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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06296-00

Fecha
25 de enero de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06296-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela de la referencia. 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2023 06296 00 Accionantes: KAREN JOHANNA IBARRA ARCOS Y OTROS SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, si ella no es impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-06296-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

25 de enero de 2024

Radicación: 11001 03 15 000 2023 06296 00
Accionantes: KAREN JOHANNA IBARRA ARCOS Y OTROS

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 06296 00
Demandantes: KAREN JOHANNA IBARRA ARCOS Y OTROS
Demandados: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, UNIDAD
PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS
VÍCTIMAS (UARIV) Y EL CONSEJO DE ESTADO –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

Tesis: La acción de tutela es improcedente como mecanismo
transitorio de protección de los derechos fundamentales
ante la existencia de un mecanismo ordinario eficaz que
se encuentra en curso, y al no acreditarse la ocurrencia
de un perjuicio irremediable.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la parte actora contra
la Comisión Nacional del Servicio Civil (en adelante CNSC), la Unidad para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (en adelante UARIV), y
el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. Los señores Karen Johanna Ibarra Arcos, María Claudia García
Gómez, César Augusto Marín Cárdenas, Edward Heiler Giraldo Carvajal,
Martha Aceneth Guzmán González, Luz Carime Cepeda Díaz, Héctor
Ricardo Daniel Ramírez, Saul Eduardo Hernández Garzón, María Carolina
Sanabria Farfán, Etna Lucía Balaguera Rincón, Alejandro Iván Pérez
Rodríguez, Pedro Raúl Medina Cristancho, Tatiana Elizabeth Hernández
Cuervo, Jaime Andrés Molina Cano, Sandra Viviana Arévalo Espinosa,
Violeta Echeverry Cuellar, Emma Mercedes Villamizar Carvajal, Francisco
1
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 06296 00
Accionantes: KAREN JOHANNA IBARRA ARCOS Y OTROS

Alexander Atehortúa Pino, Jaime Alberto Canaval González, Diana
Alejandra Ibáñez Ahumada, Aida Joanne Solano Espinosa, Yolman Hernán
Osorio Solano, Margarita Rosa Durán Guerrero, Yohanna Elizabeth Mora
Vargas, Diana Ximena Cely Acevedo, Ivonne Pardo Santibáñez, Elmer
Augusto Patiño Vargas, Ana Yiber Orduña Holguín, Lorena Esperanza
Salazar Montes, Diego Yesid Silva Gualteros, Miguel Orlando Guerra Ortiz,
Luisa Fernanda Castiblanco Burbano, Gina María Torres Nieto, Claudia
Yolanda Aristizábal, Lina Constanza Camargo Pérez, Diana Carolina
Sandoval Riscanevo, Carmen Adriana Ibarra Jaimes, Iván Darío Chaparro
Torres, Alix Liliana Adame Araque, Magda Piedad Mesa Díaz, Jennifer
Carvajal Campos, María Alejandra Astaiza Muñoz, Fabián Eduardo
Gutiérrez Ortiz, Loly Catalina Van Leenden del Río y Jonathan Forero
Mora, actuando en nombre propio, solicitaron el amparo de los derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso, los cuales estimaron
vulnerados con ocasión del Acuerdo 56 de marzo 10 de 2022, mediante
el cual se convocó al concurso de méritos1 en las modalidades de ascenso
y abierta, para proveer empleos en vacancia definitiva del Sistema
General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la UARIV.

1.2. En síntesis, la parte actora consideró que sus derechos
fundamentales están siendo vulnerados porque la CNSC, al expedir el
Acuerdo 56 de 10 de marzo de 2022 en el desarrollo de la convocatoria
número 2244 de 2022 “proceso de selección entidades del orden
nacional”, omitió fijar las reglas que corresponden a la naturaleza especial
de la convocatoria para proveer los cargos de carrera en la UARIV, tal
como lo exige el inciso 2° del parágrafo del artículo 170 de la Ley 1448
de 2011. En lugar de ello, convocó al concurso de méritos con fundamento
únicamente en la Ley 909 de 2004 aplicando un régimen general de
carrera, dejando de lado la primera norma mencionada, en virtud de la
cual se prevé que, por la naturaleza transicional y transitoria de la UARIV,
los procesos de selección deben efectuarse mediante una “convocatoria
especial”.

1
“Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección, en las modalidades de ascenso y
abierto, para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera
Administrativa de la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Victimas”.
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En ese orden, sostuvo que se desconocieron las reglas que permiten
diferenciar la especialidad del proceso de selección que debe aplicarse
para proveer los empleos de carrera en la UARIV, del trámite que
corresponde a las demás entidades que tambien se encuentran incluidas
en la convocatoria 2244 de 2022, con lo cual se equiparó
equivocadamente a esa entidad de naturaleza especial con organismos
estatales no transicionales y de carácter permanente. A lo anterior agregó
que no se informó en debida forma a los participantes en el proceso de
selección sobre la condición “transitoria y transicional” de la UARIV.

