Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-06297-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-06297-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-06297-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
29 de abril de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06297-01
Accionante: Procurador 91 judicial I para asuntos administrativos de Riohacha
Se modifica la sentencia de primera instancia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C. veintinueve (29) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06297-01
Accionante: Edwin José López Fuentes, en calidad de Procurador 91
Judicial I para asuntos administrativos de Riohacha
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Competencia del juez de la acción
popular para estudiar la legalidad de los contratos estatales / Principio de congruencia y
decisiones de mérito / Desconocimiento del precedente / Se modifica la sentencia de
primera instancia que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo: se niegan unos
cargos y se declara la improcedencia frente a los restantes.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de impugnación presentado por el accionante contra la
sentencia del 23 de noviembre de 2023 proferida por la Sección Segunda,
Subsección B de esta Corporación. La primera instancia declaró la improcedencia
de la solicitud de amparo porque no cumplió con el requisito de relevancia
constitucional. La acción de tutela se presentó contra la sentencia del 21 de julio de
2023 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado en el proceso de la
acción popular 44001-23-40-000-2020-00019-00/01. En la sentencia accionada se
modificó la providencia de primera instancia que había negado las pretensiones de
la demanda y, en su lugar, se concedió parcialmente el amparo del derecho
colectivo a la defensa del patrimonio público.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
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Se modifica la sentencia de primera instancia
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 11 de octubre de 2023 el señor Edwin José López Fuentes, en calidad de
procurador 91 para asuntos administrativos de Riohacha interpuso acción de tutela
para obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia vulnerados por el Consejo de Estado, Sección
Primera al acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda acción popular
44001-23-40-000-2020-00019-00/01
2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones (se transcribe):
<< Primera: Se ampare el derecho constitucional fundamental al debido proceso
conculcado por la Sección Primera del Consejo de Estado con la expedición de la
sentencia de 21 de julio de 2023, en el trámite de la segunda instancia dentro del
medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos con radicado
44001-23-40-000-2020-00019-01, al efectuar una exegesis contraevidente del
contenido del inciso 2 del artículo 144 de la Ley 1437/11 y por desatender
jurisprudencia con efectos erga omnes emitidas por la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado.
Segunda: Como consecuencia de la anterior declaración, se solicita, DEJAR SIN
EFECTOS la precitada sentencia y, en su lugar, se disponga dictar una sentencia
que respete el contenido del artículo 144 de la Ley 1437/11 y atienda la
jurisprudencia con efectos erga omnes emitida por la Corte Constitucional.
Tercera: En subsidio de la anterior declaración, se solicita el amparo del derecho
fundamental al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
ordenando se dé aplicación a la sentencia de unificación del 26 de agosto de 2021,
readecuando el trámite procesal, según el mecanismo que corresponda>>.
B. Hechos
3.- El accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:
3.1.- Los municipios de Barrancas, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, San
Juan del Cesar y Villanueva, ubicados en el Departamento de La Guajira,
constituyeron la sociedad Empresa Regional de Servicios Públicos Domiciliarios de
Acueducto y Alcantarillado Sur Azul S.A. ESP y como aporte social cedieron el uso
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y goce de la infraestructura necesaria para la prestación de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado.
3.2.- La sociedad Sur Azul S.A. ESP tiene por objeto contratar a un operador para
que preste los referidos servicios públicos domiciliarios en esos municipios, por lo
que esa sociedad publicó el cronograma de la invitación pública 001 de 2019 con el
objeto de contratar a ese operador.
3.3.- Los procuradores judiciales 42 y 91 para asuntos administrativos de Riohacha
(La Guajira) solicitaron a la sociedad que dejara sin efectos el cronograma o que se
declarara desierta la invitación pública, de forma que se realizaran los estudios
previos y se respetaran los principios de planeación, economía, transparencia y
selección objetiva.
3.4.- La sociedad Sur Azul S.A. ESP respondió la anterior solicitud e indicó que,
según la Ley 142 de 1994, ese proceso de contratación no estaba sujeto a las reglas
de la Ley 80 de 1993.
3.5.- El 21 de diciembre de 2019 Sur Azul S.A. ESP adjudicó la invitación pública
001 de 2019 a la promesa de sociedad futura Aguas Total S.A.S. ESP y el 15 de
enero de 2020 se celebró el contrato de operación con inversión 001 de 2020.
