República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2023-06311-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
23 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá D. C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001 03 15 000 2023 06311 00
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial / Acción de cumplimiento
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
1. La acción de tutela
El señor Wilson Alfonso Andrade a través de apoderado promueve acción de tutela
contra el Consejo de Estado, Sección Quinta, y el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia.
1.1. Pretensiones
En protección de los derechos reclamados solicita:
1. Con fundamento en las razones previamente expuestas, de la manera más
respetuosa le solicito REVOCAR la sentencia de segunda instancia bajo Radicado No.
76001 23 33 000 2023 00110 01 del 18 de mayo de 2023 proferida por el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta en cabeza de los
magistrados Luis Alberto Álvarez Parra, Rocío Araújo Oñate, Carlos Enrique Moreno
Rubio y Pedro Pablo Vanegas Gil y la sentencia de primera instancia No- 02 de fecha
14 de marzo de 2023 proferida por el Honorable Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca en cabeza de los magistrados Ana Margoth Chamorro Benavides, Zoranny
Castillo Otálora y Víctor Adolfo Hernández Díaz por su presunta violación a mis
derechos fundamentales de la igualdad (13), de la información verás (20), del trabajo
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Demandante: Wilson Alfonso Andrade
(25), del debido proceso (29) y de acceso a la administración de justicia (229)
contemplados en la Constitución Política, así como también del artículo 8.° de la
Convención Americana de los Derechos Humanos entre otros.
2. Teniendo en cuenta que los servidores públicos del Instituto Nacional de Vías (INVIAS)
SE NIEGAN a darle cumplimiento al mandato establecido en la ley, de la manera más
respetuosa solicito ORDENAR al aquí referido organismo en cabeza de su director,
doctor Juan Alfonso Latorre Uriza y demás servidores públicos de este organismo,
CUMPLIR de manera irrestricta el deber omitido, ORDEN que debe ser extensiva a todos
los organismos dependientes y adscritos para el cumplimiento de la jornada laboral de
cuarenta y cuatro (44) horas a la semana establecidas en el artículo 33 del Decreto Ley
1042 de junio 7 de 1978 expedido por el entonces presidente de la República, doctor
Alfonso López Michelsen, el cual se encuentra vigente y de obligatorio cumplimiento
como lo expresa la Sala de Conjueces en el párrafo cuarto de la página 12 de la
Sentencia de Segunda Instancia bajo Radicación No. 76001 23 33 000 023 00101 02
del 8 de septiembre de 2023.
1.2. Hechos de la solicitud
Como hechos relevantes, señaló los siguientes:
i) El Instituto Nacional de Vías -INVIAS actualmente está incumpliendo la jornada laboral
de cuarenta y cuatro horas a la semana establecida en el artículo 33 del Decreto Ley
1042 de 1978.
ii) El señor Wilson Alfonso Andrade radicó acción de cumplimiento contra el Instituto
Nacional de Vías --INVIAS con el propósito de que se le ordene acatar el artículo 33 del
Decreto Ley 1042 de 1978, tanto en el nivel central como en los organismos que le
están adscritos.
iii) El 14 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las
pretensiones de la demanda.
iv) El 18 de mayo de 2023, el Consejo de Estado, Sección Quinta, confirmó la sentencia
proferida por el juez a quo.
1.3. Fundamentos jurídicos del accionante
Consideró que la providencia objeto de litis incurrió en los siguientes defectos:
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1.3.1. Defecto fáctico
i) «Las decisiones tomadas carecen de fundamentación probatoria de norma legal
alguna que autorice la reducción de la jornada laboral de cuarenta y cuatro horas (44)
establecidas en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 para los servidores públicos
del nivel nacional».
ii) De acuerdo con el referido artículo 33, la asignación mensual fijada en las escalas
de remuneración correspondería a jornadas laborales de cuarenta y cuatro (44) horas
semanales, pero en vista de que los funcionarios públicos del INVIAS solamente
cumplen una jornada laboral de cuarenta (40) horas semanales, su escala de
remuneración debería ser la establecida para los empleos de tiempo parcial clasificado
en el artículo 22 de la Ley 909 de 2004 y en el artículo 2.2.1.3.1 del Decreto 1083 de
mayo 26 de 2015.
