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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-06453-00

Fecha
23 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-06453-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación elevadas tanto por el Consejo Superior de la Judicatura como por la Dirección de Administración Judicial, de acuerdo con lo referido anteriormente. SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al descanso, a la igualdad y al trabajo en condiciones dignas de la señora Diana Cometa Ramos, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, si aún no lo hubiere hecho, solicite a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (Unidad de Planeación o a la dependencia que corresponda), la provisión de los recursos necesarios para que el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, adopte las medidas que se requieran para conceder las vacaciones de la señora Diana Cometa Ramos. A su turno, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dispondrá de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la solicitud que realice el director seccional, para proveer los mencionados recursos. 18 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Diana Cometa Ramos Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-06453-00 Una vez el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial otorgue los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, esta última entidad le deberá comunicar al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali quien a su vez deberá, en un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de dicha comunicación, pronunciarse sobre la concesión del disfrute de las vacaciones para la señora Diana Cometa Ramos. CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2023-06453-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

23 de noviembre de 2023

Demandante: Diana Cometa Ramos
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-06453-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente (E): LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06453-00
Demandante: DIANA COMETA RAMOS
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL Y OTROS

Temas: Tutela de fondo – Vacaciones individuales de funcionarios
judiciales – Concede amparo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela formulada
por la señora Diana Cometa Ramos contra el Consejo Superior de la Judicatura
– Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. La señora Diana Cometa Ramos, actuando en nombre propio, ejerció
acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cali – Valle del Cauca, con el fin de que sean amparados sus
derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la dignidad humana, al
descanso remunerado y a la salud.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Diana Cometa Ramos
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-06453-00

2. La accionante consideró vulneradas sus garantías constitucionales con
ocasión de la negativa por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, de conceder la asignación
presupuestal correspondiente, en aras de acceder al disfrute de dos periodos de
vacaciones, por haber laborado al servicio del Juzgado Segundo de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, en forma continua e ininterrumpida,
desde su nombramiento en marzo de 2021.

1.2. Pretensiones

3. La accionante solicitó el amparo de los derechos invocados y, en
consecuencia:

PRIMERA: Se tutelen los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo en
condiciones dignas, al descanso, a la salud de DIANA COMETA RAMOS.

SEGUNDA: En consecuencia con lo anterior, ordenar a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca, previa autorización del
Consejo Superior de la Judicatura-Sala Administrativa- y la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, que de acuerdo con sus competencias, de forma
coordinada, en el término que usted H. Magistrado, estime conveniente
considerando los hechos de la tutela, para Que adelanten las todas las gestiones
administrativas y presupuestales que correspondan, para que el Juez 2º de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali nombre el reemplazo de
DIANA COMETA RAMOS, quien funge como Asistente Administrativa del
referido Juzgado, para que materialice su derecho al disfrute del descanso
remunerado y se permita mantener un debido funcionamiento del juzgado.

TERCERO: Se ordena a la JUEZ 2º. DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS
DE SEGURIDAD DE CALI VALLE DEL CAUCA, Dra. OLGA GÓMEZ MARIÑO,
que una vez sea expedida la respectiva partida presupuestal por parte de la
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALI
VALLE DEL CAUCA, me conceda las vacaciones solicitadas a partir del 26 de
diciembre de 2023 hasta el 13 de marzo de 2024, inclusive, por 50 días, de los
periodos del 11 de marzo de 2021 al 11 de marzo de 2023.

CUARTO: Requerir a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
del Valle del Cauca y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para
que en adelante, eviten realizar conductas como la expuesta en el presente
caso, y procedan a emitir los respectivos certificados de disponibilidad
presupuestal para poder realizar el nombramiento de un reemplazo de la
persona que sale a disfrutar sus vacaciones.

