RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-06349-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06349-00

Fecha
8 de febrero de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06349-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Amparar el derecho fundamental al debido proceso de Carlos Arturo Mariano Gerónimo y otros, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia. 2. En consecuencia, dejar sin efectos la sentencia del 22 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena en el medio de control de reparación directa con radicado nro. 47001-33-33-006-2015-00318-01; y ordenar a esa autoridad judicial que en el término de veinte (20) días, contados a partir de la notificación de esta providencia, profiera una decisión de reemplazo en la que tenga en cuenta las consideraciones expuestas en esta decisión. 3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2023-06349-00 Demandante: Carlos Arturo Mariano Gerónimo y otros 4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 5. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-06349-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

8 de febrero de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06349-00
Demandante: Carlos Arturo Mariano Gerónimo y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-06349-00
Demandante CARLOS ARTURO MARIANO GERÓNIMO Y OTROS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Presupuestos de
procedibilidad. Defectos: fáctico, sustantivo y desconocimiento del
precedente judicial. Medio de control de reparación directa. Lesiones
en accidente de tránsito. Concurrencia de culpas. La causa eficiente
del daño.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia la acción de tutela instaurada por Carlos Arturo Mariano Gerónimo y otros,
de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 13 de octubre de 20231, Carlos Arturo Mariano Gerónimo, Jenny del Socorro
Jiménez Núñez y Claudia Patricia Mariano Jiménez, por conducto de apoderado
judicial, interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Magdalena por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como el
principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal.
En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones2:
«Con fundamento en las circunstancias fácticas inmediatamente expresadas, solicito al Juez
de tutela que para la eficacia de la protección pedida para los derechos fundamentales
violados a los petentes en el proceso de reparación directa relacionado en los hechos de este
escrito, ordene al Colegiado accionado dejar sin efecto la sentencia que dictó en él, calendada
febrero 22 de 2023, notificada por correo electrónico el día 13 de abril de 2023 y que en su
defecto proceda a dictar uno nuevo, que corresponda a la situación fáctica probada en la causa
conforme a lo explicado en los hechos de este escrito y que acoja la prescripción contenida
en el Art. 90 de la C. P.»

2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. Los hoy accionantes interpusieron demanda en ejercicio del medio de control
de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
para que se declarara su responsabilidad administrativa y patrimonial con
ocasión a las lesiones personales padecidas por Carlos Arturo Mariano
Gerónimo al ser impactado por un vehículo oficial de esa institución.

1 Consultado a través del sistema de gestión judicial del Consejo de Estado: SAMAI (índice 2).
2 Página 18 de la acción de tutela. Expediente digitalizado. Samai, índice 2.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06349-00
Demandante: Carlos Arturo Mariano Gerónimo y otros

En los antecedentes del expediente se lee que el 27 de mayo de 2013, cuando
el señor Mariano Gerónimo se desplazaba en su motocicleta por la Troncal
Caribe (vía Santa Marta- Barranquilla) fue embestido por una motocicleta de
la Policía Nacional en la que se trasportaban el conductor y copiloto, los dos
agentes en servicio.
2.2. El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito de Santa Marta que, en sentencia del 21 de
mayo de 2020, declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial de la
Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional por los perjuicios causados a
los demandantes como consecuencia de las lesiones padecidas por Carlos
Arturo Mariano Gerónimo, el día 27 de mayo de 2013.
Como consecuencia de la anterior declaración, condenó a la entidad
demandada a pagar a favor de los actores el daño moral y el daño material en
la modalidad de lucro cesante consolidado y futuro. También dispuso a favor
del lesionado el pago de perjuicios por daño a la salud.
El juez fundamentó su decisión en que los demandantes acreditaron: (i) el
daño consistente en las lesiones que padeció el señor Mariano Gerónimo con
ocasión al accidente de tránsito del 27 de mayo de 2013 y (ii) la imputación
dado que el agente de policía realizó una maniobra imprudente cuando
irrespetó la prelación en la vía que tenía el señor Mariano Gerónimo e invadió
la calzada que éste ocupaba.
Sobre la eximente de responsabilidad del hecho de la víctima, el despacho
indicó que tanto el demandante como el uniformado incumplieron con el deber
de portar la licencia de conducción el día de los hechos, pero no se probó que
el demandante no contara con licencia de conducción expedida por el
organismo de tránsito.
Frente a la concurrencia de culpas agregó que la causa eficiente del daño no
estuvo en ningún momento en cabeza del señor Mariano Gerónimo, así lo
acredita el dicho de los testigos y el informe de accidente de tránsito.
2.3. Las partes apelaron la sentencia de primera instancia. Los demandantes
expusieron desacuerdo con la tasación del lucro cesante consolidado y del
daño a la salud.
Por su parte, la Policía Nacional dijo que en el proceso no se demostró la
responsabilidad de la entidad en los hechos comoquiera que los agentes del
Estado no fueron los únicos que infringieron las normas de tránsito, sino que
el particular no portaba licencia de tránsito y pudo causar el accidente por su
impericia en el ejercicio de una actividad peligrosa. En esa medida estiva que
la causa eficiente del daño fue el hecho de la víctima. También presentaron,
de manera subsidiaria, desacuerdo con la liquidación de los perjuicios.
2.4. En sentencia del 22 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo del
Magdalena modificó la decisión de primera instancia porque encontró
acreditada la concurrencia de culpas en la medida de que la causa del daño
fue la falta de aptitud de los conductores involucrados, dado que no contaban
con licencia de conducción al momento de ocurrencia de los hechos, omisión
que representa una clara afrenta a las normas de tránsito.
Como consecuencia de lo anterior, se disminuyó en un 50% el monto de los
perjuicios reconocidos en primera instancia.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06349-00
Demandante: Carlos Arturo Mariano Gerónimo y otros

