Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06413-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Improcedente el amparo: no cumple con el requisito general de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06413-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-06413-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
23 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06413-00
Accionante: AMPARO QUINTERO HERNANDEZ
Accionado: SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN «B» DEL CONSEJO DE ESTADO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – SE DECLARA
IMPROCEDENTE EL AMPARO – No cumple con el requisito general de
procedencia de relevancia constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Amparo Quintero
Hernández contra la Sección Segunda Subsección «B» del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La señora Amparo Quintero Hernández solicitó la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, el debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, al trabajo y a la seguridad social cuya vulneración le atribuyó a la
sentencia de 9 de marzo de 2023, proferida por la Sección Segunda Subsección
«B» del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
18001-23-40-000-2018-00064-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:
2.1. Mencionó que nació el 9 de abril de 1961 y para el año 2016 tenía 55 años.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Amparo Quintero Hernández
2.2. Indicó que ha laborado por más de 20 años.
2.3. Precisó que el 20 de septiembre de 2017 presentó derecho de petición ante la
Secretaría de Educación del Municipio de Florencia solicitando el reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación, entidad que negó su solicitud mediante la
Resolución núm. 0106 de 17 de enero de 2018.
2.4. Expresóque, con base en lo anterior, promovió la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho núm. 18001-23-40-000-2018-00064-00/01 en contra
de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, en adelante UGPP, para que se
declarara la nulidad de la Resolución núm. 0106 de 2018 y se le reconociera su
pensión de jubilación.
2.5. Refirió
que el asunto le correspondió al Tribunal Administrativo del Caquetá,
autoridad judicial que, mediante sentencia de 1° de septiembre de 2020, negó las
pretensiones de la demanda porque no hacía parte del régimen de transición
contemplado en la Ley 100 de 23 de diciembre de 19931.
2.6. Mencionó que contra el fallo de primera instancia presentó recurso de apelación,
el cual fue desatado por la Sección Segunda Subsección «B» del Consejo de
Estado, a través de la sentencia de 9 de marzo de 2023, mediante la cual se
confirmó la decisión de primera instancia.
2.7. Señaló que la sentencia proferida por la Subsección «B» de la Sección Segunda
del Consejo de Estado incurrió en una decisión sin motivación, en un
desconocimiento del precedente, en un defecto sustantivo y en una violación directa
de la Constitución.
2.8. Como fundamento de la decisión sin motivación, manifestó que se incurrió en
dicha causal de procedibilidad porque la sentencia omitió: i) el precedente
jurisprudencial de esta Corporación, según el cual «[…] los docentes deben estar
inmersos en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 para que les sea
aplicable la Ley 71 de 1988, para efectos del reconocimiento de la pensión de
jubilación por aportes […]»;y ii) el precedente judicial que trata de «[…] los
periodos laborados como docente bajo la modalidad de contratos u OPS para el
servicio público de educación […]».
2.9. En cuanto al defecto sustantivo, indicó que: i) se dejaron de aplicar las normas
que establecen que a los docentes del magisterio no les resulta aplicable el
régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; y ii) se
desconocieron los tiempos laborados como docente a través de contratos de
prestación de servicios.
1 «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».
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Accionante: Amparo Quintero Hernández
2.10. Sobreel desconocimiento del precedente jurisprudencial, manifestó que la
providencia cuestionada transgredió las reglas jurisprudenciales contenidas en las
sentencias de unificación de 28 de agosto de 20182 y 25 de abril de 20193, según
las cuales a los docentes no se les puede aplicar el artículo 36 de la Ley 100 de
1993.
2.11. Frente a la violación directa de la Constitución, precisó que se vulneraron sus
derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y
a la seguridad social porque se desconoció el tiempo laborado mediante contrato
de prestación de servicios.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
«[…] PRIMERA. - DECLARAR que, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, expediente No. 18001-23-40-000-2018-00064-
01, CONSEJO DE ESTADO- SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”
Magistrado Ponente Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS, al confirmar la
sentencia del 01 de septiembre de 2020 emitida por el Tribunal Administrativo
de (sic) Caquetá, se (sic) vulneraron a la señora AMPARO QUINTERO
HERNÁNDEZ los derechos fundamentales a: la igualdad frente a la aplicación
de la ley y el bloque de jurisprudencia relacionada con la pensión de jubilación
por aportes, los derechos adquiridos con arreglo a la ley, al trabajo, el acceso
a la administración de justicia, el debido proceso judicial, el derecho a la
seguridad social, la seguridad jurídica y demás derechos constitucionales que
resulten del estudio y análisis de los hechos que fundamentan la acción.
