Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06333-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06333-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-06333-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
4 de abril de 2024
Demandantes: Luz Marina Ortega Luna y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C
Rad: 11001-03-15-000-2023-06333-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D. C., cuatro (4) de abril dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06333-01
Demandantes: LUZ MARINA ORTEGA LUNA Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN C
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Revoca el fallo
impugnado que accedió al amparo para, en su lugar,
denegar lo pretendido.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La sala decide la impugnación instaurada por la parte demandada y el
ministerio vinculado, contra la sentencia del 15 de febrero de 2024, a través de
la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado accedió el amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
Mediante escrito del 13 de octubre de 2023, los señores Luz Marina Ortega
Luna, Martín Alejandro Sanguino Ortega, Daniela Alejandra Sanguino Ortega,
Angélica María Vergel Ortega, Martín Sanguino Rincón y Cecilia Luna de
Ortega, a través de apoderado judicial, presentaron acción de tutela contra la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con la finalidad de
que se les amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia.
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Demandantes: Luz Marina Ortega Luna y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C
Rad: 11001-03-15-000-2023-06333-01
La parte actora sostuvo que la vulneración alegada se concretó con la sentencia
de 5 de diciembre de 20221, mediante la cual se resolvió modificar la de 30 de
mayo de 2014, dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en
el sentido de declarar la falta de legitimación en la causa por activa del señor
Martín Sanguino Rincón y confirmar la determinación de negar las pretensiones
de la demanda, proferida en el medio de control de reparación directa
promovido con el fin de acceder al reconocimiento de la indemnización de
perjuicios derivada de la muerte de un familiar. Este proceso se identificó con el
radicado 54001-23-31-000-2010-00314-02.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora pretende:
“Se ruega al Juez de amparo constitucional dejar sin efectos la sentencia
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del H. Consejo de
Estado del 5 de diciembre de 2022 en el radicado 54001-23-31-000-2010-
00314-02 (52.496) y en su lugar expedir una nueva decisión conforme a lo
que determine el Juez de Amparo Constitucional y dada la gravísima violación
de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y
debido proceso”.
1.3. Hechos
La parte actora sostuvo que la muerte de su familiar, el señor Jhony Alexander
Vergel Ortega se causó con armas de fuego pertenecientes a miembros del
Comando de Caballería MAZA 5 de la 30 Brigada del Ejército Nacional el 4 de
agosto de 2008, en la zona del municipio de Durania, Norte de Santander.
Indicó que, por lo anterior, se promovió una demanda de reparación directa en
contra del Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, para que se
declarara administrativa y patrimonialmente responsables por el fallecimiento
del señor Vergel Ortega.
Mencionó que, la muerte del familiar se produjo debido a una acción excesiva y
desproporcionada de la fuerza pública, por cuenta de la cantidad de heridas y la
desproporción entre el número de víctimas mortales. Precisó que el señor
Vergel Ortega fue presentado como N.N. y miembro de organizaciones al
margen de la ley muerto en combate, pese a que, no pertenecía a esos grupos
y tampoco tenía antecedentes penales.
Expuso que, en primera instancia, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander mediante sentencia de 30 de mayo de 2014 negó las pretensiones
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Notificada por edicto electrónico desfijado el 18 de abril de 2023. Índice 33 del Sistema para la
Gestión Judicial SAMAI, proceso con radicado 54001-23-31-000-2010-00314-02.
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de la demanda, al considerar que no existía prueba de que los uniformados del
Ejército Nacional excedieron el uso de la fuerza cuando accionaron sus armas
de dotación oficial en contra de la humanidad de la víctima directa. En ese
orden, se estimó que la muerte se ocasionó debido a su actuar ilegítimo por lo
que declaró probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima.
Manifestó que presentaron un recurso de apelación contra la anterior decisión,
al estar inconformes por la indebida valoración de los elementos probatorios
que obraban en el expediente tales como:
i) Protocolos de necropsia que establecían que el señor Jhony Alexander Vergel
Ortega recibió seis impactos de proyectil de arma de fuego, uno de ellos
postero-anterior, en un supuesto enfrentamiento que duró 7 minutos y se
habrían disparado 78 proyectiles de las armas oficiales que portaban los
militares, lo que, expresaron lo recurrentes, evidenciaba el desproporcionado
uso de la fuerza por parte de los militares;
ii) informe de materialización de trayectorias que concluyó que los disparos
fueron hechos a una distancia menor de dos metros;
iii) informe ejecutivo que acreditó que las armas encontradas junto a la víctima
fueron disparadas, pero que no se había logrado acreditar cuándo y que no era
posible presumir que fue el día de los hechos,
iv) informe topográfico que hacía referencia a dos armas encontradas junto a
los cadáveres, pero además se estableció la inexistencia de vainillas
provenientes de los fusiles oficiales en la ubicación en donde según el relato de
los militares accionaron sus armas para defenderse de un supuesto ataque
sorpresivo perpetrado por la víctima.
Agregó que, con sentencia de 5 de diciembre de 2022, la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado modificó la decisión de primera
instancia en el sentido de declarar la falta de legitimación en la causa por activa
del señor Martín Sanguino Rincón y la confirmó en lo demás, esto es, en la
negativa de acceder a las pretensiones dirigidas a que se declarara la
responsabilidad del Ejército Nacional por la muerte del señor Vergel Ortega
producto de una ejecución extrajudicial.
Precisó que, en dicha providencia se señaló que la muerte del señor Jhony
Alexander Vergel Ortega se produjo por el comportamiento de la propia víctima
que accionó en repetidas ocasiones su arma de fuego contra la humanidad de
soldados del Ejército Nacional y, con ocasión a ello, ante el inminente peligro
que revestía, los uniformados dispararon sus armas de dotación oficial
ocasionándole la muerte.
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Señaló que, dicha providencia se notificó por edicto electrónico desfijado el 18
de abril de 20232.
1.4. Sustento de la petición
La parte actora sostuvo que se trata de un asunto que tiene relevancia
constitucional toda vez que involucra un caso de graves violaciones de
derechos humanos como lo es la muerte de una persona producto de una
ejecución extrajudicial.
Precisó que, persigue la reparación integral de los perjuicios derivados de la
muerte del señor Jhony Alexander Vergel Ortega que fue perpetrada por
militares que lo reportaron como N.N. muerto en un supuesto combate con
organizaciones al margen de la ley.
Adujo que se incurrió en un defecto fáctico porque la autoridad judicial
demandada desconoció el debido proceso al valorar de forma indebida las
pruebas que obraban en el expediente tales como, el protocolo de necropsia, el
informe de residuos de disparo que contienen información relevante sobre las
características de los disparos en torno al ángulo, la cantidad de proyectiles,
trayectorias de los mismos, así como la posible alteración de la escena, y que
permitían acreditar que el fallecimiento de la víctima directa se produjo en el
marco de una ejecución extrajudicial.
