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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06343-01

Fecha
26 de febrero de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06343-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. En su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de John Jairo Delgado Cadavid, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-06343-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

26 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06343-01
Demandante: John Jairo Delgado Cadavid
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión

Temas: Tutela contra providencia judicial / Sentencia que declaró
caducidad en medio de control de controversias contractuales /
defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala la impugnación formulada por John Jairo Delgado Cadavid, en contra
de la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2023 por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, mediante la cual se decidió la solicitud de tutela de
la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

John Jairo Delgado Cadavid promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión
de la sentencia del 13 de abril de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Tercera de Decisión, en el medio de control de controversias contractuales
identificado con el radicado 05837-33-33-001-2013-00468-01.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

i) En ejercicio del medio de control de controversias contractuales, presentó
demanda contra la E.S.E. Hospital María Auxiliadora de Chigorodó, con el fin de
que se declarara la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales se
dio la terminación unilateral y posterior liquidación del contrato de prestación de
servicios 061 de 2011.

1 Ver índice 2 de SAMAI en el expediente 11001031500020230634300. Archivo denominado
«ED_2ESCRITODETUTELA(.pdf) NroActua 2»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06343-01
Demandante: John Jairo Delgado Cadavid

ii) El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Turbo (Antioquia), en
sentencia del 30 de enero del 2017 negó las pretensiones de la demanda al no
encontrar acreditados los cargos por trasgresión propuestos, pues, «en la demanda
se enuncio cuáles fueron los argumentos de orden constitucional o legal constitutivos de la
nulidad de la norma, para la Resolución No. 108 del 12 de abril de 2011, pero no para la
Resolución No. 175 del 24 de mayo del mismo año por el cual se liquidó unilateralmente el
contrato No. 061 del 2011, como lo consagra el artículo 162, inciso 4° del CPACA» (sic).
Decisión contra la cual la parte demandante interpuso recurso de apelación.

iii) El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, en sentencia
del 13 de abril de 2023 declaró probada de oficio la excepción de caducidad del
medio de control de controversias contractuales, en virtud de lo contenido en el
articulo 164, numeral 2°, literal, numeral ii) de la Ley 1437 de 2011, que estableció
que para efectos de contabilizar el término de los dos años, en los contratos que no
requieran de liquidación empezara a partir del día siguiente a la terminación del
contrato por cualquier causa.

iv) En relación con esa decisión, la parte demandante consideró que la corporación
judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en defecto
sustantivo al afirmar que el gerente del Hospital María Auxiliadora de Chigorodó
tenía la facultad para terminar de manera unilateral el contrato 061 de 2011; que el
contrato no requería liquidación unilateral, pese a que esa afirmación fue
contradicha por los hechos; y que dichos actos administrativos no son pasibles de
la acción contractual.

Por otra parte, indicó que se incurrió en desconocimiento del precedente judicial2,
pues existen fallos en casos similares donde se ha discutido sobre la legalidad de
la liquidación unilateral de los contratos de derecho privado y así, se ha permitido
atacarlas vía judicial, y no como hizo el tribunal, concluir que como tales contratos
no requieren de liquidación, el cómputo de caducidad se contara a partir del acto
administrativo de la terminación unilateral.

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] Dejar sin efecto o valor la sentencia del 13 de abril de 2023 del Tribunal
Administrativo de Antioquia proferida en el proceso contractual con radicado 05 837 33
33 001 2013 00468 01 seguido en primera instancia en el Juzgado 1° Administrativo de
Turbo y que la Sala del Tribunal rehaga una nueva providencia en la que se estudien los
motivos de impugnación formulados en el recurso de apelación y las pretensiones de la
demanda, en protección a la violación de los derechos fundamentales invocados […]»
(sic).

2 Al respecto citó las sentencias i) Sección Tercera. Subsección C. Consejero ponente: Jaime Enrique

Rodríguez Navas, 15 de octubre de 2020. Radicado 73001-23-00-000-2011-00721 00(50389); ii)
Sección Tercera. Subsección B. consejero ponente: Martín Bermúdez Muñoz, 9 de julio de 2021.
Radicación: 05001-23-31-000-2000-03745-01(50289)); iii) Sección Tercera. Subsección C.
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas. 30 de septiembre de 2019. Radicación: 66001-
23-31-000-2010-00003-01(43036)).

2

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06343-01
Demandante: John Jairo Delgado Cadavid

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión3
solicitó se declarara la improcedencia de la tutela, en la medida que no se
configuraron las causales específicas de procedibilidad alegadas por el demandante
y ante la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales, pues, la decisión
se profirió en ejercicio de la autonomía judicial y en desarrollo de la normativa y
jurisprudencia aplicables, esto es, de acuerdo con el inciso 2 del artículo 187 de la
Ley 1437 de 2011.