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QUINTO: Se conmine a las autoridades respectivas para que, en el futuro, esta
situación no se vuelva a presentar y se gestione a nivel nacional la autorización
de recursos para designar empleados encargando a otras personas, para que
los funcionarios y empleados de vacaciones individuales de la Rama Judicial
puedan disfrutar de las mismas sin interferir en la eficiencia de la administración
de justicia.1

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de
la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. La señora Diana Cometa Ramos es servidora judicial en el Juzgado
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, en el cual
ocupa el cargo de asistente administrativa, en provisionalidad.

5. Ante la petición elevada por la referida servidora «solicitud certificado de
disponibilidad presupuestal» por oficio DESAJCO23-2367 del 14 de junio de
2023 la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle
del Cauca, le indicó:

En atención a la solicitud del asunto, comedidamente me permito manifestarle
que la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2023, emitida por el Consejo
Superior de la Judicatura, mediante la cual se deroga las circulares 44 y 89 de
2005, estableció el procedimiento para el nombramiento de reemplazos en
provisionalidad de los funcionarios judiciales que se encuentran sujetos al
régimen de vacaciones individuales, guardando silencio o excluyendo a los
servidores judiciales que ostentan la calidad de “empleados”.

Es importante resaltar que, el artículo 98 de la Ley 270 de 1996 establece que la
Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial es el órgano técnico y
administrativo que tiene a su cargo la ejecución de las actividades
administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a las políticas y decisiones de
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, motivo por el cual,
a esta Dirección Ejecutiva Seccional, no le está dado gestionar recursos
presupuestales para reemplazos por vacaciones de empleados judiciales, sin
que con ello se atente contra las políticas propias del órgano de gobierno de la
Rama Judicial.

Por otra parte, es del caso manifestar, que la Circular PSAC11-44 de 2011
conserva su carácter vinculante y la misma no puede ser desconocida por esta

1Transcripción literal incluidos los posibles errores ortográficos o de digitación.

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Dirección Ejecutiva Seccional.

Por último, es preciso indica, que el tema del disfrute vacaciones, es una
situación administrativa que debe ser concertada por el empleado judicial con el
nominador del despacho, quien no puede negar el disfrute de las vacaciones
bajo argumentos de carácter administrativo o presupuestal.

Agradecemos su comprensión dado que como servidores públicos estamos
llamados al cumplimiento de las normas pertinentes y nuestra actuar no puede
desbordar la órbita de competencia establecidas taxativamente en la constitución
y en la ley2.

6. El 4 de septiembre de 2023, la accionante solicitó a su nominador el
disfrute de sus vacaciones correspondientes al periodo comprendido entre el 11
de marzo de 2021 al 10 de marzo de 2022 y el 11 de marzo de 2022 al 10 de
marzo de 2023, para ser concedidas a partir del 26 de diciembre de 2023.

7. Por Resolución No. R0026-2023 la juez Segunda de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Cali negó el disfrute de las vacaciones3.
Determinación que sustentó en la falta de un servidor judicial eficiente que
asumiera las funciones del empleo de la hoy accionante, dada la alta carga
laboral del despacho, situación que a su juicio afectaría el funcionamiento del
despacho.

8. Aunado a lo anterior, señaló que de acuerdo con el requerimiento que se
le hizo a la servidora, en relación con el certificado de disponibilidad presupuestal
para suplir la ausencia, aquella indicó que fue negado por la Dirección de
Administración Judicial de Cali (Valle), con el radicado DESAJCLO23-2367 del
14 de junio de 2023.

1.4. Fundamentos de la vulneración

9. La accionante indicó que el derecho al disfrute de las vacaciones ha sido
considerado por la jurisprudencia como una garantía de índole superior, dado
que este permite mantener un equilibrio físico y mental para continuar en la
prestación del servicio judicial.

2 ídem
3 Por el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2021 y el 10 de marzo de 2022, alegó la

necesidad extrema del servicio. Mientras que el relacionado con el 11 de marzo de 2022 al 13
de marzo de 2023, lo negó por no haberse causado en su totalidad.

