RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-06247-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06247-00

Fecha
17 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06247-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la FIDUPREVISORA S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO frente a la solicitud presentada por el actor el 12 de abril y adicionada el 9 de mayo de 2023, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia en lo que respecta al derecho de petición invocado y la pretensión relativa a que se ordene la reliquidación de la pensión de jubilación del actor, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 33 Número único de radicación: 110010315000-2023-06247-00 Actor: ÁNGEL GARCÍA MARRUGO CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-06247-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

17 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-06247-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: ÁNGEL GARCÍA MARRUGO

TESIS: DE UNA PARTE, SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE
OBJETO POR HECHO SUPERADO FRENTE A LA SOLICITUD
PRESENTADA POR EL ACTOR EL 12 DE ABRIL DE 2023,
ADICIONADA EL 9 DE MAYO SIGUIENTE Y, POR OTRA, SE DECLARA
IMPROCEDENTE EL AMPARO SOLICITADO EN LO QUE RESPECTA AL
DERECHO DE PETICIÓN INVOCADO Y LA PRETENSIÓN RELATIVA A
QUE SE ORDENE LA RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE
JUBILACIÓN DEL ACTOR.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, AL MÍNIMO VITAL Y DE
PETICIÓN.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra el

DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE

INDIAS - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN,1 la FIDUPREVISORA

1
En adelante la Secretaría de Educación de Cartagena.

2

Número único de radicación: 110010315000-2023-06247-00
Actor: ÁNGEL GARCÍA MARRUGO

S.A. y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR2.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor ÁNGEL GARCÍA MARRUGO, actuando en nombre propio,

en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de

justicia, al mínimo vital y de petición, los cuales, a su juicio, le fueron

vulnerados por las autoridades aludidas, con ocasión de la presunta

mora judicial en la que incurrió el TRIBUNAL al no darle trámite a

la solicitud de aclaración presentada el 12 de abril y adicionada el 9

de mayo de 2023 y por los trámites judiciales y administrativos que

han sido adelantados para la reliquidación de su pensión.

I.2.- Hechos

Manifestó que como consecuencia de los servicios que prestó como

2
En adelante el TRIBUNAL.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

3

Número único de radicación: 110010315000-2023-06247-00
Actor: ÁNGEL GARCÍA MARRUGO

docente, mediante Resolución núm. 123 de 6 de septiembre de 2006,

la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CARTAGENA en

representación del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES

SOCIALES DEL MAGISTERIO -FOMAG3 le reconoció una pensión

de jubilación, con base en la asignación básica percibida.

Comentó que, luego de agotar las reclamaciones judiciales y

administrativas respectivas, mediante sentencia de 24 de febrero de

2011, proferida dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del

derecho identificada con el número único de radicación

130013331013-2009-00356-00, el JUZGADO TRECE

ADMINISTRATIVO DE CARTAGENA ordenó la reliquidación de su

pensión en un 75% del sueldo básico, la prima de alimentación y la

prima de vacaciones devengados durante el último año de servicios.

Precisó que, con ocasión de su retiro definitivo del servicio, solicitó

nuevamente la reliquidación de su pensión a FOMAG, no obstante,

ante la negativa recibida, en 2018 promovió un medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho, con la finalidad de discutir la

legalidad de los actos administrativos respectivos.

3
En adelante FOMAG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

4

Número único de radicación: 110010315000-2023-06247-00
Actor: ÁNGEL GARCÍA MARRUGO

Explicó que el proceso aludido fue identificado con el número único

de radicación 130013333004-2018-00159-00 y atribuido para su

trámite en primera instancia al JUZGADO CUARTO

ADMINISTRATIVO DE CARTAGENA que, mediante sentencia de

19 de noviembre de 2019, denegó las pretensiones de la demanda.

Expuso que interpuso el recurso de apelación respectivo, el cual le

correspondió al TRIBUNAL que, mediante sentencia de 30 de

noviembre de 2021, revocó la decisión recurrida y, en su lugar,

ordenó la reliquidación de su pensión con la inclusión del 75% del

promedio de las horas extras devengadas en el último año de

servicios.

Precisó que FOMAG, en cumplimiento de la sentencia aludida,

expidió la Resolución núm. 9536 de 30 de noviembre de 2022,

mediante la cual, si bien incluyó el factor de las horas extras aludido,

no lo tuvo en cuenta en la mesada 14, así como tampoco los demás

emolumentos que fueron ordenados en el primer proceso por el

JUZGADO TRECE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

CARTAGENA.

Adujo que solicitó nuevamente a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

5

Número único de radicación: 110010315000-2023-06247-00
Actor: ÁNGEL GARCÍA MARRUGO

DE CARTAGENA y a la FIDUPREVISORA S.A. la reliquidación de

su pensión conforme a lo ordenado en las sentencias aludidas, sin

que las irregularidades hayan sido corregidas.

