RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-06386-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06386-00

Fecha
23 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06386-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela que presentó el actor contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-06386-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

23 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202306386-00
Actor: Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho
Demandada: Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedibilidad de relevancia constitucional

Derecho Fundamental Invocado: Debido proceso

Derecho Fundamental Amparado: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Daniel Ricardo Sarmiento
Cristancho contra la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Subsección C
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su

2

Núm. único de radicación: 110010315000202306386-00
Actor: Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho

juicio, al proferir la sentencia de 4 de mayo de 2023, en el proceso adelantado en
ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con el número
único de radicación 110013343060202000027-01, vulneró su derecho fundamental
invocado supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, con el fin de que se declarara administrativamente
responsable y fuera condenada al pago de los perjuicios que le fueron ocasionados
por el presunto error judicial contenido en la providencia del 7 de febrero de 2018,
proferida por el Juzgado Sesenta y Siete Civil Municipal de Bogotá, mediante la
cual se declaró la terminación del proceso ejecutivo identificado con el número
único de radicación 110014003067201500299-00 por encontrar probada la
excepción de pago sin que existieran pruebas que así lo acreditaran.

4. Señaló que, el Juzgado Sesenta Administrativo Oral del Circuito de Bogotá,
mediante sentencia de 25 de junio de 2021, resolvió negar las pretensiones de la
demanda.

5. Manifestó que, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 4 de mayo de 2023,
resolvió:

“[…] PRIMERO: REVOCAR el numeral SEGUNDO de la sentencia proferida el 25 de
junio de 2021 por el Juzgado 60 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá,
por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia proferida el 25 de junio de
2021 por el Juzgado 60 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia […]”.

3

Núm. único de radicación: 110010315000202306386-00
Actor: Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho

5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] Para el Juzgado 60 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá no se
demostró que la providencia del 7 de febrero de 2018 causara algún daño antijurídico
al señor Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho o que la decisión adoleciera de error
jurisdiccional debido a que no se aportó el audio de la audiencia de instrucción y
juzgamiento donde la Juez 67 Civil Municipal de Bogotá señaló las razones por las
cuales declaró probada la excepción de pago total de la obligación, razón por la cual
no advertía que la misma fuera caprichosa o arbitraria.

Por su parte, el apelante único consideró que sí se había acreditado el daño
antijurídico que le fue ocasionado con la providencia judicial contentiva de error
judicial debido a que se demostró que la Juez 67 Civil Municipal de Bogotá declaró
probada la excepción de pago total de la obligación sin tener prueba de ello, lo que
desconoció las normas aplicables al asunto y lesionó sus derechos e intereses.

Analizados los hechos y las pretensiones de la demanda, advierte la Subsección que
el daño por el cual se persigue indemnización administrativa se concreta en la lesión
patrimonial que presuntamente sufrió el señor Sarmiento Cristancho por la
imposibilidad de conseguir el pago de la suma de dinero contenida en el Booking
Change Notification (BCN), en virtud de la decisión emitida por el Juzgado 67 Civil
Municipal de Bogotá mediante la cual se declararon infundadas las pretensiones de
la demanda ejecutiva y probada la excepción de pago presentada por la ejecutada
(1.1.22 y 1.1.23).

Ahora bien, aunque se probó que el señor Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho no
obtuvo el pago de la suma que contenía el presunto título valor que sirvió de soporte
para librar mandamiento ejecutivo contra la EF Educación Internacional Ltda. (6.337
USD), lo cierto es que dentro del proceso no se acreditó que ello constituyera un
verdadero daño antijurídico susceptible de ser indemnizado por vía judicial, toda vez
que no se probó que la providencia emitida el pasado 7 de febrero de 2018 fuera
contraria a la Ley o constitutiva de vía de hecho que la víctima no estuviera en el
deber jurídico de soportar por las razones que pasan a exponerse […]”.

