Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06418-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06418-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-06418-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
8 de febrero de 2024
Demandante: Establecimiento de Sanidad Militar BAS06 de Ibagué
– Neila Robles Carrillo
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Rad: 11001-03-15-000-2023-06418-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente (E): LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06418-00
Demandante: ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 DE
IBAGUÉ- NEILA ROBLES CARRILLO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
Temas: Tutela contra providencia judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la demanda interpuesta por
Neila Robles Carrillo, en su calidad de subdirectora administrativa del
Establecimiento de Sanidad Militar BAS06 de Ibagué contra el Tribunal
Administrativo del Tolima, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la
Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991.
ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
Con escrito radicado el 18 de octubre de 2023 en la ventanilla virtual del Consejo
de Estado, el Establecimiento de Sanidad Militar BAS06 de Ibagué, a través de
la subdirectora administrativa de la entidad, ejerció acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Tolima con el fin de que le sean amparados sus
«derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia .»
La accionante consideró vulnerada la referida garantía constitucional, con
ocasión de la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 6
de octubre de 2023, mediante la cual se confirmó el auto del 28 de julio del mismo
año, que impuso a título de sanción a la mayor Neila Robles Carrillo una multa
equivalente a medio salario mínimo mensual vigente a favor del Tesoro Nacional,
Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.
En dicha providencia se le otorgó el término de 5 días para el pago de dicho valor
dentro del incidente de desacato con radicado 73001-23–33–001-2013-00276-
00, promovido por el señor Enrique Gómez Sánchez, en representación de su
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Demandante: Establecimiento de Sanidad Militar BAS06 de Ibagué
– Neila Robles Carrillo
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Rad: 11001-03-15-000-2023-06418-00
hija menor Xiomara Gómez García contra la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Dirección de Sanidad del Ejercito Nacional, Establecimiento de
Sanidad Militar Bas06 de Ibagué, Tolima.
En consideración de la accionante, sus garantías fundamentales se ven
afectadas puesto que, tras cumplir la orden del juez constitucional, este no
levantó la sanción impuesta en el desarrollo del incidente de desacato.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo del derecho
fundamental invocado y, en consecuencia, pidió:
DECLARAR que este ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ACATÓ EL
MANDATO JUDICIAL, entregando los dos audífonos a la paciente. Con base
a la anterior declaración se ordene al a quo que se levanten la sanción
impuesta en su totalidad. (…)
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para
la decisión que se adoptará en la sentencia:
Mediante sentencia del 21 de mayo de 20131, el Tribunal Administrativo del
Tolima resolvió la acción de tutela interpuesta por el señor Enrique Gómez
Sánchez, actuando como agente oficioso de su hija Xiomara Gómez García,
contra la Nación, Ejército Nacional, Dirección de Sanidad del Ejército Nacional y
el Establecimiento de Sanidad Militar BAS06 de Ibagué, amparando los derechos
fundamentales de la menor a la salud, a la vida y la seguridad social.
Por lo anterior ordenó a la entidad accionada la prestación integral del servicio
de salud a la demandante de acuerdo a lo ordenado por el médico tratante. Dicha
sentencia fue confirmada integralmente en segunda instancia a través de
providencia del 16 de diciembre de 2013.
Por estimar que se habían incumplido las órdenes judiciales, el 10 de diciembre
de 2022, el padre de Xiomara Gómez García informó que la accionada se había
negado a entregar uno de los audífonos bilaterales a su hija, a pesar de la
prescripción médica.
