Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06264-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-06264-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06264-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-06264-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
16 de noviembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06264-00
Demandante: Juan Carlos Osorio Bustamante
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06264-00
Demandante: JUAN CARLOS OSORIO BUSTAMANTE
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Falta de relevancia constitucional:
reiteración de argumentos
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Juan Carlos Osorio
Bustamante contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 11 de octubre de 20231, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de
apoderado judicial, el señor Juan Carlos Osorio Bustamante pidió la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y de acceso a la
administración de justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la providencia del
5 de julio de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que denegó las
pretensiones de reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 50
de 1990.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA en la sentencia proferida el día
07/07/2023 (sic), en el expediente rad. No. 0500133330024202200012200, transgredió́ los derechos
fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS
FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN
DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA
IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE
LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE
PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión
no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano
de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los
derechos fundamentales de la accionada.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva,
atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional
en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de
1 Índice 1 de Samai.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06264-00
Demandante: Juan Carlos Osorio Bustamante
Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora
como fue solicitada en la demanda (…).
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
En 2006, el señor Juan Carlos Osorio Bustamante se vinculó como docente de la
secretaría de educación de Antioquia.
El 11 de agosto de 2021, el señor Juan Carlos Osorio Bustamante solicitó a la secretaría
de educación de Antioquia el reconocimiento de la sanción moratoria por consignación
tardía de las cesantías del año 2020 en el respectivo fondo, con fundamento en el
régimen establecido en la Ley 50 de 1990 y la indemnización por el pago tardío de los
intereses de las cesantías.
Mediante acto administrativo No. ANT2021EE037655 del 15 de septiembre de 2021, la
secretaría de educación de Antioquia denegó lo solicitado.
El actor interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) y la secretaría de educación de Antioquia, para que se declarara
la nulidad del acto administrativo No. ANT2021EE037655 del 15 de septiembre de
2021. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordenara el reconocimiento
y pago de la sanción moratoria prevista en el régimen de cesantías de la Ley 50 de
1990 y la indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías.
La demanda se adelantó bajo el radicado 0500133330024202200012200 y
correspondió al Juzgado 24 Administrativo de Medellín, que, por sentencia del 9 de
diciembre de 2022, denegó las pretensiones, porque los docentes están sometidos a
un régimen especial (Ley 91 de 1989) que no previó el reconocimiento de la sanción
reclamada y que, además, los docentes están expresamente excluidos de la aplicación
de la Ley 50 de 1990 por disposición del artículo 13 de la Ley 344 de 1996.
Sobre las sentencias del Consejo de Estado y la sentencia SU-098 de 2018 y demás
sentencias de la Corte Constitucional invocadas en la demanda explicó que no había
identidad fáctica ni jurídica que permitiera la aplicación. Que, de hecho, la Corte
Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019 había explicado que la sanción
moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 era incompatible con el régimen especial
docente.
Inconforme con la decisión, la parte demandante apeló y el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en sentencia del 5 de julio de 20232, la confirmó básicamente por las mismas
razones del juzgado de primera instancia. Precisó que, en todo caso, en el Consejo de
Estado no existía un criterio unificado sobre el tema y que tampoco había lugar a acudir
a la Ley 50 de 1990 en aplicación del principio de favorabilidad porque no existía duda
sobre la norma que regulaba el régimen de cesantías docente y que lo pretendido por
la parte demandante implicaría la transgresión del principio de inescindibilidad
normativa.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, el demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En especial, sobre la relevancia constitucional, citó la sentencia de tutela del
23 de marzo de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, en el proceso 11001031500020230106300.
2 Notificada el 10 de julio de 2023.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06264-00
Demandante: Juan Carlos Osorio Bustamante
En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia acusada incurrió en los siguientes
vicios de fondo:
En desconocimiento del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional,
fijado en las sentencias de unificación SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de
2020, y del Consejo de Estado establecido en las siguientes sentencias: del 6 de agosto
de 20203, 24 de enero de 20194, 17 de junio de 20195, 28 de junio de 20196, 29 de julio
de 20197, 2 de diciembre de 20198, 10 de junio de 20209, 22 de octubre de 202010, 12
de noviembre de 202011, 17 de junio de 202112, 413, 2514 y 11 de noviembre de 202115,
20 de enero de 202216, 3 de marzo de 202217,28 de abril de 202218, 919 y 19 de mayo
de 202220, 1 de julio de 202221, 22 de agosto de 202222, 22 de septiembre de 202223,
1924 y 2625 de enero de 2023.
Que, además, se desconoció sentencias dictadas por diferentes juzgados
administrativos de circuitos judiciales del país, que, según dice, junto con las
providencias ya citadas, reconocieron la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes
públicos.
