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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06321-00

Fecha
1 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06321-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado de conformidad con las razones expuestas ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-06321-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

1 de diciembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLAS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., primero (01) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06321-00
Accionante: José Manuel Restrepo Ortiz
Accionados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema: Requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela – relevancia constitucional.
Decisión: Se declara improcedente la solicitud de amparo.

La Sala decide la acción tutela1 presentada por José Manuel Restrepo Ortiz, mediante
apoderado judicial2, en contra del Tribunal Administrativo del Atlántico, la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la Dirección General de la Policía
Nacional – Secretaría General – Grupo Pensionados.

I.- ANTECEDENTES

1.- La solicitud de amparo

José Manuel Restrepo Ortiz interpuso acción de tutela en procura de la protección de
sus derechos fundamentales a la igualdad, a la dignidad humana, al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, además, de los principios de publicidad, celeridad
y eficacia, que estimó vulnerados con las sentencias del 31 de agosto de 2020 y del 4
de mayo de 2023, proferidas por las autoridades judiciales accionadas,
respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado No. 08-001-23-33-000-2016-01251-00.

2.- Hechos

1
Obra en certificado D8EB32A6B7E6A1E8 CC9A6E30EFA1BFD8 4FD276EB1AC3295E B5B575F1F6978E5E,
índice 2, en el expediente de tutela digital.
2
Ibidem folios 57 y 58.

2
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06321-00
Accionante: José Manuel Restrepo Ortiz
Accionados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

2.1.- Luis Albeiro Restrepo Quiroz ingresó a la Policía Nacional y falleció el 6 de
diciembre de 1992, completando un total de 9 años de servicio en la institución.

2.2.- Al occiso le sobrevivieron sus padres José Manuel Restrepo Ortiz y Ana Delfa
Quiroz.

2.3.- El 14 de octubre de 2011 el señor Restrepo Ortiz elevó petición ante la Policía
Nacional, reiterada el 23 de noviembre de 2012, en la cual exigió el reconocimiento y
pago de la sustitución pensional de su hijo fallecido.

2.4.- El 6 de diciembre de 2012, la demandada, a través del oficio S-2012-330806, negó
la solicitud.

2.5.- Por lo mencionado, el accionante de tutela incoó demanda en uso del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional con el fin de obtener la declaratoria de nulidad del oficio S-
2012-330806 del 6 de diciembre de 2012, por medio del cual se le negó el
reconocimiento, liquidación y pago de la sustitución pensional en calidad de padre del
difunto Luis Albeiro Restrepo Quiroz.

A título de restablecimiento del derecho pidió: i) el reconocimiento y pago de la pensión
desde la fecha del fallecimiento del señor Restrepo Quiroz (6 de diciembre de 1992)
hasta que se haga efectiva su cancelación y los valores correspondientes a la
indexación; ii) el pago de los dineros retroactivos que resulten de la diferencia
económica dejada de percibir con su respectiva indexación; iii) el reconocimiento y pago
del reajuste de la sustitución pensional en calidad de padre, desde el 6 de diciembre de
1992 hasta la fecha de la sentencia; iv) la cancelación de las actualizaciones dinerarias
consecuentes con el IPC; y, v) la condena en costas a la parte demandada.

2.6.- El asunto contencioso correspondió por reparto a la Sección A del Tribunal
Administrativo del Atlántico, bajo el radicado No. 08001-23-33-000-2016-01251-00, que
con sentencia del 31 de agosto de 2020 3 negó las pretensiones de la demanda al

3
Ibidem folios 94 a 110.

3
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06321-00
Accionante: José Manuel Restrepo Ortiz
Accionados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

considerar que el derecho pensional por muerte se causa a partir de la fecha de
fallecimiento de la persona y, en ese orden, la norma que rige la prestación es el
Decreto Ley 1213 de 1990, en tanto el deceso se produjo el 6 de diciembre de 1992 y
no la Ley 100 de 1993.

2.7.- La decisión fue apelada y la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante fallo del 4 de mayo de 20234, confirmó la sentencia del a quo bajo los
mismos argumentos.