Destacó que, en la sentencia cuestionada se hizo referencia a los mismos, sin
realizar un análisis sobre el valor probatorio que se otorgaba a cada uno.
Particularmente, se refirió a los siguientes elementos de prueba:
a) Informe pericial de necropsia 2008010154001000554 expedido por el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cual indica
que la víctima recibió disparos de fusil, tres de ellos “postero-anteriores”
y otros desde diferentes ángulos, las posiciones de las trayectorias de los
seis proyectiles que impactaron el cuerpo de la víctima directa y que,
afirmó, evidencian que estaba rodeado por militares en tanto recibió
impactos por varios lados de su cuerpo, incluso por la espalda.
b) Informe técnico de materialización de trayectorias en el que los técnicos
en balística en cumplimiento de la orden de trabajo 4306-09
determinaron que hubo disparos realizados desde una distancia menor
de dos metros y que había evidencia de restos de pólvora y que de
acuerdo con la ubicación de los orificios de entrada y materialización de
trayectorias la víctima recibió cuatro disparos “por la parte posterior del
cuerpo con trayectoria postero-anterior.
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c) Informe de operaciones, ejecutivo y topográfico de la Fiscalía General de
la Nación, el cual da cuenta de que la munición utilizada por los
uniformados fue de 78 cartuchos calibre 5,56. Además, se indica que no
hubo hallazgos de vainillas en el lugar de los hechos lo que, afirmó,
debió llamar la atención de la autoridad judicial accionada, en tanto estas
deben quedar en el lugar de los disparos varios de ellos a menos dos
metros de distancia lo que desvirtúa el relato en torno a que las mismas
no pudieron ser encontradas.
d) Estudio técnico de las armas de fuego y residuos de disparo en las
manos de la víctima, sobre el cual adujo que el hecho de que el resultado
hubiese sido positivo para partículas de residuos de disparo en la mano
derecha, ello no es suficiente para acreditar que accionó el arma el día
de los hechos y contra los militares.
Agregó que esa prueba debe valorarse en conjunto con otros elementos
suasorios. Al respecto, se refirió a las sentencias de 23 de mayo3, de 12
de septiembre4 y de 3 de octubre de 20125, proferidas por la Sección
Tercera del Consejo de Estado que establecen que la prueba de
absorción atómica “no resulta indicativa per se, de que hubiera
accionado un arma y mucho menos de que tuvo una participación directa
y efectiva en los hechos” y que, por lo tanto, es necesario analizarla en
conjunto con otros medios de prueba.
Señaló que, en la sentencia de 23 de julio de 20176 del Consejo de
Estado se estableció que la prueba de absorción atómica no tiene validez
cuando se viola la cadena de custodia7.
3
Se refirió a pie de página: “Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Actor: María
Janeth Espinosa Castañeda. CP: Mauricio Fajardo Gómez”. De esta providencia, el actor citó:
“La sola circunstancia de que la prueba de absorción atómica practicada a la muestra que se
tomó de las manos del señor…no resulta indicativa persé, de que hubiera accionado un arma y
mucho menos de que tuvo una participación directa y efectiva en los hechos…”.; por lo que,
aunque la prueba resulte positiva, ello no obedece al accionamiento real y efectivo del arma de
fuego.
4
Al respecto, señaló: “Consejo de Estado. Rad: 25000-23-26-000-2000-02567-02 (26.123).
Actor: Elvia Janett Cabanzo Pinzón. CP: Hernán Andrade Rincón.” Agregó que, en esta
providencia se consideró que la posibilidad de determinar si una persona había disparado un
arma de fuego, no depende únicamente de los resultados de la prueba de residuos, ‘…sino
también de la existencia en el proceso de otros medios de convicción…’.
5
La parte accionante mencionó: “Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Rad:
19001-23-31-000-2000-04259-01 (26.827). CP: Hernán Andrade Rincón: “…la Sala reitera que
la posibilidad de determinar si una persona disparó un arma de fuego, depende no solo del
resultado de una prueba de absorción atómica que revele la presencia de residuos compatible
con los de disparo, sino también, de la existencia en el proceso de otros medios de convicción.”
6
La parte demandante señaló en pie de página: “Consejo de Estado. Rad: 11001-03-15-000-
2017-00743-00 (AC). CP: Hernando Sánchez Sánchez.
7
Asimismo, señaló: “5. En el mismo sentido, pueden consultarse las siguientes sentencias del
Consejo de Estado: 13 de noviembre de 2013 [30.376]…24 de julio de 2013 [29.349]…09 de
mayo de 2014 [26.570]…” [ ] “6. Por último, la H. Corte Suprema de Justicia, en sentencias
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Expuso que no podía concluirse que las armas fueron disparadas el día
de los hechos por las víctimas, pues existe contradicción con los otros
medios técnicos y la alteración de la escena, desnaturalizando por
consiguiente las versiones de los militares. Al respecto, agregó: “Lo único
conclusivo de los dos informes técnicos, es que las armas fueron
disparadas, sin que se pueda establecer el tiempo ni las circunstancias,
lo mismo que las pruebas de residuo de disparo, por cuanto pudieron
resultar contaminados en la misma escena como lo advierte la
Jurisprudencia citada.”
e) Declaraciones rendidas por los militares que participaron en el ataque
donde murió el señor Vergel Ortega, quienes manifestaron que fueron
atacados por él y que en su defensa tuvieron que accionar las armas. La
parte actora afirmó que esta prueba debe ser valorada teniendo en
cuenta que no se acreditó el intercambio de disparos y que la cuadrilla
estaba integrada por 1 oficial, 2 suboficiales y 16 soldados, y utilizaron 78
municiones contra dos personas, lo que descarta una legítima defensa
frente a dos supuestos atacantes.
f) Prueba indiciaria: en este punto se refirió al desconocimiento de los
siguientes indicadores visibles en las pruebas valoradas que permitían a
la autoridad judicial accionada concluir que la muerte del señor Vergel
Ortega se produjo en una ejecución extrajudicial: La víctima no era de
esa zona, no tenían antecedentes penales, no existen informes de
inteligencia por parte del Ejército Nacional en los que se hubiera
identificado a la víctima como miembro de algún grupo al margen de la
ley, los militares dispararon 78 cartuchos y no se encontraron las
vainillas, en el operativo no resultó herido un solo militar, las armas
encontradas junto a los cuerpos fueron disparadas en tres
oportunidades, cuando recibió los impactos de proyectil se encontraban
rodeados por militares, los disparos fueron hechos a menos de dos
metros de distancia y las versiones de los militares que se encontraban
en el momento de los hechos, no coinciden con los informes técnicos.