1
La parte resolutiva fue la siguiente: “(…)TERCERO: EXHORTAR al MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL
– DISPENSRIO MÉDICO BATALLÓN SEXTA BRIGADA, para que en lo sucesivo brinde la
atención integral en salud (v. gr. Consultas médicas, exámenes, tratamiento, procedimientos
quirúrgicos, suministro de medicamentos, hospitalización, etc.) a la joven XIOMARA GÓMEZ
GARCÍA, que sean ordenados por el médico tratante con miras a restablecer y garantizar el
tratamiento adecuado para la patología que padece.”(…)
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Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
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La autoridad judicial inició el incidente de desacato y requirió a la directora del
Establecimiento de Sanidad Militar BAS06, quien manifestó que «se requirieron en
dos oportunidades en fechas del 2 de agosto y 9 de noviembre de 2022 a la Junta de
Evaluación de Tecnologías y procedimientos, insumos, dispositivos y otros servicios
médicos de la Dirección General de Sanidad Militar (JETEP), pero se autorizó solo el
audífono derecho, y se negó el izquierdo debido a que había sido suministrado
menos de 5 años, por lo que no era viable su entrega conforme lo establecido en
el Acuerdo Nro. 002 de 2001.» (Negritas propias)
El 21 de febrero de 2023 se dio apertura formal al incidente de desacato contra
la Mayor Neila Robles Carrillo, en su calidad de directora del Establecimiento de
Sanidad Militar BAS06, al considerar que la orden médica del especialista era
clara al precisar que debían suministrarse los dos audífonos, por lo que no se
había dado cumplimiento al numeral tercero de la providencia, el cual ordenaba
tratamiento integral, debiéndose suministrar los servicios que fueran
debidamente prescritos para tratar la patología de la paciente Xiomara Gómez
García.
Así, la Mayor Robles Carrillo indicó que se habían prestado todos los servicios
médicos en forma integral, y, que no era posible suministrar el audífono izquierdo
debido a que el Acuerdo Nro. 002 de 2011 en el literal g) del artículo 10 se
establecía que solo se podían suministrar a los niños cada 2 años y adultos cada
5 años, además, si el audífono no funcionaba la paciente debía haber
comunicado para que se hiciera efectiva la garantía, por lo que no se le
suministraría, sino que debía la paciente proceder con el trámite de garantía.
El 10 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo del Tolima decidió el incidente
de desacato, en el que sancionó a la Mayor Neila Robles Carrillo con multa de
un salario mínimo mensual legal vigente como responsable del cumplimiento de
la orden de amparo en su calidad de directora del Establecimiento de Sanidad
Militar BAS06.
Lo anterior por cuanto, no se había entregado el audífono izquierdo a la paciente
a pesar que la prescripción médica ordenaba el cambio de los dos audífonos,
basado en exámenes médicos que demostraban que no funcionaba ese aparato.
Destacó que la negativa en el suministro del equipo médico requerido se debió a
una norma que no era aplicable a ese caso, «debido a que era una situación
particular por un daño del audífono previo al periodo de cambio, lo cual debía ser
tramitado a través de la garantía, proceso que estaba a cargo de la incidentada y que
no había evidencia que se hubiera iniciado, por lo que no podía por una limitante
administrativa negarse su suministro.»
Dicha providencia fue objeto del grado jurisdiccional de consulta, que fue resuelto
mediante providencia del 27 de abril de 20232, en el sentido de confirmar la
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Proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta.
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sanción impuesta al considerar que el derecho a la salud de la paciente
materializado en la prestación del servicio médico, no podía verse comprometido
en el trámite de garantía, máxime cuando el médico tratante manifestó que los
audífonos ya no funcionaban, pues más allá de que el establecimiento de sanidad
deba iniciar el trámite de garantía porque los aparatos aún no han cumplido su
vida útil, lo cierto era que no podía negarse la prestación integral del servicio bajo
ese argumento.
Tras la declaración del desacato y la imposición de la respectiva sanción, la
entidad de sanidad militar adelantó las gestiones correspondientes para cumplir
con la entrega de los dispositivos médicos requeridos por la paciente. De esta
manera, los audífonos le fueron entregados el 31 de marzo y el 12 de abril de
2023.
