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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06413-01

Fecha
29 de enero de 2024
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06413-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela presentada por la señora Amparo Quintero Hernández por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-06413-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

29 de enero de 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintinueve (29) de enero de dos mil veinticuatro (2024).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2023-06413-01
Demandante: AMPARO QUINTERO HERNÁNDEZ
Demandado: SECCIÓN PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. SE DECLARA
IMPROCEDENTE EL AMPARO POR NO CUMPLIR CON EL
REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.

Síntesis del caso: la demandante consideró que la autoridad judicial demandada vulneró sus
derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a administración
de justicia, puesto que no se aplicó el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto, a su juicio,
incurrió en los defectos sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del
precedente judicial. Sin embargo, la Sala confirmará la providencia de primera instancia que
declaró improcedente el amparo por falta de relevancia constitucional, por cuanto el interés de la
actora es emplear este mecanismo como una instancia adicional al proceso ordinario.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia
de 23 de noviembre de 2023 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado
mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la sociedad
Fiduprevisora S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: NOTIFICAR este fallo por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. (archivo
disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI- negrillas y
mayúsculas del original).

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-06413-01
Demandante: Amparo Quintero Hernández
Acción de tutela – Impugnación fallo

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

El 10 de octubre de 2023, la señora Amparo Quintero Hernández presentó acción de
tutela en contra de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado con
el fin de que se protegieran sus derechos constitucionales fundamentales del debido
proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia y, por tanto, se acceda a las
siguientes súplicas:

“PRIMERO: - DECLARAR que, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, expediente No. 18001-23-40-000-2018-00064-
01, CONSEJO DE ESTADO- SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”
Magistrado Ponente Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS, al confirmar la
sentencia del 01 de septiembre de 2020 emitida por el Tribunal Administrativo
de Caquetá, se vulneraron a la señora AMPARO QUINTERO HERNÁNDEZ los
derechos fundamentales a: la igualdad frente a la aplicación de la ley y el bloque
de jurisprudencia relacionada con la pensión de jubilación por aportes, los
derechos adquiridos con arreglo a la ley, al trabajo, el acceso a la administración
de justicia, el debido proceso judicial, el derecho a la seguridad social, la
seguridad jurídica y demás derechos constitucionales que resulten del estudio
y análisis de los hechos que fundamentan la acción.

SEGUNDO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS LEGALES la sentencia
de segunda instancia emitida por El CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN
SEGUNDA SUBSECCIÓN “B” fechada el 09 de marzo de 2023 y notificada el
25 de abril del mismo año.

TERCERO: En su lugar, ORDENAR a la Corporación Judicial accionada para
que realice los trámites procesales pertinentes encaminados a dictar sentencias
fundamentadas en la normatividad vigente, valorando en plenitud las pruebas
aportadas y la línea jurisprudencial vigente contenidas entre otras, en la
sentencia unificación del 28 de agosto de 2018 proferida por el Consejo de
Estado. De esta forma se ordene el reconocimiento de la pensión de jubilación
a la que tiene derecho la accionante bajo el marco legal de la Ley 71 de 1988,
pensión que debe ser efectiva a partir de la constitución del status pensional.

2. Hechos

Como fundamento fáctico de la acción ejercida la parte demandante señaló, en síntesis,
lo siguiente:

1) La señora Amparo Quintero Hernández se vinculó como docente oficial a partir del 4
de febrero de 1981.

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Demandante: Amparo Quintero Hernández
Acción de tutela – Impugnación fallo

2) Desde el 12 de marzo de 2001 hasta el 7 de octubre de 2003, laboró mediante órdenes
de prestación de servicio para el departamento del Caquetá, vinculaciones que, según
asegura, corresponden a una verdadera relación laboral que debe ser reconocida, pues
si bien los efectos prestacionales se encuentran prescritos, no ocurre lo mismo con los
pensionales, pues estos deben ser tenidos en cuenta.

3) Posteriormente, la accionante fue vinculada como docente provisional al servicio del
municipio de Florencia-Caquetá, a partir del 28 de septiembre de 2003 hasta la fecha en
la cual se interpuso la acción de tutela.

