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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-06389-01

Fecha
4 de abril de 2024
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-06389-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVÓCASE la sentencia de primera instancia proferida el 18 de enero de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que negó el amparo de los derechos fundamentales invocados por Ricardo Emilio Córdoba Acosta. En su lugar, DECLÁRASE la improcedencia de la acción de tutela, por incumplimiento de la carga mínima de argumentación e inmediatez. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2023-06389-01

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

4 de abril de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06389-01
Accionante: Ricardo Emilio Córdoba Acosta
Se revoca la decisión de primera instancia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C. cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06389-01
Accionante: Ricardo Emilio Córdoba Acosta
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad simple / Se revoca la
decisión de primera instancia que negó el amparo y, en su lugar, se declara la
improcedencia por falta de carga argumentativa y por incumplimiento del requisito
de inmediatez.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación presentada contra la sentencia proferida el 18 de
enero de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
mediante la cual se negó el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso, a la vida digna y a elegir y ser elegido del accionante.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.- El 17 de octubre de 2023 Ricardo Emilio Córdoba Acosta presentó, en nombre
propio, una acción de tutela para obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la vida digna y a elegir y ser elegido. El
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accionante consideró que esas garantías fueron vulneradas por las siguientes
providencias proferidas por el Consejo de Estado, Sección Primera, en el proceso
de nulidad simple con radicado 11001-03-24-2010-00566-00 adelantado por el
accionante -y otros- contra el Decreto 2515 del 16 de diciembre de 1999: (i) el auto
del 1º de julio de 2011, mediante el cual se admitió la demanda y se negó la solicitud
de suspensión del decreto demandado; (ii) el auto del 9 de mayo de 2022, mediante
el cual se rechazó la solicitud de nulidad procesal presentada por el actor; (iii) el
auto del 5 de octubre de 2023 en el que se decidió no reponer el anterior auto.

2.- Aunque el accionante no formuló expresamente las pretensiones en la acción de
tutela, se infiere que, dados los hechos y derechos alegados, solicita que se dejen
sin efectos las siguientes providencias proferidas por la Sección Primera del
Consejo de Estado en el marco del proceso de nulidad simple con radicado 11001-
03-24-2010-00566-00 adelantado por el accionante y otros contra el Decreto 2515
del 16 de diciembre de 1999: (i) el auto del 1º de julio de 2011, mediante el cual se
admitió la demanda y se negó la solicitud de suspensión del decreto demandado;
(ii) el auto del 9 de mayo de 2022, mediante el cual se rechazó la solicitud de nulidad
procesal presentada por el actor; (iii) el auto del 5 de octubre de 2023 en el que se
decidió no reponer el anterior auto.

B. Hechos

3.- El 3 de diciembre de 2010 el accionante presentó una demanda de nulidad por
inconstitucionalidad contra el Decreto 2515 del 16 de diciembre de 1999, <<por el
cual se modifica la estructura de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica –
Corelca>>. Igualmente, solicitó la suspensión provisional de dicho decreto.

3.1.- Mediante auto del 1º de julio de 2011 el Consejo de Estado, Sección Primera,
resolvió adecuar el trámite a un proceso de nulidad simple, admitió la demanda e
indicó que:

<<Es claro que la acción de nulidad por inconstitucionalidad procede contra actos
administrativos de carácter general que no correspondan a la Corte Constitucional,
siempre que no sean expedidos en ejercicio de la función propiamente
adminsitrativa y que adicionalmente, el enjuiciamiento se realice de forma directa
con la Constitución Política (…)

En el presente asunto, el Presidente de la República en ejercicio de las facultades
constitucionales y legales, en especial la contenida en el numeral 16 del artículo 189
de la Constitución Política y de conformidad con los artículos 7° y 8° de la Ley 185
de 1998, 13 de la Ley 51 de 1990 y 54 de la Ley 489 de 1998, expidió el Decreto

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2515 de 1999, cuya nulidad se pretende.

Comoquiera que en este caso el estudio de la legalidad del acto demandado recae
sobre un acto administrativo dictado en ejercicio de funciones administrativas y
además su estudio no solo implica que se compare con normas constitucionales,
sino también con las disposiciones legales que le sirvieron de fundamento para su
expedición, este despacho interpreta la demanda como de simple nulidad>>.

3.2.- En el mismo auto negó la solicitud de suspensión provisional por no cumplir el
requisito de sustentación de la solicitud de medida cautelar.

3.3.- El 30 de septiembre de 2013 el proceso se abrió a pruebas. Mediante auto del
25 de julio de 2014 se dispuso correr traslado a las partes por el término de diez
días. El término empezó a correr el 6 de agosto de 2014 y finalizó el 21 de agosto
del mismo año.

