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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06201-00

Fecha
23 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06201-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Amparar los derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la parte actora, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, se dispone: 2. Dejar sin efectos los numerales segundo y tercero de la sentencia del 20 de mayo de 2020, dictada por el Juzgado Segundo Administrativo de Buga, así como el numeral segundo de la sentencia del 20 de enero de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de los cuales se condenó en costas a la parte actora en el proceso de reparación directa 76111-33-33-002-2016-00118-00/01. 3. Dejar sin efectos los autos del 15 de marzo y del 25 de mayo de 2023, dictados por el Juzgado Segundo Administrativo de Buga, así como el auto del 2 de octubre de 2023, 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2023-06201-00 Demandante: Giovanna Andrea Rendón y otros proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dictados en ese mismo proceso. 4. Declarar no probada la falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por el Juzgado Segundo Administrativo de Buga y el municipio de Tuluá. 5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 6. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-06201-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

23 de noviembre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06201-00
Demandante: Giovanna Andrea Rendón y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06201-00
Demandante: GIOVANNA ANDREA RENDÓN Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Tutela contra providencia judicial que confirmó aprobación de
liquidación de costas. Amparo de pobreza. Facultades del juez de
tutela para dictar fallos extra y ultra petita. Concede amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Giovanna Andrea Rendón y otros
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 9 de octubre de 2023, en ejercicio de la acción de tutela y mediante apoderado
judicial, los señores Giovanna Andrea Rendón, Julio Cesar López Paredes, Humberto
López y Fabiola Paredes Hernández, pidieron la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la providencia del
2 de octubre de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que
confirmó el auto del 15 de marzo de 2023, dictado por el Juzgado Segundo
Administrativo de Buga, mediante el cual se aprobó la liquidación de costas en el
proceso de reparación directa No. 76111-33-33-002-2016-00118-02.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO: TUTELAR el amparo constitucional derivado por la CAUSAL ESPECIAL de la acción
de tutela en contra de providencias judiciales en el que incurrió el Tribunal Administrativo de Valle
del Cauca mediante el auto interlocutorio #741 del 2 de octubre de 2023 por la VOLACIÓN
DRECTA A LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY, específicamente al ART. 29 Constitucional que
garantiza el derecho al debido proceso dentro de las actuaciones judiciales y administrativas y el
Art. 154 del CGP que indica que el AMPARADO POR POBREZA no será condenado en costas.
YA QUE resulta violatorio a las garantías legales y constitucionales decretar la protección de un
derecho dentro del trámite del proceso – AMPARO DE POBREZA y posteriormente nulidad o
dejarlo sin efectos, específicamente en el auto que estaba liquidando y aprobado (sic) las costas.

3. Hechos

Del escrito de tutela y del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

Los señores Giovanna Andrea Rendón, en nombre propio y en representación de sus
menores hijos Kevin Santiago y Geraldin Andrea López Rendón; Julio Cesar López
1

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06201-00
Demandante: Giovanna Andrea Rendón y otros

Paredes, Humberto López y Fabiola Paredes Hernández presentaron demanda de
reparación directa contra el Municipio de Tuluá, por los perjuicios materiales, morales y
daño a la vida en relación, ocasionados por las lesiones1 que sufrió el menor Kevin
Santiago López Rendón en la Institución Educativa Moderna de Tuluá mientras se
encontraba en una práctica deportiva.

El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado Segundo Administrativo de
Buga, que, en el trámite del proceso, dictó el auto del 21 de junio de 2017, por el cual
concedió el amparo de pobreza a la parte demandante, de conformidad con el artículo
151 del CGP. Fundamentó la decisión en que el apoderado de la parte actora expresó
bajo juramento que sus poderdantes tenían la condición de desplazados y no poseían
recursos económicos suficientes para asumir los costos del dictamen pericial.

Por sentencia del 20 de mayo de 2020, el Juzgado Segundo Administrativo de Buga
denegó las pretensiones, condenó en costas a la parte vencida en el proceso y fijó
como agencias en derecho el 4 % del valor de las pretensiones negadas. En concreto,
la autoridad judicial consideró que no se acreditó la falla del servicio.

Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación y el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por sentencia del 20 de enero de 2021, la confirmó
y resolvió “condenar en costas en ambas instancias a la parte demandante en favor de la parte
demandada para lo cual se fijan como agencias en derecho en la suma de 1 SMMLV”.

Mediante auto del 15 de marzo de 2023, el Juzgado Segundo Administrativo de Buga
aprobó la liquidación de costas realizada por Secretaría por la suma de $69.486.386.

La parte demandante solicitó al Juzgado Segundo Administrativo de Buga que
efectuara control de legalidad del auto del 15 de marzo de 2023, por cuanto la
aprobación de liquidación en costas no tuvo en cuenta que en el proceso obraba un
amparo de pobreza a su favor y que conforme con el artículo 154 del CGP, el amparado
de pobreza no será condenado en costas. Subsidiariamente señaló que, de no
accederse al control de legalidad, interponía recurso de reposición y en subsidio de
apelación contra la citada providencia.

Mediante auto del 25 de mayo de 2023, el Juzgado Segundo Administrativo de Buga
rechazó la solicitud de control de legalidad, no repuso el auto que aprobó la liquidación
de costas y concedió el recurso de apelación. A juicio de la autoridad judicial, la parte
actora no citó en forma expresa la causal en nulidad en que fundaba su solicitud, por lo
cual, en aplicación del inciso 4 del artículo 135 del CGP, la rechazaba de plano.

En cuanto a la condena en costas, señaló que, si el apoderado de la parte actora estaba
inconforme con la decisión, debió discutirlo por vía del recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, que fue en la que se impuso dicha condena y determinó
el porcentaje de las agencias en derecho, de ahí que no resultara jurídicamente viable
la discusión de la condena en esa oportunidad.

En sede de apelación, por auto del 2 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca confirmó la providencia del 15 de marzo de 2023. El tribunal advirtió
que la parte actora no presentó argumentos contra los valores arrojados por la
liquidación en costas, sino por la imposición misma de esa condena.

Siendo así, consideró que el auto apelado lo único que hizo fue aprobar la sumatoria
de lo ya decidido por las sentencias, las cuales se encontraban debidamente
ejecutoriadas, por lo que no podían alterarse. Adujo que no era la oportunidad para que
se formularan reparos contra la condena impuesta en la sentencia.

1 Fractura de tibia y peroné.

2

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Demandante: Giovanna Andrea Rendón y otros

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, la parte actora manifestó que la acción de tutela cumple los
requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial. En cuanto al fondo
del asunto, alegó que el auto del 2 de octubre de 2023, dictado por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que confirmó la liquidación de costas, incurrió en
violación directa de la Constitución Política, por cuanto desconoció que el artículo
154 del CGP prevé que el amparado de pobre no será condenado en costas.

Que, de hecho, el tribunal no reprochó al juzgado que hubiera efectuado una liquidación
de costas exagerada y lesiva, tasadas en $69.486.386, siendo que ese mismo juez
decretó el amparo de pobreza en consideración a que “los demandantes no tenían
recursos para su subsistencia y sufragar la prueba de calificación de pérdida de capacidad
laboral que costaba 1 SMLMV”.

Adicionalmente, sostuvo que la autoridad judicial demandada, al señalar que frente al
auto que aprueba las costas solo se podían debatir las expensas y montos establecidos,
olvidó que podía ejercer el control de convencionalidad, constitucionalidad y legalidad
cuando se desconocen garantías anteriormente decretadas en el proceso, como lo era
el amparo de pobreza.

5. Trámite procesal

Por auto del 13 de octubre de 2023, el Despacho sustanciador admitió la demanda y,
entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados del
Tribunal Administrativo del Vale del Cauca. Adicionalmente, vinculó en calidad de
terceros con interés, al municipio de Tuluá y al Juzgado Segundo Administrativo de
Buga.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 18 de octubre
de 20232.

6. Intervenciones

El magistrado del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca puso de presente que
en el trámite de liquidación de costas el apoderado de la actora atacó la imposición de
la condena en costas y agencias en derecho, mas no el monto. En ese sentido, precisó
que el juez tenía el deber de disponer en la sentencia sobre la condena en costas y en
caso de que la parte condenada no estuviera de acuerdo le correspondía objetarla a
través del recurso de apelación, de ahí que “a estas alturas, no es dable cuestionar aspectos
de mérito propios de la sentencia”.

