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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06296-01

Fecha
19 de abril de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06296-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la providencia del veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024), que dictó la Sección Primera del Consejo de Estado, en la cual declaró improcedente el amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. ACEPTAR, en calidad de coadyuvantes de los accionantes, a los intervinientes que presentaron solicitudes en este trámite. 40 “El hecho sobreviniente remite a cualquier otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío”. Corte Constitucional. Sentencia SU-522 de 2019. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 13 www.consejodeestado.gov.co Radicado:11001-03-15-000-2023-06296-01 Accionante: Karen Johanna Ibarra Arcos y otros TERCERO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. CUARTO. ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-06296-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

19 de abril de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06296-01
Accionante: Karen Johanna Ibarra Arcos y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C, diecinueve (19) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 11001-03-15-000-2023-06296-01
Accionante: Karen Johanna Ibarra Arcos y otros
Accionado: Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC-
Vinculados: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas (UARIV) y la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela

Tema: Acción de tutela contra actos administrativos proferidos en el marco de un concurso de
méritos - Acuerdo de convocatoria.
Subtema 1: Requisitos generales de procedencia – subsidiariedad-. Naturaleza del acto
administrativo – carácter general, abstracto e impersonal.
Subtema 2: Reglas de excepción para la procedencia de la tutela en concursos de méritos.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación que presentaron los accionantes y coadyuvantes, en
contra la sentencia que profirió la Sección Primera del Consejo de Estado el
veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024).

I. ANTECEDENTES

1.1. Hechos probados

1.1.1. La CNSC expidió el Acuerdo número 56 del 10 de marzo de 2022 1 “Por el
cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección, en las
modalidades de Ascenso y Abierto, para proveer empleos en vacancia definitiva
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de
personal de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS – Proceso de Selección de Entidades
del Orden Nacional No. 2244 de 2022”, y dentro de sus disposiciones generales,
específicamente en el artículo 5°, determinó que el proceso de selección se regiría
por la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios, así como por lo dispuesto en
el Acuerdo, en su Anexo, y demás normas concordantes.

El parágrafo del artículo 1° del Acuerdo consignó que del mismo hacía parte integral
el Anexo de especificaciones técnicas, de modo que según el artículo 31, numeral
1° de la Ley 909 de 2004, tanto el Acuerdo como el Anexo eran normas reguladoras
del proceso de selección, que obligaban a la UARIV, a la CNSC, a la Institución de
Educación Superior, y a los participantes inscritos.

1 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificado
12080A2F174B9A26 4E749039D8D51460 ABE4EB87E1D19018 FF49E88C5E7CC456, ubicado en
el índice 02.
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1.1.2. En concreto, el Anexo2 que emitió la CNSC3, integró los Acuerdos del Proceso
de Selección de Entidades del Orden Nacional número 2244 y estableció las
especificaciones de carácter técnico que serían tenidas en cuenta en las etapas del
Proceso de Selección, con el fin de garantizar la provisión de los empleos de carrera
administrativa que se encontraban en vacancia definitiva, y que pertenecían al
sistema general de carrera administrativa de las plantas de personal.

1.1.3. El Sindicato Nacional de Servidores Públicos de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral de las Víctimas – SINTRAUARIV- radicó demanda, el 9 de
junio de dos mil veintidós 2022, en ejercicio el medio de control de simple
nulidad4, en contra de la CNSC, con el objeto de que el juez contencioso-
administrativo declarara la nulidad del Acuerdo 056.

Consideró que el Acuerdo era un acto administrativo de carácter general, y que la
CNSC, al expedirlo, infringió las normas en las cuales debió fundarse, en particular
la Ley 1448 de 2011 y el artículo 125 de la Constitución Política, por cuanto
desconoció que el procedimiento que debió surtir la convocatoria para la provisión
de empleos de la UARIV, fue uno de carácter especial, y no el genérico que resulta
aplicable a las demás entidades integrantes del Proceso de Selección de Entidades
del Orden Nacional. De ahí que, el acto administrativo demandado debía declararse
nulo por haber infringido el principio constitucional de legalidad.

Pidió como medida provisional la suspensión de los efectos del Acuerdo 056, hasta
la emisión de una decisión de fondo en sede de legalidad, con el fin de truncar la
creación de expectativas legítimas que hagan nugatorios los efectos de la sentencia,
una vez se surtan las etapas que están previstas para los procesos de selección.

1.1.4. El veintitrés (23) de agosto de dos mil veintitrés (2023), los accionantes
solicitaron se les reconociera como coadyuvantes5 en el medio de control de nulidad
simple, por lo cual se adhirieron a los hechos y a las pretensiones que fueron objeto
de la demanda, y adicionaron que la CNSC aplicó la Ley 909 de 2004 en oposición
a la normativa especial contenida en la Ley 1448 de 2011, que además es posterior
a la Ley 909 de 2004, por lo que la nulidad del acto objeto de la acción devenía de
la infracción en las normas en las cuales se fundó – lo cual transgredió los artículos
13 y 125 de la Constitución Política, atinentes al principio al mérito y al derecho a la
igualdad-. Expresaron que la CNSC incurrió en una interpretación equívoca del
artículo 170 de la Ley 1448 de 2011, e insistieron en el decreto de la medida cautelar
de suspensión de la convocatoria de la UARIV.