3.4.- El 20 de septiembre de 2019 el accionante solicitó al Consejo de Estado,
Sección Primera declarar la nulidad de todo lo actuado, conforme a la causal
establecida en el numeral 4º del artículo 140 del CPC.

3.5.- En auto del 9 de mayo de 2022 la Sección Primera del Consejo de Estado
rechazó la solicitud de nulidad procesal. El 26 de mayo de 2023 el accionante
interpuso recurso de reposición contra dicha decisión, y mediante providencia del 5
de octubre de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado resolvió no reponer
el auto, pues advirtió que las razones expuestas por el recurrente no atacaban o
cuestionaban los argumentos expuestos en la decisión recurrida.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- El accionante señala que:

4.1.- <<Los fundamentos de las actuaciones adelantadas ante el auto admisorio de
la demanda fechada 1º de julio de 2011 (…) indica una vía procesal inadecuada,
contrarios entre sí, dado el tiempo del trámite inicial que en auto inadmisorio de la
demanda fechada marzo de 2011 omitió la ley superior de iniciativa popular que ya
regía para el tiempo, y aún vigente, creado como establecimiento público
descentralizado, por servicios del orden nacional en CORELCA con jurisdicción en
los territorios que a partir del día 30 de abril de 1967 comprendían los
departamentos de: Atlántico, Bolívar, Córdoba, Guajira, Magdalena, Sucre y el
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, como excepción a las

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reglas quedó en el artículo 7º de la Constitución Política Nacional de 1886, a
perpetuidad con sus fundamentos de expedición fusionados entre sí (…)>>

4.2.- <<Negación de solicitud separada de suspensión provisional inmediata al
momento de expedir auto admisorio de la demanda por reproducir en el acto
acusado normas de facultades extraordinarias declaradas inexequibles, es grave>>.

4.3.- El auto del 5 de octubre de 2023, mediante el cual la autoridad judicial
accionada resolvió no reponer el auto del 9 de mayo de 2022 <<es incompatible en
su procedimiento con el mandato soberano, más pendiente y autónomo de régimen
único del establecimiento CORELCA, como excepción a las reglas>>.

4.4.- El acto acusado <<reproduce normas declaradas nulas por la sentencia C-702
de 1999, el cual en su parágrafo 1º del artículo 6º reproduce el Decreto No. 1635 de
1999 es prohibido>>.

4.5.- <<Una parte de las bases, de los cimientos que fijan el piso que integran el
bloque legislativo de derechos humanos que integran el preámbulo de la
Constitución, conocida por legislación antigua, supra en principios ultra sin
fundamento alguno la ley 2085 de 2021 la deroga, siendo estas allí relacionadas
incompatibles por lo híbito del asunto>>.

D. Oposiciones e intervenciones

5.- El Consejo de Estado, Sección Primera (accionado) señaló que el accionante no
cumplió con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, ni con los requisitos o causales especiales de procedibilidad,
por lo que la tutela resultaba improcedente.

6.- Agregó que el accionante no especificó las razones que fundamentan la acción
de tutela. Expuso que si lo pretendido era cuestionar la competencia del Consejo de
Estado, el tema ya había sido abordado por el despacho al resolver la solicitud de
nulidad procesal.

7.- El Departamento Administrativo de la Función Pública (tercero con interés) indicó
que la acción de tutela carecía de fundamentos fácticos y jurídicos que permitieran
demostrar la vulneración de los derechos fundamentales invocados.

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8.- El Ministerio de Minas y Energía (tercero con interés) afirmó que el actor utilizó
la acción constitucional como una instancia adicional frente a asuntos que se están
debatiendo en la jurisdicción competente, por lo que solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela.

9.- Wilson Molina Rangel, Eduardo Escorcia, Carmen Díaz de Rodríguez, Mariela
Torrado Maury, Nilse Judith Senio y Eduardo Alvarado Santos indicaron que
<<actualmente hacen parte del personal de la empresa y que con la aplicación de
las normas contenidas en las providencias y en los actos administrativos afectan la
unidad nacional, el derecho y principios ultra del preámbulo de la Constitución>>.

10.- Héctor Castro Yate, Wilfrido Rodríguez Obregón y Beatriz Eugenia Munarriz
Mallarino presentaron escritos de coadyuvancia dentro de la presente acción de
tutela.

E. Sentencia impugnada

11.- Mediante sentencia del 18 de enero de 2024 el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A negó el amparo de los derechos fundamentales invocados
por el accionante. Indicó que los reparos planteados en la acción de tutela fueron
resueltos mediante auto del 9 de mayo de 2022, en el que la Sección Primera del
Consejo de Estado resolvió rechazar la solicitud de nulidad presentada por el actor,
en tanto el objeto del proceso era un decreto proferido por el Gobierno nacional.

