Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-06199-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-06199-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2023-06199-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
18 de abril de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06199-01
Demandante: Edwar Jair Valera Prieto
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06199-01
Demandante: EDWAR JAIR VALERA PRIETO
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL Y
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Resolución CJR20-0202 de
27 de octubre de 2020, mediante la cual se corrige una actuación en
el marco de la Convocatoria No. 27, lo cual fue resuelto en la
sentencia SU-067 de 2022
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el actor, quien actúa en causa propia, contra la sentencia de 8 de
febrero de 2024, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la que
declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la
subsidiariedad.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El actor manifestó que en virtud del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de
2018, “Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso
de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial”, me
inscribí para el cargo de Juez Civil del Circuito - Juez Civil del Circuito especializado en
restitución de tierras - Juez Civil del Circuito de ejecución de sentencias – Juez Civil del
Circuito que conoce procesos laborales”, a lo que agregó que el 2 de diciembre de
2018 presentó la prueba de aptitudes, conocimientos y psicotécnica,
correspondiente al concurso de méritos en el marco de la Convocatoria No. 27.
Señaló que mediante Resolución No. CJR18-559 de 28 de diciembre de 2018 se
publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos,
correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de
funcionarios de la Rama Judicial.
Mencionó que después de la jornada de exhibición se evidenciaron algunos
errores en el ensamblaje de la prueba, por lo que a través de la Resolución No.
CJR19-0679 de 7 de junio de 2019 se resolvió corregir la actuación administrativa
y la calificación de las pruebas de aptitudes y conocimientos, entre otras de la
Resolución No. CJR18-559 de 2018 y CJR19-632 de 2019.
Indicó que según el anexo 1 de la Resolución No. CJR19-0679, obtuvo un
resultado de la prueba de aptitudes y conocimientos de 805,33, es decir,
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aprobatorio. A lo que añadió que “se generó la situación jurídica, particular y concreta,
de tener aprobada la prueba escrita y la posibilidad de continuar a la segunda fase del
concurso”.
Aludió que por medio de la Resolución No. CJR20-0202 de 27 de octubre de 2020,
se corrigió una actuación administrativa en las resoluciones CJR19-0679 y CJR19-
0877 de 2019, así como en las CJR20-0185, CJR20-0187, CJR20-0188, CJR20-
0189 y CJR20-0200 de 2020, en la cual se indicó que “el fundamento legal está
contenido en el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, que para superar una carencia del
Decreto 01 de 1984, que no tenía previsto un mecanismo para corregir errores en el
proceso administrativo, incluyó uno que permite a la administración ajustar la actuación a
derecho, cuando se adviertan graves irregularidades, como se precisa en
pronunciamiento reciente del Consejo de Estado, con ocasión de una acción de tutela
interpuesta contra la resolución que corrigió la actuación administrativa y se publicaron los
nuevos puntajes de las pruebas de conocimientos y aptitudes expedidas dentro del marco
de esta convocatoria”.
Aseguró que la Resolución No. CJR20-0202 de 27 de octubre de 2020, “no
menciona, ni siquiera sumariamente, cuáles errores contenían la prueba realizada, al
punto que generara un estado de imposibilidad de recalificación sin otro remedio más que
anular la misma”.
Afirmó que el 2 de mayo de 2023 elevó solicitud a las direcciones electrónicas
convocatoria27@cendoj.ramajudicial.gov.co y sisqueresu_nal@unal.edu.cu, en la
cual requirió información sobre las pruebas de conocimientos y aptitudes realizada
el 2 de diciembre de 2018, pidió una certificación de las claves correctas de las
mismas, junto con su hoja de respuestas y solicitó la aplicación del principio pro
homine, valiendo el resultado notificado superior a 800 puntos. Agregó que, frente
a la anterior solicitud, el Consejo Superior de la Judicatura guardó silencio y la
Universidad Nacional remitió respuesta mediante correo electrónico que no le
permitió descargar los archivos.
Adujo que según respuesta al oficio No. OPT-A-2716/2021 dada por la
Universidad Nacional a la Corte Constitucional1, se dieron a conocer los errores
que contenía la prueba realizada para el cargo de juez civil del circuito y concluyó
que de manera desproporcional se dejó sin efecto la prueba existiendo
mecanismos alternativos para evitar la vulneración de los derechos.
