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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06229-00

Fecha
9 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06229-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Ministerio del Trabajo. SEGUNDO: NEGAR el amparo constitucional invocado por el señor Ángel Narváez Granados. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Ángel Narváez Granados Demandados: Presidente de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-06229-00 CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-06229-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

9 de noviembre de 2023

Demandante: Ángel Narváez Granados
Demandados: Presidente de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06229-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06229-00
Demandante: ÁNGEL NARVÁEZ GRANADOS
Demandados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Temas: Tutela de fondo – derechos fundamentales al mínimo vital, al
trabajo y al debido proceso – niega amparo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a resolver la acción de tutela formulada por el señor Ángel Narváez
Granados, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y, en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El señor Ángel Narváez Granados, en nombre propio, instauró acción de tutela1
contra la Presidencia de la República, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y Caribesol Air-e S.A.S. E.S.P., con el fin de que se protejan sus
derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital y al debido proceso.

Dichas garantías las estimó vulneradas con ocasión a que Caribesol Air-e S.A.S.
E.S.P. presuntamente, «de manera unilateral tomó la decisión de cortar el servicio
de energía en el predio ubicado en la Carrera 19 No. 27 – 8 ENTR 2 P 2 APTO 1
AU9952: Santa Catalina de la ciudad de Santa Marta», aun cuando el 2 de octubre
de 2023 interpuso ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios un
recurso de reposición y en subsidio de apelación, contra la decisión adoptada por
Caribesol Air-e S.A.S. E.S.P., a través de la cual se hizo un cobro por el valor de
$2.602.250, consignado en la factura 61656120, por el periodo del 19 de julio al 23
de agosto de 2023.

1 El expediente fue repartido el 6 de octubre de 2023 al Juzgado Primero Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta, autoridad judicial que mediante auto de 9
de octubre del mismo año ordenó la remisión del proceso al Consejo de Estado. Esta actuación se
realizó en la misma fecha.

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Demandante: Ángel Narváez Granados
Demandados: Presidente de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06229-00

1.2. Pretensiones

En la solicitud de amparo se invocaron las siguientes:

Con fundamento en los hechos descritos, le solícito señor juez (a), tutelar los
derechos invocados a mi favor, ordenando a las autoridades administrativas
accionadas, o quienes hagan sus veces, que en el término perentorio de (48) horas
desde el momento de la notificación del fallo:

1.. Ordenar a la Presidencia de la República, Superintendencia Nacional de Servicios
Públicos Domiciliarios, tomar las medidas necesarias pertinentes y conducentes para
que la empresa Caribesol Air-E, no siga violando la seguridad jurídica de los usuarios
de los servicios públicos de una manera desmedida e inhumana realizado
procedimientos que violenta la norma superior en sus artículos 22, 23, 28, 83 y la
Convención Americana artículos 7,8, 9 y 25.

2. Ordenar a Caribesol AIR-E, empresa abstenerse de suspender el servicio de
energía eléctrica, en el predio ubicado Carrera 19 No. 27 – 8 ENTR 2 P 2 APTO 1
AU9952: Santa Catalina de la ciudad de Santa Marta, ya que desconoce que el día
02 de octubre de 2023, presente recurso de reposición en apelación ante la
Superintendencia de servicios públicos domiciliarios.

3. Solicitar a su despacho vincular al Comisionado de Paz, Corte Constitucional,
Fiscalía General de La Nación, Defensor Nacional del Pueblo, Procurador Nacional
Delegado para los servicios públicos, para que se pronuncien sobre los hechos y las
medidas solicitadas que generaron esta acción Constitucional.

4. Advertir a la empresa Caribesol AIR-E, que en ningún caso vuelvan a incurrir en
las vulneraciones que me llevaron a iniciar esta tutela, y que, si lo hacen, serán
sancionadas conforme lo dispone el art. 52 del Decreto 2591 de 1991.2

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta providencia:

La parte actora explicó que es usuario del servicio de energía que presta la empresa
Caribesol Air-e S.A.S. E.S.P., al predio ubicado en la «Carrera 19 No. 27 – 8 ENTR
2 P 2 APTO 1» en la ciudad de Santa Marta, donde funciona un establecimiento de
comercio.