11.1.- Señaló que, respecto de una presunta mora judicial en la resolución del medio
de control, el Consejo de Estado, Sección Primera, expuso que desde el 25 de julio
de 2014 se corrió traslado a las partes para presentar sus alegatos de conclusión,
etapa procesal que finalizó el 4 de septiembre de 2014 con el concepto que rindió
el Ministerio Público. No obstante, con posterioridad a esa fecha se han presentado
por parte de los demandantes y terceros coadyuvantes distintas solicitudes de
nulidad, que debían ser resueltas antes de proferir sentencia que le ponga fin al
proceso.

11.2.- Añadió que, para la fecha de interposición de la acción de tutela (18 de
octubre de 2023) aún no se había proferido sentencia de única instancia dentro del
proceso de nulidad adelantado por el actor. Sin embargo, señaló que, revisada la
plataforma SAMAI, evidenció que el 23 de noviembre de 2023 el Consejo de Estado,
Sección Primera profirió sentencia en la cual negó las pretensiones del accionante.

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11.3.- De acuerdo con lo anterior, concluyó que la autoridad judicial accionada no
incumplió sus deberes, sino que, por el contrario, se evidenció un actuar oportuno y
diligente, por lo que no se transgredieron los derechos fundamentales del
accionante.

F. Impugnación

12.- El accionante impugna la anterior decisión. Señala que interpuso la acción de
tutela para obtener la protección de sus derechos fundamentales, los cuales
consideró vulnerados debido a que se negaron las pretensiones de la demanda de
nulidad por inconstitucionalidad adelantada contra el Decreto 2515 de 1999.

12.1.- Señala que:

<<La información del tipo legislativo que Juriscol suministra a los habitantes sobre
el tipo de ley correspondiente al establecimiento referido en el artículo 7º de la
Constitución Política de Colombia de 1986, que es excepción a las reglas de los
preceptos constitucionales de los derechos adquiridos en normas anteriores
vigentes y más favorables a los habitantes, fue expedida a perpetuidad, previa fusión
de los mandatos que no han sido observados y motivos de la impugnación>>.

12.2.- Expone que:

<<El día 12 de los corrientes recibí notificación del contenido del fallo de Tutela de
primera instancia proferido el 18 de enero de 2024; con el mayor respeto señor
magistrados, considero que me encuentro con fallo de carácter inhibitorio, ya que,
en su contenido general, no se tuvo en cuenta los fundamentos anteriores, motivo
de establecer:

(i) Competencia: La Sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, carece de competencia para intervenir en jurisdicción de los
Territorios que a partir del 30 de abril de 1967 comprendían los siguientes
Departamentos (…)

(ii) Temeridad: Como consecuencia de lo arriba indicado, desde el AUTO admisorio
de la demanda de simple nulidad en el presente caso, con normas aplicadas de
origen legislativo o de otro nivel, se omite la VOZ del pueblo, como un precepto de
los derechos adquiridos, en normas anteriores vigentes y más favorables, a este
destinatario y terceros afectados, para lo cual; ruego a esa magistratura en lo
correspondiente a la salvedad requerida en el artículo 86 del C.N. igual que el
numeral 4. Del artículo 6º del decreto 2591 de 1991 (…) me permito aportar para tal
fin, y como medio de prueba, como ejemplo, fotocopia de mi registro civil y fotocopia
de mi cedula de ciudanía, expedidas en normas legislativas o de otro nivel,
suprimiendo mis raíces ancestrales de realeza, al haber nacido en territorio distinto
al Cesar (…)

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(iii) Mala Fe: Demuestro y Pruebo esta infracción, por parte de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que estando en trámite la Acción
de Simple Nulidad, con la reclamación, que los bienes provenientes de los
yacimientos carboníferos y sus derivados, la Nación, los dio, DONO de DESTINO
ESPECIAL, para los fines, proyectos, presupuestos y planes de Desarrollo a
perpetuidad de ese establecimiento público, con la prórroga del contrato minero, al
Consorcio Minero Unido (Prodeco), propiedad de Glencore; siendo estos títulos
mineros de propiedad ajena, y aún sin darle cumplimiento, a lo que corresponde,
expropiación previa (…)>>.