Consideró que la indebida valoración probatoria tuvo incidencia en la decisión
cuestionada, en tanto de haberse tenido en cuenta los precitados elementos
probatorios, la autoridad judicial accionada hubiese advertido que se trató de un
caso de ejecución extrajudicial y, en consecuencia, declarado responsables a
las entidades demandadas de los perjuicios derivados de la muerte del señor
Vergel Ortega.
Agregó que, también se configuró un defecto sustantivo por el desconocimiento
SP070-2019 y la SP4638-2020, señaló que esta es una prueba de apoyo, de orientación, no
concluyente, que depende de los demás hallazgos procesales.”
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de la doctrina probable en el tema de ejecuciones extrajudiciales mal llamados
falsos positivos que han determinado la viabilidad de acudir a la prueba
indiciaria que ordinariamente demuestra:
i) Que la inactividad probatoria de la parte demandada constituye un indicio de
responsabilidad debiendo flexibilizarse,
ii) los testimonios y las indagatorias del proceso penal pueden ser valorados
como indicios, especialmente aquellos que establecen circunstancias de modo,
tiempo y lugar,
iii) que este tipo de proceder ha obedecido a patrones generalizados tales
como: una ficticia operación militar, ofertas de trabajo, la ejecución se produce
en lugares alejados, alteración de la escena, los ejecutados no disparan armas
de fuego, que son colocadas en sus manos, las trayectorias de los disparos
muestran el asesinato por la espalda y desde un sitio distante donde se
encontraba la tropa,
iv) las víctimas aparecen como NN sin documentos,
v) las víctimas son conducidas al lugar de la ejecución mediante señuelo como
con ofertas laborales, ejecución de actividades criminales, entre otras.
Refirió que en la sentencia acusada se configuró un desconocimiento del
precedente judicial, pues se inaplicó la doctrina probable sobre el deber de
acudir a la prueba indiciaria en los casos de ejecuciones extrajudiciales. Hizo
mención en pie de página de las sentencias emanadas por la Sección Tercera
del Consejo de Estado del 5 de marzo de 2015 (expediente 2004-03617-01), del
7 de septiembre de 2015 (expediente 2010-00178-01) y del 28 de abril de 2021
(proceso 2011-00080-01), en los que se ha asumido como escenarios propios
de esta clase de ejecuciones la ficticia operación militar, el uso de señuelos
como ofertas de trabajo o para la ejecución de actividades delictivas, cuando la
muerte se produce en lugares apartados, las víctimas siempre tienen a su lado
armas de fuego, trayectorias de disparos por la espalda y a cortas distancias y
se reportan como N.N.
1.5. Trámite en primera instancia
Mediante auto de 26 de octubre de 2023, se admitió la demanda de tutela y
ordenó notificar a la autoridad judicial demandada.
A su vez, se dispuso la vinculación del Tribunal Administrativo de Norte de
Santander y del Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, como
terceros interesados en el resultado del proceso.
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1.6. Contestaciones
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
El magistrado ponente de la sentencia acusada solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela, al considerar que no se cumple el
presupuesto de la relevancia constitucional, en tanto que, el actor pretende dar
continuidad al debate superado en el proceso ordinario.
Pidió que, en su defecto, se nieguen las pretensiones de la demanda toda vez
que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados.
Destacó que, la acción de tutela está motivada en el desacuerdo con la decisión
adoptada y la emplea como una instancia adicional, pretendiendo que el juez
constitucional efectúe un nuevo análisis de las pruebas que ya fueron valoradas
por el juez natural.
Precisó que, no se configuró el defecto fáctico alegado porque el análisis
realizado en la sentencia demandada se efectuó adecuadamente, conforme a
los medios de convicción decretados y practicados en el proceso de reparación
directa.
Citó apartes de la decisión acusada para destacar que valoraron las pruebas
obrantes en el expediente que permitieron constatar que la muerte del señor
Jhony Alexander Vergel Ortega se ocasionó por el comportamiento voluntario y
negligente de la propia víctima, el cual fue decisivo y determinante en la
producción del hecho lesivo, puesto que, sin mediar razones, accionó en
repetidas ocasiones su arma de fuego contra la humanidad de soldados del
Ejército Nacional y por ello, ante el inminente peligro que ello revestía, los
uniformados accionaron sus armas de dotación oficial ocasionándole la muerte,
de modo que se acreditó la culpa de la víctima como causal eximente de
responsabilidad con plenos efectos liberatorios, dado que la conducta del propio
perjudicado resultó determinante para que sufriese el menoscabo referido.
Resaltó que, frente a la prueba indiciaria en los casos de ejecuciones
extrajudiciales, las providencias a las que se hizo referencia -sentencias del 5
de marzo de 2015, 7 de septiembre de 2015 y 28 de abril de 2021-, de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, no reúnen las características para ser
consideradas como un precedente judicial obligatorio, principalmente, porque
en el caso analizado no hay “orfandad” probatoria, además la ratio decidendi del
fallo que se evalúa como precedente no presenta una regla judicial relacionada
con el presente asunto.
Adujo que, si bien los hechos del caso juzgado en el proveído son semejantes
con el precedente que se alega como desconocido, no plantean un punto de
derecho similar al asunto particular.
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Expuso que, en virtud de lo consagrado en los artículos 228 y 230 de la
Constitución Política, prima la autonomía e independencia judicial en aras de
garantizar un correcto funcionamiento de la administración de justicia, por lo
que los jueces gozan de discrecionalidad en la valoración probatoria y la
aplicación del ordenamiento jurídico para resolver un caso concreto, lo que no
puede ser reprochable, menos cuando existen distintas formas de solución que
son admisibles y compatibles con la normatividad aplicable.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Esta autoridad remitió el enlace habilitado para la consulta del expediente. No
efectuó algún pronunciamiento sobre los hechos y las pretensiones de la
demanda.
1.6.3. Las demás vinculadas guardaron silencio, pese a su notificación.
1.7. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 15 de febrero de 2024, la cual la Sección Cuarta del
Consejo de Estado accedió el amparo solicitado.
Sostuvo que se cumplieron los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial. Sobre el de relevancia constitucional,
explicó que se habilita el estudio de fondo del asunto, porque los accionantes
emplean la acción de tutela en condición de víctimas del conflicto armado
interno y comoquiera que además se propuso un genuino debate constitucional
en torno a la flexibilidad probatoria en casos de graves violaciones a derechos
humanos y ante la indebida valoración probatoria que, a su juicio, les impidió
acceder por vía judicial a la reparación de los daños derivados de la muerte de
su familiar producto de una ejecución extrajudicial.
Agregó que, la providencia objetada se dictó en el marco del recurso de
apelación, por lo que la parte accionante no cuenta con otro mecanismo de
defensa judicial, la solicitud de amparo se instauró dentro de los seis meses
establecidos como plazo razonable e indicativo precisado por esta Corporación
y la Corte Constitucional, los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de
manera clara y, la acción no es contra un fallo de la misma naturaleza.
