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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06406-00

Fecha
5 de febrero de 2024
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06406-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Decláranse improcedentes las pretensiones de la acción de tutela dirigidas a cuestionar la legalidad de los actos administrativos que ordenaron el reconocimiento y pago de la asignación de retiro del señor Diomedes Cárdenas, a que se modifique el Decreto 1794 de 2000 y a que esta Corporación profiera una sentencia con fines de unificación, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º) Niéganse las demás pretensiones de la acción de tutela. 3º) Niégase la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 4º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-06406-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

5 de febrero de 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, cinco (5) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2023-06406-00
Demandantes: DIOMEDES CÁRDENAS Y OTROS
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Asunto: ACCIONES DE TUTELA CONTRA ACTOS
ADMINISTRATIVOS. ASIGNACIÓN DE RETIRO DE LAS
FUERZAS MILITARES. SUBSIDIO FAMILIAR.
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR
INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
SUBSIDIARIEDAD E INMEDIATEZ. AUSENCIA DE HECHO
VULNERADOR.

Síntesis del caso: los demandantes cuestionaron los actos administrativos que ordenaron el pago
de una asignación de retiro a soldado profesional, pues alegaron que las sumas reconocidas
fueron indebidamente liquidadas, por lo que solicitaron que esta Corporación profiera una
sentencia con fines de unificación en materia de asignación de retiro y reclamaron que las
autoridades demandadas remitan información que permita el estudio de legalidad de actos
administrativos. La Sala declarará improcedente la acción de tutela por incumplimiento de los
requisitos de subsidiariedad e inmediatez, por cuanto no se agotaron en término los mecanismos
judiciales idóneos y efectivos para cuestionar los actos administrativos que liquidaron dichas
prestaciones; se negarán las pretensiones sobre remisión de información porque no probó que
hubiera acudido directamente a solicitarla, de ahí que se presente la ausencia de un hecho
vulnerador.

La Sala decide la acción de tutela presentada por los señores Diomedes Cárdenas y Nidia
Domínguez Cárdenas, en nombre propio y de sus hijos menores en contra del presidente
de la República, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Ministerio de
Defensa Nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio del Trabajo,
la Defensoría del Pueblo y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (en adelante
CREMIL) para la protección de los derechos fundamentales de la libertad, honra, trabajo,
debido proceso, igualdad, derechos fundamentales de los niños y seguridad social,
presuntamente vulnerados con ocasión del acto administrativo proferido por CREMIL con
el que ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-06406-00
Actores: Diomedes Cárdenas y otros
Acción de tutela

I. ANTECEDENTES

Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción de tutela, los demandantes señalaron, en síntesis,
lo siguiente:

1) El señor Diomedes Cárdenas se vinculó al Ejército Nacional como soldado profesional
en vigencia de los Decretos 17931 y 17942 de 2000.

2) Mediante Resolución no. 4350 de 17 de marzo de 2021 CREMIL ordenó el
reconocimiento y pago de la asignación de retiro del actor en cuantía del 70% de la
asignación mensual de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1785 de 2020, suma
a la que se adicionó el 38.5% de la prima de antigüedad según lo señalado en el artículo
16 del Decreto 4433 de 2004 y el 30% correspondiente al subsidio familiar previsto en el
Decreto 1162 de 2014.

3) En la demanda se afirmó que, en la misma fecha en que fue notificado ese acto
administrativo, el actor presentó los recursos de reposición y apelación en su contra y, a
pesar de ello, CREMIL no modificó el monto de las sumas reconocidas por concepto de
la asignación de retiro, sino que por el contrario las ratificó.

Fundamentos de la vulneración

Para los demandantes con el acto administrativo cuestionado CREMIL desconoció el
precedente judicial unificado de la Sección Segunda del Consejo de Estado sobre la
asignación de retiro de soldados profesionales contenido en la sentencia de 25 de abril
de 20193, lo cual conllevó a la trasgresión de sus derechos fundamentales.

Esa prestación no se liquidó debidamente porque para calcular su monto no se tuvo en
cuenta el porcentaje total de lo percibido como asignación en actividad y subsidio familiar

1
“Por el cual se expide el régimen de carrera y estatuto del personal de soldados profesionales de las
Fuerzas Militares.”.
2
“Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales de
las Fuerzas Militares.”.
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 25 de abril de
2019, CP William Hernández Gómez, radicación no. 85001-33-33-002-2013-00237-01 (1701-2016).