Que, siendo así, advertía que la parte actora pretendía utilizar el mecanismo de amparo
constitucional como una instancia adicional para discutir asuntos que debió controvertir
a través del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

El juez segundo administrativo de Buga solicitó la desvinculación del presente
trámite, porque del escrito de tutela no advertía cuáles eran los errores de hecho o de
derecho en que supuestamente incurrió ese despacho judicial y frente a los cuales
pudiera ejercer una defensa efectiva, pues lo cierto era que no existía imputación fáctica
en su contra. Que esa circunstancia conllevaba a que la acción de tutela se tornara
improcedente contra ese juzgado.

La jefe de la oficina Asesora Jurídica del municipio de Tuluá también solicitó la
desvinculación del presente trámite de tutela por falta de legitimación en la causa por
pasiva, con fundamento en que no era responsable de la presunta vulneración de

2 Índice 7 de Samai.

3

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derechos fundamentales alegados por la parte demandante, dado que la controversia
se dirigía contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En todo caso, pidió que
se exonerara a ese municipio de toda responsabilidad con relación a las pretensiones
de la acción de tutela, toda vez que no vulneró ningún derecho.

II. CONSIDERACIONES

1. Cuestión previa sobre la legitimación en la causa por pasiva

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).

La Corte Constitucional3 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la
acción de tutela y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del
derecho fundamental, cuando ésta resulte demostrada.

En el presente asunto, la parte actora endilga la presunta vulneración de derechos
fundamentales al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con fundamento en que
confirmó el auto que aprobó la liquidación de costas, dictado por el Juzgado Segundo
Administrativo de Buga.

Ahora, el Juzgado Segundo Administrativo de Buga y el municipio de Tuluá solicitaron
la desvinculación de la presente acción de tutela, con sustento en que la acción de
tutela no se dirigía en su contra.

Al respecto, la Sala debe advertir que esas autoridades fueron vinculadas a la presente
acción de tutela en calidad de terceros con interés, mas no como demandadas. La
vinculación no obedeció a que las pretensiones estén dirigidas en su contra, sino
porque, en el caso del Juzgado Segundo Administrativo de Buga, decidió en primera
instancia el proceso de reparación directa mediante sentencia del 20 de mayo de 2020.
Además, se trata de la autoridad judicial que dictó los autos del 15 de marzo y 25 de
mayo de 2023, que, en su orden, aprobó la liquidación de costas y resolvió
desfavorablemente el control de legalidad y el recurso de reposición propuesto por la
parte actora contra el auto aprobatorio.

Por su parte, el municipio de Tuluá intervino como demandado en el proceso de
reparación directa. De ahí que tengan interés en este trámite.

Por lo tanto, la Sala declarará no probada la falta de legitimación en la causa por pasiva
alegada por el Juzgado Segundo Administrativo de Buga y el municipio de Tuluá.

2. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la parte
actora contra el auto del 2 de octubre de 2023, dictado por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, que confirmó la providencia que aprobó la liquidación de costas en
el proceso de reparación directa No. 76111-33-33-002-2016-00118-02.

La Sala anticipa que ejercerá facultades extra petita para analizar no solo las
providencias que liquidaron la condena en costas (que son las que cuestiona la parte
actora), sino las sentencias que las impusieron, pues la vulneración de los derechos
fundamentales se deriva precisamente de esas decisiones que, en pleno
desconocimiento del artículo 154 del CGP, impusieron condena en costas a quien se
había otorgado amparo de pobreza.

3 Ver sentencias T-373 de 2015 y T-172 de 2019.

4

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Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción
de tutela contra providencias judiciales, (ii) del amparo de pobreza, (iii) de las facultades
de fallar extra y ultra petita del juez de tutela y (iv) análisis del caso concreto.

3. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales4 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos5 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando
se han superado los requisitos generales.

