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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-06389-00

Fecha
18 de enero de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2023-06389-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

18 de enero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001 03 15 000 2023 06389 00
Demandante: Ricardo Emilio Córdoba Acosta
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera

Temas: Medio de control de nulidad / Ausencia de vulneración de los derechos
invocados

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

1. La acción de tutela

El señor Ricardo Emilio Córdoba Acosta promueve acción de tutela contra el Consejo
de Estado, Sección Primera, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la vida digna, a elegir y ser elegido y «los derechos colectivos».

1.1. Pretensiones

En protección de los derechos reclamados, solicita:

Se me restablezcan mis derechos a la Constitución como Norma de Normas, a un Debido
Proceso, A la Vida, Vida Digna, a elegir y ser elegido, a mis derechos civiles y garantías
sociales, a los derechos colectivos, a mi condición natural de estado soberano e
independiente entre otros, a mí vulnerados con ocasión del Trámite de la Acción Publica
de Simple Nulidad, con escrito separado de Suspensión Inmediata Provisional, viene
cursando en esa con el radicado N° 11001 03 24 000 2010 00566 00»; asimismo,
también solicitó «como PETICION por error jurisdiccional: Ordenar la nulidad de todo lo
actuado ante el presente radicado, más las peticiones iniciales». (transcripción literal)

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 06389 00
Demandante: Ricardo Emilio Córdoba Acosta

1.2. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, la parte accionante señaló los siguientes:
i) El señor Ricardo Emilio Córdoba Acosta presentó demanda en ejercicio de la acción
de nulidad por inconstitucionalidad en contra del Decreto 2515 de 16 de diciembre de
1999 «por el cual se modifica la estructura de la Corporación Eléctrica de la Costa
Atlántica -Corelca» expedido por el Gobierno Nacional.

ii) Mediante auto del 1.º de julio de 2011, el Consejo de Estado, Sección Primera
resolvió adecuar el trámite a un proceso de nulidad, comoquiera que el acto
demandado fue expedido en desarrollo de normas de carácter legal y no directo de la
Constitución Política.

iii) «Los fundamentos de las actuaciones adelantadas ante el Auto Admisorio de la
Demanda fechada 1.° de julio de 2011 que por reparto le correspondió el radicado
11001 03 24 000 2010 00566 00, indica una vía procesal inadecuada, contrarios entre
sí, dado el tiempo del trámite inicial que en Auto inadmisorio de la Demanda fechado
marzo de 2011, omitió la Ley Superior de Iniciativa Popular que ya regía para el tiempo,
y aún vigente, creado como establecimiento público descentralizado, por servicios del
orden nacional, en la denominada Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica –
CORELCA».

iii) «Negación de solicitud separada de suspensión provisional inmediata, al momento
de expedir auto admisorio de la demanda por reproducir en el acto acusado normas
de facultades extraordinarias declaradas inexequibles, es grave».

iv) «El auto fechado 5 de octubre de 2023 que resuelve no reponer el auto del día 9 de
mayo de 2022, por las razones expuestas en esa providencia, es incompatible en su
procedimiento con el Mandato Soberano, más pendiente y autónomo de régimen único
del establecimiento CORELCA, como excepción a las reglas».

v) «Las providencias de la Corte Constitucional por mi aportados en calidad de pruebas
de documentos públicos anexos a la Demanda de Simple Nulidad con radicado:

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 06389 00
Demandante: Ricardo Emilio Córdoba Acosta

11001032400020100056600 constituyen precedentes judiciales graves, omiten el
mandato expreso que creó a CORELCA, no faculta a las entidades públicas a intervenir
en su administración como ocurre con la Sentencia N° G969 de 1999, en el Auto, Ref.
Expediente D-8347 del 17 de noviembre de 2010, y sus anexos, así se empuja a error
jurisdiccional grave».