[…]

“[…] el hecho de que a través del proceso ejecutivo se pretenda el pago de
obligaciones claras, expresas y exigibles que ya fueron declaradas y se encuentran
contenidas en verdaderos títulos ejecutivos, no supone que la contraparte y el Juez
de la ejecución estén desprovistos de herramientas jurídicas para debatir y
desestimar la existencia del título o de alguno de sus elementos […]”.

[…]

“[…] la Subsección advierte que, en primer lugar, el Juzgado 67 Civil Municipal de
Bogotá sostuvo que debían negarse las pretensiones de la demanda por “el
incumplimiento del principio de la carga de la prueba” que le correspondía a la parte
ejecutante, al advertir que debía cuestionarse si “el documento traído a colación en
la demanda (…) tenía efecto jurídico suficiente para ser tenido en cuenta como título
valor”, como quiera que para esta autoridad judicial no se conformó el título ejecutivo
complejo que resultaba necesario para seguir adelante con la ejecución y demostrar
la exigibilidad de la obligación de pago de 6.337 USD, al advertir que el señor
Sarmiento Cristancho no aportó suficientes pruebas que demostraran la exigibilidad
de esta obligación, en ese valor y con esas características. Especialmente, indicó
que no aportó el contrato suscrito con la ejecutada dentro de las oportunidades

4

Núm. único de radicación: 110010315000202306386-00
Actor: Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho

procesales pertinentes para la conformación del mismo, esto es; durante el traslado
del recurso de reposición interpuesto por la ejecutada contra el auto admisorio de la
demanda y/o en el traslado de las excepciones propuestas por esta misma sociedad
(1.1.23).

De igual forma, para la Subsección, la Juez 67 Civil Municipal de Bogotá sustentó
de forma razonable y suficiente el motivo por el cual encontró acreditada la excepción
de pago total de la obligación que se encontraba a cargo de EF Educación
Internacional Ltda., lo que desvirtúa la presunta ausencia de los elementos
materiales probatorios requeridos para declarar su prosperidad […] lo que evidencia
este Tribunal es que el señor Sarmiento Cristancho está en desacuerdo con la
valoración jurídica y probatoria adoptada por la Juez 67 Civil Municipal de Bogotá, lo
cual no constituye fundamento alguno para encontrar probado el error judicial en la
providencia cuestionada. Sobre todo, porque el medio de control de reparación
directa no es una nueva instancia para reabrir el debate jurídico que tuvo lugar dentro
del proceso ejecutivo con Rad. No. 11001-40-03067-2015-00299-00, ni tiene el Juez
de la reparación directa las mismas facultades del superior jerárquico o funcional del
Juez natural que le permitan realizar una nueva valoración probatoria de los medios
de convicción que fueron puestos a su conocimiento, por lo que advirtiéndose que la
decisión judicial contenida en providencia del 7 de febrero de 2018 es razonable, se
encuentra debidamente sustentada y está soportada tanto en las normas aplicables,
como en las pruebas debidamente recaudadas en el proceso, para la Sala no se
probó que la misma adoleciera de error jurisdiccional y, por ende, tampoco se
demostró que causara un daño antijurídico al demandante que aquél no se
encontrara en el deber jurídico de soportar […]”.

[…]

“[…] al no demostrarse un actuar temerario o una conducta de mala fe del
demandante dentro del proceso, en aras de garantizar el acceso a la administración
de justicia de la parte vencida, esta Sala revocará la decisión proferida por el
Juzgado 60 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá relativa a condenar
en costas al señor Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 4.1. Solicito muy comedidamente tutelar los derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección C al proferir
el fallo de segunda instancia, al incurrir en error judicial por defecto factico (sic) y
sustantivo.

4.2. Solicito muy comedidamente se deje sin valor ni efecto la sentencia de segunda
instancia proferida por el por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección
Tercera - Subsección C. y, en consecuencia, proferir un fallo con base en las
consideraciones que se realicen en esta providencia constitucional, teniendo en
cuenta las normas sustantivas y procedimentales derogadas, antes señaladas y
aplicables al caso concreto […]”.

