
independencia del juez ordinario.
Para la Sala es evidente que la controversia en el caso bajo estudio
es de carácter meramente legal, además de recaer sobre aspectos
que ya fueron resueltos por el juez natural del asunto, sin que se
observe que su actuar haya sido arbitrario.
En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad
porque los motivos que fundamentan la inconformidad se sustentan,
básicamente, en que, la autoridad judicial accionada debió declarar
la responsabilidad patrimonial del Estado por la pérdida de los
cultivos de maní, maíz, cacao, caña, yuca, plátano y pasto, con
ocasión de las aspersiones aéreas con glifosato realizadas el día 9 de
mayo de 2015 por la POLICÍA NACIONAL en el municipio de
Cumbitara, sobre los predios en los cuales el grupo demandante
realizaba sus actividades agrícolas, lo cual conllevaba el deber de
indemnización por el daño ocasionado.
Precisado lo anterior, la Sala observa que a través de la sentencia
cuestionada, la SECCIÓN TERCERA denegó las pretensiones de los
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actores dentro del medio de control de reparación de los perjuicios
causados a un grupo origen de la controversia, con base en el
siguiente análisis:
“[…] 6.1 El daño
Con el fin de abordar integralmente la problemática que supone
el recurso de apelación interpuesto, la Sala analizará la
demostración del daño, toda vez que se trata del primer
elemento que debe dilucidarse para establecer la
responsabilidad extracontractual del Estado. Una vez establecida
la alegada afectación de los intereses de la parte demandante,
se entrará a estudiar la posibilidad de imputarla a la demandada.
En el caso concreto, el daño alegado por la parte demandante
consistió en la pérdida de los cultivos de maní, maíz, cacao,
caña, yuca, plátano y pasto, con ocasión de la aspersión aérea
de glifosato, realizada por la Policía Nacional el 9 de mayo de
2015, sobre los predios en los que el grupo demandante
realizaba sus actividades agrícolas. Dado que los recursos de
apelación se centran en argumentar, por parte de la entidad
demandada, que el hecho dañoso – la aspersión de glifosato – y
que el daño – la afectación que sufrieron los cultivos – no se
encuentran probados, y , por parte de los demandantes, que
todos los elementos de la responsabilidad del Estado quedaron
plenamente demostrados con las pruebas obrantes en el
plenario, la Sala, procederá a analizar si, en efecto, el
menoscabo de los cultivos de los demandantes fue acreditado en
el proceso; para tal fin es necesario realizar la siguiente
estipulación probatoria:
La Policía Nacional, al contestar la demanda, argumentó que la
Dirección Antinarcóticos no certificó que se hubiera presentado
alguna queja por las aspersiones realizadas el día 9 de mayo de
2015 en la zona veredal del municipio de Cumbitara – Nariño;
sin embargo, afirmó que sí realizó las operaciones de
fumigación, así:
[…]
Dado que en la demanda se afirmó que la Policía Nacional, el 9
de mayo de 2015, fumigó con glifosato la zona veredal,
ampliamente relacionada, del municipio de Cumbitara – Nariño,
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y que, en la contestación de la demanda, no se niega este hecho,
sino que, por el contrario, se argumenta que estas operaciones
se realizaron bajo la dirección de los protocolos establecidos por
la Dirección de Antinarcóticos y el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, resulta forzoso concluir que, ambas partes
afirmaron la existencia del hecho, y por ello, este no resulta
objeto del debate probatorio, por lo que se tendrá como probado
la ocurrencia del hecho dañoso.
Ahora bien, con relación a la existencia del daño, la Sala observa
que obran en el plenario varios certificados expedidos por la
Umata del municipio de Cumbitara43, con ocasión de la visita
técnica realizada a los predios afectados, entre el 20 de mayo y
15 de agosto de 2015; en los que se relaciona la posible causa
del menoscabo que sufrió cada uno de los demandantes con
relación a sus cultivos por las fumigaciones áreas del 9 de mayo
de 2015. Al respecto, se precisa que todos los documentos
contienen: (i) la fecha de la visita técnica, (ii) la identificación de
los cultivos y el área que ocupan y (iii) las conclusiones de la
visita. Sobre este último punto, es necesario destacar que el
funcionario que realizó la diligencia señaló que todos los cultivos
observados en los diferentes predios «presentan marchites y
amarillamiento», generando así la pérdida total de los mismos.