1.3. Fundamentos jurídicos del accionante

A juicio del actor, el trámite impartido por la Sección Primera del Consejo a su
demanda:

«a) el acto acusado reproduce normas declaradas nulas por la sentencia C-702 de
1.999, el cual en su parágrafo 1° del artículo 6° reproduce el Decreto N° 1635 de
1.999, es prohibido, por artículo 158 del Decreto 01 de 1.984.

b) una parte de las bases, de los cimientos que fijan el piso que integran el Bloque
legislativo de derechos humanos que integran el preámbulo de la constitución,
conocida como legislación antigua, supra en principios ultra sin fundamento alguno la
ley 2085 de 2.021 la deroga, siendo estas allí relacionadas incompatibles por lo
hibrido del asunto, y materia del presente mandato soberano e independiente».

1.4. Actuación procesal

i) La tutela de la referencia fue inadmitida por auto del 26 de octubre de 2023, el cual
requirió allegar memorial aclaratorio indicando las fechas de emisión de las
providencias enjuiciadas, así como precisar la aplicabilidad de las causales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

ii) El 16 de noviembre de 2023 se admitió la solicitud de amparo y se ordenó notificar
como demandados a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Primera, como
terceros interesados, a la Nación, Ministerio de minas y Energía, Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y al Departamento Administrativo de la Función Pública, y
a los señores Alberto Rodríguez Soler, Eduardo Alvarado Santos, Wilson Molina

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 06389 00
Demandante: Ricardo Emilio Córdoba Acosta

Rangel, Eduardo Escorcia, Nilsa Judith Senior y Carmen Díaz de Rodríguez, al actuar
como demandante del medio de control de nulidad identificado con el radicado 11001
03 24 2010 00566 00.

1.5. Intervenciones

1.5.1. El magistrado del Consejo de Estado, Sección Primera, Oswaldo Giraldo
López, luego de un recuento sobre el trámite impartido al proceso identificado con el
radicado 11001 03 24 2010 00566 00, señaló que la cuestión planteada en la acción
de tutela no presenta relevancia constitucional, dado que los argumentos referidos al
trámite de la acción de nulidad fueron resueltos mediante auto del 9 de mayo de 2002,
por lo que el actor busca dilucidar nuevamente la controversia ante una instancia
adicional.

1.5.2. El director jurídico del Departamento Administrativo de la Función
Pública,1 Armando López Cortés, manifestó su oposición a las pretensiones de la
demanda de tutela, por carecer de fundamento fáctico y jurídico que permitiera
demostrar la violación de los derechos fundamentales invocados.

1.5.3. La apoderada del Ministerio de Minas y Energía, Hilda Marcela Mantilla
Sánchez, consideró que la acción constitucional se está utilizando como una instancia
adicional frente a asuntos que se están debatiendo en la jurisdicción competente, al
efecto manifestó que i) sin ningún argumento válido el accionante dice que el Consejo
de Estado no tiene competencia, pues a su juicio, la jurisdicción está en cabeza de
los territorios del Atlántico, Bolívar, Córdoba, Guajira, Magdalena, Sucre, San Andrés
islas Providencia y Santa Catalina, ii) asevera que la Sección Primera de esta
corporación le vulnera el mínimo vital, cuando han pasado casi 10 años de la
liquidación de CORELCA, iii) los demandantes de la acción de nulidad actúan en calidad
de funcionarios despedidos de dicha empresa hace 23 años, quienes debieron
accionar como acreedores con derecho si así lo consideraban y cumplir con la carga
probatoria correspondiente.

1 Expediente digital de tutela.

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 06389 00
Demandante: Ricardo Emilio Córdoba Acosta

Así las cosas, solicitó declarar improcedente el amparo reclamado.

1.5.4. Los señores Wilson Molina Rangel, Eduardo Escorcia, Carmen Díaz de
Rodríguez, Mariela Torrado Maury, Nilse Judith Senio y Eduardo Alvarado
Santos,2 en escrito conjunto manifestaron que actualmente hacen parte de la planta
de personal de la empresa y que con la aplicación de las normas contenidas en las
providencias y en los actos administrativos, «afectan la unidad nacional, el derecho, lo
supre (sic) y principios ultra del preámbulo de la Constitución».