1.1.5. La demanda de nulidad simple fue repartida el 9 de agosto de 2022, bajo el
radicado número 11001-03-25-000-2022-00392-00 (4112-2022), a la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, autoridad que la inadmitió6 el 26 de
septiembre de 2023, ya que, según precisó, no existía justificación para el decreto

2 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificado
12080A2F174B9A26 4E749039D8D51460 ABE4EB87E1D19018 FF49E88C5E7CC456, ubicado en
el índice 02.
3 Modificado parcialmente por el Acuerdo número 347 del 8 de junio de 2022.
4 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificado

12080A2F174B9A26 4E749039D8D51460 ABE4EB87E1D19018 FF49E88C5E7CC456, ubicado en
el índice 02.
5 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificado

34BF0D926BB3B7C2 309E787CC27B2AB3 B00873A855F89367 260A5FC2892AEB1B, ubicado en
el índice 02.
6 Extraído del expediente ordinario de nulidad simple tramitado al radicado número 11001-03-25-

000-2022-00392-00 (4112-2022) que obra en SAMAÍ, en el índice 13. Esta providencia fue notificada
el 13 de octubre de 2023, según obra en el expediente ibidem, índices 17 y 18.
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de una medida cautelar previa que era la única que revelaba a la parte de enviar la
demanda y sus anexos en copia a la parte demandada, por lo que debía hacerlo,
así como también quienes pidieron ser tenidos como coadyuvantes, con respecto a
la CNSC. Requirió al demandante para que acreditara la existencia y representación
legal de SINTRAUARIV.
1.2. Solicitud de tutela, pretensiones y argumentos

Karen Johanna Ibarra Arcos y otras personas7, en nombre propio y como
participantes inscritos en el Proceso de Selección de Entidades del Orden Nacional
número 2244 de 2022, presentaron escrito de tutela8 en contra de la Comisión
Nacional del Servicio Civil (en adelante CNSC), con las pretensiones de que el juez
constitucional amparara transitoriamente sus derechos fundamentales a la igualdad
y al debido proceso, y, en consecuencia, ordenara la suspensión de la prueba de
conocimientos que tendría lugar el 15 de octubre de 2023 dentro de la mencionada
convocatoria y la revocación y la corrección del Acuerdo número 056 del 10 de
marzo de 2022, y del Anexo que estableció las especificaciones técnicas.

Pidieron, como medida provisional, la suspensión del proceso de selección en lo
atinente a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV-, y
cualquier otra etapa constitutiva de vulneración para sus derechos fundamentales.
Como fundamento de sus pretensiones, y, en lo que respecta a la vulneración al
debido proceso, la parte tutelante protestó que la CNSC inaplicó las reglas
especiales que rigen la convocatoria del orden nacional, ya que el Acuerdo número
56, en su artículo 5°, estuvo soportado en la Ley 909 de 2004 que regula la carrera
administrativa para los empleados públicos del sector defensa y, en sus decretos
reglamentarios, cuando, por la naturaleza del asunto la normativa que debió
emplearse fue el parágrafo del artículo 170 de la Ley 1448 de 2011; en tanto, esta
ley fue creada con la finalidad de constituir y regular todo un entramado jurídico
materializado en un esquema institucional que garantice la protección de los
derechos de la víctimas.

De ahí que, el objetivo por el cual fue creada la UARIV, hace exigible predicar una
especialidad del procedimiento a través del cual se surte la convocatoria que, así
planteado, conlleva no solo a un desconocimiento de normas de rango legal, sino
constitucional, al tratarse de fuentes de la justicia transicional.

Agregó que el artículo 170 de la Ley 1448 de 2011 es posterior y especial frente a
la Ley 909 del 2004, por lo que prima su aplicación en atención a lo dispuesto en el

7 César Augusto Marín Cárdenas, Martha Anaceth Guzmán González, Héctor Ricardo Daniel
Ramírez, María Carolina Sanabria Farfán, Alejandro Iván Pérez Rodríguez, Tatiana Elizabeth
Hernández Cuervo, Sandra Viviana Arévalo Espinosa, Emma Mercedes Villamizar Carvajal, Jaime
Alberto Canaval González, Aida Joanne Solano Espinosa, Margarita Rosa Durán Guerrero, Diana
Ximena Cely Acevedo, Elmer Augusto Patiño Vargas, Lorena Esperanza Salazar Montes, Miguel
Orlando Guerra Ortiz, Gina María Torres Nieto, Lina Costanza Camargo Pérez, Carmen Adriana
Ibarra Jaimes, Alix Liliana Adame Araque, Jennifer Carvajal Campos, Fabián Eduardo Gutiérrez
Ortiz, Jonathan Forero Mora, María Claudia García Gámez, Edward Heiler Giraldo Carvajal, Luz
Carime Cepeda Díaz, Saúl Eduardo Hernández Garzón, Etna Lucía Balaguera Rincón, Pedro Raúl
Medina Cristancho, Jaime Andrés Molina Cano, Violeta Echeverry Cuéllar, Francisco Alexander
Atehortúa Pino, Diana Alejandra Ibáñez Ahumada, Yolman Hernán Osorio Solano, Yohanna
Elizabeth Mora Vargas, Ivonne Pardo Santibañez, Anna Yiber Orduña Holguín, Diego Yesid Silva
Gualteros, Luisa Fernanda Castelblanco Burbano, Claudia Yolanda Aristizábal Gil, Diana Carolina
Sandoval Riscanevo, Iván Darío Chaparro Torres, Madga Piedad Mesa Díaz, María Alejandra
Astaiza Muñoz, y Loly Catalina Van Lenden Del Río.
8 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificado

4019944F36DB554F 98B3EBA64939B561 1BFE82C13449DA73 35D9B5812E8CEE95, ubicado en
el índice 02.
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artículo 2 de la Ley 153 de 1887; que la inaplicación de la normativa especial quedó
definida desde el acto administrativo de convocatoria; que se debió informales a los
convocantes que la normativa tenía una vigencia determinada y la potencialidad de
afectar la estabilidad en el empleo, la permanencia en el servicio y la evaluación de
desempeño; y que, el CNSC omitió explicar el entendimiento que le dio al postulado
de la especialidad y la aplicación que le daría en el marco de la convocatoria.