Mediante oficio 202390566735 de 15 de julio de 2023, la empresa Caribesol Air-e
S.A.S. E.S.P. resolvió de manera desfavorable el recurso de reposición interpuesto
por el actor contra el cobro consignado en la factura 61656120, por el periodo del
19 de julio al 23 de agosto de 2023, correspondiente al valor de $ 2.602.250. Así
mismo, en ese acto la entidad le explicó que, en virtud del recurso de apelación
presentado contra esa decisión, remitiría el expediente a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios.

2 Trascripción literal del original con posibles errores.

2
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Como fundamento para adoptar tal decisión, la entidad prestadora del servicio
explicó que en el expediente administrativo existían pruebas que demostraban que
en la revisión técnica realizada el 25 de febrero de 2023, en las instalaciones del
inmueble identificado con el NIC 1072086, se encontró una anomalía fraudulenta en
el medidor que afectaba el registro de la energía consumida, por lo que era
pertinente cobrar ese consumo no facturado.

El señor Narváez Granados alegó que, pese a que se encuentra en trámite el
referido recurso de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, la empresa Caribesol Air-e S.A.S. E.S.P. de manera unilateral tomó
la determinación de suspender el servicio de energía al establecimiento de
comercio.

1.4. Fundamentos de la solicitud

El tutelante consideró que sus derechos fundamentales están siendo vulnerados,
toda vez que la empresa Caribesol Air-e S.A.S. E.S.P., le suspendió el servicio de
energía, aun cuando en la actualidad la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios está estudiando el recurso de apelación que interpuso contra el cobro
que se le realizó por el valor de $ 2.602.250. Particularmente, precisó lo siguiente:

En el día de ayer, fuimos sorprendidos por una cuadrilla con la orden de suspensión
del servicio de energía, situación que me origino mucha frustración y tristeza, ya que
tengo un proceso de reclamación. Considero su señoría que se me esta violando la
prestación del servicio en condiciones dignas y justas, la violación por parte de la
empresa Caribesol Air-E, de la carta fundamental de los derechos humanos, en
complemento con los tratados internacionales (Control de Convencionalidad) porque
toda persona para determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil,
laboral, fiscal, o de cualquier otro carácter tiene derecho a que se garantice un debido
proceso que se encuentra consagrado para los países americanos como el nuestro
en los artículos 7, 8, 9 y 25 de la convención americana, a la vez, también esta
conducta de air-e en la resolución de las inconformidades objeto de repudio
contraviene el bloque de constitucionalidad en cabeza del artículo 29 de la
constitución política colombiana y la doctrina jurisprudencial de nuestra corte
constitucional colombiana.

Explicó que la actuación de las autoridades accionadas vulnera los artículos 4, 6,
22, 25, 29 y 83 de la Constitución Política y especialmente, los derechos al mínimo
vital y al trabajo, dado que «[c]on el corte del servicio por parte de Caribesol Air-E,
a un establecimiento de comercio, no permite trabajar y disminuye los ingresos de
la misma generando un desempleo y desmejoramiento de la calidad de vida del
usuario».

1.5. Trámite de la acción

Con auto de 12 de octubre de 2023, se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar a la parte actora, así como al presidente de la República, a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a Caribesol Air-e S.A.S.
E.S.P.3, en calidad de accionados.

3 Notificada al correo notificaciones.judiciales@air-e.com.

3
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Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2951
de 1991, se vinculó como terceros con interés al alto comisionado para la Paz4, al
defensor del Pueblo5, al Ministerio de Trabajo y a la Procuraduría Delegada Para
Asuntos Civiles y Laborales6, comoquiera que el actor lo solicitó en su demanda.

Además, se negó la medida provisional solicitada y se ordenó a la Oficina de
Sistemas de la Corporación realizar una publicación de la información relativa a esta
acción de tutela, en la página web del Consejo de Estado.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

La apoderada del presidente de la República solicitó que se desvincule de la acción
de tutela por carecer de legitimación en causa por pasiva. Además, de manera
subsidiaria pidió negar las pretensiones del actor, ante la inexistencia de una acción
u omisión de sus presentadas que pudiese generar alguna vulneración a los
derechos fundamentales invocados.