Hizo referencia al contenido de la providencia demandada, así como a los
argumentos alegados por la parte actora para establecer que estos
planteamientos se encontraban íntimamente relacionados, pues se reprochó la
actividad probatoria desplegada por la autoridad judicial acusada en el proceso
de reparación directa a partir del desconocimiento de las reglas fijadas en el
precedente judicial sobre el deber de flexibilizar criterios probatorios en asuntos
que involucran graves violaciones a derechos humanos como las ejecuciones
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extrajudiciales. Por tanto, precisó que el análisis se haría de manera conjunta.
Encontró que en la sentencia cuestionada el análisis probatorio se concentró en
las declaraciones de los militares que hicieron parte de la tropa que participó en
el enfrentamiento en el que resultó muerto el señor Vergel Ortega y en las
pruebas documentales que evidenciaban que las armas que encontraron con el
cadáver habían sido disparadas y que las muestras de disparo en la mano de él
resultaron positivas para “bario, antimonio, plomo y antimonio/bario en dorso
derecho, palma derecha y dorso izquierdo”.
Indicó que, de ese estudio, la autoridad judicial accionada concluyó que se
configuró la culpa exclusiva de la víctima porque habría atacado a los militares
que se encontraban en la misión Fénix, por lo que los uniformados se vieron
obligados a accionar sus armas de uso oficial para defenderse y en ese
enfrentamiento se produjo su muerte.
Resaltó que, en el caso bajo examen se evidenció que existen varias
circunstancias que también eran visibles en las pruebas documentales
analizadas y constituyen indicios serios sobre la ocurrencia de una posible
ejecución extrajudicial, las cuales debieron ser consideradas para la solución
del caso concreto. Al respecto, refirió lo siguiente:
(i) Protocolo de necropsia No. 200801015001000554 de 5 de agosto de 2008,
en el que se describen las lesiones producto de los seis disparos que recibió
la víctima directa y las trayectorias.
(ii) Informe técnico de materialización de trayectorias No. 2812 de 31 de
agosto de 2009, expedido por el Cuerpo Técnico de Investigación Balística
Forense C.T.I. Cúcuta, en el que se determinó, contrario a lo señalado en la
sentencia cuestionada, que “los disparos fueron hechos a una distancia
menos a 2 mts (hay evidencia de restos de pólvora) y de acuerdo a la
ubicación a la ubicación de los orificios de entrada y materialización de
trayectorias indica que la víctima recibió cuatro (04) disparos por la parte
anterior del cuerpo con trayectoria antero-posterior y dos disparos por la parte
posterior del cuerpo con trayectoria postero anterior, dependiendo de la
posición del occiso al momento de recibir los disparos”.
En este punto, resulta oportuno señalar que el Consejo de Estado ha
considerado que un hecho indicativo de una ejecución extrajudicial son los
disparos a corta distancia. En este sentido, en la sentencia de 5 de
septiembre de 2017 la Sección Tercera, Subsección “C” de esta
Corporación…expresó lo siguiente…
(iii) El oficio de 11 de noviembre de 2008 suscrito por el Enlace Grupo de
Caballería Mecanizado No. 5 Maza, Trigésima Brigada del Ejército Nacional,
que da cuenta que en el supuesto combate de 4 de agosto de 2008 se
gastaron 78 cartuchos. Al respecto, en la sentencia referida en el inciso
anterior, también se consideró como un indicio serio el uso desproporcionado
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de la munición en tanto en ese caso se acreditó que emplearon más de cien
cartuchos, en ese sentido expresó lo siguiente…
(iv) Informe ejecutivo de la Fiscalía General de la Nación correspondiente a la
noticia criminal No. 540016001134200800732 de 5 de agosto de 2008, en el
que al describir las tareas realizadas una vez se recibió la denuncia de la
muerte del señor se advierte que (i) “se procedió a recibir la escena del delito
la cual no estaba debidamente acordonada”, (ii) “entre las pertenecías de los
hoy occisos se encontraron los documentos de identidad pero por no contar
con la certeza de su identidad y no haberse presentado en el desarrollo de la
inspección técnica a cadáver personas que pudieran identificarlos se
registraron como NN y con el nombre y cédula encontradas a cada uno en
sus pertenencias” y (iii) en la escena se encontraron tres armas de fuego con
dos y tres cartuchos percutidos, respectivamente.
Recordó la existencia de un precedente judicial vigente y aplicable al caso
concreto, desarrollado por la Corte Constitucional y acogido por la mayoritaria
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, relativo a la flexibilización de los
estándares probatorios en casos de ejecuciones extrajudiciales que obliga al
juez disminuir el rigor procesal en el cumplimiento de las cargas probatorias de
las víctimas y, para ello, es necesario que identifique algunos escenarios que ya
se han precisado como hechos indicadores o demostrativos de que se está
frente a un caso de ejecución extrajudicial, y bajo las reglas de la sana crítica
determine si existió o no responsabilidad del Estado por el daño derivado de la
muerte de un civil en estos hechos.
Indicó que, se encontraban que las circunstancias señaladas por la parte actora
debieron ser objeto de pronunciamiento por parte de la autoridad judicial
accionada teniendo en cuenta que en la demanda de reparación directa se
pone de presente un caso de homicidio de un civil que fue reportado como N.N.
y muerto en combate como miembro de organizaciones al margen de la ley, que
presenta disparos a corta distancia y desde distintos ángulos, los militares
reportaron el uso de 78 cartuchos y no se encontraron las vainillas
correspondientes, toda vez que las mismas hacen parte, al parecer, de esos
escenarios que se han identificado como sugerentes de una ejecución
extrajudicial.
Consideró que, estaban configurados los defectos alegados, por lo que amparó
los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia. Por lo que, señaló que procedía dejar sin efectos la providencia
acusada, para que en, el término de veinte días contados a partir de la
notificación de esta providencia, se profiriera una nueva decisión, en la que se
tuviera en cuenta el precedente judicial sobre flexibilización probatoria para
casos relativos a graves violaciones de los derechos humanos y las demás
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Advirtió que, el alcance de la protección constitucional otorgado se limita a que
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se realice un nuevo análisis probatorio en los términos expuestos y de
conformidad a los resultados del mismo, se profiera la decisión que bajo las
reglas de la sana crítica disponga la autoridad judicial demandada, es decir, no
establecía que se profiriera la sentencia en un sentido determinado.
