Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06305-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06305-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-06305-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
17 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ (E)
Bogotá D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06305-00
Accionante: Rafael Reyes Cuesta
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – Instancia adicional – la parte actora pretende reabrir el debate
probatorio al no estar de acuerdo con lo decidido por el juez natural.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de
la solicitud de amparo constitucional formulada por Rafael Reyes Cuesta contra el
Tribunal Administrativo del Chocó.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 11 de octubre de 2023, Rafael Reyes Cuesta, en nombre propio, instauró
demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo del Chocó, con el fin de obtener
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, mínimo
vital y de acceso a la administración de justicia. Adujo que tales prerrogativas fueron
vulneradas por la autoridad judicial demandada al proferir la sentencia del 25 de
mayo de 2023 2 , dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho3 que promovió contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. La parte actora pretende que, en
virtud del amparo, se ordene a la autoridad dejar sin efectos la providencia
cuestionada y, en su lugar, profiera una providencia de reemplazo “atendiendo al
precedente judicial que sobre el tema edificó el Consejo de Estado mediante
Sentencia Unificación SUJ-014-CE-S2-2019 de 25 de abril de 2019 proferida por la
Sección Segunda, es decir reconociendo la pensión de jubilación a favor de la
accionante”4.
1
Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2
Notificada el 6 de junio de 2023.
3
Identificado con número de radicado 27001-33-33-003-2020-00141-00/01.
4 Expediente digital, folio 4 del escrito de tutela.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06305-00
Accionante: Rafael Reyes Cuesta
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
2.- La sentencia cuestionada se profirió con ocasión de la demanda formulada por
el accionante para pedir la nulidad de la Resolución 618 del 10 de marzo de 2020,
por medio de la cual la Secretaría de Educación del Chocó, en representación del
Fomag, le negó su pensión de jubilación. Según el accionante era beneficiario del
régimen previsto en las Leyes 33 y 62 de 1985, así como de la Ley 71 de 1988, en
la medida que es docente oficial y realizó aportes a pensión públicos y privados.
Asimismo, el 13 de mayo de 2013 cumplió 55 años y para esa fecha superaba 1.000
semanas de trabajo.
3.- El Juzgado Tercero Administrativo de Quibdó, en sentencia de primera instancia
proferida el 10 de agosto de 2022, declaró la nulidad del acto acusado y dispuso,
como restablecimiento del derecho, el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación solicitada, liquidada sobre el 75% del promedio de los factores salariales
devengados en el año inmediatamente anterior y sobre los que se hubieren realizado
aportes a pensión, así como el retroactivo correspondiente, en la medida que la parte
demandante cumple los requisitos de la Ley 71 de 1988. Agregó que dicha pensión
no es incompatible con el salario que percibe como docente oficial, pues el artículo
19 de la Ley 4 de 1992 dispone que los docentes pensionados al entrar en vigencia
dicha ley se excluyen de la prohibición prevista en el artículo 128 de la Constitución.
4.- No obstante, en sentencia del 25 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo
del Chocó revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda. La decisión tuvo como fundamento que el régimen
aplicable al accionante no es el de la Ley 71 de 1988, sino el de la Ley 100 de 1993,
ya que no acreditó haber sido vinculado como docente antes de la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003. Además, precisó que la parte demandante no
cumplía los requisitos previstos para aplicar el régimen de transición del artículo 36
de la Ley 100 de 1993.
5.- La parte actora sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales invocados al incurrir en:
6.- Defecto sustantivo y decisión sin motivación, pues la decisión controvertida
incurrió en una incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión. Ello se
debe a que, en su parte motiva, expuso que a los docentes nacionales y
nacionalizados vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003 le son aplicables
las disposiciones de las leyes 33 y 62 de 1985. Sin embargo, negó las pretensiones
de la demanda a pesar de que el señor Reyes Cuesta cumplía con los anteriores
requisitos.