3.- Fundamentos de la acción de tutela

El accionante adujo que:

“(…)[R]resulta entonces que se hace exigible a la Administración de Justicia,
analizar nuevamente los fallos tanto de PRIMERA como de SEGUNDA instancia a
razón de la disponible UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA ANALOGA (sic)
APLICABLE YA SEA POR EXTENSIÓN O POR SER “ERGA OMNES” A FAVOR
DE MI PODERDANTE, DE LAS SENTENCIAS DE UNIFICACIÓN que me permito
citar, así:

1. Sobre el tema del PRINCIPIO DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA, se tiene
su señoría la existente SENTENCIA SU - 005 DE 2018. MAGISTRADO PONENTE:
CARLOS BERNAL PULIDO. BOGOTÁ. DE FECHA: TRECE (13) DE FEBRERO DE
2018. Referencia de expedientes acumulados: T-6.027.321 -principal- (María
Bernarda Mazo Villa contra Colpensiones), T-6.029.414 (Javier Augusto Arroyave
Cadavid contra Colpensiones y la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal
Superior de Medellín y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia), T-6.294.392 (Aminta León de Cuchigay contra Colpensiones), T-6.384.059
(María del Carmen Gutiérrez de García contra Colpensiones), T-6.356.241 (Ana
Leonor Ruiz de Pardo contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá y
Colpensiones), T-6.018.806 (Amilbia de Jesús Usma de Vanegas contra la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Pereira y Colpensiones) y T 6.134.961 (Lilia Rosa
Ortiz de González contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia).

2. SENTENCIA SU-837 DE 2002, proferida por la Honorable Corte Constitucional la
Sala Plena. Por el Honorable Magistrado Ponente: MANUEL JOSE CEPEDA
ESPINOZA; dentro del Expediente T-503413, de fecha: 9 de octubre del 2002.

3. SENTENCIA SU 158/13. Sala Plena. Decisión proferida por la Honorable
Magistrada Ponente: MARÍA VICTORIA CALLE CORREA, dentro del Expediente T-
3331829.

4
Ibidem folios 111 a 131.

4
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06321-00
Accionante: José Manuel Restrepo Ortiz
Accionados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Mismo modo en “ANALOGÍA LEGIS”, por tratarse de una jurisprudencia análoga
aplicable a favor del Actor, emitida por la más Alta Corte con todo respeto me
permito relacionar las siguientes:

a. SENTENCIA C-284/15; de fecha: 13 de mayo de 2015. La cual, dada la fecha de
su fallo, se convierte en.
b. SENTENCIA T-587A DE 2012. MAGISTRADA PONENTE MARIA GUILLEN
ARANGO. EXPEDIENTE T – 3412816. De fecha: 26 DE JULIO DE 2012.
c. SENTENCIA T-278/16, Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO, de fecha: 27 de mayo de 2016.
d. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A” Consejero Ponente: GUSTAVO
EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN Bogotá D.C., tres (03) de marzo de dos mil
quince (2015). Radicación No: 050012333000201200772 01. Número Interno: 0328-
2014. Actor: MARÍA DIOSELINA RAIGOSA DE GARCÍA. Demandado: NACIÓN-
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALPOLICÍA NACIONAL. Tema: Pensión
sobrevivientes. APELACIÓN SENTENCIA AUTORIDADES NACIONALES.
e. De la CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN SEGUNDA ha ordenado reconocer
prestaciones pensionales cuando lo que faltaba para cumplir el requisito de ley ha
sido menor y obedece a circunstancias ajenas al querer del interesado, tal y como lo
resolvió, v.gr., en sentencias de la Subsección A, del 26 de octubre de 2006,
radicado interno 4109-04, CP Dr. Jaime Moreno García, y del 10 de octubre de
2013, radicado interno 1776-12, CP DR. LUÍS RAFAEL VERGARA QUINTERO, Y
LA SUBSECCIÓN B, la sentencia del 30 de septiembre de 2010, radicado interno
1067-09, CP DR. GERARDO ARENAS MONSALVE, por mencionar algunas.
Sentencia, que, dado su valor probatorio, sobre las pretensiones esgrimidas en esta
Acción, le debe ser reconocido al Actor su derecho y con ello el pago de Sustitución
de Pensión”5.

4.- Pretensiones de la acción de tutela

Solicitó:

“PRIMERO. Se ruega a su señoría DEJAR SIN EFECTOS lo decidido por el
Honorable TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ATLÁNTICO SECCIÓN “A” fallado con fecha: TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO
DE 2020 por los miembros de la Sala, los Magistrados: CRISTOBAL RAFAEL
CHRISTIANSEN MARTELO, LUIS CARLOS MARTELO MALDONADO y JUDITH
ROMERO IBARRA.