Por su parte, en lo atinente a la igualdad, consideró que la vulneración constitucional
quedó definida, nuevamente, por la aplicación de la normativa general en vez de la
especial, lo que dio lugar a que el CNSC realizara una diferenciación que no efectuó
el Legislador – derecho a la igualdad en su dimensión de discriminación positiva-,
y, por tanto, sin una justificación constitucional admisible, pues pasó por alto las
diferencias existentes en cuanto a la naturaleza jurídica de la UARIV, comparada
con las demás entidades del orden nacional, partes en la convocatoria 2244.

1.3. Trámite en primera instancia e intervenciones

1.3.1. El asunto correspondió al Juzgado 17 de Familia de Bogotá, quien admitió la
tutela y le impartió el trámite correspondiente. No obstante, la Sala de Familia del
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá declaró la nulidad de todo lo
actuado, a partir del auto del 5) de septiembre de 2023, y remitió la demanda al
Consejo de Estado9.

1.3.2. La Sección Primera de esta Corporación admitió el escrito de tutela el 19 de
octubre de 202310, ordenó notificar a la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, a la CNSC y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas, vinculó como terceros a todas las personas integrantes del Proceso
de Selección convocado mediante el Acuerdo 56, tuvo como pruebas las aportadas
y le solicitó a la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, que
allegara el expediente tramitado al radicado 11001-03-25-000-2022-00392-00.

1.3.3. La CNSC11 solicitó la declaratoria de improcedencia del amparo por faltar al
requisito de subsidiariedad, aun como mecanismo transitorio de protección, por
cuanto no están satisfechos los presupuestos exigidos para la configuración del
perjuicio irremediable. Subsidiariamente, pidió la negación del amparo. Adujo que
el Proceso de Selección Entidades del Orden Nacional estaba en ejecución,
comoquiera que el 15 de octubre de 2023 había tenido lugar la aplicación de
pruebas escritas para los aspirantes, y el veinticuatro (24) del mismo mes y año se
surtió la publicación de los resultados, y defendió la legalidad del procedimiento.

1.3.4. El Consejero Ponente de la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado12 explicó que aun cuando la tutela no iba dirigida en contra de
la autoridad judicial, lo cierto es que ha impartido trámite a la demanda de simple
nulidad y está pendiente de proferir la decisión una vez retorne el expediente al

9 El trámite surtido ante el Juzgado 17 de Familia y el Tribunal Superior de Distrito Judicial, extraído

del expediente radicado al número 110013110017-2023-00670-00, consultado en el enlace
JUZGADO 17 DE FAMILIA - Tribunal - Todos los documentos (sharepoint.com).
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3101A02D093AF579 DD93D74C3DF98432 1FA19F721C736853 8F02AFF28B8BF719, ubicado en
el índice 06.
11 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificado

DEA64251019D2CCF A14E767E52DB1369 9CC1F2195D25AB14 D142D1E331E0E1EB, ubicado
en el índice 010.
12 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificado

42B1790EC790C01A E0DFDE136F7D73CC 966B630CD6581AA8 89318AFD2EEB64FD, ubicado
en el índice 013.
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despacho, pues ya se surtió en debida forma la notificación del auto del 26 de
septiembre de 2023.

1.3.5. En el expediente obran múltiples memoriales de intervención suscritos por
personas que adujeron tener interés en las resultas del proceso, y solicitaron ser
tenidos en cuenta como coadyuvantes13, quienes, en términos generales: (i) se
ratificaron en que la UARIV y la CNSC emplearon normas genéricas para el proceso
de selección al igual que con las otras ocho entidades del Orden Nacional, en
desconocimiento de la especialidad del trámite; (ii) aclararon que el objeto de la
tutela no involucraba un asunto de mora judicial; y (iii) expresaron que la CNSC y la
UARIV infringieron varios principios constitucionales de la función administrativa,
como la moralidad y la transparencia. Pidieron el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad, y, en consecuencia, que el juez
constitucional le ordenara a la CNSC revocar y corregir el Acuerdo número 56 y su
anexo.

No obstante, algunas de estas revelaron que la prueba de conocimientos que tuvo
lugar el 15 de octubre de 2023 no respetó la especialidad en cuanto a los ejes
temáticos y, en forma contrapuesta a las otras intervenciones, expresaron que la
mora en el trámite de la acción de simple nulidad era constitutivo de una vulneración
de los derechos fundamentales al acceso al cargo público, a la seguridad jurídica,
a la confianza legítima y al acceso a la administración de justicia.

Solicitaron, además de ser tenidos como coadyuvantes, la suspensión del trámite
de la convocatoria hasta tanto el Consejo de Estado emitiera pronunciamiento de
fondo sobre la acción de simple nulidad, y que el juez constitucional resolviera si,
en efecto, el Acuerdo número 56 tiene la naturaleza de convocatoria especial y, de
ser así, le informara lo pertinente a los interesados, con la especificación de en qué
difería con relación a las demás entidades que hacen parte del concurso.

