Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06381-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06381-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-06381-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
4 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06381-01
Demandante: Alex Fabián Acuña Quiñones
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial / Auto rechazó por
improcedente el recurso de apelación impetrado contra auto que
remite medio de control por competencia / Defecto fáctico y
procedimental
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala la impugnación formulada por Alex Fabián Acuña Quiñones, en
contra de la sentencia proferida el 1 de febrero de 2024 por el Consejo de Estado,
Sección Quinta mediante la cual se decidió la solicitud de tutela de la referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
Alex Fabián Acuña Quiñones promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de las
providencias proferidas el 9 de diciembre de 2021 y 3 de marzo de 2022, y el 13 de
abril de 2023 por el Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito de Bogotá y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
respectivamente, en el medio de control de reparación directa identificado con el
radicado 11001-33-43-060-2021-00276-00/01.
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
1
Ver índice 2 de Samai en el expediente 11001031500020230638100. Archivo denominado
«ED_2ESCRITODETUTELA(.pdf) NroActua 2»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06381-01
Demandante: Alex Fabián Acuña Quiñones
i) Alex Fabián Acuña Quiñones y otros2 interpusieron demanda de reparación
directa contra Brayan Andrés Marín Tovar y la Nación, el Ministerio de Defensa
Nacional, Policía Nacional, con el fin de que se le declara responsable por los daños
materiales y morales causados con ocasión de la muerte de Luz Angela Acuña
Guzmán, ocurrida el 1 de agosto de 2019, como consecuencia del accidente de
tránsito que tuvo lugar el 19 de junio anterior.
ii) El Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito de Bogotá en providencia del 9
de diciembre de 2021 decidió: i) no aprehender el conocimiento del asunto por falta
de jurisdicción; ii) remitir el expediente digital a los Juzgados Civiles del Circuito
Judicial de Bogotá. Contra dicha decisión el demandante interpuso recurso de
reposición y en subsidio apelación.
iii) En providencia del 3 de marzo de 2022 resolvió no reponer la providencia
acusada al considerar que esta jurisdicción no tiene competencia para juzgar a
particulares de forma individual, a su vez, concedió el recurso de apelación
interpuesto.
iv) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A en
providencia del 13 de abril de 2023 rechazó por improcedente el recurso de
apelación, de acuerdo con el artículo 243 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3.
v) En relación con la decisión del juzgado de conocimiento demandado, la parte
actora considera que vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en defecto
fáctico por falta de valoración probatoria de i) la petición radicada ante la Policía
Nacional, en la que se requirió hora de inicio y terminación, lugar de los turnos y
actividades desarrolladas durante la prestación del servicio por parte del patrullero
Brayan Andrés Marín Tobar en los días 17, 18 y 19 de junio de 2019; ii) la respuesta
otorgada el 30 de septiembre de 2021 por la Policía Nacional, la cual refiere que el
día del accidente el uniformado se encontraba en servicio, pues se dirigía a recibir
el turno de centinela en la residencia de Juliana Márquez.
Asimismo, en defecto procedimental al desconocer lo contenido en el numeral 2 del
artículo 243 del CPACA, pues, la providencia apelada pone fin al proceso respecto
de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.
1.1.2. Pretensiones
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] a. TUTELAR los derechos fundamentales a la Igualdad, al Debido Proceso y
Acceso a la Administración de Justicia, establecido en los artículos 13,29,229 de la
Constitución Política de Colombia.
2
Luis Antonio Acuña Zuluaga y Luz Esmith Guzmán Capera y el menor de edad Luis Felipe Acuña
Guzmán.
3
En adelante CPACA.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06381-01
Demandante: Alex Fabián Acuña Quiñones
b. DECLARAR, que el auto proferido por el JUZGADO SESENTA (60)
ADMINISTRATIVO DE 3 BOGOTÁ, el día nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno
(2021), transgredió los artículos 13,29,229 de la Constitución Política de Colombia.
c. DECLARAR, que el auto proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “A”, el día trece (13) de abril
del año dos mil veintitrés (2023), transgredió los artículos 13,29,229 de la Constitución
Política de Colombia.
d. ORDENAR, la revisión del auto proferida por el JUZGADO SESENTA (60)
ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ, el día nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno
(2021), a fin de que se garantice los derechos fundamentales a la Igualdad, Debido
Proceso y Acceso a la Administración de Justicia, establecido en los artículos 3,29,229
de la Constitución Política de Colombia, del accionante que solicita la protección
constitucional.