Asimismo, indicó que la parte demandante pretende utilizar la tutela como una
tercera instancia, pese a que no puede constituir una instancia adicional al proceso
ordinario.

1.2.2. El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Turbo
(Antioquia)4, si bien allegó copia del expediente digital, guardó silencio frente a la
petición de amparo.

1.2.3. La ESE Hospital María Auxiliadora de Chigorodó guardó silencio5

1.3 Sentencia de primera instancia6

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C mediante sentencia del 27
de noviembre de 2023 declaró improcedente la solicitud de tutela por no satisfacer
el requisito general de relevancia constitucional, ante la inexistencia de cargos
concretos en contra de la sentencia del 13 de abril de 2023 que impliquen un defecto
específico de procedencia, pues, en cuanto al desconocimiento del precedente del
Consejo de Estado, aquellas providencias citadas no contienen una regla
jurisprudencial atinente al estudio de la caducidad del medio de control de
controversias contractuales respecto de contratos de servicios profesionales
terminados unilateralmente por la entidad.

En cuanto al defecto sustantivo endilgado, concluyó que el demandante no expuso
ninguna de las modalidades en que puede configurarse.

1.4. Escrito de impugnación7

3 Ver índice 11 de SAMAI en el expediente 11001031500020230634300. Archivo denominado
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CONTESTACIONTUTELA(.pdf) NroActua
11»
4 Ver índice 13 de SAMAI en el expediente 11001031500020230634300. Archivo denominado

«RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_2_3110202(.zip) NroActua 13»
5 Por medio del auto del 19 de octubre de 2023 fue vinculó.
6 Ver índice 16 de SAMAI en el expediente 11001031500020230634300. Archivo denominado

«SENTENCIA(.pdf) NroActua 16»
7 Ver índice 20 de SAMAI en el expediente 11001031500020230634300. Archivo denominado

«24_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) NroActua 20»

3

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06343-01
Demandante: John Jairo Delgado Cadavid

John Jairo Delgado Cadavid impugnó la sentencia de primera instancia al considerar
que lo pretendido no es convertir la tutela en una instancia adicional para alargar el
debate del proceso ordinario, pues, lo cierto es que no hubo ningún debate, en tanto,
con la declaratoria de caducidad se cerró la puerta sin analizar la cuestión de fondo.

En cuanto a la conclusión de no se expuso las modalidades en que puede
configurarse un defecto sustantivo, la Corte Constitucional ha sostenido que el
demandante debe explicar cuáles son los hechos en que se funda la acción y los
derechos que se consideran vulnerados, más no, que tenga que elaborar una
proposición jurídica completa de las normas o de precisar el concepto de la
violación.

Finalmente, en cuanto al desconocimiento del precedente judicial, es cierto que en
aquellos asuntos no se estudió el tema de la caducidad, sin embargo, se ocupan de
otras materias, que extraen conclusiones que nos llevan a configurar aquel
desconocimiento, en otro aspecto principal, como lo es «el enjuiciamiento y eliminación
del ordenamiento jurídico de los actos administrativos de terminación unilateral proferidos
por una entidad estatal sometida al régimen del derecho privado a consecuencia de una
contratación particular», donde se concluye que los actos de liquidación unilateral
pueden ser enjuiciables mediante los medios de control respectivos y eliminar así,
su presunción de legalidad.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación, y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20008 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20199, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado10 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas

8 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
9 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06343-01
Demandante: John Jairo Delgado Cadavid

que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.11 Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente. […]» (Resalta la Sala).

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena12 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional13 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos14, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos

11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06343-01
Demandante: John Jairo Delgado Cadavid

fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales15.

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

La Sala deberá definir, de acuerdo con el escrito de impugnación, si: ¿el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión vulneró los derechos
fundamentales del demandante con ocasión de la sentencia del 13 de abril de 2023,
a través de la cual, declaró probada de oficio la excepción de caducidad del medio
de control de controversias contractuales, con la que incurrió, al parecer, en defecto
sustantivo y desconocimiento del precedente judicial?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela
y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.4.2. Desconocimiento del precedente judicial

En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda
que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite
afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes
como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover la
seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de
las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas.
Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos,
como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto
esencial del Estado Social de Derecho.

La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa
adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones
que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes
desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe
ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El

15 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06343-01
Demandante: John Jairo Delgado Cadavid

adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso
de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo
si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.

Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de
cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.

En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando
los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivara de la desobediencia al precedente.

