RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-06208-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06208-00

Fecha
10 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06208-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la Fiduciaria La Previsora S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela que presentó la actora contra las autoridades judiciales accionadas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. 25 Núm. único de radicación: 110010315000202306208-00 Actora: Dolores Ayola Ruíz

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-06208-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

10 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202306208-00
Actora: Dolores Ayola Ruíz
Demandados: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro1

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del
requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la
administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Dolores Ayola Ruíz contra la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda y el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Pereira.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

1 Cfr. índice núm. 4 de SAMAI. Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 4”. Archivo aportado

en forma digital.

2

Núm. único de radicación: 110010315000202306208-00
Actora: Dolores Ayola Ruíz

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, a través de apoderada2, presentó acción de tutela contra la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda y el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Pereira, porque, a su juicio, i) el Tribunal, al proferir el
auto de 13 de abril de 2023; y ii) el Juzgado, al proferir el auto de 8 de septiembre de
2022, en el proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación
660013333003201400602-02: vulneraron sus derechos fundamentales invocados
supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, en calidad de cónyuge sobreviniente del señor Pedro Antonio
Manyoma Rosero, presentó demanda ejecutiva contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la
Fiduciaria La Previsora S.A., con el fin de que se librara mandamiento en su favor,
con base en la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2016 por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, por medio de la cual revocó la sentencia proferida el 14
de julio de 2015 por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Pereira y, en
su lugar, accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó el reconocimiento de
la sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías, en el periodo
comprendido entre el 26 de mayo de 2011 y el 14 de mayo de 2012.

4. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Pereira, mediante auto de
8 de septiembre de 2022, se abstuvo de librar mandamiento de pago.

5. La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda,
mediante auto de 13 de abril de 2023, resolvió lo siguiente:

2 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “2_DemandaWeb_Demanda-PODER(.pdf) NroActua

2”. Archivo aportado en forma digital.

3

Núm. único de radicación: 110010315000202306208-00
Actora: Dolores Ayola Ruíz

“[…] PRIMERO: CONFÍRMASE el auto calendado el 08 de septiembre de 2022
expedido por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Pereira, a través del
cual no libró mandamiento ejecutivo, de conformidad con lo razonado en precedencia
[…]”.

5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] En ese orden de ideas, se tiene que la ejecutante allegó con la demanda
ejecutiva las sentencias de primera y segunda instancia, así como el proveído que
aprueba las costas, proveídos que contienen una obligación clara, expresa y exigible
que sirven de sustento para iniciar la ejecución, por lo que en principio se diría que es
procedente librar orden de pago en su favor, no obstante, se tiene que en el presente
asunto si bien la persona que acude en ejercicio de su derecho de acción para
reclamar, por la vía ejecutiva, las sumas de dinero contenidas en la sentencia acreditó
la condición de cónyuge supérstite Pedro Antonio Manyoma Rosero (q.e.p.d.), no
ocurre lo mismo con el derecho a ejecutar si se tiene en cuenta que la sanción
moratoria por el retardo en el pago de las cesantías, se ordenó en cabeza de este y
no en la señora Dolores Ayola Ruíz, como sucesora del causante.

Ahora bien, la mencionada señora pretende a través de la acción ejecutiva hacer
efectivo el pago de una suma de dinero a que dice tiene derecho por ser la esposa
del entonces demandante, no obstante, el Juez de instancia negó el mandamiento de
pago porque consideró que esta no acreditó la titularidad del derecho, pues no allegó
prueba de liquidación de la herencia y de la sociedad conyugal o patrimonial y
comoquiera que la condena reconocida en favor del causante integra la masa
herencial, debía allegarse la prueba de la asignación a esta, que se determina a través
del respectivo proceso de sucesión.