La sentencia se notificó a través de mensaje de datos remitido al buzón de
notificaciones judiciales de las partes el 13 de abril de 20233.
3. Fundamentos de la acción
Los accionantes consideran que el Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió
en defecto fáctico por valoración contraevidente de las pruebas del proceso, en
defecto sustantivo porque la sentencia presenta argumentos que se contradicen
entre sí y en desconocimiento del precedente judicial porque desconoce el alcance
que el alto tribunal de lo contencioso administrativo ha dado a la figura de la
concurrencia de culpas.
3.1. Defecto fáctico. Los accionantes consideran que el Tribunal Administrativo del
Magdalena realizó una valoración arbitraria, caprichosa e irracional de los
medios de prueba aportados al proceso. Esto, porque los testimonios
practicados en el proceso a los señores Orlando José Guzmán y Ebrait Rafael
Pérez daban cuenta de que el agente de policía que conducía la motocicleta
ocasionó el accidente, pues realizó una maniobra imprudente e irrespetó la
prelación que sobre la vía tenía el señor Carlos Arturo Mariano Gerónimo al
invadir su carril. Luego, como se probó que la causa eficiente del daño fue la
imprudencia e impericia del agente de policía, no había lugar a declarar la
concurrencia de culpas.
Advirtió que el hecho de que el señor Mariano Gerónimo no portara licencia de
conducción en el momento en que ocurrió el accidente solo evidencia una
infracción al Código Nacional de Tránsito, pero no lo erige como fuente
eficiente del daño.
Recordó que en la sentencia acusada se identificó el Informe pericial de
accidente de tránsito No. 1296032 de 27 de mayo de 2013, como la
documental que acreditó la concausa. En este documento el funcionario de
tránsito estableció como causas probables del accidente las siguientes: (i)
impericia y no respetar prelación, infracción atribuida al conductor del vehículo
oficial; y (ii) impericia en el manejo de la motocicleta por parte del señor Carlos
Arturo Mariano Gerónimo. De lo anterior, el Tribunal accionado concluyó que
la causa del daño fue la falta de aptitud de los dos conductores involucrados
en el accidente dado que no contaban con licencia de conducción en el
momento de los hechos, es decir, infringieron las normas de tránsito.
Estima que la anterior valoración es arbitraria y caprichosa dado que la
concurrencia de culpas (art. 2357 del Código Civil) por definición se configura
cuando la víctima ha propiciado de manera parcial el resultado dañino, pero
en este caso se probó que la causa eficiente del daño fueron las acciones
imprudentes del agente de policía.
Al respecto agregó que:
«el hecho de que la víctima no portara licencia de conducción al momento de la ocurrencia de
los hechos no la hace parcialmente responsable en la ocurrencia del hecho dañino y mucho
menos nos lleva a concluir que se haya expuesto al daño de manera imprudente, más cuando
si se hace una valoración conjunta (…) se llega a la conclusión de que el Daño reclamado por
los demandantes fue causado única y exclusivamente por el actuar imprudente y descuidado
de los Agentes de Policía que iban a bordo de una patrulla motorizada, quienes al momento
de realizar un giro prohibido, invaden el carril del señor CARLOS ARTURO MARIANO
GERÓNIMO, atropellándolo y causándole graves heridas (…).
No es suficiente que al perjudicado se le atribuya una culpa, tal y como sucede aquí, que el
Tribunal Administrativo del Magdalena le atribuye al demandante la culpa de no portar licencia
de conducción al momento de la ocurrencia de los hechos, sino que se requiere que la víctima
con su conducta, haya contribuido de forma significativa en la producción del detrimento que

3 Archivo denominado «16. Notificación Fallo», carpeta de la segunda instancia del expediente digitalizado
del medio de control de reparación directa nro. 47-001-3333-006-2015-00318-00. Samai, índice 11.
3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06349-00
Demandante: Carlos Arturo Mariano Gerónimo y otros

lo aqueja, situación esta que no ocurrió en este caso, ya que el hecho de no portar tal
documento exigido por la ley de tránsito, no fue la causa del accidente».

Concluyó la fundamentación del cargo, advirtiendo que la entidad demandada
no se ocupó de demostrar la alegada falta de pericia del señor Mariano
Gerónimo para conducir la motocicleta, la sola falta de licencia no acredita ese
hecho.