El 5 de mayo de 2023, la directora del Establecimiento de Sanidad Militar BAS06
presentó memorial ante el Tribunal Administrativo del Tolima en el que solicitó
que se inaplicara la sanción que le fue impuesta, bajo el entendido de que se
entregaron los insumos médicos en cumplimiento de la orden del juez
constitucional.
La solicitud de inaplicación de la sanción por desacato fue resuelta por el Tribunal
Administrativo del Tolima en auto del 28 de julio de 2023, en el que modificó la
multa disminuyéndola a medio salario mínimo mensual vigente. Para adoptar
dicha decisión consideró que la entrega de las prótesis auditivas no se surtió en
un plazo razonable sino tras nueve meses de insistencia en los cuales se
comprometió el derecho a la salud de la menor Xiomara Gómez. Esta providencia
no fue controvertida por las partes.
El señor Enrique Gómez presentó desistimiento del incidente de desacato ante
el Tribunal Administrativo del Tolima en el que pidió que se levantaran las
sanciones impuestas. Aunado a lo anterior, la actora radicó nueva petición para
que se diera por cumplida la orden y se le removiera la sanción impuesta.
El Tribunal Administrativo del Tolima resolvió, mediante auto del 6 de octubre de
2023, estarse a lo resuelto en la providencia del 28 de julio de la misma
anualidad. Dicha decisión obedeció a la consideración de que la solicitud sobre
el levantamiento de la sanción ya había sido resuelta en esa oportunidad sin que
se interpusiera recurso alguno.
1.4. Sustento de la vulneración
La parte accionante expuso que el Tribunal Administrativo del Tolima se equivocó
en su decisión vulnerando sus garantías fundamentales al desconocer el
precedente jurisprudencial. Indicó que, en el marco del incidente de desacato, el
renuente puede evitar la sanción siempre que cumpla con la orden del juez de
tutela.
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Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
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Para fundamentar esta afirmación citó las siguientes providencias:
Auto del 21 de enero de 2013 expediente No. 11001-0203000-2012-02908-00
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil.
Sentencia T-171 de 2009 Corte Constitucional.
Sentencia T-421 de 2003 Corte Constitucional.
Sentencia T-147 de 2010 Corte Constitucional.
Afirmó que la providencia mediante la cual el tribunal negó la solicitud de inaplicar
la sanción de desacato carece de motivación, ya que aseguró sin fundamento
alguno que la tardanza de nueve meses en la cual incurrió la entidad para
entregar los audífonos bilaterales afectó de manera grave el derecho
fundamental a la salud de la señora Xiomara Gómez.
1.5. Admisión de la demanda
Mediante auto de 30 de octubre de 2023 se: i) admitió la demanda; ii) ordenó
notificar al Tribunal Administrativo del Tolima como autoridad judicial accionada;
iii) vinculó, en calidad de terceros con interés, a la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Dirección de Sanidad del Ejercito Nacional y iv) ofició al Tribunal
Administrativo del Tolima para que allegara copia íntegra del expediente en el
cual se tramitó el incidente de desacato.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Tribunal Administrativo del Tolima
Mediante memorial remitido el 2 de noviembre de 2023 a la Secretaría General
de esta Corporación, la entidad solicitó que se declarara la improcedencia del
mecanismo de amparo.
Manifestó que la providencia objeto de la presente acción de tutela no fue
recurrida en el término legal por el accionante de forma que se encuentra
debidamente ejecutoriada. Agregó que esta se limitó a mantenerse en lo resuelto
en auto anterior, toda vez que el demandante pretendió reabrir una solicitud que
ya había sido resuelta por el Tribunal.
Señaló que la tutela no cumple con los requisitos establecidos por la Corte
Constitucional para su procedencia contra providencia judicial, ya que el
accionante no indicó ningún defecto en que incurriera el Tribunal. Por el contrario,
consideró que el auto “se sustentó en normas vigentes, aplicables al caso concreto y
conforme al material probatorio allegado al plenario, y mucho menos, existió una
indebida valoración probatoria, tal como lo anuncia el extremo activo de esta acción
constitucional.”