3.6.- Los procuradores judiciales 42 y 91 para asuntos administrativos de Riohacha
presentaron una acción popular en contra de la Nación – Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, y de la sociedad Empresa Regional de Servicios Públicos
Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado Sur Azul S.A. ESP (en adelante Sur Azul
S.A. ESP).
3.6.1.- En la acción popular se solicitó el amparo de los derechos colectivos a la
defensa del patrimonio público, los derechos de los consumidores y usuarios y a la
prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado. Lo anterior, en virtud de la invitación pública 001 de 2019, del contrato
de operación con inversiones 001 del 15 de enero de 2020 y de la promesa de
sociedad futura Aguas Totales S.A.S. ESP.
3.6.2.- Alegaron que en el proceso de selección del contratista no se cumplió con lo
previsto en la Ley 80 de 1993 ni en las guías y manuales de la Agencia Nacional de
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Contratación Púbica – Colombia Compra Eficiente. En particular, echaron de menos
la publicación del acto de apertura de la licitación, así como la publicación de los
avisos dispuestos en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993: estos no fueron registrados
en el SECOP I ni se incluyeron en la página Web de la sociedad. También
reprocharon que resultaba imposible adjudicar el contrato a una sociedad
inexistente que no podía asimilarse a una unión temporal o a un consorcio.
3.6.3.- Por otro lado, cuestionaron que el objeto del negocio jurídico no era
compatible con lo previsto en el artículo 39.3 de la Ley 142 de 1994 frente al contrato
de operador especializado con inversión: en lugar de contratar la operación, la
sociedad celebró un contrato de concesión en los términos del artículo 32, numeral
4 de la Ley 80 de 1993. Así, señalaron que el régimen del negocio jurídico es el
previsto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, más
aún cuando el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 delimita la aplicación del régimen
especial de esa norma a las sociedades que prestan materialmente los servicios
públicos domiciliarios, lo cual no es el caso de Sur Azul S.A. ESP, según lo indicado
en su objeto social. A su juicio, lo que se pretendió fue inaplicar las reglas de
contratación pública para eludir el proceso de licitación
3.6.4.- También sostuvieron que no se atendió el principio de planeación y selección
objetiva, toda vez que los estudios previos y los términos de referencia se realizaron
sin contar con información objetiva y real del sector, y la estructuración de los
requisitos habilitantes se hizo por mera liberalidad o discrecionalidad.
3.6.5.- Agregaron que en los documentos precontractuales no se estableció el valor
del contrato ni se valoraron los bienes entregados, lo cual afectaba el principio de
economía e impedía la debida constitución de garantías, exponiendo los bienes
afectos al servicio público y poniendo en riesgo al patrimonio público. Indicaron que
lo mismo ocurrió con la contratación de las pólizas para asegurar el pago de salarios
y prestaciones sociales del personal, y el correcto funcionamiento de los bienes.
3.6.6.- Por último, cuestionaron la fórmula de la remuneración del contrato y
señalaron que no se sustentó por qué la vinculación de un socio operador resultaba
ser la mejor alternativa para la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
3.7.- El Tribunal Administrativo de La Guajira profirió sentencia del 25 de noviembre
de 2021 en la que negó las pretensiones de la acción. El tribunal consideró que en
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virtud de la sentencia de unificación del 13 de febrero de 2018 1, la acción popular
no era el mecanismo para cuestionar la legalidad de actos administrativos o
contratos estatales. En todo caso, concluyó que no se demostró la vulneración de
los derechos colectivos y precisó que las empresas prestadoras de servicios
públicos domiciliarios se rigen por las normas de derecho privado.