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Actores: Diomedes Cárdenas y otros
Acción de tutela

y no se incluyeron la prima de actividad ni la prima de navidad como factores integrantes
de la base de liquidación, como en cambio sí se hace en las liquidaciones de la asignación
de retiro de oficiales y suboficiales del Ejército Nacional.

Se vulneró el derecho constitucional fundamental a la igualdad por el trato diferenciado a
los soldados profesionales respecto de oficiales y suboficiales de la fuerza pública a
quienes sí le son incluidas otras partidas para el cálculo de la prestación conforme con el
Decreto 4433 de 2004.

Le corresponde al juez de la acción de tutela modificar los Decretos 1794 de 2000 y 4433
de 2004 para que en esas disposiciones se reconozca a los soldados profesionales los
mismos derechos prestacionales de los cuales son beneficiarios los oficiales y
suboficiales en la Ley 4 de 1992.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior, en la acción de tutela los demandantes solicitaron que se
acceda a las siguientes súplicas:

“PRIMERO: Solicito al Consejo de estado aquí antes nombrado asumir el
conocimiento del proceso, con el propósito de interpretar dicha normativa que
dejó varios vacíos jurídicos y una mala interpretación de la misma.

SEGUNDO: Solicito a la agencia Nacional de defensa Jurídica del Estado envíe
un reporte a este juzgado con el balance general de las múltiples demandas por
estos hechos, y cuantas demandas cursan, ocasionando un congestionamiento
en el aparato judicial y detrimento en los recursos de todos los Colombianos,
siendo una prueba para el Presidente de la república.

TERCERO: Solicito muy amablemente al PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
se realice un estudio previo de la problemática de los soldados e infantes de
marina y en sus facultades de acuerdo con la ley 4 de 1992 se reevalúe una
modificación en cuanto al salario y régimen prestacional de los soldados e
infantes de marina.

CUARTO: Señor Juez solicito muy amablemente, ordene al ministerio de
defensa envíe cuanto documento ha remitido con esta problemática, siendo el
ministerio de defensa y (sic) el principal mediador y uno de los ministerios
creados para la ayuda del soldado e infante, siendo el conducto directo con el
Presidente, siendo una de las mayores problemáticas de las fuerzas.

QUINTO: Señor Juez al MINISTERIO DE HACIENDA, una relación de los
recursos que han desembolsado por esta misma problemática por demandas
ganadas en contra del estado, siendo prueba para la modificación de dicha
normativa de acuerdo a la ley 4 de 1992.

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Actores: Diomedes Cárdenas y otros
Acción de tutela

SEXTO: Señor Juez solicito que se ordene AL MINISTERIO DE TRABAJO Y
LA DEFENSORIA del pueblo siendo garantes de respetar las condiciones de
los Colombianos, cuantos soldados e infantes de maría han requerido ayuda y
la única contestación es reenviar a la entidad competente, sin dejar un
precedente de este tipo de población, para una posible modificación de sus
normativas.

SEPTIMO: Señor Juez aporto y pido que tenga en cuenta la siguiente
liquidación, interpretación del Ministerio de Defensa y Cremil.

(…).

OCTAVO: Pidiendo a usted señor juez se ordene la modificación del decreto
1794 del 2000 y decreto 4433 del 2004, de acuerdo a la ley 4 de 1992, donde a
lo largo del tiempo se mejoraron las condiciones de los trabaja[do]res y para
nosotros no se cumple dicha normativa.

NOVENO: Solicito a todas las entidades del encabezado asumir conocimiento
y se realice un estudio a fondo de las problemáticas de los soldados, con una
modificación, sin dejar a un lado que en sus despachos reposa toda esta
documentación y ustedes como entidades solo se limitaron a remitir sin dejar un
precedente de lo que pasa con un grupo especifico, siendo ustedes creadas
para mediar y ayudar.”. (mayúsculas y negrillas del original - archivo disponible
en medio magnético en el aplicativo SAMAI).

Actuación procesal

La acción de tutela de la referencia correspondió por reparto inicialmente a la magistrada
Myriam Stella Gutiérrez Argüello de la Sección Cuarta de esta Corporación, quien con
auto de 23 de octubre de 2023 remitió el proceso al despacho del magistrado Martín
Bermúdez Muñoz por considerar que se trató de una demanda con contornos similares a
los del proceso 11001-03-15-000-2023-06147-00.