Por otro lado, señaló la ausencia de cultivos ilícitos y descartó la
existencia de enfermedades fitosanitarias. Finalmente, atribuyó
que los daños causados «obedecen a una presunta fumigación
con glifosato realizado en fecha desde el 9 de mayo de 2015».
[…]
Ahora bien, para efectos de analizar los informes o estudios
técnicos antes relacionados, la Sala debe precisar que, de
conformidad con la estipulado en la Ley 607 de 2000, la Unidad
Municipal de Asistencia Técnica – UMATA es el ente encargado
de prestar asistencia técnica directa rural a nivel municipal, en
temas relacionados con la aptitud de suelos, selección de
actividades productivas a desarrollar, planificación de
explotaciones, aplicación y uso de tecnología, procedimientos de
financiamiento de inversión, mercadeo de bienes producidos y
formas de organización de los pequeños productores; por lo que
se destaca así su carácter altamente tecnificado.
[…]
Aclarado lo anterior, se observa que, si bien, la información
consignada en los informes elaborados por el ingeniero
agrónomo adscrito a la Umata, en principio, se presume
auténtica y permite inferir un alto grado de confianza respecto a
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su carácter técnico; lo cierto es que, de la evaluación realizada
a los citados documentos, bajo los criterios de la sana crítica y
las reglas de la experiencia, es dable concluir que las
afectaciones alegadas por los demandantes no se sustentan en
un documento concreto que permita evidenciar el daño con
carácter de certeza. Lo anterior, por cuanto los informes
rendidos, como resultado de la visita e inspección al predio de
cada uno de los integrantes del grupo, solo destacan las
características físicas que el ingeniero observó en la zona y en
los cultivos; sin embargo, no existe prueba idónea que permita
evidenciar que el funcionario constató científicamente50 las
condiciones por las que se generó la afectación que anotó haber
observado51; además, no explicó las razones técnicas que lo
llevaran a esas conclusiones, pues se limitó a anotar las
características físicas de los cultivos, que a simple vista se
pueden observar, restándole así credibilidad a la experticia, ya
que no refleja el concepto propio de un experto, ni la
metodología científica que permita esclarecer los puntos objeto
de análisis. En efecto, las conclusiones del ingeniero están
fundamentadas en supuestos fácticos, cuyo sustento es lo dicho
por terceros, por cuanto afirma que «los daños se atribuyen a
una presunta fumigación con glifosato realizada en fechas desde
el 9 de mayo de 2015».
Por lo anterior, es evidente que las conclusiones a las que llegó
el ingeniero no están técnica o científicamente sustentadas, ni
dan cuenta de su concepto profesional respecto a la posible
causa real de afectación de los cultivos, situación que lleva a que
el informe carezca de certeza y eficacia probatoria, por lo que
resulta inútil para demostrar los daños en que se soportaron las
pretensiones de la demanda.
De esta forma, la Sala considera que la parte demandante no
logró demostrar el primer elemento para declarar la
responsabilidad extracontractual de la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional, cual es el daño […]”.
De los apartes transcritos de la sentencia objeto de tutela, se
evidencia que la autoridad judicial accionada analizó los elementos
que constituyen la responsabilidad extracontractual del Estado,
concluyendo que el primer elemento, esto es, el daño, no fue
debidamente demostrado dentro del proceso, por cuanto pese a que
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se encontró probada la ocurrencia del hecho dañoso, esto es, las
operaciones de fumigación aérea, ello no resultaba suficiente para
acreditar de forma automática la existencia de un daño antijurídico
que conllevara el deber indemnización del Estado.
Lo anterior, comoquiera que la existencia de un hecho dañoso no
implica una reparación automática, dado que para tal efecto además
se requiere que cada integrante del grupo acredite de manera
individual su propia afectación, lo cual en el caso bajo estudio no
ocurrió en criterio de la SECCIÓN TERCERA, porque la exposición
del área a la fumigación no demostraba que todos los miembros del
grupo demandante hubieran sufrido un daño antijurídico del cual se
tuviera plena certeza, aspecto que fue argumentado ampliamente
en la providencia cuestionada, sin que los actores hubiesen prueba
alguna para desvirtuar tal afirmación.