7.- Desconocimiento del precedente judicial, al omitir la aplicación del criterio
contenido en sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019,
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado. Para el accionante, dicha
providencia establecía que “para los casos en que la prestación de servicio del
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06305-00
Accionante: Rafael Reyes Cuesta
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
docente, haya sido en entidades públicas y privadas, les serán aplicables las normas
contenidas en la Ley 71 de 1988 siempre y cuando la vinculación al sector público
hayan sido anteriores al 27 de junio de 2003”.
8.- Violación directa de la Constitución. Para tal fin, sostuvo que la interpretación
de las normas contenidas en la Ley 33 de 1985, la Ley 71 de 1988 y la Ley 812 de
2003 debe ser la que permita efectivizar en mejor medida los derechos y garantías
laborales, conforme al artículo 53 de la Constitución.
9.- Aunado a ello, indicó que es una persona de la tercera edad y que la liquidación
incorrecta de su pensión de jubilación afecta su derecho fundamental al mínimo vital.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
10.- Mediante auto de 20 de octubre de 2023 se dispuso admitir la acción de tutela,
notificar de su presentación a la autoridad judicial accionada, así como vincular a la
Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio en calidad de tercero interesado. También se comunicó la
decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.
11.- Además, se requirió al Juzgado Tercero Administrativo de Quibdó para que
remitiera, en medio magnético, copia del expediente identificado con el radicado
número 27001-33-33-003-2020-00141-00.
(i) Tribunal Administrativo del Chocó5
12.- La autoridad judicial afirmó que la solicitud de tutela no acreditó una vía de
hecho que haga procedente la acción de tutela, ya que el actor fue vinculado como
docente solo a partir del 12 de febrero de 2007, es decir, luego de la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003. En esa medida, al concluir que no le era aplicable el
régimen de transición previsto en el parágrafo transitorio primero del Acto Legislativo
01 de 2005, la providencia bajo estudio no incurrió en vía de hecho. Adujo que la
acción de tutela no es una instancia adicional para resolver las inconformidades de
derecho de las partes de un proceso judicial.
(ii) Fiduprevisora S.A.6
13.- El tercero con interés afirmó que la tutela es improcedente, pues las
autoridades judiciales actuaron conforme a la normativa y a los precedentes
judiciales relacionados con el asunto. Además, solicitó su desvinculación del trámite
por carecer de legitimación en la causa por pasiva.
5
Expediente digital, intervención contenida en 8 folios.
6
Expediente digital, intervención contenida en 5 folios.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06305-00
Accionante: Rafael Reyes Cuesta
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
(iii) Ministerio de Educación Nacional7
14.- El tercero con interés afirmó que la autoridad judicial accionada actuó bajo los
principios de independencia y autonomía judicial, aunado a la presunción de acierto
y legalidad que acompaña la providencia. En esa medida, el desacuerdo de la parte
actora no puede ser fundamento para que el juez de tutela sustituya al juez natural
de la causa. Agregó que el fondo de la controversia resulta estrictamente económico
e involucra intereses privados, aspecto que carece de relevancia constitucional.
II. CONSIDERACIONES
C. Cuestión previa
15.- La Sala no accederá a la solicitud de desvinculación presentada por la
Fiduprevisora S.A., en la medida que no fue vinculada al trámite constitucional como
autoridad accionada, sino como tercero con un eventual interés en el resultado de la
acción de tutela. En efecto, las decisiones que se podrían tomar con ocasión de este
mecanismo, si bien no implican órdenes directas al tercero con interés, sí podrían
afectar su situación jurídica. En esa medida, su vinculación a este trámite comporta
una garantía del derecho al debido proceso.
D. La acción de tutela contra providencias judiciales
16.- El Consejo de Estado ha indicado de manera consistente y reiterada que, los
requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los
derechos fundamentales, son los siguientes 8 : (i) que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado todos los
medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv) cuando se trate de
una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique, de manera
razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que
esto hubiere sido posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de tutela.
17.- La relevancia constitucional supone la presentación de un conflicto que
trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien es sabido que el
ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el ordenamiento,
7
Expediente digital, intervención contenida en 12 folios.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017,
exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
4
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06305-00
Accionante: Rafael Reyes Cuesta
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
de tal suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no puedan
relacionarse con un derecho constitucional9.
