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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06374-00

Fecha
30 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06374-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por la señora Nubia María Carvajal López. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-06374-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

30 de noviembre de 2023

Demandante: Nubia María Carvajal López
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06374-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06374-00
Demandante: NUBIA MARÍA CARVAJAL LÓPEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ

Temas: Tutela contra providencia judicial – Declara improcedente por
falta de agotamiento de todos los medios de defensa judicial.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la sala a resolver la acción de tutela de la referencia de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, este último modificado por el Decreto
333 de 2021, así como también de conformidad con el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El 17 de octubre de 2023, la señora Nubia María Carvajal López1, por conducto de
apoderada, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Caquetá,
Sala Tercera de Decisión con el fin de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
defensa, a la igualdad y a la reparación integral.

Las referidas garantías constitucionales las consideró transgredidas con la
sentencia de 24 de marzo de 2023 de la autoridad judicial en mención, que
modificó lo decidido por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Florencia que accedió parcialmente a las pretensiones del medio de control de
reparación directa promovido por la tutelante y otros2 contra la Nación - Ministerio
de Defensa Nacional - Ejército Nacional3.

1.2 Pretensiones

Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:

1 Si bien en el escrito de tutela se señala que el nombre de la tutelante es María Nubia Carvajal

López, lo cierto es que del poder y de las sentencias del proceso ordinario allegados se advierte
que lo correcto es Nubia María Carvajal López y que ello obedeció a un error de transcripción.
2 Elkin Eduardo Carvajal Ciceri, Luz Marina Ciceri Gómez, Daniela Carvajal Ciceri, Gilma Carvajal

López, Humberto Carvajal López, Gentil Carvajal López, César Augusto Carvajal López, Iván
Carvajal López y Orlando Carvajal López.
3 Radicado 18001-33-31-002-2009-00149-01.

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Demandante: Nubia María Carvajal López
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06374-00

PRIMERO: Que se Tutele los Derechos al Debido Proceso, Libre Acceso a la
Administración de Justicia, a la Defensa, a la Igualdad, al Reconocimiento y
Cumplimiento del Precedente Jurisprudencial, Reparación Integral de la Víctimas y
el Derecho a no ser revictimizado por la Rama Judicial y otros, consagrados en la
Constitución Nacional, vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
CAQUETÁ – SALA TERCERA DE DECISIÓN.

SEGUNDO: Que como consecuencia de la anterior declaración se deje sin efectos
la Sentencia de Segunda Instancia de fecha 24 de marzo de 2023, dentro del
proceso de Reparación Directa, incoado por HUBERTO CARVAJAL LOPEZ Y
OTROS, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUERTÁ – SALA
TERCERA DE DECISIÓN y se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
CAQUETÁ […] proferir una Sentencia de reemplazo, en la que se condene a LA
NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, a pagar por
concepto de perjuicios morales a favor de los demandantes de conformidad con la
sentencia de unificación de Jurisprudencia del 28 de agosto de 2014, proferida por
el Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera […], dentro del expediente
número 05001232500019991063-01 (32988), teniendo en cuenta la mayor
intensidad del daño moral por la violación de los derechos humanos e infracciones
al derecho internacional humanitario, a favor de cada uno de los demandantes del
primer orden, el equivalente a 300 S.M.L.M.V., a favor de cada uno de los
demandantes del segundo orden, el equivalente a 150 S.M.L.M.V4.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

• La señora Nubia María Carvajal López y otros formularon la acción de
reparación directa contra de la Nación- Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional, por la ejecución extrajudicial del señor Luis Eduardo Carvajal López.

• El 27 de julio de 2017, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Florencia (Caquetá) accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al
encontrar acreditado que la muerte del señor Carvajal fue ocasionada por
miembros activos del Ejército Nacional en el marco de indicios de maltrato
ocasionado previamente al deceso, sumado a que no se demostró que el occiso
se tratara de un «guerrillero, ni tampoco que tuviera antecedente delictivos», lo
que ponía en duda el presunto enfrentamiento que alegó el extremo pasivo de la
controversia para justificar el proceder de los uniformados.

• Contra esta decisión, ambas partes interpusieron recurso de apelación.

• El 24 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo del Caquetá modificó la
decisión del a quo, luego de concluir que estaba «claramente comprometida la
responsabilidad del Ejército al encontrar probado, al menos, un uso
desproporcionado de las armas de fuego, en franco desconocimiento de sus
deberes de protección de la vida y dignidad humana de los ciudadanos».