5

Núm. único de radicación: 110010315000202306386-00
Actor: Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho

7. Como fundamento de su solicitud, el actor señaló lo siguiente:

“[…] Por medio de esta acción constitucional excepcionalísima demuestro que el
despacho accionado incurre en defecto fáctico por indebida valoración probatoria y
sustantivo por inaplicación de normas de orden público, vulnerando el debido
proceso y la tutela jurisdiccional efectiva al afirmar que está demostrado el pago
total de la obligación por valor de ($6.337 USD) sin estarlo y derogando las
normas que regulan lo relativo al pago de las obligaciones dinerarias […]”.

[…]

“[…] Dentro del proceso no existe prueba del pago total de la obligación por
(6.337 UDS), razón por la cual es imposible física y jurídicamente que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección C, concluya que el
“pago” por valor de (4.299 USD) extingue la obligación de (6.337 UDS), si la
diferencia entre estos valores es de (2.038 USD) […]”.

[…]

“[…] Lo que si ocurrió fue que, en el proceso ejecutivo, el excepcionante NO propuso
excepción de pago parcial. El pago parcial NO consta en el cuerpo del título valor.
El demandado formuló excepción de pago total sin demostrarlo y el juez
natural encontró probado el pago total de la obligación por valor de (6.337 USD)
sin la aprueba (sic) del pago […]”.

[…]

“[…] el artículo 225 del C.G.P. establece un principio de prueba por escrito, el cual
se tenía que haber apreciado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -
Sección Tercera - Subsección C, como un indicio grave de la inexistencia del
respectivo pago total de la obligación por valor de (6.337 USD) […] el artículo 442
del C.G.P. establece que para que prospere la excepción de pago, como regla: debe
“acompañar las pruebas relacionadas con ellas” es decir: estar probada dentro del
proceso. Y como lo hemos afirmado y demostrado reiteradas veces y así se puede
verificar dentro del proceso: NO existe prueba del pago total de la obligación por
valor de (6.337 USD) […]”.

[…]

“[…] Si el excepcionante en el proceso ejecutivo primigenio, alegó el pago total de la
obligación, conforme con el artículo en cita, tenía la obligación legal de aportar la
prueba del pago. Ya que está alegando la extinción de la obligación. Lo que no hizo.
Lo mismo ocurre con la Rama Judicial, cuando afirmó que en el proceso ejecutivo
primigenio existía la prueba del pago total de la obligación, siendo deber legal de la
Rama Judicial, identificar dentro del proceso ejecutivo, la prueba del pago total de la
obligación […]”.

[…]

“[…] Así como exigir prueba de una afirmación indefinida y no desvirtuar la
presunción de la existencia de la deuda por falta de prueba por escrito conforme lo
establecido en el artículo 877 del Código de Comercio […]”. (Resaltado por la Sala)

6

Núm. único de radicación: 110010315000202306386-00
Actor: Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho

Actuación

8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 23 de octubre de 2023: i)
admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección
C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; y iii) vinculó,
en calidad de terceros con interés legítimo, al Juzgado Sesenta Administrativo Oral
del Circuito de Bogotá y a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran
informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

9. La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, al considerar
que:

“[…] Desde esta perspectiva debe determinarse si es procedente la acción de tutela
contra la sentencia del pasado 4 de mayo de 2023 emitida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C por presunta
vulneración de los derechos constitucionales al debido proceso y la tutela judicial
efectiva del señor Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho por los presuntos defectos
fáctico y sustantivo o material, al haber incurrido en “indebida valoración probatoria e
inaplicación de normas de orden público” por los mismos argumentos discutidos por
el tutelante en relación con la sentencia emitida dentro del proceso ejecutivo con Rad.
No. 2015- 00299 que fueron examinados en el juicio de responsabilidad patrimonial
del Estado y en relación con el cual no se formula reparo alguno.