1.3.6. Los accionantes radicaron memorial14 en el cual precisaron que el objeto de
su amparo eran las acciones y omisiones de la CNSC y de la UARIV en el proceso
de méritos, y no alguna actuación adelantada por el Consejo de Estado.

1.3.7. La UARIV no intervino en el presente trámite, a pesar de haber sido notificada
en debida forma15.

1.3.8. La Sección Primera del Consejo de Estado negó la medida provisional 16
porque según indicó la tardanza de esta Corporación en resolver sobre la admisión
de la solicitud de amparo, no genera, per se, una la vulneración o amenaza para los
derechos fundamentales. Indicó que el examen sobre la afectación iusfundamental
exigiría un rigor que solo podía valorar el juez al momento de proferir la decisión de
fondo.

13 Los documentos contentivos de las intervenciones obran, entre otros, en los índices 14 a 16, 19,

20-47, 49 a 87 y subsiguientes del expediente digital de tutela de primera instancia.
14 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificado

23AD8570DEA18974 0E73604135D85302 13D092324A35E3AE 20B486BBFE49A0E8, ubicado en
el índice 075.
15 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificado

971CB44B3CCDADF9 3AD8C6708053B0F8 0AA013C43ACF9305 CB32B967A2923B1B, ubicado
en el índice 09.
16 Auto del 22 de noviembre de 2023, contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia

con certificado A4F4027F450AB4A7 6539B2683C6A041D C9529654F60E81FD
770C6DF36FA2F3FC, ubicado en el índice 93.
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1.4. Sentencia de tutela de primera instancia17

La Sección Primera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción
de tutela porque encontró insatisfecho el requisito de subsidiariedad a partir de las
reglas jurisprudenciales que fijó esta Corporación en torno a la procedencia del
mecanismo constitucional contra actos administrativos expedidos en vigencia de
concursos de méritos.

Precisó que, aun cuando en una instancia anterior se integró al debate
iusfundamental la moral judicial que se le atribuyó a la Sección Segunda del Consejo
de Estado, la parte actora lo excluyó de la discusión, por cuanto aclaró que no acusó
las actuaciones de la autoridad judicial, de manera que concentraría su providencia
en resolver los restantes cargos.

Bajo tales derroteros, consideró que los accionantes contaban con el medio de
control de nulidad simple para discutir la legalidad del acto administrativo sobre el
cual fundamentan su solicitud de amparo, que ya instauró el SINTRAUARIV, y en el
que los accionantes intervinieron como coadyuvantes. Destacó que, en dicho
trámite, fue presentada solicitud de suspensión provisional del Acuerdo número 56,
lo cual justificaba la efectividad de la protección de las garantías constitucionales y,
en contrasentido, aminoraba la necesidad de una intervención urgente y necesaria
por el juez constitucional.

Adicionalmente, concretó que todas las pretensiones de la acción de tutela, y los
reparos sobre los que se fundan, quedan comprendidos y pueden satisfacerse con
el medio de control de simple nulidad, y que la mora de la admisión de la demanda
ordinaria no hace procedente la tutela, con un carácter excepcional, ya que el asunto
no involucra personas de la tercera edad, en estado de debilidad manifiesta, ni se
discute la afectación al mínimo vital o a la subsistencia.

Analizó y descartó la configuración de un perjuicio irremediable, por cuanto del dicho
de la parte relativo a que la práctica de la prueba de conocimientos tendría lugar el
15 de octubre de 2023, no acredita ni la inminencia ni la gravedad de la vulneración
constitucional, y, por consiguiente, no habilita que el juez constitucional intervenga
de forma impostergable. En todo caso, advirtió que las pruebas que la parte actora
pretendía no fueran realizadas, ya se surtieron, y que la administración no ha
decidido sobre la provisión de los cargos.

Por último, determinó que la subsunción de los cargos de la acción de tutela, en la
órbita de competencia del juez ordinario, hacían improcedente conceder el amparo
como un mecanismo transitorio, precisamente porque la controversia se ciñe a una
discusión meramente legal que no implica un análisis constitucional que no pueda
abarcarse en el proceso de nulidad simple.

1.5. Impugnación

1.5.1. Los recurrentes18 pidieron la revisión integral del expediente constitucional y
la revocación del fallo de tutela de primera instancia para, en su lugar, decidir de

17 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificado
5339D732ADA97953 998A8FA6B8257EFD EAA3EECCECC3EAF0 7FBE24F0908D2787, ubicado
en el índice 099.
18 Documentos contenidos en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificados

FEF0D9F28312BCF3 9207752A168EB1F3 8A533196FFF33C7D 21AFCDB40DB217BD, ubicado
en el índice 107, 0F11694645DA47D2 9004D0074D13AE76 0B1E10B99B0B356F
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fondo la controversia. Cuestionaron que se haya declarado la improcedencia del
amparo bajo el argumento de que existía otro medio de defensa judicial, pese a que
no ha sido calificado en la demanda; y, cuestionaron, por un lado, la demora en el
trámite de tutela, lo cual dotaba al asunto de relevancia constitucional y, por otro
lado, la exigencia de prueba del perjuicio irremediable, que tildaron de ser
desbordada por cuanto la Sección Primera del Consejo de Estado no estableció cuál
fue el referente del perjuicio que analizó.