3.8.- La parte demandante apeló esa decisión. Basó su recurso, principalmente, en
los siguientes argumentos: (i) la sentencia de unificación del 13 de febrero de 2018
no es pertinente porque abordó si era procedente estudiar la legalidad de actos
administrativos mediante acciones populares iniciadas en vigencia del CCA, pero
en todo caso esa providencia permitió al juez de la acción popular que adopte
medidas materiales encaminadas a salvaguardar el interés colectivo; (ii) se
desconoció el artículo 144 del CPACA y lo previsto en la sentencia C-644 de 2011
de la Corte Constitucional frente a la procedencia del juicio de legalidad de los
contratos estatales desde una perspectiva de protección a los derechos colectivos
y sin que ello implique declarar su nulidad; (iii) no pretendió la nulidad del contrato
estatal sino que se tomen medidas judiciales que garanticen los derechos
colectivos; (iv) el tribunal no se pronunció de fondo frente al concepto de la violación
y no indicó el régimen legal aplicable a las entidades públicas que no prestan
materialmente el servicio público domiciliario; (v) no resulta necesario que el
derecho colectivo esté efectivamente vulnerado, sino basta con que se demuestre
su amenaza como ocurrió en este caso; y (vi) prueba de lo último es que la sociedad
contratista tuvo que ceder el contrato a otra sociedad y que el negocio jurídico ha
sido modificado en tres ocasiones, afectando el valor de los montos asegurados y
poniendo en riesgo al patrimonio público.
3.9.- Mediante sentencia del 21 de julio de 2023 el Consejo de Estado, Sección
Primera modificó la sentencia de primera instancia: (i) amparó el derecho colectivo
a la defensa del patrimonio público que se encuentra amenazado por la
subestimación del valor asegurado en la póliza de cumplimiento, por lo que ordenó
que se amplié ese monto y (ii) negó todas las demás pretensiones relacionadas con
la ilegalidad o invalidez del contrato.
3.9.1.- La Sección Primera de esta Corporación consideró que el artículo 144 del
CPACA dispone que la acción popular sí procede contra actos administrativos o
1Sentencia de unificación de 13 de febrero de 2018, expediente 25000-23-15-000-2002-02704-01 proferida por
el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
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contratos estatales, pero prohíbe al juez que declare su nulidad. Así, señaló que
varios de los argumentos de la demanda implican realizar un juicio de legalidad del
contrato por más de que no se haya solicitado expresamente una declaratoria de
nulidad.
3.9.2.- Por otro lado, consideró que todo contrato estatal, sin importar el régimen
legal aplicable, debe observar los principios de la función pública y de la gestión
fiscal, por lo que resulta exigible la constitución de garantías que salvaguarden el
patrimonio público. Advirtió que la póliza de cumplimiento se calculó con base en la
remuneración pactada por la facturación de la prestación del servicio público
domiciliario, pero no tuvo en cuenta la ejecución del plan de obras e inversiones a
cargo del contratista y que contempla las inversiones y la realización de obras y
proyectos que hacen parte del objeto del contrato y ante cuyo incumplimiento no
existe cubrimiento. Por lo tanto, se justifica aumentar el valor asegurado de forma
que cubra todas las obligaciones esenciales del negocio jurídico.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- El accionante alega que la sentencia objeto de reproche vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia porque
incurrió en (i) un defecto procedimental y (ii) un desconocimiento del precedente.
4.1.- En cuanto al defecto procedimental sostiene que la autoridad judicial accionada
realizó una <<interpretación contraevidente>> del artículo 144 de la Ley 1437 de
2011 porque:
(i) Lo único que le está vedado al juez de la acción popular es anular el
contrato estatal, pero la norma no prohíbe que este realice juicios sobre
su legalidad o validez, lo cual constituye una interpretación regresiva del
texto legal que desconoce el principio restrictivo de las prohibiciones y
vacía de competencia al juez popular.
(ii) Se desnaturalizaron las acciones encaminadas a proteger la moralidad
administrativa y el patrimonio público, pues la protección de esos
derechos colectivos implica, necesariamente, un análisis de la legalidad
del contrato que no se traduce en su anulación.
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(iii) No existe una línea jurisprudencial consolidada que sugiera la
imposibilidad de que el juez de la acción popular realice juicios de
legalidad de los contratos y las sentencias del Consejo de Estado que han
acogido la tesis que avaló la sentencia accionada son anteriores a la
presentación de la demanda de acción popular.
(iv) La sentencia de unificación del 13 de febrero de 2018 no prohíbe al juez
constitucional revisar la legalidad del acto administrativo sino únicamente
anularlo y esa providencia, en todo caso, no se refirió a los contratos
estatales.