4. Del amparo de pobreza

La institución procesal del amparo de pobreza se encuentra regulada en el artículo 2º
de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, en la que reconoce el deber del
Estado de garantizar el acceso de todos los asociados a la administración de justicia y
que será de su cargo “el amparo de pobreza y el servicio de defensoría pública”. Por su
parte, los artículos 151 a 158 del Código General del Proceso desarrollan la figura, al
establecer las condiciones de procedencia, trámite, efectos y reconocimiento.

Específicamente respecto de los efectos del amparo de pobreza, el artículo 154 del
CGP dispone que “el amparado por pobre no estará obligado a prestar cauciones procesales
ni a pagar expensas, honorarios de auxiliares de la justicia u otros gastos de la actuación, y no
será condenado en costas” (destaca la Sala).

Es así como el amparo de pobreza busca hacer efectivo el derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia de todas las personas, por cuanto se estatuye a
favor de quien no se encuentre en la capacidad de financiar los costos asociados con
los procesos judiciales.

En diversas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado6 sobre la
naturaleza jurídica del amparo de pobreza y ha concluido que esa figura se fundamenta
en el principio general de gratuidad de la justicia. En ese sentido, ha considerado que
las personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica podrán
solicitar al juez que les conceda este beneficio, bien sea en calidad de demandado o
de demandante.

En sentencia T-374 de 2021, la Corte Constitucional recordó las principales subreglas
jurisprudenciales respecto del amparo de pobreza, así:

16.1. Por regla general, las partes deben asumir los costos del proceso. De conformidad
con la cláusula general de competencia, el Legislador fijó las costas y cargas procesales propias
de cada juicio. Con base en la misma facultad, creó la figura del amparo de pobreza, dirigida a
asegurar el ejercicio del derecho de acceso a la administración de justicia, en condiciones de
igualdad.

16.2. Los fines constitucionales del amparo de pobreza. Esta figura se instituyó con el
propósito de que las personas que por sus condiciones económicas no puedan asumir los gastos
derivados de un proceso judicial, cuenten con el apoyo estatal que permita garantizar el acceso
efectivo a la administración de justicia.

4 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y
que no se cuestione un fallo de tutela.
5 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
6 Entre otras, en las sentencias C-668 de 2016, C-808 de 2002, T-544 de 2015 y T-374 de 2021.

5

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16.3. Amparo de pobreza y ejercicio de derecho de defensa. Los abogados designados por
el amparo de pobreza deberán actuar diligentemente, so pena de que la providencia judicial que
resulte del caso adolezca de un defecto por violación del artículo 29 de la Constitución.

16.4. El amparo de pobreza es una medida correctiva y equilibrante. En consecuencia,
su aplicación es restringida. Es un instituto procesal que busca garantizar la igualdad real de las
partes durante el desarrollo del proceso. Permite a aquel sujeto que se encuentre en una situación
económica vulnerable, ser válidamente exonerado de la carga procesal de asumir ciertos costos.
Por igual motivo, este amparo no debe otorgarse al sujeto procesal que no se encuentre en la
situación de hecho que esta institución busca corregir.

La protección de las personas económicamente desfavorecidas mediante el amparo de
pobreza refleja el compromiso de construir un sistema judicial inclusivo, que promueva
la igualdad y la justicia para todos, independientemente de la situación financiera.

5. De las facultades del juez de tutela para dictar fallos extra y ultra petita

En principio, el juez de tutela debe resolver las solicitudes de amparo, en los términos
planteados por los demandantes. Sin embargo, pueden existir casos en los que se
advierta de manera evidente la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, por
razones diferentes a las expuestas por los interesados. En esos casos, y en virtud de
la informalidad que caracteriza a la acción de tutela, el juez está habilitado para
intervenir de manera urgente con el propósito de proteger los derechos fundamentales
que se ven en situación de amenaza o vulneración. Así lo aclaró la Corte Constitucional7
al referirse a las facultades extra y ultra petita:

En cuanto a la posibilidad de que los fallos puedan ser extra y ultra petita en materia de tutela, esta
Corte de manera pacífica ha señalado que el juez de tutela puede al momento de resolver el caso
concreto conceder el amparo incluso a partir de situaciones o derechos no alegados, atendiendo
la informalidad que reviste el amparo y además quien determina los derechos fundamentales
violados. Así, desde los primeros pronunciamientos se ha sentado esta posición, toda vez que
conforme a la condición sui generis de esta acción, la labor de la autoridad judicial no puede
limitarse exclusivamente a las pretensiones invocadas por la parte actora, sino que debe estar
encaminada a garantizar el amparo efectivo de los derechos fundamentales. (Subraya la Sala).