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10. Refirió que el Consejo de Estado en recientes pronunciamientos ha
ordenado a las Direcciones Ejecutivas del Atlántico y Valle del Cauca realizar las
actuaciones necesarias para emitir los certificados de disponibilidad
presupuestal para nombrar el reemplazo de los funcionarios que salen de
vacaciones4.

11. Afirmó que su situación es similar a los abordados en los casos
mencionados, pues la Dirección Ejecutiva Seccional del Valle no ha querido
emitir el certificado de disponibilidad presupuestal para el adecuado
nombramiento de su reemplazo y acceder al disfrute de sus vacaciones.

12. Así mismo, indicó que en otros despachos judiciales se ha ordenado la
asignación del presupuesto para el nombramiento del «reemplazo de vacaciones
para los empleados de los juzgados de ejecución de penas».

1.5. Trámite de la acción de tutela

13. Mediante auto del 30 de octubre de 2023, este despacho admitió la
demanda de tutela y dispuso su notificación a la accionante, al Consejo Superior
de la Judicatura, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del
Cauca, y ordenó la vinculación del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Cali, como tercero interesado, así como la notificación
de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

14. A su juicio, la acción constitucional es improcedente, por cuanto, lo que
se pretende es atacar un acto administrativo expedido por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, cuya
competencia recae en el juez contencioso administrativo y no en el de tutela.

15. Señaló que las funciones del director ejecutivo de Administración Judicial
están plasmadas en el artículo 99 de la Ley 270 de 1996 y que, la competencia

4 Radicado 08001-23-33-000-20018-00756-01 MP. Milton Chaves García, 11001-03-15-000-
2020-00143-01 M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

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para conocer del asunto objeto de la tutela corresponde a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Cali y el Juzgado Segundo de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad.

16. Hizo referencia a las funciones previstas en el artículo 103 de la Ley
Estatutaria de Administración de Justicia para los directores seccionales de la
Rama Judicial, para insistir que, los temas relacionados con las vacaciones de
los empleados de juzgados, como en el caso de la accionante es de dichas
direcciones.

17. Advirtió que la apropiación de recursos para la contratación de
reemplazos de los empleados judiciales con régimen de vacaciones individuales
está prohibida, y que, el concepto o respuesta emitido por el director ejecutivo
de la Seccional de Administración Judicial de Cali, es correcto.

18. Adujo que en el asunto objeto de la acción de tutela se presentó una
posición caprichosa del nominador de la parte actora.

19. Finalmente solicitó su desvinculación, al considerar que existe falta de
legitimación en la causa por pasiva, ya que su representada no es nominador o
pagador de la nómina de la accionante para conceder o negar las vacaciones
solicitadas.

1.6.2. Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura

20. Mediante escrito remitido del 3 de noviembre de 2023, la magistrada
auxiliar de la Oficina del Despacho de la Presidencia de la entidad indicó que
carecía de legitimación en la causa por pasiva, dado que las acciones u
omisiones que atribuía la accionante como vulneradoras de sus derechos,
recaían exclusivamente sobre la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cali «(…) entidad que actúa como ordenador del gasto de
conformidad con los numerales 2 y 6 del artículo 103 de la Ley 270 de 1996 y
que tiene a cargo expedir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)
para designar los reemplazos de los funcionarios y empleados judiciales que
pretenden el disfrute de sus vacaciones».

21. Por ende, solicitó su desvinculación del trámite tutelar.

22. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle

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del Cauca y la vinculada no se pronunciaron a pesar de haber sido debidamente
notificadas de la actuación.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

23. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda
presentada por la señora Diana Cometa Ramos, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591
de 1991, el numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015
modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Solicitud de desvinculación

24. Pese a que, tanto el Consejo Superior de la Judicatura como la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial solicitaron la desvinculación porque, a su
juicio, carecen de legitimación en la causa por pasiva, las peticiones serán
negadas.