Además, advirtió que contra el Acuerdo 56 de 10 de marzo de 2022 se
instauró demanda de simple nulidad, la cual cursa actualmente ante el
Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A, bajo la radicación
11001-03-25-000-2022-00392-00, sin que, a la fecha de interposición de
la tutela, se haya “efectuado la calificación de la demanda con más de 13
meses transcurridos desde el momento de la radicación”, y que en dicho
proceso solicitaron intervenir como coadyuvantes de la parte
demandante.

En su escrito tambien señaló que “[…] se aproxima la aplicación de una
fase eliminatoria del proceso, que está cimentado en reglas diferentes a
las que debería aplicarse, lo que generaría perjuicios no solo para los
accionantes de este mecanismo de protección, sino para aquellos que
aprueben las pruebas de un proceso que está viciado […]”, y que además
“[…] El perjuicio se constituye en el tiempo cercano, porque, se reitera,
la prueba de conocimientos está prevista para el 15 de octubre de 2023
y hasta la fecha de radicación de este mecanismo las condiciones están
dadas para que estas sean realizadas efectivamente en clara vulneración
del debido proceso y derecho a la igualdad”.

En consecuencia, solicitó que: i) se tutelen los derechos fundamentales
invocados, ii) se suspenda la prueba de conocimientos prevista para el 15
de octubre de 2023, y iii) se ordene a la CNSC revocar y corregir el
Acuerdo 56 de 10 de marzo de 2022.

3
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II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. Es necesario señalar que esta acción de tutela fue inicialmente
radicada y repartida al Juzgado 17 de Familia de Bogotá, autoridad judicial
que, mediante auto de septiembre 5 de 2023 la admitió y, mediante fallo
del 15 del mismo mes y año la declaró improcedente por encontrarse
ausente el requisito de subsidiariedad. En esa oportunidad la solicitud de
amparo se tramitó bajo el radicado 11001-31-10-017-2023-00670-00/1.

Posteriormente, la parte actora presentó escrito de impugnación ante esa
primera instancia, alegando que el juez constitucional omitió considerar
la tardanza en la decisión que corresponde dictar a la Sección Segunda
de esta corporación en desarrollo del proceso ordinario como una
circunstancia que impone la ineficacia del mecanismo ordinario disponible
y permite que la solicitud de amparo supere el requisito de subsidiariedad.

Con todo, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, en la
segunda instancia allá tramitada, interpretó dicho argumento como un
debate de mora judicial, por lo que, a través de proveído del 10 de octubre
de 2023, declaró la nulidad de todo lo actuado con fundamento en que
los hechos de la demanda involucraban a la Sección Segunda del Consejo
de Estado y, en consecuencia, en los términos del artículo 1º del Decreto
333 de 2021, dispuso la remisión del asunto a esta corporación.

2.2. Mediante auto de 19 de octubre de 2023, este despacho admitió la
acción de tutela de la referencia, y ordenó el trámite que por ley le
corresponde. Particularmente, dispuso notificar al Consejo de Estado -
Sección Segunda - Subsección A, a la Comisión Nacional del Servicio Civil
y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV,
como entidades accionadas. Además, se ordenó la vinculación en calidad
de terceros a las personas participantes en el proceso de selección
convocado a través del Acuerdo 56 del 10 de marzo de 2022.

2.3. Por auto de 22 de noviembre de 2023 se decidió negar la medida
provisional solicitada por la parte actora, al no evidenciarse la necesidad
y urgencia para evitar una eventual amenaza.
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2.4. La CNSC2 contestó a esta acción de tutela afirmando que aquella
deviene improcedente por ausencia del requisito de subsidiariedad, pues
lo pretendido por los actores puede ser ventilado en un proceso
contencioso administrativo en el que se estudie la legalidad del Acuerdo
56 de 10 de marzo de 2022, y en el que pueden solicitarse el decreto de
medidas cautelares que permitan suspender los efectos del acto
administrativo comentado.

Adujo que “no es viable en esta instancia del proceso solicitar una
suspensión como tal, ya que se han agotado diferentes etapas en el
desarrollo del proceso y el mismo se ha venido desarrollando conforme a
las normas que regulan los concursos de méritos”.

También sostuvo que no se configura perjuicio irremediable relacionado
con las garantías constitucionales cuyo amparo se solicitó. Por otra parte,
presentó argumentos relacionados con la legalidad del proceso de
selección que se dispuso a través del Acuerdo 56 de 10 de marzo de 2022.