Sobre la legitimación en la causa, explicó que no es la autoridad competente para
ejercer labores de inspección, vigilancia y control por irregularidades que
presuntamente se han cometido en la expedición y cobro de sus facturas de
servicios públicos, sino que ello corresponde a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios.

Así mismo, precisó que la entidad no puede interferir en las empresas prestadoras
de servicios públicos, ni solicitar intervención de la mencionada superintendencia.

Por último, resaltó que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República verificó su sistema de gestión documental y encontró que la petición del
actor identificada con el radicado EXT23-00121175 fue contestada a través del
oficio OFI23-00152758 / GFPU 13150000 del 18 de agosto de 2023, es decir que,
el accionante recibió una respuesta clara a su solicitud.

1.6.2. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

El apoderado de la entidad pidió que se declare (i) la inexistencia de la violación de
derechos fundamentales por parte de la superintendencia que representa o (ii) la
improcedencia de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.

4 Notificado al correo pqr@apccolombia.gov.co y notificacionesjudiciales@apccolombia.gov.co.
5 Notificado a los buzones electrónicos juridica@defensoria.gov.co; bogota@defensoria.gov.co y

fevargas@defensoria.gov.co.
6 Notificada al correo procesosjudiciales@procuraduria.gov.co.

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Al respecto, manifestó que la validación de los reclamos a la facturación por el
servicio de energía es una actuación de exclusiva competencia de la empresa Air-
e S.A.S. E.S.P. y no del resorte de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, razón por la cual no debió vincularse a la presente acción
constitucional.

Además, puso de presente que requirió a la empresa de energía para que rinda el
respectivo informe de cara a los reproches del actor relacionados con la suspensión
del servicio.

En cuanto al recurso de apelación que informó el accionante, comentó que mediante
radicado 20238203325082 de 7 de septiembre de 2023, la superintendencia recibió
el expediente que contiene el recurso. Igualmente, citó el artículo 86 de la Ley 1437
de 2011 para precisar que la entidad cuenta con dos meses contados a partir del
recibido de la apelación para resolverla, los cuales no se han cumplido, por lo que
no se puede invocar una vulneración por este aspecto.

1.6.3. Ministerio del Trabajo

La asesora de la Oficinal Jurídica de la cartera ministerial solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela en relación al Ministerio del Trabajo y que, en
consecuencia, se le exonere de responsabilidad, dado que, en primer lugar, no tiene
legitimación en la causa por pasiva para actuar en este trámite. Además, toda vez
que no hay alguna obligación o responsabilidad de su parte que se haya dejado de
cumplir ni se ha vulnerado ni puesto en peligro algún derecho fundamental del
accionante.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Ángel Narváez Granados, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y
el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Ministerio del Trabajo
pidieron su desvinculación del trámite constitucional, al señalar que carecen de
legitimación en la causa por pasiva.

En ese sentido, la sala advierte que negará estas solicitudes, toda vez que se
advierte que su vinculación se hizo como consecuencia de las alegaciones de la
parte accionante, razón por la cual resulta necesario estudiar si las autoridades
accionadas vulneraron los derechos invocados por el actor.

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2.3. Problema jurídico

Le corresponde a la sala determinar si en el caso concreto se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales advertidos por la accionante, con ocasión
a la presunta suspensión del servicio de energía por parte de Caribesol Air-e S.A.S.
E.S.P. a un establecimiento de comercio ubicado en Santa Marta que impide que el
señor Ángel Narváez Granados trabaje e implica que disminuya sus ingresos, lo
cual repercute en su calidad de vida.

Para el efecto se estudiará: (i) las generalidades de la acción de tutela; (ii) el
derecho de petición; y (iii) el caso concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable7.

En el presente caso, la sala advierte que el señor Ángel Narváez Granados goza de
legitimación en la causa por activa para interponer la presente acción de tutela,
comoquiera que invocó la vulneración de sus garantías constitucionales ante la
suspensión de un servicio público esencial, como lo es la energía eléctrica, lo cual,
al parecer, está afectando sus ingresos y, en consecuencia, su mínimo vital.