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Arguyó que la decisión judicial obedeció a la aplicación de la normativa jurídica y
jurisprudencial vigente sin que se incurriera en arbitrariedad alguna. Por tanto,
concluyó que lo que en realidad pretende el demandante es reabrir el debate
jurídico surtido en las instancias.
Los demás sujetos pese a haber sido debidamente notificados, no rindieron
informe.
1.6.2. Auto de mejor proveer
Con providencia del 15 de diciembre de 2023 se ordenó la vinculación como
tercero con interés del señor Enrique Gómez Sánchez, quien actuó en
representación de su hija menor Xiomara Gómez García al interior del proceso
73001-23-33-001-2013-00276-00/01.
1.7. Enrique Gómez Sánchez
Puso de presente que el Establecimiento de Sanidad Militar entregó los dos
audífonos a su hija Xiomara Gómez, por lo que ya se dio cumplimiento a la orden
de tutela «y por esos motivos deseo desistir del incidente de desacato, toda vez
que, al entregar los dos audífonos, logré lo pretendido»
Solicitó lo siguiente: «se INAPLIQUE toda sanción impuesta al Establecimiento
de Sanidad Militar Bas06 de Ibagué».
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por el Establecimiento de Sanidad Militar BAS06 de Ibagué de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley
2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021. Lo anterior, por cuanto la
acción de tutela se dirige contra el Tribunal Administrativo del Tolima.
2.2. Problema jurídico
Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas jurídicos que
subyacen al caso concreto son los siguientes:
¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial?
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Rad: 11001-03-15-000-2023-06418-00
De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:
¿El Tribunal Administrativo del Tolima vulneró los derechos al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia con ocasión de la
providencia del 6 de octubre de 2023, mediante la cual se dispuso
estarse a lo resuelto en providencia del 28 de julio de 2023, a través de
la cual se modificó el numeral segundo de la providencia del 10 de marzo
de 2023, reduciendo la sanción impuesta a la directora del
Establecimiento de Sanidad Militar BAS06, Mayor Neila Robles Carrillo?
Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencia judicial; ii) la evolución jurisprudencial del tema
referente a la procedencia de la acción de tutela contra los autos que resuelven
el incidente de desacato; iii) de los requisitos generales de procedibilidad de
tutela contra providencia judicial; iv) análisis del caso en concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 3
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema4 y declaró
su procedencia.5
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere
la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez; y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse
el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
3
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
4
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
5
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la
referencia.
2.4. Evolución jurisprudencial del tema referente a la procedencia de la
acción de tutela contra los autos que resuelven el incidente de desacato
La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones asumidas en el trámite de un incidente de desacato, de
la siguiente manera:
Tratándose de solicitudes de amparo en contra de las providencias proferidas en
el curso de un incidente de desacato, como aquella que resuelve el incidente, la
Corte ha establecido que procede la acción de tutela excepcionalmente, siempre
que logre verificarse la existencia de una vía de hecho. Lo anterior, por cuanto
es claro que por medio del incidente de desacato, las autoridades judiciales
toman decisiones que pueden llegar a vulnerar los derechos fundamentales de
las partes.
Entonces, siendo procedente de forma excepcional la acción de tutela, debe
tenerse presente que durante el trámite de tal incidente no se deberán ventilar
asuntos que afecten la ratio decidendi, ni la decisión que con base en ésta se
adoptó en el fallo de tutela, y que sirve como fundamento para promover el
incidente de desacato. Así, el estudio de una acción de tutela interpuesta contra
un incidente de desacato deberá limitarse, en todo caso, a la conducta
desplegada por el juez durante el incidente mismo, sin consideración alguna del
fallo que le sirve de trasfondo. Lo contrario sería revivir un asunto debatido que
hizo tránsito a cosa juzgada.