1.5.1. En calidad de coadyuvantes

1.5.1.1. El señor Héctor Castro Yate,3 señaló que estivo laborando como trabajador
oficial al servicio de CORELCA desde el día 1. de julio de 1977, con contrato a término
indefinido, cuando el empleador de forma inconsulta lo trasfirió unilateralmente por
sustitución patronal el día 1.° de septiembre de 1998, a la empresa TRANSELCA S.A ESP,
quien a los dos meses de labores le propuso un retiro voluntario para pensión con
salario básico y sin derechos convencionales.

Propuso como peticiones las siguientes:

«1. Restablecer el gobierno general de los estados unidos de Colombia como
corresponde, 2. Revertir lo ajeno, como corresponde, 3. Restituir las cosas con todos
sus emolumentos, 4. Reintegrar en toda materia lo correspondiente, 5. Conceder
pensión en todos los órdenes y niveles del régimen soberano a quien obtenga el
derecho».

1.5.1.2. El señor Wilfrido Rodríguez Obregón,4 manifestó que la acción de tutela no
se presenta para confuciones, por el contrario, hace referencia a los antecedentes de
la historia de los trabajadores de CORELCA por lo que solicitó hacer valer los derechos
aquí reclamados.

2
Expediente digital de tutela.
3 Expediente digital de tutela
4 Expediente digital de tutela.

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 06389 00
Demandante: Ricardo Emilio Córdoba Acosta

1.5.1.3. La señora Beatriz Eugenia Munarriz Mallarino,5 pidió fuera admitida la
presente acción de tutela, así como se tuvieran en cuenta la providencia proferida el
16 de febrero de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B.

2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento del presente asunto, de acuerdo
con el numeral 7.° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, modificado por
el Decreto 33 de 2021, según el cual «[l]as acciones de tutela dirigidas contra la Corte
Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán repartidas, para su conocimiento
en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá por la Sala de Decisión,
Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se
refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto».

2.2. Problema jurídico

Corresponde determinar si el Consejo de Estado, Sección Primera quebrantó los
derechos fundamentales invocados por el accionante en el trámite que actualmente se
surte en el medio de control de nulidad identificado con radicado 11001 03 24 2010
00566 00.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se
caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito
restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de este medio
de amparo, ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones ordinarias que
se encaminan igualmente a la defensa de los derechos que no se pueden pasar por

5 Expediente digital de tutela.

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 06389 00
Demandante: Ricardo Emilio Córdoba Acosta

alto.

Por ello, el artículo 6.º numeral 1.° del Decreto 2591 de 1991, establece como causal
de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable».

La jurisprudencia de la Corte Constitucional6 reitera que el juez de tutela debe analizar
los asuntos que llegan a su conocimiento con observación estricta del carácter
subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que sólo tiene lugar cuando dentro
de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo para proteger
objetivamente el derecho que se alegue conculcado.

También es viable el amparo cuando a pesar de disponer de otro medio de defensa
judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de tutela
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá
probar. De no atender a estos parámetros se desconocería el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del
sistema jurídico.

2.4. Hechos probados

De conformidad con el expediente digital con radicado 11001 03 24 2010 00566 00,
aportado por el Consejo de Estado, Sección Primera, así como los elementos de juicio
que obran dentro del plenario, se puede establecer lo siguiente:

2.4.1. El 3 de diciembre de 2010, el señor Ricardo Emilio Córdoba y otros radicaron el
medio de control de nulidad por inconstitucionalidad contra el Decreto 2515 del 16 de
diciembre de 1999, «por el cual se modifica la estructura de la Corporación Eléctrica
de la Costa Atlántica -Corelca», como pretensiones, señalaron las siguientes:7

«PRIMERO: Declárese NULIDAD (…) del Decreto No. 2515 del día 16 de diciembre de
1999, a partir de la fecha de expedición del mismo.

6
Corte Constitucional, sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-972 de 2006,
T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de 2012, entre otras muchas.
7 Folios 159 a 165, expediente digital original del medio de control de nulidad.