2.4.3. Defecto sustantivo

En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional
ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda
del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente
inaplicable al caso concreto16. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que
este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces gozan de
autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas jurídicas, esta
no es una facultad absoluta17, para lo cual precisó que los límites se encuentran en
el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que
identifican al actual Estado Social de Derecho.

El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las
que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en una
norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que
hayan definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se torna
regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación sistémica
de la norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.

16 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
17 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06343-01
Demandante: John Jairo Delgado Cadavid

A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales18.

2.4.3. Sobre el caso concreto

John Jairo Delgado Cadavid acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia; y, en consecuencia, se dejara sin efecto la sentencia del
13 de abril de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de
Decisión, en cuanto declaró probada de oficio la excepción de caducidad del medio
de control de controversias contractuales.

Lo anterior, al considerar que la referida decisión judicial incurrió en defecto
sustantivo, al concluir que el gerente del Hospital María Auxiliadora de Chigorodó
tenía la facultad para terminar de manera unilateral el contrato 061 de 2011; que el
contrato no requería liquidación unilateral, pese a que esa afirmación fue
contradicha por los hechos; y que dichos actos administrativos no son pasibles de
la acción contractual.

Por otra parte, indicó que se incurrió en desconocimiento del precedente judicial 19,
pues existen fallos en casos similares donde se ha discutido sobre la legalidad de
la liquidación unilateral de los contratos de derecho privado y así, se ha permitido
atacarlas vía judicial, y no como hizo el tribunal, concluir que como tales contratos
no requieren de liquidación, el cómputo de caducidad se contara a partir del acto
administrativo de la terminación unilateral.

A partir de lo anterior, si bien el demandante hace alusión a que con la decisión
atacada se incurrió en defecto sustantivo, lo cierto es que, no especificó de manera
clara cuáles disposiciones interpretó o aplicó de manera errónea el tribunal, no
obstante, la Sala entiende que el reproche principal del demandante tiene que ver
con la declaratoria de caducidad en el medio de control de controversias
contractuales, lo cual conllevó a que la entidad judicial demandada no se
pronunciara de fondo respecto de los reparos formulados en su recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia.

18 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018
19 Al respecto citó las sentencias i) Sección Tercera. Subsección C. Consejero ponente: Jaime
Enrique Rodríguez Navas, 15 de octubre de 2020. Radicado 73001-23-00-000-2011-00721
00(50389); ii) Sección Tercera. Subsección B. consejero ponente: Martín Bermúdez Muñoz, 9 de
julio de 2021. Radicación: 05001-23-31-000-2000-03745-01(50289)); iii) Sección Tercera.
Subsección C. Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas. 30 de septiembre de 2019.
Radicación: 66001-23-31-000-2010-00003-01(43036)).

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06343-01
Demandante: John Jairo Delgado Cadavid

Dada la controversia a decidir, se recuerda que el numeral 2, literal j) del artículo
164 de la Ley 1437 de 2011, en cuanto a la caducidad del medio de control de
controversias contractuales, refiere:

[…] j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años que se
contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho
que les sirvan de fundamento.

Cuando se pretenda la nulidad absoluta o relativa del contrato, el término para demandar
será de dos (2) años que se empezarán a contar desde el día siguiente al de su
perfeccionamiento. En todo caso, podrá demandarse la nulidad absoluta del contrato
mientras este se encuentre vigente.

En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará así:

i) En los de ejecución instantánea desde el día siguiente a cuando se cumplió o debió
cumplirse el objeto del contrato;

ii) En los que no requieran de liquidación, desde el día siguiente al de la terminación del
contrato por cualquier causa;

iii) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por las
partes, desde el día siguiente al de la firma del acta;

iv) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada unilateralmente por la
administración, desde el día siguiente al de la ejecutoria del acto administrativo que la
apruebe;

v) En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se
practique por la administración unilateralmente, una vez cumplido el término de dos (2)
meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente
o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del
contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga; […]

Respecto de la aplicación de la referida normativa en la controversia suscitada por
John Jairo Delgado Cadavid, de cara a las pruebas aportadas al expediente, el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión concluyó:

«[…] En el caso concreto, revisado integralmente el clausulado del contrato de
prestación de servicios profesionales n.° 061 del 1° de marzo de 2011 (ver los folios 17
a 19), no encuentra la Sala que las partes hubieran pactado la liquidación del contrato;
además, en la cláusula séptima se estipuló que el régimen jurídico aplicable era el propio
de un contrato de prestación de servicios de derecho privado.