SEGUNDO. Consecuentemente se ruega DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de
SEGUNDA INSTANCIA proferida por el respetado CONSEJO DE ESTADO SALA
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN
“A” fallada con fecha: CUATRO (4) DE MAYO DE 2023 decidida por los miembros
de la sala los CONSEJEROS PONENTES: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ,
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS y JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ,
consecuentemente con lo anterior con todo respeto se ruega:

TERCERO. Ruego a su señoría se proceda a ORDENAR a las entidades aqui
TUTELADAS y a la DEMANDADA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
NACIONAL, para que, en el plazo señalado, proceda a reconocer en AMPARO DE

5
Ibidem folios 6 y 7.

5
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06321-00
Accionante: José Manuel Restrepo Ortiz
Accionados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

TUTELA al JOSE MANUEL RESTREPO ORTIZ identificado con la cédula de
ciudadanía No. 584.540, por ser Padre de su Hijo difunto Causante de Pensión el
señor LUIS ALBEIRO RESTREPO QUIROZ (Q.E.P.D.), identificado en vida con la
C.C. No.71.420.231 de Armenia, persona a tener derecho al reconocimiento y pago
mensual de PENSIÓN DE BENEFICIARIO. Reconocimiento pensional que deberá
hacerse de forma retroactiva con la prescripción pertinente por parte de la Entidad:
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL - SECRETARÍA GENERAL -
GRUPO PENSIONADOS, entidades de derecho público representada por el señor
Director General WILLIAM RENÉ SALAMANCA RAMÍREZ, o quien haga sus veces
respectivamente. Teniendo en cuenta la fecha de fallecimiento del Causante de
Pensión, sucedida con fecha: SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 1992”6.

5.- Trámite de la acción de tutela

5.1.- Mediante auto del 17 de octubre de 20237 el ponente admitió la acción de tutela y
ordenó su notificación.

5.2.- La Policía Nacional8 adujo que no existe un perjuicio irremediable y que no se
vulneraron los derechos fundamentales del accionante, razón por la cual solicitó que se
nieguen las pretensiones de la tutela.

5.3.- El Consejero de Estado Rafael Francisco Suárez Vargas rindió su informe9, explicó
que al demandante no le asiste ningún derecho pensional de los que contemplan los
artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993, toda vez que las expectativas prestacionales,
surgidas con la muerte de su hijo, se consolidaron en vigencia de la normativa anterior,
cuyos requisitos no se colmaron por parte del causante, pues no había prestado 15 o
más años de servicios a la Policía Nacional al momento de su muerte.

II.- CONSIDERACIONES

6
Ibidem folio 19.
7
Obra en el certificado DCF2F2DCE353DF61 0A821C469EFF8130 59015055042305B9 0C5144CD1E3EEE14,
índice 4, en el expediente de tutela digital.
8
Obra en certificado BA650F52C83CF2B9 C68F28E2CACED159 F3020BB774481244 BBF8FE777FEEECA5, índice
8, en el expediente de tutela digital.
9
Obra en certificado 36A94528301D2DFB 91703AE0FF14807A 859D38FE9B812142 5F0196E505206172, índice 9,
en el expediente de tutela digital.

6
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06321-00
Accionante: José Manuel Restrepo Ortiz
Accionados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

1.- Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por José
Manuel Restrepo Ortiz en contra del Tribunal Administrativo del Atlántico, la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la Dirección General de la Policía
Nacional – Secretaría General – Grupo Pensionados de conformidad con lo establecido
en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo
No. 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.- Cuestión previa

El accionante incoa la presente acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo
del Atlántico, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la
Dirección General de la Policía Nacional – Secretaría General – Grupo Pensionados,
sin embargo, esta Sala solo analizará la sentencia de segunda instancia, en tanto fue la
que puso fin al proceso adelantado en uso del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y por cuanto no encuentra cargos directos en contra de la
Policía Nacional y sus dependencias.

3.- Problema jurídico

3.1.- Corresponde a la Sala determinar si el convocado vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte actora al incurrir en el desconocimiento de la
jurisprudencia enunciada.

3.2.- Para resolver lo anterior, se verificará si la solicitud de amparo constitucional
cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en contra
de providencias judiciales, especialmente con el de relevancia constitucional. De
superarse, se examinará el fondo del asunto.

4.- La acción de tutela en contra de providencias judiciales

7
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06321-00
Accionante: José Manuel Restrepo Ortiz
Accionados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad 10 y de procedencia 11 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.

5.- El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto

5.1.- Sobre este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela “no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones”12.

En efecto, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario examinar
dos elementos, a saber13 : (i) que el actor cumpla su carga argumentativa, justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que la
acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo especial constitucional
está instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia
que el actor tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional, a través de la sentencia SU-215 de 2022 14 ,
advirtió que para analizar si una acción de tutela cumplía con el requisito de relevancia
constitucional, era necesario verificar:

10
De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de
acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la
solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria
de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
11
Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental;
defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por
desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
12
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
13
Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001 03 15 000 2012 02201 01, C.P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
14
Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

8
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06321-00
Accionante: José Manuel Restrepo Ortiz
Accionados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales”.