25. Lo anterior puesto que estas fueron consideradas como parte accionada,
correspondiendo al juez de tutela verificar si, en efecto, dichas autoridades
vulneraron o no las garantías fundamentales de la tutelante.

2.3. Problema jurídico

26. Corresponde a la Sala dar respuesta al siguiente interrogante:

¿Se vulneraron los derechos fundamentales la igualdad, al trabajo, a la dignidad
humana, al descanso remunerado y a la salud de la actora debido a la negativa
de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del
Cauca de conceder la asignación presupuestal correspondiente para el
reemplazo de la empleada del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Cali, en aras de que pueda acceder al disfrute de los
períodos de vacaciones causadas, por haber laborado al servicio del
mencionado despacho, en forma continua e interrumpida durante dos años?

27. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes
temas: (i) panorama general de la acción de tutela; (ii) el derecho al descanso

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del servidor judicial; (iii) procedencia excepcional de la acción de tutela y; (iv) el
caso concreto.

2.4. Razones jurídicas de la decisión

2.4.1. Panorama general de la acción de tutela

28. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede
ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata
de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por
la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los
precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

29. Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la
subsidiariedad. El primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del
derecho fundamental que se dice vulnerado o amenazado.

30. El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro
medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho
fundamental.

2.4.2. El derecho al descanso del servidor judicial

31. El descanso ha sido reconocido por la Corte Constitucional, desde una
época muy temprana5, como un derecho fundamental derivado especialmente
del artículo 53 de la Constitución Política, que determina los principios mínimos
fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo proferido por el
legislador. Así como del artículo 25 ibídem que señala que todas las personas
tienen derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

32. Adicionalmente, en el marco internacional, existen varios instrumentos
ratificados por Colombia en los cuales se protege el derecho al descanso. Así,
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales6 en su

5 Ver entre otras: Sentencias C-710 de 1996, C-059 de 1996, C-897 de 2003, C-019 de 2004, C-

035 de 2005.
6 Ley 74 de 1968 “por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este
último, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación unánime, en
Nueva York, el 16 de diciembre de 1966".

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artículo 7º determina que los Estados Parte reconocen el derecho de todas las
personas al goce de condiciones de trabajo que aseguran «el descanso, el disfrute
del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones
periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». En similar sentido
lo indica el artículo 7º7 del Protocolo de San Salvador8.

33. La Sala Plena de la Corte Constitucional tiene una amplia línea
jurisprudencial que ha establecido que «uno de los derechos fundamentales del
trabajador, es el descanso, el cual está definido por el Diccionario de la Real Academia
como quietud o pausa en el trabajo o fatiga»9. En efecto, la ius fundamentalidad de

7 Artículo 7º Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo. Los Estados parte en el

presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior,
supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para
lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular:
a. una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de
subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo
igual, sin ninguna distinción;
b. el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor
responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la reglamentación nacional
respectiva;
c. el derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo para lo cual se tendrán
en cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio;
d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las
industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado,
el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualquiera
otra prestación prevista por la legislación nacional;
e. la seguridad e higiene en el trabajo;
f. la prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores de 18
años y, en general, de todo trabajo que pueda poner en peligro su salud, seguridad o moral.
Cuando se trate de menores de 16 años, la jornada de trabajo deberá subordinarse a las
disposiciones sobre educación obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impedimento para
la asistencia escolar o ser una limitación para beneficiarse de la instrucción recibida;
g. la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales. Las jornadas
serán de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos;
h. el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración
de los días feriados nacionales.
8 Suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988. Entró en vigor: 16.11.1999. Ley 319 de