2.5. El entonces Consejero de Estado Gabriel Valbuena Hernández,
integrante de la Subsección A - Sección Segunda de esta Corporación,
quien actuaba como ponente en el proceso ordinario dentro del cual se
acusó la legalidad del Acuerdo objeto de esta controversia constitucional,
hizo un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso ordinario y
afirmó que “[…] una vez regrese el expediente al despacho, se tomará la
decisión que en derecho corresponda”.

2.6. Pese a estar debidamente notificada, la UARIV guardó silencio.

2.7. Como consecuencia de la orden impartida en el numeral tercero del
auto que admitió la acción de tutela, relativa a vincular en calidad terceros
con interés a las personas que hacen parte del proceso de selección
convocado a través del Acuerdo 56 del 10 de marzo de 2022, ante esta
instancia se presentaron 65 intervenciones formuladas por personas3 que

2
Por intermedio del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica JHONATAN DANIEL ALEJANDRO SANCHEZ MURCIA.
3
Los Señores Carlos Mauricio Cleves, Gloria Esperanza Artunduaga Cabrera, Cesar Augusto Rojas Montealegre, Ramiro Diaz
Valle, Ferney Portilla Hurtado, Nora Elena Méndez Artunduaga, Álvaro Yovani Escobar Quintero, : Edilia Cruz Carvajal, Ingrid
5
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participaron en la convocatoria para proveer los cargos de la UARIV. Los
mencionados escritos obran en los índices 12, 14 al 16, 19 al 21, 23 al
47, 50, 52 al 59, 61 al 62, 64 al 74, 76 al 81, 82 al 84, 87, 89 y 96 del
expediente electrónico de la referencia disponible en el aplicativo SAMAI.

2.8. Mediante memorial de 23 de octubre de 2023 los actores
presentaron “Aclaración de acción de tutela accionates (sic) - no es un
asunto de mora judicial ni es contra el Consejo de Estado […]”, en virtud
de la cual señalaron que “Nuestra acción de tutela tiene una controversia
muy precisa: la vulneración a los derechos fundamentales al debido
proceso y al derecho a la igualdad vulnerados en la convocatoria del
concurso de méritos adelantado por la CNSC para proveer cargos de la
UARIV al no cumplir con los principios de legalidad, publicidad e igualdad,
con reglas claras que cumpla con el requisito de adelantar el proceso
previa convocatoria especial”.

Johana Chingal Melo, Carolina Bonilla García, Norma Constanza Ortiz, Sandra Janeth Ospina Parrado, Yuli Paola Rodríguez
Sánchez, Luis Ariel Forero Bocanegra, Heidy Paola Flores Vanegas, Luis Guillermo Thomas Velandia, Carlos Iván Rubio Barrios,
Leidy Liliana Reina Domínguez, Manuel Ignacio Reyes Rojas, Martha Cecilia Santos Mera, Mauricio Elías Cárdenas Bohórquez,
Wilson Hernando Soto Bahamón, Joanne Astrid López Landinez, José Nel Carabali Camilo, Alex Fernando Niño Acosta, Lida
María Catúa M, Violeta Echeverry, Diana Escobar, Fausto Villa, Johanna Granadillo, Angelica A. (firmó), Yesmin Tamara
Manrique, José Fernely López Valderrama, Lucia Maritza Puerto Arango, Marco A.

