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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06401-01

Fecha
22 de febrero de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06401-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 7 de diciembre de 2023 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en cuanto declaró improcedente la acción por falta de legitimación del señor Darío Carvajal López para representar a los demás demandantes del proceso de reparación directa. Segundo: Revocar la decisión en cuanto declaró improcedente la tutela respecto del señor Darío Carvajal López por falta de relevancia constitucional, para, en su lugar negar el amparo deprecado, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia. Tercero:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-06401-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

22 de febrero de 2024

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 6 40 1- 0 1

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06401-01
Accionante: Darío Carvajal López
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá

Tema: Acción de tutela contra sentencia de segunda instancia dictada en proceso
de reparación directa, en la cual confirmó la decisión de primera instancia de
declarar la responsabilidad estatal y modificó los montos de la condena.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala decide la impugnación interpuesta por el accionante en contra de la
sentencia del 7 de diciembre de 2023 proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, a través de la cual declaró improcedente la acción
de tutela.

ANTECEDENTES

El señor Darío Carvajal López promovió acción de tutela para que se protejan sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia,
a la defensa, a la igualdad y a la reparación integral de las víctimas, los cuales
consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del Caquetá.

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HECHOS

El actor indicó que el señor Luis Eduardo Carvajal López vivía con su familia en
Florencia, Caquetá, donde se dedicaba a trabajos de construcción; que el 11 de
febrero de 2007 salió hacia el municipio de Solita y cuando regresó el 13 de ese
mes y año con los señores Leiden Hoyos Henao y Yovany Hoyos Henao fue
retenido y asesinado sin justificación y en completo estado de indefensión, junto con
aquellos, por miembros del Ejército Nacional, pertenecientes al Batallón de
Infantería núm. 34 Juanambu.

Que por los anteriores hechos los familiares del señor Luis Eduardo Carvajal López
instauraron demanda de reparación directa contra la Nación-Ministerio de Defensa-
Ejército Nacional, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Segundo
Administrativo de Florencia, el cual, el 27 de julio de 2017 declaró administrativa y
extracontractualmente responsable a la parte demandada y, en consecuencia, la
condenó a pagar, por concepto de perjuicios morales, las sumas de 100 smmlv para
cada uno de los señores Elkin Eduardo Carvajal Ciceri y Daniela Carvajal Ciceri,
hijos de la víctima; y 50 smmlv para cada uno de los señores Gilma Carvajal López,
Humberto Carvajal López, Gentil Carvajal López, César Augusto Carvajal López,
Ibán Carvajal López y Nuvia María Carvajal López.

Que, pese a que actuó como demandante en calidad de hermano de la víctima, el
Juzgado precitado no lo tuvo en cuenta al analizar y decidir el asunto y,
adicionalmente, aquel no dio aplicación a la regla de excepción al tasar los perjuicios
morales de los demás familiares, por lo cual se interpuso recurso de apelación en
contra de la sentencia de primera instancia. Que el 24 de marzo de 2023 el Tribunal
Administrativo del Caquetá confirmó la declaratoria de responsabilidad y su
exclusión en el reconocimiento de los perjuicios, y modificó la condena impuesta.

Considera que el Tribunal mencionado incurrió en los defectos, procedimental por
exceso ritual manifiesto y fáctico, puesto que las pruebas demostraban que tenía
derecho a reclamar los perjuicios morales por la muerte de su hermano, otorgó
poder para actuar en el proceso, fue admitido como demandante en el auto del 26
de junio de 2009 y el Juzgado no se pronunció sobre la condena a su favor.

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Que esa corporación judicial también incurrió en los defectos sustantivo y fáctico,
porque omitió dar aplicación a la regla excepcional en cuanto al aumento de los
perjuicios morales cuando se trata de una grave violación de los derechos humanos
e infracciones al derecho internacional humanitario, contenida en la sentencia de
unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014 proferida por la Sección Tercera
del Consejo de Estado, radicado 05001-23-25-000-1999-01063-01 (32988), y no
valoró las pruebas al momento de tasar los perjuicios.