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8

Radicado: 11001 03 15 000 2023 06389 00
Demandante: Ricardo Emilio Córdoba Acosta

SEGUNDO: Que como consecuencia de la anterior decisión se deje sin efecto legal todo
lo actuado, a nombre de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica S.A. ESP– CORELCA
S.A. ESP. – a partir del día 16 de diciembre de 1999.

TERCERO: que por las mismas razones de nulidad (…) de las decisiones anteriores se
diga que la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica – CORELCA no ha modificado
nunca su Naturaleza Jurídica descrita en el Decreto No. 2121 del día 29 de diciembre de
1992»

2.4.2. El 1.° de julio de 2011, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió el
medio de control de nulidad, al efecto señaló:8

[…]

Bajo tales supuestos, es claro que la acción de nulidad por inconstitucionalidad procede
contra actos administrativos de carácter general que no correspondan a la Corte
Constitucional, siempre que no sean expedidos en ejercicio de la función propiamente
administrativa y que adicionalmente, el enjuiciamiento se realice de forma directa con la
Constitución Política.

[…]

En el presente asunto, el Presidente de la República en ejercicio de las facultades
constitucionales y legales, en especial la contenida en el numeral 16 del artículo 189 de
la Constitución Política y de conformidad con los artículos 7.° y 8.° de la Ley 185 de 1998,
13 de la Ley 51 de 1990 y 54 de la Ley 489 de 1998, expidió el Decreto 2515 de 1999,
cuya nulidad se pretende.

Comoquiera que en este caso el estudio de la legalidad del acto demandado recae sobre
un acto administrativo dictado en ejercicio de funciones administrativas y además su
estudio no solo implica que se compare con normas constitucionales, sino también con
las disposiciones legales que le sirvieron de fundamento para su expedición, este
Despacho interpreta la demanda como de simple nulidad.

Respecto de la solicitud de suspensión provisional resolvió negarla por no cumplir el
requisito de sustentación de la solicitud de la medida cautelar.

2.4.3. El 30 de septiembre de 2013 se abrió a pruebas el proceso; una vez recaudadas
las pruebas decretadas, mediante auto de 25 de julio de 2014 se dispuso correr
traslado a las partes por el término de 10 días, el cual comenzó a correr el día 6 de
agosto de 2014 y finalizó el 21 de agosto de la misma anualidad.9

8 Folios 252 a 257, expediente digital original del medio de control de nulidad.
9 Expediente digital original del medio de control de nulidad.

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9

Radicado: 11001 03 15 000 2023 06389 00
Demandante: Ricardo Emilio Córdoba Acosta

2.4.4. El 20 de septiembre de 2019, el señor Ricardo Córdoba Acosta solicitó a la
Sección Primera del Consejo de Estado declarar la nulidad total a partir de la
inadmisión de la demanda conforme a la causal establecida en el numeral 4.° del
artículo 140 del CPC.10

2.4.5. El 9 de mayo de 2022, la Sección Primera de esta corporación rechazó la
solicitud de nulidad procesal propuesta por el señor Ricardo Córdoba y sus
coadyuvantes.11

2.4.6. El 26 de mayo de 2023, el señor Córdoba Acosta interpuso recurso de reposición
contra la providencia del 9 de mayo de 2022, al efecto, el 5 de octubre de 2023, la
Sección Primera del Consejo de Estado resolvió no reponer el auto, en tanto advirtió
que las razones expuestas por el recurrente no atacaban o cuestionaban los
argumentos expuestos en la decisión recurrida.12

2.4.7. El 23 de noviembre de 2023, el Consejo de Estado, Sección Primera dictó
sentencia, por medio de la cual resolvió negar las pretensiones de nulidad del Decreto
2515 de 16 de diciembre de 1999, expedido por el Gobierno nacional, por medio del
cual «se modifica la estructura de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica –
CORELCA» de una Empresa Industrial y Comercial del Estado a una Empresa de

Servicios Públicos Oficial.13

2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto

Se controvierte en el presente caso la posible vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la vida digna, a elegir y ser elegido y «los derechos
colectivos», a raíz del trámite impartido por el Consejo de Estado, Sección Primera en
el medio de control de nulidad identificado con el radicado 11001 03 24 2010 00566
00, particularmente, las solicitudes de suspensión provisional y de nulidad propuestas
por el señor Ricardo Emilio Córdoba Acosta y sus coadyuvantes.