1.3.2. Desconocimiento del precedente
Las autoridades judiciales en las providencias objeto de litis inobservaron la Sentencia
C-1063 de 2000, especialmente su numeral 7.º, a cuyo tenor «en lo que tiene que ver
con la jornada máxima legal para los empleados públicos de la rama Ejecutiva del
sector nacional, el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 dispone que dicha jornada por
norma general, será de cuarenta y cuatro (44) horas a la semana», y el numeral 10.º,
del cual se deduce que «en la situación legal y reglamentaria, las condiciones del
servicio son fijadas por la ley o el reglamento, Y NO PUEDEN SER MODIFICADAS SINO POR
OTRA NORMA DE IGUAL JERARQUÍA, cosa que no ocurre en el caso en que el vínculo se
da en virtud de un contrato de trabajo».
1.4. Actuación procesal
Por auto del 20 de octubre de 2023 se admitió la presente acción de tutela, se ordenó
notificar como demandados a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Quinta
y del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y se vinculó como tercero interesado
al Instituto Nacional de Vías -INVIAS, entidad que fungió como demandada en el medio
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de control de cumplimiento con radicado 76001 23 33 000 2023 00110 00 [01], para
que dentro del término de tres días, y en uso de su derecho de defensa, rindieran el
respectivo informe.
1.5. Intervenciones
1.5.1. El magistrado del Consejo de Estado, Sección Quinta,1 Pedro Pablo
Vanegas Gil, solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo, pues la acción de
tutela no es la vía apropiada para proponer inconformidades contra decisiones de los
jueces con el propósito de reabrir etapas procesales ya surtidas.
1.5.2. La magistrada del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,2 Ana Margoth
Chamorro Benavides, manifestó que los hechos y fundamentos de derecho que se
tuvieron en cuenta para adoptar la decisión se encuentran contenidos en la providencia
objeto de examen.
1.5.3. El apoderado del Instituto Nacional de Vías -INVÍAS,3 Jorge Eliécer Manrique
Villanueva, consideró que la acción de tutela promovida por el señor Wilson Alfonso
Andrade no cumple con el requisito de relevancia constitucional, toda vez que pretende
reabrir una discusión sobre un tema agotado ante el juez natural de la causa.
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
Esta Sala en competente para conocer de la presente acción de tutela de conformidad
con lo previsto en los artículos 86 Constitucional y 25 del Acuerdo 080 de 2019, según
el cual «[l]as tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera
instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los
magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la
sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto», en concordancia con el artículo 7.° del artículo 2.2.3.1.2.1.
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Expediente digital de tutela.
2 Expediente digital de tutela.
3 Expediente digital de tutela.
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del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021,
según el cual «[l]as acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y
el Consejo de Estado serán repartidas para su conocimiento en primera instancia a la
misma Corporación, y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que
corresponda, de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo
2.2.3.1.2.4.».
2.2. Cuestión previa
Antes de proceder al estudio de la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el accionante, la Sala aclara que solo realizará el análisis
de la decisión adoptada en segunda instancia por el Consejo de Estado, Sección
Quinta, por ser el órgano de cierre del presente asunto.
2.3. Problema jurídico
Consiste en determinar si el Consejo de Estado, Sección Quinta, quebrantó los
derechos fundamentales invocados por el accionante al proferir la sentencia del 18 de
mayo de 2023 dentro del medio de control de cumplimiento con radicado 76001 23 33
000 2023 00110 00 [01], por medio de la cual resolvió confirmar la providencia dictada
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones de la
demanda.
2.4. Marco normativo y jurisprudencial
2.4.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia
como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera
que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad».
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El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció, en sus artículos 11, 12
y 40, la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales
ejecutoriadas, artículos que posteriormente fueron declarados inexequibles por la
Corte Constitucional en la Sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban
contra los principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, además de trasgredir
la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas
por la Constitución.
Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad de
manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la acción
de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones
de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda
causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede
hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.
En este criterio, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la
Sentencia C-590 de 2005,4 en la que se hace distinción entre causales genéricas,
aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la
acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la
procedencia misma del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes:
(i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que
se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir
del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad
procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que ésta identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
4 Reiteradas en la sentencia SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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la vulneración así como los derechos y que se hubiere alegado en el proceso judicial
siempre que hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,5 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.
Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 2014,6 acogió un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la notificación
o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de
inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los
parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.