A su vez, la apoderada judicial de la apelante considera que la señora Dolores Ayola
Ruíz sí se encuentra en condiciones de reclamar la suma reconocida en la sentencia,
en atención a que acreditó la calidad de heredera con el registro civil de matrimonio y
que el artículo 68 del C.G.P la faculta para demandar ya que el numeral 1º consagra
que el proceso continuará con los herederos y en esa medida no puede el Juzgado
de instancia imponer una carga que no se encuentra prevista en la Ley, no aceptando
la sucesión procesal hasta tanto se aporte la sucesión.

Respecto de la figura de la sucesión procesal se encuentra regulada en el artículo 68
de la Ley 1564 de 2012, vigente para la jurisdicción contenciosa administrativa a partir
del 1° de enero de 2014, tal como lo precisó el Consejo de Estado en jurisprudencia
de unificación y aplicable por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 […]
Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que puede suceder en el proceso el cónyuge
cuando un litigante fallece, entendiéndose por "litigante" al legítimo tenedor o
reclamante del derecho, es decir, a la persona que figura como parte del litigio.

En el presente asunto se tiene que al señor Pedro Antonio Manyoma Rosero, en virtud
a demanda ordinaria que impetrara bajo el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y de acuerdo a sentencia favorable del 29 de septiembre
de 2016 le fue reconocida por este Tribunal en segunda instancia, una sanción
moratoria por el retardo en el pago de sus cesantías a cargo de la Nación - Ministerio
de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
decisión que según se observa de los hechos de la demanda -pues no se allegó la
constancia de ejecutoria- quedó ejecutoriada el 4 de octubre de 2016.

También se observa que el señor Manyoma Rosero falleció el 29 de diciembre de
2014 según registro civil de defunción, esto es, antes de que se profirieran los fallos

4

Núm. único de radicación: 110010315000202306208-00
Actora: Dolores Ayola Ruíz

de primera y segunda instancia; e igualmente, del registro civil de matrimonio se
constata que contrajo matrimonio con señora Dolores Ayola Ruíz el día 09 de junio
de 1972, no obstante, en el trámite del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento
del derecho la sentencia de segunda instancia reconoció el derecho en cabeza del
señor Pedro Antonio Manyoma Rosero, es decir, dentro de dicha actuación judicial no
se surtió la correspondiente sucesión procesal […]”.

[…]

“[…] Y dado que la ejecución se está solicitando para sí misma y no para la sucesión,
escenario en el que sí sería posible librar mandamiento de pago según la
jurisprudencia citada, no es posible acceder a lo solicitado en la forma como está
formulada la demanda ejecutiva (artículo 1008 CC) […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. TUTELAR el derecho fundamental del debido proceso, y acceso a la
administración de justicia en favor de mi poderdante y en contra de la accionada, y
como consecuencia de ello, DEJAR SIN NINGÚN VALOR NI EFECTO las siguientes
providencias:

a. El auto de fecha de septiembre de 2022 emitido por el Juzgado 3 Adminsitrativo
del Circuito de Pereira, dentro del proceso ejecutivo de Dolores Ayola Ruiz contra
Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, Expediente No 66001-33-33-003-2014-00602-00, que
negó el mandamiento de pago.

b. El auto de fecha 13 de abril de 2023 expedido por el Tribunal de los Contencioso
Administrativo de Risaralda, dentro del proceso ejecutivo de Dolores Ayola Ruiz
contra Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, Expediente No 66001-33-33-003-2014-
00602-00, que resolvió el recurso de apelación, confirmando el auto de fecha 8 de
septiembre 2022 expedido por el Juzgado 3 Administrativo del Circuito de Pereira.