Se apartaron de la decisión del a-quo en cuanto les trasladó la carga de esperar
hasta la adopción de una decisión de fondo en el trámite de nulidad simple, cuya
demanda, no había sido resuelta, lo cual desvirtúa la eficacia del mecanismo
ordinario. Reprocharon la extemporaneidad con que la Sección Primera de esta
Corporación tramitó el asunto de la referencia y replicaron, in extenso, los hechos y
fundamentos de su escrito inicial.

1.5.2. La Sección Primera del Consejo de Estado, el 16 de febrero de 202419,
concedió la impugnación presentada por Yolman Hernán Osorio, Jaime Andrés
Molina, Fabián Eduardo Gutiérrez, Iván Darío Chaparro, Alix Liliana Adame, Lina
Camargo y Carmen Adriana Ibarra, y los terceros interesados Luis Arbey Gómez
Cabrera, Olga Rosmery Ahumada Castañeda y Álvaro Yovani Escobar Quintero, y
el expediente ingresó al despacho del ponente el 7 de marzo de 2024.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y en el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991.

2.2. Legitimación en la causa

Es preciso revisar si, en el caso sub judice, se encuentran superados todos los
requisitos de procedencia de la acción de tutela20.

2.2.1. En cuanto a la legitimación en la causa por activa, este requisito se
encuentra acreditado, en la medida en que los accionantes son titulares de los
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad que adujeron fueron
desconocidos, y actuaron en el presente asunto constitucional en nombre propio,
como lo dispone el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991. Al punto, la Sala precisa
que en el asunto de la referencia obraron múltiples escritos provenientes de
intervinientes, quienes pidieron ser tenidos como coadyuvantes.

2.2.2. En relación con la figura de la coadyuvancia el artículo 13 del Decreto 2591
de 1991 dispone que “quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso
podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad

95FD1E92EC493C27, índice 109 y 89359E15BDB91530 F5180102B160A2CD
A2BD5F5BC83C2066 9BD5ECFD5D3355EA, ubicado en el índice 113.
19 Auto que concedió recurso, contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia con

certificado 0A96C61ABDD15E45 4BBD33EDC7A3FB0C A119FBB085997869
149673FAC32F68CD, ubicado en el índice 115.
20 “[A]ntes de pronunciarse de fondo sobre el caso concreto, es deber del juez constitucional verificar

el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, a saber: (i) la
legitimación en la causa por activa y por pasiva, (ii) la inmediatez y la subsidiariedad” Corte
Constitucional, sentencia T-091 de 2018. Cfr. sentencias T-032 de 2020, T-123 de 2019, T-272 de
2017.
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pública contra quien se hubiera hecho la solicitud”.

Estas solicitudes, aun cuando fueron tenidas en cuenta por la Sección Primera del
Consejo de Estado, en el expediente no se revela que hubieren sido aceptadas
expresamente, lo que resulta procedente en esta instancia, comoquiera que la Sala
considera que hicieron manifiesto su interés legítimo en las resultas de este
proceso, porque desde la admisión de esta acción la Sección Primera de esta
Corporación vinculó, como terceros, a quienes hicieron parte del proceso de
selección que fue convocado mediante el Acuerdo número 56.

No obstante, por la calidad en la que actúan, su interés para hacer parte del
presente trámite está limitado a los reparos y a las pretensiones que sustentan la
acción, de manera que el pronunciamiento que emita la Sala en esta oportunidad,
no involucrará aquellos planteamientos y pedimentos que desborden el objeto de
la solicitud inicial21.

Ello es así, por cuanto esta Sala es respetuosa de los lineamientos que ha impartido
la Corte Constitucional, quien ha defendido que la figura de la coadyuvancia
propende por apoyar las reclamaciones del tutelante sin que pueda convertirse en
un nuevo escrito de tutela; lo cual, traído al trámite objeto de análisis, incidiría en el
derecho fundamental al debido proceso del que es titular la parte accionada, tal y
como en párrafos anteriores se precisó.

2.2.3. También está superada la legitimación en la causa por pasiva, en razón a
que la solicitud de amparo se digirió contra la CNSC, implicada en el concurso de
méritos para la provisión de empleos que es objeto de controversia, por cuanto
expidió el Acuerdo Número 56, dentro de la convocatoria número 2244 de 2022. La
UARIV, por su parte, funge como interesada, ya que la convocatoria versa sobre la
provisión de empleos de su planta de personal, y participó en la etapa de planeación
para la realización del proceso de selección.

De una lectura de la solicitud de amparo y del trámite impartido en primera instancia,
la Sala considera que el argumento principal y único NO lo constituyó la mora
judicial de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, sino el
trámite impartido al concurso de méritos. En consecuencia, la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado interviene como vinculada, no así como
accionada.

2.3. Procedencia de la acción

Ahora bien, en relación con el requisito de subsidiariedad, el artículo 6 del Decreto
2591 de 1991 determinó los eventos en los que la acción de tutela deviene
improcedente, entre estos: (i) la existencia de otros recursos o medios de defensa
judiciales -cuya existencia y eficacia debe ser apreciada en concreto-, salvo que la
tutela se utilice como un mecanismo transitorio con el fin de evitar la configuración
de un perjuicio irremediable; y (ii) cuando el amparo es interpuesto contra actos de
carácter abstracto, general e impersonal. Estos supuestos que, en palabras de la
Corte Constitucional, hacen improcedente el amparo, aun en el escenario de los
concursos de méritos.

La presente controversia está enmarcada en los supuestos normativos referidos, en
específico, en el segundo, comoquiera que las pretensiones de la solicitud están
dirigidas contra el Acuerdo número 56 del 10 de marzo de la misma anualidad -por
el cual se convocó y se establecieron las reglas del Proceso de Selección para la
21 Corte Constitucional. Sentencia SU-067 de 2022.