18.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que para determinar si una
acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es necesario
examinar tres elementos 10 : (i) Que el actor motive con suficiencia argumentativa
dicha relevancia constitucional, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de
derechos fundamentales, sino que se deben expresar las razones de índole
constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales derechos, cuya
fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que la tutela no constituya una
instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia
acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto constitucional y no
meramente legal y/o económico.
D. Análisis del caso concreto
19.- Valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que se formulara
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, así como el escrito de
tutela, esta Sala permite advertir su falta de suficiencia en cuanto a su carga
argumentativa y pretenden reabrir la discusión surtida ante el juez natural en cuanto
al reconocimiento de la pensión de jubilación, de manera que no se acredita el
requisito de la relevancia constitucional.
20.- En el asunto objeto de estudio, resulta evidente que la parte demandante busca
un nuevo análisis de los aspectos definidos por el juez natural de la causa, pues los
argumentos planteados en la presente acción, fueron, a su vez, formulados en la
demanda y en los alegatos de conclusión de ambas instancias. En todos ellos
plantea que, al ser un docente oficial que se encontraba laborando con anterioridad
al 26 de junio de 2003, le era aplicable el régimen de transición del artículo 81 de la
Ley 812 de 2003 y, en esa medida, las previsiones de la Ley 71 de 1988 y las leyes
33 y 62 de 1985.
21.- El Tribunal Administrativo del Chocó, en sentencia del 25 de mayo de 2023,
negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Al
estudiar la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, invocada por la parte
actora en el escrito de tutela, determinó las siguientes subreglas de interpretación,
“condicionada[s] a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial”:
«a. Los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, gozan
del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación de los servidores públicos del
orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, y por tanto los factores en sus
liquidaciones pensionales son aquellos sobre los que efectuaron los respectivos
9
Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010.
10
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
5
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06305-00
Accionante: Rafael Reyes Cuesta
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y, por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los señalados en el citado artículo.
b. En el caso de los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, se les debe aplicar el régimen pensional de prima media establecido
en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Para
la liquidación pensional los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se
efectuaron las respectivas cotizaciones» (negrillas del texto original)
22.- Luego del análisis expuesto, indicó que al accionante le es aplicable la segunda
subregla de interpretación, en la medida que su vinculación como docente oficial se
acreditó luego de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, de la siguiente forma:
«(…) se tiene que la libelista se vinculó al sector docente oficial desde el 12 de febrero
de 2007 según formato único para la expedición de certificados de historia laboral
obrante del expediente, razón por la cual, según la fecha de afiliación, el régimen
pensional aplicable como docente es la Ley 100 de 1993, salvo la edad, 57 años para
hombre y mujeres en los términos del inciso 2º del artículo 81 de la Ley 812 del 26 de
junio de 2003.
(…) Nótese aún más, en gracia de discusión, que el señor Reyes Cuesta, no tuvo una
vinculación docente con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
como a su vez lo dispone el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, y mucho menos si
acudimos al régimen general consagrado en la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones,
tampoco sería beneficiario del régimen de transición consagrado en esta última norma
en razón al tiempo de servicio y edad, para aplicarle el régimen pensional consagrado
en la Ley 33 y 62 de 1985, que por demás solo permite la acumulación de tiempos
públicos, es decir, que demuestren 20 años de servicios en el sector público, situación
que no se predica del actor».
23.- Al determinar si procedía aplicar la Ley 71 de 1988 para computar el tiempo
servido en el sector público con el tiempo cotizado en el I.S.S., el Tribunal advirtió
que no existe una postura unificada sobre el particular en la Sección Segunda del
Consejo de Estado:
«(…) la Sala que la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, sobre el particular
presenta posiciones disimiles, pues mientras la Subsección A, sostiene que si es
posible que los docentes afiliados al FOMAG sean beneficiarios para el reconocimiento
de la pensión de jubilación de que trata le Ley 71 de 1988 y sus modificaciones, por su
parte la Subsección B, lo condiciona a que debe ser beneficiario del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993.