(v) Existen sentencias de esta Corporación y en particular de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, especializada en asuntos contractuales,
que no comparten la postura restrictiva adoptada por la autoridad
accionada2.
(vi) Con la decisión adoptada se desatiende la finalidad y ámbito de la acción
popular, y la actividad contractual del Estado queda exenta de control
judicial.
(vii) Se desconoció la ratio decidendi de la sentencia C-215 de 1999 en la cual
la Corte Constitucional realizó una interpretación expansiva de la acción
popular, contraria a la postura regresiva adoptada.
(viii) La tesis adoptada es contraria al principio de progresividad previsto en el
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, y a
la Convención Americana de Derechos Humanos.
4.2.- También alega que se desconoció el precedente sentado en la sentencia C-
644 de 2011 de la Corte Constitucional, el cual tiene efectos erga omnes. En esa
sentencia, la Corte estudió la constitucionalidad del artículo 144 del CPACA y señaló
que la legalidad del contrato estatal puede ser estudiada en el marco de la acción
contractual o de nulidad para que se declare la nulidad del negocio jurídico; o bien
por medio de la acción popular para proteger los derechos colectivos. Es decir, se
2 Referencia la sentencia del 29 de agosto de 2014 proferida por la Sección Tercera, Subsección B, radicado
25000-23-24- 000-2011-00032-01 y la sentencia del 21 de noviembre de 2022 de la Sección Tercera,
Subsección A, radicado 13001-23-33-000-2014-00406-01.
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indicó que ambos mecanismos existen de forma simultánea, pero pretenden objetos
distintos.
4.3.- Igualmente invoca como desconocidos la sentencia del 29 de agosto de 2014
proferida por la Sección Tercera, Subsección B, radicado 25000-23-24- 000-2011-
00032-01 y la sentencia del 21 de noviembre de 2022 de la Sección Tercera,
Subsección A, radicado 13001-23-33-000-2014-00406-01. En esas sentencias se
enfatizó la necesidad de controlar la actividad contractual del Estado, así como las
medidas que puede adoptar el juez de la acción popular, sin que ello implique
declarar la nulidad de los contratos.
4.4.- Señaló que al abstenerse de resolver de fondo los argumentos relacionados
con la validez del contrato estatal la autoridad judicial accionada profirió una
sentencia inhibitoria, lo cual contraría el artículo 5 de la Ley 472 de 1998 y la
sentencia de unificación del 26 de agosto de 2021 (radicado 11001-33-31-017-
2008-00266-01) proferida por la Sala Catorce de Decisión en ese sentido.
4.5.- Indicó que la autoridad judicial accionada no decidió en congruencia con lo
solicitado en la demanda, pues en esta última no se solicitó la nulidad del contrato.
Precisó que no todo juicio de validez del contrato implica una declaración de nulidad
y con la decisión adoptada se desnaturaliza la acción popular.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- El procurador 42 judicial II para asuntos administrativos de Riohacha (tercero
con interés por ser demandante en el proceso de la acción popular) sostuvo que no
comparte lo resuelto en la sentencia accionada, pero no hizo parte de la presente
acción de tutela.
6.- El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (tercero con interés) señaló que la
solicitud de amparo es improcedente porque la sentencia accionada se encuentra
sustentada de forma suficiente y se basó en los precedentes pertinentes. Además,
la acción de tutela es de contenido económico y cuestiona la legalidad de un
contrato estatal en una instancia adicional, por lo que el asunto carece de relevancia
constitucional. Agregó que carece de legitimación en la causa por pasiva.
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7.- La Empresa Regional de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y
Alcantarillado Sur Azul S.A. ESP (tercero con interés) se opuso a las pretensiones
de la solicitud de amparo y afirmó que la providencia objeto de reproche se profirió
de conformidad a derecho y a las pruebas allegadas. Señaló que el accionante
pretende que se examine la legalidad del contrato, lo cual no es procedente.
8.- La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (tercero con interés)
solicitó que se declarara la improcedencia de la acción por no cumplir con los
requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional. Aclaró que no ha vulnerado
ningún derecho fundamental y que carece de legitimación en la causa por pasiva
pues sus funciones se enmarcan en la inspección, vigilancia y control de las
empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios.