2.4.2. La procedencia de la acción de tutela de la referencia
De acuerdo a la Sentencia SU-157 de 2022, es indispensable verificar que la acción
de tutela no sea utilizada como una instancia adicional para remplazar las vías
judiciales ordinarias, parámetro conforme al cual el caso objeto de estudio reviste
suficiente relevancia constitucional, toda vez que el debate gira en torno a la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, y fueron desarrollados los argumentos para respaldar dichos
cargos, así como los defectos que en criterio del accionante se configuraron en la
decisión objeto de litis.
La Sala considera que el presente asunto cumple con el requisito de subsidiariedad,
en cuanto se dirige contra la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección
5Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González.
Expediente radicado 11001 03 15 000 2009 01328 01(IJ).
6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente
radicado 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Quinta, que resolvió la apelación propuesta contra la decisión adoptada en providencia
del 14 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de modo
que la parte accionante agotó todos los medios ordinarios de defensa, es decir, acudió
al juez constitucional de forma subsidiaria.
De otra parte, se encuentra cumplido el requisito de inmediatez, en cuanto la
providencia acusada fue dictada el 18 de mayo de 2023, notificada por correo
electrónico el 23 de igual mes y año,7 mientras que la acción de tutela de la referencia
fue radicada el 12 de octubre de igual anualidad,8 es decir, dentro de los 6 meses
siguientes, término que ha sido acogido por esta corporación como prudencial para
acudir al medio de amparo constitucional.
La solicitud de tutela identifica razonablemente los hechos y los argumentos con
fundamento en los cuales se cuestiona la vulneración de derechos en la sentencia
enjuiciada.
El asunto no se refiere a una sentencia de tutela, toda vez que la decisión objeto de
litis se profirió dentro del trámite del medio de control de cumplimiento.
2.5. Hechos probados
De conformidad con las pruebas, que obran dentro del expediente, se puede
establecer lo siguiente:
2.5.1. El 2 de febrero de 2023, el señor Wilson Alfonso Andrade, actuando en nombre
propio, radicó medio de control de cumplimiento contra el Instituto Nacional de Vías -
INVIAS con el propósito de que se ordenara a su director acatar el artículo 33 del Decreto
1042 de 1978, a fin de que los servidores públicos del organismo cumplan de manera
estricta la jornada laboral de 44 horas a la semana establecida en dicha norma, orden
que debía ser extendida a todas las dependencias del nivel central y a los organismos
adscritos. 9
7https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=7600123330002023001100111001
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https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103150002023063110011001
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9 Expediente digital original del medio de control de cumplimiento.
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2.5.2. El 14 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las
pretensiones de la demanda.10
2.5.3. El 18 de mayo de 2023, el Consejo de Estado, Sección Quinta confirmó la
sentencia proferida por el juez a quo.11
2.6. Análisis de la Sala. Caso concreto
Previo a resolver los cargos propuestos, la Sala debe aclarar que el accionante aduce
que se habría incurrido en un presunto defecto fáctico, sin embargo, conforme a los
argumentos contenidos en el escrito de tutela se deduce que alega la estructuración
de un defecto sustantivo, razón por la cual el reparo se estudiará bajo esta causal.
En el anterior orden de ideas, el accionante afirma que la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia se generó
por razón de la providencia proferida por la Sección Quinta de esta corporación y,
respecto del cargo relativo al defecto sustantivo el señor Wilson Andrade cuestionó
la interpretación que la autoridad judicial hizo del alcance del artículo 33 del Decreto
1042 de 1978 pues, a su juicio, el Instituto Nacional de Vías en lo relativo a la
asignación mensual que corresponde a jornadas de cuarenta y cuatro (44) horas
semanales, no ha dado cabal cumplimiento a dicho precepto.
La Subsección a fin de dilucidar tal cargo, destaca que la Sección Quinta de esta
corporación de manera expresa se pronunció sobre el entendimiento del precepto
cuestionado -el artículo 33- y concluyó que dicha norma contiene la escala de
remuneración para los empleos de distintas categorías fijadas por el Decreto 1042 de
1978 y delimita su campo de aplicación dentro de los ministerios, departamentos
administrativos, superintendencias y establecimientos públicos, entre otros.