Lo anterior, denota claramente que la acción de tutela sí es procedente en contra
de las decisiones que se profieran en el trámite de un incidente de desacato, lo
que está prohibido es que el juez constitucional ahonde y se pronuncie sobre la
decisión de tutela que sirvió como base para promover el incidente. 56. Dicha
postura resulta lógica, pues, de lo contrario, los asuntos decididos por el juez
natural serían interminables y sometidos a incertidumbre, lo cual va en contravía
de los postulados de seguridad jurídica y cosa juzgada imperantes en un Estado
de Derecho.
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Igualmente, en la sentencia SU-627 de 2015, el máximo tribunal Constitucional
fijó las reglas de procedencia de la acción de tutela contra providencias dictadas
en el trámite de la acción de tutela, en los siguientes términos:
4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de
tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela
anteriores o posteriores a la sentencia. 4.6.1. Para establecer la procedencia
de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe
comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro
de él o contra una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es
la de que no procede. 4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción
cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su
Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo
procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse
ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de
la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional,
cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos
genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la
acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud
de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que
la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación
de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación. 4.6.3. Si la acción de tutela
se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia,
se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a
la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en
la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular
a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de
tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el
asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la
acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un
derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente
de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede
proceder de manera excepcional6 . (Subrayas por fuera del texto)
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
Para la Sala resulta necesario precisar que, el caso objeto de estudio está
revestido de relevancia constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio
origen a la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda,
6
Corte Constitucional, Sentencia SU-627 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
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las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte
actora solicita la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y
a la defensa, ante la posible configuración del defecto por desconocimiento del
precedente jurisprudencial, dictado por la Corte Constitucional.
De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto se evidencia una tensión o
contradicción entre la razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de los
derechos fundamentales alegados por la parte actora, en tanto que se interpreta
que la autoridad judicial incurrió en el defecto por desconocimiento del
precedente, por lo que se evidencia que trasciende un estudio de lo meramente
legal.
De igual manera, se destaca que el escrito de tutela cumple con las reglas
establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 215 de 16
de junio de 2022.
En el referido fallo la Alta Corte señaló que en tratándose del ejercicio de
acciones de tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga
un debate que gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora
de sus garantías fundamentales, mas no en un juicio de corrección del fallo
reprochado por cuanto esta circunstancia excluye «su formulación para la
discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial»
Igualmente, en el citado fallo unificatorio se fijaron las siguientes reglas que el
juez de tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su
atención satisface el requisito de relevancia constitucional.
En este caso, como quedó establecido se involucra un debate jurídico que gira
en torno al contenido, alcance y goce de los derechos fundamentales al debido
proceso y a la defensa del actor y no se refiere a un asunto meramente legal y/o
económico; pues aun cuando se trata de una providencia en la que se negó el
levantamiento de una multa impuesta en un incidente de desacato, lo cierto es
que se está invocando el desconocimiento de unas reglas jurisprudenciales que
al parecer permiten al sancionado pedir la revocatoria de los efectos, incluso
concluido el grado jurisdiccional de consulta.
De manera preliminar, se establece que la acción de tutela de la referencia no
se dirige contra una sentencia de la misma naturaleza, puesto que la
providencia judicial que censura la señora Robles Carrillo fue dictada en el marco
del incidente de desacato identificado con el número de radicado 73001-23–33–
001-2013-00276-00, que se promovió con el fin de que el Tribunal Administrativo
del Tolima exigiera el cumplimiento de la sentencia del 16 de diciembre de 2013.
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Demandante: Establecimiento de Sanidad Militar BAS06 de Ibagué
– Neila Robles Carrillo
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Rad: 11001-03-15-000-2023-06418-00
Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que la providencia que
cuestiona el accionante fue dictada el 6 de octubre de 2023 y la solicitud de
amparo se presentó el 18 de octubre del mismo año, de manera que, sin
necesidad de establecer la fecha de ejecutoria, se observa que su interposición
se hizo en un término que a juicio de la Sala es razonable, por cuanto fue antes
de transcurridos seis (6) meses de la providencia de segunda instancia.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201411, en
la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200512 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
providencia judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para
acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen
vulnerados con ocasión de providencias judiciales.