9.- El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (tercero con interés) también alega
la improcedencia de la acción por falta de relevancia constitucional, como quiera
que se procura convertir este mecanismo constitucional en una instancia adicional.
Aclaró que no vulneró ninguna garantía constitucional y solicita su desvinculación
del proceso.
10.- El Municipio de Distracción y el Municipio de Fonseca (terceros con interés)
sostuvieron que la solicitud de amparo es improcedente, pues no se afectaron
derechos fundamentales y la sentencia accionada se encuentra ajustada al marco
constitucional y legal.
11.- El Tribunal Administrativo de La Guajira allegó copia digital del expediente de
la acción popular.
12.- El Consejo de Estado, Sección Primera (accionado), la sociedad Aguas Total
S.A.S. ESP (tercero con interés por ser la sociedad cesionaria del contrato) y los
municipios de San Juan del Cesar, El Molino, Hatonuevo, Villanueva y Barrancas
(terceros con interés) guardaron silencio.
E. Sentencia impugnada
13.- Mediante sentencia del 23 de noviembre de 2023 la Sección Segunda,
Subsección B de esta Corporación declaró la improcedencia de la acción de tutela
por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. Al respecto, indicó que
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la acción de tutela reitera los cargos planteados en el proceso de la acción popular
y que son de naturaleza eminentemente legal, de forma que el debate sea
nuevamente abordado, en detrimento de la independencia judicial.
F. Impugnación
14.- El accionante impugnó la anterior decisión. Señaló que el asunto sí es
constitucionalmente relevante porque: (i) la discusión no se centra únicamente en
la interpretación de una norma legal (artículo 144 del CPACA), sino también en el
desconocimiento del precedente constitucional y del principio de congruencia; (ii)
no se pretende reabrir el debate propio del proceso de la acción popular, pues en
este se estudió la afectación de los derechos colectivos, mientras que en la solicitud
de amparo se ponen de presente defectos que afectan los derechos fundamentales
del accionante; y (iii) no se resolvieron los cargos relativos al desconocimiento de
la sentencia de unificación del 26 de agosto de 2021 que prohibió las decisiones
inhibitorias en las acciones populares.
15.- Además, solicitó que el asunto en segunda instancia fuera resuelto por la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, dada la importancia
jurídica y la necesidad de sentar jurisprudencia en la materia. Indicó que la solicitud
de unificación de jurisprudencia en los términos del artículo 270 y siguientes del
CPACA sí procede en procesos de tutela, como se advierte del precedente previsto
en las sentencias del 31 de julio de 2012 (radicado 11001-03-15-000-2009-01328-
01), del 5 de agosto de 2014 (radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01) y del 21
de enero de 2020 (radicado 11001-03-15-000-2019-01604-01) en las que la Sala
Plena avocó conocimiento de las acciones de tutela dada su importancia jurídica.
II. CONSIDERACIONES
16.- La Sala modificará la sentencia de primera instancia: (i) negará la solicitud de
amparo frente a los cargos por vulneración al principio de congruencia y por
desconocimiento de la sentencia de unificación del 26 de agosto de 2021, y (ii)
confirmará la sentencia de primera instancia frente a los demás reparos, según la
posición mayoritaria de la Sala: se confirmará la improcedencia de la solicitud de
amparo porque no se encuentra acreditado el requisito de relevancia constitucional
frente a los defectos presentados. Lo anterior, en la medida en que la acción de
tutela reitera los mismos argumentos que fueron planteados en la apelación y
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resueltos en el fallo de segunda instancia proferido en el proceso de acción de
grupo3.
G. Cuestiones previas
17.- Se negarán las solicitudes de desvinculación presentadas por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dado que fueron
vinculados en calidad de terceros con interés y no como autoridades accionadas.
18.- Igualmente, se negará la solicitud encaminada a que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo resuelva el recurso de impugnación por importancia
jurídica y necesidad de unificar la jurisprudencia. Si bien existen antecedentes,
como los invocados por el accionante, en los cuales la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación avocó conocimiento para resolver una acción de
tutela, ello obedeció a una potestad de oficio de la Corporación y puesto que era
necesario unificar la jurisprudencia en esos casos.