López Espitia, Diana Marcela Calderón
Preciado, Lina María Martínez Rueda, Johana María Albornoz Rodríguez, Johao Antonio Pinzón Pelayo, Laura Viviana Palomino
Plata, Camila Esther Calderón Gutiérrez, Paola Andrea Rodríguez Diaz, Carlos Augusto Mestre Sandoval, Jahidyt Isabel Mejía
Doria, Raquel Cotta Arriola, Donaldo José Ardila, Jorge Humberto Morales Mendoza, Hugo Fernando Ruiz Barrera, Andrés
Enrique Páez Tarazona, Ana Jackeline Leal Rojas, Luis Hernán Capacho Niño, Faner Javier Aguiar Huertas, Edna Patricia Urrutia
Salcedo, Luz Angelica Lugo Olivares, Rossana Ruth Rhenals Romero, Ana Sofia Álvarez De Oro, Ana Milena González Madera,
Samir Antonio Peñata Luna, Sandra Patricia Periñan Negrete, Ronal Andrés Ávila Gómez, Carmenza María Soto Martínez,
Adriana Eugenia Echeverria Usta, Uriel Calderón Ramírez, Diego Leonardo Navarrete Flórez, Yelissa Tatiana Pardo Garzón,
Rita Paola Amaya Pérez, Deissy Elena Rincones Marriaga, Gineth Liliana González Vargas, María Cecilia Gómez, Mario Alejandro
Cuartas Restrepo, Andrés Felipe Vélez Monsalve, Luis Enrique Moya Mena, Diana Milena Cedrón Londoño, Eliana María Ocampo
Atehortúa, María Enoris Vélez Velilla, Francisco Javier Pareja Gómez, Gabriel Jaime Hincapié Cardona, Jorge Enrique Córdoba
Quinchía, Oni de Abiayala Correa Velásquez, Saccha del Rocio Córdoba Maldonado, Yengsie Velásquez Parra, Ximena María
Céspedes Granda, Yudy Jeanne Zambrano Camacho, Yaneth Curiel Castro, Laura Paola Bohórquez Sotelo, Fred De Jesús
Fuentes Mindiola, Adaluz Mesa Benjumea, Leonor Yesmi Herrera Abril, Mónica Patricia Méndez Jiménez, Gina María Torres
Nieto Saúl Eduardo Hernández Garzón Emma Villamizar, Angela Andrea Benavides, Janeth Angelica Solano Hernández, Luisa
Margarita De La Hoz Stevenson, Ivonne Alejandra López Ascencio, Lida Margarita Calvo Reinoso, Luis Carlos Corredor Esteban,
María Patricia Zapata Álvarez, Richard Alejandro Espitia Sánchez, Leyderman González Uretra, Daniel Alejandro Franco Sastre,
Baldomero Chaverra Arroyo, Richard Alejandro, Marinela Osorio Ospino, María Mercedes Chamorro, Clara Inés Apraez Gómez,
Mónica Andrea Muñoz Oviedo, William Romero Andrade, Diego Fernando Quiroz Bravo, Gustavo Adolfo Gutiérrez Velasco,
Natalia Marín Herrera, Amanda Lucia Morales Mayoral, Jonnathan Arias Restrepo, Mónica Leyton Rivera, Edwin Herrera Bartolo,
Luis Eduardo Morales Mejía, María Johana Gil Bustamante, Luz Adriana Zuluaga López, Claudia Bibiana Duque Rojas, Carolina
Suarez Hincapié, Juliana Osorio Cataño, Alirio De Jesús Zapata Rodríguez, Mauricio Agudelo Londoño, Yaneth Rodríguez Ortiz,
Patsy Del Mar Tarazona Guerrero, Juan Manuel Galvis Chirinos, Ana María Pacavita Uribe, Sandra Milena Cruz Silva, Eudomenia
Elina Cotes Curvelo, Cecilia Col, Rocío Andrea Zamora Chicunque, Maudys Marvel Martínez Guerra, Julieth Alexandra Ramírez
Vargas, Yeimy Alexandra Reinoso Diaz, Zandra Cleotilde Riveros Gutiérrez, Martha Patricia Mayorga Fraile, Verónica Chávez
Mejía, Danne Milena Pacheco Zayas, Francisco Orlando Wilches Salazar, Luis Arbey Gómez Cabrera, William Arturo Márquez
Montero, Isaías Lozano Vera, Laureano Bethancourt Barrera, Liliana Marcela Críales Rincón, José Davis Murcia Rodríguez,
Sergio Luis Guevara Prieto, Cesar Augusto Orjuela Camargo, Yenny Bustos Castro, Brajhan Jamir González Roncancio, María
Angelica Ramírez Angarita,, Ximena Londoño Cabezas, Ginna Paola Andrade Fuertes, Diana Camila Becerra Cruz, Olga
Rosmery Ahumanda Castañeda, Diego Leonardo Navarrete Flórez, Angela Johanna González Diaz, Nidia Yisel Alfonso Zorro, ,
Carlos Ernesto López Mera, Adriana Palacios Garcés, Laura Natalia Peña Guzmán, Diego Andrés Ramírez Martínez, Andrea
Gutiérrez Gómez, Liliana Torres Martínez, Deiby Alexander Flórez Santillán, Fanny Berenice Teran Acosta, Francisco Javier Col,
Luz Angelica Del Rosario Chamorro Unogarro, Lorynela Rengifo Ordoñez, Sandra Osmary Leitón Cerón, Lady Viviana Rodríguez,
Jovanna Marcela Velandia Bernal, Betty Yasmid Rincón Rincón, Miryam Eucaris Rada Pabuence, Rosa Isaura Marino Montañez,
Luis Fernando Lizcano Quintero, Yadelmis Sofia Carrillo Benjumea, Idalis María Pinto Rodríguez, Olga Rosmery Ahumada
Castañeda, Ana Luisa Niño Camargo, Juan Manuel Fernández Tinjaca, Daniel Alejandro Olaya Cardona, Leidy Carolina
Mendivelso Niño, Erleny Cecilia Diaz Jurado, Lida Margarita Clavo Reinoso, Karen Natalia Plazas Arias, Darlin Gisela Garzón
Carrión, Carolina Bonilla García, María Liliana Guerrero Linero, Gloria Inés Tibata Casteblanco, Uriel Calderón Ramírez, Marinela
Osorio Ospino, Juan David Ahumada Caro, Ana Yurane Parra Orozco, y Angela María Mesías Villota.