2. En virtud de lo anterior se ORDENE al Tribunal de lo Contencioso Administrativo
de Risaralda, dentro del proceso ejecutivo de Dolores Ayola Ruiz contra Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, Expediente No 66001-33-33-003-2014-00602-00, a lo siguiente:

a. REVOCAR en todas y cada una de sus partes el auto de fecha 8 de septiembre
de 2022 emitido por el Juzgado 3 Administrativo del Circuito de Pereira, dentro del
proceso ejecutivo de Dolores Ayola Ruiz contra Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Expediente
No 66001-33-33-003-2014-00602-00,que negó el mandamiento de pago y por
consiguiente ordenar al Juzgado 3 Administrativo de Pereira, emitir auto por medio

5

Núm. único de radicación: 110010315000202306208-00
Actora: Dolores Ayola Ruíz

del cual se LIBRE MANDAMIENTO DE PAGO conforme al libelo introductorio de la
demanda ejecutiva […]”.3

7. Como fundamento de su solicitud, la actora señaló lo siguiente:

“[…] Con el auto de fecha 8 de septiembre de 2022, notificada por estado el 9 de
septiembre de 2022, expedido por el Juzgado 3 Administrativo del Circuito de Pereira
y el auto de fecha 13 de abril de 2023 proferido por el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo de Risaralda que conformidad en todas y cada una de sus parte el
auto apelado al interior del Dolores Ayola Ruiz contra Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
Expediente No 66001-33-33-003-2014-00602-00, violaron el debido proceso del
artículo de la 29 de la Constitución Política, así como también los artículos
1298,1666, 1667, 1688 y 1670 del Código Civil, artículos 13 inciso 1, 68 inciso 1
del Código General del Proceso, artículo 8 de la Ley No 153 de agosto 5 de 1887
y los, artículos 2098 y 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contecioso Administrativo y numeral 7 del artículo 127 del Decreto No 663 abril 2
de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero) modificado por el artículo 5 de
la Ley No 1555 de julio 9 de 2012, artículo 2 del Decreto No 564 de marzo 19 de
1996, inciso 4 del artículo 29 del Decreto No 2349 de septiembre 4 de 1965 y Carta
Circular No 59 de octubre 6 de 2021 emanada de la Superintendencia Financiera
de Colombia vigente al momento de la radicación de la demanda […]”.

[…]

“[…] Dando alcance al presupuesto normativo citado, en el proceso objeto de
tutela, claramente en la demanda ejecutiva se acreditó la condición de cónyuge
sobreviviente del causante Pedro Antonio Manyoma Rosero en virtud que se
acreditó el parentesco con los registro de matrimonio, determinándose claramente
a la sucesión de derechos y acciones de la sentencia materia de ejecución del
proceso accionado […]”.

[…]

“[…] Es decir que, si se trata de un heredero biológico y beneficiario conforme a la
Ley, es decir, familiar del causante, se debe presentar al registro civil de nacimiento
donde se hace constar la relación de parentesco, tal y como se acreditado en el
proceso ejecutivo, razón por la cual no puede despacho imponer una carga no
prevista en la Ley, difiriendo la sucesión procesal hasta tanto de aporte la sucesión,
más aún cuando la Corte Constitucional ha manifestado que la sucesión procesal
opera de pleno derecho […]”.4

Actuación

8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 12 de octubre de 2023: i)
admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sala Segunda
de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda y al Juez Tercero

3 Transcripción literal del texto.
4 Transcripción literal del texto.

6

Núm. único de radicación: 110010315000202306208-00
Actora: Dolores Ayola Ruíz

Administrativo del Circuito de Pereira; y iii) vinculó, en calidad de terceros con
interés legítimo, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y a la Fiduciaria La Previsora S.A.,
concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el
particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

9. La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda solicitó
negar la acción de tutela, al considerar que:

“[…] la decisión adoptada obedeció al análisis juicioso y exhaustivo de las
disposiciones aplicables al asunto debatido, y de la jurisprudencia aplicable al caso
en conjunto con la comunidad probatoria obrante en el plenario, las cuales fueron
valoradas dentro de la sana crítica en forma integral y no aisladamente en cada una
de sus partes, es decir, se analizaron en conjunto todos los medios de convicción,
estudio que permitió al Tribunal arribar a la conclusión adoptada.

Ahora, siguiendo las pautas expuestas por la Corte Constitucional en materia de
relevancia constitucional como requisito de procedencia para la acción de tutela
contra providencias judiciales, se observa que la controversia tiene una connotación
patrimonial de carácter estrictamente privado, razón por la cual la cuestión que se
debate se refiere a un aspecto meramente legal, que no impacta derechos
fundamentales sino beneficios patrimoniales […]”.