10 Folios 580 a 584 expediente digital original del medio de control de nulidad.
11
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 06389 00
Demandante: Ricardo Emilio Córdoba Acosta

Al efecto, como se puede advertir en el acápite de hechos probados que los reparos
planteados en esta sede, contrario a lo manifestado por el actor constitucional, la
Sección Primera de esta corporación atendió dichos requerimientos, a través de auto
del 9 de mayo de 2022, por medio del cual resolvió rechazar la solicitud del señor
Ricardo Córdoba Acosta al considerar que de la lectura de la norma demandada, esto
es, el Decreto 2515 de 16 de diciembre de 1999, advirtió que no le asistía razón al
demandante y a sus coadyuvantes en tanto el objeto del proceso no era la nulidad de
un acto expedido de la corporación o de cualquiera de sus órganos, pues la acción
recaía sobre un decreto proferido por el Gobierno nacional. Sobre el particular señaló
esa sección:

Estima el señor Escorcia, en su calidad de demandante, sin hacer referencia expresa a
la causal de nulidad señalada en el numeral 2° del artículo 140 del CPC, que el Despacho
no tiene competencia para conocer del presente proceso.

[…]

En relación con la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es la competente para
controlar la actividad del Estado, la cual se expresa, entre otros, con la expedición de los
actos administrativos, mediante los cuales la administración pública ejecuta las
facultades constitucionales y legales que le son conferidas. En este sentido, es la
encargada de dirimir los conflictos que se presentan entre los particulares y el Estado o
entre las mismas entidades públicas.

Ahora bien, en relación con el caso concreto, dispone el artículo 83 del CCA que la
jurisdicción de lo contencioso administrativo es la encargada de juzgar, entre otros
temas, los actos administrativos. Por su parte, el numeral 1° del artículo 128 del CCA
define que el Consejo de Estado conocerá en única instancia de los procesos de nulidad
contra actos administrativos expedidos por autoridad nacional. Ahora bien, como quedó
establecido en el numeral II.2.1 de la presente providencia, este proceso es una acción
de nulidad contra un acto administrativo expedido por una autoridad nacional,
comoquiera que fue expedido por el gobierno nacional en cabeza del Presidente de la
República, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales dispuestas en el
artículo 189 de la Constitución Política, Ley 185 de 1995, Ley 51 de 1990 y Ley 489 de
1998; en este orden de ideas, según las disposiciones constitucionales y legales, le
corresponde al Consejo de Estado conocer del presente trámite, por lo que no está
llamada a prosperar la nulidad alegada de falta de competencia.

Igualmente, el Consejo de Estado, Sección Primera respecto de una presunta mora en
la resolución del medio de control, manifestó que:

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 06389 00
Demandante: Ricardo Emilio Córdoba Acosta

Sobre el particular, este Despacho se permite aclarar que, desde el 25 de julio de 2014
se corrió traslado a las partes para presentar sus alegatos de conclusión, etapa procesal
que finalizó el 4 de septiembre de 2014 con el concepto que rindió el Ministerio Público.
No obstante, posterior a esa fecha se han presentado por parte de los demandantes y
los terceros coadyuvantes distintas solicitudes de nulidad, incluso, adicionales a las que
en esta oportunidad se están resolviendo, que deben ser decididas antes de proferir la
sentencia que le ponga fin al proceso.