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III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 7º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.

3.2. HECHOS

3.2.1. El 10 de marzo de 2022 la CNSC expidió el Acuerdo número 56
“por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección,
en las modalidades de Ascenso y Abierto, para proveer empleos en
vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera
Administrativo de la planta de personal de la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Victimas – Proceso
de Selección Entidades del Orden Nacional número 2244 de 2022”.

También expidió el anexo “Por el cual se establecen las especificaciones
técnicas de las diferentes etapas del proceso de selección entidades del
orden nacional 2022, en las modalidades de ascenso y abierto, para
proveer los empleos de vacancia definitiva pertenecientes al sistema
general de carrera administrativa de sus plantes de personal”.

3.2.2. El 9 de junio de 2022, el Sindicato Nacional de Servidores Públicos
de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas (en
adelante SINTRAUARIV), presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad con solicitud de suspensión provisional contra el
Acuerdo número 56 de 10 de marzo de 2022 expedido por la CNSC. El
proceso se encuentra vigente y en conocimiento de la Sección Segunda –
Subsección A de esta Corporación bajo el radicado 11001 03 25 000 2022
00392 00.
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3.2.3. Mediante memorial remitido al proceso ordinario en mención el 25
de agosto de 2023, los aquí accionantes presentaron solicitud de
coadyuvancia a las pretensiones de nulidad del Acuerdo 56 de 10 de
marzo de 2022. Posterior a ello, por auto de 26 de septiembre de 2023,
el despacho de conocimiento del proceso ordinario en cita decidió
inadmitir la demanda. Aquel se encuentra al despacho para proveer sobre
la admisión desde el 14 de noviembre del presente año.

3.3. ANÁLISIS DE LA SALA

3.3.1. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de
tutela solo es procedente cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. A partir de dicha norma, el artículo 6°
del Decreto 2591 de 1991 prevé como causal de improcedencia de la
acción de amparo la existencia de otros medios de defensa judicial.

A su turno, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que,
por regla general, la acción de tutela no procede para controvertir la
validez ni la legalidad de los actos administrativos, en razón a que, la
naturaleza residual y subsidiaria de este mecanismo constitucional
impone al ciudadano la carga razonable de acudir previamente, a través
de los respectivos medios de control, ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, con el fin de solucionar los conflictos con la administración
y proteger los derechos de las personas4.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha establecido que la acción de
tutela no procede como mecanismo principal para la protección de
derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con
ocasión de la expedición de actos administrativos, salvo que se utilice
como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable5.

4
Corte Constitucional, sentencia T–260 de 2018 (M.P. Alejandro Linares Cantillo).
5
Corte Constitucional, sentencia T–332 de 2018 (M.P. Diana Fajardo Rivera).
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Sobre el requisito de subsidiariedad y la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra acto administrativo, el alto tribunal constitucional
recientemente sostuvo lo siguiente:

“[…] 45. Así, esta corporación ha reiterado que el estudio de procedencia de la acción de
tutela, cuando el actor pretende controvertir un acto administrativo, debe considerar que
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA–
consagró mecanismos de autotutela y los medios de control de nulidad y de nulidad y
restablecimiento del derecho, para el efecto. En este contexto, la jurisprudencia
constitucional ha definido, por regla general, la improcedencia de la tutela para
controvertir actos administrativos en atención a: (i) la existencia de mecanismos de
autotutela; (ii) la existencia de medios judiciales ordinarios establecidos para controvertir
las actuaciones de la administración en el ordenamiento jurídico; (ii) la presunción de
legalidad que las reviste; y (iii) la posibilidad de que, a través de las medidas cautelares o
provisionales, se adopten remedios idóneos y eficaces de protección de los derechos en
ejercicio de los mecanismos ordinarios.

[…] 55. Así, esta corporación ha señalado que la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo cuenta en la actualidad con las herramientas necesarias para
garantizar la protección de los derechos fundamentales de forma igual o superior
al de la acción de tutela, por parte de los jueces especializados en los asuntos del
contencioso administrativo y también encargados de la protección de los
derechos fundamentales. Pero esto no significa la improcedencia ni automática ni
absoluta de la acción constitucional de protección subsidiaria de derechos fundamentales,
ya que los jueces de tutela tienen la obligación de determinar, de conformidad
con el artículo 6° del Decreto Ley 2591 de 1991, la idoneidad y la eficacia -en
concreto- de los otros medios de defensa judicial atendiendo a las circunstancias
particulares del solicitante. Específicamente se debe considerar: (i) el contenido
de la pretensión y (ii) las condiciones de los sujetos involucrados.