Agregó que esa posición jurisprudencial ha sido reiterada en varias oportunidades,
como en las sentencias de tutela dictadas por el Consejo de Estado del 14 de mayo
de 2021, Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, expediente
11001-03-15-000-2021-01917-00, confirmada por la providencia del 15 de julio de
2021, Sección Primera de esa corporación; y del 8 de octubre de 2020, Subsección
C de la Sección Tercera, radicación 11001-03-15-000-2020-00276-00.

PRETENSIONES

Solicitó dejar sin efectos la sentencia del 24 de marzo de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo del Caquetá y ordenarle que dicte una providencia de
reemplazo en la que condene a la parte demandada a pagar los perjuicios morales
a su favor y de los demás demandantes, de conformidad con la sentencia de
unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014 proferida por la Sección Tercera
del Consejo de Estado, radicado 05001-23-25-000-1999-01063-01 (32988) y
teniendo en cuenta la mayor intensidad del daño moral, en cuantía de 300 smmlv a
favor de cada uno de los demandantes del primer orden y de 150 smmlv para los
de segundo orden.

ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO

La acción de tutela de la referencia fue admitida el 20 de octubre de 2023 por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto que
ordenó notificar al magistrado Néstor Arturo Méndez Pérez del Tribunal
Administrativo del Caquetá, como accionado; y los señores Luz Marina Ciceri
Gómez, Elkin Eduardo Carvajal Ciceri, Daniela Carvajal Ciceri, Gilma Carvajal
López, Humberto Carvajal López, Gentil Carvajal López, César Augusto Carvajal
López, Iván Carvajal López, Orlando Carvajal López y Nubia María Carvajal López

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y al Ejército Nacional y al Juzgado Tercero Administrativo de Florencia, como
terceros con interés.

POSICIÓN DEL ACCIONADO Y DE LOS VINCULADOS

El Juzgado Tercero Administrativo de Florencia se limitó a remitir el enlace para
acceder al expediente del proceso de reparación directa. Los demás vinculados y el
accionado guardaron silencio.

SENTENCIA IMPUGNADA

El 7 de diciembre de 2023 la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción de tutela, porque consideró que el
accionante carecía de legitimación en la causa por activa para discutir lo relativo al
desconocimiento de la regla jurisprudencial sobre las indemnizaciones otorgadas a
los demás demandantes del proceso de reparación directa.

En cuanto al desacuerdo del actor sobre la ausencia del reconocimiento de
perjuicios a su favor, estimó que ese disenso estaba dirigido a revivir el análisis
jurídico efectuado por el Tribunal accionado en el proceso de reparación directa y
no se sustentó debidamente, por lo cual no se superaba el requisito de relevancia
constitucional.

IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia y solicitó revocarla; para el efecto, expuso su
desacuerdo con esa decisión, pues con la demanda de reparación directa se
anexaron el registro civil de nacimiento, prueba que, en su sentir, lo legitima para
reclamar los perjuicios morales por la muerte de su hermano, y el poder otorgado a
un profesional del derecho para actuar en ese proceso.

Insistió en que fue admitido como demandante mediante auto del 26 de junio de
2009 por el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, a pesar de lo cual fue
excluido por esa autoridad judicial sin exponer ningún argumento sobre el particular.

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Reiteró que el Tribunal Administrativo del Caquetá incurrió en un claro defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, pues la muerte del señor Luis Eduardo
Carvajal López constituyó una ejecución extrajudicial y, como se probó, la víctima
era su hermano.
CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II)
caso concreto.

I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,
estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la
esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a
la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de
lesa humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no
se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”

Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución.”

En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que

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habilite el amparo constitucional.

II. Caso concreto

El señor Darío Carvajal López insistió en que el Tribunal Administrativo del Caquetá
incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto porque, de un lado,
con la demanda de reparación directa se anexó tanto su registro civil de nacimiento,
en el que consta que es hermano de la víctima, como el poder otorgado a un
profesional del derecho para actuar en ese proceso, y, de otro, en el auto admisorio
del proceso fue tenido como demandante, lo que evidencia que tenía derecho al
reconocimiento de los perjuicios morales causados.