Así mismo, resaltó que en caso de que una acción de tutela fuere incoada en contra de
una providencia judicial emitida por una alta corte, resultaba mandatorio advertir,
además de los anteriores requisitos, “una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales”.

5.2.- Para la Sala se torna evidente que el amparo impetrado no satisface el requisito de
relevancia constitucional, puesto que se advierte como un medio dirigido a revivir el
análisis efectuado por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 08-001-23-33-
000-2016-01251-00, como si este mecanismo fuera una instancia adicional, según se
explicará.

5.3.- Restrepo Ortiz alega, en esencia, que la autoridad judicial invocada no tuvo en
cuenta la nueva línea jurisprudencial relativa al principio de retrospectividad de la ley, en
la que se establece la posibilidad de dar aplicación a la Ley 100 de 1993, aun cuando el
fallecimiento del señor Restrepo Quiroz se dio en vigencia de la Ley 1213 de 1990.

5.4.- Ahora bien, al verificar los argumentos vertidos en la providencia del 4 de mayo de
2023 dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, se
dilucidan las siguientes consideraciones textuales:

“El presente recurso de apelación se formula contra la sentencia del Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección A, de 31 de agosto de 2020, que negó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada
contra el oficio S-2012- 330806 de 6 de diciembre de 2012 y el acto administrativo
ficto o presunto derivado del silencio administrativo negativo de la entidad
demandada, mediante los cuales esta última negó al actor el reconocimiento y pago
de una pensión de sobrevivientes.

Los motivos de inconformidad de la parte demandante en la apelación se contraen a
señalar que, contrario a lo establecido en la sentencia de primera instancia, bajo los
principios constitucionales de equidad, condición más beneficiosa y buena fe, es
posible aplicar, de manera retrospectiva, el régimen general contemplado en la Ley
100 de 1993 a un agente de la Policía Nacional muerto en simple actividad en el año

9
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06321-00
Accionante: José Manuel Restrepo Ortiz
Accionados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

1992 y, por consiguiente, reconocer y ordenar el pago de la pensión de
sobrevivientes al actor, en su calidad de padre.

Pues bien, de lo probado en el proceso se observa que si bien el señor Luis Albeiro
Restrepo Quiroz laboró por un tiempo de 9 años, 9 meses y 21 días (hasta su
muerte) al servicio de la Policía Nacional, este período no colma el término de 15
años o más que exigía la Ley 1213 de 1990, que era la norma vigente y aplicable a
su condición de agente al momento de su deceso.

Teniendo en cuenta lo anterior, y a partir del marco legal y jurisprudencial
desarrollado en precedencia, es posible considerar lo siguiente:

i) una cosa es la sustitución pensional y otra diferente es la pensión de
sobreviviente, pues la primera está referida a la prestación que se deriva de la
muerte de quien ya está pensionado, y que no genera una prestación nueva, sino
que se trata de la misma que se pagaba al fallecido; en tanto que la segunda es la
que reciben los beneficiarios con ocasión del deceso de quien no era beneficiario de
una pensión, que corresponde propiamente a la definición de pensión de
sobrevivientes, y en la que se trata de una nueva prestación; y

ii) de acuerdo con la postura actual de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en materia de reconocimiento de pensión de sobrevivientes, la ley que se debe
aplicar es la que esté vigente al momento en que se habría causado el derecho, es
decir, la que rige a la fecha del fallecimiento del causante.

En el sub lite, la norma aplicable para definir los derechos pensionales del señor
José Manuel Restrepo Ortiz es el Decreto 1213 de 1990, en virtud del cual, la
denominada «pensión de sobrevivientes», contemplada en el literal c) del artículo
121 ejusdem, exigía que el policía (agente) hubiese «cumplido quince (15) o más
años de servicio», requisito que, evidentemente, no se satisface, por cuanto, se
itera, el señor Luis Albeiro Restrepo Quiroz, para el momento de su fallecimiento,
solo contaba con 9 años, 9 meses y 21 días de actividad.

Bajo estas condiciones, en primer lugar, debe insistirse en que la normativa que
gobierna el presunto derecho del actor, con ocasión de la muerte de su hijo, el señor
Restrepo Quiroz, era la vigente al 6 de diciembre de 1992, esto es, el Decreto 1213
de 1990, pues fue durante su vigencia cuando se produjo el deceso, no así la Ley
100 de 1993, que comenzó a regir a partir del 1.° de abril de 1994.