Para el Magistrado Ponente la respuesta a dicho interrogante debe ser negativa
debido a que la presente acción de tutela es improcedente como quiera que, frente a
los requisitos generales se incumple con el requisito de la relevancia constitucional
del asunto y, en relación con los requisitos especiales; no se probó el defecto fáctico,
ni el material o sustantivo pues ni siquiera se presentan argumentos constitucionales
suficientes, claros y pertinentes que debatan la constitucionalidad de la sentencia de
reparación directa del 4 de mayo de 2023, sino que se pretende reabrir el debate que
surgió en el proceso ejecutivo.

Entonces, la acción de tutela es improcedente porque a) el tutelante utiliza la acción
constitucional para debatir un asunto de mera legalidad que ya fue resuelto por el
Juez natural del asunto o, lo que es lo mismo, utiliza la acción de tutela como tercera
instancia del proceso de reparación directa con Rad. No. 2020-00027 e, incluso, del
proceso ejecutivo con Rad. No. 2015-00299 y b) lo advertido es que el señor
Sarmiento Cristancho no comparte los argumentos expuestos por esta Corporación
para desestimar la responsabilidad patrimonial del Estado por error jurisdiccional, sin
que ello suponga la configuración de alguno de los defectos específicos de
procedencia de la acción constitucional. Sobre todo, porque, se reitera, c) el
accionante presenta los mismos argumentos legales utilizados para atacar la

7

Núm. único de radicación: 110010315000202306386-00
Actor: Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho

sentencia ejecutiva del 7 de febrero de 2018 por presunto error jurisdiccional, pero no
formula reparos constitucionales contra la sentencia del 4 de mayo de 2023 que
determinó la ausencia de configuración de los elementos de responsabilidad
patrimonial del Estado por este título de imputación […]”.

10. El Juzgado Sesenta Administrativo Oral del Circuito de Bogotá solicitó negar
la acción de tutela, por las siguientes razones:

“[…] la interpretación que hace el accionante del contenido de las decisiones son
subjetivas por el hecho de no corresponder a sus intereses queriendo comportar la
acción de tutela como una tercera instancia, sin embargo solo son consecuencia del
análisis juicioso de cada uno de los elementos que estructuran la responsabilidad del
estado por error judicial que término (sic) en la definición denegatoria de las
pretensiones de la demanda por ausencia de pruebas de la falla del servicio, sin que
por ello se vulnere el derecho al acceso a la administración de justicia y debido
proceso como se pretende hacer ver como se explicará más adelante […]”.

[…]

“[…] Respecto de la sentencia de primera instancia es preciso indicar que en sede de
tutela pretende el actor debatir decisiones propias del proceso ejecutivo y la carga
probatoria en el mismo y ello no es procedente en el proceso de reparación directa
por error jurisdiccional, pues en el declarativo ante esta jurisdicción debe probar que
el pago no estaba acreditado o que fue parcial o lo que afirmó en la demanda, pero el
actor incumplió su carga de la prueba para acreditar la falla del servicio y así se
dispuso en sentencia del 25 de junio de 2021.

Ahora bien, el actor cuestiona la sentencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca por indebida valoración probatoria pero
resalta este despacho que en la sentencia de segunda instancia además de enlistar
y trascribir (sic) las pruebas aportadas, tiene un capítulo de análisis probatorio y en el
juicio de responsabilidad se concluyó que no se acreditó la existencia de un daño
antijuridico toda vez que no se probó que la providencia cuestionada fuera contraria
a la ley o constitutiva de una vía de hecho, pues señalo que la parte actora no
estableció de forma concreta y rigurosa el error que endilgaba y explicó de manera
detallada el proceso ejecutivo, por lo que no se puede predicar ni el error factico (sic)
ni el sustantivo como pretende el accionante […]”.

11. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial rindió informe en los
siguientes términos:

“[…] De entrada, se solicita negar, por improcedente, la acción de tutela, ya que no
se reúne el requisito de inmediatez. En efecto la sentencia de segunda instancia se
profirió el 4 de mayo de 2023 y la acción de tutela se radicó el 17 de octubre de 2023,
según se advierte en el sistema de consulta SAMAI, por lo cual se superó el lapso
prudente para atacar una providencia judicial por vía de tutela, lo que a todas luces
trata de derruir el principio de seguridad jurídica […]”.

[…]

8

Núm. único de radicación: 110010315000202306386-00
Actor: Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho

“[…] En la presente solicitud tutelar se echa de menos el análisis de esos requisitos
generales y especiales de procedibilidad […] el amparo constitucional no puede
abrirse camino, so pena de atentar contra otros principios constitucionales como son
la cosa juzgada, la seguridad jurídica, el juez natural y la autonomía judicial, que
también hacen parte del debido proceso.

La Sala de la Subsección C, Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, profirieron sus decisiones observando las reglas que rigen el estudio
y decisión del medio de control de reparación directa, haciendo un análisis fáctico y
procesal del asunto que fue sometido a control, valorando todas y cada una de las
pruebas aportadas […]”.

[…]

“[…] En conclusión, no se advierte que se haya configurado siquiera alguno de los
requisitos especiales de procedencia de tutela contra providencia judicial, por lo cual
el amparo, sin dubitación alguna, debe ser negado, NO puede convertirse este
mecanismo especial de protección como si se tratara de una nueva instancia, que en
últimas es lo que pretende el tutelante, pues NO trae a colación algún hecho,
argumento o prueba nueva que así lo demuestre […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

12. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 1, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20212 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20193, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

13. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
2 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

9

Núm. único de radicación: 110010315000202306386-00
Actor: Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho

falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

14. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es
procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales,
concretamente si se cumplió con el requisito general de procedibilidad de
relevancia constitucional.

15. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; procediendo posteriormente a iv) resolver el caso
concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan
los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

16. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena4, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.

10

Núm. único de radicación: 110010315000202306386-00
Actor: Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales

17. Esta Sección adoptó5 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 20056, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.

18. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

19. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”7 que encaje en dichos parámetros.

20. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María

Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
6 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
7 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

11

Núm. único de radicación: 110010315000202306386-00
Actor: Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho

21. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20148.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto

22. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedibilidad de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional

23. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5
de agosto de 20149, al referirse al requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional, sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [10]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones”[11].

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
9 Ut supra página 6.
[10] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[11] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

12

Núm. único de radicación: 110010315000202306386-00
Actor: Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [12].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [13].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [14].
Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de
aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente
cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por
ejemplo, basada en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al
debido proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro que es fruto de la labor
legislativa, al que se denomina simplemente debido proceso [15].

[12] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[13] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[14] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[15] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”

13

Núm. único de radicación: 110010315000202306386-00
Actor: Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [16]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]” (Resaltado fuera del texto).

24. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado17:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”18

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto

[16] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
17 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
18Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

14

Núm. único de radicación: 110010315000202306386-00
Actor: Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho

con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”19

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

25. En ese orden de ideas, el requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales,
y esa presunta afectación no tiene su origen en un debate estrictamente legal y
económico, ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una
carga argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial accionada incurrió en algunas de las causales especiales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; y iii) cuando se
demuestra que el amparo presentado no se utiliza como una instancia procesal
adicional.

26. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202220
precisó, en relación con el alcance del requisito general de procedibilidad de
relevancia constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

(…)

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

19 Ibidem.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

15

Núm. único de radicación: 110010315000202306386-00
Actor: Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción
de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no
a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

(…)

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental,
producto de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar
una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia,
(ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]”. (Resaltado por la Sala).

16

Núm. único de radicación: 110010315000202306386-00
Actor: Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso

27. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

28. Atendiendo a que, la Corte Constitucional21 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.

Análisis del caso concreto

29. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Subsección C
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su
juicio, al proferir la sentencia de 4 de mayo de 2023, en el proceso adelantado en

21 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

17

Núm. único de radicación: 110010315000202306386-00
Actor: Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho

ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con el número
único de radicación 110013343060202000027-01, vulneró su derecho fundamental
invocado supra.

30. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

31. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.

Acervo y análisis probatorios

32. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

32.1. Copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio
de control de reparación directa identificado con el número único de radicación
110013343060202000027-01.

Solución del caso concreto

33. Analizado el material probatorio obrante en el expediente, la Sala considera
que el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de aquellos que la
jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia constitucional,
toda vez que, tanto en la i) solicitud de la acción de tutela, como en el ii) respectivo
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida
por el Juzgado Sesenta Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, el 25 de junio de
2021, el actor reiteró los argumentos jurídicos, utilizando el mecanismo de amparo
como una tercera instancia. En ese orden de ideas, se evidencia que el actor plantea

18

Núm. único de radicación: 110010315000202306386-00
Actor: Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho

una afectación de derechos fundamentales que tiene su origen en últimas en un
debate estrictamente normativo, el cual ya fue expuesto dentro del proceso del
medio de control de reparación directa y fue decidido por el juez natural de la causa,
tal como se observa en la siguiente tabla:

ACCIÓN DE TUTELA RECURSO DE APELACIÓN
“[…] Por medio de esta acción constitucional “[…] La conclusión a la que llega el A Quo es
excepcionalísima demuestro que el despacho equivocada porque a minuto 50:00 de la
accionado incurre en defecto fáctico por sentencia, aportada como prueba, el Juzgado
indebida valoración probatoria y sustantivo por 67 Civil Municipal de Bogotá afirma que
inaplicación de normas de orden público, “encuentra probada la excepción de pago de
vulnerando el debido proceso y la tutela la obligación ávida (sic) cuenta a que esta
jurisdiccional efectiva al afirmar que está estaba condicionada”.
demostrado el pago total de la obligación
por valor de ($6.337 USD) sin estarlo y La Juez 67 Civil Municipal de Bogotá tuvo
derogando las normas que regulan lo como único objeto del litigio el hecho de si se
relativo al pago de las obligaciones había pagado el valor de USD 6,337 o no. Esto
dinerarias […]”. se puede corroborar porque en la demanda se
afirmó el no pago y en la contestación de la
[…] demanda se afirmó, por medio de excepción,
el pago total de la obligación. Así que la Juez
“[…] Dentro del proceso no existe prueba 67 Civil Municipal de Bogotá, conforme con
del pago total de la obligación por (6.337 los artículos 442 y 443 del C.G.P. tenía la
UDS), razón por la cual es imposible física y obligación de pronunciarse sobre la
jurídicamente que el Tribunal Administrativo excepción de pago total de la obligación
de Cundinamarca - Sección Tercera - propuesta por el demandado y de
Subsección C, concluya que el “pago” por encontrarla probada, proferir la respectiva
valor de (4.299 USD) extingue la obligación de sentencia. Lo que a nuestro juicio es la
(6.337 UDS), si la diferencia entre estos prueba que hecha de menos el A Quo.
valores es de (2.038 USD) […]”.
En el presente proceso está demostrado,
[…] no solo por medio del expediente en físico
que fue aportado en su totalidad, sino por
“[…] Lo que si ocurrió fue que, en el proceso medio digital, que la Juez 67 Civil Municipal
ejecutivo, el excepcionante NO propuso de Bogotá declaró probada la excepción de
excepción de pago parcial. El pago parcial NO pago sin que existiera prueba del pago y de
consta en el cuerpo del título valor. El contera derogó los artículos 627, 877 del
demandado formuló excepción de pago Código de Comercio; 1542 del Código Civil;
total sin demostrarlo y el juez natural 225 del Código General del Proceso y las
encontró probado el pago total de la sentencias T-057 del 20 de febrero de 1995,
obligación por valor de (6.337 USD) sin la expediente T 49986 y T-310 del 30 de abril del
aprueba (sic) del pago […]”. 2009, expediente T 2.021.124, fundamentos
de derecho que fueron invocados en la
[…] demanda e ignorados completamente por el A
Quo.
“[…] el artículo 225 del C.G.P. establece un
principio de prueba por escrito, el cual se tenía De igual forma, la Rama Judicial como
que haber apreciado por el Tribunal demandado en el presente proceso, no
Administrativo de Cundinamarca - Sección aportó prueba del pago total de la
Tercera - Subsección C, como un indicio grave obligación en la contestación de la
de la inexistencia del respectivo pago total de demanda, ni en las excepciones. Prueba
la obligación por valor de (6.337 USD) […] el que tenía que aportar conforme con el numeral
artículo 442 del C.G.P. establece que para 4 del artículo 175 y el numeral 6 del artículo
que prospere la excepción de pago, como 180 del C.P.A.C.A. para desvirtuar el nexo
regla: debe “acompañar las pruebas causal de la responsabilidad que se le
relacionadas con ellas” es decir: estar probada pretende atribuir […]”.
dentro del proceso. Y como lo hemos afirmado
y demostrado reiteradas veces y así se puede […]