SEGUNDA. - En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS LEGALES la
sentencia de segunda instancia emitida por El CONSEJO DE ESTADO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “B” fechada el 09 de marzo de 2023 y
notificada el 25 de abril del mismo año.
TERCERA. - En su lugar, ORDENAR a la Corporación Judicial accionada
para que realice los trámites procesales pertinentes encaminados a dictar
sentencias fundamentadas en la normatividad vigente, valorando en plenitud
las pruebas aportadas y la línea jurisprudencial vigente contenidas entre
otras, en la sentencia unificación del 28 de agosto de 2018 proferida por el
Consejo de Estado. De esta forma se ordene el reconocimiento de la pensión
de jubilación a la que tiene derecho la accionante bajo el marco legal de la
Ley 71 de 1988, pensión que debe ser efectiva a partir de la constitución del
status pensional […]». (Negrilla original del texto)
2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Plena. Rad. núm.: 2012-00143-01, C.P.
César Palomino Cortés.
3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Plena. Rad. Núm. 2015-00569-01, C.P.
César Palomino Cortés.
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Accionante: Amparo Quintero Hernández
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 20 de octubre de 2023, el Despacho a cargo de la
sustanciación del proceso de esta Sección admitió la presente acción de tutela.
Asimismo, se vinculó en calidad de tercero con interés en las resultas del proceso
a la Nación-Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio - FOMAG, a la sociedad Fiduprevisora S.A., al Municipio
de Florencia y al Tribunal Administrativo del Caquetá.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las
vinculadas, se allegaron los siguientes informes:
5.1. La sociedad Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora del
Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, rindió informe en el que manifestó que la argumentación de la parte
accionante era «[…] exigua […]» en relación con la configuración de las causales
genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales y que: «[…] el mecanismo tutelar se est[aba] utilizando con
el ánimo de invalidar actuaciones procesales realizadas […]» en el marco de un
proceso judicial.
5.2. Indicóque la presente tutela era improcedente porque las autoridades
judiciales que conocieron el proceso contencioso administrativo actuaron en
debida forma y respetando el derecho fundamental al debido proceso de las
partes. Asimismo, solicitó su desvinculación del presente proceso.
5.3. El Ministerio de Educación Nacional, a través de apoderado judicial, refirió
que en el presente caso «no se demuestra que las vulneraciones a las garantías
procesales y fundamentales invocadas comprometan gravemente la existencia o
supervivencia del accionante». Adicionalmente, señaló que la controversia
planteada en esta sede constitucional era de naturaleza meramente económica.
5.4. Mencionó que de los argumentos expuestos en el escrito de amparo no se
observa que el asunto tenga relevancia constitucional.
5.5. ElMunicipio de Florencia, a través de apoderada judicial, señaló que «la
accionante no cumplió con los requisitos establecidos en la Ley 100 de 1993 y la
Ley 797 de 2003, para aplicar al régimen de transición pensional», motivo por el
cual le fueron negadas las pretensiones de la demanda.
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Accionante: Amparo Quintero Hernández
5.6. Solicitó se declare improcedente la acción de tutela debido a que no se probó
que en el trámite del proceso contencioso administrativo se hubiesen vulnerados
los derechos fundamentales de la accionante.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19914, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20155, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20216, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20197.
VI.2. Cuestión previa
7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por la sociedad Fiduprevisora S.A. en calidad
de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG.
8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la
Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20068, señaló lo siguiente:
«[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de
las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
4 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
5 «Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho».
6 «Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela».
7 «Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado».
8
Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. Exp. T-1412872, M.P. Jaime Araújo Rentería; de 30 de
noviembre de 2006.