• Por lo anterior, el ad quem condenó a la entidad demandada así:

4 Trascrito con posibles errores ortográficos, mayúsculas sostenidas y negritas del texto original.

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Demandante: Nubia María Carvajal López
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06374-00

SEGUNDO: CONDÉNASE a la Nación -Ministerio de Defensa- Ejército
Nacional a pagar por perjuicios morales: la suma de 100 smmlv para Luz
Marina Ciceri Gómez, Elkin Eduardo Carvajal Ciceri y Daniela Carvajal Ciceri;
y 50 smmlv a Gilma Carvajal López, Humberto Carvajal López, Gentil Carvajal
López, César Augusto Carvajal López, Ibán Carvajal López, y Nuvia María
Carvajal López.

TERCERO: CONDÉNASE a la Nación -Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional a pagar por lucro cesante: para Luz Marina Ciceri Gómez la suma
total $280.494.102,94, para Daniela Carvajal Ciceri la suma total
$78.187.069,37 y para Elkin Eduardo Carvajal Ciceri la suma total de
$102.776.721,375.

• La sentencia de segunda instancia fue notificada 13 de abril de 2023 y la
presente acción constitucional se radicó el 17 de octubre de 2023.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La tutelante expuso que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
«sustantivo» al omitir aplicar la regla de excepción contenida en la sentencia de
unificación de 28 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado6, que se refiere a que «podrá otorgarse una
indemnización mayor de la señalada en los eventos descritos en la sentencia de
unificación antes citada [100 SMLMV], cuando existan circunstancias debidamente
probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño moral, […] sin que en
tales casos el monto total de la indemnización pueda superar el triple de los
montos indemnizatorios fijados en dicha sentencia7 [300 SMLMV]».

Por lo anterior manifestó que, al acreditarse la ejecución extrajudicial por parte del
Ejército Nacional, lo que «constituye a todas luces un[a] grave violación a los
Derechos Humanos», el ad quem debió conceder el equivalente a 300 SMLMV a
favor de los demandantes en primer grado y 150 SMLMV a los de segundo grado.

Finalmente indicó que esta tesis ha sido acogida por el Consejo de Estado en
diversos fallos, para lo cual relacionó varias sentencias de tutela8.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 19 de octubre de 2023 el magistrado ponente admitió la acción
de tutela y ordenó notificar a la demandante, así como al Tribunal Administrativo
del Caquetá, como autoridad judicial accionada.

Como terceros con interés en las resultas del proceso vinculó al Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Florencia9, a la Nación - Ministerio de

5 Trascrito con posibles errores ortográficos, mayúsculas sostenidas y negritas del texto original.
6 Expediente con radicado interno 32.988.
7 Se destaca que la sentencia a la que se hace alusión es la proferida por el Consejo de Estado,

Sección Tercera, de 25 de septiembre del 2013 con radicado interno 36.460, M.P. Enrique Gil
Botero, que unificó la jurisprudencia en relación con el tope indemnizatorio de los perjuicios
morales en escenarios en los que el daño antijurídico imputable al Estado tiene su origen en una
conducta punible de un agente estatal, investigada, sancionada penalmente y contenida en una
sentencia ejecutoriada.
8 Proferidas al interior de los expedientes con radicados 11001-03-15-000-2020-00276-00 y 11001-

03-15-000-2021-01917-00.

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Defensa Nacional - Ejército Nacional10; y a los señores Elkin Eduardo Carvajal
Ciceri, Luz Marina Ciceri Gómez, Daniela Carvajal Ciceri, Gilma Carvajal López,
Humberto Carvajal López, Gentil Carvajal López, César Augusto Carvajal López,
Iván Carvajal López y Orlando Carvajal López11.

De igual forma, reconoció como apoderado a la abogada de la demandante y
ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que realizara una
publicación en la página web de la corporación, con la información de la tutela, con
el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados.

1.6. Intervención

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentó la siguiente intervención:

La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional solicitó que se
niegue el mecanismo constitucional, porque (i) no se acreditaron los defectos
alegados, (ii) tampoco el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia,
además de que (iii) las diferencias que tiene la tutelante en cuanto a la valoración
probatoria no constituyen una irregularidad procesal.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta colegiatura es competente para conocer en primera instancia de la acción de
tutela presentada por la señora Nubia María Carvajal López, de conformidad con
lo establecido en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021
y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales advertidos por la accionante, por parte
del Tribunal Administrativo del Caquetá, como autoridad judicial accionada, con
ocasión de la sentencia proferida el 24 de marzo de 2023.

Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) el análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva;
(iii) la generalidad del defecto alegado, y (iv) el caso en concreto.

2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 12
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de

9 Autoridad judicial de primer grado.
10 Extremo demandado de la demanda de reparación directa.
11 Quienes también integraron la parte demandante del proceso contencioso.
12 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE

TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.