3.2. Defecto sustantivo por indebida motivación de la sentencia. La parte actora
estima que la providencia judicial acusada se fundamentó en argumentos
contradictorios porque en algunos párrafos se declaró la responsabilidad del
agente de policía porque no respetó la prelación al intentar un cruce y por
haber invadido el carril contrario, pero más adelante se concluyó la
concurrencia de causas por falta de pericia del lesionado.

Agregó que las conclusiones probatorias relativas a la concausa por impericia
del lesionado contrarían la definición que sobre este fenómeno se expuso en
la misma sentencia acusada:
«Una mala maniobra o decisión que toma el conductor y que genera como consecuencia un
accidente, cuando la culpa se alude a la falta de experiencia o conocimiento del conductor»

3.3. Desconocimiento del precedente judicial. En la acción de tutela se acusa
que la autoridad judicial accionada desconoció la teoría de la concurrencia de
culpas desarrollada por la Sección Tercera de esta Corporación. Precisó que
este hecho ocurre cuando la persona agraviada contribuye de manera cierta y
eficaz en la producción del hecho dañino.

Solicitó que se tengan en cuenta las siguientes providencias que establecen
el alcance de la figura de la concurrencia de culpas:

3.3.1. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Tercera, Subsección A. Sentencia del 7 de abril de 2011, proceso nro.
52001-23-31-000-1998-00349-01(19256). M.P. Mauricio Fajardo Gómez
«Bien se ha dicho sobre el particular que la reducción del daño resarcible con
fundamento en el concurso del hecho de la víctima responde a una razón de ser
específica, es decir, que la víctima hubiere contribuido realmente a la causación de su
propio daño, caso en el cual esa parte del perjuicio no deviene antijurídico y, por ende,
no tiene la virtud de imputarse al patrimonio de quien se califica responsable.»

3.3.2. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Tercera, Subsección A. Sentencia del 11 de julio de 2023, proceso nro.
76001-23-31-000-1999-00096-01(24445). M.P. Carlos Alberto
Zambrano.
«(…) la Sección ha sostenido que el comportamiento de la víctima que habilita al
juzgador para reducir el quantum indemnizatorio es aquel que contribuye, de manera
cierta y eficaz, en la producción del hecho dañino, es decir, es el que se da cuando la
conducta de la persona agraviada participa en el desenlace del resultado, habida
consideración de que contribuyó realmente a la causación de su propio daño.»

3.3.3. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Tercera. Sentencia del 20 de febrero de 2014, proceso nro. 27542. M.P.
Stella Conto Díaz.
«Al respecto, la Sección concluyó que “(…) estos comportamientos imprudentes no
tuvieron en cuenta los riesgos que de los mismos se desprendían, los cuales, sin lugar
a dudas, contribuyeron de manera determinante a la producción del hecho dañoso que
se debate en el presente asunto.»

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06349-00
Demandante: Carlos Arturo Mariano Gerónimo y otros

4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 23 de octubre de 2023, el despacho ponente admitió la acción de
tutela interpuesta por Carlos Arturo Mariano Gerónimo, Jenny del Socorro
Jiménez Núñez y Claudia Patricia Mariano Jiménez, a través de apoderado
judicial, contra el Tribunal Administrativo del Magdalena y vinculó, en calidad
de terceros con interés a la Nación, Rama Judicial, a la Policía Nacional y al
Juzgado Sexto Administrativo de Santa Marta. Todos estos, sujetos
procesales que actuaron en el proceso de reparación directa nro. 47001-3333-
006-2015-00318-00/01.

4.2. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, por conducto de
asesora del Área Jurídica, solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción
de tutela porque la declaración de la concurrencia de culpas obedeció a la
valoración razonable de los medios de prueba que daban cuenta que el
accidente de tránsito tuvo como causa eficiente la impericia de los conductores
involucrados.
Dijo que no se configuró el desconocimiento del precedente debido a que las
sentencias relacionadas en la demanda tienen efectos inter partes y a que el
señor Mariano Gerónimo no tuvo participación o vinculación procesal en
aquellas.
Finalmente, advirtió que los demandantes no alegaron ni probaron la
ocurrencia de un perjuicio irremediable o una amenaza inminente que
justifique la intervención del juez constitucional en el caso particular.
4.3. El Tribunal Administrativo del Magdalena, por conducto de la magistrada
ponente de la sentencia acusada, advirtió que en el trámite de la segunda
instancia del proceso de reparación directa objeto de análisis se garantizó en
todo momento el derecho al debido proceso de las partes en cada una de sus
facetas.
Agregó que esa Sala decidió modificar la sentencia de primera instancia
porque se acreditó la concurrencia de culpas, dado que la causa eficiente del
daño fue la falta de aptitud de los dos conductores involucrados en el
accidente. Los conductores inobservaron las normas de tránsito porque no
portaban licencia de conducción cuando ocurrieron los hechos.
Conforme con lo expuesto, concluyó que los accionantes toman la acción de
tutela como una tercera instancia para exponer su desacuerdo con la
valoración de las pruebas del proceso, pero tal propósito desborda la
naturaleza del mecanismo constitucional.
4.4. El Juzgado Sexto Administrativo de Santa Marta no presentó informe frente
a la acción de tutela.
4.5. El despacho ponente registró proyecto de fallo que se discutió en la Sala del
13 de diciembre de 2023, pero como no alcanzó la mayoría requerida, se
emitió auto en la misma fecha en el que se dispuso el sorteo de un conjuez.
El sorteo se llevó a cabo el 19 de diciembre de 2023 y, según consta en la
correspondiente acta, fue designada como conjuez la doctora Lucy Cruz de
Quiñones a quien se le comunicó la decisión.
El proceso pasó nuevamente al despacho informando la anterior gestión, el 18
de enero de 2024.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06349-00
Demandante: Carlos Arturo Mariano Gerónimo y otros

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19914, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. De la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales5
y especiales6 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional7 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.

Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un
mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

Establecido lo anterior, por tratarse de una acción de tutela contra providencia
judicial, debe la Sala en primera medida corroborar el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad.

De superarse este primer análisis, se pasará a determinar si la sentencia del 22 de
febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió en
defecto fáctico, defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente judicial.

4 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
5 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
6 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
7 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06349-00
Demandante: Carlos Arturo Mariano Gerónimo y otros

4. Del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales

4.1. La acción de tutela se presentó en un término razonable, dado que: (i) fue
radicada el 13 de octubre de 20238 y la sentencia que resolvió de manera
definitiva el proceso se notificó a través de mensaje de datos remitido al buzón
de notificaciones judiciales de las partes el 13 de abril de 20239; (ii) comporta
relevancia constitucional en tanto acusa la configuración del defecto
sustantivo, defecto fáctico y desconocimiento del precedente judicial en una
sentencia; (iii) en el escrito de tutela se hizo una narración clara de los hechos
y las pretensiones; (iv) el caso supera el requisito de subsidiariedad, porque
contra la providencia acusada no proceden recursos ordinarios y los alegatos
de la acción de tutela no se acompasan con las causales de procedibilidad de
los recursos extraordinarios de revisión ni de unificación de jurisprudencia; y
(v) no se discute una sentencia de tutela.

Relativo a la relevancia constitucional, conviene agregar que la sentencia de
primera instancia declaró la responsabilidad del Estado por las lesiones que
padeció el señor Mariano Gerónimo por el accidente de tránsito estudiado y
negó la configuración de la eximente de responsabilidad del hecho de la
víctima o de la concurrencia de culpas; luego, los argumentos que planteó la
parte demandante en el recurso de apelación refieren a cuestiones de
reconocimiento de las modalidades específicas de daños y tasación de
perjuicios. Diferente a lo que se discute en esta acción de tutela, donde la
inconformidad del actor se fundamenta en la decisión del Tribunal accionado
de declarar la concurrencia de culpas, a su juicio, contrariando la información
del material probatorio que se aportó al proceso y bajo un entendimiento errado
de la mencionada figura.

Como se ve, no se trata de una reiteración de argumentos o de un evento en
el que se tome la acción de tutela como una tercera instancia.

5. La sentencia del 22 de febrero de 2023 comporta defecto fáctico porque
se declaró la concurrencia de culpas sin estar probada y bajo un
entendimiento errado de su alcance

5.1. La Sala estima pertinente que, previo a surtir el análisis de los cargos
expuestos en la acción de tutela, se haga una breve referencia a los
fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia del 22 de febrero de 2023,
para definir el contexto a partir del cual se originaron las inconformidades de
los accionantes.

5.2. El Tribunal Administrativo de Magdalena analizó el caso particular a la luz del
título de imputación de la falla en el servicio. En esa vía precisó que cualquier
tipo de anormalidad vehicular, «como la de no respetar la prelación al hacer un giro
e invadir el carril contrario, como se reporta ocurrió dentro del proceso, constituye una
falla en el servicio, pues la Administración ubicó al demandante dentro de un inminente
peligro, en la medida en que esa maniobra comporta un incremento normal que conlleva
la conducción de automotores.»

Como fundamento de la anterior conclusión probatoria relacionó el informe
policial de accidentes de tránsito nro. 1296032 del 27 de mayo de 2013, en el
cual se consignó que el señor Mariano Gerónimo resultó lesionado en un
accidente de tránsito «fue atropellado por el vehículo oficial-motocicleta (…) de
propiedad de la Policía Nacional que era conducida por [un] patrullero (…)». A partir de
este medio de prueba también declaró que «existió una desatención a la norma de

8 Óp. Cit nro. 1.
9 Índices 11 y 12, Samai para tribunales administrativos proceso nro. 41001-33-33-005-2015 00443-01
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06349-00
Demandante: Carlos Arturo Mariano Gerónimo y otros

tránsito dispuesta en la Ley 769 de 2002 (…) por parte del patrullero (…), teniendo en
cuenta que no respetó la prelación al intentar hacer un cruce e invadió el carril contrario,
hecho que no fue desvirtuado en el proceso (…)».

Acto seguido, el Tribunal manifestó que «debe darse relevancia a lo narrado por los
testigos Orlando José Guzmán Bolaños y Ebrait Rafael Pérez» a partir de los cuales
concluyó que el patrullero no fue cuidadoso y precavido al realizar la maniobra
de cruce.