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provisión de los empleos en vacancia definitiva en la planta de personal de la
UARIV-.

Así las cosas, como la Corte Constitucional le ha exigido al juez que al analizar las
afectaciones derivadas de un concurso de méritos, determine la naturaleza de la
actuación constitutiva de la vulneración iusfundamental 22, la Sala sitúa al Acuerdo
número 56 -integrado con su Anexo-, como un acto administrativo de carácter
general, impersonal y abstracto que constituye el reglamento que gobierna el trámite
de la convocatoria, y, por tanto, adquiere una identidad propia que lo convierte en
individual y definitorio, con independencia de lo que ocurra en las fases posteriores
del procedimiento, como lo serían la realización de las pruebas y la conformación y
definición de la lista de elegibles23.

2.3.1. La Sala pone de presente que no serán objeto de análisis en esta instancian
argumentos que no hicieron parte del escrito de tutela, por cuanto, si se tuvieran en
cuenta, implicaría vulnerar el debido proceso de la parte accionada, quien solo tuvo
la oportunidad de pronunciarse respecto de los supuestos fácticos inicialmente
planteados. Por la misma razón, tampoco serán objeto de valoración las pruebas
aportadas por la misma parte en el curso de la segunda instancia, con el objeto de
acreditar un perjuicio irremediable, a partir de la no continuidad de los inscritos en
el proceso de selección24, y con relación a situaciones particulares.

En el caso bajo estudio, en principio, la acción de tutela de la referencia no sería
procedente para solicitar la revocación y la corrección del Acuerdo número 056 y
del anexo que estableció sus especificaciones técnicas, pues para ello el Legislador
previó, por regla general, el medio de control de nulidad simple instituido en el
artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, que puede solicitar toda persona cuando
considere que el acto demandado fue expedido con infracción de las normas en que
debió fundarse.

Excepcionalmente, el Legislador dispuso la posibilidad de acudir al medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho cuando el acto administrativo de carácter
general le haya ocasionado al particular una violación a un derecho que pretende le
sea restablecido, caso en el cual deberá demandar en el término previsto de cuatro
(4) meses establecido en el artículo 138 de la Ley ibídem.

Ambos mecanismos citados, permiten acudir al régimen de medidas cautelares de
acuerdo con el artículo 229 ibid, las cuales serán decretadas por el juez “a petición
de parte, antes de la notificación del auto admisorio o en cualquier estado del
trámite, cuando las estime necesarias para la protección y garantía provisional del
objeto del proceso o para la efectividad de la sentencia”25.

Aplicado lo anterior a esta controversia, la Sala considera que la acción de tutela no
procede de forma definitiva, pues como lo sustentó la parte accionante, existe otro
mecanismo de defensa judicial como lo es la simple nulidad, en el cual, a juicio de
la Sala, puede discutirse la legalidad y, por tanto, la constitucionalidad del Acuerdo

22 Corte Constitucional. Sentencia T-081 de 2022.
23 Así lo estableció la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 8 de marzo de

2012, al estudiar una demanda contra el Acuerdo número 061 de 2009 que reglamentó la
convocatoria de vacantes en las instituciones educativas del municipio de Popayán. Radicación
número: 11001-03-25-000-2010-00011-00(0068-10).
24 Documento contenido en el expediente digital de tutela de primera instancia con certificado

9F5167F73BCA519C 7856480B2837F1BC 04A0A68E20C651E8 FEB76BA44F3B552D, ubicado en
el índice 0111.
25 Corte Constitucional. Sentencia T-146 de 2019.

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número 56 – integrado por su Anexo-, con las incidencias que ello representa para
el concurso, al ser el acto marco del proceso de selección.

Este mecanismo, resulta idóneo y eficaz para la protección de las garantías
fundamentales de los participantes del concurso, ya que los cargos que soportaron
la presente acción constitucional se encuadran en la causal de nulidad de infracción
de las normas en las que el Acuerdo 056 debió fundarse, pues, precisamente, los
accionantes fundamentaron este amparo en la indebida aplicación de la Ley 909 de
2004, en contravía de la norma especial dispuesta en el artículo 170 de la Ley 1448
de 2011, lo cual representó a su vez un menoscabo de garantías y de disposiciones
constitucionales que regulan la carrera y el mérito.

Estos razonamientos mueven a la Sala a ponerle de presente a los accionantes que
los cargos que integraron su escrito de tutela pueden ser ventilados, principalmente,
por la vía de la simple nulidad, trámite en el cual el juez de la legalidad definirá la
validez del Acuerdo 056 a partir de las disposiciones puntuales que consideran
fueron inadvertidas; y que de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, literal a) de la
Ley 1437 de 2011, no tiene previsto un término para demandar.

La eficacia y la idoneidad para el caso particular del medio previsto, se acompasa
con las referencias que los mismos accionantes hicieron en torno a la existencia de
un trámite de nulidad en curso, con una solicitud de medida cautelar que la fecha
no ha sido resuelta. De suerte que, el mecanismo ordinario permite, por un lado,
evacuar el contenido de las pretensiones de tutela; y, por otro, se ajusta a las
condiciones de los sujetos involucrados, quienes no justificaron estar en situaciones
de excepcional protección.