Por otro lado, en sentencia SU-150 de 2021, la Corte Constitucional precisó que si bien
el principio de congruencia de la sentencia, previsto en el artículo 281 del CGP, exige
que la decisión judicial debe estar acorde con los hechos y pretensiones de la demanda,
en reiterada jurisprudencia de esa corporación también se ha considerado que el juez
de tutela “no se encuentra limitado por el principio de congruencia, como quiera que, dada la
naturaleza del amparo constitucional y sobre la base de los principios procesales que rigen esta
actuación, a aquél le corresponde determinar con certeza cuál o cuáles son los derechos
fundamentales que pueden ser objeto de vulneración o de amenaza, con la finalidad de
garantizar su efectiva protección”.

6. Análisis del caso concreto

De la procedencia de las facultades extra petita para decidir este caso

La Sala no desconoce que la parte actora cuestiona el auto del 2 de octubre de 2023,
dictado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que confirmó la providencia
que aprobó la liquidación de costas judiciales. A juicio de la parte demandante, esa
decisión desconoció que, por virtud del amparo de pobreza que le fue otorgado, no
podía condenarla en costas.
Sin embargo, esas providencias no son las que afectan de manera directa los derechos
fundamentales de la parte actora, pues se limitan a liquidar la condena en costas
previamente impuesta en las sentencias de primera y segunda instancia del proceso
ordinario. Se trata, realmente, de una consecuencia de los fallos dictados en el proceso
de reparación directa que, como se verá más adelante, desconocieron abiertamente el
artículo 154 del CGP. Ese artículo establece como uno de los efectos del amparo de

7 Sentencia SU-195 de 2012.

6

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pobreza la exención de la condena en costas, y esa es la base de la controversia que
aquí se plantea.

Ante ese evidente desconocimiento de las normas que regulan el amparo de pobreza,
resulta indispensable que la Sala ejerza facultades extra petita para analizar no solo las
providencias que liquidaron la condena en costas, sino las sentencias que las
impusieron, pues, se insiste, son las que inciden directamente en los derechos
fundamentales de la parte actora.

Sin duda, la imposición de una condena en costas por la suma de $69.486.386 a
personas a quienes se les había concedido el amparo de pobreza impacta
negativamente en su capacidad para satisfacer las necesidades básicas y representa
una amenaza directa para su mínimo vital. Además, desconoce la naturaleza del
amparo de pobreza que busca proteger a las personas que carecen de recursos
económicos suficientes, asegurando que no sacrifiquen su bienestar en la búsqueda de
la justicia.

La falta de diligencia por parte del apoderado de la parte actora al no impugnar de
manera oportuna la indebida condena en costas no debe considerarse como un
obstáculo para que la Sala, en salvaguarda de los derechos fundamentales de la
demandante, examine las sentencias dictadas en el proceso ordinario, específicamente
en relación con la imposición de costas. No puede desconocerse que es la parte
demandante, y no su apoderado, quien se enfrentaría a una carga financiera
insostenible, que afectaría directamente su derecho al mínimo vital y, simultáneamente,
contravendría los principios fundamentales de justicia y equidad.

El tiempo que ha pasado desde la fecha en que se notificó la sentencia del 20 de enero
de 2021 tampoco puede impedir el análisis de fondo, pues las especiales circunstancias
del caso obligan a la Sala, como juez de tutela, a intervenir para proteger los derechos
fundamentales de la parte actora vulnerados con las sentencias del 20 de mayo de
2020 y 20 de enero de 2021. Además, tampoco se puede pasar por alto que la magnitud
de la condena solo se conoció con la liquidación de las costas procesales, hecho que
ocurrió en octubre de 2023.