Sostuvo que en el marco de la Convocatoria No. 22, ante una circunstancia
idéntica el Consejo de Estado mediante sentencia 00294 de 2016 decidió ordenar
a la Universidad de Pamplona que incluyera nuevamente entre los ítems
calificables de la prueba de conocimiento, aquellos que fueron retirados de los
exámenes de todos los concursantes por ausencia de posibilidad de respuesta y
que fueran incluidos nuevamente dentro del total de preguntas calificables.
Por último, manifestó que el Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad
Nacional de Colombia “en lugar de realizar un juicio de ponderación, procedió a tomar
medidas basado en raciocinios discriminatorios, anulando una prueba que tenía errores
que se encontraban bajo los estándares normales para este tipo de exámenes”.
2. Fundamentos de la acción
El accionante presentó acción de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la Universidad
Nacional de Colombia, con el fin de que se ampare su derecho fundamental al
debido proceso, el cual considera vulnerado con la expedición de la Resolución
1 En los expedientes T-8.252.659 y T-8.258.202.
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No. CJR20-0202 de 27 de octubre de 2020, por medio de la cual se corrigió una
actuación administrativa y se ordenó revocar la Resolución No. CJR19-0679 de 7
de junio de 2019, sin consentimiento previo y expreso.
Refirió que la acción de tutela cumple con el requisito de la subsidiariedad para
revocar la Resolución No. CJR20-202 de 2020, por la cual se corrige una
actuación administrativa en el marco de la Convocatoria No. 27, esto porque la
misma no contó con el consentimiento previo, expreso y escrito del titular, a lo que
agregó que carece de motivación.
Indicó que contra dicha decisión procedía el recurso de reposición por lo que no se
trataba de un acto de trámite, sino de naturaleza mixta. Frente a lo anterior,
sostuvo que en ambos casos se requería la autorización para su revocatoria
conforme con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011. Hizo mención
a la sentencia T-945 de 2009 y citó algunos apartes del Acuerdo No. PCSJA18-
11077 de 2018, así como los artículos 41 y 75 de la Ley 1437 de 2011.
Aludió que la Resolución No. CJR20-0202 de 2020 tuvo como fundamento un
pronunciamiento del Consejo de Estado que fue descontextualizado y era
inaplicable al asunto, porque en la providencia se les mantuvo la garantía de
seguir con la calificación que les correspondía a los participantes del concurso, y
con respecto a la corrección del acto objeto del fallo en mención se vio que derivó
del error en el ensamblaje de las pruebas. Sin embargo, en el acto objeto de
reproche la entidad argumentó que presentó errores de elaboración de la prueba.
En efecto, concluyó que “son supuestos diferentes, ya que, en la primera, se corrige
para asignarle a cada persona la calificación que en realidad le corresponde, pero, en la
segunda, luego de calificar las pruebas, se afirma que hubo problemas de redacción, pero
no señala cuáles errores ni en qué preguntas. Entonces, no es que el acto administrativo
se corrija, sino que el acto administrativo, que había creado una situación jurídica,
particular y concreta, se revoca”.
Trajo a consideración las sentencias T-957 de 2011 y la SU-050 de 2017, relativas
a la procedencia de la acción de tutela para debatir actos administrativos y
mencionó que la Resolución No. CJR20-0202 de 2020 al revocar la Resolución
No. CJR19-0679 de 7 de junio de 2019, le desconoció una situación jurídica,
particular y concreta que se encontraba consolidada.
Finalmente, adujo que se encuentra ante la posible configuración de un perjuicio
irremediable porque el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
está sujeto a unas reglas y etapas que para el momento en el que sea decidido ya
se habrá adelantado un nuevo examen.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formularon las siguientes:
“PRIMERO: DECLARAR que el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA–
PRESIDENCIA, mediante la RESOLUCIÓN No. CJR19-0679 “Por medio de la cual se
corrige la actuación administrativa y se publica la calificación de las pruebas de
aptitudes y conocimientos” y su Anexo 01., me generó una situación jurídica particular y
concreta, que ya me había sido creada, consistente en tener una puntuación superior a
ochocientos (800) y un derecho subjetivo, particular y concreto, consistente en tener la
posibilidad de pasar a la Fase II del Concurso de Méritos de la Rama Judicial.