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la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema13.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales14.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201415, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Respecto al agotamiento de todos los medios de defensa judicial, la
sala advierte que este presupuesto no se cumple, toda vez que la parte actora
contó con el recurso extraordinario de unificación jurisprudencial previsto en el
artículo 256 de la Ley 1437 de 2011, particularmente por la causal contenida en el
artículo 258 ídem que establece que este mecanismo es viable «cuando la
sentencia impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del
Consejo de Estado».

En efecto, se recuerda que los cargos dirigidos en contra del tribunal accionado
por el defecto «sustantivo» se fundamentaron en el hecho de que la decisión del
ad quem desatendió la regla de excepción contenida en la sentencia de unificación
de 28 de agosto de 2014, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del
Consejo de Estado16, al considerar se debió conceder una indemnización mayor al
interior del proceso contencioso, particularmente el equivalente a 300 SMLMV a
favor de los demandantes en primer grado y 150 SMLMV a los de segundo grado.

En este orden de ideas, al margen de la razonabilidad de esta tesis, lo cierto es
que esta sala, investida como juez constitucional, no es competente para
determinar si el proveído bajo cuestionamiento desatendió la excepción contenida
en la sentencia de unificación del Consejo de Estado, ya que tal análisis le
corresponde al juez natural del recurso extraordinario de unificación
jurisprudencial.

13 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
14 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
15 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16 Expediente con radicado interno 32.988.

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Frente al punto, se advierte que el recurso extraordinario en mención fue
procedente de conformidad con el artículo 257, modificado por el artículo 71 de la
Ley 2080 de 2021, comoquiera que la sentencia que se pretende controvertir
superó los 450 SMLMV y en atención a que si bien la providencia fue proferida en
el marco de un proceso escritural, la Sección Segunda del Consejo de Estado
unificó la jurisprudencia en el sentido de que establecer que el «recurso
extraordinario de unificación jurisprudencial contenido en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo es procedente
respecto de sentencias dictadas en procesos judiciales que se iniciaron, tramitaron
y terminaron bajo el imperio de leyes anteriores a la vigencia de aquel, como lo es
el Código Contencioso Administrativo».

Precisado lo anterior, esta colegiatura también advierte que la acción
constitucional no puede ser usada para revivir términos procesales ya precluidos,
comoquiera que la sentencia que hoy se pretende controvertir quedó ejecutoriada
el 20 de abril de 2023, razón por la cual la tutelante tenía hasta el 27 de abril de
2023 para interponer el multicitado recurso extraordinario.

Ahora bien, se tiene que la Corte Constitucional ha explicado que la acción de
tutela procede sólo excepcionalmente y como mecanismo transitorio de
protección de los derechos fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar
la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable y las circunstancias que
invoca, se acrediten al menos sumariamente.

Conforme a lo anterior, la única excepción a la regla de improcedencia de la
acción de tutela, cuando existen otros mecanismos de defensa para obtener la
protección de los derechos invocados, o ya se agotaron, es la existencia de un
perjuicio irremediable, el cual se configura a voces de la Corte Constitucional «[…]
cuando el peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud
que afecta con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por
tanto de medidas impostergables que lo neutralicen […]17».

De manera que, este perjuicio irremediable debe ser inminente o actual, y además
ha de ser grave, y requerir medidas urgentes e impostergables 18. Entonces,
corresponde a la sala estudiar si, en el caso concreto, la acción de tutela procede

17 Corte Constitucional, sentencia T-636 de 2006, con ponencia de la magistrada Clara Inés Vargas

Hernández.
18 Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron delimitados por la Corte

Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo
Mesa. Dicha línea fue reconocida por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-531 de 1993. A
continuación, se reseña, en síntesis, lo pertinente: «[…] son elementales para la comprensión de
la figura del perjuicio irremediable […] A). El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está
por suceder prontamente" […] B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio
irremediable han de ser urgentes, […] || C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea
grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber
jurídico de la persona […] D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea
impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su
integridad. Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna
[…] Se trata del sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia
de la actuación de las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos
y garantías básicos para el equilibrio social».

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de forma transitoria ante la configuración de un perjuicio irremediable que afecte
de manera directa los derechos fundamentales de la parte actora.

Al respecto se tiene que dicho perjuicio no se evidencia en este asunto porque del
análisis del acervo probatorio, no es posible establecer que la parte actora se
encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas
urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales, ni la demandante lo advierte.

2.5. Conclusión

Así las cosas, es claro para esta sala que en el sub examine, no puede el juez
constitucional pronunciarse de fondo sobre la solicitud de amparo, toda vez que no
se supera el requisito de agotamiento de todos los medios de defensa judicial.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por la señora Nubia María Carvajal López.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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