Conforme con lo expuesto, la Sala estima satisfechos los requisitos que permiten el
ejercicio de facultades extra petita. Esas mismas razones también permiten tener por
cumplidos los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra las
sentencias del 20 de mayo de 2020 y 20 de enero de 2021, dictadas, respectivamente,
por el Juzgado Segundo Administrativo de Buga y el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca. Por lo tanto, la Sala procederá con el análisis de fondo.

Del defecto sustantivo en que incurrieron las sentencias del 20 de mayo de 2020
y del 20 de enero de 2021

La Sala encuentra probado que el Juzgado Segundo Administrativo de Buga, por auto
del 21 de junio de 2017, concedió amparo de pobreza a la parte demandante, porque
tenía la calidad de desplazada y no contaba con los recursos económicos suficientes
para asumir los costos de un dictamen pericial. En los siguientes términos se señaló:
De igual manera atendiendo lo expresado bajo la gravedad del juramento por el apoderado judicial
de la parte demandante, sobre que sus apoderados (la Sala entiende que se refería a los
poderdantes) corresponden a un núcleo de familia desplazada y que no poseen los recursos
económicos suficientes para asumir los costos en que deben incurrir con dicho dictamen
sin menoscabar el mínimo vital que perciben, el Despacho procede a conceder el amparo
de pobreza en virtud de lo preceptuado en el artículo 151 del C.G.P. (Destaca la Sala).
(…)
En consecuencia, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Buga,

RESUELVE:
(…)

7

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SEGUNDO: CONCÉDASE el amparo de pobreza a la parte demandante de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva.

Revisado el expediente ordinario, la Sala no encontró ninguna providencia que hubiese
terminado el amparo de pobreza decretado en la decisión antes relacionada. Las
autoridades judiciales demandadas tampoco lo alegaron en sus informes.

Ahora, sin tener en cuenta el amparo de pobreza previamente concedido, el Juzgado
Segundo Administrativo de Buga, en sentencia del 20 de mayo de 2020, condenó en
costas a la parte actora y fijó como agencias en derecho el 4% del valor de las
pretensiones negadas. Así se lee en la parte resolutiva:

SEGUNDO. - Condenar en costas de esta instancia a la parte vencida en el proceso, en el evento
de haberse causado y en la medida de su comprobación, las cuales serán liquidadas por la
Secretaría de este Despacho siguiendo los dispuesto en el artículo 188 del PACAC en
concordancia con el artículo 365 del Código General del Proceso.

TERCERO. - Fijar como agencias en derecho el 4% del valor de las pretensiones negadas, de
conformidad con lo establecido en el numeral 4º del artículo 366 del C.G.P. en concordancia con
el Acuerdo 10554 del 2016.

Lo mismo ocurrió en segunda instancia, pues el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, en sentencia del 20 de enero de 2021, consideró lo siguiente sobre la condena
en costas

El artículo 188 del CPACA regula la condena en costas y prevé que la sentencia debe disponer
sobre su imposición conforme a la regulación prevista en el Código de Procedimiento Civil hoy
Código General del Proceso.

El numeral 3º del artículo 365 del Código General del Proceso señala que habrá lugar a imponer
condena en costas en segunda instancia a la parte recurrente cuando se confirme en su totalidad
la providencia primigenia, debiendo estas ser liquidadas de manera concentrada por la Secretaría
del Juzgado de Instancia acorde con lo previsto en el artículo 366 Ib.

Como quiera que en el presente asunto se confirmará en su totalidad la sentencia de primera
instancia, la Sala se condenará en costas a la parte demandante en favor de la parte demandada,
se fijan agencias en derecho en la suma del 1 SMMLV.

Conforme con esas consideraciones, en las que resulta evidente que el tribunal
demandado no tuvo en cuenta el amparo de pobreza que se había otorgado a favor de
la parte demandante, el numeral segundo de la parte resolutiva dice:

SEGUNDO. – condenar en costas en ambas instancias a la parte demandante en favor de la parte
demandada para lo cual se fijan como agencias en derecho en la suma de 1 SMMLV. Liquídese
por la Secretaría del Juzgado de origen.