[…]

“[…] En este punto no se advierte prima facie ni se sustenta adecuadamente en la
demanda de tutela cuál es la relevancia constitucional de un asunto relativo a un
proceso ejecutivo seguido a continuación de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, ya que de ser muy laxos al respecto todos los asuntos
de tal linaje serían susceptibles de acción de tutela, desdibujando su carácter
subsidiario y de mecanismo excepcional. El que pudieran existir –que no los hay en
este asunto- defectos fácticos o sustantivos no indica que por ese solo hecho sea
procedente la acción de tutela contra sentencias. La relevancia constitucional es un
requisito de procedibilidad que puede llevar a estudiar el fondo de la cuestión
planteada en sede constitucional y no al revés, luego no se puede ser ligero en el
análisis de este punto y en él se debe detener el juez constitucional, por lo que se
depreca un estudio razonado y ponderado del mismo.

Se considera que la solicitud de tutela carece de relevancia constitucional,
comoquiera que se está ejerciendo para convertir dicho mecanismo constitucional
en una instancia adicional del proceso ejecutivo, al pretenderse se estudie
nuevamente la decisión de no librar mandamiento de pago y la titularidad del derecho
de la señora Dolores Ayola Ruiz para reclamar saldos insolutos a través del proceso
ejecutivo derivados de la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2016 por el
Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, que revocó la emitida por el
Juzgado Tercero Administrativo de Pereira el 14 de julio de 2015, en la que el titular
del derecho lo fue el fallecido señor Pedro Antonio Manyoma Rosero; lo cual deviene
en improcedente, justamente porque busca revivir la discusión del proceso ejecutivo,

7

Núm. único de radicación: 110010315000202306208-00
Actora: Dolores Ayola Ruíz

que fue abordada y decidida razonablemente tanto en el auto de primera instancia
del 8 de septiembre de 2022, proferido por el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Pereira, como en el auto del 13 de abril de 2023, dictado por este Tribunal,
conforme al libelo demandatorio y al recurso de apelación interpuesto por la hoy
accionante, respectivamente […]”.

10. El Ministerio de Educación Nacional solicitó declarar la improcedencia de la
acción de tutela, por las siguientes razones:

“[…] Resulta evidente que el accionante pretende que el alto tribunal como juez
constitucional realice una nueva revisión del problema jurídico que sometió a la
jurisdicción contenciosa administrativa el cual ya fue resuelto con el debido
cumplimiento de las formas propias del procedimiento y con decisiones que ostentan
fuerza de cosa juzgada y presunción de acierto y legalidad, proferidas por el
respectivo juez natural del asunto.

Lo anterior quiere decir que la pretensión del accionante es revivir por la vía de la
acción de tutela un debate jurídico que fue zanjado en la jurisdicción correspondiente
y que el juez constitucional en un procedimiento excepcional, preferente y sumario,
pretendiendo con sus argumentos que el despacho actúe como una tercera instancia
ante su descontento con la decisión adoptada.

Abrir la posibilidad de revivir el debate jurídico, tal y como lo pretende el accionante,
desconocería principios fundamentales del Estado Social de Derecho en tanto
ignoraría la independencia y autonomía de la que gozan las juezas y jueces de la
república para imponer, vía tutela, un criterio específico.

En este punto es imperativo resaltar que la pretensión del accionante y su argumento
jurídico respecto de la procedencia de la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los
docentes no se encuentra resuelto de manera pacífica ni por la jurisdicción
constitucional ni por la contenciosa administrativa, pues ambas han expedido
providencias que tienden a resolver el asunto en uno u otro sentido. Así, por ejemplo,
la Corte Constitucional en sentencia SU- 098 de 2018 abrió, aparentemente, la
puerta a la aplicación de esa norma en los casos que nos ocupan; sin embargo,
mediante sentencia SU-573 de 2019 reconoció que tal debate no tenía relevancia
constitucional por tratarse de una cuestión legal de contenido patrimonial y que,
además, las reglas jurisprudenciales establecidas (en la de 2018) procedía
únicamente en el evento en que se omitiera la afiliación del docente al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) […]”.