e. ORDENAR, la revisión del auto proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “A” el día trece (13) de abril
del año dos mil veintitrés (2023), a fin de que se garantice los derechos fundamentales
a la Igualdad, Debido Proceso y Acceso a la Administración de Justicia, establecido en
los artículos 13,29,229 de la Constitución Política de Colombia, del accionante que
solicita la protección constitucional.
f. ORDENAR, al JUZGADO SESENTA (60) ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ, que
admita la demanda Contenciosa Administrativa de Reparación Directa promovida por
ALEX FABIAN ACUÑA QUIÑONES y otros, contra la NACIÓN – MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL, POLICÍA NACIONAL y BRAYAN ANDRÉS MARÍN TOVAR
[…]» [sic].
1.2. Informes rendidos en el proceso
1.2.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A4 solicitó que se declare la improcedencia de la tutela o, en su
defecto, se nieguen las pretensiones de amparo, pues, no cumple con los requisitos
generales de procedibilidad, específicamente los de relevancia constitucional e
inmediatez, ni se evidencia la configuración de un perjuicio irremediable que
justifique la intervención del juez constitucional; y que, por el contrario, la verdadera
intención del demandante es convertirla en una tercera instancia orientada a
controvertir los argumentos contenidos en la providencia que rechazó por
improcedente el recurso de apelación interpuesto contra el auto que remite por
jurisdicción.
1.2.2. El Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito de Bogotá5 solicitó se
declare la improcedencia de la tutela o, en su defecto, se niegue el amparo
pretendido ante la inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales
invocados, pues la decisión del 9 de diciembre de 2021 se encuentra sustentada en
4
Ver índice 9 de Samai en el expediente 11001031500020230638100. Archivo denominado
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CONTESTACIONTUTELA(.pdf) NroActua
9»
5
Ver índice 12 de Samai en el expediente 11001031500020230638100. Archivo denominado
«RECIBEPRUEBAS_ANEXO20230638100(.pdf) NroActua 12»
3
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06381-01
Demandante: Alex Fabián Acuña Quiñones
debida forma y es claro que, la remisión de un proceso a otra jurisdicción no pone
fin al proceso.
Finalmente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al rechazar el recurso de
apelación dejo en firme la decisión proferida en primera instancia, por lo que se
procedió a remitir el expediente a los Juzgado Civiles del Circuito de Bogotá.
1.2.4. Los demás terceros con interés guardaron silencio6.
1.3 Sentencia de primera instancia7
El Consejo de Estado, Sección Quinta en sentencia del 1 de febrero de 2024 declaró
improcedente la solicitud de tutela por no satisfacer el requisito general de la
relevancia constitucional, pues, la verdadera intención del demandante es que el
juez constitucional realice nuevamente el estudio resuelto en el proceso ordinario,
en la medida que la decisión no fue acorde con sus intereses, contrario a advertir la
vulneración de los derechos fundamentales invocados, pues del escrito inicial no se
vislumbró que la controversia girara en torno al alcance, contenido o goce de un
derecho fundamental.
1.4. Escrito de impugnación8
Alex Fabián Acuña Quiñones impugnó la sentencia de primera instancia al
considerar que no se valoró los defectos fáctico y procedimental expuestos en la
solicitud de tutela, los cuales van directamente ligados con la vulneración de los
derechos fundamentales, pues, de las pruebas obrantes se acreditó que Brayan
Andrés Marín Tobar para el momento de los hechos se dirigía a recibir turno como
centinela en la residencia de Juliana Márquez, razón por la cual si se encontraba en
servicio.
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación, y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
6
Mediante auto del 30 de octubre de 2023 se vinculó a Luis Antonio Acuña Zuluaga, Luz Esmith
Guzmán Capera, y al menor de edad Luis Felipe Acuña Guzmán.
7
Ver índice 32 de Samai en el expediente 11001031500020230638100. Archivo denominado
«SENTENCIA(.pdf) NroActua 32»
8
Ver índice 37 de Samai en el expediente 11001031500020230638100. Archivo denominado
«50_MemorialWeb_Recurso(.pdf) NroActua 37»
4
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06381-01
Demandante: Alex Fabián Acuña Quiñones
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20009 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201910, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta.
2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado11 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.12 Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente. […]» (Resalta la Sala).
Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena,13 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.
9
Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
10
Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
12
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06381-01
Demandante: Alex Fabián Acuña Quiñones
Ahora bien, la Corte Constitucional14 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,15 el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales.16
Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
La Sala deberá definir, de acuerdo con el escrito de impugnación, si: ¿el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, vulneró los
derechos fundamentales del demandante con ocasión de la providencia proferida el
13 de abril de 2023, a través de la cual, dejó en firme la decisión del a quo de remitir
por competencia la demanda a los juzgados civiles del circuito judicial de Bogotá,
con la que incurrió, al parecer, en defecto fáctico y defecto procedimental?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela
y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.4.2. Defecto fáctico
14
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
15
Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
16
Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
6
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06381-01
Demandante: Alex Fabián Acuña Quiñones
El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional,17 tiene una
dimensión negativa y otra positiva.
La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez omite
la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»,18 «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho
o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente».19 La segunda,
se acredita cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni
valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»20.
Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.
2.4.3. Defecto procedimental
Tal como se afirma de los defectos sustantivo, fáctico y orgánico, el defecto
procedimental fue concebido por la Corte Constitucional desde la Sentencia T-231
de 1994 como causal de vía de hecho en una providencia judicial. Desde entonces,
el defecto procedimental absoluto es entendido como aquél en el que el Juez
Ordinario adelanta el asunto bajo una cuerda procesal equivocada u omite el curso
de una etapa del trámite, en perjuicio del derecho al debido proceso.
A partir de la Sentencia T-1306 de 200121, empero, la Corte Constitucional consideró
que este defecto no solo podía ser absoluto, sino presentarse por un exceso ritual
manifiesto22, producto de una indebida preferencia por las formas procesales en
perjuicio del derecho al acceso a la administración de justicia, a la prevalencia del
derecho sustancial y a la pretensión de corrección de las decisiones judiciales, en
la consecución de la justicia material y la garantía de los derechos fundamentales23.
La procedencia de este defecto, en todo caso, exige que el afectado haya alegado
el yerro a través de la instancia ordinaria, de haber estado en la posibilidad de
17
Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,
T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
18
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
19
Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,
Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
20
Sentencia T-538 de 1994.
21
Línea que ha venido consolidándose, entre otras, a través de las Sentencias T-974 de 2003, T-
973 de 2004, T-264 de 2009, T-599 de 2009, T-950 de 2011 y T-213 de 2012.
22
Desde esta concepción del defecto es clara la tensión entre los derechos al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, tensión que debe abordarse desde la concepción de dichos
bienes como mandatos de optimización, lo que permite su ponderación en cada caso en concreto
para la satisfacción de los derechos fundamentales involucrados en cada caso en concreto.
23
En esta decisión, el defecto se definió como: “[…] aquel que se deriva de un fallo en el cual haya
una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en
la aplicación de las normas procesales convirtiéndose así en una inaplicación de la justicia material
[…]”.
7
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Demandante: Alex Fabián Acuña Quiñones
hacerlo; que la violación tenga una entidad suficiente para afectar la decisión; y, que
lesione bienes ius fundamentales24.
2.4.3. Sobre el caso concreto
Alex Fabián Acuña Quiñones acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia; y, en consecuencia, se dejara sin efectos las providencias
proferidas el 9 de diciembre de 2021 y 3 de marzo de 2022, y el 13 de abril de 2023
por el Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, respectivamente,
a través de las cuales se declaró la falta de competencia para conocer del medio de
control de reparación directa impetrado con ocasión del fallecimiento de Luz Angela
Acuña Guzmán (q.e.p.d.) como consecuencia de un accidente de tránsito en el que
se vio involucrado un policial, y se rechazó por improcedente el recurso de apelación
interpuesto contra esta última decisión.
Lo anterior, al considerar que las referidas decisiones judiciales incurrieron en
defecto fáctico por omitir valorar i) la petición radicada ante la Policía Nacional, en
la que se requirió hora de inicio y terminación, lugar de los turnos y actividades
desarrolladas durante la prestación del servicio por parte del patrullero Brayan
Andrés Marín Tobar en los días 17, 18 y 19 de junio de 2019; ii) la respuesta
otorgada el 30 de septiembre de 2021 por la Policía Nacional, la cual refiere que el
día del accidente el uniformado se encontraba en servicio, pues se dirigía a recibir
el turno de centinela en la residencia de Juliana Márquez.