Establecido lo anterior, la autoridad judicial pasó con el análisis del alegato de
la entidad demandada en el recurso de apelación, relativo a la configuración
de la eximente de responsabilidad del hecho de la víctima, dado que el señor
Mariano Gerónimo no portaba licencia de conducción cuando ocurrió el
accidente y porque en el informe policial se consignó como posible causa del
accidente la impericia de los conductores de las motocicletas involucradas.

El Tribunal Administrativo del Magdalena procedió con la consulta en el RUNT
con miras a establecer si los conductores contaban con licencia de conducción
proferida por la autoridad de tránsito en el momento de los hechos. La consulta
arrojó que en la fecha del accidente ninguno de los conductores contaba con
este documento

En línea con esta omisión, la autoridad judicial relacionó los artículos 18 y 19
del Código Nacional de Tránsito sobre los requisitos para obtener la licencia
de conducción y los exámenes que se deben aprobar para tal propósito, los
cuales procuran que los conductores tengan las aptitudes físicas, mentales y
de coordinación motriz para adelantar esa actividad. Luego, a juicio del
Tribunal, la ausencia de licencia por parte de los conductores explica la
anotación en el informe de policía de tránsito relativo a su falta de pericia como
posible causa del daño.

En la sentencia, se definió la falta de pericia como «una mala maniobra o decisión
que toma el conductor y que genera como consecuencia un accidente, cuando la culpa
alude a la falta de experiencia o conocimiento del conductor».

Establecido lo anterior, el Tribunal expuso las siguientes declaraciones:
«Por tal motivo, ante el incumplimiento de la demandante de probar, en términos generales,
la ocurrencia del daño antijurídico y dado que la Administración se refuta generadora del
mismo y porque jurídicamente le es atribuible, por cuanto podía exonerarse probando que el
hecho no lo produjo, o que fue producido por una causa extraña, pero no lo hizo, no pueden
acogerse los argumentos esgrimidos en el recurso por el apoderado de la Policía Nacional,
pues en efecto, el señor Mariano Gerónimo transitaba por su vía, y el patrullero no respetó la
prelación al intentar hacer un cruce e invadió el carril contrario, lo que obedece a su falta de
pericia, comprobada en el sub examine debido a que transitaba sin licencia de conducción
expedida para tal efecto, por lo que le asistió razón al a quo en cuanto a la imputación del
daño.
Ahora bien, lo anterior no quiere decir que la Sala pase por alto la infracción en la que también
incurrió el señor Carlos Arturo Mariano Gerónimo como conductor de la motocicleta (…), esto
es, su falta de pericia en el manejo, pues hasta la fecha no cuenta con licencia de conducción.
(…)
En esa medida, la reducción del daño resarcible, con fundamento en el concurso del hecho
de la víctima, responde a una razón de ser específica: la víctima contribuyó realmente a la
causación de su propio daño, caso en el cual esa parte del perjuicio no deviene antijurídica
(…). Por último, la Sala considera que la participación causal del señor Carlos Arturo Mariano
Gerónimo en el accidente de tránsito corresponde a un 50% (…)»

5.3. Establecido lo anterior, es pertinente recordar que el defecto fáctico es aquel
vicio relacionado con el decreto, práctica o valoración de las pruebas, que tiene

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06349-00
Demandante: Carlos Arturo Mariano Gerónimo y otros

una incidencia directa en la decisión. En efecto, la Corte Constitucional10 ha
dicho que el defecto fáctico es un error relacionado con asuntos probatorios y
reconoce que tiene dos dimensiones: una dimensión negativa y una positiva.

La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, por ejemplo, (i) por
ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante
en el desenlace del proceso11; (ii) por decidir sin el apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión 12; o
(iii) por no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en que el juez está
legal y constitucionalmente obligado a hacerlo13.

La dimensión positiva, por su parte, tiene lugar por actuaciones positivas del
juez en la que se incurre ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en
pruebas ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión14;
o (v) por decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen
a demostrar el hecho en que se basa la providencia15.

5.4. Previo a proceder con el análisis de la valoración probatoria que expuso el
Tribunal Administrativo del Magdalena, conviene hacer una breve referencia a
la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado frente a la figura
de la concurrencia de culpas para determinar su alcance y sobre su aplicación
a algunos eventos relacionados con la responsabilidad en accidentes de
tránsito para dilucidar cómo se ha estudiado la causa eficiente en esos casos.

Tenemos entonces que de tiempo atrás la jurisprudencia contenciosa
administrativa ha considerado que el comportamiento de la víctima que habilita
al juzgador a reducir el monto de la indemnización es aquel que «contribuye de
manera cierta y eficaz»16 en la producción del daño. En otras palabras, para
declarar acreditada la concausa es necesario que «que su conducta se constituya
en una de las causas adecuadas o determinantes del resultado dañoso.»17

Así pues, en algunos eventos relacionados con accidentes de tránsito se ha
declarado la responsabilidad del Estado aunque se haya acreditado una
infracción de tránsito en el expediente, siempre que aquella no se constituya
como la causa eficiente del hecho dañoso. Esto quiere decir que corresponde
al juez natural del proceso analizar conforme a las pruebas del expediente si
el comportamiento de la víctima o la infracción en la que hubiere podido incurrir
en un accidente de tránsito contribuyó causalmente al desenlace dañoso cuya
indemnización se persigue.