Por lo anterior, la norma para contabilizar el término de caducidad en este caso es el
artículo 164, numeral 2°, literal j, numeral ii) de la Ley 1437 de 2011, que establece que
el término de 2 años se contará así:

“En los que no requieran de liquidación, desde el día siguiente al de la terminación
del contrato por cualquier causa”.

Se reitera, el contrato de prestación de servicios profesionales n.° 061 del 1° de marzo
de 2011, regido por el derecho privado, no requería liquidación; tampoco se pactó la
misma por las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad, y si bien la entidad
estatal contratante lo liquido unilateralmente a través de la Resolución n.° 175 del 24 de

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06343-01
Demandante: John Jairo Delgado Cadavid

mayo de 2011, no es una potestad contemplada por la ley civil o comercial, luego no
podía haberlo realizado sin autorización legal.

Ahora bien, como quiera que la E.S.E. Hospital María Auxiliadora de Chigorodó,
Antioquia dio por terminado unilateralmente el contrato a través de la Resolución n.° 108
del 12 de abril de 2011, ejecutoriada el 24 de mayo de 2011, en principio, contaba el
señor John Jairo Delgado Cadavid con 2 años para presentar la demanda, los cuales
vencían el 25 de mayo de 2013; sin embargo, con la solicitud de conciliación extrajudicial
radicada el 17 de mayo de 2013 (ver el folio 42), en los términos del artículo 3°, literal b)
del Decreto 1716 de 2009, se suspendió el termino de caducidad hasta el 4 de julio de
2013, fecha en la que se expidió la respectiva constancia, restándole al demandante 9
días para radicar el medio de control, los cuales vencieron el sábado 13 de julio de 2013,
por lo que el termino se corrió hasta el lunes 15 de julio de 2013 y como la demanda se
radico el 2 de octubre de 2013 (ver el folio 16), opero la caducidad del medio de control.

Insiste la Sala en que el término de caducidad no podía contabilizarse desde la fecha de
ejecutoria del acto administrativo que liquidó unilateralmente el contrato, toda vez que el
contrato n.° 061 de 2011 que fue terminado unilateralmente por la E.S.E. demandada a
través de la Resolución n.° 108 del 12 de abril de 2011, no requería liquidación por
regirse por el derecho privado, tampoco se pactó por las partes su liquidación bilateral
en ejercicio de la autonomía de su voluntad, ni podía la administración utilizar la potestad
de liquidarlo unilateralmente en los términos de la Ley 80 de 1993. […]» (sic).

Como se observa, la autoridad judicial demandada no solamente analizó la
aplicación del artículo 164 del CPACA en cuanto a la caducidad del medio de control
de controversias contractuales, sino que, además, de acuerdo a las pruebas
aportadas al expediente señaló que el contrato objeto de litis era de aquellos que
no requiere de liquidación por regirse por el derecho privado, por lo que concluyó
que el término de caducidad empezaba a contar a partir del día siguiente a su
terminación, de acuerdo con el numeral 2, literal j, numeral ii) ibidem.

A juicio de la Sala, no se evidencia que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Tercera de Decisión haya incurrido en defecto sustantivo ni desconocimiento del
precedente en su labor de la búsqueda de la verdad, que conllevara a desconocer
la normativa aplicable a los contratos; distinto es, que de acuerdo con la lectura del
artículo 164 del CPACA y el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 199320,
junto con el material probatorio allegado al expediente, concluyera que la caducidad
de la acción si operó en el presente caso, en tanto, la controversia versaba sobre
un contrato que no necesitaba liquidación y que tampoco se pactó, y si bien la
entidad estatal contratante lo liquidó unilateralmente a través de la Resolución 175
del 24 de mayo de 2011, «no es una potestad contemplada por la ley civil o comercial,
luego, no podía haberlo realizado sin autorización legal».

20 «[…] Artículo 195. Régimen jurídico. Las Empresas Sociales de Salud se someterán al siguiente
régimen jurídico: 6. En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá
discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto General de Contratación
de la administración pública […]»

10

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06343-01
Demandante: John Jairo Delgado Cadavid

del 12 de abril de 2011, ejecutoriada el 24 de mayo de 2011, en principio, contaba el
señor John Jairo Delgado Cadavid con 2 años para presentar la demanda, los cuales
vencían el 25 de mayo de 2013; sin embargo, con la solicitud de conciliación extrajudicial
radicada el 17 de mayo de 2013 (ver el folio 42), en los términos del artículo 3°, literal b)
del Decreto 1716 de 2009, se suspendió el termino de caducidad hasta el 4 de julio de
2013, fecha en la que se expidió la respectiva constancia, restándole al demandante 9
días para radicar el medio de control, los cuales vencieron el sábado 13 de julio de 2013,
por lo que el termino se corrió hasta el lunes 15 de julio de 2013 y como la demanda se
radico el 2 de octubre de 2013 (ver el folio 16), opero la caducidad del medio de control.