Anotó que, mediante memorial radicado el 12 de abril de 2023,

adicionado el 9 de mayo siguiente, solicitó al TRIBUNAL la

aclaración del fallo de 30 de noviembre de 2021, para que precisara

el alcance de este, en el sentido de que se determinara que su

pensión debía ser reliquidada con base en los factores ordenados en

su momento por el JUZGADO TRECE ADMINISTRATIVO DE

CARTAGENA, más las horas extras en su mesada 14, sin que a la

fecha de presentación de la presente acción constitucional hubiese

recibido respuesta alguna.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Citó los artículos 23 de la Constitución Política, 13, 21 y 31 de la Ley

1755 de 30 de junio 20154, así como la sentencia T-998 de 2006

proferida por la Corte Constitucional, relativa al derecho de petición

ante autoridades judiciales.

4
“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

6

Número único de radicación: 110010315000-2023-06247-00
Actor: ÁNGEL GARCÍA MARRUGO

Puso de presente que es una persona de 73 años, además que

reliquidar su pensión mejoraría sus ingresos y calidad de vida.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:

“[…] Esta Acción Constitucional PRETENDE, fundamentalmente,
que se haga claridad sobre el alcance del fallo proferido por el
Honorable Tribunal Administrativo de Bolívar del cual la SED y
Fiduprevisora S.A. – Fomag, utilizando su POSICIÓN
DOMINANTE lo interpretaron a su amaño, violando preceptos de
la Constitución Nacional y mis derechos fundamentales de
petición, del debido proceso, mínimo vital y Acceso a la Justicia.
Además, que las Accionadas cumplan con mandato
constitucional y se me reliquide mi pensión y me paguen la parte
de la mesada 14 no cancelada.

De la manera más respetuosa, solicito al Juez Constitucional
que:

1.- Para decidir el presente asunto, tenga en cuenta:

Que el Accionante es un adulto mayor de 73 años de edad, que
goza de especial protección del estado de derecho, que no
cuenta con otro medio de defensa y una nueva demanda
demoraría otros cinco (5) o seis (6) años que exceden a mi
esperanza de vida.

Si se me reconoce la liquidación de mi pensión, me mejorarían
mis ingresos bastante precarios y, por ende, mi calidad de vida.

2- El Honorable Tribunal Administrativo responda mi derecho de
petición del memorial de fecha abril 10 de 2023 (Anexo 23) para
que aclare la forma de reliquidar mi pensión de jubilación según
lo expresado en el ordinal tercero de la parte resolutiva de su
sentencia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

7

Número único de radicación: 110010315000-2023-06247-00
Actor: ÁNGEL GARCÍA MARRUGO

3.- Si el Juez Constitucional decide que en la reliquidación de mi
pensión no se deben incluir los factores salariales reconocidos
en la sentencia del juzgado Décimo Tercero Administrativo
(Anexo 2), ya mencionado, ordene:

Que las Accionadas me reconozcan y paguen a partir del mes de
Julio de 2015, fecha de mi retiro, la mesada que venía recibiendo
por un valor de $ 1.968.120 (Anexo 6) por ser un DERECHO
ADQUIRIDO por fallo del Juzgado Administrativo y en
cumplimiento del artículo 48 de la Constitución Nacional,
adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005, que
ordena:

(…..) “

por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o
reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas
conforme a derecho.”
(….)
En materia pensional se respetarán todos los derechos
adquiridos". (Sin negrillas ni subrayado en el original)

4- Fiduprevisora - Fomag me pague la parte de horas extras
correspondiente a la mesada 14 de los años 2016 a 2022 (7
mesadas) con su indexación e interese, conforme a mi derecho
de petición […]”. (sic)

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL indicó que, a través de la sentencia de 30 de

noviembre de 2021, accedió al reconocimiento del factor de horas

extras para la reliquidación de la pensión del actor, por hallarse

enlistado dentro del catálogo de factores previsto en la ley para tal

efecto.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

8

Número único de radicación: 110010315000-2023-06247-00
Actor: ÁNGEL GARCÍA MARRUGO

Anotó que, además evidenció que respecto de los demás factores

salariales discutidos, había operado la figura de la cosa juzgada, con

ocasión al primer proceso judicial de reliquidación pensional que

había promovido el actor.

Destacó que la providencia aludida fue notificada al actor el 14 de

marzo de 2022, por lo que la presente acción de tutela carecería del

requisito general de inmediatez, además del de relevancia

constitucional por falta de argumentación.

Precisó que la petición elevada por el actor en la que solicitó la

aclaración de la sentencia referida fue resuelta a través de oficio de

20 de octubre de 2023, en el que le indicó que “[…] no le es dable al

juez interpretar los alcances del fallo como se pretende con su

solicitud, debido a que, esa obligación le corresponde a la entidad

demandada al momento de dar cumplimiento a la sentencia […]”, por

lo que frente a ese aspecto se configuró un hecho superado.