4) La actora cotizó ante el ISS, hoy COLPENSIONES, entre el 2 de septiembre de 1980
y el 31 octubre de 2003, para una totalidad de 1.074 semanas provenientes del sector
privado.

5) Como prestó sus servicios antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 es claro
que quedó excluida del régimen general de pensiones, pues es beneficiaria el régimen
especial de docentes con la consecuente posibilidad de acceder a una pensión por
aportes.

6) El 20 de septiembre de 2007, elevó derecho de petición ante la Secretaría de
Educación Municipal de Florencia en la que solicitó el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación, sin embargo, mediante la Resolución No. 0106 de 17 de enero de
2013 la entidad le negó dicha petición.

7) Por consiguiente, presentó demanda de nulidad y restablecimiento de derecho en
contra de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, en adelante UGPP, para que
se declarara la nulidad de esa resolución y, en su lugar, se le reconociera la pensión de
jubilación.

8) El Tribunal Administrativo de Caquetá, mediante sentencia de 1 de septiembre de
2020, negó las pretensiones porque la actora no hacía parte del régimen de transición
contemplado en la Ley 100 de 23 de diciembre de 1993, por lo cual la prestación debía
ser analizada con base en dicho cuerpo normativo y la Ley 797 de 2003.

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Demandante: Amparo Quintero Hernández
Acción de tutela – Impugnación fallo

9) La actora interpuso recurso de apelación1, el cual conoció la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, quien confirmó la decisión de primera instancia,
porque la actora solo acreditó 32 años de edad y un tiempo de servicio de 13 años, 2
meses y 17 días al momento de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993; asimismo,
indicó que “si en gracia de discusión se aceptara la vinculación de la docente a partir del
4 de febrero de 1981; lo cierto es, que desde esta fecha y hasta el 1 de abril de 1994
tampoco se logra acreditar los 15 años de servicio que exige el artículo 36 de la Ley 100
de 1993; dado que, solo reúne 13 años, 1 mes y 26 días; y siendo ello así, lo que sigue
es confirmar la sentencia apelada”.

3. El fundamento de la vulneración

La parte demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la administración
de justicia, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos sustantivo, decisión sin
motivación, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente judicial.

En cuanto al defecto sustantivo indicó que se dejaron de aplicar las normas que
establecen que a los docentes del magisterio no les resulta aplicable el régimen de
transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y que no se tuvieron en
cuenta los tiempos laborados como docentes a través de contratos de prestación de
servicios.

Para sustentar la decisión sin motivación adujo que se desconoció el precedente según
el cual los docentes deben estar “inmersos en el régimen de transición de la Ley 100 de
1993 para que les sea aplicable la Ley 71 de 1988, para efectos del reconocimiento de la
pensión de jubilación por aportes” y el que dispone que los periodos laborados mediante
contratos deben ser valorados para efectos pensionales.

Frente a la violación directa de la Constitución señaló que la autoridad judicial demandada
vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, acceso a la administración de justicia

1 En el cual cuestionó que no le eran aplicables las normas posteriores a la Ley 100 y 812 de 2003, sino la

Ley 71 de 1988, por cuanto los docentes cuentan con un régimen especial y ella laboró desde 1981, esto
es, con anterioridad a la entrada de las referidas normas, de ahí que debía tenérsele en cuenta el tiempo
que estuvo vinculada mediante órdenes de prestación de servicios y, en consecuencia, reconocérsele la
pensión.

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Demandante: Amparo Quintero Hernández
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y seguridad social, porque se desconoció el tiempo laborado mediante contratos de
prestación de servicios.

Por último, adujo que se desconoció el precedente judicial puesto que se transgredieron
las reglas jurisprudenciales contenidas en las sentencias de unificación de 28 de agosto
de 20182 -la que inclusive es del mismo magistrado ponente de la sentencia cuestionada,
25 de abril de 20193 y 6 de septiembre de 2021 proferida por esta Subsección 4, en las
cuales se reconoció que a los docentes no se les puede aplicar el artículo 36 de la Ley
100 de 1993.