En efecto, en la providencia cuestionada se señaló la existencia de
una orfandad probatoria de información específica y relevante que
detallara de manera precisa y concreta los daños sufridos por cada
uno de los miembros del grupo, máxime aun, teniendo en cuenta
que los hoy tutelantes contaban con el acompañamiento de la
UMATA y se encontraban en condiciones de aportar informes
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individuales que permitieran establecer con certeza la existencia de
un daño real, personal y directo para cada uno de ellos.
Cabe resaltar que, contrario a lo afirmado por los accionantes, la
autoridad judicial accionada sí valoró los certificados expedidos por
la UMATA de Cumbitara, elaborados por el ingeniero agrónomo
OMAR FELIPE ATIZ BERNAL, que únicamente detallaban la
extensión y modalidad de explotación de cada uno de los predios
objeto de litigio y la ausencia de cultivos ilícitos y de enfermedades
fitosanitarias; por lo cual en la providencia cuestionada se señaló
que la generalidad de los hallazgos anotados y los datos e
información consignados en dichos informes resultaban
insuficientes, incompletos e inexactos para determinar, por lo
menos, las características y condiciones en las que se encontraban
cada uno de los cultivos visitados, las pérdidas que hubo en cada
lote y así establecer la ocurrencia del daño reclamado.
Por lo anterior, en la sentencia cuestionada se precisó que las
afectaciones alegadas por los demandantes no se sustentaban en un
documento concreto que permitiera evidenciar el daño con carácter
de certeza, pues en los informes elaborados por el ingeniero adscrito
a la UMATA, únicamente se destacaron las características físicas de
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la zona y los cultivos, pero nunca se constataron científicamente las
razones que generaron la afectación que aquel anotó haber
observado, por lo cual la accionada concluyó que resultaba
imperativamente necesaria una prueba idónea, fundada en el
conocimiento o metodología científica que acreditara con certeza la
ocurrencia del daño.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que la SECCIÓN TERCERA
sí se pronunció frente a los aspectos a los que alude la parte actora,
sin que se vislumbre que pudo haber actuado de forma abiertamente
arbitraria o desbordado los límites del principio de la autonomía
judicial, por lo que el asunto carece del requisito general de la
relevancia constitucional.
Ahora bien, la Sala no puede desconocer que mediante el acto
legislativo 001 de 5 de julio de 202317 se modificó el artículo 64 de
la Constitución Política y se reconoció al campesinado de Colombia
como sujeto de especial protección constitucional; no obstante,
contrario a lo manifestado por los accionantes, dicha calidad no
implica per sé que se deba acceder a sus pretensiones, sino impone
al Estado unas obligaciones con los campesinos y el deber de
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“Por medio del cual se reconoce al campesinado como sujeto de especial protección constitucional”
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desarrollar y promover políticas públicas en su favor, para lograr su
protección e igualdad material en las dimensiones ambiental, política,
social y cultural, entre otros.
En ese orden de ideas, para la Sala es evidente que lo pretendido por
los actores es que el juez de tutela haga un nuevo examen de la
situación fáctica y jurídica del caso, con la finalidad de que se corrija
el análisis que hizo la autoridad judicial accionada y se acoja la
interpretación que proponen.
Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado
improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no
resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que se
centra en reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue
el caso de la providencia de 9 de febrero de 201718, en la que se
indicó:
“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
18
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).
Igualmente, en providencia de 29 de agosto de 201819, sostuvo lo
siguiente:
“[…] En torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.
Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
19
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.
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presunta trasgresión de los derechos fundamentales de los actores,
sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como
si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en
relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la
autoridad judicial accionada, por lo cual el juez de tutela no puede
inmiscuirse, so pena de otorgar a la acción de tutela el carácter de
una tercera instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones judiciales y de paso invadir la competencia y la
independencia del juez ordinario.
Así las cosas, la Sala concluye que ni el análisis, ni la decisión
contenidos en la sentencia controvertida resultan caprichosos, de tal
suerte que lo que se advierte es la inconformidad de la parte actora
con las razones de la providencia judicial que acusa, más no así la
configuración del defecto fáctico que se alega, como tampoco la
vulneración de derecho fundamental alguno.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
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fundamentales, lo que, se itera, en el presente caso no se encontró
probado.
En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela de la referencia por carencia del requisito general de la
relevancia constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA
CAUSA POR ACTIVA del abogado JESÚS RICARDO MORA
GUERRERO para representar a la señora MARÍA INÉS PORTILLO
DE MAYA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte
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motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 1o. de febrero de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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