En lo que se refiere al agotamiento de los mecanismos judiciales, esta
Colegiatura encuentra que, en el caso concreto, la providencia controvertida
corresponde al auto del 6 de octubre de 2023, que dispuso estarse a lo resuelto
en la providencia del 28 de julio de la misma anualidad.
Ahora bien, si bien el tribunal accionado adujo que contra dicha decisión no se
interpuso recurso alguno, lo cierto es que los trámites incidentales se
caracterizan por tener un procedimiento sumario y expedito, razón por la cual no
se dispuso recurso alguno para atacar dicha providencia, pues estos,
precisamente, son limitados en el marco de dicho proceso.
Al respecto, cabe precisar que únicamente se consagró como recurso admisible
en el trámite de la acción constitucional, la impugnación del fallo de primera
instancia, la cual está regulada en el artículo 31 del mencionado Decreto 2591
de 1991, así como el grado jurisdiccional de consulta, para los autos dictados en
un incidente de desacato mediante los cuales se imponga una sanción,
consagrado en el artículo 52 ejusdem. Por otra parte, se estableció un sistema
de revisión de los fallos de tutela, el cual es realizado por la Corte Constitucional,
de conformidad con el artículo 33 del referido decreto.
Superadas dichas exigencias, la Sala abordará el fondo de la solicitud, sin
perjuicio de resaltar el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin
garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial,
y la protección de derechos de terceros.
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2.6. Caso concreto
Para el actor, sus derechos fundamentales se desconocieron por parte del
Tribunal Administrativo del Tolima con ocasión de la providencia del 6 de octubre
de 2023, mediante la cual se dispuso estarse a lo resuelto en la providencia del
28 de julio de la misma anualidad. Dicha decisión obedeció a la consideración de
que la solicitud sobre el levantamiento de la sanción ya había sido resuelta.
Lo anterior toda vez que, a juicio de la parte actora, la corporación acusada
incurrió en el presunto desconocimiento del precedente de la Corte
Constitucional, en el que se ha reiterado pacíficamente que, es posible levantar
las sanciones judiciales una vez se evidencia el cumplimiento del fallo de tutela,
a pesar de que se encuentren confirmadas y ejecutoriadas en sede de consulta.
Respecto al defecto invocado, esta Sala ha precisado que el precedente judicial
corresponde a la regla creada por una Alta Corte para solucionar un determinado
conflicto jurídico, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el
mismo sentido para que aquella sea considerada como tal. También se considera
que constituyen precedente las sentencias de constitucionalidad y las de
unificación, expedidas tanto por la Corte Constitucional, como por el Consejo de
Estado.
Con todo en otras oportunidades se ha precisado que, «…debe aceptarse que
no todas las decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes, generan una
regla o subregla, pues son el resultado de la aplicación al caso concreto de la
norma que viene al caso, sin una actividad creadora del juez».7
En el caso que compete a la Sala, se tiene que, las providencias invocadas por
el demandante, en su mayoría corresponden a decisiones de tutela (no
unificación) y algunos autos dictados por la Corte Constitucional. Pero
particularmente, cita la sentencia T-171 de 2009, en la que se estudió una acción
de tutela contra las actuaciones de un trámite incidental de desacato.
Sobre el particular, el actor resalta que en esa oportunidad el máximo órgano
constitucional sostuvo:
Debido a lo expuesto, la imposición o no de una sanción en el curso del
incidente de desacato puede llevar a que el accionado se persuada del
cumplimiento de la orden de tutela. En tal sentido, en caso de que se
empiece a tramitar un incidente de desacato y el accionado, reconociendo
que se ha desatendido lo ordenado por el juez de tutela, y quiere evitar la
imposición de una sanción, deberá acatar la sentencia.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 19
de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. 11001-03-15-000-2013-02690-01.