SEGUNDO: DECLARAR que el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA–
PRESIDENCIA, a través de la RESOLUCIÓN No. CJR20-0202 (27 de octubre de 2020)
“Por medio de la cual se corrige una actuación administrativa en el marco de la
convocatoria 27”, revocó unilateralmente, sin mi consentimiento previo, expreso y
escrito la RESOLUCIÓN No. CJR19-0679 “Por medio de la cual se corrige la actuación
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administrativa y se publica la calificación de las pruebas de aptitudes y conocimientos”
y su Anexo 01.
TERCERO: DECLARAR que, el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA–
PRESIDENCIA, cuando revocó sin motivación la RESOLUCIÓN No. CJR19-0679 “Por
medio de la cual se corrige la actuación administrativa y se publica la calificación de las
pruebas de aptitudes y conocimientos” y su Anexo 01., vulneró mi derecho al debido
proceso.
CUARTO: ORDENAR, como mecanismo definitivo, en atención a la configuración de
un perjuicio irremediable, que, al margen de que la entidad decida realizar una nueva
prueba escrita para todos aquellos que presentaron reclamación, a quienes estén
pendientes de la exhibición de sus pruebas o, simplemente a quienes deseen
voluntariamente volver a presentar la prueba escrita, se me sostenga la calificación de
842,13 puntos y se me permita continuar en la siguiente fase del concurso, cuando
quiera que el mismo se reactive”.
4. Pruebas relevantes
Con la solicitud de amparo, la parte actora aportó los siguientes documentos:
• Copia de la Resolución No. CJR20-0202 de 27 de octubre de 2020.
• Copia del Oficio No. OPT-A-2716/2021.
• Copia de la sentencia No. 00294 del 1º de junio de 2016, proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado en el marco de la Convocatoria No. 22.
• Copia de la solicitud elevada el 2 de mayo de 2023 a la Universidad Nacional de
Colombia y al Consejo Superior de la Judicatura.
• Copia del oficio No. 16686 de 24 de mayo de 2023, por medio del cual la
Universidad Nacional de Colombia otorga respuesta a una petición.
5. Trámite procesal
Por auto de 27 de octubre de 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado
dispuso la admisión de la demanda de tutela y ordenó notificar a la parte
demandante y a las autoridades demandadas -Consejo Superior de la Judicatura -
Unidad de Administración de la Carrera Judicial y Universidad Nacional de
Colombia-. En la misma providencia se resolvió negar la solicitud de medida
provisional solicitada por el actor, al no encontrar acreditada una situación de
vulneración o un daño gravoso que amerite su protección. Además, se ordenó
publicar copia de la demanda en la página web de la corporación y de la Unidad
de Administración de Carrera Judicial, con el fin de que cualquier persona que
tenga interés pueda intervenir en el trámite de la tutela.
Mediante auto de 24 de noviembre de 2023 se resolvió remitir el asunto con
destino a la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con el
fin de que se estudiara la posibilidad de ser acumulado a la acción de tutela con
radicado No. 11001-03-15-000-2023-04922-00 por tener supuestos fácticos y
jurídicos a los aquí presentados. Sin embargo, por auto de 11 de diciembre de
2023 se decidió negar la acumulación por no cumplir con los presupuestos de
objeto, causa y sujeto pasivo.
6. Oposición
6.1. Respuesta de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura
En memorial allegado el 3 de noviembre de 2023, la directora de la Unidad solicitó
declarar improcedente la solicitud de tutela o, en su defecto, negar las
pretensiones de la demanda por considerar que se desconoció el requisito de
inmediatez y porque no existe desconocimiento de los derechos fundamentales.
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Indicó que las convocatorias públicas de méritos cuentan con el apoyo de un
operador técnico, que para el caso es la Universidad Nacional de Colombia
conforme con el contrato No. 096 de 2018, por lo que tiene a su cargo realizar el
diseño, estructuración, impresión, aplicación de pruebas de conocimientos y
valoración de estas, así como a dar respuesta a las peticiones, reclamaciones,
recursos y demás accionantes durante las etapas del concurso.
Precisó que una vez fueron aplicadas las pruebas de 2 de diciembre de 2018, la
operadora envío los resultados de las calificaciones para que fueran publicadas
por la Unidad. No obstante, después de la jornada de exhibición se recibieron
varias solicitudes de revisión de los contenidos de la prueba que condujeron a que
la universidad evidenciara un error en la lectura óptica, que conllevó revisar las
preguntas objetadas por los concursantes, encontrando más inconsistencias y, en
ese orden, se propuso aplicar nuevas pruebas.