56. De esta manera, acorde con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, pese a la
existencia de mecanismos ordinarios de defensa judicial, la acción de tutela puede ser
procedente como mecanismo definitivo si el otro mecanismo judicial no es idóneo y/o
eficaz para el caso concreto, o como mecanismo transitorio cuando sea necesaria la
actuación del juez de tutela para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable. De conformidad con los parámetros de subsidiariedad en materia de acción
de tutela en contra de actos administrativos […]6”. (Resaltados de la Sala).

Finalmente, en cuanto a la posibilidad de presentar acción de tutela contra
actos administrativos expedidos en desarrollo de un concurso de méritos
para proveer cargos de carrera, la Corte delimitó algunas reglas para su
procedencia excepcional en el siguiente sentido:

“[…] En virtud de lo anterior, esta corporación ha manifestado que la acción de tutela no
es, en principio, el medio adecuado para reclamar la protección de los derechos
fundamentales cuando estos resultan infringidos por la expedición de un acto
administrativo. Dicha postura ha dado lugar a una línea jurisprudencial pacífica y reiterada.
Su fundamento se encuentra en el hecho de que el legislador ha dispuesto los medios de
control de la Ley 1437 de 2011 como los instrumentos procesales para demandar el control
judicial de los actos administrativos.

[…]

95. Esta regla general ha sido igualmente acogida en el ámbito de los concursos de
méritos. Al respecto, esta corporación ha manifestado que el juez de lo contencioso
administrativo es la autoridad llamada a juzgar las violaciones de los derechos
fundamentales que ocurran en este tipo de actuaciones administrativas. Al
respecto, ha manifestado que «por regla general, […] es improcedente la acción de tutela

6
Corte Constitucional, sentencia T-149 de 2023 (M.P. Alejandro Linares Cantillo).
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que pretenda controvertir los actos proferidos por las autoridades administrativas que se
expidan con ocasión de un concurso de méritos, pues para ello se han previsto otros
instrumentos judiciales como lo dispone el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011». La
posibilidad de emplear las medidas cautelares, «que pueden ser de naturaleza preventiva,
conservativa, anticipativa o de suspensión», demuestra que tales acciones «constituyen
verdaderos mecanismos de protección, ante los efectos adversos de los actos
administrativos».

96. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha instaurado tres excepciones
a la regla general de improcedencia de la acción de tutela, en el campo específico
de los concursos de mérito. Los actos administrativos que se dicten en el curso de estas
actuaciones administrativas podrán ser demandados por esta vía cuando se presente
alguno de los siguientes supuestos: i) inexistencia de un mecanismo judicial que
permita demandar la protección del derecho fundamental
infringido, ii) configuración de un perjuicio irremediable y iii) planteamiento de
un problema constitucional que desborde el marco de competencias del juez
administrativo.”7 (Resaltados de la Sala).

Sumado a lo anterior, esta Sala encuentra preciso recordar que “cuando se
alega perjuicio irremediable, la jurisprudencia constitucional ha señalado
que en general quien afirma una vulneración de sus derechos
fundamentales con estas características debe acompañar su afirmación de
alguna prueba, al menos sumaria, pues la informalidad de la acción de
tutela no exonera al actor de probar, aunque sea de manera sumaria, los
hechos en los que basa sus pretensiones”8.

Con todo, para advertir la configuración del perjuicio irremediable se exige
verificar: “(i) una afectación inminente del derecho -elemento temporal
respecto del daño; (ii) la urgencia de las medidas para remediar o prevenir
el perjuicio irremediable; (iii) la gravedad del perjuicio -grado o impacto de
la afectación del derecho-; y (iv) el carácter impostergable de las medidas
para la efectiva protección de las garantías fundamentales en riesgo”9.

3.3.2. Descendiendo al caso concreto, valga señalar en primer lugar que,
pese a que en una instancia anterior se consideró que parte del debate
propuesto por los accionantes se centró en la mora judicial de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, razón por la cual el conocimiento del
asunto corresponde a esta corporación, lo cierto es que, en la presente
oportunidad, la parte actora precisó que no planteó acusación constitucional
contra las actuaciones adelantadas por esa autoridad judicial. Con todo, a
efectos de privilegiar el acceso a la administración de justicia y en aplicación

7
Corte Constitucional, sentencia SU-067 de 2022 (M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera).
8
Corte Constitucional, sentencia T-127 de 2014 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
9
Corte Constitucional, sentencia T–789 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
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del principio de celeridad que caracteriza a la acción de tutela, esta Sala
encuentra procedente pronunciarse respecto de los demás argumentos
presentados por los actores, los cuales se definirán a continuación.