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2013- 00666-01
(0833-16), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de enero de 2019, Exp. 76001-23-31- 000- 200900867- 01
(4854-2014), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2019. Exp. 11001-03-15- 000-2018- 04617-01,
C.P. Nicolás Yepes Corrales.
6 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de junio de 2019, Exp. 11001-03-15- 000-2018- 04679-01,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de julio de 2019, Exp. 11001-0315- 000-2018- 03499-01,
C.P. Nicolás Yepes Corrales.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de diciembre de 2019, Exp. 08001 23 33 000 2014 00173-
01 (1688-16), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de junio de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2014- 00208-
01(0324-2016), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de octubre de 2020, Exp. 08001-23-31- 000-2014- 00254-
01(4960-2017), C.P. William Hernández Gómez.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de noviembre de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2014-
00132-01, C.P. William Hernández Gómez.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 17 de junio de 2021, Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01
(4979–2017), C.P. Gabriel Valbuena Hernández y Exp. 08001-23-33- 000-2015- 00331-01), C.P. César Palomino
Cortés.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de noviembre de 2021, Exp. 19001-23-33- 000-2015- 00445-
02(0483-20), C.P. William Hernández Gómez.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021, Exp. 08001-23-33- 000-2014-
01127-01 (1002-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de
noviembre de 2021, Exp. 40001-23-40- 000-2017- 00134-01 (2208-2020), C.P. William Hernández Gómez.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-23- 40-000-2015-
90008-01 (2387-2020), C.P. William Hernández Gómez; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de
noviembre de 2021, Exp. 080001-23- 40-000-2014- 90022-01 (5154-2016), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 20 de enero de 2022, Exp. 080001-23- 33-000-2017- 00931-
01 (1001-2021), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de marzo de 2022, Exp. 080001-23- 33-000-2015- 00075-
01 (2660-2020), C.P. William Hernández Gómez.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de abril de 2022, Exp. 76001-23-33- 000-2013- 00756-01
(2224-2020), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de mayo de 2022, Exp. 080001-23- 40-000-2017- 00795-
01 (2659-2020), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-23- 33-000-2019- 00359-
01 (4004-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-23- 33-000-2019- 00376-
01 (4462-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de agosto de 2022, Exp. 08001-23-33- 000-2015- 00509-
01 (2140-2020), C.P. César Palomino Cortés.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2022, Exp 08001-23-33- 000-2015-
90124-01 (2394-2020), C.P. César Palomino Cortés.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de enero de 2023, Exp 76001-23-31- 000-2012- 00212-02
(4470-2021) , C.P. William Hernández Gómez.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de enero de 2023, Exp 47001-23-33- 000-2018-0231- 01
(0871-2020), C.P. Rafael Francisco Gómez.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06264-00
Demandante: Juan Carlos Osorio Bustamante
5. Trámite procesal
Por auto del 13 de octubre de 2023, el Despacho sustanciador admitió la demanda de
tutela y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los
magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia y, como terceros con interés, al
juez 24 administrativo de Medellín, a la ministra de educación Nacional, al presidente
de la Fiduprevisora S.A como vocero del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y al gobernador de Antioquia.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 18 de octubre
de 202326.
6. Intervenciones
La magistrada del Tribunal Administrativo de Antioquia, ponente de la decisión
cuestionada, dijo que en la sentencia del 5 de julio de 2023 se «encuentran debidamente
planteados los argumentos de hecho y de derecho que la sustentan; por lo tanto, puede
afirmarse que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno».
La juez 24 administrativa de Medellín pidió que se denegara la solicitud de amparo,
porque las decisiones dictadas en el proceso ordinario se adoptaron con respeto a las
garantías del señor Osorio Bustamante y fueron debidamente motivadas, sin que se
hubiese vulnerado ningún derecho fundamental.
El apoderado del departamento de Antioquia solicitó que se denegaran las
pretensiones de la acción de tutela, por cuanto a los docentes oficiales no les resulta
aplicable la Ley 50 de 1990 y que, en todo caso, las cesantías del demandante fueron
pagadas conforme con los plazos fijados en el régimen especial.
La jefa de la gerencia jurídica de negocios especiales de la Fiduprevisora S.A. como
vocera y administradora del FOMAG pidió que se declarara improcedente la solicitud
de amparo por no cumplir con las causales generales y específicos de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial y solicitó ser desvinculada por carecer de
competencia frente a las pretensiones del demandante.
Además, dijo que el caso del demandante no podía ser estudiado a la luz de la Ley 50
de 1990, toda vez que el FOMAG funciona bajo el principio de unidad de caja y que, en
todo caso, las sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado citadas
por la parte actora tampoco resultan aplicables habida cuenta de que no compartían
supuestos fácticos.
El jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional solicitó que se
declarara improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional. Explicó que la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019
declaró improcedentes acciones de tutela en las que también fueron cuestionadas
providencias que denegaron la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 por
tratarse de una controversia de naturaleza estrictamente legal y económica.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor
26 Índice 8 de Samai.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06264-00
Demandante: Juan Carlos Osorio Bustamante
Juan Carlos Osorio Bustamante para que se deje sin efectos la sentencia del 5 de julio
de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que confirmó la decisión
de denegar las pretensiones de reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista
en la Ley 50 de 1990.
La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito general de relevancia
constitucional, por cuanto se trata de una reiteración de los argumentos ya resueltos
negativamente en el proceso ordinario, esto es, que, a juicio del actor, la sanción
moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 procede en favor de los
docentes. Por lo tanto, se declarará improcedente la solicitud de amparo.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción
de tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente,
(iii) analizará el caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales27 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se
estudian de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos28 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando
se han superado los requisitos generales.
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-0029, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre
la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente
de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se
acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan
nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción
de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue
proferida la providencia acusada.
En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales,
el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
27 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y
que no se cuestione un fallo de tutela.
28 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
29 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06264-00
Demandante: Juan Carlos Osorio Bustamante
4. Análisis del caso concreto
De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte
que coinciden con los propuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. Básicamente, en el proceso ordinario y en la acción de tutela, el señor Juan
Carlos Osorio Bustamante insiste en que la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de
1990 es aplicable a los docentes oficiales. Además, cita sentencias tanto de la Corte
Constitucional como del Consejo de Estado que, a su juicio, respaldan esa tesis.
En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia
del 9 de diciembre de 2022, dictada por el Juzgado 24 Administrativo de Medellín,
(resumido en la providencia de segunda instancia) se lee lo siguiente:
Reiteró que jurisprudencialmente se ha concluido que a los docentes se les debe consignar los
recursos de sus cesantías en el único Fondo establecido para los trabajadores de la educación y en
los términos establecidos en el artículo 99 de 1990 (sic) y que tienen la posibilidad de solicitar la
indemnización hasta 3 años después de la causación de la misma.
Manifestó́ que cuando se expidió́ la Ley 91 de 1989, ni siquiera había sido expedida la Ley 50 de
1990, y que estas normas establecieron la afiliación de empleados y docentes vinculados después
del 1 de enero de 1990 para efectos del reconocimiento de las cesantías, sin que el Ministerio de
Educación Nacional hubiese cumplido con dicha obligación. (…)
Igualmente, insistió́ en la existencia de un criterio unificado del Consejo de Estado y la Corte
Constitucional en torno al tema para concluir que la decisión apelada debe ser revocada y en su lugar
acceder a las pretensiones de la demanda, por cuanto las entidades encargadas de consignar a la
demandante los recursos de las cesantías del año 2020 excedieron los términos legales.
Por su parte, en la acción de tutela, el señor Juan Carlos Osorio Bustamante igualmente
insistió en que la Ley 50 de 1990 es aplicable a los docentes públicos a efectos de
reconocer la sanción moratoria que prevé el artículo 99 de esa norma y, además de las
sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que ya fueron invocadas
en la demanda y en el recurso de apelación, citó las sentencias del 17 y 28 de junio de
2019, 28 de abril de 2022, 19 de mayo de 2022, 1 de julio de 2022, 22 de agosto de
2022, 22 de septiembre de 2022 y 19 y 26 de enero de 2023.
No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
en providencia del 5 de julio de 2023, que, en lo que interesa, consideró:
Para el efecto, en el caso concreto, para la Sala no resulta aplicable extender la sanción moratoria
prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes respecto al pago de las cesantías a
más tardar el 14 de febrero de cada año, en consideración a las siguientes premisas: i) la naturaleza
y finalidades del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, ii) su
régimen se maneja bajo el principio de unidad de caja y los recursos del FOMAG, en virtud de la Ley
1955 de 2019, son transferidos por el Sistema General de Participaciones, en atención a lo dispuesto
en la Ley 715 de 2001, por lo tanto, no están previstas cuentas individuales para que se consignen
las cesantías a cada docente, ello con el fin de lograr mayor eficiencia en la administración y pago de
las obligaciones definidas por la ley , iii) la situación fáctica tratada en la sentencia SU-098 de 2018
difiere del asunto bajo estudio y iv) aplicación al principio de inescindibilidad o conglobamento, es
decir, valerse de manera íntegra del cuerpo normativo al que pertenece el docente.