A esta Subsección le corresponde, en primer lugar, determinar si se cumple la
exigencia general de procedibilidad de la acción de tutela que dio lugar a la
declaratoria de improcedencia por parte de la Subsección C de la Sección Tercera
de esta corporación frente al argumento expuesto en esta instancia, esto es, la
relevancia constitucional, para, en caso de encontrar superado dicho requisito y los
demás exigidos jurisprudencialmente, analizar si se estructuró el defecto invocado.

En criterio de esta Sala, el caso sí reviste una marcada relevancia constitucional, en
tanto a través de esta acción de tutela se persigue la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
defensa, a la igualdad y a la reparación integral, los cuales el solicitante de la
protección ius fundamental estimó vulnerados con ocasión de la estructuración de
una causal específica de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, por lo que no se trata de un asunto de mera legalidad y el propósito de la
parte accionante no es crear una instancia adicional al proceso ordinario, sino
demostrar el defecto en que, a su juicio, incurrió la autoridad judicial accionada.

Aclarado ello, se observa que se cumplen los demás requisitos generales de
procedibilidad de la tutela para discutir providencias judiciales, por lo cual se
continuará con el estudio de fondo.

Revisada la sentencia del 24 de marzo de 2023 discutida en esta sede, se denota
que, en lo que aquí interesa, el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera
de Decisión, estableció que, si bien el señor Darío Carvajal López era demandante

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dentro del proceso, lo cierto es que en la demanda no se elevó ninguna pretensión
tendiente a lograr el reconocimiento de los perjuicios morales a favor del hoy actor,
lo que le impidió acceder a ese reconocimiento.

Aunado a ello, la autoridad judicial sostuvo que, en atención al equilibrio entre las
partes, no podía suplir las deficiencias de la demanda, de conformidad con el
artículo 281 del Código General del Proceso, por lo que coligió que la decisión
adoptada sobre ese particular estaba ajustada a derecho.

Lo anterior permite a esta Subsección evidenciar que la determinación del Tribunal
Administrativo del Caquetá controvertida en esta sede no obedeció a que se
desconociera la condición de demandante del señor Darío Carvajal López, su
representación judicial en el proceso ni a la falta de pruebas sobre la relación
consanguínea con la víctima, sino a que en la demanda no se solicitó el
reconocimiento de los perjuicios morales a favor de aquel, lo que impidió a la
corporación accionada acceder a lo peticionado en el recurso de apelación
formulado contra la sentencia de primera instancia.

En ese orden de ideas, lo que se advierte es que la autoridad judicial justificó su
determinación en el principio de congruencia, el cual forma parte del derecho
fundamental al debido proceso e implica la obligación de que lo decidido sea acorde
a los hechos y a lo solicitado en la demanda.

En consecuencia, no se avizora una análisis irracional o arbitrario de los supuestos
fácticos o normativos que dé lugar al amparo deprecado, con mayor razón si se
tiene en cuenta que el actor no discutió el argumento que conllevó al Tribunal
accionado a no acceder al reconocimiento de los perjuicios morales a su favor, de
lo cual se desprende la ausencia del defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto invocado.

Por último, se denota que la parte actora no controvirtió su falta de legitimación en
la causa por activa para controvertir el monto de los perjuicios reconocidos a los
demás demandantes, por lo cual frente a ese aspecto se confirmará la sentencia
del 7 de diciembre de 2023 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, y se revocará en lo atinente al reconocimiento de los perjuicios
morales a su favor, para, en su lugar negar el amparo deprecado.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 7 de diciembre de 2023 proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en cuanto declaró
improcedente la acción por falta de legitimación del señor Darío Carvajal López para
representar a los demás demandantes del proceso de reparación directa.

Segundo: Revocar la decisión en cuanto declaró improcedente la tutela respecto
del señor Darío Carvajal López por falta de relevancia constitucional, para, en su
lugar negar el amparo deprecado, de acuerdo con la parte motiva de esta
providencia.

Tercero: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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