Por su parte, el magistrado Martín Bermúdez profirió un auto el 27 de noviembre de 20234
con el que remitió el proceso a este despacho con fines de acumulación por tratarse de
una acción de tutela con supuestos similares a los del proceso 11001-03-15-000-2023-
05383-00, la cual había sido admitida primero.

A través de auto de 15 de enero de 2024 se negó la acumulación del expediente remitido,
toda vez que en la acción de tutela con radicación no. 11001-03-15-000-2023-05383-00
se profirió sentencia de primera instancia el 11 de diciembre de 2023, notificada a las
partes el 11 de enero de 2024.

4
Con paso al despacho del 30 de noviembre de 2023.

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Actores: Diomedes Cárdenas y otros
Acción de tutela

Sin perjuicio de lo anterior, se avocó el conocimiento del asunto en virtud del principio de
economía procesal y el artículo 2.2.3.1.3.1. del Decreto 1069 de 2015, adicionado por el
artículo 1 del Decreto 1834 de 2015, por cuanto este despacho fue el primero en avocar
conocimiento de la tutela con similitud fáctica y jurídica.

En esa providencia se ordenó la notificación del presidente de la República, la directora
de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el ministro de Defensa Nacional,
el ministro de Hacienda y Crédito Público, la ministra del Trabajo, el defensor del Pueblo
y el director de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, entregándoles copia de la
demanda y los anexos.

Intervenciones de las autoridades demandadas

La coordinadora del Grupo de Gerencia de Defensa Judicial de la Presidencia de la
República solicitó ser desvinculada por no ser la autoridad competente para conocer
sobre las prestaciones otorgadas a miembros de las fuerzas militares y que se declare la
improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad,
en atención a que los demandantes no agotaron los mecanismos judiciales oportunos
para controvertir el acto administrativo que liquidó la asignación de retiro.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) de la solicitud de desvinculación
y 3) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

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Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

2. La solicitud de desvinculación

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República solicitó su
desvinculación del proceso por estimar que carece de legitimación en la causa por pasiva,
sin embargo, la Sala advierte que no hay lugar a acceder a tal solicitud pues dicha
autoridad fue relacionada por la parte actora en la demanda en condición de accionada
y por cuanto en la acción de tutela se enfilaron pretensiones en su contra5, motivo por el
cual será necesario determinar si con sus acciones u omisiones vulneraron los derechos
de los actores.

3. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al presidente de la
República, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Ministerio de Defensa
Nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio del Trabajo, la
Defensoría del Pueblo y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL) con el fin de
que se protejan los derechos constitucionales fundamentales antes mencionados,
presuntamente vulnerados con ocasión del acto administrativo con el que se ordenó el
reconocimiento y pago de la asignación de retiro del demandante.

Para mayor claridad sobre el asunto puesto a consideración de la Sala es preciso
destacar que en el proceso de la referencia se pretende por esta vía constitucional que:

i) Se declare la nulidad del acto administrativo de carácter particular que ordenó el
reconocimiento y pago de la asignación de retiro de los demandantes y se modifique el
Decreto 1794 de 2000 que estableció el régimen salarial y prestacional para el personal
de soldados profesionales de las Fuerzas Militares.

5
Concretamente la pretensión tercera de la demanda (ver acápite de pretensiones).

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ii) Para efectos de recaudar las pruebas que permitan al juez de la tutela analizar la
legalidad de los actos administrativos cuestionados se ordene: 1) a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado que envíe un reporte de todas las demandas presentadas
por hechos similares, 2) el Presidente de la República realice un estudio de la
problemática de los soldados e infantes de marina y reevalúe la modificación de sus
asignaciones y regímenes prestacionales, 3) el Ministro de Defensa Nacional envíe toda
la documentación y una relación de los recursos destinados a resolver la problemática
salarial propuesta en la acción de tutela y 4) la Ministra de Trabajo y el Defensor del
Pueblo informen cuántos soldados e infantes de marina han presentado peticiones ante
esas autoridades por hechos relacionados con la liquidación de su asignación de retiro.
iii) Que por esta vía de tutela se ordene a la autoridad judicial accionada que profiera una
sentencia de unificación en materia de asignación de retiro en la que se disponga que la
reliquidación de esa prestación para los soldados profesionales en actividad debe
computarse con todas las prestaciones percibidas por los oficiales y suboficiales de las
fuerzas militares.