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De igual forma, en el supuesto en que se haya adelantado todo el
procedimiento y decidido sancionar al responsable, éste podrá evitar que se
imponga la multa o el arresto cumpliendo el fallo que lo obliga a proteger los
derechos fundamentales del actor.
Ahora bien, aun cuando la señora Robles Carrillo no cita específicamente una
sentencia de unificación de la Corte Constitucional en ese sentido, lo cierto es
que, sobre el tema, sí existen decisiones unificadas con reglas precisas sobre el
alcance y objeto de la sanción por desacato, que resultan vinculantes a todos los
jueces. Tal es el caso de la sentencia SU-034 de 2018, en la que se precisa lo
siguiente:
Acerca de la finalidad que persigue el incidente de desacato, la postura que
de vieja data ha acogido la Sala Plena de esta Corte y que se ha mantenido
es que, si bien una de las consecuencias derivadas de este trámite incidental
es la imposición de sanciones por la desobediencia frente a la sentencia, su
auténtico propósito es lograr el cumplimiento efectivo de la orden de tutela
pendiente de ser ejecutada; de suerte que no se persigue reprender al
renuente por el peso de la sanción en sí misma, sino que ésta debe
entenderse como una forma para inducir que aquel encauce su conducta
hacia el cumplimiento, a través de una medida de reconvención cuyo objetivo
no es otro que auspiciar la eficacia de la acción impetrada y, con ella, la
reivindicación de los derechos quebrantados.
En consecuencia, cuando en el curso del incidente de desacato el
accionado se persuade a cumplir la orden de tutela, no hay lugar a la
imposición y/o aplicación de la sanción. […] Por otro lado, el juzgado
mal podía negar el levantamiento de las sanciones con argumentos
como que las mismas se encontraban en firme y que el desacato es un
dispositivo para castigar al renuente, pues ello desconoce la doctrina
desarrollada de forma pacífica por esta Corte en cuanto a que el
propósito perseguido por la sanción es conminar al obligado como
medio para garantizar el goce efectivo del derecho tutelado mediante
sentencia, mas no sancionar por sancionar […] (Negrita fuera del texto
original)
De lo anterior es claro que, es una postura pacífica y reiterada del precedente
constitucional que, la finalidad de la sanción en el marco de un incidente de
desacato no es otra que conminar al cumplimiento de la orden de tutela. Luego,
no se trata de un instrumento previsto para castigar al funcionario renuente, pues
en palabras de la Corte Constitucional ello «desconoce la doctrina desarrollada
por esta Corte». En efecto, el propósito que persigue la sanción por desacato es
el goce efectivo del derecho tutelado; no constituye un fin para «reprender al
renuente por el peso de la sanción en sí misma» sino lograr el cumplimiento del
amparo constitucional».
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De manera que, de acuerdo con la postura pacífica y reiterada de la Corte
Constitucional y la posición que sobre el particular ha asumido esta Sala de
Decisión, negar el levantamiento de la sanción, argumentando que la misma se
encuentra en firme, desconoce los pronunciamientos que reiteradamente se han
proferido, en la medida en que la finalidad de la sanción no es otra que conminar
al obligado a garantizar el goce efectivo del derecho tutelado.
Como quedó probado, en al auto acusado, el tribunal accionado indicó que la
conducta ameritaba una reducción, pero no el levantamiento de la sanción,
debido a que, no se cumplió con la oportunidad en la entrega, es más, si se
analizaba todo el trámite incidental, resultaba claro que nunca se pretendió su
entrega porque se limitó ante un proceso de garantía de esa prótesis, negándose
a pesar de que el especialista reiteró la necesidad.
Agregó la corporación judicial que la entidad actora en todo el trámite incidental
se le garantizaron sus derechos fundamentales, intervino y participó activamente
en su defensa, evidenciándose que la conducta fue renuente a la entrega bajo la
postura de imposición de barreras administrativas, solo cuando se sancionó y se
confirmó dicha sanción, fue que la entidad empezó con los trámites respectivos.