1996. “por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de
San Salvador", suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988.”
9 Sentencia C-710 de 1996 M.P. Jorge Arango Mejía. //A propósito en dicha sentencia se expresó

la siguiente: “Uno de los derechos fundamentales del trabajador, es el derecho al descanso. El
derecho de todo trabajador de cesar en su actividad por un período de tiempo tiene como fines,
entre otros, permitirle recuperar las energías gastadas en la actividad que desempeña, proteger
su salud física y mental, el desarrollo de la labor con mayor eficiencia, y la posibilidad de atender
otras tareas que permitan su desarrollo integral como persona. El descanso está consagrado
como uno de los principios mínimos fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo y,
por ende, debe entenderse como uno de los derechos fundamentales del trabajador. La

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este derecho se deduce de la interpretación sistemática10 de los artículos 1º, 25º
y 53º de la Carta, en tanto el descanso es una consecuencia necesaria de la
relación laboral y constituye uno de los principios mínimos fundamentales del
trabajo11.

34. En ese contexto, el descanso es considerado para toda persona como la
manera de recuperar las fuerzas, tanto intelectuales como físicas, luego de un
tiempo dedicado a trabajar o en ejercicio de diversas actividades que le exigen
un mayor o menor grado de dificultad para ejecutarlas. Así mismo, el descanso
en el campo laboral se denomina «vacaciones», siendo un derecho adquirido para
quienes han cumplido con el único requisito de laborar un año continuo o
proporcional, y que luego de entregar todas sus capacidades físicas y mentales
para poder realizar de una manera idónea todas las funciones asignadas por el
empleador o patrono, pueda el servidor público, en este caso, disfrutar de un
merecido descanso que les permita compartir un mayor espacio de tiempo con
sus seres queridos, dedicarse a otras actividades que le den paz y tranquilidad,
restituyéndole el ímpetu para iniciar con energía sus actividades laborales.

35. En ese sentido, quien está llamado a otorgar las vacaciones al trabajador
es el empleador o el nominador, debiendo prever que, una vez cumplido el
requisito mencionado, se proceda a programarlas junto con quien va a
reemplazarlo, para de esta manera no vulnerar el derecho al trabajador ni afectar
el normal desarrollo o funcionamiento de la entidad o empresa.

36. En relación con lo anterior la Corte Constitucional en sentencia C-019 de
2004, estableció lo siguiente:

El derecho al descanso conviene entenderlo como la oportunidad que se le otorga
al empleado para reparar sus fuerzas intelectuales y materiales, para proteger su
salud física y mental, para compartir con su familia mayores y mejores espacios

legislación laboral consagra como regla general, la obligación de todo empleador de dar
descanso dominical remunerado a todos sus trabajadores. Este derecho lo adquieren los
trabajadores que, habiéndose obligado a prestar sus servicios en todos los días laborales de la
semana, no falten al trabajo, o faltando, lo hayan hecho por justa causa o por culpa o disposición
del empleador. Cuando el trabajador labora menos de treinta y seis horas semanales, la
remuneración de su descanso es proporcional al tiempo laborado. Cuando no se cumplen los
requisitos exigidos por la norma en mención, el trabajador pierde el derecho a la remuneración,
pero no al descanso que es un derecho fundamental del trabajador, que nace del vínculo laboral.”
10 Al respecto, también puede consultarse las sentencias T-09 del 18.1.1993 M.P. Eduardo

Cifuentes Muñoz y C-024 del 11.11.1998 M.P. Hernando Herrera Vergara
11 Ver sentencia de la Corte Constitucional T-076 del 1.3.2018 M.P. Luis Guillermo Guerrero

Pérez.

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de encuentro fraternal, para abordar actividades idóneas al solaz espiritual, para
incursionar más en la lectura y el conocimiento, y, a manera de posibilidad
estética, para acercarse paulatinamente al hacer artístico en sus múltiples
manifestaciones.