Asimismo, en defecto procedimental al desconocer lo contenido en el numeral 2 del
artículo 243 del CPACA, pues, la providencia apelada pone fin al proceso respecto
de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.
Ahora bien, para la Sala es importante hacer la distinción respecto del defecto
fáctico endilgado a la providencia del Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito
de Bogotá y el procedimental dirigido contra la decisión del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, pues, los argumentos del uno y
el otro son distintos, así como la motivación de cada providencia.
Para mayor claridad, se recuerda lo considerado por el Juzgado Sesenta
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en su providencia, en atención al
material probatorio que sustentó la deicisión de no aprehender el conocimiento del
24
Al respecto, en la Sentencia T-213 de 2012, reiterando para el efecto la línea jurisprudencial
consolidada sobre este aspecto, sostuvo que la prosperidad del defecto se sujetaba a: “[…]“(i) (Q)ue
no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter
subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo
que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido
alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las
circunstancias del caso específico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una
vulneración a los derechos fundamentales. […]”.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06381-01
Demandante: Alex Fabián Acuña Quiñones
asunto y concluir que la controversia sub-lite, es de conocimiento de la jurisdiccion
ordinaria civil:
«[…] • El señor Brayan Andrés Marín Tovar, quien conducía la motocicleta que estuvo
involucrado en el accidente al momento del siniestro NO se encontraba en servicio, ya
que, había entregado turno de acuerdo con las bitácoras entregadas por la parte actora,
es importante precisar que el mencionado señor se desempeñaba como agente de
seguridad de una persona en el domicilio de esta, por lo que, no tenía en ese momento,
funciones a desarrollar en las calles de la ciudad como miembro de la Policía Nacional,
por esta razón al momento del accidente no portaba visiblemente el uniforme de la
entidad, sino bajo su ropa.
• El vehículo tipo motocicleta de placas YPP22E, que estuvo involucrado en el accidente
de tránsito, el cual concluyó con la lamentable muerte de la señora LUZ ANGELA
ACUÑA GUZMAN, NO era de carácter oficial, es decir, de propiedad del Nación -
Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, sino del señor Brayan Andrés Marín
Tovar, de acuerdo con la licencia de transido 10017458235.
• En los hechos de la demanda, no se relaciona alguna acción u omisión ya sea directa
o indirecta de la Nación -Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, de acuerdo
con el artículo 90 de la Constitución Política en armonía con el artículo 140 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo que no se
puede predicar el fuero de atracción para que este operador pueda asumir el
conocimiento del presente asunto […]» [sic].
Como se observa, el Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, en relación con el ejercicio de la actividad jurisdiccional y la presunción de
legitimidad que cobija las decisiones judiciales, decidió de acuerdo con las pruebas
que fueron allegadas al plenario, lo cual lo llevó a remitir por competencia el asunto,
en los siguientes términos:
«[…] Por lo anterior, ante la ausencia de participación de la Nación -Ministerio de
Defensa Nacional - Policía Nacional, y que durante el accidente de tránsito el señor
Brayan Andrés Marin Tovar, no se encontraba prestando su servicio a la aludida entidad,
no permite el conocimiento del presente asunto ante esta jurisdicción.
En conclusión, teniendo en cuenta que se trata de una responsabilidad civil
extracontractual entre particulares, es decir, entre el señor Brayan Andrés Marin Tovar y
los familiares causahabiente de la señora LUZ ANGELA ACUÑA GUZMAN, los
competentes para conocer el asunto de la referencia son los Juzgados Civiles del
Circuito Judicial de Bogotá, en tanto se trata de un conflicto entre particulares, se remitirá
el expediente a la jurisdicción ordinaria, para lo de su cargo, configurándose la falta de
jurisdicción de este Despacho para conocer del asunto.
Finalmente, es importante aclarar que, no por qué cambie de jurisdicción se está
vulnerando el derecho a la administración de justicia de los demandantes, por el
contrario, es deber del juez darle el trámite que corresponda independiente al asunto
que se le asigne por el actor, pues, es en dicha jurisdicción demostrando los elementos
de responsabilidad civil extracontractual, tendrá derecho a la reparación integral de los
perjuicios causados a la luz del artículo 283 del Código General del Proceso […]» [sic].