I.5.2- La FIDUPREVISORAN S.A. explicó que, si bien actúa como

administradora de FOMAG, lo cierto es que las pretensiones de la

demanda no se dirigen en su contra, por lo que solicitaba que se le

desvinculara del presente asunto por carecer de legitimación en la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

9

Número único de radicación: 110010315000-2023-06247-00
Actor: ÁNGEL GARCÍA MARRUGO

causa por pasiva.

Por último, destacó que luego de revisar sus bases de datos no

encontró ninguna petición que le haya elevado el actor.

I.5.3.- El JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE

CARTAGENA se limitó a remitir copia digital del expediente

identificado con el número único de radicación 130013333004-2018-

01590-00, sin realizar pronunciamiento alguno frente al fondo del

asunto.

I.5.4.- El MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, vinculado en

calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso,

manifestó que, en su sentir, la presente acción de tutela es

improcedente, comoquiera que el actor pretende volver a discutir

asuntos que ya fueron resueltos en sede ordinaria por el juez de

conocimiento.

I.5.5.- La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CARTAGENA pese a

haber sido notificada en debida forma, guardó silencio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

10

Número único de radicación: 110010315000-2023-06247-00
Actor: ÁNGEL GARCÍA MARRUGO

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo número 80 de

12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y

asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

La Sala pone de presente que previo al planteamiento del problema

jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para

efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como

el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que la FIDUPREVISORA S.A. solicitó que se le

desvincule del presente caso, porque en su sentir carece de

legitimación en la causa por pasiva.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

11

Número único de radicación: 110010315000-2023-06247-00
Actor: ÁNGEL GARCÍA MARRUGO

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que
el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor
y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación
en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad
y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

12

Número único de radicación: 110010315000-2023-06247-00
Actor: ÁNGEL GARCÍA MARRUGO

violación de los derechos fundamentales de las personas,
y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera
de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se
rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la
conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su
conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

En el presente caso, independientemente de la prosperidad o no de

la solicitud de amparo, comoquiera que de forma expresa el actor

dirigió la solicitud de amparo y elevó pretensiones contra la

FIDUPREVISORA S.A., es claro que existe una relación procesal

que le vincula al presente asunto como accionada, por lo que debía

ser notificada de su existencia, razón por la cual la Sala denegará su

solicitud de desvinculación, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

13

Número único de radicación: 110010315000-2023-06247-00
Actor: ÁNGEL GARCÍA MARRUGO

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19915. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no dispone de otros medios de defensa judiciales, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso concreto

En el caso bajo examen, el actor pretende que se ordene al

TRIBUNAL resolver una petición que radicó el 12 de abril de 2023 y

adicionó el 9 de mayo siguiente, para que le aclarara la forma en que

debe reliquidarse su pensión, conforme con la sentencia de 30 de

noviembre de 2021, proferida dentro del medio de control de nulidad

y restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 130013333004-2018-00159-00.

De igual forma, el actor solicita que se ordene a FOMAG y a la

FIDUPREVISORA S.A. que reliquiden su pensión de conformidad

5
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

14

Número único de radicación: 110010315000-2023-06247-00
Actor: ÁNGEL GARCÍA MARRUGO

con lo señalado por el JUZGADO TRECE ADMINISTRATIVO DEL

CIRCUITO DE CARTAGENA en sentencia de 2 de mayo de 2011,

proferida dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del

derecho identificada con el número único de radicación 130013331

013-2009-00356-00.

Además, el actor solicita que se ordene a FOMAG y a la

FIDUPREVISORA S.A. incluir en la mesada 14 desde el año 2016 a

2022 el porcentaje relativo a las horas extras que devengó en el

último año de servicios, junto con la indexación e intereses

correspondientes.

La controversia tiene origen en el hecho de que el actor ha promovido

los dos procesos aludidos para obtener la reliquidación de su pensión,

sin embargo, no se encuentra satisfecho con la forma como FOMAG

ha dado cumplimiento a los fallos respectivos, por lo que además

elevó la petición de aclaración de sentencia aludida ante el

TRIBUNAL, sin que haya recibido respuesta alguna.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de

ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró el derecho de petición del

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

15

Número único de radicación: 110010315000-2023-06247-00
Actor: ÁNGEL GARCÍA MARRUGO

actor, al no haberle dado respuesta a la solicitud de aclaración de

sentencia radicada el 12 de abril de 2023 y adicionada el 9 de mayo

siguiente y, en todo caso, si el Tribunal incurrió en una presunta mora

judicial frente al a falta de resolución de la solicitud de aclaración.

