Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06274-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-06274-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06274-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-06274-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
24 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06274-00
Demandante: Òscar Fernando Quintero Mesa
Demandado: Presidencia de la República
Temas: Derecho de petición
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Al ser derrotado el proyecto de fallo presentado por el consejero Jorge Edison
Portocarrero Banguera, la Sala decide la solicitud formulada por Òscar Fernando
Quintero Mesa, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política, y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y
333 de 2021.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
Òscar Fernando Quintero Mesa promovió solicitud de tutela con el fin de que se
amparara su derecho fundamental de petición.
Como fundamento de la solicitud de amparo, en razón a la falta de claridad en la
argumentación, en esta oportunidad se transcribirá lo pertinente:
«[…] PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA OSCAR FERNANDO
QUINTERO MESA POR REVOCATORIA DE LA PRESIDENCIA FRAUDULENTA Y
USURPACIÓN DE FUNCIONES DEL GUERRILLERO GUSTAVO PETRO URREGO,
identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en nombre propio, invocando
artículo 86 de la Constitución Política, acudo ante su Despacho para instaurar ACCIÓN
DE TUTELA contra GUSTAVO PETRO URREGO Y CIDH con el objeto de que se
protejan los derechos constitucionales fundamentales que a continuación enuncio y los
cuales se fundamentan en los siguientes hechos:
HECHOS
[…]
1
Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «ED_2ESCRITODETUTELA(.pdf) NroActua 2»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Expediente: 11001-03-15-000-2023-06274-0
Demandante: Òscar Fernando Quintero Mesa
1. Revocatoria de l Gobierno de Gustavo Petro
2. Como queda probado y demostrado, derecho a la igualdad ante la ley revocatoria
Alberto Fujimori
3. Como que probado y demostrado sentencia Estado vs Gustavo Petro
DERECHOS VULNERADOS
Derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política
de Colombia de 1991. […]» (sic)
1.2. Informes rendidos en el proceso
1.2.1. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República2
solicitó que se negara el amparo constitucional o, se declarara su improcedente,
toda vez que: i) al revisar el sistema de correspondencia de la entidad no se
encontró petición alguna radicada por el demandante; ii) no se supera el requisito
de la inmediatez pues el actor refiere una petición radicada desde el 16 de agosto
de 2022; y iii) existe falta de legitimación en la causa por activa pues no tiene
ninguna injerencia respecto de los cargos dirigidos contra la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, la cual «es una entidad autónoma e
independiente encargada de evaluar y procesar peticiones relacionadas con la protección
de los derechos humanos en la región interamericana».
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que
obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) determinación del problema jurídico;
iii) procedencia de la solicitud de tutela - el derecho de petición; y iv) análisis de la
Sala.
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el 1
del Decreto 333 del 6 de abril de 20213 esta Sala es competente para conocer de la
presente solicitud de amparo contra la Presidencia de la República.
2.2. Procedencia de la solicitud tutela
2 Ver índice 9 de Samai. Archivo denominado
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_OFI2300198184GFPU(.zip) NroActua 9»
3 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
2
Expediente: 11001-03-15-000-2023-06274-0
Demandante: Òscar Fernando Quintero Mesa
El artículo 86 constitucional señala que: «[e]sta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:
« […] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»
Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido
la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, es decir, no es un mecanismo
de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un
último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho,
pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.
2.3.2. Sobre el derecho de petición
Frente a la procedencia de la solicitud de tutela para proteger el derecho de petición
ha señalado la Corte Constitucional:
«[…] Aun cuando es claro que el ordenamiento jurídico tiene establecidos otros
mecanismos de defensa judicial para exigir el cumplimiento del derecho de petición,
como lo es el acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa, luego de agotada la
vía gubernativa, la jurisprudencia constitucional ha considerado que resulta muy oneroso
para el peticionario acceder al mecanismo judicial con el solo propósito de obtener la
respuesta a una petición formulada, corriendo el riesgo que, para la época en que se
adopte la decisión judicial, ningún interés represente ya para el accionante la solicitud
formulada o no produzca en forma oportuna el efecto inicialmente pretendido por éste.
Por tanto, en virtud de los principios de celeridad y economía procesal, y con el fin de
evitar un desgaste innecesario del aparato judicial, atendiendo a su carácter de derecho
fundamental de aplicación inmediata, ha considerado esta Corporación que el derecho
de petición solo puede ser protegido de manera eficiente y efectiva a través de la acción
de tutela cuya finalidad, como quedó expuesto, es satisfacer al particular con un
pronunciamiento frente a la solicitud por él realizada […]».
En cuanto a los aspectos generales del derecho fundamental en estudio, de
conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política, «[t]oda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su
ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales […]», lo
3
Expediente: 11001-03-15-000-2023-06274-0
Demandante: Òscar Fernando Quintero Mesa
cual no solo implica que la respuesta se produzca dentro de los términos de ley,
sino que esta sea suficiente, efectiva y congruente.
2.3. Problema jurídico
La Sala deberá definir si: ¿es viable ordenar un amparo ante la ausencia de pruebas
que permitan al juez identificar la conducta vulneradora alegada?