[…]

El derecho al trabajo es una de las bases fundantes de nuestro Estado Social de
Derecho que en la Constitución goza de especial protección. Es el fundamento de
todo el régimen de seguridad social, y la razón filosófica es muy simple: el
trabajador que le ha ayudado al patrono a crear riqueza para él y su empresa,
necesita su apoyo en todas las contingencias que puedan perjudicarle o cuando
se han agotado sus fuerzas por el trabajo que le ha dado al patrono (accidentes
de trabajo, enfermedades, muerte, invalidez, jubilación, etc.). Con cada acto de
trabajo el trabajador entrega a su patrono parte de su fuerza física y de su ser. Y
debe reponerlos (para seguir entregándoselos al patrono) haciendo pausas, pues
de lo contrario se agota, envejece o muere prematuramente.

37. Así las cosas, las vacaciones o el descanso para los servidores públicos
y privados, por disposición jurisprudencial es un derecho fundamental, el cual
debe ser protegido por vía de tutela en el momento de ser vulnerado, sin que
sea válido oponer trabas administrativas, que afectan el núcleo fundamental de
este derecho, así lo ha dicho la Corte: «¿el derecho fundamental al descanso, puede
protegerse a través de la tutela? Por regla general, el reconocimiento y goce del derecho
al descanso debe ser debatido ante la jurisdicción ordinaria competente de acuerdo con
la naturaleza jurídica de la vinculación laboral, ya sea la ordinaria laboral o la
contencioso-administrativa, por lo que el carácter residual de la tutela la hace
improcedente. No obstante, el artículo 86 de la Carta consagra la posibilidad de que la
acción constitucional prospere, aun existiendo otro medio de defensa judicial, cuando
exista un perjuicio irremediable que autorice la protección transitoria del derecho
fundamental amenazado o vulnerado».

2.4.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela en el caso en concreto

38. El inciso 4º del artículo 86 Superior, que consagra el principio de
subsidiariedad como requisito de procedencia de la acción de tutela, establece
que «esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable». En el mismo sentido, el numeral 1º del artículo 6º del
Decreto 2591 Ley de 1991, indica que el amparo constitucional será
improcedente, cuando existan otros medios de defensa judiciales idóneos y
eficaces para resolver la situación particular en la que se encuentre el
accionante.

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39. Ahora bien, en desarrollo de la normativa expuesta, la Corte
Constitucional jurisprudencialmente12 ha sido enfática en puntualizar que el uso
inadecuado, irracional y desmesurado de la acción de tutela, con el propósito de
obtener un pronunciamiento más ágil y expedito, desnaturaliza su valor
preeminente y especial dentro del ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta que
«ésta no ha sido consagrada para reemplazar los medios judiciales dispuestos por el
Legislador para tales fines13».

40. Posteriormente, por medio de las sentencias T-373 de 2015 y T- 630 de
2015 se concibió que, si existen otros mecanismos de defensa judicial que
resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos
fundamentales que se estiman conculcados, el afectado, obligatoriamente, debe
agotarlos de forma principal y no utilizar directamente la acción de tutela.

41. No obstante lo anterior, la Corte Constitucional ha puesto de presente 2
excepciones al principio de subsidiariedad, que en caso de concurrir, harían
procedente la acción de tutela; a saber: i) se constate que el mecanismo
judicial ordinario diseñado por el legislador no es idóneo ni eficaz para
proteger los derechos fundamentales vulnerados o amenazados; y ii)
«siendo apto para conseguir la protección, en razón a la inminencia de un perjuicio
irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados
constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia excepcional de la
tutela14».

42. Frente al primer supuesto, el Máximo Tribunal Constitucional ha
considerado que para que proceda el mismo, es fundamental analizar, en
cada caso concreto, la idoneidad del medio de defensa, teniendo en cuenta
sus particularidades en aras de determinar «si el mecanismo judicial al alcance
del afectado puede otorgar una protección completa y eficaz, de no cumplirse con los
mencionados presupuestos, el operador judicial puede conceder el amparo
constitucional de forma definitiva o transitoria según las circunstancias particulares que
se evalúen15.»