En el asunto de la referencia, la parte actora pretende que, como
mecanismo transitorio, se conceda el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad, los cuales consideró
vulnerados con ocasión de la expedición del Acuerdo 56 de 10 de marzo de
2022, a través del cual la CNSC estableció las reglas para proveer los cargos
de carrera de la UARIV en el proceso de selección número 2244 de 2022,
en síntesis porque: i) el acto administrativo habría inobservado el inciso 2°
del parágrafo del artículo 170 de la Ley 1448 de 2011, el cual exige
adelantar una “convocatoria especial” para proveer los empleos de carrera
de la UARIV, y en tanto que ii) no se consideró ni se informó a los
participantes sobre la naturaleza transitoria de la entidad empleadora, con
lo cual, se equiparó equivocadamente a esa autoridad con otras de orden
nacional con carácter permanente.

Adicionalmente, los accionantes y terceros afirmaron que el carácter
especial de la convocatoria no se consideró, pues en las pruebas de
conocimiento celebradas el 15 de octubre del presente año, la CNSC no
formuló preguntas cuyos temas y subtemas correspondan a las materias
de conocimiento de la UARIV, tales como justicia transicional, atención a la
población víctima del conflicto armado, entre otras.

Al respecto, corresponde a esta Sala analizar primeramente la posible
configuración de los supuestos para la procedencia excepcional de la acción
de tutela contra acto administrativo en el campo especifico de los concursos
de mérito, los cuales corresponden a los siguientes eventos:
i) inexistencia de un mecanismo judicial que permita demandar la
protección del derecho fundamental infringido, ii) configuración de
un perjuicio irremediable y iii) planteamiento de un problema
constitucional que desborde el marco de competencias del juez
administrativo.

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Sobre el particular, la Sala encuentra ausentes todos los posibles supuestos
que darían lugar a la procedencia de la solicitud de amparo de la referencia,
tal como pasará a explicarse a continuación:

i) En relación con el primero de los eventos, se advierte que los actores sí
cuentan con un mecanismo judicial que permite la garantía y protección de
los derechos fundamentales invocados, esto es, el medio de control de
nulidad simple contra el acto administrativo que se acusa de transgredir
tales garantías constitucionales, el cual, como se advierte de las piezas
documentales aportadas en este proceso, fue instaurado por el
SINTRAUARIV con la participación de los aquí accionantes en calidad de
coadyuvantes.

El proceso ordinario originado por esta demanda se encuentra vigente y en
conocimiento de esta corporación10, estando pendiente el pronunciamiento
del Magistrado ponente sobre la admisibilidad de la demanda, después de
haber sido inadmitida y subsanada por la parte actora.

Adicionalmente, la Sala resalta que el mecanismo ordinario a disposición es
idóneo y eficaz para obtener lo pretendido en esta instancia constitucional,
a saber, la garantía del debido proceso e igualdad, y la eventual suspensión
del proceso de selección, en la medida que la jurisdicción de lo contencioso
administrativo cuenta con un procedimiento provisto de herramientas que,
tal como lo ha explicado el alto tribunal constitucional, constituyen el
escenario natural para la reivindicación de los derechos fundamentales
conculcados con ocasión de las decisiones de la administración, pues “[…]
Allí, los interesados pueden reclamar no solo el control de legalidad
correspondiente, sino, además, el restablecimiento de los derechos
fundamentales que hayan sido vulnerados […]”.

Lo anterior asume mayor relevancia si se considerara que, con la
demanda promovida por SINTRAUARIV y coadyuvada por los aquí
accionantes, se presentó solicitud de suspensión provisional del Acuerdo
56 de 10 de marzo de 2022, lo cual permitiría prevenir la consumación de

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Consejero de Estado a cargo: Jorge Iván Duque Gutiérrez (E).
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una eventual lesión a las garantías mientras se surte la causa judicial, y
así, la medida cautelar se alzaría también como una herramienta con
suficiente idoneidad para la protección de los derechos fundamentales
invocados en esta instancia, lo que a su vez reduce considerablemente la
necesidad y urgencia de un pronunciamiento por parte del juez
constitucional.

En suma, la Sala estima que el mecanismo ordinario judicial disponible
conseguiría, siempre que haya lugar a ello, satisfacer con suficiencia las
pretensiones formuladas en este trámite de tutela, las cuales se encuentran
encaminadas a obtener la suspensión de las diligencias que se adelantan
con ocasión del Acuerdo 56 de 10 de marzo de 2022, así como la revocación
y corrección de dicho acto, pues el principal reparo de los actores en esta
instancia se ciñe a una discusión de tipo legal que puede sintetizarse
alrededor de la eventual nulidad de un acto administrativo que habría sido
expedido al margen de una norma en que debió fundarse.