En ese orden de ideas, considera la Sala que la Sección Primera de esta corporación
analizó conforme a las normas que lo regían cada una de las solicitudes planteadas
por el señor Córdoba Acosta en el medio de control de nulidad.
Es de advertir que para la fecha de interposición de esta acción de tutela -18 de octubre
de 2023-,14 aún no se había proferido sentencia de única instancia del proceso
radicado bajo el número 11001 03 24 2010 00566 00, promovido por el señor Ricardo
Emilio Córdoba Acosta y otros, contra del Decreto 2515 de 16 de diciembre de 1999,
por medio del cual «se modifica la estructura de la Corporación Eléctrica de la Costa
Atlántica –CORELCA» de una Empresa Industrial y Comercial del Estado a una Empresa
de Servicios Públicos Oficial.

Ahora bien, revisada en la plataforma SAMAI15 del expediente concerniente al radicado
anterior y relacionado con el medio de control de nulidad, constata esta Sala que el 23
de noviembre de 2023, el Consejo de Estado, Sección Primera profirió sentencia, por
el cargo formulado por la parte demandante. Como fundamento de su decisión
sostuvo:

[…]
Teniendo en cuenta lo expresado por la Corte Constitucional, para determinar si existe
cosa juzgada constitucional material, se deberá examinar si un texto normativo
consagrado en una norma es equivalente al examinado en juicio de constitucionalidad
en otra norma, en razón de la similitud de los contenidos normativos, de manera que
produzcan los mismos efectos.

En aras de verificar si la regla anterior se aplica al caso concreto, se debe aclarar la
naturaleza del Decreto referido en el acto acusado.

Se tiene que el Decreto nro. 1635 de 1999 es un decreto administrativo mediante el cual
el Presidente de la República, entre otros temas, designó a los administradores de una
empresa del sector eléctrico -Corelca-. Esta empresa estaba incursa en un proceso de
reestructuración el cual fue ejecutado con fundamento en facultades constitucionales y

14
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15
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 06389 00
Demandante: Ricardo Emilio Córdoba Acosta

legales ordinarias, especialmente, las conferidas en el numeral 27.6 del artículo 27 de la
Ley 142 de 1994.

Estas normas, no han sido declaradas inexequibles y, por su naturaleza, dicho decreto
no es susceptible del control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional,
por lo que se descarta que se esté reproduciendo el contenido normativo declarado
inexequible en otra disposición jurídica, por lo que no se configura la cosa juzgada
constitucional que aduce la parte demandante.
En ese sentido, la referencia que hace el Decreto nro. 2515 de 1999 al decreto nro. 1635
de 1999 se hace exclusivamente para individualizar a los miembros que harán parte de
la junta directiva de Corelca.

Asimismo, el alcance de la referencia que hace el Decreto nro. 1635 de 1999 en sus
considerandos al Decreto Ley 1161 de 1999, consiste en aclarar que el nombramiento
que se hace de la junta directiva por parte del Presidente corresponde al deber que surge
por la reestructuración de Corelca a una empresa de servicios públicos, pero el Decreto
Ley declarado inexequible no es el fundamento de su expedición.

En conclusión, el cargo formulado por el actor consistente en que se viola el artículo 243
de la Constitución Política, al desconocer la cosa juzgada material, no prospera, por las
razones aducidas en precedencia, y la respuesta al problema jurídico será negativa.

Así las cosas, para la Sala resulta claro que el Consejo de Estado, Sección Primera,
en el trámite impartido en el medio de control de nulidad, no encontró que se hubiera
materializado un incumplimiento de los deberes a cargo de la autoridad demandada,
por el contrario, evidenció un actuar oportuno y diligente que no comporta una
actuación incursa en vulneración alguna de los derechos fundamentales del
accionante.

3. Conclusión

La Sala concluye que el Consejo de Estado, Sección Primera no vulneró los derechos
al debido proceso, a la vida digna, a elegir y ser elegido y «los derechos colectivos»
invocados por el accionante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

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13

Radicado: 11001 03 15 000 2023 06389 00
Demandante: Ricardo Emilio Córdoba Acosta

Falla:

Primero. Denegar el amparo de los derechos fundamentales invocados por el señor
Ricardo Emilio Córdoba Acosta, por las razones expuestas en la parte considerativa
que antecede.

Segundo. En caso de no ser impugnada la presente decisión, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

CRG

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

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