A este respecto, cabe señalar que la vigencia de la ley conlleva su eficacia jurídica,
entendida esta como obligatoriedad, en tanto hace referencia « (…) desde una
perspectiva temporal o cronológica, a la generación de efectos jurídicos obligatorios
por parte de la norma de la cual se predica; es decir, a su entrada en vigor (…)».
Entonces, cuando se fija la fecha de inicio de la vigencia de una ley se señala el
momento a partir del cual dicha normatividad empieza a surtir efectos, de la misma
manera se alude al período de vigencia de una norma determinada para referirse al
lapso durante el cual esta habrá de surtir efectos jurídicos.
(…)

Así las cosas, como regla general, la ley comienza a regir a partir de su
promulgación, salvo que el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional,
mediante precepto expreso, determine una fecha diversa, tal como sucedió con el
artículo 151 de la Ley 100 de 1993, que estableció que la vigencia del Sistema
General de Pensiones a partir del 1° de abril de 1994, o del 30 de junio de 1995,
para los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital.

10
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06321-00
Accionante: José Manuel Restrepo Ortiz
Accionados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

En este orden de ideas, es evidente para la Sala que al demandante no le asiste
ningún derecho pensional de los que contemplan los artículos 46 a 48 de la Ley 100
de 1993, toda vez que las expectativas prestacionales, surgidas con la muerte de su
hijo, se consolidaron en vigencia de la normativa anterior, cuyos requisitos no se
colmaron por parte del causante, pues, no había prestado 15 o más años de
servicios a la Policía Nacional al momento de su muerte, como para que aquel
pudiera reclamar la «pensión de sobrevivientes».

En segundo lugar, respecto de la aplicación de los principios de «equidad y
condición más beneficiosa» al caso concreto, es necesario realizar las siguientes
precisiones:

El principio de equidad, al que alude el apelante con sustento en la sentencia de
unificación de la Corte Constitucional SU-837 de 2002, refiere a aquel postulado
jurídico por el cual se resuelve una causa mediante el arbitraje (el laudo arbitral
debe ser en equidad), propio de ámbitos comerciales o laborales convencionales,
mas no de asuntos de naturaleza laboral administrativa como el presente.

(…)

Por lo tanto, no es de recibo para esta Sala la solicitud de aplicación del referido
principio al caso concreto, toda vez que, en materia contenciosa-administrativa,
existen suficientes normas y amplios conceptos desarrollados jurisprudencialmente
que permiten abordar el asunto de la pensión de sobrevivientes, sin que sea
necesario acudir a dicho postulado para cubrir lagunas legislativas y, por lo mismo,
«decidir como hubiera obrado el legislador», que es el principal axioma de las
decisiones adoptadas en equidad.

Por su parte, en lo que respecta al otro principio que alega el apelante, este es, el
de la «condición más beneficiosa», conviene aclarar que esta «se encuentra
plenamente garantizada mediante la aplicación del principio de favorabilidad que se
consagra en materia laboral, no sólo a nivel constitucional sino también legal, y a
quien corresponde determinar en cada caso concreto cuál norma es más ventajosa
o benéfica para el trabajador es a quien ha de aplicarla o interpretarla».

Por consiguiente, en lo atinente al principio de favorabilidad o condición más
beneficiosa, resulta adecuado acudir nuevamente a la actual posición del Consejo
de Estado en materia de temporalidad de la ley, pues resulta ser un punto
importante para definir si al demandante le asiste o no el derecho a percibir la
pensión de sobrevivientes.

En ese sentido, esta corporación ha considerado que la aplicación del mentado
principio se da cuando, en circunstancias especiales, un régimen pensional especial
no satisface las mínimas garantías que sí lo hace el régimen general, por lo que, si
éste último resulta más favorable que el primero, debe preferirse su aplicación”15.

5.5.- Luego de relatado lo que precede, se observa que, en sede de tutela, el
accionante pretende que nuevamente se valoren los argumentos ya planteados en el
asunto ordinario y resueltos por la autoridad judicial accionada en la sentencia atacada,
respecto a la posible aplicación de la Ley 100 de 1993 a su causa.

15
Obra en certificado D8EB32A6B7E6A1E8 CC9A6E30EFA1BFD8 4FD276EB1AC3295E B5B575F1F6978E5E,
índice 2, folios 111 a 135 en el expediente de tutela digital.

11
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06321-00
Accionante: José Manuel Restrepo Ortiz
Accionados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III.- RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado de
conformidad con las razones expuestas ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión
al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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