Así las cosas, no es cierto, como quiere hacer ver el demandante, que la autoridad
judicial demandada omitiera referir los documentos echados de menos, pues, fue
precisamente con base a las Minutas de Servicio y Libro de Anotación de las
actividades de Brayan Andrés Marín Tobar, que se concluyó que no se encontraba
9
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06381-01
Demandante: Alex Fabián Acuña Quiñones
en servicio, pues, ya había entregado turno, así como tampoco era visible su
uniforme para el momento de los hechos.
Ahora bien, respecto al defecto procedimental endilgado al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A por su providencia del 13 de abril
de 2023, para esta Sala no es de recibo, pues, es correcta la argumentación
expuesta para rechazar por improcedente el recurso de apelación interpuesto contra
la decisión del juzgado ya referida, de la cual se lee:
«[…] Precisa la Sala de decisión que, la procedencia del recurso de apelación está sujeta
a unos requerimientos regulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo en el artículo 243 y en el cual señala que, los autos que son
susceptibles del recurso de apelación vienen expresamente enunciados precisamente
porque no se permite realizar ninguna interpretación. Además, la remisión de un proceso
a otra jurisdicción no pone fin al proceso.
Por otra parte, la norma en cita no previó como auto susceptible del recurso de apelación
el que declara la falta de jurisdicción ni el que remite el proceso por competencia. Acorde
con lo señalado, la decisión del a quo no se puede considerar como una negativa de
admitirla, en la medida que la competencia es un presupuesto para asumir el
conocimiento del asunto.
En armonía con lo expuesto, dado que el auto proferido no es susceptible del recurso de
apelación, esta Sala rechazará el recurso interpuesto por el apoderado de la parte
demandante […]» [sic].
En efecto, tal como lo señaló el tribunal demandado, la providencia del 9 de
diciembre de 2021 por medio de la cual se ordenó remitir la demanda a la
jurisdicción ordinaria, no es susceptible del recurso de apelación, pues, no es verdad
que esta sea de aquellas decisiones que ponen fin al proceso, ya que, en definitiva,
el trámite del asunto bajo estudio continuó.
Como se observa, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente y en
concordancia con la normativa aplicable, la autoridad judicial demandada analizó su
competencia, de lo cual concluyó no aprehender el conocimiento del asunto, por lo
que no es cierto que hubiera incurrido en los defectos fáctico ni procedimental
alegados
En este punto, es relevante referir que, según costa en el registro de Samai25 el
proceso No. 11001400305020230061800 fue asignado el 15 de noviembre de 2023
al Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de Bogotá, el cual el 15 de enero de 2024
inadmitió la demanda para ser subsanada en el término perentorio de 5 días.
25
Ver índice 30 de Samai en el expediente 11001031500020230638100. Archivo denominado
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_50202300618CONT(.pdf) NroActua 30»
10
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06381-01
Demandante: Alex Fabián Acuña Quiñones
Así las cosas, es claro que las providencias cuestionadas no pusieron fin al proceso
impetrado por el demandante, pues, se cumplió cabalmente con el procedimiento
establecido en los casos que se carece de competencia y/o jurisdicción para
conocer, razón por la cual, las autoridades judiciales remitieron el expediente a la
jurisdicción ordinaria, donde actualmente se encuentra en trámite, siendo allí donde
deberá exponer sus argumentos y consideraciones para lograr su cometido.
De esta manera, la Sala observa que las decisiones acusadas no incurrieron en los
defectos endilgados, debido a que fueron proferidas de conformidad con las normas
que regulan la materia y aquellas se apoyaron en el material probatorio aportado al
proceso ordinario, el cual permitió concluir que la competencia radicaba en la
jurisdicción civil.
En esas condiciones, y en razón a que lo que existe es una inconformidad con el
resultado de la valoración efectuada por los jueces naturales demandados que no
es atacable vía tutela, en la medida en que aquella visión de los hechos presentada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, se impone negar la
solicitud de amparo constitucional pues, se reitera, este mecanismo no puede
convertirse en una tercera instancia.
Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del
juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06381-01
Demandante: Alex Fabián Acuña Quiñones
En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala revocará la decisión
del a quo para, en su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de Alex
Fabián Acuña Quiñones, en la solicitud de tutela presentada contra el Juzgado
Sesenta Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 1 de febrero de 2024 por el Consejo de
Estado, Sección Quinta. En su lugar, negar el amparo de los derechos
fundamentales de Alex Fabián Acuña Quiñones, en la solicitud de tutela presentada
contra el Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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