En cumplimiento de los numerales segundo y tercero de la sentencia del 20 de mayo
de 2020 y del numeral segundo de la sentencia del 20 de enero de 2021, el 10 de marzo
de 2023, el secretario del Juzgado Segundo Administrativo de Buga liquidó las costas
del proceso por un total de $69.486.386.

Por auto del 15 de marzo de 2023, el juez segundo administrativo de Buga aprobó la
anterior liquidación.

Mediante providencias del 25 de mayo de 2023 y del 2 de octubre de 2023, dictadas,
en su orden, por el Juzgado Segundo Administrativo de Buga y el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, resolvieron, en sede de reposición y apelación
respectivamente, confirmar la providencia del 15 de marzo de 2023 que aprobó la
liquidación de costas.

Para la Sala, lo anterior permite concluir que el Juzgado Segundo Administrativo de
Buga y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en primer lugar, no tuvieron en
cuenta que a la parte demandante del proceso ordinario se le había otorgado amparo
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06201-00
Demandante: Giovanna Andrea Rendón y otros

de pobreza, por haberse acreditado las condiciones previstas en el artículo 151 del
CGP. Ese amparo de pobreza buscaba garantizar que la parte actora, a pesar de que
no se encontraba en condiciones de financiar los costos de un proceso judicial, tuviera
acceso a la administración de justicia en condiciones de igualdad.

En segundo lugar, esa omisión conllevó a que las autoridades judiciales demandadas
incurrieran en defecto sustantivo, por falta de aplicación del artículo 154 del CGP que
establece como uno de los efectos del amparo de pobreza la exención de la condena
en costas.

No es cierto que las autoridades judiciales demandadas tenían la obligación de imponer
costas, en virtud del artículo 188 del CPACA, como lo alegó el tribunal demandado. Por
el contrario, dadas las circunstancias de este caso, el deber consistía en observar el
amparo de pobreza otorgado y aplicar la norma especial que regula el asunto, esto es,
el artículo 154 del CPACA, que prohíbe imponer costas a quien goza de un amparo de
pobreza.

La Sala considera que la imposición de costas dispuesta en las mencionadas
sentencias, además de contradecir abiertamente esa normativa específica, vulnera los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
de la parte demandante. Estos derechos son precisamente los que se buscaba proteger
mediante el amparo de pobreza, con el fin de asegurar el acceso a la justicia sin
discriminación económica. Luego, la imposición de costas en ese contexto no solo
resulta incongruente con la normativa aplicable, sino que también representa un
menoscabo directo a los principios esenciales de un debido proceso y a la garantía de
acceso a la justicia de manera equitativa e inclusiva.

Siendo así, la Sala amparará los derechos fundamentales al mínimo vital, al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia de la parte actora. En consecuencia,
dejará sin efectos los numerales segundo y tercero de la sentencia del 20 de mayo de
2020, dictada por el Juzgado Segundo Administrativo de Buga y el numeral segundo
de la sentencia del 20 de enero de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, a través de los cuales se condenó en costas a la parte actora en el
proceso de reparación directa 76111-33-33-002-2016-00118-00/01.

También quedan sin efectos los autos del 15 de marzo y del 25 de mayo de 2023,
dictados por el Juzgado Segundo Administrativo de Buga, así como el auto del 2 de
octubre de 2023, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dictados
en el trámite de liquidación de costas.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

1. Amparar los derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia de la parte actora, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia. En consecuencia, se dispone:

2. Dejar sin efectos los numerales segundo y tercero de la sentencia del 20 de mayo
de 2020, dictada por el Juzgado Segundo Administrativo de Buga, así como el numeral
segundo de la sentencia del 20 de enero de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, a través de los cuales se condenó en costas a la
parte actora en el proceso de reparación directa 76111-33-33-002-2016-00118-00/01.

3. Dejar sin efectos los autos del 15 de marzo y del 25 de mayo de 2023, dictados por
el Juzgado Segundo Administrativo de Buga, así como el auto del 2 de octubre de 2023,

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Demandante: Giovanna Andrea Rendón y otros

proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dictados en ese mismo
proceso.

4. Declarar no probada la falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por el
Juzgado Segundo Administrativo de Buga y el municipio de Tuluá.

5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

6. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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