Y, es que, la eficacia y la idoneidad aludidas no se desnaturalizan con el transcurrir
regular del término que le tome el juez de la legalidad calificar el asunto y definir la
controversia, porque al ser el Acuerdo número 56 el acto marco del concurso, la
decisión que llegase a adoptar la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, en caso de tener la connotación de anulatoria del Acuerdo número 56,
implicaría, en principio, retrotraer y, dejar sin efectos las subsiguientes etapas del
proceso26.

Aun cuando excepcionalmente los actos administrativos generales son susceptibles
de control judicial por el cauce de las pretensiones de nulidad y restablecimiento del
derecho, tal oportunidad ya habría fenecido para los aquí accionantes. En todo caso,
la Sala advierte que en el marco del Proceso de Selección de Entidades del Orden
Nacional 2022 no ha sido expedida la lista de elegibles para los cargos de la UARIV,

26 Así se pronunció la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 8 de marzo de

2012, al considerar que el acto de convocatoria revestía de autonomía e importancia como norma
reguladora del concurso, de manera que, al ser retirado del ordenamiento jurídico, ello implicaba que
“caerían las demás etapas del proceso y no al contrario”. Radicación número: 11001-03-25-000-
2010-00011-00(0068-10).
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con efectos de firmeza27, de modo que, para la fecha de la presente decisión, aun
no existen actos administrativos particulares definitorios de situaciones concretas28.

Al margen de lo expuesto, la Sala analiza la procedencia de la acción de tutela como
mecanismo transitorio, por cuanto esa fue la modalidad que utilizó la parte actora
para sustentar la procedencia del amparo de cara al requisito de subsidiariedad. La
acción de tutela procede como mecanismo transitorio, cuando con su interposición
se pretende evitar la consumación de un perjuicio irremediable, caso en el cual la
protección que otorgue el juez constitucional “se extenderá hasta tanto se produzca
una decisión definitiva por parte del juez ordinario”29.

En torno a la configuración del mencionado perjuicio irremediable, la Corporación
Constitucional ha determinado que deben concurrir ciertos requisitos para que la
acción de tutela se torne procedente en este sentido, así: i) “que se trate de un
hecho cierto e inminente”30, “es decir que está por suceder en un tiempo cercano, a
diferencia de la mera expectativa ante un posible menoscabo”31; ii) “que las medidas
a tomar deben ser urgentes” 32; iii) “que la situación a la que se enfrenta la persona
es grave”33, evaluado según “la intensidad del menoscabo material a los derechos
fundamentales de una persona”34; y finalmente, iv) que las actuaciones de
protección han de ser impostergables35, “lo que significa que deben responder a
condiciones de oportunidad y eficacia, que eviten la consumación del daño
irreparable”36.

Aplicadas las reglas transcritas al caso sub judice, la Sala encuentra que la parte
accionante justificó la procedencia transitoria del amparo a partir de planteamientos
que propenden por desvirtuar la eficacia del medio de control de simple nulidad. Así
pues, esta Sala considera que, contrario a los cargos de la actora:

(i) el tiempo transcurrido desde la radicación de la demanda de nulidad, y la medida
cautelar de suspensión del acto, no son en sí mismos, configurativos de la existencia
de un perjuicio irremediable, pues la Sala considera que el juez de la legalidad podrá
ordenar suspender los efectos del Acuerdo número 56, si lo encuentra procedente
-lo cual impediría que este continuase produciendo efectos hacia futuro-, y, en caso
de declarar la nulidad del acto, podrá retrotraer la convocatoria. Su decisión tendrá

27 De una trazabilidad por el juez constitucional de la ejecución del concurso que es objeto de análisis,

encontró que: (i) el 11 de abril de 2024 fue publicado el estado del proceso, en fase de estructuración
de pruebas escritas; (ii) el 15 de octubre de 2023 tuvo lugar la aplicación de las pruebas; y (iii) el 15
de marzo de 2024 se dio inicio a la publicación de las listas de elegibles para los empleos
pertenecientes a la Escuela Superior de Administración Pública -ESP-; y (iv) según publicación del
4 de abril de 2024, el 12 de abril de 2024 se iniciaría con la publicación de las listas de elegibles en
los empleos ofertados en la modalidad de ascenso para el proceso de selección en varias entidades,
entre estas la UARIV. https://www.cnsc.gov.co/convocatorias/entidades-del-orden-nacional
2022?field_tipo_de_contenido_convocat_target_id=All&page=0.
28 Así lo estableció la Sección Quinta del Consejo de Estado al considerar que el juez de tutela debe

establecer si al momento de decidir la acción de tutela ha sido publicada la lista de elegibles,
conforme lo expuso la Corte Constitucional en la sentencia T-081 de 2022.
29 Corte Constitucional. Sentencia T-315 de 2022.
30 Corte Constitucional. Sentencia T-315 de 2022 que incorporó el contenido de las sentencias SU-

074 de 2022, T-003 de 2022, T-896 de 2007, entre otras.
31 Ibídem.
32 Corte Constitucional. Sentencia T-315 de 2022 que incorporó el contenido de las sentencias SU-

074 de 2022, T-003 de 2022, T-896 de 2007, entre otras.
33 Ibídem.
34 Ibíd.
35 Ibíd.
36 Corte Constitucional. Sentencia T-332 de 2018.

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efectos erga omnes, es decir, vinculantes respecto de toda la comunidad37, y, en
razón a ello, adquirirá obligatoriedad.

(ii) invocar una vulneración de los derechos fundamentales no incide en la necesaria
materialización de un perjuicio irremediable, pues precisamente acudir a los medios
ordinarios constituye el escenario natural para la reivindicación de los derechos, y
la tutela está instituida como un mecanismo subsidiario de protección.