Señaló que, con ocasión de lo anterior, se dio la orden de expedir un acto
administrativo en el sentido de retrotraer la actuación surtida y construir las nuevas
pruebas de conocimientos generales y específicos, de aptitudes que deben
aplicarse con la prueba psicotécnica, razón por la cual se expidió la Resolución
CJR20-0202 de 27 de octubre de 2020.
Manifestó que el debate propuesto por el accionante fue analizado por la Corte
Constitucional mediante sentencia SU-067 de 2022, en sede de revisión a las
acciones de tutelas interpuestas de manera separada por algunos aspirantes.
Agregó que en dicha decisión se resolvió de manera puntual lo atinente a la
procedencia en la corrección de las actuaciones administrativas y citó el siguiente
aparte de la providencia en comento “En criterio de la Sala Plena, la fundamentación
fáctica que ofrece la decisión es satisfactoria desde la perspectiva constitucional. Tal
argumentación demuestra que ocurrieron graves irregularidades tanto en la estructuración
de las preguntas como en la evaluación de la prueba de aptitudes y conocimientos.
Dichas falencias harían estrictamente necesaria la medida que fue adoptada en la
Resolución CJR20-0202. La Sala Plena juzga esta argumentación como razonable y
ajustada a los principios constitucionales del mérito, la igualdad, la legalidad y la confianza
legítima”.
Mencionó que “la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, en relación con los
expedientes T-8.252.659 y T8.258.202, seleccionados para revisión mediante auto de 30
de julio de 2021, profirió la sentencia SU-067 de 24 de febrero de 2022, a través de la cual
resolvió negar las pretensiones de amparo en las tutelas referentes a dejar sin efectos la
Resolución CJR20-0202 de 2020”.
Aludió que la solicitud de tutela se presentó más de dos años después de
proferidas las decisiones objeto de reproche, lo que implica un ejercicio tardío de
la acción constitucional, a lo que agregó que de los hechos narrados no se
advierten nuevos fundamentos que justifiquen la extemporaneidad en la
presentación que permitan flexibilizar el requisito de la inmediatez.
Refirió que existe otro mecanismo para debatir la discusión propuesta por el
accionante ante la jurisdicción contencioso-administrativa para decidir la legalidad
del acto cuestionado, para ello citó un aparte de la sentencia de 18 de noviembre
de 2020 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia2.
Sostuvo que los actos proferidos con antelación a la conformación del registro de
elegibles son de trámite, puesto que solo reconocen a los aspirantes una mera
expectativa de derechos subjetivos y, en ese orden, no constituyen una decisión
definitiva.
2 Expediente de tutela 11001-023-000-2020-00750-00.
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Aclaró que no se requiere el consentimiento de los participantes para modificar la
actuación administrativa por ser de trámite, por lo que la autoridad cuenta con la
potestad de corregir las irregularidades que se presentan en el concurso con el fin
de ajustar las actuaciones a derecho.
Para terminar, se pronunció sobre el precedente judicial contenido en la sentencia
SU-067 de 2022, traído a consideración por el actor, respecto del cual sostuvo que
avaló la procedencia de la corrección de la actuación administrativa y conminó a la
entidad a fijar con la mayor prontitud un nuevo cronograma de actividades, el cual
se fijó para el 24 de julio de 2022 y se ha cumplido de manera estricta.
6.2. Respuesta de la Universidad Nacional de Colombia
En escrito remitido mediante correo electrónico el 3 de noviembre de 2023, el
consultor para el diseño, estructuración, impresión y aplicación de pruebas en el
marco del concurso de méritos -Convocatoria No. 27-, solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela por no superarse el requisito de la inmediatez, a
lo que agregó que no encontró demostrada la vulneración alegada.
Hizo un recuento sobre las actuaciones que se han surtido en el marco del
concurso de méritos y precisó que por auto No. 555 de 23 de agosto de 2021, la
Corte Constitucional ordenó suspender de manera provisional la realización de las
pruebas de conocimientos y aptitudes. Además, sostuvo que mediante sentencia
SU-067 de 2022 se conminó al Consejo Superior de la Judicatura a publicar un
nuevo cronograma y, en consecuencia, el 24 de julio de 2022 se realizó la prueba.