12.3.- Eduardo Alvarado Santos, Eduardo Escorcia de la Hoz, Nilse Judith Senior,
Beatriz Eugenia Munarriz Mallarino, Mariela Torrado Maury, Carmen Díaz de
Rodríguez y Wilson Molina solicitan que:

<<Si es concedida la tutela ordene sean restablecidos los derechos fundamentales
y se conceda la nulidad de los autos proferidos, sin excluir la sentencia de única
instancia a nosotros notificadap or el accionado estando en curso la presente tutela,
a pesar de que ya el auto admisorio del superior le había sido notificada (…)

Respetado consejero, en el mismo instante y por la misma causa fuimos sometidos
a juzgamiento dos veces, resultado condenados en la de única instancia hasta el
día de hoy (..)>>.

II. CONSIDERACIONES

13.- La Sala revocará la decisión de primera instancia que negó el amparo y, en su
lugar, declarará la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que (i) respecto
de los autos proferidos el 1º de julio de 2011 y el 9 de mayo de 2022 no se cumplió
con el requisito de inmediatez y (ii) no se cumplió con la carga mínima de
argumentación.
14.- En primer lugar, la Sala advierte que los autos proferidos 1º de julio de 2011 y
el 9 de mayo de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Primera, cuestionados en
este proceso de tutela, fueron notificados el 11 de julio de 2011 y el 23 de mayo de
2022, respectivamente. Por otro lado, la acción de tutela se radicó el 17 de octubre
de 2023, por lo que se advierte que transcurrió un término superior a los seis meses
previsto jurisprudencialmente cuando se trata de tutelas contra providencias
judiciales1.

1
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 y Corte
Constitucional, sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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15.- Por otra parte, si bien el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
indicó que los reproches presentados en la acción de tutela fueron resueltos por la
autoridad judicial accionada mediante auto del 9 de mayo de 2022, en el que se
resolvió rechazar la solicitud de nulidad presentada por el actor en el marco del
proceso de adelantado por este, lo cierto es que la acción de tutela no tiene la
argumentación requerida mínima para ser estudiada de fondo.
15.1.- En escrito de subsanación de la acción de tutela el señor Ricardo Emilio
Córdoba Acosta especificó las providencias proferidas por la Sección Primera de
esta Corporación que, en su concepto, transgredieron sus derechos fundamentales,
a saber (i) el auto de 1º de julio de 2011, mediante el cual se admitió la demanda y
se negó la solicitud de suspensión del decreto demandado; (ii) el auto del 9 de mayo
de 2022, mediante el cual se rechazó la solicitud de nulidad procesal presentada
por el actor; (iii) el auto del 5 de octubre de 2023 en el que se decidió no reponer el
anterior auto. No obstante, la Sala evidencia que el actor no expuso de forma clara
los hechos y razones que motivaron la acción de tutela y tampoco cumplió con los
requisitos específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial.
15.2.- En la sentencia C-590 de 2005 la Corte Constitucional estableció los
requisitos de procedencia de la acción de tutela, dentro de los cuales se encuentra
la identificación razonable de los hechos que generan la vulneración. Igualmente,
indicó que, para que la acción de amparo sea procedente, debe encontrarse
acreditado, al menos, uno de los requisitos específicos; estos son: (i) defecto
orgánico; (ii) defecto sustantivo; (iii) defecto procedimental; (iv) defecto fáctico; (v)
error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento de las reglas
jurisprudenciales y (viii) violación directa de la Constitución.
15.3.- De la lectura del escrito de tutela y de la impugnación, la Sala advierte que,
tanto el actor como los coadyuvantes -quienes impugnaron la decisión de primera
instancia-, incumplieron los requisitos mencionados en precedencia, pues no
alegaron siquiera la configuración de uno de los defectos señalados y tampoco es
posible inferirlos de los argumentos presentados en los escritos correspondientes.
15.4.- En todo caso, la Sala evidencia que en la impugnación se pretende que se
deje sin efectos la decisión del 23 de noviembre de 2023, mediante la cual el
Consejo de Estado, Sección Primera negó las pretensiones de la demanda de
nulidad presentada por el accionante.
15.5.- Frente a este punto, cabe aclarar que el recurso de impugnación es el medio
procesal que tienen las partes para cuestionar el contenido del fallo de primera

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instancia y no para presentar nuevos argumentos. Lo contrario desnaturalizaría su
objeto y vulneraría el derecho al debido proceso de los demás intervinientes, por lo
que la Sala no se pronunciará frente a dicha pretensión.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVÓCASE la sentencia de primera instancia proferida el 18 de enero
de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que negó el
amparo de los derechos fundamentales invocados por Ricardo Emilio Córdoba
Acosta. En su lugar, DECLÁRASE la improcedencia de la acción de tutela, por
incumplimiento de la carga mínima de argumentación e inmediatez.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO: Una vez notificada, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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