Por razones metodológicas y en orden a facilitar el estudio del asunto, la Sala anticipa
que: i) declarará la improcedencia de la acción de tutela por el incumplimiento de los
requisitos de subsidiariedad e inmediatez respecto del acto administrativo de carácter
particular y el acto administrativo de carácter general cuestionados, ii) negará la segunda
pretensión de la acción de tutela, relacionada con el recaudo de pruebas que permitan
analizar la legalidad de los actos administrativos cuestionados y, iii) declarará
improcedente la pretensión dirigida a que esta Corporación profiera una sentencia de
unificación en materia de asignación de retiro.

3.1 Improcedencia de las pretensiones dirigidas a cuestionar la legalidad de actos
administrativos.

Caracterización del requisito de subsidiariedad

La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante el
juez constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta
jurisdiccional idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, como se
infiere del texto del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política.

En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que el demandante

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no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se interponga como
instrumento transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La finalidad de este presupuesto de procedibilidad de la acción es que las personas
hagan uso de todos los medios que el sistema judicial consagra para conjurar la situación
que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, de modo que se restrinja el uso
indiscriminado e indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente o
instancia judicial alterna para desplazar a las herramientas judiciales que el legislador
estableció para la protección de los derechos.

En esa medida, cuando se presenta la acción de tutela con el fin de obtener una decisión
más rápida o en procura de burlar los procedimientos judiciales previamente estatuidos
se desconoce el carácter subsidiario y residual de este mecanismo constitucional.

Ahora bien, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de la
subsidiariedad debe ser estudiado en cada caso concreto y, por ende, aun en los eventos
en que existan otros recursos de defensa judicial, existen dos excepciones que justifican
su procedibilidad, así:

(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso
estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y, (ii) cuando, pese a existir
un medio de defensa judicial idóneo, este no impide la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede como mecanismo transitorio.

En suma, se condiciona el ejercicio de la acción de tutela a la inexistencia de otro medio
de defensa judicial, salvo que este no suponga un mecanismo idóneo y efectivo para
evitar la vulneración o amenaza del derecho fundamental o que se pretenda un amparo
transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.

Verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso concreto

1) De entrada, la Sala advierte que a partir de los fundamentos de la vulneración que
soportaron la demanda es claro que los actores cuestionaron la legalidad del acto
administrativo por medio del cual la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares ordenó el

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reconocimiento y pago de la asignación de retiro de un soldado profesional del Ejército
Nacional.

2) Ello es así, por cuanto se opusieron a las liquidaciones de dicha prestación por estimar
que CREMIL no incluyó las partidas computables a las que alegan tener derecho.

3) Adicionalmente, los demandantes también atacaron la legalidad del Decreto 1794 de
2000, mediante el cual se estableció el régimen salarial y prestacional del personal de
soldados profesionales de las fuerzas militares para que, vía acción de tutela, se ordene
“la modificación” de esa norma con miras a que en la liquidación de la asignación de retiro
se les incluya el monto total de lo percibido como sueldo en actividad y subsidio familiar,
al tiempo que se incluyan la prima de actividad y de navidad como factores integrantes
de la base de liquidación, en las mismas condiciones que ocurre con los oficiales y
suboficiales del Ejército Nacional.

4) En esa medida, la Sala encuentra que lo pretendido por los demandantes es cuestionar
el contenido del acto administrativo de carácter particular y concreto que resolvió sobre
su situación prestacional, así como de actos generales -como es el caso del Decreto
1794 de 2000-, razón por la cual, como se explicó en precedencia, la acción de tutela es
improcedente en los términos previstos por el ordinal 1° del artículo 6 del Decreto 2591
de 1991, en razón a que, a pesar de que se invocó la vulneración de derechos
fundamentales, es evidente que los demandantes no agotaron todos los medios de
defensa judiciales idóneos y efectivos que tenían a su alcance ni demostraron la
existencia de un perjuicio irremediable que imponga la necesidad de que el juez
constitucional intervenga y adopte medidas urgentes, improrrogables y suficientes en
orden a evitar su inminente materialización o mitigarlo.