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Accionante: Amparo Quintero Hernández
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar
los principios de legalidad y contradicción […]». (Negrilla fuera de texto)
9. Así las cosas, y teniendo en cuenta que la sociedad Fiduprevisora S.A. fue parte
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió
la sentencia que es objeto del presente mecanismo de amparo, la Sala considera
que a esta entidad sí le asiste el interés jurídico para ser vinculada a esta acción
constitucional, razón por la cual se denegará la solicitud de desvinculación
elevada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
VI.3. Problemas jurídicos
10. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá determinar:
b) Si la Sección Segunda Subsección «B» del Consejo de Estado vulneró los
derechos fundamentales de la parte actora, con ocasión de la sentencia de
9 de marzo de 2023, proferida dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con número único de radicación 18001-23-40-
000-2018-00064-00/01, por haber incurrido en una decisión sin motivación,
en un defecto sustantivo, en un desconocimiento del precedente y en una
violación directa de la Constitución.
11. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para
posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
12. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20129, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia
de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González.
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Accionante: Amparo Quintero Hernández
13. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el
proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al
juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial10, la sentencia C-590
de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico,
procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la
Constitución11.
16. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»12 que encaje en
dichos parámetros.
10 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado
Jorge Iván Palacio Palacio.
11
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera
absoluta, de jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento
establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o
da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o
inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y
ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y
jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado
por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de
manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política.
12 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado
Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
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Accionante: Amparo Quintero Hernández
17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
18. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.
VI.5. El caso concreto
19. La señora Amparo Quintero Hernández solicitó la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, el debido proceso, el acceso a la administración de
justicia, al trabajo y a la seguridad social cuya vulneración le atribuyó a la
sentencia de 9 de marzo de 2023, proferida por la Sección Segunda Subsección
«B» del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
18001-23-40-000-2018-00064-00/01.
20. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
en especial, el requisito de relevancia constitucional.
VI.5.1. Requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional
21. Respecto del requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira
en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental13 y no cuando
guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico
que deberán ser definidos por otras jurisdicciones14.
22. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales15, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o el núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces16.
13 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005, Exp. No. D-5428, M.P. Jaime Córdoba Triviño;
8 de junio de 2005.
14 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencias SU-439 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos; 13 de julio de 2017
y T-458 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; 29 de agosto de 2016.
15 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para
efectos de cuestionar el contenido de una decisión judicial.
16 Corte Constitucional. Sala Séptima. Sentencia T-102 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; 16 de
febrero de 2006. En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
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23. Así, en virtud a la relevancia constitucional de la controversia, como uno de
los requisitos generales de procedencia de la acción de amparo, sostuvo la Sala
Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación17, que:
«[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada
por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se
convierta en una tercera instancia.
El primer elemento dice (sic) relación con la carga argumentativa del actor
para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia
constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es
menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su
pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se
cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional […]». (Negrilla fuera del texto)
24. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202218
precisó, en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:
«[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
17 Consejo de Estado. Sala Plena. Expediente No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez;
5 de agosto de 2014.
18 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de
2022.
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Accionante: Amparo Quintero Hernández
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer
algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela
formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el
reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación
directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional
del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está
dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la
discusión definida ante los jueces ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y
explicativa rígida pues no se demuestra una grave violación de los
derechos fundamentales […]». (Negrilla original del texto y subrayado fuera
del texto)
25. Valgadestacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de
202319.
26. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la
19 Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses
Mosquera; 22 de marzo de 2023.
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Accionante: Amparo Quintero Hernández
mera legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial
que no involucre derechos fundamentales20.
27. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que, en el caso objeto de
estudio, la parte actora alega que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, al trabajo y a la seguridad social por haber incurrido, presuntamente, en
una decisión sin motivación, en un defecto sustantivo, en un desconocimiento del
precedente y en una violación directa de la Constitución.
28. Respecto de la decisión sin motivación, manifestó que se incurrió en dicha
causal de procedibilidad porque la sentencia omitió: i) el precedente
jurisprudencial de esta Corporación, según el cual «[…] los docentes deben estar
inmersos en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 para que les sea
aplicable la Ley 71 de 1988, para efectos del reconocimiento de la pensión de
jubilación por aportes […]»; y ii) el precedente judicial que trata de «[…] los
periodos laborados como docente bajo la modalidad de contratos u OPS para el
servicio público de educación […]».