(…) Esta última posición, es la que más se ajusta a los casos en que la Corte
Constitucional (Sentencia SU769/14) se ha ocupado en estudiar el reconocimiento y
6
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06305-00
Accionante: Rafael Reyes Cuesta
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
pago de pensiones por acumulación de tiempos públicos y privados, destacando que
es un beneficio del régimen de transición contemplado en la Ley 100 de 1993, ya que
con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 fueron derogados e integrados en
un Sistema General de Seguridad Social los diversos regímenes pensionales que
existían antes de su expedición. Sin embargo, en aras de proteger a quienes tenían la
expectativa legítima de adquirir el derecho a la pensión de vejez de conformidad con
los requisitos establecidos en la normatividad anterior, el legislador estableció un
régimen de transición como forma de protección a sus garantías fundamentales».
24.- Luego de revisar los fundamentos jurídicos ya expuestos, el Tribunal concluyó
lo siguiente:
«(…) la Sala encuentra que la demandante para el 1º de abril de 1994, fecha de
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, acreditaba una edad de 36 años y un
tiempo de servicios privados por un espacio de 13 años, periodo durante el cual cotizó
a seguridad social al ISS. Asimismo, que durante su vida laboral se ha desempeñado
en el sector privado y público por más de 25 años, de los cuales 11 fueron como
docente oficial, iniciando el 12 de febrero de 2007, periodo durante el cual realizó
aportes al FOMAG.
Así las cosas, es posible establecer que al actor le es inaplicable el régimen pensional
del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, pues, como se analiza en el capítulo anterior, es
procedente solo para los docentes oficiales que demuestren 20 años de servicios en
el sector público, situación que no se predica del actor.
Es de señalarse, que si bien es cierto la accionante sigue desempeñándose como
docente oficial, también lo es, que los tiempos posteriores a la presentación de la
solicitud de pensión y el estudio bajo la norma que legalmente le otorga la pensión a
la fecha, esto es, como lo dispone el inciso 2º del artículo 81 de la Ley 812 del 26 de
junio de 2003, y acreditar el número mínimo de semanas exigidas por el artículo 34 de
la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, esto es, 1.300 semanas por
mínimo para el año 2015, no pueden ser estudiado en esta oportunidad por falta de
decisión previa de la entidad accionada.
Pues corresponde al juzgador acceder o negar las pretensiones de la demanda
conforme al petitum del libelo demandatorio, es decir conforme al régimen
solicitado en la demanda y no afectar el eje principal de la misma.
(…) También se tiene, que el demandante no es beneficiario del régimen de transición
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dado que, como ya se analizó, únicamente
acreditaba 36 años de edad y un tiempo de servicios de aproximado a 13 años al
momento de la entrada en vigencia de dicha norma; razón por la cual su
reconocimiento pensional es improcedente en los términos que dispuso el a quo, esto
es, a la luz de la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994.
Por ende, al establecerse que el demandante no le asiste el derecho a la aplicación
del régimen pensional de las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988, es posible concluir que
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Accionante: Rafael Reyes Cuesta
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el estudio para el reconocimiento de la pensión debe realizarse teniendo en cuenta las
disposiciones consagradas en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, por remisión del
inciso 2º del artículo 81 de la Ley 812 del 26 de junio de 2003, pues se reitera el actora,
no tuvo una vinculación docente con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, como a su vez lo dispone el artículo 15 de la Ley 91 de 1989.
Por último, a modo de pedagogía judicial, no es objeto de discusión para la Sala que
el régimen pensional aplicable al demandante no es el contenido en la Ley 71 de 1988,
luego entonces no se puede hablar de que es el más favorable, ya que no hay duda
en la aplicación e interpretación de las normas jurídicas al caso objeto de estudio y que
obligue optar por la situación más favorable. Y si bien la tasa de reemplazo es superior
a la que tiene derecho en aplicación de la Ley 100 de 1993, no se pasa por alto, que
el último inciso del artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de
2003, permite incrementar el IBL 1,5% por cada 50 semanas adicionales a las mínimas
requeridas, sin pasar de una tasa de reemplazo del 80%. Razón por la cual, toda vez
que en el caso del demandante no se ha demostrado el retiro definitivo del servicio
como docente, su pensión aún se puede acrecentar con las semanas adicionales
efectivamente cotizadas.