De igual manera, se advierte que en el presente asunto la acción de tutela se
constituye en un instrumento idóneo para procurar la salvaguarda de los derechos
fundamentales del tutelante, teniendo en cuenta que él no está reprochando el
trámite administrativo que en la actualidad se surte ante la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios por el cobró de una factura, sino el actuar de la
empresa de energía Caribesol Air-e S.A.S. E.S.P. que, como se mencionó
previamente, le suspendió el servicio de energía.

Finalmente, se advierte que la parte accionante instauró esta acción constitucional
el 6 de octubre de 2023, es decir dentro de un plazo prudencial a la fecha en que
se habría configurado la vulneración de sus derechos, por lo que no se observa una
tardanza injustificada o irrazonable en la presentación del mecanismo de amparo.

7 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.

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Así, superados los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, la sala
estudiará el fondo del asunto.

2.5. Caso concreto

En el sub examine, el accionante consideró que las autoridades accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital y al debido
proceso ante la supuesta suspensión del servicio de energía a un establecimiento
de comercio ubicado en Santa Marta que ha conllevado a que el tutelante no pueda
laborar y, en consecuencia, sus ingresos se hayan disminuido.

Para corroborar su dicho, al accionante aportó la siguiente prueba documental:

• Oficio 202390566735 de 15 de julio de 2023, suscrito por Air-e S.A.S. E.S.P.
a través del cual resolvió un recurso de reposición presentado por el actor
por el cobro en el consumo no registrado y pendiente de facturar por
presuntas anomalías detectadas en el registro de energía.

• Recurso de apelación radicado el 2 de octubre de 2023 ante Air-e S.A.S.
E.S.P.

Ahora bien, en su escrito de tutela el accionante reprochó que «[c]on el corte del
servicio por parte de Caribesol Air-E, a un establecimiento de comercio, no permite
trabajar y disminuye los ingresos de la misma generando un desempleo y
desmejoramiento de la calidad de vida del usuario».

Al respecto, es importante traer a colación lo reiterado por la jurisprudencia
constitucional sobre el derecho fundamental al mínimo vital. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-045 de 2022, la Corte Constitucional explicó lo siguiente:

79. La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al mínimo vital como
aquella “porción de los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a
la financiación de sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el
vestido, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en
salud”8. En ese sentido, el mínimo vital constituye un presupuesto esencial “para el
ejercicio de los derechos y libertades constitucionales de la persona9 y (…) una
salvaguarda de las condiciones básicas de subsistencia, puesto que sin un ingreso
adecuado a ese mínimo no es posible asumir los gastos más elementales”10 de
subsistencia del individuo11.

80. En tal sentido, la protección del derecho al mínimo vital implica la satisfacción de
las necesidades básicas del individuo para el desarrollo de su proyecto de vida12. Por
lo tanto, la garantía de este derecho no depende únicamente de
un determinado ingreso monetario para el individuo, porque dicho mínimo “debe
tener la virtualidad de producir efectos reales en las condiciones de la persona, de tal
manera que no solo le garantice vivir dignamente sino también desarrollarse como
individuo en una sociedad”13.

8 Sentencia T-678 de 2017.
9 Sentencia T-772 de 2003.
10 Sentencias T-818 de 2000, T- 651 de 2008 y T-738 de 2011.
11 Sentencias T-651 de 2008 y T-678 de 2017.
12 Sentencia T-891 de 2013.
13 Id.

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81. Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado las siguientes
subreglas relativas al contenido y alcance del derecho al mínimo vital:

(i) es un derecho que tiene un carácter móvil y multidimensional que no depende
exclusivamente del análisis cuantitativo de ingresos y egresos de la persona; (ii)
como herramienta de movilidad social, el mínimo vital debe ser entendido de manera
dual, ya que además de ser una garantía frente a la preservación de la vida digna,
se convierte en una medida de la justa aspiración que tienen todos los ciudadanos
de vivir en mejores condiciones y de manera más cómoda; y (iii) en materia pensional,
el mínimo vital no sólo resulta vulnerado por la falta de pago o por el retraso
injustificado en la cancelación de las mesadas pensionales, sino también por el pago
incompleto de la pensión, más cuando se trata de sujetos de especial protección
constitucional14.