18.1.- No ocurre lo mismo en el presente asunto, pues ya existe una postura de la
Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación frente al problema jurídico
que plantea el accionante. La importancia jurídica y ante lo cual se pretende unificar
la jurisprudencia se resume, en palabras del accionante:
<<En lo que dice relación a la competencia del juez popular, el tema reviste un
interés jurídico superlativo dada su impacto sobre el ordenamiento jurídico, como
quiera que como se advierte de la demanda y de esta apelación, lo que se persigue
es dilucidar si el juez de los derechos colectivos tiene o no competencia para
efectuar un juicio de legalidad del acto administrativo y del contrato en sede de las
acciones populares>>.
18.2.- Al respecto cabe indicar que, como se profundizará más adelante, en la
sentencia del 27 de julio de 2023 (radicado 25000-23-41-000-2017-00083-02)
proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación se abordó el
3 El magistrado ponente considera que la presente acción de tutela sí cumple con el requisito de relevancia
constitucional porque el accionante alega la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia, y explicó los vicios que consideró configurados en la decisión atacada.
Sin embargo, acoge la posición mayoritaria de la Sala, según la cual, cuando se reiteran argumentos que fueron
resueltos dentro del proceso ordinario, no se cumple con este requisito.
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Se modifica la sentencia de primera instancia
problema de la competencia del juez de la acción popular y la procedencia de los
juicios de legalidad frente a los contratos estatales, inclusive si no se pretende
expresamente la declaratoria de nulidad del negocio jurídico.
H. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la
procedencia de la acción de tutela frente a los cargos por desconocimiento
del principio de congruencia y de la imposibilidad de proferir una sentencia
inhibitoria en acciones populares
19.- Los requisitos generales se cumplen pues: (i) el accionante identificó de manera
clara los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el asunto es
constitucionalmente relevante porque se alega la vulneración de, entre otros, el
derecho al debido proceso por un defecto procedimental y un desconocimiento de
las reglas jurisprudenciales que se predican de la sentencia de segunda instancia y
que no pudieron ser alegados en el proceso ordinario; (iii) se encuentra cumplido el
requisito de subsidiariedad porque el accionante utilizó todos los mecanismos
judiciales a su alcance para la protección de sus derechos y contra la providencia
atacada no procede ningún recurso; (iv) la solicitud se presentó en un término
prudencial (inmediatez), puesto que la decisión de segunda instancia se notificó el
10 de agosto de 2023 y la tutela se presentó el 11 de octubre de 2023, es decir,
dentro del término de 6 meses precisado tanto por esta Corporación4 como por la
Corte Constitucional5; y (v) no se trata de una decisión proferida en sede de tutela.
I. No se desconoció el principio de congruencia ni se desconoció el marco
normativo y jurisprudencial en materia de decisiones inhibitorias en las
acciones populares
20.- Ahora bien, para la Sala es claro que la sentencia accionada no vulneró el
principio de congruencia, pues resolvió todos los cargos planteados en la demanda.
Por la misma razón, tampoco desconoció la prohibición legal según la cual el juez
de la acción popular no puede proferir una sentencia inhibitoria, prevista en el
artículo 5 de la Ley 472 de 1998 y reiterada en la sentencia del 26 de agosto de
2021 invocada en el escrito de tutela.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-
01(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5 Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06297-01
Accionante: Procurador 91 judicial I para asuntos administrativos de Riohacha
Se modifica la sentencia de primera instancia
20.1.- Contrario a lo alegado en el escrito de tutela, la sentencia objeto de reproche
resolvió de fondo todos los cargos de la acción popular e incluso accedió
parcialmente al amparo de los derechos e intereses colectivos.
20.2.- En la sentencia objeto de reproche se dividió el análisis del asunto en dos
partes, según los cargos planteados en la demanda. Por un lado, se agruparon
todos los reparos encaminados a cuestionar la legalidad del contrato estatal, aunque
no se haya solicitado expresamente su nulidad; y por otro lado se estudiaron los
cargos relacionados con la afectación al patrimonio público por la subvaloración de
las pólizas del contrato, lo cual no atañe a la legalidad del contrato asegurado y no
fue objeto de reproche en la presente acción de tutela.