19

Núm. único de radicación: 110010315000202306386-00
Actor: Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho

verificar dentro del proceso: NO existe prueba “[…] En conclusión, en el presente proceso
del pago total de la obligación por valor de sí se demostró que el Juzgado 67 Civil
(6.337 USD) […]”. Municipal de Bogotá incurrió en error
judicial al declarar probada la excepción de
[…] pago total de la obligación sin existir
prueba del pago, por medio de la prueba
“[…] Si el excepcionante en el proceso documental del proceso físico y digital,
ejecutivo primigenio, alegó el pago total de la específicamente al minuto 50:00 de la
obligación, conforme con el artículo en cita, sentencia, y porque necesariamente en virtud
tenía la obligación legal de aportar la de los artículos 442 y 443 del C.G.P. el
prueba del pago. Ya que está alegando la juzgado 67 Civil Municipal de Bogotá se tenía
extinción de la obligación. Lo que no hizo. Lo que pronunciar en sentencia sobre la
mismo ocurre con la Rama Judicial, cuando excepción de pago total de la obligación
afirmó que en el proceso ejecutivo primigenio propuesta por el demandado. Lo que en efecto
existía la prueba del pago total de la hizo. Sentencia (prueba documental) que
obligación, siendo deber legal de la Rama necesariamente demuestra que el A Quo se
Judicial, identificar dentro del proceso equivoca al concluir que no demostré el error
ejecutivo, la prueba del pago total de la judicial en que incurrió el Juzgado 67 Civil
obligación […]”. Municipal de Bogotá cuando este declaró
probada la excepción de pago total de la
[…] obligación, sin existir prueba del pago […]”.
(Resaltado por la Sala)
“[…] Así como exigir prueba de una afirmación
indefinida y no desvirtuar la presunción de la
existencia de la deuda por falta de prueba por
escrito conforme lo establecido en el artículo
877 del Código de Comercio […]”.
(Resaltado por la Sala)

34. En ese orden de ideas, para la Sala en el caso sub examine, no se acredita
el cumplimiento del requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional,
toda vez que, como ya se indicó, el actor tanto en su escrito de tutela, como en su
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida
por el Juzgado Sesenta Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, el 25 de junio de
2021, reiteró los argumentos jurídicos, utilizando el mecanismo de amparo como
una tercera instancia, esto es, que en el caso concreto se le vulneró su derecho
fundamental al debido proceso como consecuencia de que, a su juicio, se
desconoció que el Juzgado Sesenta y Siete Civil Municipal de Bogotá en el proceso
ejecutivo encontró “[…] demostrado el pago total de la obligación por valor de
($6.337 USD) sin estarlo […]” y, en consecuencia, desconoció “[…] las normas que
regulan lo relativo al pago de las obligaciones dinerarias […]”.