11. La Fiduciaria La Previsora S.A. adujo su falta de legitimación en la causa por
pasiva, por las siguientes razones:

“[…] El ejercicio de la acción de tutela por vía de hecho exige para el accionante la
fundamentación de causales genéricas y específicas de procedibilidad, las cuales no
están llamadas a ser deducidas por el juez de tutela y por eso, deben ser expuestas
de manera nítida por el accionante. De ahí la importancia de poner de presente a los
Honorables Magistrados que la argumentación de la accionante es exigua en
relación con la configuración de dichas causales porque el mecanismo tutelar se está
utilizando con el ánimo invalidar actuaciones procesales realizadas con anterioridad,
mediante el ejercicio de la presente acción […]”.

8

Núm. único de radicación: 110010315000202306208-00
Actora: Dolores Ayola Ruíz

[…]

“[…] Con base en lo anteriormente señalado, es preciso anotar que la accionante
dirige la acción de tutela en contra del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
RISARALDA, por lo que del libelo de tutela y sus anexos no se encuentra prueba
alguna que a través de la cual se pueda establecer que Fiduprevisora S.A. en calidad
de vocera y administradora Del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales Del
Magisterio (FOMAG) se encuentre vulnerando sus derechos fundamentales, toda
vez que las pruebas allegadas en el escrito de tutela no guardan relación entre
FIDUPREVISORA S.A. y el actor […]”.

12. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Pereira allegó copia digital
del expediente del proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación
660013333003201400602-02.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 5, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20216 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20197, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

14. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

9

Núm. único de radicación: 110010315000202306208-00
Actora: Dolores Ayola Ruíz

15. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.

16. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.

17. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20068, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
8 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

10

Núm. único de radicación: 110010315000202306208-00
Actora: Dolores Ayola Ruíz

de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[9].
(Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.

18. La Sala advierte que la Fiduciaria La Previsora S.A., en calidad de vocera y
administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, solicitó su desvinculación, por cuanto, a su juicio, carece de
legitimación en la causa por pasiva.

19. Al respecto, es preciso indicar que la Fiduciaria La Previsora S.A. fue
vinculada al proceso de tutela de la referencia como tercero con interés, en la
medida en que obra como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, demandado dentro del del
proceso ejecutivo cuestionado por la actora; es decir que a dicha entidad le asiste
interés en el resultado del proceso de la referencia.

20. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que a la Fiduciaria La
Previsora S.A. le asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala profiera.

21. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada respecto de la Fiduciaria La Previsora
S.A.

Problema jurídico

22. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción
de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de

9 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.

11

Núm. único de radicación: 110010315000202306208-00
Actora: Dolores Ayola Ruíz

procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si
se cumplió con el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional.

23. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando
se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; procediendo
posteriormente a v) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

24. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena10, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales

25. Esta Sección adoptó11 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 200512, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.

María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
12 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

12

Núm. único de radicación: 110010315000202306208-00
Actora: Dolores Ayola Ruíz

26. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

27. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”13 que encaje en dichos parámetros.

28. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

29. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201414.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto

30. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del

13 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

13

Núm. único de radicación: 110010315000202306208-00
Actora: Dolores Ayola Ruíz

cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito
general de procedibilidad de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional

31. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5
de agosto de 201415, al referirse al requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional, sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [16]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [17].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [18].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para

15 Ut supra página 6.

[16] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[17] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[18] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

14

Núm. único de radicación: 110010315000202306208-00
Actora: Dolores Ayola Ruíz

que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [19].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [20]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [21].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [22]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de

[19] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[20] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[21] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[22] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

15

Núm. único de radicación: 110010315000202306208-00
Actora: Dolores Ayola Ruíz

defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]” (Resaltado fuera del texto).

32. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado23:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”24

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”25

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada

23 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
24Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
25 Ibidem.

16

Núm. único de radicación: 110010315000202306208-00
Actora: Dolores Ayola Ruíz

pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

33. En ese orden de ideas, el requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales,
y esa presunta afectación no tiene su origen en un debate estrictamente legal y
económico, ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una
carga argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial accionada incurrió en algunas de las causales especiales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; y iii) cuando se
demuestra que el amparo presentado no se utiliza como una instancia procesal
adicional.

34. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202226
precisó, en relación con el alcance del requisito general de procedibilidad de
relevancia constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:

[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

(…)

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de

26 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

17

Núm. único de radicación: 110010315000202306208-00
Actora: Dolores Ayola Ruíz

amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción
de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no
a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

(…)

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental,
producto de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar
una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia,
(ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]». (Resaltado por la Sala).

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso

35. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

18

Núm. único de radicación: 110010315000202306208-00
Actora: Dolores Ayola Ruíz

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

36. Atendiendo a que, la Corte Constitucional27 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia

37. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”

38. Atendiendo a que, la Corte Constitucional28 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida

27 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
28 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

19

Núm. único de radicación: 110010315000202306208-00
Actora: Dolores Ayola Ruíz

protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

Análisis del caso concreto

39. La actora, a través de apoderada, presentó acción de tutela contra la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda y el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Pereira, porque, a su juicio, i) el Tribunal, al proferir el
auto de 13 de abril de 2023; y ii) el Juzgado, al proferir el auto de 8 de septiembre de
2022, en el proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación
660013333003201400602-02: vulneraron sus derechos fundamentales invocados
supra.

40. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

41. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.

Acervo y análisis probatorios

42. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

42.1. Copia del expediente del proceso ejecutivo identificado con el número único
de radicación 200013333003201800228-03.

20

Núm. único de radicación: 110010315000202306208-00
Actora: Dolores Ayola Ruíz

Solución del caso concreto

Análisis del cumplimiento del requisito general de procedibilidad de
relevancia constitucional

43. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los
que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. La actora en su escrito de tutela indicó que lo siguiente:

“[…] Con el auto de fecha 8 de septiembre de 2022, notificada por estado el 9 de
septiembre de 2022, expedido por el Juzgado 3 Administrativo del Circuito de Pereira
y el auto de fecha 13 de abril de 2023 proferido por el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo de Risaralda que conformidad en todas y cada una de sus parte el
auto apelado al interior del Dolores Ayola Ruiz contra Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
Expediente No 66001-33-33-003-2014-00602-00, violaron el debido proceso del
artículo de la 29 de la Constitución Política, así como también los artículos
1298,1666, 1667, 1688 y 1670 del Código Civil, artículos 13 inciso 1, 68 inciso 1
del Código General del Proceso, artículo 8 de la Ley No 153 de agosto 5 de 1887
y los, artículos 2098 y 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contecioso Administrativo y numeral 7 del artículo 127 del Decreto No 663 abril 2
de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero) modificado por el artículo 5 de
la Ley No 1555 de julio 9 de 2012, artículo 2 del Decreto No 564 de marzo 19 de
1996, inciso 4 del artículo 29 del Decreto No 2349 de septiembre 4 de 1965 y Carta
Circular No 59 de octubre 6 de 2021 emanada de la Superintendencia Financiera
de Colombia vigente al momento de la radicación de la demanda […]”.

[…]

“[…] Dando alcance al presupuesto normativo citado, en el proceso objeto de
tutela, claramente en la demanda ejecutiva se acreditó la condición de cónyuge
sobreviviente del causante Pedro Antonio Manyoma Rosero en virtud que se
acreditó el parentesco con los registro de matrimonio, determinándose claramente
a la sucesión de derechos y acciones de la sentencia materia de ejecución del
proceso accionado […]”.