82. De otra parte, si bien todos los ciudadanos son titulares del derecho al mínimo
vital, existen determinados sectores de la población, como los adultos mayores, cuya
“subsistencia está comprometida [debido] a su edad y condiciones de salud”15.
Además, su “capacidad laboral se encuentra agotada” y, en algunos casos, al no
contar con una pensión o con ingresos propios para asumir sus necesidades más
elementales, su calidad de vida y su mínimo vital se ven afectados. Dicha
circunstancia los ubica “en una condición de indefensión”16 y, por tanto, necesitan
una protección reforzada de sus derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte
Constitucional ha resaltado que las personas de la tercera edad tienen derecho “a
una protección mínima frente al desempleo, y a la falta de vivienda, de educación y
de alimentación”. Ese derecho “adquiere el carácter fundamental cuando, según las
circunstancias del caso, su falta de reconocimiento tiene la potencialidad de poner en
peligro otros derechos y principios fundamentales como la vida, la dignidad humana,
la integridad física y moral, o el libre desarrollo de la personalidad de las personas de
la tercera edad”17.

83. En consecuencia, para establecer si frente a un determinado caso se ha visto
vulnerado el derecho fundamental al mínimo vital, el juez constitucional deberá
verificar cuáles son aquellas necesidades básicas o gastos mínimos elementales en
cabeza del individuo que son indispensables para garantizar sus derechos
fundamentales. Además, deberá evaluar si la persona está en capacidad de
satisfacerlos por sí mismo, o por medio de sus familiares18.

En el caso concreto, en el expediente no se encuentra demostrado que la supuesta
suspensión del servicio de energía que puso de presente el actor esté vulnerando
sus garantías mínimas de existencia o las de su familia, en primer lugar, porque ni
siquiera se encuentra probado que el tutelante sea propietario o labore en el
establecimiento de comercio ubicado en la «[c]arrera 19 No. 27 – 8 ENTR 2 P 2
APTO 1 AU9952: Santa Catalina de la ciudad de Santa Marta Nic 1072086», el cual,
al parecer, fue objeto de un corte de energía.

En todo caso, aunque estuvieran demostrado tales hechos, lo cierto es que con el
material probatorio allegado al plenario tampoco se logra demostrar cuales son los
gastos mínimos elementales del actor o de su núcleo familiar que están siendo
afectados ante la ausencia de ingresos y ganancias por el funcionamiento del
establecimiento de comercio que fue objeto de la suspensión por parte de Caribesol
Air-e S.A.S. E.S.P.

14 Sentencia T-436 de 2017.
15 Sentencias T-685 de 2014, T-779 de 2014, entre otras.
16 Sentencia T-716 de 2017.
17 Sentencia T-900 de 2007.
18 Sentencia T-716 de 2017.

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De igual manera, no se observa que el tutelante sea un sujeto de especial protección
constitucional que permita colegir que su subsistencia está comprometida por
razones de edad o salud, en los términos establecidos por la Corte Constitucional
en la cita transcrita.

En ese sentido, para la sala no está probada la vulneración de los derechos al
mínimo vital, al trabajo y al debido proceso del señor Ángel Narváez Granados,
comoquiera que los elementos probatorios arrimados al proceso no permiten colegir
que este se encuentra en la imposibilidad de satisfacer sus necesidades mínimas
de subsistencia.

Ahora, la parte actora solicitó que se ordene «a la Presidencia de la República,
Superintendencia Nacional de Servicios Públicos Domiciliarios, tomar las medidas
necesarias pertinentes y conducentes para que la empresa Caribesol Air-E, no siga
violando la seguridad jurídica de los usuarios de los servicios públicos».

Sobre este aspecto, es preciso señalar que a través de este mecanismo de
protección de los derechos fundamentales no es posible compeler a las citadas
autoridades para que ejerzan funciones de vigilancia y control, cuando el actor ni
siquiera ha acudido directamente ante estas entidades para poner de presente sus
quejas.

En consecuencia, esta corporación negará el amparo constitucional invocado por el
señor Ángel Narváez Granados contra la Presidencia de la República, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y Caribesol Air-e S.A.S.
E.S.P., por las razones expuestas.

3. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios y el Ministerio del Trabajo.

SEGUNDO: NEGAR el amparo constitucional invocado por el señor Ángel Narváez
Granados.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

9
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Demandante: Ángel Narváez Granados
Demandados: Presidente de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06229-00

CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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