De otro lado, los accionantes aducen que la tardanza en el proceso
ordinario disminuye la eficacia de la solicitud de medida cautelar que se
discute en el proceso de nulidad, puesto que, a la fecha no ha sido dictada
la decisión sobre la admisión de la demanda; no obstante, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha explicado que “el transcurso
del tiempo o la posible mora en el trámite de un proceso judicial
no es argumento suficiente para desvirtuar la eficacia del
mecanismo ordinario. Sin embargo, en algunos casos y bajo ciertas
condiciones ese factor puede convertirse en un criterio definitorio,
especialmente en tratándose de personas de la tercera edad o en
un estado de debilidad manifiesta que vean seriamente afectado
su mínimo vital o su subsistencia, ante lo cual se justifica la adopción
de una medida transitoria”11.

A lo anterior debe agregarse que, en el caso que le compete a esta Sala,
las condiciones para considerar la mora judicial como criterio definitorio
para la procedencia excepcional de la acción de tutela no se hallan

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Corte Constitucional, sentencia T–005 de 13 de enero de 2014 (M.P. Mauricio González Cuervo).
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presentes, en la medida que no se trata de personas de la tercera edad o
en estado de debilidad manifiesta, así como tampoco se discute la
afectación al mínimo vital o subsistencia de los actores.

ii) Sobre el segundo supuesto relacionado con la configuración del perjuicio
irremediable, si bien los accionantes en su demanda afirmaron que “[…] El
perjuicio se constituye en el tiempo cercano, porque, se reitera, la prueba
de conocimientos está prevista para el 15 de octubre de 2023 y hasta la
fecha de radicación de este mecanismo las condiciones están dadas para
que éstas sean realizadas efectivamente en clara vulneración del debido
proceso y derecho a la igualdad”, lo dicho no resulta suficiente para
entender acreditada la inminencia y gravedad de la supuesta
transgresión de los derechos y los efectos reales nocivos que surgen como
resultado de la expedición del acto administrativo que justifiquen la
intervención impostergable del juez constitucional, máxime si se tiene en
cuenta que los actores no aportaron prueba, si quiera sumaria, que permita
concluir que ellos es así. Además, las pruebas de conocimiento que los
actores pretenden que fuesen suspendidas, ya se llevaron a cabo, y en todo
caso, a la fecha no hay una decisión definitiva de la administración en
cuanto a la elección de los participantes para proveer los cargos de la
UARIV, pues el proceso de selección se encuentra en curso.

De lo que da cuenta la solicitud de amparo es de una discusión meramente
legal que se contrae a poner de presente que el Acuerdo 56 no incluyó como
fundamento de derecho el inciso 2° del parágrafo del artículo 170 de la Ley
1448 de 2011 que prevé un criterio de especialidad para llevar a cabo la
convocatoria de aprovisionamiento de los cargos, lo cual, como se advirtió
con anterioridad, puede traducirse en una controversia netamente
relacionada con la legalidad del acto administrativo que fijó las reglas para
la convocatoria de empleos definitivos en la UARIV. De modo que, tampoco
resulta palpable la urgencia e impostergabilidad de la adopción de medidas
constitucionales para la protección de las garantías fundamentales
invocadas por los actores. Por lo tanto, no resulta procedente el ejercicio de
la acción de tutela como mecanismo transitorio.

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iii) Finalmente, en lo que corresponde al tercer supuesto que exige que se
trate de un problema constitucional que desborde el marco de competencias
del juez administrativo, para esta Sala es claro que la discusión propuesta
por los actores va más en línea a cuestionar la legalidad del Acuerdo 56 de
marzo 10 de 2022, que a incitar un análisis exclusivamente constitucional
que no pueda ser planteado de ninguna forma por el juez ordinario. Por tal
razón, bajo este criterio y los demás que han sido analizados por esta Sala,
tampoco resulta posible la procedencia de la acción de tutela contra acto
administrativo expedido en el desarrollo de un concurso de méritos.

3.4. Conclusión

De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que la presente solicitud
de amparo resulta improcedente en la medida que los actores cuentan
con un mecanismo judicial ordinario idóneo y eficaz, con el cual pueden
obtener, si es del caso, la garantía y protección de los derechos
fundamentales invocados, así como las demás pretensiones formuladas
en este trámite.

Tampoco resultó dable afirmar que la acción proceda como mecanismo
transitorio, pues lo dicho por los accionantes y las pruebas aportadas no
resultan suficientes para acreditar el acaecimiento de un perjuicio
irremediable que deba precaverse con la adopción de medidas dictadas
de manera especial y exclusiva por el juez constitucional.

En consecuencia, en el presente caso, la Sala declarará la improcedencia
de la acción de tutela de la referencia, por ausencia del requisito general
de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela de la
referencia.
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SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si ella no es impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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