29. En cuanto al defecto sustantivo, indicó que: i) se dejaron de aplicar las normas
que establecen que a los docentes del magisterio no les resulta aplicable el
régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; y ii) se
desconocieron los tiempos laborados como docente a través de contratos de
prestación de servicios.
30. Sobre el desconocimiento del precedente jurisprudencial, manifestó que la
providencia cuestionada transgredió las reglas jurisprudenciales contenidas en las
sentencias de unificación de 28 de agosto de 2018 y 25 de abril de 2019, según
las cuales a los docentes no se les puede aplicar el artículo 36 de la Ley 100 de
1993.
31. Frente a la violación directa de la Constitución, precisó que se vulneraron sus
derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, a
la seguridad social porque se desconoció el tiempo laborado mediante contrato de
prestación de servicios.
32. En criterio de la Sala, la presente acción de tutela no cumple con el requisito
general de procedencia de relevancia constitucional, por las siguientes razones:
20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01,
C.P. Guillermo Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre
de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17
de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
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Accionante: Amparo Quintero Hernández
(i) el debate planteado no se hizo desde una óptica constitucional y (ii) la parte
actora pretende utilizar este mecanismo como una tercera instancia y busca
reabrir la discusión que fue resuelta por el juez de lo contencioso administrativo.
33. A partir de la expedición de la sentencia de unificación SU-215 de 202221 esta
Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto supere
el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la discusión
planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para ello es
necesario que el accionante motive suficientemente las razones por las que
considera que la decisión judicial le ocasiona una «afectación desproporcionada a
sus derechos fundamentales».
34. En este caso, se aprecia que la discusión expuesta por la parte actora gira en
torno al régimen aplicable para el reconocimiento y pago de una pensión de
jubilación. Este debate fue analizado por el juez natural de la causa en sede
contenciosa administrativa. En efecto, en la sentencia de 9 de marzo de 2023, se
puede observar que la Subsección «B» de la Sección Segunda de esta
Corporación estudió los puntos expuestos en esta instancia constitucional:
«[…] 2.2. Problema jurídico
(…)
Para el efecto se analizará (i) si Amparo Quintero Hernández es beneficiaria
del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y
(ii) si, en consecuencia, le es aplicable el régimen pensional normado en la
Ley 71 de 1988 por acreditar tiempos privados ajenos a la docencia y públicos
en tal condición.
(…)
2.4. Caso Concreto
[…] [E]sta Sala encuentra que la demandante para el 1 de abril de 1994,
(fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993) acreditaba 32 años y se
desempeñó en el sector privado y público por más de 30 años, de los cuales
13 fueron como docente oficial, iniciando el 15 de julio de 1981.
(…)
Puestas, así las cosas, se tiene que la señora Amparo Quintero Hernández
no es beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, dado que; como ya se analizó, solo acreditaba 32 años y un tiempo de
servicios de 13 años 2 meses y 17 días al momento de la entrada en vigencia
de dicha norma; razón por la cual su reconocimiento pensional es
improcedente en los términos de lo normado en el canon Ley 71 de 1988
y el Decreto 2709 de 1994.
21 Corte Constitucional. Sala Plena. Exp. T-8.497.337, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06413-00
Accionante: Amparo Quintero Hernández
De manera que, se tendrán en cuenta solo los tiempos servidos antes del 1
de abril de 1994, con el fin de establecer si en esa fecha acreditaba los 15
años de servicios exigidos por la Ley:
Entidad Tiempo
Secretaria de Educación Departamental 15/07/1981
a
30/11/1981
Ana Silvia Quiroga 02/09/1980
a
01/06/1981
Sin nombre 01/03/1982
a
30/06/1982
Hogar infantil San j 01/07/1982
a
01/04/1994
Total tiempo de servicios: (4.754) equivalentes a 13 años, 0 meses y 6 días.
Conforme lo anterior, la Sala precisa que al 1 de abril de 1994 la actora
acreditaba 13 años, 0 meses y 6 día de servicio; por lo que, la decisión del
a quo fue acertada; pues, aquella no cumplió con el requisito de los 15 años
de servicios a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993; de modo que, no
tiene derecho a beneficiarse del régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la citada Ley; y, en consecuencia, tampoco le es aplicable
el régimen pensional previsto en la Ley 71 de 1988. Ello, máxime que a 1
de abril de 1994 solo tenía 32 años.