1.8. Impugnaciones e intervención de la parte accionante
1.8.1. Parte demandada
Mediante escrito remitido electrónicamente el 27 de febrero de 2024, la parte
demandada impugnó el fallo de primera instancia, el cual fue notificado vía
electrónica el 21 del mismo mes y año, por los siguientes motivos:
Hizo referencia al sustento de la demanda de reparación directa, así como a las
consideraciones de la sentencia de primera instancia dictada en el proceso
ordinario, el recurso de apelación y del fallo de segunda instancia para,
destacar que, en esta última se evidenció que el daño alegado no le era
imputable a la administración:
i) Porque no se acreditó que la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional incurrió en una falla del servicio en la ejecución de sus actuaciones y
funciones ni que se extralimitó en el ejercicio de las mismas y,
ii) porque aunque se demostró que el señor Vergel Ortega falleció por un
disparo proveniente de un arma de dotación oficial, lo cierto es que se probó
que su deceso tuvo origen en el comportamiento ilegal y negligente de la propia
víctima, en tanto su actuación fue decisiva y determinante en la producción del
hecho lesivo.
Mencionó que en su decisión se valoraron integralmente los medios probatorios
decretados y practicados en el proceso, y se establecieron claramente los
argumentos legales, jurisprudencial y de derecho para fundamentar y/o adoptar
la decisión. Citó apartes de la providencia cuestionada.
Hizo referencia al sustento de la acción de tutela, así como los fundamentos del
fallo impugnado, a partir de lo cual, consideró que, el a quo arribó a una
conclusión equivocada al reseñar que la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado valoró indebidamente los medios probatorios obrantes
en el proceso en tanto que existían varias circunstancias fácticas constitutivas
de indicios sobre la ocurrencia de una ejecución extrajudicial, pues considero
que, diferente a lo determinado por el juez de tutela, la decisión estuvo acorde
con las circunstancias fácticas y jurídicas debidamente probadas, pues,
precisamente, de la valoración integral y en conjunto llevada a cabo en el
trámite de segunda instancia.
Resaltó que, se pudo constatar que la muerte del señor Vergel Ortega se
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ocasionó por un comportamiento y negligente de la propia víctima, el cual fue
decisivo y determinante en la producción del resultado dañoso, puesto que sin
mediar razones, accionó en repetidas ocasiones su arma de fuego en contra de
la humanidad de los soldados del Ejército Nacional y con ocasión de ello, ante
el inminente peligro que tal situación revestía, los uniformados accionaron sus
armas de dotación oficial causándole la muerte, de modo que se configuró la
culpa de la víctima como causal eximente de responsabilidad con plenos
efectos liberatorios, dado que la conducta del propio perjudicado resultó
determinante para que sufriese el menoscabo referido. Al respecto, agregó:
La anterior conclusión, precisamente se fundamentó en lo siguiente: i) que el
4 de agosto de 2008, el Comando de Caballería “MAZA” No. 5 de la 30
Brigada del Ejército Nacional se encontraba en desarrollo de la operación
“Fénix” en el municipio de Durania (Norte de Santander), cuyo objeto era
“combatir las organizaciones terroristas de las FARC, ELN, EPL, nuevas
bandas BACRIM y algunas organizaciones que estén en capacidad de
efectuar acciones terroristas contra la población civil”; ii) que en desarrollo de
la mencionada operación, se presentó un intercambio de disparos entre
uniformados del Ejército Nacional y un grupo de insurgentes que se
encontraban en la zona, en el cual falleció Jhony Alexander Vergel Ortega; iii)
que mediante informe de necropsia No. 20080101540010000 del 5 de agosto
de 2008, un médico forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses conceptuó que … Vergel Ortega recibió seis (6) impactos
de arma de fuego “uno de los cuales uno penetró la cavidad torácica
produciendo severo daño del pulmón derecho con gran Hemotorax y otro
proyectil que produjo una fractura de la 3, 4 y 5 vertebra con sección medular
conllevándole a su deceso”; y iv) que mediante informe de investigación
criminal No. 416401 del 19 de septiembre de 2008, el Investigador
Criminalístico VII adscrito a la Unidad de Química Aplicada y Sustancias
Controladas del Cuerpo Técnico de Investigación certificó que las muestras
de residuos de disparo en mano tomadas a Jhony Alexis Vergel Ortega
resultaron positivas para “bario, antimonio, plomo y antimonio/bario en dorso
derecho, palma derecha y dorso izquierdo”.
Asimismo, es pertinente señalar que las declaraciones vertidas por los
uniformados Alejandro Cifuentes Álzate, Robinson Cañaveral Barrios, Serafín
Camargo Camperos, Carmen Ángel Pérez Ascanio y Jaime Ferrer Contreras,
que no fueron desvirtuadas por la parte demandante, se acompasan las
pruebas documentales arrimadas al plenario y fueron coincidentes y
uniformes en señalar que el 4 de agosto de 2008 unos sujetos armados
abrieron fuego contra el Comando de Caballería “MAZA” No. 5 de la 30
Brigada del Ejército Nacional, lo que desencadenó un intercambio de disparos
que dejó como resultado a dos de los atacantes fallecidos.
Destacó que, de lo probado en el proceso permitió constatar que la conducta
del señor Vergel Ortega fue i) irresistible, en tanto su actuación voluntaria y
deliberada puso en peligro inminente su vida y la de los soldados, pues ante la
gravedad de la agresión los uniformados tuvieron que accionar sus armas de
dotación oficial en defensa de los bienes jurídicos de la propia tropa; ii)
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imprevisible, porque no era posible contemplar el hecho con anterioridad a su
ocurrencia, pues la víctima mientras se desplazaba con otros sujetos,
repentinamente accionó su arma de fuego contra la humanidad de los soldados;
y iii) externa respecto a la entidad accionada, por cuanto esa actuación
deliberada de la propia víctima fue ajena a la actividad de la parte demandada
propiamente dicha y, en efecto, extraña al deber jurídico de los uniformados.
Agregó que, los tutelantes aducen que la muerte del señor Vergel Ortega se
trató de una ejecución extrajudicial porque “se present[ó] un caso de homicidio
de un civil que fue reportado como NN y muerto en combate como miembro de
organizaciones al margen de la ley que presenta disparos a corta distancia y
desde distintos ángulos, los militares reportaron el uso de 78 cartuchos y no se
encontraron las vainillas…”.
Expuso que, no obstante, los argumentos expuestos por la parte actora y
aceptados por el juez de tutela de primera instancia no tienen vocación de
prosperidad pues, en la sentencia acusada no hubo la necesidad de acudir a la
prueba indiciaria para tener por probados algunos hechos, en tanto la
valoración probatoria realizada en la misma, que correspondió a un análisis
integral de los medios de convicción obrantes en el plenario, permitieron
dilucidar de forma clara y contundente que el daño alegado por los
demandantes no le era imputable a la administración, dado que se acreditó la
culpa exclusiva de la víctima como causal liberatoria de responsabilidad.