La Sala precisa que, para la fecha de la presente providencia, no se está a la espera
de la práctica de la prueba de conocimientos, puesto que ésta ocurrió el pasado 15
de octubre de 2023, etapa que está comprendida dentro del discurrir de la
convocatoria, hasta tanto no sea suspendida o anulada por el juez de legalidad. De
suerte que, tal justificación devendría inocua para sustentar un perjuicio
irremediable.

(iii) como ya lo expuso la Sala, el Acuerdo número 56 no es un acto de trámite sino
un acto definitivo susceptible de ser controlado ante la jurisdicción contencioso-
administrativa, lo que de entrada invalidaría que por temor a la calificación que el
juez de la legalidad pueda impartir sobre la demanda, se vislumbre la posibilidad de
acaecimiento de un perjuicio irremediable.

En términos generales, la Sala no encuentra razones ni pruebas que las soporten,
a partir de cuales colegir un perjuicio inminente que está por suceder -el cual debe
ser remediado a través de la presente acción-, el requerimiento de medidas
urgentes, que la situación a la que se enfrentan los accionantes es grave, y que
procede la adopción de una medida impostergable.

Tampoco advierte, que la solicitud de amparo haya sido interpuesta por sujetos de
especial protección constitucional, de modo que no habría cómo sustentar que, por
la edad, por el estado de salud, o por la condición social de los accionantes, les
resulta desproporcionado acudir al medio ordinario38.

Por el contrario, los hechos y las pruebas son reveladores de que existe un trámite
de simple nulidad que está pendiente de ser calificado por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en el cual los accionantes pidieron ser
tenidos como coadyuvantes por compartir los fundamentos fácticos de la demanda,
este último aspecto que también está a la espera de ser definido por el competente.

Así las cosas, de no haber sido por las posibilidades reales con que contaban los
accionantes para acudir al medio ordinario, no hubieran podido presentar la solicitud
de coadyuvancia en el contencioso de nulidad.

Tales constataciones, agudizan el rigor con que el juez constitucional debe valorar
la procedencia del amparo y limitan su intervención, pues este último debe prever
la coexistencia a futuro de dos procesos con decisiones sobre un mismo punto del
derecho.

Ahora bien, la Sala está llamada a atender las reglas que ha establecido la Corte
Constitucional como excepciones a la improcedencia general de la acción de
tutela en el marco de los concursos de méritos, en particular al considerar tres
eventos:39 (i) la inexistencia de un mecanismo judicial en el cual pueda demandarse
la protección del derecho vulnerado; (ii) el acaecimiento de un perjuicio irremediable;

37 Corte Constitucional. Sentencia C-100 de 2019.
38 Corte Constitucional. Sentencia T-081 de 2022.
39 Corte Constitucional. Sentencia SU-067 de 2022.

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y (iii) que el asunto involucre el planteamiento de una problemática que desborde
las competencias del juez administrativo.

Estos eventos que, de acuerdo con el desarrollo que les ha dado el máximo órgano
constitucional, no tienen vocación de aplicabilidad para la presente controversia, ya
que, como quedó visto, los accionantes tienen a su disposición el medio de control
de simple nulidad y, excepcionalmente, tenían el de nulidad y restablecimiento del
derecho para plantear los juicios de legalidad y de constitucionalidad que trajeron a
colación en sede de tutela.

Aunado a ello, la Sala ya descartó la configuración de un perjuicio irremediable ante
la falta de elementos fácticos y probatorios que soporten la afectación irremediable
para los derechos fundamentales de los actores, en atención a las circunstancias
concretas en que estos se encuentran.

En contrariedad, las pruebas mueven a la Sala a concluir que el juez administrativo
goza de plenas facultades para solventar la problemática que incide en los derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad de los accionantes, y que éstas
garantías son predicables de la generalidad de los partícipes de la convocatoria de
la UARIV, pues los actores no demostraron que el Acuerdo 056 les causó una
afectación individual a cada uno de los reclamantes, en cambio, estructuraron su
demanda con pedimentos genéricos, sin delimitación de vulneraciones concretas,
susceptibles de un estudio individualizado.

En gracia de discusión, la Sala considera que la pretensión de amparo consistente
en suspender la prueba de conocimientos técnicos es imposible de llevar a cabo, ya
que conforme quedó expuesto, esta tuvo lugar el 15 de octubre de 2023. En
consecuencia, respecto de esta pretensión habría operado la carencia actual de
objeto hecho sobreviniente40, de modo que la forma de conjurar una eventual
vulneración que implicó para los accionantes, la práctica de la prueba de
conocimientos, es a través de los medios de control que prevé la jurisdicción
contencioso-administrativa.

Por las razones expuestas, la Subsección confirmará la sentencia que profirió la
Sección Primera del Consejo de Estado el veinticinco (25) de enero de dos mil
veinticuatro (2024), que declaró improcedente el amparo.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la providencia del veinticinco (25) de enero de dos mil
veinticuatro (2024), que dictó la Sección Primera del Consejo de Estado, en la cual
declaró improcedente el amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO. ACEPTAR, en calidad de coadyuvantes de los accionantes, a los
intervinientes que presentaron solicitudes en este trámite.
40 “El hecho sobreviniente remite a cualquier otra circunstancia que determine que, igualmente, la

orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y
por lo tanto caiga en el vacío”. Corte Constitucional. Sentencia SU-522 de 2019.
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TERCERO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.

CUARTO. ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
Firmado electrónicamente

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
Firmado electrónicamente
VMP

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