20.3.- De esa forma se abordó en su totalidad el concepto de la violación planteado
en la demanda de acción popular. Frente al primer grupo de cargos, en la sentencia
accionada se hizo un recuento de las posiciones jurisprudenciales en la materia
hasta ese momento y se acogió una postura según la cual al juez de la acción
popular le está vedado estudiar la legalidad del contrato estatal incluso si no se
solicita expresamente su nulidad.
20.4.- Lo anterior, por cuanto un juicio de validez del negocio jurídico <<conduce
inevitablemente a la declaratoria de nulidad del contrato, en caso de prosperar las
pretensiones de la demanda>>. Y más adelante la autoridad judicial accionada
complementó lo anterior al indicar que:
<<tampoco es admisible el argumento de la parte recurrente atinente a que en las
pretensiones 2.1 y 2.2. de la demanda no se solicitó la nulidad del contrato de
operación con inversiones N° 001 de 15 de enero de 2020.
172. Ello es así porque, aunque no se solicitó explícitamente la nulidad del contrato
estatal, lo cierto es que una parte de los argumentos que sustentan la presente
acción popular están encaminados a demostrar la configuración de vicisitudes en el
proceso contractual. Es decir, un parte de los fundamentos de la presente demanda
más que demostrar la vulneración de un derecho colectivo en concreto está
encaminados a realizar juicio de validez del contrato estatal, circunstancia que
desnaturaliza el objeto de esta acción constitucional>>.
20.5.- Como se advierte la sentencia accionada sí estudió de fondo los cargos
planteados y estableció que el juez de la acción popular no debe revisar la legalidad
del contrato estatal, incluso si no se solicita expresamente su nulidad, lo cual no
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Se modifica la sentencia de primera instancia
equivale a declararse inhibido para resolver el asunto, pues hubo un
pronunciamiento de fondo al respecto.
20.6.- Cabe señalar que el último inciso del artículo 141 del CPACA habilita al
Ministerio Público a demandar la nulidad absoluta de los contratos estatales. Es
decir que, por mandato expreso de la ley, el accionante, como funcionario de la
Procuraduría General de la Nación, está legitimado para demandar la nulidad
absoluta del contrato mediante la acción contractual y en ese proceso puede
solicitar el decreto de medidas cautelares. Este es el mecanismo judicial previsto en
el marco normativo para plantear reparos frente a la legalidad de un contrato estatal
y al cual podía acudir el actor para formular sus reclamaciones.
J. Sin perjuicio de la falta de relevancia constitucional, se constata que los
cargos formulados en el escrito de tutela frente a la indebida interpretación
del artículo 144 del CPACA y de la sentencia C-644 de 2011 no tienen vocación
de prosperidad
21.- Frente a los cargos por la supuesta interpretación contraevidente del artículo
144 del CPACA cabe indicar lo siguiente:
21.1.- El artículo 144 de la Ley 1437 de 2011 señala que la acción popular procede
<<inclusive cuando la conducta vulnerante sea un acto administrativo o un contrato
[celebrado por una entidad pública], sin que en uno u otro evento, pueda el juez
anular el acto o el contrato>>.
21.2.- Así las cosas, la acción popular procede para hacer valer los derechos
colectivos, incluso cuando estos son amenazados por la actividad contractual del
Estado o por un acto administrativo. Pero la competencia del juez de la acción
popular en esos casos queda limitada, pues no puede declarar la nulidad del
contrato o del acto administrativo.
21.3.- Para ello existen otros mecanismos judiciales dispuestos por el legislador
precisamente para esos efectos, tales como las acciones de nulidad por
inconstitucionalidad, nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho contra
los actos administrativos, y la acción contractual para declarar la nulidad del
contrato.
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21.4.- En ese sentido se pronunció la Sala Plena de la Sección Tercera de esta
Corporación en la sentencia del 27 de julio de 2023 (radicado 25000-23-41-000-
2017-00083-02) en la cual señaló que <<la constatación de la vulneración del
patrimonio público (…) no legitimaba al juez de la acción popular para realizar
consideraciones y adoptar decisiones que eran del resorte del juez del Contrato;
que resultaban consecuenciales a su anulación>>.