De todo lo anterior, concluyó la autoridad judicial que el establecimiento de
sanidad militar puso en riesgo la salud de la menor Xiomara Gómez García, quien
además es un sujeto de especial protección constitucional, por su grado de
invalidez, por lo que requiere de cuidados prioritarios y urgentes para para su
calidad de vida.
Estimó que, fue después de 9 meses que se entregó las prótesis para atender
el diagnóstico de hipoacusia neurosensorial bilateral, al punto que, el acto
administrativo que ordenó la compra y su consecuente entrega solo se expidió
cuando ya dicha corporación había emitido sanción contra la incidentada, «por lo
que la señorita Xiomara Gómez García no contó con sus prótesis durante todo
ese tiempo, lo que generó que el derecho a la salud de la paciente materializado
en la prestación o suministro de esos audífonos, se viera seriamente
comprometido, a pesar de que un especialista desde el 18 de noviembre de 2022,
reiteró la necesidad y deficiencia funcional de los audífonos que tenía la usuaria.»
Por todo lo anterior, el tribunal dispuso estarse a lo resuelto pues se cumplió
parcialmente la orden judicial, en cuanto se demostró con gran claridad que la
conducta de la Dirección de Sanidad Militar BAS06 siempre fue negar dicho
suministro, lo que denota que la entrega no se efectuó dentro de la oportunidad
debida ni siquiera ante la reiteración del concepto del especialista en
otorrinolaringología.
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Así las cosas, es claro que el tribunal demandado desconoció el precedente
constitucional en cuanto al alcance de la sanción que se impone en el trámite
incidental de desacato y la posibilidad de inaplicar el cumplimiento de la orden
de tutela, aun cuando haya sido confirmada en grado jurisdiccional de consulta.
Como se advirtió líneas atrás, negar el levantamiento total de la sanción,
argumentando que la misma se encuentra en firme, desconoce los
pronunciamientos que reiteradamente se han proferido por la Corte
Constitucional, en la medida en que la finalidad de la sanción no es otra que
conminar al obligado a garantizar el goce efectivo del derecho tutelado.
Dado que la autoridad judicial, se abstuvo de levantar la sanción debido a la
demora en su cumplimiento, encuentra la Sala configurado el desconocimiento
del precedente constitucional sobre el particular, pues las razones que
reiteradamente ofreció el tribunal fue que el actuar del establecimiento de
sanidad fue negligente, cuando en realidad quedó probado que ya se cumplió la
orden de tutela, incluso así lo corroboró el padre de la menor Xiomara Gómez
García, quien adujo en este trámite de tutela que la menor ya contaba con los 2
audífonos.
De esa manera, la Sala accederá a la protección de los derechos fundamentales
invocados por el tutelante y dejará sin efectos el auto del 6 de octubre de 2023,
con el fin de que la judicatura demandada profiera una nueva providencia en la
que resuelva la solicitud de levantamiento de la sanción, teniendo en cuenta el
precedente de la Corte Constitucional en relación con la finalidad del incidente
de desacato.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia de la señora Neila Robles Carrillo, en su
calidad de subdirectora administrativa del el Establecimiento de Sanidad Militar
BAS06 de Ibagué.
SEGUNDO: DEJAR sin valor y efecto el auto del 6 de octubre de 2023 proferido
por el Tribunal Administrativo del Tolima dentro del expediente 73001-23–33–
001-2013-00276-00 y ORDENAR a dicha corporación que dentro del término de
diez (10) días profiera una decisión de reemplazo en la cual tenga en cuenta el
precedente sobre la posibilidad de levantamiento de la sanción por desacato, en
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– Neila Robles Carrillo
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Rad: 11001-03-15-000-2023-06418-00
los términos analizados por esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y vinculados en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado (E1)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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