Aseguró que contra la Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022, el
accionante interpuso recurso de reposición que fue adicionado por escrito
presentado el 15 de noviembre de 2022 y resuelto por Resolución CJR23-0024 de
16 de enero de 2023.
Relató que el 8 de febrero de 2023 se expidió la Resolución CJR23-0061 por
medio de la cual se decidió la admisión de aspirantes al concurso de méritos, que
fue modificada por medio de la Resolución CJR23-0110 de 21 de marzo de 2023.
Expresó que el acto administrativo cuestionado puede ser dirimido por la vía
ordinaria ante la jurisdicción contencioso administrativa, sin que la acción de tutela
sea el medio para resolver la inconformidad presentada, adicional a que el amparo
se presentó dos años después de la expedición de la resolución objetada, para lo
cual se refirió a las sentencias T-578 de 2006, T-089 de 2012, T-089 de 2009 y
SU-184 de 2019.
Refirió que no se demuestra la configuración de un perjuicio irremediable que
haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, y destacó que
los actos de los que se alega su irregularidad son de trámite sin que consolide una
situación para el accionante.
Finalmente, señaló que en la sentencia SU-067 de 2022 se abordaron los temas
relativos a la Resolución No. CJR20-0202 de 27 de octubre de 2020, entre los
cuales se resalta la naturaleza de los actos proferidos con antelación a la
conformación de la lista de elegibles, la violación al principio de confianza legítima
y la falsa motivación del acto en comento.
7. Sentencia de tutela impugnada
La Sección Quinta del Consejo de Estado por sentencia de 8 de febrero de 2024,
declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de
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la subsidiariedad al considerar que las inconformidades del accionante se dirigían
a cuestionar la Resolución No. CJR20-0202 de 27 de octubre de 2020, el cual por
su naturaleza pudo ser controvertido a través del medio de control de simple
nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho.
A lo que agregó que ambos medios eran idóneos y eficaces para formular los
reparos cuestionados, adicional a que pudo solicitar las medidas cautelares de
suspensión provisional, sin que se advierta la configuración de un perjuicio
irremediable en la medida en que no ejerció los mecanismos correspondientes en
tiempo, lo que implica que la protección solicitada no se restringe a la decisión que
ponga fin al respectivo proceso.
Sostuvo que “pese a que el demandante formuló esta acción en clave de la vulneración
del debido proceso, para la Sala, los argumentos que plantea corresponden a cuestiones
legales que prima facie, no involucran la grave afectación de una garantía de naturaleza
constitucional e incluso se resalta que han transcurrido más de 2 años desde la
expedición del acto que consideró lesivo de sus derechos fundamentales”. Añadió que
tampoco se acreditó ninguna circunstancia excepcional para superar el requisito
de la subsidiariedad porque el cargo al que aspira no es de periodo fijo, no se
imponen trabas para el nombramiento de quien llegare a ocupar el primer puesto,
no hay evidencia de que los fundamentos deban salir de la órbita del juez natural y
no se advirtió que el actor presentara una condición particular que obviara acudir a
la vía ordinaria.
Por lo anterior, concluyó que al existir mecanismos idóneos para controvertir el
acto cuestionado y ante la falta de una situación excepcional la acción de tutela se
torna improcedente para cuestionar las pretensiones del accionante.
8. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
actora impugnó la sentencia de primera instancia, en el siguiente sentido: “Cordial
Saludo. Presento recurso de impugnación en contra de la sentencia de fecha ocho (8) de
febrero de dos mil veinticuatro (2024)”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
El accionante en el escrito de tutela solicitó al juez constitucional que (i) se declare
una situación jurídica consolidada a partir de la Resolución No. CJR19-0679 de
2019, (ii) se declare que la Resolución No. CJR20-202 de 2020 revocó una
actuación administrativa sin el consentimiento previo para ello y, (iii) se ordene a la
autoridad accionada a realizar una nueva prueba a los participantes que
presentaron reclamación en el marco del concurso de méritos o, se mantenga la
calificación inicial superior a 800 puntos.
En ese contexto, le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de
impugnación, si debe revocar la sentencia de 8 de febrero de 2024, dictada por la
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Sección Quinta del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción
de tutela por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad y, en su lugar, analizar
si las autoridades accionadas vulneraron las garantías fundamentales del actor.
3. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que dicha
solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”.
Así mismo, el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que “Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este Decreto. Todos los
días y horas son hábiles para interponer la acción de tutela (…)”.