Como se ve, se trata de argumentos con los que el señor Juan Carlos Osorio
Bustamante pretende continuar el debate jurídico que planteó en el proceso ordinario
para determinar el régimen aplicable a las cesantías. Y si bien el actor está alegando el
desconocimiento de nuevas sentencias, lo cierto es que las invoca con el mismo
propósito con el que las citó en la demanda y en el recurso de apelación del proceso
ordinario.
En el escenario que propone el demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por la autoridad judicial demandada en el
proceso ordinario, finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional.
La acción de tutela tiene como fin la protección de derechos fundamentales, y no puede
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06264-00
Demandante: Juan Carlos Osorio Bustamante
utilizarse como instancia adicional de los procesos ordinarios, como ya lo ha precisado
la Sala en otras oportunidades30.
Ahora, frente a la sentencia de tutela del 23 de marzo de 2023, dictada por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el proceso
11001031500020230106300, que la demandante cita para demostrar la relevancia
constitucional de la acción de tutela, basta decir que esa decisión fue impugnada y
mediante auto del 16 de junio de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró la nulidad de lo actuado, a partir del auto que admitió esa acción de tutela.
Como consecuencia de esa nulidad, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, el 17 de octubre de 2023 dictó nueva sentencia y denegó las
pretensiones de la demanda de tutela. De modo que no puede utilizarse como
argumento para fundamentar la relevancia constitucional ni para acceder a las
pretensiones en el presente asunto.
Incluso, en un caso con idéntica situación fáctica y jurídica, la Corte Constitucional, en
sentencia SU-573 de 2019, concluyó que la acción de tutela carecía de relevancia
constitucional, por las siguientes razones:
(i) El asunto propuesto versaba sobre una cuestión meramente legal, que no
impactaba la garantía de derechos fundamentales, sino patrimoniales, pues se
proponía que el juez de tutela determinara si a las cesantías anualizadas de los
docentes les resulta aplicable la Ley 91 de 1989 y el Decreto 1831 de 2005 o la Ley 50
de 1990, Ley 344 de 1996 y Decreto 1582 de 1998, asunto que conlleva a establecer
aspectos legales acerca de la calidad de la vinculación de los docentes (territoriales,
nacionales o nacionalizados) y sobre el fondo administrador de cesantías en que debe
efectuarse la afiliación para que se cause la penalidad por no consignación oportuna
de la prestación social.
Que, además, los argumentos buscaban “realizar el análisis de corrección de la sentencia
y, en consecuencia, identificar cuál es la interpretación que los jueces de la jurisdicción
contencioso administrativo deben acoger acerca del alcance del artículo 99 de la Ley 50 de
1990 y de la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, en cuanto al
reconocimiento de una penalidad por no consignación oportuna de las cesantías en el régimen
docente”
ii) La discusión propuesta no involucraba la protección de derechos
fundamentales y la anomalía procesal alegada (presunto desconocimiento del
precedente y del principio de favorabilidad laboral) no era determinante ni tenía un
efecto decisivo en las sentencias cuestionadas y tampoco conllevaba a la afectación de
un derecho fundamental, por cuanto “las decisiones impugnadas en sede de tutela no
constituyen “desvíos del juez ordinario” ni decisiones carentes de motivación y no dan cuenta
prima facie de la inaplicación de una prerrogativa de carácter constitucional.”
(iii) Los demandantes pretendían reabrir la controversia legal resuelta tras obtener
una respuesta desfavorable a sus intereses, toda vez que los demandantes acudían a
la tutela bajo la supuesta configuración de dos defectos específicos con el fin de que el
juez constitucional accediera a las mismas pretensiones incoadas en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.
Lo anterior es suficiente para que la Sala declare improcedente la solicitud de amparo
presentada por el señor Juan Carlos Osorio Bustamante.
30 En el mismo sentido se ha pronunciado la Sala, entre otras,en sentencias del 18 de mayo de 2023, Expediente
11001-03-15-000-2023-01500-00, Actora: Sandra Elena Espinosa López, C.P. Wilson Ramos Girón; del 25 de mayo
de 2023, Expediente 11001-03-15-000-2023-02085-00, Actora: Rosa María Castañeda Valencia, C.P. Wilson Ramos
Girón y de la misma fecha, Expediente No11001-03-15-000-2023-00705-01. Actora: Luz Myriam García Camacho.
C.P. Milton Chaves García; y del 1º de junio de 2023, Expediente 11001-03-15-000-2023-02139-00, Actor: Alfonso
Rueda Rodríguez, C.P. Wilson Ramos Girón y Expediente 11001-03-15-000-2023-02069-00, Actora: Julia Inés
Fernández González, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06264-00
Demandante: Juan Carlos Osorio Bustamante
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por Juan Carlos Osorio
Bustamante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.