Recordó la naturaleza del defecto por desconocimiento del precedente judicial,
para señalar que, las sentencias del 7 de septiembre de 2015 y 28 de abril de
2021, ambas proferidas por la Sección Tercera de esta Corporación, que en
modo alguno reúnen las características para ser consideradas como un
precedente jurisdiccional obligatorio, pues i) la ratio decidendi de los fallos que
se evalúa y/o califican como precedentes no presentan una regla judicial
relacionada con el caso; y ii) si bien los hechos del asunto juzgado en el
proveído acusado son semejantes con el precedente que se alega como
desconocido, lo cierto es que no plantean un punto de derecho similar al caso
objeto de reproche, por lo que sus efectos no resultan vinculantes ni imponen al
juez natural de daños el deber de seguir con determinada línea y/o criterio para
la adopción de su decisión.
Advirtió que, no puede considerarles como un precedente vinculante, pues las
mismas señalan aquellos eventos en los que por orfandad probatoria es dable
acudir a la prueba indiciaria en casos de ejecuciones extrajudiciales, lo cual en
el presente asunto litigioso no ocurrió, pues conforme se determinó con
suficiencia en la providencia acusada, los medios probatorios decretados y
practicados en el contencioso permitieron constatar, con grado de certeza, que
el daño alegado por los demandantes no le era imputable a la Nación, Ministerio
de Defensa Nacional, Ejército Nacional dado que éste tuvo su génesis en la
conducta negligente e ilegal del señor Vergel Ortega.
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Recordó la importancia de la autonomía e independencia judicial en aras de
garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones que administran
justicia, de manera que, si bien se entiende que la actividad judicial está
sometida al imperio de la Constitución y la ley, lo cierto es que el juez goza de
discrecionalidad para valorar el derecho que sea aplicable al caso concreto. En
especial, teniendo presente que “pueden existir vías jurídicas distintas para
resolver un caso concreto que [también] son admisibles [y] compatibles con las
garantías y derechos fundamentales de los sujetos procesales”.
Adujo que, debe declararse la improcedencia de la acción constitucional, ya que
no se cumple con el requisito de la relevancia constitucional puesto que la parte
accionante pretende rediscutir el debate probatorio surtido en sede ordinaria,
para que sea el juez de tutela el que favorezca a la parte actora con una
valoración probatoria que beneficie sus intereses, sin que se acredite o avizore
tal presupuesto general de procedibilidad de la acción de tutela. Reiteró que la
decisión judicial cuestionada se fundamentó en los medios de prueba
decretados y practicados en el proceso y, en la normatividad y jurisprudencia
vigente y aplicable al caso en concreto.
Advirtió que la sentencia de tutela impugnada no fue aprobada de forma
unánime por la Sección Cuarta de esta Corporación en tanto el consejero de
Estado Milton Chaves García salvó el voto; razón por la cual, solicitó se tengan
en cuenta los argumentos expuestos en este, los cuales coadyuva, para la
adopción de la decisión constitucional de segunda instancia. Lo anterior, habida
cuenta que para la fecha de la presentación de la impugnación el salvamento
de voto aún no había sido subido a la plataforma SAMAI.
1.8.2. Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
Mediante escrito recibido el 26 de febrero de 2024, esta entidad impugnó y se
opuso al amparo del fallo al considerar que las decisiones contendidas en las
sentencias dictadas en el proceso ordinario fueron proferidas respetando todas
las garantías procesales, en atención a que se evidencia que se realizó la
verificación del material probatorio obrante al plenario, situación diferente es
que la parte actora, pretenda que se realice un nuevo debate probatorio en el
presente asunto, pues las decisiones le fueron adversas a sus intereses.
Sostuvo que, con la sentencia cuestionada se respetaron las garantías del
debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la parte actora,
igualmente no se configuró el defecto fáctico teniendo en cuenta que una vez
verificadas las providencias de primera y segunda instancia se evidencia que se
hizo un análisis minucioso del material probatorio obrante en el plenario, el cual
fue decretado y debidamente incorporado en el proceso que dio génesis a la
presente acción constitucional.
Indicó que luego del análisis y el estudio del caso, donde se respetaron las
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plenas garantías de las partes, tales como las de controvertir y tachar de falsas
las pruebas, así como alegar de conclusión, se realizó el debate probatorio
necesario para determinar que debían denegarse las pretensiones de la
demanda, toda vez que no le asistía responsabilidad a la demandada en el
proceso ordinario.
Solicitó que, se revoque la sentencia de tutela objeto de la presente
impugnación, al no encontrarse configurada violación a derecho fundamental
alguno, toda vez que para la expedición de la providencia objeto de reproche,
se respetaron las garantías del debido proceso y no es posible que se pretenda
convertir esta acción de tutela, en una tercera instancia.
1.8.3. Parte demandante
La parte actora intervino con posterioridad al fallo impugnado, para “defender” el
amparo de primera instancia, porque considera que la autoridad judicial
cuestionada “omitió apreciar medios probatorios y valoró de manera
inadecuada, concluyendo erróneamente un comportamiento exclusivo y
determinante de la víctima.”
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La sala es competente para conocer de las impugnaciones presentadas contra
la sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto
2591 de 19918, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como por el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la
Sala Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes, corresponde a la sala determinar si hay
lugar a confirmar, revocar o modificar la providencia de primera instancia
conforme a lo planteado por los impugnantes.
Por tanto, se analizará si la presente acción de tutela cumple con los requisitos
de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse acreditados, si no se vulneraron los
derechos fundamentales de la parte actora con la providencia acusada que
modificó la decisión de primera instancia, dictada por el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander, en el sentido de declarar la falta de legitimación en la
causa por activa del señor Martín Sanguino Rincón y confirmar la determinación
de negar las pretensiones de la demanda, proferida en el medio de control de
8
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
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reparación directa promovido por la parte actora con el fin de acceder al
reconocimiento de la indemnización de perjuicios derivada de la muerte un
familiar por parte de miembros del Ejército Nacional.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, ii) y el caso
concreto.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20129, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:
…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento Jurisprudencialmente.10
Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten
contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por
la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los fijados hasta el
momento jurisprudencialmente. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede
ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
9
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
10
Ibídem.
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generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –
procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.11
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión
sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que
la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.4. Caso concreto
La parte actora consideró que sus derechos fundamentales se vulneraron con la
sentencia de 5 de diciembre de 2022, dictada por la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado con la que modificó la de 30 de mayo
de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en el
sentido de declarar la falta de legitimación en la causa por activa del señor
Martín Sanguino Rincón y confirmarla en relación con la negativa de acceder a
las pretensiones de la demanda de reparación directa promovida con el fin de
acceder al reconocimiento de la indemnización de perjuicios derivada de la
muerte del señor Jhony Alexander Vergel Ortega por heridas causadas con
arma de fuego perteneciente a miembros del Comando de Caballería MAZA 5
de la 30 Brigada del Ejército Nacional, el 4 de agosto de 2008 en la zona del
municipio de Durania, Norte de Santander.
Específicamente, la parte accionante sostuvo que con la providencia
demandada se incurrió en lo siguiente:
11
Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de
2004 y C-590 de 2005.