12 Sentencia T-1008 del 26 de noviembre de 2012 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez
13 Corte Constitucional, Sentencia T-471 del 19 de julio de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
14 Corte Constitucional, Sentencia T-705 del 4 de septiembre de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt

Chaljub
15 Corte Constitucional, Sentencia SU-961 del 1º de noviembre de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo

Mesa

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43. De la misma manera, en la sentencia T-230 de 2013, la Corte
Constitucional sentó dos fundamentos esenciales para establecer cuándo el
mecanismo resulta no ser idóneo para el fin que se busca, a saber: i) cuando
no ofrece una solución integral y ii) no resuelve el conflicto en toda su
dimensión.

44. En tal sentido, la señora Diana Cometa Ramos instauró acción de tutela
con ocasión de la negativa de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cali- Valle del Cauca de conceder la asignación presupuestal
correspondiente para su reemplazo como empleada del Juzgado Segundo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali en aras de que pueda
acceder al disfrute de sus vacaciones, por haber laborado al servicio del
mencionado juzgado, en forma continua e interrumpida durante 2 años.

45. Sobre el punto, la Sala advierte que en lo que respecta a los actos
administrativos que niegan la asignación presupuestal tendiente a nombrar el
reemplazo de los empleados que soliciten el disfrute de las vacaciones, el
mecanismo para controvertirlos es el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de
2011, en el que se puede solicitar el decreto de las medidas cautelares en los
términos de los artículos 229 y 230 de la Ley 1437 de 2011, por lo tanto, es en
principio, el juez de lo contencioso administrativo el llamado a dirimir las
controversias que de él surjan.

46. Sin embargo, esta Sala ha considerado16 que, en ciertos eventos las
circunstancias particulares del caso desbordan la eficacia de dicho mecanismo
judicial para precaver la eventual vulneración de derechos fundamentales, lo cual
torna imperiosa la intervención del juez constitucional como garante de su
primacía dentro del ordenamiento jurídico.

47. En primer lugar, en el presente asunto para establecer la procedencia del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo
138 de la Ley 1437 de 2011, la actora debe alegar que un acto particular y
concreto vulnera un derecho subjetivo, ya sea porque es contrario al debido
proceso administrativo, que, con independencia de las particularidades propias

16 Ver las Sentencias del Consejo de Estado, Sección Quinta, i) del 30.6.2016, rad. 25000-23-

41-000-2016-00617-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; ii) del 30.8.2018, rad. 50001-
23-33-000-2018-00171-01, M.P. Rocío Araújo Oñate y; iii) del 30.5.2019, rad. 11001-03-15-000-
2019-01633-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.

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de la regulación específica de cada actuación, deben ser acatadas de forma
general en virtud de lo dispuesto por el artículo 29 Superior, o porque se
configura alguna de las siguientes causales:

• Cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que
deberían fundarse,
• O sin competencia,
• O en forma irregular,
• O con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa,
• O mediante falsa motivación,
• O con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.

48. Se advierte que la inconformidad de la accionante radica en que el
despacho no puede prescindir de sus actividades en razón a la alta congestión
judicial que atraviesa y que, de no acceder a lo solicitado, esto es, conceder la
asignación presupuestal correspondiente para el reemplazo de la funcionaria
que solicite el disfrute de su periodo de vacaciones17, ocasionaría un
represamiento de la carga laboral y al momento de regresar aquel, podría
acarrearle una afectación grave al estado de salud.

49. Teniendo en cuenta los argumentos expuestos, se denota que de lo
solicitado por la actora no se puede inferir que pretenda atacar la legalidad del
acto, presupuesto indispensable para la procedencia de la pretensión del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

50. Por otro lado, esta sala de decisión considera pertinente aclarar que si
bien, por regla general, la acción de tutela deviene improcedente para dirimir
conflictos de naturaleza económica, lo cierto es que la omisión en expedir del
certificado de disponibilidad presupuestal conlleva, en casos como este, a que
el empleado tenga que aplazar indefinidamente el disfrute de su derecho al
descanso remunerado por cuanto la falta de nombramiento de una persona que
lo reemplace se traduce en la imposibilidad de que, efectivamente, se pueda
ausentar temporalmente con ocasión de sus vacaciones.