En línea con lo anterior, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, con ponencia de la magistrada Stella Conto Díaz del Castillo18, expuso
que en la determinación de la concausa corresponde al juez de lo contencioso
administrativo analizar conforme a las pruebas del proceso cuál fue la causa
eficiente del hecho dañoso. Se relaciona el aparte relevante:

10 Cfr. Sentencia SU-159 de 2002.
11 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-442 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
12 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
13 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-417 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
14 Ibidem. Óp. Cit. 10
15 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-226 de 2013. C.P. Alexei Julio Estrada.
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del
24 de mayo de 2012. Proceso nro. 19001-23-31-000-1998-00961-01(21516). M.P. Hernán Andrade Rincón;
sentencia del 21 de mayo de 2021. Proceso nro. 23001-23-31-000-2007-00453-03(48254). M.P. María
Adriana Marín; Subsección B. Sentencia del 5 de diciembre de 2016. Proceso nro. 18001-23-31-000-2001-
00258-01(29737). M.P. Stella Conto Díaz de Castillo.
17 Ibidem
18 Sentencia del 31 de agosto de 2015. Proceso nro. 17001-23-31-000-2003-00083-01(37097).
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06349-00
Demandante: Carlos Arturo Mariano Gerónimo y otros

«Teniendo en cuenta lo anterior, es plausible afirmar que para establecer un nexo
causal entre el daño y la conducta de la víctima, esta debe ser determinante, en
términos reales, en el resultado dañoso, sin que para ello puedan alegarse infracciones
al deber ser que, si bien pueden resultar reprochables, nada tienen que ver con la
producción del daño, luego, al juez de la responsabilidad le corresponde analizar
detalladamente las circunstancias en las que este se produjo para así determinar cuál
o cuáles de ellas contribuyeron de manera adecuada y eficaz en el resultado lesivo y,
en consecuencia, conforme al nexo causal, la responsabilidad total o parcial de lo
acontecido.
Ahora bien, el a-quo consideró que en el asunto sub-examine se dan los presupuestos
para establecer que el comportamiento del señor (...) se constituyó en causa adecuada
del accidente de tránsito en que perdiera la vida, en la medida en que este se movilizaba
en horas de la madrugada como parrillero de una motocicleta, pese a que la circulación
de este tipo de vehículos motorizados se encontraba restringida entre las 23:00 y las
05:00 horas, en los términos del artículo 13 del Decreto Municipal N° 168 de 1998.
(...)
Lo anterior da cuenta de la restricción existente para la época referente a la circulación
de motocicletas en el perímetro urbano del municipio de Manizales entre las 23:00 y las
05:00 horas, así como de la necesaria conclusión de que los señores José Aldemar
Castaño Valencia y Ferney Osorio incumplieron con lo reglado en aquella norma.
Conclusión de la que no se sigue su responsabilidad en el accidente. Esto es así porque
el incumplimiento de una contravención de tránsito hace al infractor acreedor de una
multa, no a que suceda un accidente, tampoco tendría que esperar la muerte. (...)
Reitera la Sala lo dicho al inicio de estas consideraciones, esto es, las infracciones al
deber ser que nada tengan que ver con la producción del daño, no pueden tenerse como
causa adecuada del mismo.»

En similar sentido, la Sección Tercera del Consejo de Estado con ponencia del
magistrado Ricardo Hoyos Duque dentro del proceso con radicado interno nro.
13657 indicó que en el caso analizado no se probó que la falta de licencia del
conductor del vehículo hubiera tenido incidencia alguna en la ocurrencia del
accidente, es decir que no fue su causa eficiente y en razón a ello no había
lugar a declarar la responsabilidad del Estado. En la sentencia, se lee:
«Ahora bien, quedó acreditado en el expediente que el conductor del vehículo oficial no
contaba con licencia de conducción y además, que el vehículo tenía fallas. Sin embargo,
estas circunstancias no tuvieron ninguna incidencia en el accidente.
No se acreditó de ninguna manera ni existen indicios que permitan afirmar que el hecho
de que el conductor careciera de la licencia hubiera incidido en la producción del daño,
pues la maniobra que realizó era la adecuada en las circunstancias concretas. Si bien
no tenía licencia, el soldado tenía suficiente pericia para conducir el vehículo. Es decir,
el hecho habría ocurrido igualmente aunque éste tuviera dicha licencia.
Tampoco le era previsible el hecho, pues si bien es cierto que en el ejercicio de
actividades peligrosas es posible que ocurra cualquier accidente, la previsibilidad de los
mismos debe mirarse es en la situación particular, es decir, si el accidente en concreto
era previsible, de tal manera que habrá responsabilidad siempre que el agente no haya
tomado todas las medidas adecuadas para evitarlo.»