Además, se debe determinar si hay lugar a ordenar la reliquidación

de su pensión en los términos que pretende.

En ese orden de ideas, la Sala abordará el estudio del asunto, por

una parte, en lo relacionado con el derecho de petición elevado ante

el TRIBUNAL y la presunta mora judicial y, por otra, en lo que

respecta a la reliquidación de la pensión del actor.

Del derecho de petición instaurado ante autoridades

judiciales

Frente al derecho de petición que se ejerce ante autoridades

judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no

resulta procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se

pretende es obtener pronunciamientos por parte de un juez durante

el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites

para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador

constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

16

Número único de radicación: 110010315000-2023-06247-00
Actor: ÁNGEL GARCÍA MARRUGO

contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente judiciales o

administrativas, pues en caso de que sea el segundo evento, el

amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.

La Sala así lo precisó en sentencia de 17 de noviembre de 20176, en

la que se reiteró lo expuesto en providencia de 18 de junio de 2015,

proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el número único

de radicación 11001-03-15-000-2015-01196-00:

“[…] En relación con el derecho de petición presentado ante
autoridades judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar
que su amparo no resulta procedente por vía de acción de
tutela, cuando lo que se pretende es obtener
pronunciamientos por parte de un juez durante el curso
de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites
para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador
constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el
contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente
judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el segundo
evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.

Así lo apreció la Sala en sentencia de 17 de julio de 2008, con
ponencia del Magistrado doctor Marco Antonio Velilla Moreno,
proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el nro. 2008-
00517, en la que se indicó lo siguiente:

En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar
que el criterio mayoritario de la Sala ha sido el de que no es
procedente el ejercicio del derecho de petición como tal frente a
autoridades judiciales en el curso de un proceso, por cuanto para

6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de
diciembre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación: 11001-03-15-000-
2017-02583-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

17

Número único de radicación: 110010315000-2023-06247-00
Actor: ÁNGEL GARCÍA MARRUGO

ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes
mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes
en los procesos; y que acceder al reconocimiento de derechos de
petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos a la
administración de justicia, pues implicaría destinar gran parte del
tiempo a responder solicitudes como la de la actora en
detrimento de la actividad judicial.

En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente
núm. AC-2005-00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya,
Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), la Sala
sostuvo:

“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata
precisamente del ejercicio del derecho de petición consagrado en
el artículo 23 de la Constitución Política sino de un derecho de
petición en el caso de un proceso judicial.

Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a
autoridades judiciales en el curso de un proceso, la Corte
Constitucional ha expresado:

“El derecho de petición no procede para poner en marcha el
aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla
sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una actuación
reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso
de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y
del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho
de petición. Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden
distinguirse dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y,
de otro lado, los actos administrativos. Respecto de éstos últimos
se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el
Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, las
peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden ser
resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones
administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten
las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en
asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que
prevalecen las reglas del proceso”. (Sentencia T-377 de 2000 MP
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

18

Número único de radicación: 110010315000-2023-06247-00
Actor: ÁNGEL GARCÍA MARRUGO

Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto de
asuntos que no se encuentran bajo su estudio y decisión y otra
muy distinta es el juez como autoridad judicial dentro del trámite
de un proceso a su cargo.
En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de
petición como tal, pues para ello el legislador ha establecido los
procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los
requerimientos de las partes en los procesos. Acceder al
reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces
procesales llevaría al caos de la administración de justicia pues
implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes
como la del accionante en detrimento de la actividad judicial.

Así lo ha reiterado la Corte Constitucional:

“Desde luego, como ya lo ha señalado la Corte, esto no es
aplicable a las autoridades judiciales en el curso de los procesos,
ya que éstos se rigen por las normas legales propias de cada uno,
sin que sea lo adecuado impulsarlos mediante la formulación de
peticiones en cada uno de los momentos procesales.”
(Sentencia T-178-00. MP JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ
GALINDO) […]” (Negrillas y subrayas fuera del texto).

Asimismo, en reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha

explicado que la jurisdicción en general ha sido entendida como la

potestad del Estado para administrar justicia en ejercicio de su

soberanía, mediante el conocimiento y decisión de diferentes

asuntos; por ello, es que todos los jueces ejercen jurisdicción en

nombre del Estado, pero en el marco de su competencia, la cual hace

referencia a la porción asignada a cada juez o Tribunal para su

conocimiento.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

19

Número único de radicación: 110010315000-2023-06247-00
Actor: ÁNGEL GARCÍA MARRUGO

Así lo consideró la Corte en sentencia C-154 de 2004:

“[…] Al respecto debe señalarse que la competencia de una
autoridad judicial ha sido entendida como la porción, la cantidad,
la medida o el grado de la jurisdicción que corresponde a cada
juez o tribunal, mediante la determinación de los asuntos que le
corresponde conocer, atendidos determinados factores (materia,
cuantía, lugar, etc)7.
La Corte ha explicado, así mismo que la jurisdicción en general
consiste en la potestad que tiene el Estado para administrar
justicia en ejercicio de la soberanía de que es titular, mediante
el conocimiento y decisión de las diferentes causas (civiles,
criminales, administrativas, etc.) y, en tal virtud, es única e
indivisible. Es por ello que todos los jueces ejercen jurisdicción
en nombre del Estado, pero circunscrita al ámbito propio de la
competencia8 que le asigna la ley9 […]”.