4. Actuación de primer grado

Mediante providencia de 20 de octubre de 2023, la Sección Primera de esta Corporación
admitió la acción de tutela, ordenó notificar a los magistrados de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional
– Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, a la sociedad
Fiduprevisora SA, al Municipio de Florencia y al Tribunal Administrativo del Caquetá, para
que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

5. Sentencia de primera instancia

La Sección Primera de esta Corporación en sentencia de 23 de noviembre de 2023
declaró improcedente el amparo invocado por el incumplimiento de relevancia
constitucional, dado que los argumentos invocados por la parte actora ya habían sido
resueltos en el proceso ordinario y el interés de la actora era someter su pleito a una
nueva instancia.

6. Impugnación

La parte demandante presentó impugnación contra el fallo de primera instancia,
concedida en auto del 18 de diciembre de 2023.

2 Consejo de Estado, Sala Plena, exp. no. 2012-00143-01.

3 Consejo de Estado, Sala Plena, exp. no. 2015-00569-01.

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, exp. no. 2021-03766-00 (AC).

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Demandante: Amparo Quintero Hernández
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Manifestó que la acción de tutela se declaró improcedente por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, lo cual no comparte, puesto que en el escrito de
tutela se indicó que se desconocieron las excepciones normativas que establecen que a
los docentes del magisterio no se les puede aplicar el régimen de transición contemplado
en el articulo 36 de la Ley 100 de 1993 y se excluyó el tiempo laborado a través de
prestación de servicios, con lo cual se vulneraron sus derechos fundamentales a la
igualdad, acceso a la administración de justicia, seguridad social, lo cual torna “loable” la
procedibilidad de la acción.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

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Demandante: Amparo Quintero Hernández
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2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional a
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado con el fin de que se
protejan los derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad y
acceso a la administración de justicia presuntamente vulnerados con ocasión de
sentencia del 23 de noviembre de 2023, mediante la cual se negaron las pretensiones de
la demanda con la que la actora pretendía el reconocimiento de una pensión, por cuanto,
a su juicio, incurrió en los defectos sustantivo, decisión sin motivación, violación directa
de la Constitución y desconocimiento del precedente judicial.

En los términos en los que fue propuesta la controversia la Sala declarará improcedente
la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional porque
todos sus planteamientos se dirigieron de manera exclusiva a discutir argumentos que ya
fueron debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del proceso ordinario,
por las razones que procederán a exponerse:

1) En su memorial de amparo la parte actora alegó que se desconocieron las normas
especiales y el precedente jurisprudencial en la materia, según el cual, la situación
jurídica de los docentes se rige por la Ley 71 de 1988 y no por la Ley 100 de 1993 ni las
disposiciones posteriores a la Ley 812 de 2003, pues ellos cuentan con un régimen
especial.

2) Asimismo, adujo que se desconoció que si bien buena parte de su vinculación se dio
a través de contratos de prestación de servicios, en todo caso dichos periodos fueron
laborados y deben tenerse en cuenta para efectos pensionales, de ahí que tenga derecho
al reconocimiento de la pensión.

3) Sin embargo, de entrada, para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la
interposición de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos
que fueron debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, con miras a que se admitiera que, con base en el
precedente de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, la actora tenía derecho a
una pensión y que la misma no podía regirse por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, sino
en las normas especiales que rigen para los docentes.

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Demandante: Amparo Quintero Hernández
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4) En efecto, en el recurso de apelación presentado contra la providencia de primera
instancia la actora alegó, en los mismos términos que ahora pretende, que se le
reconociera la pensión con base en las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, esto es,
la Ley 71 de 1988, pues quienes se vincularon con anterioridad a la Ley 812 de 2013 -
como es su caso pues prestó sus servicios desde 1981- cuentan con un régimen especial,
como lo ha reconocido la jurisprudencia tanto del Consejo de Estado como de la Corte
Constitucional; además, también señaló que debía tenerse en cuenta todo el tiempo que
laboró mediante órdenes de prestación de servicios.

5) Tales reparos fueron abordados por la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación en la sentencia cuestionada, quien consideró que a la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993 la actora no tenía ni la edad ni el tiempo requerido para ser
beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de dicho cuerpo legal, en
los siguientes términos -se transcribe in extenso-:

“De esta manera, se exceptúan de la aplicación de la Ley 100 de 1993, algunos
sectores que tienen normas especiales, entre los cuales se encuentra el
Magisterio cuyas prestaciones se gobiernan por lo dispuesto en la Ley 91 de 1989.