[…]

“[…] Es decir que, si se trata de un heredero biológico y beneficiario conforme a la
Ley, es decir, familiar del causante, se debe presentar al registro civil de nacimiento
donde se hace constar la relación de parentesco, tal y como se acreditado en el
proceso ejecutivo, razón por la cual no puede despacho imponer una carga no
prevista en la Ley, difiriendo la sucesión procesal hasta tanto de aporte la sucesión,
más aún cuando la Corte Constitucional ha manifestado que la sucesión procesal
opera de pleno derecho […]”.29

29 Transcripción literal del texto.

21

Núm. único de radicación: 110010315000202306208-00
Actora: Dolores Ayola Ruíz

44. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por la actora ya
fue objeto de estudio por las autoridades judiciales accionadas y la acción de tutela
contra providencia judicial no constituye una tercera instancia que permita reabrir
el debate resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad
accionada incurrió en la vulneración de derechos fundamentales.

45. Además de lo anterior, para la Sala, la actora plantea una afectación de
derechos fundamentales que tienen su origen en últimas en un debate
estrictamente legal y económico, el cual ya fue expuesto dentro del proceso
ejecutivo y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le corresponde
al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que ello
implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y
desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia
adicional.

46. Al respecto, la Corte Constitucional30 ha considerado:

“[…] en el caso planteado se tiene que el asunto que se discute tiene un
marcado carácter patrimonial, pues lo que está discusión es el pago de un
derecho de crédito que se deriva a la imposición de una sanción pecuniaria
por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio a la sociedad
comercial Ponce León S. A. Ingenieros Consultores-en liquidación, lo que
excluiría de plano la relevancia constitucional del asunto y, por lo tanto, la
posibilidad de acudir a la tutela para proteger los derechos que la entidad tutelante
considera afectados. […]”. (Resaltado por la Sala).

47. Asimismo, es preciso indicar que, en ese mismo sentido, la Sección Primera
de esta Corporación, en reiterados pronunciamientos31, y en especial, en la
sentencia proferida el 3 de mayo de 2019 consideró lo siguiente:

“[…] La Sala comparte dicho enfoque, en atención a que en el caso sub judice no se
cumplió con el requisito atinente a la relevancia constitucional de la controversia;
motivo por el cual, no es posible ni mucho menos procedente estudiarla de fondo.

30 Corte Constitucional, sentencia T-136 de 27 de marzo de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa.

31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de diciembre
de 2018, exp. No. 11001-03-15-000-2018-03770-00 (AC). Actor: Ariel Ramiro Novoa Vargas.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de noviembre de
2018, exp. No. 11001-03-15-000-2018-03772-00 (AC). Actor: María Eugenia García Chaparro y otro.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de mayo de 2018,
exp. No. 11001-03-15-000-2018-00808-00 (AC). Actor: Jaime Alfonso Castro Martínez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 15 de junio de 2018,
exp. No. 11001-03-15-000-2018-01143-00 (AC). Actor: E.S.E. Hospital María Inmaculada.

22

Núm. único de radicación: 110010315000202306208-00
Actora: Dolores Ayola Ruíz

Ello toda vez que lo pretendido por la parte actora es reabrir nuevamente el
debate y la discusión jurídica sobre cuestiones estrictamente legales y, de
índole económica, que por cierto ya fueron discutidas y falladas en el trámite del
proceso ejecutivo con radicado 47001-33-33-006-2015-00370-0132, por parte de los
jueces naturales de conocimiento de la acción ejecutiva correspondiente.

Sin embargo, no se puede olvidar que el instituto de la tutela contra providencias
judiciales no busca proporcionar a los sujetos procesales de un juicio ordinario una
tercera instancia, sino un mecanismo de protección y garantía de sus derechos
fundamentales, eventualmente lesionados por un pronunciamiento judicial. De aquí
que su procedencia sea excepcional33, toda vez que lo contrario atentaría contra la
autonomía de los funcionarios judiciales, la seguridad jurídica y el principio de cosa
juzgada, sin más34.