Este entendimiento sobre el análisis fáctico de la concurrencia de culpas o
concausa en accidentes de tránsito fue reiterado en la sentencia del 22 de
febrero del 2017 (38832) con ponencia de la magistrada Marta Nubia
Velásquez Rico, como se evidencia en el siguiente extracto:
«En relación con la concausa, esta Sección del Consejo de Estado ha sostenido que el
comportamiento de la víctima que habilita al juzgador para reducir el quantum
indemnizatorio (art. 2.357 Código Civil) es aquel que contribuye, de manera cierta y
eficaz, en la producción del hecho dañino, es decir, cuando la conducta de la persona
participa en el desenlace del resultado, habida consideración de que la víctima
contribuyó realmente a la causación de su propio daño.
Tratándose de la responsabilidad patrimonial del Estado, una vez configurados los
elementos estructurales –daño antijurídico, factor de imputación y nexo causal–, la
conducta del perjudicado solamente puede tener relevancia como factor de aminoración
del quantum indemnizatorio, a condición de que su comportamiento adquiera las notas
10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06349-00
Demandante: Carlos Arturo Mariano Gerónimo y otros

características para configurar una co-causación del daño. En esta dirección puede
sostenerse que no es de recibo el análisis aislado o meramente conjetural de una
eventual imprudencia achacable a la víctima, si la misma no aparece ligada co-
causalmente en la producción de la cadena causal.
En el presente caso, como se dejó consignado anteriormente, se demostró que la
víctima del daño para el momento de su accidente se encontraba en tercer grado de
embriaguez, pues así lo determinó el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses;
sin embargo, de los elementos de juicio obrantes en el expediente no es posible
establecer la relación causal entre el accidente de tránsito y el estado de embriaguez
de la víctima directa del daño, razón por la cual la Sala estima que la actuación de la
víctima no contribuyó en la producción del daño en la medida en que no se probó esa
circunstancia.
En ese sentido, establecido como está, que en la producción del daño únicamente
concurrió la falla en el servicio de la demandada, habrá lugar a revocar la sentencia
apelada, para declarar la responsabilidad administrativa de la entidad demandada.»

En una sentencia reciente, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado19 (exp. 59985) precisó desde una análisis doctrinal el alcance de la
figura de la concurrencia de culpas y su diferenciación y límites respecto de la
negligencia de la víctima. Veamos:
«28.3.- La doctrina ha señalado que lo que resulta esencial en estos casos no es la
determinación de que la víctima haya obrado negligentemente, sino la influencia causal
de su comportamiento.
“La víctima es quien sufrió el perjuicio y demanda su reparación. En consecuencia lo
que importa no es simplemente su acción sino la influencia que ha podido tener ese
comportamiento sobre el perjuicio. La disminución de la indemnización para la víctima
debe ser proporcional al papel jugado por su acción en la realización del perjuicio. Esa
disminución no debe deducirse únicamente de la calificación de su conducta. La
causalidad puede de esta manera aparecer como y el verdadero terreno de la aplicación
de hecho de la culpa de la víctima (sic). El comportamiento de la víctima en sí mismo
no tiene sino una importancia secundaria: inclusive si es culposo, puede considerarse
no determinante del daño y la víctima debe ser totalmente indemnizada: es el vínculo
de causalidad lo que determina la extensión de la reparación; se trata de impedir una
indemnización completa de la víctima si ella ha absorbido por su culpa todo o parte del
vínculo de causalidad”20.
29.- En este caso es evidente que la ingesta del veneno por parte de la víctima también
fue determinante en la producción del daño y, tratándose de un aspecto que tiene que
ver con la causalidad y que afecta la extensión de la reparación, esta circunstancia es
oponible a los demandantes.»

5.5. A juicio de la Sala mayoritaria, la ratio de la sentencia acusada deja ver una
contradicción en relación con la causa eficiente del daño y su prueba. Esto,
comoquiera que el Tribunal Administrativo del Magdalena declaró que el daño
era atribuible a la entidad demandada, porque el agente de la policía no
respetó la prelación al intentar hacer un cruce e invadió el carril contrario, lo
que daba cuenta de su falta de pericia en la conducción del vehículo. Como
fundamento de estas declaraciones probatorias se relacionaron los siguientes
medios de convicción: el informe policial de accidentes de tránsito nro.
1296032 del 27 de mayo de 2013 y los testimonios de Orlando José Guzmán
Bolaños y Ebrait Rafael Pérez.

A pesar de lo anterior, acto seguido, el Tribunal accionado declaró la
concurrencia de culpas por considerar que el señor Mariano Gerónimo
contribuyó eficientemente en la producción del daño con ocasión a su
impericia, cuya prueba es la falta de licencia para conducir motocicletas.

La Sala mayoritaria considera que la declaración sobre la concurrencia de
culpas carece de respaldo probatorio en el expediente y se contradice con las

19 Sentencia del 19 de octubre de 2023. Proceso de reparación directa nro. 73001-23-31-000-2011-00144-02
(59985). M.P. Martín Bermúdez Muñoz.
20 «Dumery, Alexandre, La faute de la victime en droit de la responsabilité civile, Harmattan, Paris 2011, p. 38.»
11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06349-00
Demandante: Carlos Arturo Mariano Gerónimo y otros

conclusiones probatorias en las que previamente se había atribuido el daño a
la entidad demandada y su causa eficiente a las actuaciones del patrullero.