Por ende, al establecerse que no le asiste el derecho a la aplicación del
régimen pensional de las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988, es posible concluir
que el estudio para el reconocimiento de la pensión debe realizarse teniendo
en cuenta las disposiciones consagradas en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003. Sumado a que, es innecesario hacer el estudio pensional de las 750
semanas cotizadas de que trata el Acto legislativo 01 de 2005, al no ser
beneficiaria de la transición aludida.
Sumado a lo anterior, se precisa que los docentes vinculados al servicio
educativo a partir de la entrada en vigencia de la citada Ley 812 de 2003,
están amparados por el régimen de prima media descrito en la ya referida Ley
100 de 1993, mientras que a los nombrados con anterioridad se les
continuaría aplicando la Ley 91 de 1989; criterio que fue ratificado por el
parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005.
Así también, que el tiempo laborado por la demandante a través de órdenes
de prestación de servicios debe computarse para efectos pensionales y sólo
para el cumplimiento del requisito de tiempo de servicio exigido por el régimen
pensional que le resulte aplicable - precisamente en aplicación del principio
de primacía de la realidad que reclama -, mas no para asumir que por ese
hecho se declaró la existencia de una relación legal y reglamentaria como
referente funcional de la actividad docente.
Con todo eso, la Sala no pasa por alto el motivo de disenso del apelante, y si
en gracia de discusión se aceptara la vinculación de la docente a partir del 4
de febrero de 1981; lo cierto es, que desde esta fecha y hasta el 1 de abril
de 1994 tampoco se logra acreditar los 15 años de servicio que exige el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993; dado que, solo reúne 13 años, 1 mes y
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Accionante: Amparo Quintero Hernández
26 días; y siendo ello así, lo que sigue es confirmar la sentencia apelada
[…]». (Negrilla fuera del texto)
35. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta
sede constitucional fue analizado por la Subsección «B» de la Sección Segunda
del Consejo de Estado y no se observa que la decisión proferida en sede
contenciosa administrativa hubiese sido arbitraria o se hubiesen desconocidos los
derechos fundamentales de la parte actora en el trámite del medio de control.
36. De hecho, lo que se aprecia es que el juez analizó las normas que se aducen
desconocidas y concluyó que no se logró acreditar la edad y el tiempo de
servicios mínimos requeridos para acceder al régimen de transición, porque al
momento de entrar en vigencia de la Ley 100 de 1993 -esto es el 1° de abril de
1994- la accionante tenía 32 años de edad y 13 años y 6 días de servicio, razón
por la cual el reconocimiento pensional era improcedente en los términos de la
Ley 71 de 19 de diciembre de 198822 y el Decreto 2709 de 13 de diciembre de
199423.
37. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de «tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado»24.
38. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este
«mecanismo de amparo constitucional» no puede ser «utilizado indebidamente
como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de
interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial»; ya que en «el
marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las decisiones de los
jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos»25. En esa
medida, «[s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara arbitrariedad
judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra providencias
judiciales»26.
39. Aunado a lo anterior, no se puede pasar por alto que esta acción constitucional
se encuentra dirigida contra una decisión dictada por una de las Salas de
Decisión que integran esta alta Corte, por lo que la procedencia de la acción de
tutela es más restrictiva debido a que «[…] solo tiene cabida cuando la decisión
riñe de manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con
la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límite
22 «[P]or la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones».
23 «[P]or el cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 71 de 1988».
24 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de
2022.
25 Ibidem.
26 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo
Schlesinger; 5 de febrero de 2021.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-06413-00
Accionante: Amparo Quintero Hernández
de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad […]»27. Estas circunstancias no se observan en el caso objeto
de estudio.
40. Conforme a lo anotado, la Sala declarará improcedente la presente acción de
tutela por no cumplir con el requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la sociedad
Fiduprevisora S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: NOTIFICAR este fallo por el medio más expedito, en los términos de
los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
27 Corte Constitucional, Sentencia SU-917 de 2010, reiterada en sentencias 050 y 573 de 2017.
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Accionante: Amparo Quintero Hernández
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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