En suma, la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediato y
subsidiario de los derechos fundamentales, que puede iniciar cualquier persona,
cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. El señor Edwar Jair Valera Prieto promovió acción de tutela con el fin de que
se proteja su derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerado
con la expedición de la Resolución No. CJR20-0202 de 27 de octubre de 2020, por
medio de la cual se corrigió una actuación administrativa y se ordenó revocar la
Resolución No. CJR19-0679 de 7 de junio de 2019, sin consentimiento previo y
expreso.
En primera instancia, la Sección Quinta del Consejo de Estado por medio de
sentencia de 8 de febrero de 2024, declaró improcedente la solicitud de amparo
constitucional, por desatender el requisito de la subsidiariedad, habida cuenta de
que, declaró, el actor contaba con el medio de simple nulidad o nulidad y
restablecimiento del derecho para cuestionar el acto administrativo, sin que se
advirtiera alguna condición particular que habilitara la solicitud de tutela como
mecanismo transitorio, y advirtió que el accionante presentó la acción
constitucional dos años después de que se expidiera el acto objeto de reproche.
El accionante presentó escrito de impugnación sin advertir de manera puntual la
inconformidad frente a la decisión de primera instancia, por lo que la Sala
procederá a analizar el caso en concreto a partir de las pretensiones indicadas en
el escrito de tutela.
4.2. Expuesto lo anterior, se advierte que con los informes rendidos por las
autoridades accionadas se puso de presente que lo pretendido con la solicitud de
tutela había sido resuelto por la Corte Constitucional en sentencia SU-067 de
2022. En ese orden, la Sala anticipa que confirmará la sentencia impugnada por
encontrar que el asunto se torna improcedente para dirimir lo propuesto por el
demandante, como pasa a exponerse.
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Demandante: Edwar Jair Valera Prieto
Tal y como se indicó dentro de las pretensiones de la acción de tutela el actor
solicitó que (i) se declare una situación jurídica consolidada a partir de la
Resolución No. CJR19-0679 de 2019, (ii) se declare que la Resolución No.
CJR20-202 de 2020 revocó una actuación administrativa sin el consentimiento
previo para ello y, (iii) se ordene a la autoridad accionada a realizar una nueva
prueba a los participantes que presentaron reclamación en el marco del concurso
de méritos o, se mantenga la calificación inicial superior a 800 puntos.
Cabe resaltarse que la Corte Constitucional en sentencia SU-067 de 2022, en el
marco de las acciones de tutela interpuestas de forma separada por los señores
Diego Mauricio Higuera Jiménez, Pedro Alirio Quintero Sandoval, Jorge Hernán
Pulido Cardona y María Eugenia Rangel Guerrero contra la Universidad Nacional
de Colombia y el Consejo Superior de la Judicatura -Unidad de Administración de
la Carrera Judicial y Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, analizó i) la
validez constitucional de la decisión de corregir la actuación administrativa
retrotrayendo dicho procedimiento a “la citación a las pruebas de conocimientos
generales y específicos, de aptitudes y psicotécnicas, para ajustar todo el trámite
a derecho”; ii) el derecho fundamental de petición como medio para obtener
información relacionada con la práctica de un concurso judicial y iii) la posibilidad
de demandar, por vía de tutela, la modificación de las reglas previstas en el
acuerdo de convocatoria para que los participantes modifiquen los términos de su
inscripción. Al respecto, la Corte hizo un análisis de las situaciones encontradas
de la siguiente manera:
En primer término, se pronunció sobre la Resolución CJR20-0202 y precisó que
contra la misma no procedía el recurso de reposición como quiera que se trata de
una corrección de una actuación administrativa, por medio de la cual se
subsanaron unos yerros presentados. En concordancia con el acuerdo de
convocatoria y lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011. A su vez señaló que “la
Resolución CJR20-0202 es un acto administrativo de carácter general. Adicionalmente,
según se sigue del análisis realizado en las consideraciones generales de esta sentencia,
también es un acto de trámite. Esto es así en la medida en que tiene por objeto desbrozar
la actuación administrativa de las irregularidades que impidan su adecuada conclusión, la
cual habrá de ocurrir con la expedición del registro nacional de elegibles”.