En ese entendido, la Sala observa que lo pretendido por el actor a

través de las solicitudes presentadas los días 12 de abril y 9 de mayo

de 2023, es que el TRIBUNAL resuelva una solicitud de aclaración

frente a la sentencia de 30 de noviembre de 2021, proferida dentro

del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

7
Sentencia C-040/97, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.
8
Los factores y las condiciones especiales que debe reunir la asignación de una competencia en
particular, según lo anotado en la sentencia C-655 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz, presentan las
siguientes características:
“La competencia se fija de acuerdo con distintos factores, a saber: la naturaleza o materia del proceso
y la cuantía (factor objetivo), la calidad de las partes que intervienen en el proceso (factor subjetivo),
la naturaleza de la función que desempeña el funcionario que debe resolver el proceso (factor
funcional), el lugar donde debe tramitarse el proceso (factor territorial), el factor de conexidad.
La competencia debe tener las siguientes calidades: legalidad, pues debe ser fijada por la ley;
imperatividad, lo que significa que no es derogable por la voluntad de las partes; inmodificabilidad
por que no se puede variar en el curso de un proceso (perpetuatio jurisdictionis); la indelegabilidad,
ya que no puede ser delegada por quien la detenta; y es de orden público puesto que se funda en
principios de interés general”.
9
Sentencia C-392/00 M.P. Antonio Barrera Carbonell.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

20

Número único de radicación: 110010315000-2023-06247-00
Actor: ÁNGEL GARCÍA MARRUGO

identificado con el número único de radicación 130013333004-2018-

00159-00; sin embargo, ese pronunciamiento implica que la

autoridad judicial accionada zanje una cuestión propia del proceso

judicial que debe ser dirimida conforme a los procedimientos legales

previstos para tal fin.

Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el

amparo solicitado respecto al derecho de petición alegado por la

actora, como en efecto se dispondrá más adelante en la parte

resolutiva de esta providencia.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala determinará si el TRIBUNAL

incurrió en una mora judicial injustificada al no haber resuelto la

solicitud de aclaración presentada por el actor frente a la sentencia

de 30 de noviembre de 2021.

De la mora judicial

Esta figura ha sido definida como un “[…] fenómeno multicausal y

estructural […]”10 que impide el disfrute efectivo del derecho de

10
Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P.:
María Victoria Calle Correa.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

21

Número único de radicación: 110010315000-2023-06247-00
Actor: ÁNGEL GARCÍA MARRUGO

acceso a la administración de justicia y que se presenta como

resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la

capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la

solución de los procesos.

Sobre este tema, la Corte Constitucional11 ha sostenido que el no

cumplimiento de los términos procesales por parte de los jueces no

implica per se la vulneración de los derechos fundamentales, habida

cuenta que, pese a que es obligación de la autoridad judicial acatar

los plazos establecidos por la normativa aplicable, también lo es dar

prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y no sacrificar

irrazonablemente la justicia como valor superior y principio

constitucional.

En consecuencia, es ineludible analizar las causas de la mora, para

determinar si esta es justificada o no, dado que es necesario que

concurran determinadas circunstancias para tenerla como

injustificada.

11
Sentencia SU901 de 1° de septiembre de 2005, M.P Jaime Córdoba Triviño

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

22

Número único de radicación: 110010315000-2023-06247-00
Actor: ÁNGEL GARCÍA MARRUGO

Al respecto, la Corte12 ha manifestado en forma reiterada que:

“[…] para definir la existencia de una lesión de los derechos
fundamentales ante el retardo judicial, se requería valorar la
razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del
incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del
ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los
términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo
que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad
procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y
la situación global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o
justificación razonable de la demora13. Advirtió, además, que (iv)
el funcionario incumplido debía demostrar el agotamiento de todos
los medios posibles para evitar el detrimento de las garantías de
acceso a la administración de justicia y debido proceso,
concluyendo que:

“existe una relación de conexidad necesaria entre la noción del
plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, al punto que
son estos los criterios que se deben analizar para determinar si
acontece o no una afectación o amenaza al debido proceso y por
ende al acceso a la administración de justicia. En esa medida, la
mora judicial se justifica cuando:

• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se
demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez que
los atiende.

• Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso
de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas
como imprevisibles e ineludibles.

Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en
aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario
encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha obedecido

12
Ibidem.

13
«Estos tres primeros aspectos los remota de lo sostenido en la sentencia T-297 de 2006 (MP Jaime
Córdoba Triviño - unánime)».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

23

Número único de radicación: 110010315000-2023-06247-00
Actor: ÁNGEL GARCÍA MARRUGO

a una omisión sistemática de sus deberes.”14.

13.5. En la providencia T-230 de 201315, que abordó un caso de
presunta mora judicial injustificada por parte de la Corte Suprema
de Justicia - Sala de Casación Laboral dentro de un proceso
ordinario que tenía por objeto el reconocimiento de una sustitución
pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno, contrario a los
derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia cuando: (i)
se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley
para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo
razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión
judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a
la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una
autoridad judicial. Precisó la Sala, además, que ante casos de mora
judicial injustificada, la acción de tutela era procedente cuando (1)
se cumpliera el requisito de subsidiariedad y (2) se acreditara la
existencia de un perjuicio irremediable, advirtiendo que, (iii) el
remedio, consistente en la alteración del turno, era excepcional16.

También hizo referencia la Sala de revisión a casos en los que la
mora estaba justificada, encontrando que en algunos eventos la
Corte (i) niega la protección constitucional17, en otros, (ii) ordena
la alteración del turno, cuando quiera que se está ante sujetos de
especial protección y/o vulnerabilidad18; y, en otros, (iii) dispone
un amparo transitorio19.

14
«En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la
providencia judicial atacada la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el
sancionado se encontraba justificada».

15
«MP Luis Guillermo Guerrero Pérez - unánime».

16
«Destacó la Sala que, según lo señalado por la Corte en la sentencia C-543 de 1992, en casos de
mora judicial podía ordenarse al juez observar los términos judiciales o la resolución del caso, lo que
implicaba una alteración del turno (MP José Gregorio Hernández Galindo, SV Ciro Angarita Barón,
Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero)».

17
«Citó como precedente las sentencias T-668 de 1996 (MP Hernando Herrera Vergara - unánime), T-
243 de 2000 (MP Fabio Morón Díaz - unánime), T-1249 de 2004 (MP Humberto Antonio Sierra Porto -
unánime) y T-366 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández)».

18
«Como ocurrió en las sentencias T-708 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil – unánime), T-220 de 2007
(MP Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla) y T-945A de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla)».

19
«T-1154 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra - unánime)».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

24

Número único de radicación: 110010315000-2023-06247-00
Actor: ÁNGEL GARCÍA MARRUGO

13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente, la
Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU-394 de
201620, destacó que el derecho al debido proceso en un plazo
razonable, por desconocimiento del término, es objeto de amparo
constitucional cuando quiera que (i) se incurre en mora judicial
injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede
materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.

La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera
que (i) existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no
existe un motivo razonable que justifique la dilación; y, (iii) la
tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión
sistemática de los deberes del funcionario judicial […]”.

En virtud de lo anterior, en principio resultaría oportuno entrar a

estudiar si la autoridad judicial accionada incurrió en una mora

injustificada; no obstante, la Sala advierte que se ha configurado la

carencia actual de objeto por hecho superado, por las razones que

se explican a continuación.

De acuerdo con el informe allegado a la acción de tutela por el

TRIBUNAL, mediante mensaje de datos enviado el 20 de octubre de

2023 al correo electrónico angel11gar@hotmail.com, enunciado en

el acápite de notificaciones de las peticiones aludidas, remitió al actor

un oficio en el que le indicó, entre otros aspectos, que su solicitud de

aclaración debió presentarse dentro del término de ejecutoria de la

20
«MP Gloria Stella Ortiz Delgado».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

25

Número único de radicación: 110010315000-2023-06247-00
Actor: ÁNGEL GARCÍA MARRUGO

providencia conforme con el artículo 285 del Código General del

Proceso, además que no le era dable interpretar los alcances del fallo

como lo pretendía, así:

“[…] En atención a la petición elevada el 12 de abril de 2023 en
el que solicita se le aclare el alcance e interpretación de la
sentencia proferida el 30 de noviembre de 2021 por esta
Corporación, me permito manifestarle en primer lugar, que,
conforme a la extensa jurisprudencia de la Corte
Constitucional1, el derecho de petición ante autoridades
judiciales tiene algunas excepciones como a continuación me
permito citarle:

[…]

Así las cosas, al tratarse de una solicitud relativa a puntos de la
sentencia en los que al parecer tiene dudas, se le recuerda que
los medios dispuestos por la norma como es la aclaración de la
misma contenida en el artículo 285 del C.G.P., debió presentarse
dentro del término de ejecutoria del proveído, el cual, a la fecha
de presentación de su petición, se encontraban vencidos.
Adicionalmente, tal y como lo establece la jurisprudencia en cita,
usted contaba con medios legales para ellos, los cuales debían
ser formulados dentro de los términos y etapas procesales
correspondientes; por lo que no es el derecho de petición el
medio correspondiente para aclarar los alcances del fallo.