Como se observa, el término de caducidad fue contado a partir del 25 de mayo de
2011, una vez ejecutoriada la Resolución 108 del 12 de abril de 2011, mediante la
cual se dio por terminado el contrato, por lo que fenecía el 25 de mayo de 2013, sin
embargo, este se suspendió una vez radicada la solicitud de conciliación
extrajudicial (17/05/2023) hasta la entrega de la constancia correspondiente
(04/07/20213), por lo que el demandante tuvo hasta el 15 de julio de 2013 para
acudir a la administración de justicia, no obstante ello solo ocurrió el 2 de octubre
de 2013, cuando el medio de control ya había caducado.

2.4.4. Cuestiones adicionales

Ahora bien, respecto al desconocimiento del precedente fijado por el Consejo de
Estado, la Sala analizará una a una las sentencias aludidas por el demandante pese
a no tener tal connotación, en garantía del derecho sustancial, a efectos de
establecer si tienen o no incidencia en el caso bajo examen.

a) En la sentencia del 15 de octubre de 2020, identificada con el radicado 73001-
23-00-000-2011-00721-00 (50389): las circunstancias fácticas y jurídicas no son
iguales y por ende no se aplica en el presente asunto, en la medida en que su
análisis va desde el ejercicio del poder exorbitante de la administración hasta los
requisitos para que opere la liquidación unilateral del contrato, más no se hace
un análisis respecto a la caducidad en el medio de control de controversias
contractuales.

b) En la sentencia del 9 de julio de 2021, identificada con el radicado 05001-23-31-
000-2000-03745-01 (50289): la controversia que en ese caso se suscita es
totalmente distinta a la de ahora en cuestión, pues, allí se concluyó que, en
aquellos contratos regidos por derecho privado, no puede pactarse la facultad
de liquidación unilateral mediante acto administrativo, en el marco de un pliego
de condiciones y una licitación pública.

c) En la sentencia del 30 de septiembre de 2019, identificada con el radicado
66001-23-31-000-2010-00003-01 (743036): no se observa que aspecto podría
resultar aplicable a la controversia traída por el demandante, pues, en ese caso
el asunto giró en torno a la liquidación unilateral de convenios
interadministrativos celebrados por una Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios para llevar a cabo la construcción de tres tramos de corredor vial
del sistema integrado de transporte de la ciudad de Pereira

11

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06343-01
Demandante: John Jairo Delgado Cadavid

Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, en la
sentencia enjuiciada hizo referencia a jurisprudencia del Consejo de Estado21, esta
si, referente al cómputo del término de caducidad en contratos estatales regidos de
modo preferente por el derecho privado, donde se concluye que este no refiere la
liquidación del contrato, por lo tanto, no se requiere a menos que este pactada por
las partes, cosa que no ocurrió en el asunto bajo análisis.

En este punto, se recuerda que si bien el demandante en su escrito de impugnación
aclaró que las sentencias traídas como desconocidas no fijan una regla relacionada
con la caducidad, pero sí de otras materias de interés, no se puede ignorar que la
controversia que acá se suscita es la configuración de dicho fenómeno jurídico en
el medio de control de controversias contractuales respecto de contratos que se
rigen por el derecho privado, por ello, cualquier otro tema de interés adicional no
proporciona la entidad suficiente para modificar la decisión tomada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.

Así las cosas, esta Sala observa que la decisión acusada no incurrió en los defectos
endilgados, debido a que fue proferida de conformidad con las normas que regulan
la materia y aquella se apoyó en el material probatorio aportado al proceso ordinario,
el cual permitió concluir que la demanda de controversias contractuales se radicó
de manera extemporánea esto es, cuando ya había operado el fenómeno de la
caducidad.

En esas condiciones, y dado que lo que existe es una inconformidad con el resultado
de la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la
medida en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, se
impone negar la solicitud de amparo constitucional pues, se reitera, este mecanismo
no puede convertirse en una tercera instancia.

Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del
juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala revocará la decisión
del a quo para, en su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de
John Jairo Delgado Cadavid en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión.

21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Consejero Ponente: Nicolas Yepes Corrales,

sentencia del 20 de septiembre de 2021, Radicación Número: 08001-23-31-000-2006-01847-
02(57268).

12

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06343-01
Demandante: John Jairo Delgado Cadavid

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2023 por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C. En su lugar, negar el amparo de los
derechos fundamentales de John Jairo Delgado Cadavid, en la solicitud de tutela
presentada contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión,
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

Con Aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

13

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