2.4. Análisis de la Sala
Òscar Fernando Quintero Mesa acudió al juez de tutela con el fin de que se
amparara el derecho fundamental de petición, el cual consideró vulnerado por la
Presidencia de la República ante la falta de respuesta a su pedimento, el cual no
identificó.
En este punto, la Sala advierte que no se allegó ninguna prueba que permita
establecer las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se pudo dar la
vulneración alegada; en concordancia con ello, la demandada a través de oficio
CERT23-004031 / GFPU 13081012 del 20 de octubre de 2023 certificó que:
«[…] El Grupo de Correspondencia de la Presidencia de la República, certifica que una
vez consultada la base de datos de radicación de documentos de origen externo
ESCRIBE, NO se encontró registro de comunicación de fecha 16 de agosto de 2022
suscrita por el señor OSCAR FERNANDO QUINTERO MESA. […]».
En este punto, recuérdese que la carga argumentativa y probatoria en los trámites
de tutela recae en la parte demandante, quien, por lo menos de manera sumaria,
tiene el deber de acreditar los hechos en que hace consistir la vulneración que alega.
En tan sentido se pronunció la Corte Constitucional en sentencia T-511 de 2017:
«[…] 8. Una de las características de la acción de tutela es su carácter informal. Esta
Corporación ha hecho especial énfasis en la necesidad de que los jueces de tutela
corroboren los hechos que dan cuenta de la vulneración del derecho fundamental[34].
En este sentido, la sentencia T-702 de 2000[35] determinó que los jueces no pueden
conceder una tutela si en el proceso no existe prueba de la transgresión o amenaza del
derecho fundamental que requiera el amparo constitucional en un proceso
preferente y sumario.
Más adelante, en la sentencia T-131 de 2007[36], la Corte estableció que en sede de
tutela generalmente la carga de la prueba incumbe al accionante. La persona que
pretenda el amparo de un derecho fundamental debe demostrar los hechos que
sustentan sus pretensiones y llevar al juez a tomar una decisión con certeza y convicción
de la amenaza o vulneración del derecho invocado. No obstante, también reconoció que
existen situaciones en las que la carga de la prueba se debe invertir por las condiciones
de indefensión en las que se encuentra el peticionario como es el caso de las víctimas
de desplazamiento forzado.
4
Expediente: 11001-03-15-000-2023-06274-0
Demandante: Òscar Fernando Quintero Mesa
9. Por otra parte, esta Corporación se ha pronunciado sobre las facultades que tiene el
juez constitucional para solicitar las pruebas de oficio en los casos en los que el actor no
aporte los documentos que sustentan sus pretensiones. En particular, en la sentencia
T-864 de 1999[37], este Tribunal afirmó que la práctica de pruebas resulta un deber
inherente para la función de los jueces constitucionales, en la medida en que sus
decisiones exigen una definición jurídicamente cierta, justa y sensata del asunto
analizado. Igualmente, en la sentencia T-498 de 2000[38], la Corte señaló que en casos
de tutela, el funcionario judicial debe adelantar actuaciones mínimas y razonables para
verificar los hechos sometidos a su decisión, lo que exige una mayor participación por
parte de los jueces para lograr la máxima efectividad de la Norma Superior.
[…]
Finalmente, en la sentencia T-571 de 2015[40], esta Corporación reiteró las sentencias
anteriormente citadas e indicó que la informalidad que caracteriza el amparo
constitucional no significa que el juez pueda sustraerse de verificar la veracidad de las
afirmaciones que presentan las partes. Asimismo, resaltó que la decisión del juez:
“[N]o puede ser adoptada con base en el presentimiento, la imaginación o el deseo, sino
que ha de obedecer a su certidumbre sobre si en efecto ha sido violado o está
amenazado un derecho fundamental, si acontece lo contrario, o si en el caso
particular es improcedente la tutela”. (Negrilla fuera del texto original).
10. Con fundamento en las consideraciones anteriormente expuestas, se reitera que la
carga probatoria corresponde a las partes del proceso. Sin embargo, si el juez considera
que no tiene los suficientes elementos de juicio para decidir, debe decretar pruebas para
llegar a una decisión jurídicamente cierta, justa y sensata, y a partir de la actuación de
las partes emitir el fallo correspondiente. […]»
A juicio de la Sala, en el asunto bajo estudio se observa que Òscar Fernando
Quintero Mesa no allegó ninguna prueba que permita identificar respecto de la
petición cuyo amparo invoca la fecha de radicación y que, en efecto, ello hubiera
sucedido, por su parte, la entidad demandada certificó lo contrario.
En este orden de ideas, quedó desvirtuada la vulneración alegada por Òscar
Fernando Quintero Mesa, por lo que la Sala negará el amparo de su derecho
fundamental de petición.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar el amparo del derecho fundamental de petición de Òscar Fernando
Quintero Mesa, en la solicitud de tutela presentada contra la Presidencia de la
República, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
5
Expediente: 11001-03-15-000-2023-06274-0
Demandante: Òscar Fernando Quintero Mesa
Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con salvamento de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
6
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.