En ese orden de ideas, con base en las consideraciones expuestas, y ante la
inobservancia del requisito general de procedibilidad atinente a la relevancia
constitucional de la controversia, ésta Sala de Decisión confirmará en su totalidad la
sentencia de tutela impugnada del 18 de marzo de 201935, mediante la cual la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió declarar
improcedente la acción de amparo interpuesta por el señor Francisco Rafael Palacio
Valle […]”.

48. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal de lo
Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…] entidad de
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…] no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito de tutela se
“[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.

49. Así las cosas, esta Sección, siguiendo el precedente precisado por la Corte
en la sentencia SU – 215 de 2022, considera que la controversia que nos ocupa

32 Accionante: Francisco Rafael Palacio Valle. Accionado: Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta
(Magdalena).
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 17 de noviembre

de 2016, radicación No. 11001-03-15-000-2016-02862-00. Actor: Rosa Gómez Effer (C.P. Dr. Guillermo Vargas
Ayala).
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 3 de noviembre

de 2016, radicación: 11001-03-15-000-2016-02244-00. Actor: Claudia Consuelo Mc’Lauchlin Cobaleda (C.P.
Dr. Guillermo Vargas Ayala).
35 Visible a folios 160 a 164 de la causa constitucional.

23

Núm. único de radicación: 110010315000202306208-00
Actora: Dolores Ayola Ruíz

carece de relevancia constitucional porque la discusión planteada por la actora no
gira en torno al alcance, aplicación y/o desarrollo de un derecho fundamental; a lo
que se agrega que la actora no justificó el motivo por el cual dicha decisión
constituye una afectación desproporcionada de sus derechos fundamentales.

50. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la actora aduce que fueron
desconocidos sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, lo cierto es que no existe una mayor explicación acerca
de las razones por las cuales se afectó, en forma desproporcionada, el núcleo
esencial de los derechos fundamentales de la actora con ocasión de los autos de 8
de septiembre de 2022 y de 13 de abril de 2023, proferidos dentro del proceso
ejecutivo identificado con el número único de radicación 660013333003201400602-
02.

51. Asimismo, la Sala considera que la discusión que se expone a través del
escrito de tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia
antes transcrita, no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la
controversia se encuentra limitado a asuntos de mera legalidad cuya competencia
se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.

52. En el caso sub examine, la Sala precisa que las consideraciones expuestas
por las autoridades judiciales accionadas resultan razonables, en la medida en que,
como se ha expuesto en otras oportunidades36, en efecto no opera una sucesión
procesal automática si se tiene en cuenta que: i) el señor Pedro Antonio Manyoma
Rosero falleció durante el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho; ii) la actora no solicitó su reconocimiento como parte dentro de dicho
proceso; y, en consecuencia, iii) la sentencia respectiva se profirió en favor de Pedro
Antonio Manyoma Rosero; sin que haya lugar a una sucesión procesal automática
de la actora en relación con el proceso ejecutivo.

53. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que la actora hizo uso de la acción
de tutela como una tercera instancia, con el fin de que el juez constitucional valide

36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. (E) Nubia Margoth Peña

Garzón, sentencia de 7 de septiembre de 2023 identificada con el número único de radicación 110010315000-
2023-04321-00.

24

Núm. único de radicación: 110010315000202306208-00
Actora: Dolores Ayola Ruíz

su tesis jurídica, relacionada con su reconocimiento para reclamar a través del
respectivo proceso ejecutivo lo resuelto en favor del señor Pedro Antonio Manyoma
Rosero, quien falleció durante el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho.

Conclusiones de la Sala

54. Con fundamento en lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la
acción de tutela que presentó Dolores Ayola Ruíz contra la Sala Segunda de
Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda y el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Pereira.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por la Fiduciaria La Previsora S.A., por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela que presentó la
actora contra las autoridades judiciales accionadas, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a
la ejecutoria de esta providencia.

25

Núm. único de radicación: 110010315000202306208-00
Actora: Dolores Ayola Ruíz

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.