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i) Defectos fáctico, por la indebida valoración de la prueba técnica y los indicios
que acreditaban que la muerte de su familiar correspondía a una ejecución
extrajudicial.
ii) Defecto sustantivo, al no aplicar la doctrina probable sobre la flexibilización
de los estándares probatorios en materia de graves violaciones a los derechos
humanos y,
iii) Desconocimiento del precedente judicial, relativo a la flexibilidad probatoria
en casos de graves violaciones a derechos humanos, establecido en las
sentencias del Consejo de Estado de 5 de marzo de 2015, 7 de septiembre de
2015 y 28 de abril de 2021.
Por lo anterior, se puede observar que la parte accionante invocó la
configuración de los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del
precedente judicial, bajo argumentos similares, puesto que, el fundamento
esencial de dichos vicios consistió en que la autoridad judicial acusada al
valorar la prueba técnica no aplicó la flexibilización de los estándares
probatorios, ni otorgó valor a la prueba indiciaria, las cuales, a su juicio,
permitían concluir que la víctima directa fue rodeada por los militares que
dispararon a menos de dos metros de distancia y que después lo presentaron
como N.N. y miembro de un grupo armado ilegal.
El a quo accedió al amparo. La autoridad judicial demandada impugnó, así
como el ministerio vinculado al considerar que la acción de tutela es
improcedente pues los actores pretender reabrir el debate probatorio que ya fue
objeto de análisis en el proceso ordinario.
Para resolver, se considera:
De forma previa, se precisa que, el asunto cumple con el requisito de la
relevancia constitucional puesto que se trata de una controversia que involucra
derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de
sujetos de especial protección constitucional, con ocasión de la condición de
víctimas de un delito de lesa humanidad que se alegó en el proceso ordinario.
Adicionalmente, la parte actora cumplió con el deber de evidenciar una tensión
entre la providencia censurada y el núcleo esencial de las garantías
constitucionales alegadas, pues expuso los motivos por los cuales consideró
que sus derechos fueron vulnerados por la indebida valoración probatoria, ya
que el asunto requería de una flexibilización al respecto.
En ese orden, se observa que la controversia propuesta cumple con las reglas
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establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202212, toda
vez que, su finalidad no es la de convertir la acción de tutela en una instancia
adicional, ni reabrir el debate zanjado por en sede ordinaria, ni reemplazar los
recursos ordinarios ni extraordinarios para su defensa.
En lo particular, se debe destacar que, en asuntos relacionados con derechos
de las víctimas al interior de procesos de reparación directa -en especial,
situaciones que involucren graves violaciones a derechos humanos-, la Corte
Constitucional13 ha considerado que revisten una relevancia constitucional por
la naturaleza misma de la controversia y las garantías fundamentales
involucradas.
A su vez, se observa que, tal como lo precisó el a quo, se cumplen con los
demás presupuestos generales de procedencia: la inmediatez, la
subsidiariedad, que no se cuestiona un fallo de tutela y que se identificó de
manera razonable los hechos que generan la amenaza o vulneración del
derecho fundamental.
Para el caso concreto, se observa que, en el fallo acusado se indicó lo
siguiente:
…se evidencia que las pruebas que reposan en el expediente permiten concluir
que Jhony Alexis Vergel Ortega era parte de un grupo de personas que se
encontró con los uniformados del Ejército Nacional el 4 de agosto de 2008 y que
accionó su arma de fuego en contra del Comando de Caballería “MAZA” No. 5 de
la 30 Brigada del Ejército Nacional, al momento en que los uniformados
transitaban por una zona del municipio de Durania (Norte de Santander).
Corolario de lo anterior, se tiene, entonces, que los uniformados del Ejército
Nacional emplearon el uso de sus armas de dotación en contra del señor Vergel
Ortega para defender su vida de una violencia actual, inminente e injusta.
Es pertinente resaltar que para acreditar que el daño es imputable a la entidad
pública, en el caso de autos por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza,
debe resultar plenamente demostrado que el Estado falló en la prestación del
servicio, en la ejecución de sus actuaciones y funciones, o se extralimitó en el
ejercicio de las mismas.
Así, a pesar de que se alega en la demanda que el daño es imputable a la
entidad accionada por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, pues
“fueron utilizadas armas de dotación oficial y por el número de heridas… [se
evidencia] la forma inmisericorde del ajusticiamiento, además, por la notable
desproporción entre el número de miembros del Ejército y las víctimas”, lo cierto
12
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
13
Al respecto, ver: Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, sentencia T-113 del 14.03.19.
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-272 del
12.08.21. M.P. Alberto Rojas Ríos
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es que el pelotón desconocía el número de subversivos al que le hacía frente, así
como la magnitud de la refriega; de manera que la reacción militar tuvo lugar ante
la inminencia del ataque enemigo, en defensa de los bienes jurídicos de la propia
tropa, sin posibilidad de prever o resistir los resultados del enfrentamiento que se
suscitó, pues las condiciones inéditas del ataque demandaban un repliegue
militar que cubría los diferentes frentes y puntos vulnerables.
En este orden de ideas, se observa que no se acreditó que la Nación – Ministerio
de Defensa – Ejército Nacional hubiese incurrido en una falla del servicio por
cuanto no se probó que el Estado falló en la prestación del servicio, en la
ejecución de sus actuaciones y funciones, o se extralimitó en el ejercicio de las
mismas.
Ahora bien, aunque está demostrado que Jhony Alexis Vergel Ortega falleció por
un disparo proveniente de un arma de dotación oficial y que los daños causados
por el uso de armas de fuego por parte de agentes estatales, en principio,
generan un riesgo de naturaleza excepcional que le impone a la administración,
como beneficiaria de la actividad riesgosa, la obligación de resarcir los daños que
su materialización determine, fuerza concluir que la muerte del señor Vergel
Ortega no es atribuible a la entidad accionada ni siquiera bajo un título objetivo
de atribución jurídica de responsabilidad, pues dicho daño tuvo origen en el
comportamiento ilegal y negligente de la propia víctima, en tanto su actuación fue
decisiva y determinante en la producción del hecho lesivo.