Por otro lado, no le es dable al juez interpretar los alcances del
fallo como se pretende con su solicitud, debido a que, esa
obligación le corresponde a la entidad demandada al momento
de dar cumplimiento a la sentencia.

Ahora bien, se permite aclarar el suscrito magistrado que, la
competencia funcional del juez de segunda instancia está
limitada por las razones de inconformidad expresadas por el
recurrente en el escrito de sustentación del recurso de apelación
y no por el mero acto procesal dispositivo de parte, a través del
cual manifiesta, de manera abstracta, impugnar la respectiva
providencia, así las cosas, la Sala de Decisión solo se limitó a
resolver los puntos frente a los cuales fundó su recurso de
apelación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

26

Número único de radicación: 110010315000-2023-06247-00
Actor: ÁNGEL GARCÍA MARRUGO

Por último y no menos importante, se le recuerda que conforme
al artículo 73 del C.G.P., las personas que hayan de comparecer
al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado legalmente
autorizado, excepto en los casos en que la ley permita su
intervención directa, situación que no acontece en el presente
asunto, debiendo actuar en el proceso a través de su apoderado
[…]”.

Así las cosas, la Sala observa que comoquiera que parte de la

finalidad de la acción de tutela de la referencia en el aspecto

analizado era que el TRIBUNAL accionado respondiera su solicitud

de 12 de abril de 2023, adicionada el 9 de mayo siguiente, lo cual ya

sucedió en el trámite de la presente acción constitucional, al

desaparecer las circunstancias fácticas que generaron la presente

solicitud de amparo, junto con la presunta vulneración del derecho

fundamental deprecado, se entiende que se ha configurado la

carencia actual de objeto por hecho superado.

Sobre el particular, cabe traer a colación el concepto de la carencia

actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en la

sentencia T-653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad

material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna

orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

27

Número único de radicación: 110010315000-2023-06247-00
Actor: ÁNGEL GARCÍA MARRUGO

sido encomendados»21. Y en la misma sentencia se precisó que el

fenómeno previamente descrito puede materializarse a través de las

siguientes figuras:

“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la
vulneración que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o
afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de
forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o
impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez
constitucional dé una orden al respecto.

El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la
violación o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan solo
es procedente el resarcimiento del daño originado por la
violación del derecho. Cuando al momento de la interposición de
la acción de tutela el daño ya está consumado, por regla general,
esta resulta improcedente, puesto que dicha acción tiene una
finalidad preventiva y no indemnizatoria.

(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en
el que, entre el momento en que se interpone la demanda
de amparo y el fallo se evidencia que, como producto del
obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a
los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar
la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y,
por tanto, se superó la afectación y resulta inocua
cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela
para lograr la protección de unos derechos que, en la
actualidad, no se encuentran afectados ni amenazados
(regulada en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991) .

(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se presenta en
casos en que como producto del acaecimiento de una situación
sobreviniente cuyo origen no está en el accionar de la parte
demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya sea
porque el actor asumió la carga que no le correspondía, porque

21
Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

28

Número único de radicación: 110010315000-2023-06247-00
Actor: ÁNGEL GARCÍA MARRUGO

a raíz de dicha situación perdió interés en el resultado de la litis,
o por cualquier otro hecho que haga inútil o innecesaria la
intervención del juez de tutela […]”22. (Se resalta).

En el mismo sentido, esta Sala, en relación con eventos en los cuales

se ha dado cumplimiento a lo perseguido por el actor, ha indicado lo

siguiente:

“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección
efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados
o vulnerados. Ello permite entender que si durante su trámite
cesan o desaparecen los motivos que generan la amenaza o la
vulneración, o su consumación impide el ejercicio del derecho,
el objeto o la pretensión perseguida deja de ser exigible o pierde
su efecto necesario, al punto de no existir el motivo u objeto que
justifica la intervención preferente del juez constitucional. Se
sigue de lo dicho, que la carencia actual de objeto se presenta a
través de dos eventos, a saber: el hecho superado y el daño
consumado. El primero acaece cuando se supera la afectación
de tal manera que el pronunciamiento del juez pierde su
finalidad constitucional por cuanto la decisión que pudiere
adoptar sería inocua y contraria al objetivo de protección
inmediata y efectiva constitucionalmente previsto, o en el evento
en que ya no hay lugar a ordenar lo pretendido por cuanto con
ello no se va a lograr el amparo solicitado. La jurisprudencia
constitucional lo explica así: La carencia actual de objeto por
hecho superado se da cuando entre el momento de la
interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se
satisface por completo la pretensión contenida en la demanda
de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en tal
sentido se torna innecesaria, En otras palabras, aquello que se
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido
antes de que el mismo diera orden alguna […]”23.