5) Lo anterior cobra mayor sentido si se tiene en cuenta que, si bien en la acción de tutela
afirmaron que presentaron los recursos de reposición y apelación en contra de los
correspondientes actos administrativos que ordenaron el reconocimiento y pago de la
asignación de retiro, lo cierto es que en el expediente no existe constancia de que el
beneficiario de esa prestación hubiese empleado en forma oportuna y diligente los
mecanismos judiciales procedentes en su contra.

6) Aunado a lo expuesto, es un hecho reconocido que el demandante que se desempeñó
como soldado profesional es beneficiario del pago de una asignación de retiro cuyo

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monto es superior al del salario mínimo legal que rige para el territorio nacional y de ello
dan cuenta las constancias proferidas por CREMIL, razón de más para descartar la
existencia de un perjuicio inminente o de cualquier afectación al mínimo vital de los
demandantes o de su núcleo familiar, máxime cuando tampoco se acreditó ni probó de
manera siquiera sumaria una condición de debilidad manifiesta que amerite la
intervención extraordinaria del juez de tutela para evitar la consumación de un daño
inminente, grave o urgente.

7) Para esta instancia constitucional es evidente que la totalidad de pretensiones de los
demandantes, esto es, tanto aquellas dirigidas a cuestionar el acto administrativo general
que estableció el régimen salarial y prestacional a ellos aplicable -Decreto 1794 de 2000,
como las que controvirtieron el acto de carácter particular y concreto con el que se liquidó
una asignación de retiro, debieron ser sometidas a consideración y análisis del juez de
lo contencioso administrativo a través del medio de control de nulidad -en caso de que
su interés solo fuera el de defender la legalidad en abstracto- o el de nulidad y
restablecimiento del derecho para cuestionar el acto administrativo que reconoció la
asignación de retiro, evento en este último en el que pudieron solicitar al juez natural que
inaplicara por ilegal el referido decreto para su caso concreto si en realidad consideraban
que esa norma no se ajusta a la ley ni a la Constitución.

8) Por otra parte, en este caso es evidente que la acción de tutela tampoco cumplió con
el requisito de inmediatez para controvertir la legalidad del acto administrativo de carácter
particular si se tiene en cuenta que fue proferido el 17 de marzo de 2021 mientras que la
acción de tutela se presentó el 18 de octubre de 2023, esto es, por fuera del término que
la jurisprudencia constitucional ha fijado como razonable6.

9) Sobre el particular es pertinente resaltar que la finalidad de la acción de tutela es
garantizar una protección efectiva, actual y expedita frente a la transgresión o amenaza
inminente de un derecho fundamental, motivo por el cual, entre la ocurrencia de los
hechos en que se funde la pretensión -la expedición de un acto administrativo de carácter

6
En la sentencia T-332 de 2018, la Corte Constitucional consideró que: “En relación con el requisito de
inmediatez, se encuentra que este no se satisface en la medida que (...) transcurrió por lo menos un año,
un mes y cuatro días entre la última actuación administrativa atacada y la instauración de la acción de tutela
(25 de julio de 2017), lo cual no es un término razonable ni oportuno, dado que el objetivo primordial de la
acción de tutela se encuentra orientado hacia la protección actual, inmediata y efectiva de derechos
fundamentales.”.

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particular para el caso concreto- y la presentación de la demanda, debe haber trascurrido
un lapso razonable.

10) En efecto, en reiteradas oportunidades7 la Corte Constitucional ha señalado que la
falta de cumplimiento del requisito de inmediatez puede generar inseguridad jurídica en
situaciones ya consolidadas en el ámbito administrativo y/o judicial, lo cual a su vez
puede perjudicar a terceros afectados por la decisión. Además, podría interpretarse que
el juez constitucional está respaldando una conducta negligente por parte de los
administrados que no participaron en el proceso pertinente, no interpusieron los recursos
adecuados ni ejercieron los medios de control disponibles.

11) A partir de la jurisprudencia de la Corte se desprende que cuando una tutela se
interpone porque el afectado carece de otro recurso judicial disponible, es relevante
considerar, en relación al requisito de inmediatez, la fecha de emisión del acto
administrativo, la fecha en que se tuvo conocimiento del mismo y las acciones realizadas
por el solicitante desde entonces.

12) En definitiva, este requisito pretende evitar que la acción de tutela contra actos
administrativos sea utilizada para corregir la negligencia de los afectados en la protección
de sus derechos y sirve como una salvaguardia para la seguridad jurídica derivada de
los actos administrativos, que crean, modifican o extinguen situaciones legales.