(…).

De lo anterior se tiene que a los docentes nacionales vinculados a partir del 1º de
enero de 1990, se les reconoce una pensión de jubilación bajo el régimen general
pensional del sector público, que estuvo regulado por los Decretos 3135 de 1968,
1848 de 1969 y 1045 de 1978. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta
el 31 de diciembre de 1989, el reconocimiento se efectúa de conformidad con el
régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial, de
conformidad con las normas vigentes.

(…).

Bajo la narrativa expuesta, el régimen prestacional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial, es el
establecido para el magisterio en las normas vigentes con anterioridad al 27 de
junio de 2003, fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 del 2003, que no es otro
que el dispuesto en la Ley 33 de 1985, “por la cual se dictan algunas medidas en
relación con las cajas de previsión y con las prestaciones sociales para el sector
público”.

(…).

Acorde con esto, se tiene que a los maestros nacionales, nacionalizados y
territoriales regidos por la Ley 33 de 1985, se les debe liquidar su pensión con el
75% de los factores que hayan servido de base para calcular los aportes durante
el último año de servicio, tratamiento pensional aplicable para estos, siempre y
cuando hayan servido durante su vida laboral como docentes oficiales por 20 años
continuos o discontinuos y lleguen a la edad de 55 años de servicios.

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Demandante: Amparo Quintero Hernández
Acción de tutela – Impugnación fallo

En consecuencia, se puede establecer que el régimen jurídico aplicable a los
docentes oficiales para el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación,
vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha de expedición de la Ley
812 de 2002, es el dispuesto en la Ley 33 de 1985, siempre y cuando acrediten
con el cumplimiento de los requisitos vistos con anterioridad.

(…).

Ahora bien, teniendo en cuenta los aspectos facticos (sic) enunciados con
anterioridad los cuales no se encuentran en discusión, esta Sala encuentra que la
demandante para el 1 de abril de 1994, (fecha de entrada en vigor de la Ley 100
de 1993) acreditaba 32 años y se desempeñó en el sector privado y público por
más de 30 años, de los cuales 13 fueron como docente oficial, iniciando el 15 de
julio de 1981.

Puestas, así las cosas, se tiene que la señora Amparo Quintero Hernández no es
beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dado
que; como ya se analizó, solo acreditaba 32 años y un tiempo de servicios de 13
años 2 meses y 17 días al momento de la entrada en vigencia de dicha norma;
razón por la cual su reconocimiento pensional es improcedente en los términos de
lo normado en el canon Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994.

De manera que, se tendrán en cuenta solo los tiempos servidos antes del 1 de
abril de 1994, con el fin de establecer si en esa fecha acreditaba los 15 años de
servicios exigidos por la Ley:

Entidad Tiempo
Secretaria de Educación 15/07/1981
Departamental a
30/11/1981
Ana Silvia Quiroga 02/09/1980
a
01/06/1981
Sin nombre 01/03/1982
a
30/06/1982
Hogar infantil San j 01/07/1982
a
01/04/1994
Total tiempo de servicios: (4.754) equivalentes a 13 años, 0
meses y 6 días.

Conforme lo anterior, la Sala precisa que al 1 de abril de 1994 la actora acreditaba
13 años, 0 meses y 6 día de servicio; por lo que, la decisión del a quo fue acertada;
pues, aquella no cumplió con el requisito de los 15 años de servicios a la entrada
en vigor de la Ley 100 de 1993; de modo que, no tiene derecho a beneficiarse del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la citada Ley; y, en
consecuencia, tampoco le es aplicable el régimen pensional previsto en la Ley 71
de 1988. Ello, máxime que a 1 de abril de 1994 solo tenía 32 años.