En relación con la violación del procedimiento contemplado en el artículo 97 de la
Ley 1437 de 2011, la Corte refirió que dos de los accionantes sostuvieron que los
actos administrativos que dieron a conocer los resultados de la prueba de
conocimientos y aptitudes configuraron una situación jurídica particular y concreta,
en tanto se les informó que había superado el examen, lo que los habilitaba a
continuar con la siguiente fase del concurso. Sobre dicho aspecto, adujo que los
actos que publican resultados de las pruebas practicadas en los concursos no son
de carácter particular, ni reconocen derechos subjetivos, por lo que son actos de
trámite que conceden una expectativa de continuar con la siguiente etapa, pero
no se refieren a la inclusión en el registro nacional de elegibles. Adicional a ello,
valoró que:
“i) las entidades demandadas detectaron un conjunto de irregularidades que
afectaban gravemente el principio constitucional del mérito; ii) al expedir el acto
administrativo en cuestión, el concurso de méritos se encontraba en una fase
inicial, lo que implica que aún faltaban varias etapas para que fuese elaborada
la lista de elegibles, único acto que otorga derechos subjetivos a quienes se
inscriben en ella; iii) el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011 permite,
precisamente, llevar a cabo la corrección de irregularidades que ocurran en
desarrollo de una actuación administrativa, lo cual pretende ajustar a derecho
el rumbo de tales actuaciones y, de tal suerte, garantizar la satisfacción efectiva
de los fines constitucionales y legales pertinentes; y iv) los accionantes y las
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demás personas que fueron notificados de la superación de la prueba de
aptitudes y conocimientos carecían de derechos adquiridos, por lo que no
contaban con un título jurídico que les permitiera reclamar su nombramiento
efectivo o la cancelación de la práctica de una nueva prueba de aptitudes y
conocimientos”.
A su vez, al efectuar el análisis del principio de la confianza legítima concluyó que
“i) la expedición de dicho acto administrativo era la solución que mejor salvaguardaba los
postulados constitucionales implicados, particularmente el del mérito; ii) la confianza
legítima no puede ser argüida para reclamar el mantenimiento de actos y decisiones que,
en el marco de un concurso público, supongan el sacrificio de la máxima prevalente del
mérito; y iii) las entidades demandadas no desplegaron una conducta consistente,
congruente y mantenida en el tiempo, que permita oponerles las exigencias del principio
en cuestión”.
En ese orden, la Corte Constitucional hizo énfasis en que las graves
irregularidades en la estructuración de las preguntas como en la evaluación de la
prueba de aptitudes y conocimientos hicieron necesaria la adopción de medidas
en la Resolución No. CJR20-0202, que a todas luces encontró razonable y
ajustada a los principios constitucionales del mérito, la igualdad, la legalidad y la
confianza legítima. A lo que agregó que “acceder a lo que reclama el accionante
lesionaría gravemente el principio constitucional del mérito. Con la medida adoptada en la
Resolución CJR20-0202 se procura que, tan pronto concluya el concurso, las personas
que ocupan los cargos en provisionalidad sean remplazadas por servidores cuyo mérito
haya sido debidamente comprobado en una prueba de calidad. Esta expectativa, que es
la que mejor satisface el fin constitucional del mérito, se vería frustrada de proseguir con
el concurso, en la fase en que este se encontraba antes de la expedición del acto
administrativo censurado. En este supuesto, adquirirían derechos de carrera personas
que no habrían accedido a sus cargos a través de la superación de una prueba
cualificada, conforme a la importancia y a la responsabilidad que conlleva la elección de
quienes administran justicia”.
A partir de lo expuesto, la Sala evidencia que lo pretendido por el accionante fue
objeto de análisis y valoración por la Corte Constitucional en la sentencia SU-067
de 2022, en tanto analizó la actuación administrativa que se surtió en relación con
los actos administrativos proferidos en el marco de la convocatoria No. 27 y, en
particular, valoró los términos en que fue expedida la Resolución No. CJR20-202
de 2020 para concluir que la misma obedeció a los principios constitucionales y se
ajustó a lo dispuesto en la convocatoria del concurso, así como que derivó de
corregir una actuación administrativa, para lo cual no se requería consentimiento
previo.
Por lo anterior, la Sala considera que no hay lugar a reabrir un debate ya dirimido
por el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional. En consecuencia, la Sala
confirmará el fallo de primera instancia que declaró improcedente la solicitud de
tutela, en razón de las consideraciones expuestas.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 8 de febrero de 2024, dictada por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas.
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Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
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