Finalmente, debe advertirse que el pago de la pensión en este caso está restringido
hasta tanto no se demuestre el retiro definitivo del servicio del demandante. Lo anterior
en virtud de que, si bien es cierto al sector docente oficial se le ha permitido gozar
concurrentemente de salario y pensión en los términos del artículo 6 de la Ley 60 de
1993, dicha norma fue derogada expresamente por la Ley 715 de 2001, de manera
que aquellos docentes vinculados a partir de la Ley 812 de 2003 no tienen derecho a
este beneficio, como lo pretende (…)» (negrillas del texto original).
25.- Bajo este escenario, no hay duda de que el accionante propone en sede de
tutela los mismos argumentos expuestos en el proceso ordinario y, que estos, a su
vez, fueron resueltos en su totalidad por la autoridad judicial sin reproche de orden
constitucional.
26.- En efecto, para la Sala las razones expuestas por la parte actora no dan cuenta
de una discordancia de carácter sustantivo con las consideraciones del Tribunal, en
la medida que ambos reconocen la posibilidad de aplicar un régimen de transición a
aquellos docentes del sector oficial que fueren vinculados antes de la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003. El centro de la controversia radica en la valoración
probatoria del Tribunal, ya que al estudiar los presupuestos del caso particular,
advirtió que el señor Reyes Cuesta fue vinculado como docente oficial a partir del 12
de febrero de 2007. De ahí que, en el caso concreto, no resultaran aplicables los
regímenes de transición invocados por la parte actora. Además, el Tribunal advirtió
que no procedía aplicar el principio de interpretación de favorabilidad en materia
laboral, ya que no procedía dar alcance a las normas alegadas por la parte actora.
27.- Con base en lo expuesto, la Sala advierte que las decisiones cuestionadas
encuentran claro sustento en el principio de la libre valoración judicial y, antes de
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configurar una actuación subjetiva o arbitraria son, en realidad, el resultado de una
interpretación razonable del material probatorio aportado al proceso, a su vez,
confrontado con las preceptivas legales que lo delimitan y que resultaban aplicables
al caso concreto, así como la jurisprudencia relacionada, los cuales ayudaron a llegar
a la conclusión de que la parte actora no satisfacía los requisitos previstos en el
ordenamiento para la aplicación del régimen de transición contenido en la Ley 812
de 2003, ni el régimen general dispuesto en la Ley 100 de 1993.
28.- Por lo demás, no sobra mencionar que la jurisprudencia constitucional no ha
considerado factible la procedencia excepcional de la tutela contra providencias
judiciales, cuando quiera que estas se fundamentan en un determinado criterio
jurídico, en una razonable interpretación de las normas que son aplicables a la causa
y en una valoración adecuada de las pruebas allegadas, ya que de no ser ello así,
habría una intromisión arbitraria del juez de tutela que menoscabaría de manera
grave los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial, los
cuales, en forma precisa, habilitan al juez para aplicar la ley sustancial y procesal11.
29.- Por todo lo anterior, la acción de tutela que se examina no cumple con el
requisito general de relevancia constitucional, máxime, si se tiene en cuenta que su
objeto es reabrir un debate tramitado y concluido en la instancia respectiva, lo que
desnaturaliza su finalidad como mecanismo supletivo de protección de los derechos
fundamentales. En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela impetrada por Rafael Reyes Cuesta.
30.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado, en los
términos expuestos en la parte motiva de la presente sentencia.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS NICOLÁS YEPES CORRALES
11
Cfr. Sentencia T-1015 de 2010 de la Corte Constitucional.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06305-00
Accionante: Rafael Reyes Cuesta
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE12
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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