13) Ahora bien, el hecho de que los actores hayan dejado fenecer el término con que
contaban para presentar la demanda en contra del acto cuestionado no es óbice o
justificación para que pretendan por esta vía revivir términos que ya caducaron, pues este
mecanismo de amparo constitucional no se instituyó para tal efecto, sino para la
protección de garantías fundamentales.

14) Como corolario de lo expuesto, la Sala declarará improcedente la acción de tutela
por incumplimiento de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez en lo referente a las
pretensiones dirigidas a cuestionar la legalidad del acto administrativo de carácter
particular que ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro del demandante

7
Ver sentencias T-792 de 2009, T-016 de 2006, T-158 de 2006, T654 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de
2006, T-1084 de 2006, T-1009 de 2006, T-792 de 2007, T-594 de 2008, T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-
692 de 2006, T-1009 de 2006, T-299 de 2009, T-594 de 2008, T-691 de 2009, T-883 de 2009 entre otras.

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y del Decreto 1794 de 2000 que estableció el régimen salarial y prestacional para el
personal de soldados profesionales de las Fuerzas Militares.

3.2 Sobre la pretensión relacionada con el recaudo de pruebas que permitan al juez
de tutela analizar la legalidad de actos administrativos.

1) Los actores solicitaron que por esta vía de tutela se ordene a varias de las autoridades
demandadas que remitan información de los historiales de reclamaciones administrativas
y acciones judiciales presentadas en su contra, relacionadas con el reajuste de
asignaciones de retiro de soldados profesionales para efectos de que dicha información
sirva de soporte probatorio que habilite la intervención del juez de tutela en el análisis de
legalidad del Decreto 1794 de 2000 sobre el régimen salarial y prestacional de los
soldados profesionales.

2) En lo referente a esta pretensión basta con indicar que los demandantes no aportaron
pruebas que demostraran que acudieron de manera directa a cada una de las
autoridades demandadas para presentar una petición o solicitud destinada a obtener la
información que ahora requieren por esta vía de tutela, por lo que frente al particular la
Sala advierte la ausencia de un hecho vulnerador que sea susceptible de amparo.

3) En consecuencia se negarán las pretensiones de las acciones de tutela en contra de
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Presidente de la República, el
Ministro de Defensa Nacional, la Ministra de Trabajo y el Defensor del Pueblo.

3.3. La improcedencia de la pretensión dirigida a que esta Corporación profiera una
sentencia de unificación.

1) Para resolver esta pretensión de la acción de tutela basta con señalar que los
demandantes no acreditaron el cumplimiento de los presupuestos legales para que se
dicte una sentencia con fines de unificación de acuerdo con lo consagrado en el artículo
271 del CPACA.

2) De acuerdo con esa disposición normativa, esta Corporación puede asumir el
conocimiento de asuntos que ameriten la expedición de una decisión que unifique
jurisprudencia, pero es un requisito indispensable para ello que la autoridad tenga
conocimiento del asunto dentro del trámite procesal correspondiente.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-06406-00
Actores: Diomedes Cárdenas y otros
Acción de tutela

3) En gracia de discusión, se debe destacar que la figura sobre la cual los actores
pretenden que se expida una sentencia de unificación ya fue materia de análisis por parte
de la Sección Segunda del Consejo de Estado en fallo de 25 de abril de 2019 dentro del
proceso con radicación no. 85001333300220130023-01 (1701-16), y en esa providencia
se unificó el criterio de la Corporación al respecto y se definieron reglas relacionadas con
la asignación de retiro de soldados profesionales.

4) Como corolario de lo expuesto deberá declararse improcedente esa pretensión
concreta de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Decláranse improcedentes las pretensiones de la acción de tutela dirigidas a
cuestionar la legalidad de los actos administrativos que ordenaron el reconocimiento y
pago de la asignación de retiro del señor Diomedes Cárdenas, a que se modifique el
Decreto 1794 de 2000 y a que esta Corporación profiera una sentencia con fines de
unificación, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

2º) Niéganse las demás pretensiones de la acción de tutela.

3º) Niégase la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.

4º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

5º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-06406-00
Actores: Diomedes Cárdenas y otros
Acción de tutela

6°) Una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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