Establecido lo anterior, evidenció que la norma no dispone que la jornada laboral del
Instituto Nacional de Vías -INVIAS, deba ser de cuarenta y cuatro horas semanales, toda
10 Expediente digital original del medio de control de cumplimiento.
11 Expediente digital original del medio de control de cumplimiento.
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vez que del mencionado artículo 33 se desprende «la escala salarial que devengan
determinado grupo de servidores públicos de distintas entidades, sin que de ello se
pueda predicar que es deber de, por ejemplo, los establecimientos públicos como el
INVIAS, establecer que todos sus empleados laborarán cierta cantidad de horas».
De otro lado, la autoridad judicial enjuiciada sostuvo que contrario a lo afirmado por el
señor Andrade, de la disposición que solicitó cumplir al INVIAS no se advierte una
obligación clara, expresa y exigible, así como tampoco establece «la escala salarial
para los empleados de la entidad accionada que laboren 40 horas a la semana como
lo aduce el actor, ni tampoco, que los servidores de la entidad accionada deban laborar
44 horas».
No sobra precisar que esta Sala, en distintas providencias que resolvieron acciones de
cumplimiento ejercidas por el actor en procura del acatamiento del artículo 33 del
Decreto 1042 de 1978 para que se le ordene a otras entidades que establezca que el
horario de sus trabajadores es de 44 horas semanales, concluyó que esta norma prevé
«la jornada laboral para quienes desempeñen los empleos que tengan una asignación
mensual fijada en las escalas de remuneración indicadas en ese decreto; sin embargo,
del contenido de la norma no se vislumbra que ello implique que la procuraduría
demandada deba atender esa disposición y variar los horarios ya establecidos». Es
decir, que el hecho de que se atienda al público 40 horas a la semana no implica que se
desconozca la jornada laboral a que están atados los servidores públicos de la entidad
demandada.
Ante este estado de cosas, la Sala estima que la Sección Quinta de esta corporación,
acierta en su argumentación en tanto, luego de un análisis minucioso de lo dispuesto
en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, concluyó que el Instituto Nacional de Vías
no estaba sujeto a aplicarlo bajo los términos aducidos por el accionante de modo que
no es posible predicar su inobservancia, y por lo mismo le resultaba forzoso concluir
que las pretensiones del medio de control de cumplimiento no estaban llamadas a
prosperar.
Ahora bien, como a juicio del accionante existe desconocimiento del precedente
sentado en la Sentencia C-1060 de 2000, al considerar que el artículo 33 del Decreto
1042 de 1978 establece una jornada máxima de cuarenta y cuatro horas para los
empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional, es del caso reiterar que
la Sección Quinta del Consejo de Estado señaló que no se evidenció incumplimiento
de dicha norma, toda vez que la norma que se pretende hacer cumplir «no contiene
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un mandato imperativo e inobjetable, pues solo fija el límite de la jornada ordinaria
laboral semanal para los empleados públicos del orden nacional y otorga la facultad al
respectivo jefe de cada organismo para que determine el horario laboral, pero no indica
que sea 44 horas semanales la jornada mínima de trabajo».
Así las cosas, huelga concluir, que mal podría hablarse en la providencia objeto de
reproche de la configuración de los defectos por desconocimiento del precedente y
sustantivo, pues como se dejó expuesto en líneas precedentes la Sección Quinta de
esta corporación, al abordar de fondo el asunto, y previo el análisis propio que le estaba
encomendado, en su condición de juez natural de la causa, concluyó que del artículo
33 del Decreto 1042 de 1978, no se desprendía el mandato que solicita atender el
señor Wilson Alfonso Andrade.
Por todo lo anterior, esta Sala de Subsección considera que la providencia
controvertida está suficientemente argumentada, sin que, de otra parte, se hubiera
acreditado el desconocimiento de los derechos fundamentales invocados, lo que
descarta la vulneración alegada.
3. Conclusión
La Sala concluye que la providencia del 18 de mayo de 2023, proferida por la Sección
Quinta de esta corporación, no vulneró los derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia al confirmar el fallo del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que negó a las pretensiones del medio de control
de cumplimiento identificada con el radicado 76001 23 33 000 2023 00110 00 [01].
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
Falla
Primero. Denegar el amparo de los derechos fundamentales invocados por el señor
Wilson Alfonso Andrade, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte
motiva de esta providencia.
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Segundo. En caso de no ser impugnada la presente sentencia, remitir el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
CRG
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
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