En esa vía, se tiene que, aunque la falta de licencia de conducción es
reprochable y, eventualmente, sería objeto de sanciones administrativas, ese
solo hecho no prueba per se la falta de pericia del demandante para conducir
una motocicleta ni que esa omisión sea la causa eficiente del daño. Es más, a
título ilustrativo y considerando los hechos probados en el proceso es dable
indicar que aun si el actor hubiere contado con el documento que se echa en
falta, lo más probable es que el accidente hubiere ocurrido porque su causa,
como ya lo había reconocido el Tribunal Administrativo del Magdalena, fueron
las acciones del agente de Policía quien adelantó una mala maniobra que
terminó con el accidente.

También debe considerarse que la conclusión probatoria sobre la impericia del
agente del Estado en la conducción del vehículo no obedece solo a que no
tuviera licencia cuando ocurrió el accidente, sino a las demás pruebas del
proceso que acreditaron que aquel irrespetó la prelación al intentar hacer un
cruce e invadió el carril contrario.

En este punto, conviene relacionar un aparte del informe de Policía de
Tránsito:

Asimismo, se destaca el siguiente aparte de los testimonios de Orlando José
Guzmán Bolaños y Ebrait Rafael Pérez: «la moto de Arturo viene de sentido Ciénaga
y la moto de Policía viene como hacer la rutina de patrullaje que hacen ellos, ellos van a
entrar ellas van de Ciénaga a Santa Marta ellos van a cruzar ellos no se dan cuenta como
que la moto viene porque Arturo viene por toda la vía y se los llevan de una manera tan…
digo yo tan distraída digo yo que venía los policías porque a lejos se debe ver que viene
la moto de Arturo cuando ellos se meten ósea le invaden la vía a Arturo y se lo llevan por
delante.»21

Así las cosas, se considera que en el plenario no hay ningún medio de prueba
que acredite la falta de pericia, experiencia o habilidad del señor Mariano

21 Extracto tomado de la página 13 de la sentencia acusada.
12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06349-00
Demandante: Carlos Arturo Mariano Gerónimo y otros

Gerónimo en la conducción del vehículo, traducida en una acción u omisión
con alguna incidencia en la materialización del accidente de tránsito (daño) o
como lo ha indicado la jurisprudencia contenciosa un comportamiento que
haya contribuido de manera cierta y eficaz en la producción del hecho dañoso;
por el contrario, como se reconoció en la sentencia accionada, se probó que
se dirigía por su carril y fue arrollado por el vehículo que conducía un agente
de la Policía quien no respetó la prelación en vía e invadió el carril del hoy
accionante.

Entonces se tiene que el Tribunal accionado redujo la condena como una
suerte de sanción al demandante por conducir una motocicleta sin tener
licencia para ello y aunque se comparte que ese hecho es reprochable, cierto
es que al juez de lo contencioso administrativo no corresponde adelantar
juicios de valor sobre esa infracción, sino determinar si tal omisión fue la causa
eficiente del daño, análisis causal que se extraña en el caso particular.

5.6. Por sustracción de materia, la Sala prescindirá del análisis del defecto
sustantivo y del defecto por desconocimiento del precedente judicial. El
primero, debido a que la alegada contradicción entre las conclusiones fácticas
de la sentencia fue analizada en el acápite anterior y, el segundo, porque las
sentencias relacionadas en la acción de tutela, más que evidenciar un
precedente desconocido, tenían por propósito determinar el alcance de la
figura de la concurrencia de culpas.

6. Conclusión

Por las razones expuestas, la Sala amparará el derecho al debido proceso de Carlos
Arturo Mariano Gerónimo y otros en razón a que la sentencia accionada comporta
defecto fáctico comoquiera que la declaración de concurrencia de culpas careció de
respaldo probatorio y contradijo las conclusiones expuestas por el Tribunal
accionado en relación con la causa eficiente del daño.

En consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia del 22 de febrero de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena y se ordenará a esa autoridad
judicial que, en el término de veinte (20) días contados a partir de la notificación de
esta providencia, profiera una nueva decisión en la que tenga en cuenta las
precisiones probatorias expuestas en este fallo.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Amparar el derecho fundamental al debido proceso de Carlos Arturo Mariano
Gerónimo y otros, de conformidad con las razones expuestas en esta
providencia.

2. En consecuencia, dejar sin efectos la sentencia del 22 de febrero de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena en el medio de control
de reparación directa con radicado nro. 47001-33-33-006-2015-00318-01; y
ordenar a esa autoridad judicial que en el término de veinte (20) días,
contados a partir de la notificación de esta providencia, profiera una decisión
de reemplazo en la que tenga en cuenta las consideraciones expuestas en
esta decisión.

3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06349-00
Demandante: Carlos Arturo Mariano Gerónimo y otros

4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

5. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta Salva el voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Salva el voto

(Firmado electrónicamente)
LUCY CRUZ DE QUIÑONES
Conjuez

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.