De hecho, debe recordarse que el cuerpo del señor Vergel Ortega fue hallado en
el lugar en el que se llevó a cabo el enfrentamiento armado entre miembros del
Ejército Nacional y un grupo insurgente, y que al lado de su cadáver se encontró
un revolver “Llama Cassidy 38 Special (sic)” con número IM0184P en la base de
la empuñadora y número interno 075 en el giratorio del tambor que dio “[…]
prueba positiva para residuos de pólvora tanto en el cañón como en la contra
recamara” (hecho probado 7.1.6.). Además, que al practicarse las muestras de
residuos de disparo en mano a Jhony Alexis Vergel Ortega los resultados fueron
positivos para “bario, antimonio, plomo y antimonio/bario en dorso derecho,
palma derecha y dorso izquierdo” (hecho probado 7.1.8). En otras palabras, se
acreditó que Jhony Alexis Vergel Ortega atacó a los miembros de la fuerza
pública y que su muerte se suscitó dentro de un intercambio de disparos por el
hostigamiento de fuerzas armadas al margen de la ley, de las que hacía parte, en
contra de la cuadrilla militar (hechos probados 7.1.2 y 7.1.3); hecho que por
demás resultó externo, imprevisible e irresistible para la entidad demandada. De
otra parte, no resulta prueba alguna que indique que se trató de un
ajusticiamiento como quiere indicarlo la demandante, ni que el occiso se
encontrara en estado de indefensión, pues no existe evidencia que así lo indique,
dado que los disparos que recibió fueron a larga distancia, presentaba señales
claras de haber disparado un arma de fuego ni puede establecerse que la
respuesta fuera desproporcionada en tanto en el fragor del combate es imposible
determinar qué armas utiliza o podían utilizar los atacantes hacia los integrantes
de la fuerza del orden y no se evidenció que la trayectoria de los disparos que
recibió indicara que se le disparó cuando no representaba riesgo alguno o
mientras estaba sometido.
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En efecto, la conducta del Jhony Alexander Vergel, fue (i) irresistible en tanto su
actuación voluntaria y deliberada puso en peligro inminente su vida y la de los
soldados, pues ante la gravedad de la agresión los uniformados tuvieron que
accionar sus armas de dotación oficial en defensa de los bienes jurídicos de la
propia tropa; (ii) imprevisible porque no era posible contemplar el hecho con
anterioridad a su ocurrencia, pues el señor Vergel Ortega repentinamente
accionó su arma de fuego contra la humanidad de los soldados; y (iii) exterior
respecto de la entidad accionada por cuanto esa actuación deliberada de la
víctima fue ajena a la actividad de la parte demandante propiamente dicha y, en
efecto, extraña al deber jurídico de los uniformados.
En vista de lo expuesto se advierte que la muerte de Jhony Alexander Vergel
Ortega se ocasionó por el comportamiento voluntario y negligente de la propia
víctima, el cual fue decisivo y determinante en la producción del hecho lesivo,
puesto que, sin mediar razones, accionó en repetidas ocasiones su arma de
fuego contra la humanidad de soldados del Ejército Nacional (hechos probados
7.1.6 y 7.1.7.) y con ocasión de ello, ante el inminente peligro que ello revestía,
los uniformados accionaron sus armas de dotación oficial ocasionándole la
muerte.
En conclusión, en el sub examine se presenta la culpa de la víctima como causal
eximente de responsabilidad con plenos efectos liberatorios, dado que la
conducta del propio perjudicado resultó determinante del menoscabo.
Es decir, conforme con lo expuesto, se observa que, para los demandantes y el
a quo constitucional, el juez ordinario debió acudir a la prueba indiciaria para
concluir que no se trató de un combate contra la Fuerza Militar, Ejército
Nacional, sino de un caso de ejecución extrajudicial.
No obstante, para la sala tal postura de flexibilización probatoria no puede ser
empleada para la totalidad de los casos en los que se invoque tal circunstancia,
pues debe atenderse también a las particularidades de cada caso en concreto.
En el presente asunto, no existió desamparo u orfandad probatoria para las
partes; por tanto, tal criterio no resultaba aplicable, máxime cuando quedó
demostrado en el proceso ordinario que se trató de un enfrentamiento armado y
no de una ejecución extrajudicial.
En efecto, del análisis efectuado por la autoridad judicial demandada, se puede
observar que, en la sentencia objeto de estudio quedó establecido que se trató
de un enfrentamiento armado, entre otras pruebas, con fundamento en el
informe de investigación criminal 416401 del 19 de septiembre de 2008,
mediante el que el Investigador Criminalístico VII adscrito a la Unidad de
Química Aplicada y Sustancias Controladas del Cuerpo Técnico de
Investigación certificó muestras de residuos de disparo en mano, tomadas al
señor Vergel Ortega.
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De modo que, la autoridad judicial cuestionada no se limitó única y
exclusivamente a unos determinados medios de prueba, pues hizo un análisis
conjunto de los elementos demostrativos, a partir de los cuales soportó la
decisión judicial, con aplicación de las reglas de la sana crítica y la valoración
de los medios de prueba.
En lo atinente a los indicios, se resalta la naturaleza indirecta de dichos medios
de prueba, los cuales requieren de hechos debidamente acreditados en el
proceso (hechos indicadores), que por inferencia conducen al hecho inferido.
Es así como, los indicios son medios de prueba que permiten el conocimiento
indirecto de la realidad y suponen la presencia de un hecho indicador del cual
se deriva la existencia de otro hecho indicado mediante un proceso de
inferencia lógica.
En efecto, tales elementos no se acreditaron en el proceso ordinario, pues no
se demostraron los hechos indicadores que llevaran a inferir, de manera lógica,
que la muerte del señor Vergel Ortega ocurrió por cuenta de una ejecución
extrajudicial, sino por el “comportamiento voluntario y negligente de la propia
víctima”, tampoco que la víctima llegó al lugar de los hechos por la fuerza o por
engaños, ni la manipulación de la escena (como un montaje), de las prendas de
vestir, del cadáver o de las armas, presupuestos fácticos con los cuales se pudo
estructurar los indicadores, lo cual no ocurrió en el presente asunto.
Por tanto, si bien el actor invocó una indebida valoración, lo cierto es que lo que
pretende es que se le dé el valor probatorio diferente al cual le dio el juez de la
causa para que sea beneficioso a sus intereses.
Para la sala, exigir a la autoridad judicial un análisis que tenga por probados
unos hechos de manera indiciaria pese a que no se estructuraron los elementos
necesarios para ello, corresponde a una valoración probatoria que rompe con la
autonomía judicial y suplanta al juez ordinario.
Finalmente, se precisa que, si bien la parte actora hizo referencia unas
sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado14, para denotar el peso
de la prueba indiciaria, lo cierto es que, no identificó la regla o subregla
jurisprudencial en tales pronunciamientos con el cual lograra acreditar que, en
estos asuntos impera la flexibilización probatoria pretendida en la demanda
constitucional.
En consecuencia, se revocará el fallo de tutela impugnado que accedió al
amparo solicitado para en su lugar, denegar la protección invocada.
14
Providencias del 5 de marzo de 2015 (expediente 2004-03617-01), del 7 de septiembre de
2015 (expediente 2010-00178-01) y del 28 de abril de 2021 (proceso 2011-00080-01).
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FALLA
PRIMERO: Revócase la sentencia del 15 de febrero de 2024, a través de la
cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado accedió el amparo solicitado,
para, en su lugar, denegar la protección invocada, conforme a lo señalado
en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los terceros en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y envíese copia de esta al despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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