Por ende, al establecerse que no le asiste el derecho a la aplicación del régimen
pensional de las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988, es posible concluir que el estudio
para el reconocimiento de la pensión debe realizarse teniendo en cuenta las
disposiciones consagradas en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Sumado a
que, es innecesario hacer el estudio pensional de las 750 semanas cotizadas de
que trata el Acto legislativo 01 de 2005, al no ser beneficiaria de la transición
aludida.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-06413-01
Demandante: Amparo Quintero Hernández
Acción de tutela – Impugnación fallo

(…)
Con todo eso, la Sala no pasa por alto el motivo de disenso del apelante, y si en
gracia de discusión se aceptara la vinculación de la docente a partir del 4 de
febrero de 1981; lo cierto es, que desde esta fecha y hasta el 1 de abril de 1994
tampoco se logra acreditar los 15 años de servicio que exige el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993; dado que, solo reúne 13 años, 1 mes y 26 días; y siendo ello
así, lo que sigue es confirmar la sentencia apelada.”.

6) Por consiguiente, para la Sala es evidente que, como lo afirmó el a quo constitucional
en la sentencia impugnada, el interés de la actora es revivir la discusión del proceso
ordinario y emplear la tutela como una tercera instancia para oponerse a la decisión de
su juez natural, sin que se aprecie la existencia de un debate constitucional que impacte
los derechos y garantías constitucionales fundamentales de la actora.

7) En este caso es claro que la accionada explicó con claridad las razones que la llevaron
a negar el reconocimiento de la pensión de la actora con base en la jurisprudencia y las
normas aplicables al caso, sin que la demandante haya logrado demostrar por qué el
debate que propone tiene una genuina relevancia desde el punto de vista constitucional.

8) Lo anterior cobra mayor sentido si se considera que la providencia cuestionada fue
expedida por una Alta Corte, eventos en los cuales el análisis de procedibilidad debe ser
mucho más riguroso en orden a establecer si se incurrió en una actuación a todas luces
arbitraria e ilegítima, como lo ha dispuesto la Corte Constitucional en los siguientes
términos:

“[L]la tutela en contra de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte,
exige valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación
arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos
fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los jueces
constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en estricto respeto a
la independencia de los jueces ordinarios.5”.

9) En esa medida, única y exclusivamente cuando se advierta prima facie que la
providencia proferida por un tribunal de cierre contiene una decisión abiertamente
incompatible con la Constitución -lo cual no ocurrió en este caso- la acción tutela será
procedente, sin que en ningún caso la mera diferencia de criterios constituya una razón
válida para justificar la intervención del juez constitucional, por cuanto:

5 Corte Constitucional, sentencia SU - 573 de 2019, CP Carlos Bernal Pulido.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-06413-01
Demandante: Amparo Quintero Hernández
Acción de tutela – Impugnación fallo

“La tutela contra providencias judiciales de las altas Cortes es más
restrictiva, en tanto: ‘sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con
la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y
límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal
entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los
demás eventos los principios de autonomía e independencia judicial, y
especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus
respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y
valoraciones probatorias aún cuando el juez de tutela pudiera tener una
percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión.6”.

10) Ese criterio ha sido recientemente reiterado en múltiples oportunidades y más
recientemente en la sentencia SU 215 de 2022 en donde se dijo lo siguiente:

“(…) En aras del respeto a los principios de autonomía e independencia judicial,
de la cosa juzgada y de la seguridad jurídica, la Corte también ha enfatizado el
carácter excepcional de la tutela contra providencias judiciales. Basada en lo
anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela se dirige en contra
de las providencias de las altas cortes, como órganos de cierre, su examen
sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente exigente pues la
sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación cualificada7.

Adicionalmente, y dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa
juzgada, “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”8. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, además de verificar el cumplimiento
de los requisitos generales y específicos de procedencia. Si el juez constata
alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que
amerite la intervención urgente del juez de tutela9. Así, por ejemplo, en las
sentencias SU-072 de 2018, SU-424 de 2021 y SU-149 de 2021 la Corte hizo
énfasis sobre la procedencia más restrictiva de la tutela contra providencias de
las altas cortes, en tanto sus decisiones, como órganos de cierre de las distintas
jurisdicciones, no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las
decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización
del principio de igualdad.”.

11) En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.

6 Sentencia SU-072 de 2018.

7 Sentencia SU-074 de 2022.

8 Sentencia SU-074 de 2022.

9 Sentencia SU-072 de 2018.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-06413-01
Demandante: Amparo Quintero Hernández
Acción de tutela – Impugnación fallo

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1°) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de
tutela presentada por la señora Amparo Quintero Hernández por el incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.

3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia de la misma.

4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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