22
Ibídem.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente:
Roberto Augusto Serrato Valdés. Bogotá, D.C., 14 abril de 2016. Radicación número: 54001-23-33-

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

29

Número único de radicación: 110010315000-2023-06247-00
Actor: ÁNGEL GARCÍA MARRUGO

Consecuente con lo anterior, comoquiera que tal hecho ha sido

superado, la Sala declarará la carencia actual de objeto en relación

con el aspecto analizado, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

Finalmente, frente a la pretensión del actor relativa a que mediante

la presente acción de tutela se ordene la reliquidación de su pensión

de jubilación, la Sala advierte que resulta improcedente por no

cumplir el requisito general de la subsidiariedad comoquiera que

el actor ha contado con el proceso ejecutivo para discutir su

inconformidad en relación con el presunto incumplimiento de las

sentencias en las que se ha dispuesto sobre la reliquidación de su

pensión, sin que el presente mecanismo constitucional sea el

escenario para volver a decidir sobre los factores a incluir en el

cálculo respectivo, ni determinar el alcance de las providencias

proferidas dentro de los procesos ordinarios.

Ahora bien, con el fin de analizar si en el presente caso se configura

la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la

acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala se remite a lo

000-2016-00061-01(AC). Actor: Yorman Mauricio Tobos Peñaranda. Demandado: Ministerio de Defensa
Nacional - Ejército Nacional - Dirección de Sanidad.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

30

Número único de radicación: 110010315000-2023-06247-00
Actor: ÁNGEL GARCÍA MARRUGO

dispuesto por la Corte Constitucional24:

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha
precisado que éste debe reunir las siguientes
características: “debe ser inminente o próximo a suceder. Este
exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos
fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la
causa del daño. (…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que
suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo
para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas
urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una
doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la
inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las
particularidades del caso. Por último, las medidas de
protección deben ser impostergables, esto es, que
respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar
la consumación de un daño antijurídico irreparable. […]”

En los argumentos de la solicitud de amparo el actor puso de

presente su edad y afirmó que reliquidar su pensión mejoraría sus

condiciones de vida.

Al respecto la Sala advierte que la edad del actor no es un hecho que

por sí solo configure un perjuicio irremediable que haga procedente

el estudio del fondo del asunto, además, porque no se acredita que

en efecto aquel tenga afectado su mínimo vital, dado que por el

contrario está probado que se encuentra percibiendo una pensión,

24
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

31

Número único de radicación: 110010315000-2023-06247-00
Actor: ÁNGEL GARCÍA MARRUGO

esto último sobre lo cual se ha señalado25:

“[…] Aunado a lo anterior, la parte actora sostuvo que la decisión
controvertida vulnera su derecho fundamental al mínimo vital;
sin embargo, no allegó ningún medio probatorio para corroborar
que ello es así y verificar que se encuentra en un estado de
vulnerabilidad, dado que, de conformidad con la jurisprudencia
constitucional, le corresponde al accionante demostrar la
vulneración de su mínimo vital, señalando qué necesidades
básicas están siendo insatisfechas, pues “no sólo basta hacer
una afirmación llana respecto de la afectación del mínimo vital,
sino que dicha aseveración debe venir acompañada de pruebas
fehacientes y contundentes de tal afectación, que le permitan al
juez de tutela tener la certeza de tal situación” […]”.

En las condiciones anotadas, la Sala, por una parte, declarará la

carencia actual de objeto por hecho superado frente a la solicitud

presentada por el actor el 12 de abril de 2023, adicionada el 9 de

mayo siguiente y, por otra, declarará improcedente el amparo

solicitado en lo que respecta al derecho de petición invocado y la

pretensión relativa a que se ordene la reliquidación de la pensión de

jubilación del actor, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de
noviembre de 2021, CP Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-
04089-01(AC).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

32

Número único de radicación: 110010315000-2023-06247-00
Actor: ÁNGEL GARCÍA MARRUGO

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación presentada por

la FIDUPREVISORA S.A., por las razones expuestas en la parte

motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR

HECHO SUPERADO frente a la solicitud presentada por el actor el

12 de abril y adicionada el 9 de mayo de 2023, por lo expuesto en la

parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia en lo que respecta al derecho de

petición invocado y la pretensión relativa a que se ordene la

reliquidación de la pensión de jubilación del actor, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

33

Número único de radicación: 110010315000-2023-06247-00
Actor: ÁNGEL GARCÍA MARRUGO

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de noviembre de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.