21.5.- Mas adelante, en la misma providencia de la Sala Plena se indicó que:
<<El mandato impuesto al juez de la acción popular en el artículo 144 del CPACA,
de acuerdo con el cual no puede anular el contrato, no es una prohibición formal
para que no pronuncie una palabra. Tal prohibición implica considerar que es el juez
del contrato el que, dentro de la acción contractual regulada en la ley, tiene
competencia para: (i) decretar las medidas cautelares <<preventivas, conservativas,
anticipativas, o de suspensión>> reguladas en el CPACA, las cuales pueden ser
ordenadas <<de urgencia>> luego de hacer un juicio de ponderación de intereses
que permita concluir <<que resultaría más gravoso para el interés público negar la
medida cautelar que concederla>>; (ii) establecer si quien impetra la anulación está
legitimado para hacerlo y si la pretensión se formuló oportunamente; (iii) determinar
si se configuró la causal; (iv) establecer cuál parte la determinó o si fue determinada
por las dos; (v) pronunciarse sobre las restituciones a las que tiene derecho el
contratista; y (vi) resolver sobre los perjuicios causados con el decreto de la
nulidad>>.
21.6.- Como se advierte, en esa sentencia se abordó el problema planteado en el
escrito de tutela frente a si es posible que el juez de la acción popular estudie la
legalidad de un contrato estatal, aunque no declare su nulidad. Incluso se señaló
que el juez de la acción popular no puede ordenar la suspensión provisional u
ordenar la terminación del contrato, pues en la práctica ello equivale a declarar su
nulidad, lo cual está legalmente prohibido.
21.7.- Aunque en la providencia accionada no se podía conocer la sentencia de la
Sala Plena citada, pues esta última fue proferida pocos días después de la sentencia
cuestionada, lo cierto es que ambas coinciden en sus fundamentos y la primera
adoptó la postura que posteriormente sería acogida por la Sección Tercera. Por lo
tanto, se advierte que entre la autoridad judicial accionada y la Sección Tercera de
esta Corporación existe uniformidad frente a la interpretación del artículo 144 del
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Se modifica la sentencia de primera instancia
CPACA y el alcance que tiene frente a la competencia del juez de la acción popular
frente a los contratos estatales.
22.- Por último, tampoco se desconoció el precedente de la sentencia C-644 de
2011. Tal como se indicó en la providencia accionada, en dicha sentencia la Corte
Constitucional abordó el estudio del artículo 144 del CPACA y señaló que la
prohibición de que el juez de la acción popular se pronuncie frente a la nulidad del
contrato <<busca armonizar la regulación legal de los distintos medios de control
judicial de la administración al establecer que en este tipo de acciones no es
procedente anular contratos o actos de la administración, en tanto que para ello
están las acciones contencioso administrativas correspondientes, o medios de
control, como los denomina la Ley 1437 de 2011 a partir de su artículo 135>>.
23.- En cambio, lo que se advierte en este caso es una inconformidad con la
interpretación que la autoridad judicial accionada hizo de la referida sentencia de
constitucionalidad, lo cual no constituye un defecto por desconocimiento del
precedente, sino una diferencia de criterio que no justifica la intervención del juez
de tutela. Esa diferencia de criterio fue puesta en evidencia en la sentencia objeto
de reproche, con lo cual se descarta el cargo planteado:
<< Así las cosas, en criterio de la Sala, es incorrecta la interpretación que
hace la parte demandante de la sentencia de constitucionalidad citada, en
tanto que en dicha providencia no se establece el deber del juez de la acción
popular de estudiar la legalidad de los actos administrativos y de los contratos
estatales, como lo afirma el recurrente>>.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFÍCASE la sentencia del 23 de noviembre de 2023 proferida por
la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación que declaró la
improcedencia de todos los cargos de la acción de tutela: en su lugar (i) NIÉGASE
la solicitud de amparo frente a los cargos relativos al desconocimiento del principio
de congruencia y por desconocimiento de la sentencia de unificación del 26 de
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Se modifica la sentencia de primera instancia
agosto de 2021; y (ii) DECLÁRESE la improcedencia de la acción de tutela frente
a los demás cargos.
SEGUNDO: NIÉGASE la solicitud de desvinculación Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
CUARTO: Una vez notificada, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página Web de la
Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración parcial de voto
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con salvamento parcial de voto
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