35. Además, la Sala debe hacer énfasis, que dichos argumentos jurídicos se
tuvieron en cuenta en la respectiva providencia proferida por la Subsección C de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 4 de mayo de
2023, por lo que la acción de tutela no puede convertirse en una tercera instancia

20

Núm. único de radicación: 110010315000202306386-00
Actor: Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho

para reabrir controversias jurídicas que fueron debidamente estudiadas y debatidas
al interior del proceso de reparación directa.

36. Como quedó expuesto, el actor plantea una afectación del derecho
fundamental al debido proceso que tiene su origen en últimas en un debate
estrictamente normativo, el cual ya fue expuesto dentro del proceso del medio de
control de reparación directa y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo
que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional,
toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia
judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una
instancia adicional. Al respecto, la Corte Constitucional22 ha considerado:

“[…] Tampoco entrará la Sala, pues no es la vía de protección ius fundamental más
respetuosa de los principios de independencia y autonomía judicial de la que hoy
dispone, a determinar cuál de las tesis jurisprudenciales esgrimidas es la que más se
ajusta a la Constitución y los derechos fundamentales.

Y no lo hará porque esa tarea corresponde, en primerísima medida, como ya fue
expresado líneas arriba, al juez civil ordinario, en este caso, a la Sala de Familia del
Tribunal Superior de Bogotá. Es esa autoridad la que está llamada a analizar los
aspectos de relevancia constitucional que se aprecian en el debate puesto sobre la
mesa y, si es del caso, aplicar directamente la Constitución. Y es, por supuesto, en
armonía con esa misma condición, que debe decidir el litigio promovido por la
representación judicial de la señora Mariela Caballero […]”.

37. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedibilidad de la relevancia constitucional. A juicio del máximo
Tribunal de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la
“[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito
de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales […]”.

22 Corte Constitucional, Sentencia T-269 de 11 de julio 2018, M.P Carlos Bernal Pulido.

21

Núm. único de radicación: 110010315000202306386-00
Actor: Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho

38. Así las cosas, esta Sección, siguiendo el precedente precisado por la Corte
en la sentencia SU – 215 de 2022, considera que la controversia que nos ocupa
carece de relevancia constitucional porque la discusión planteada por el actor no
gira en torno al alcance, aplicación y/o desarrollo de un derecho fundamental; a lo
que se agrega que el actor no justificó el motivo por el cual dicha decisión constituye
una afectación desproporcionada de sus derechos fundamentales.

39. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien el actor aduce que fue
desconocido su derecho fundamental al debido proceso, lo cierto es que no existe
una mayor explicación acerca de las razones por las cuales se afectó, en forma
desproporcionada, el núcleo esencial de los derechos fundamentales del actor con
ocasión de la sentencia de 4 de mayo de 2023 proferida por la Subsección C de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

40. Asimismo, la Sala considera que la discusión que se expone a través del
escrito de tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia
antes transcrita, no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la
controversia se encuentra limitado a asuntos meramente legales y probatorios cuya
competencia se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.

41. Igualmente, el conflicto que subyace en esta oportunidad tiene un alcance de
contenido particular y meramente legal, esto es así porque la discusión y los
argumentos que se extraen de la acción de tutela, más que develar la necesidad de
protección de un derecho fundamental, buscan que el juez de tutela valide la tesis
jurídica del actor y, con ello, acceda a las pretensiones de la demanda, sin que de
esta discusión se pueda evidenciar una clara trascendencia o relevancia
constitucional.

42. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple
con el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional dentro del
marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien
el actor enuncia la trasgresión del derecho fundamental al debido proceso, esa
presunta afectación tiene su origen en un debate estrictamente legal y probatorio.

22

Núm. único de radicación: 110010315000202306386-00
Actor: Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho

Conclusiones de la Sala

43. Con fundamento en lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la
acción de tutela que presentó el actor contra la autoridad judicial accionada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela que presentó el
actor contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala
el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días
siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.