51. En conclusión, si bien el Oficio N.º DESAJCLO23-2367 del 14 de junio de

17 En atención a que, como se mencionó anteriormente, los funcionarios que laboran en los

Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad no pueden solicitar al tiempo el disfrute
de sus vacaciones pues ello atentaría contra el normal funcionamiento del despacho, con ocasión
de la alta demanda laboral.

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2023, que negó la asignación presupuestal correspondiente para el reemplazo
de la empleada del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Cali, podría ser controvertido en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, incluso podría solicitar como medida cautelar la
suspensión provisional, para esta Sala – en consonancia con el desarrollo
jurisprudencial frente al tema – y atendiendo la posición fijada en la sentencia del
30 de mayo de 2019 en la que esta Sección resolvió un caso similar, se advierte
que la tutelante no posee un instrumento jurídico idóneo para el amparo de sus
prerrogativas, toda vez que como se evidenció, no pretende atacar la legalidad
del acto administrativo en cuestión, de hecho podría afirmarse de manera
fehaciente que su inconformidad no se encuadra en ninguna de las causales
para la procedencia del referido medio de control.

52. Por lo anterior, resultaría inocuo que la demandante lo empleara, toda vez
que no le ofrecería una solución cabal a su inconformidad, ni mucho menos
resolvería de fondo su situación; razones suficientes para que este juez, en el
caso concreto y dadas las particularidades del asunto, adquiera competencia
para conocer del fondo del asunto ya que, se reitera, con esta tutela no se
persigue una revisión de legalidad del acto administrativo que negó la
asignación presupuestal correspondiente para el reemplazo de la empleada del
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali pueda
solicitar el disfrute de sus vacaciones sin que ello menoscabe los derechos de
los funcionarios que se queden laborando en el despacho.

2.5. Caso concreto

53. La Corte Constitucional en la sentencia C-035 de 2005 señaló que «(…)
las vacaciones anuales remuneradas como acreencia laboral, pretenden reconocer el
derecho fundamental al descanso que les asiste a los trabajadores derivado del
desgaste continuo al que se encuentran sometidos por la prestación ininterrumpida de
sus servicios por espacios prolongados de tiempo».

54. Al respecto, la Sección Quinta considera que el descanso debe
entenderse como uno de los derechos fundamentales del trabajador y constituye
una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el empleado renueve la
fuerza tanto intelectual como física, para así proteger su salud física y mental, y
fortalecer su dedicación para el desarrollo de sus actividades. Es así como, el
disfrute de las vacaciones constituye un derecho constitucional cuya protección
puede solicitarse mediante la acción de amparo.

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55. Basado en el carácter fundamental del derecho al descanso, la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura profirió la Circular N.º
PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011 en la que expuso el procedimiento que
debe seguirse a efectos de nombrar los reemplazos en provisionalidad de los
funcionarios que soliciten el disfrute de sus vacaciones individuales.

56. El objetivo de la mencionada circular fue eliminar los obstáculos que
surgían en relación con la asignación de recursos para reemplazos y, en tal
sentido, estableció que los funcionarios judiciales del régimen de vacaciones
individual debían reportar la programación de vacaciones correspondientes al
siguiente año ante la Sala Administrativa de la Dirección Seccional del respectivo
distrito judicial, hasta el mes de marzo de cada año.

57. En el caso que nos ocupa, se tiene que la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca consideró que en atención
a lo dispuesto en la Circular N.º PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, no
era posible asignar un presupuesto para el reemplazo de vacaciones de la
empleada del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Cali, por considerar que:

«la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2023, emitida por el Consejo
Superior de la Judicatura, mediante la cual se deroga las circulares 44 y 89 de
2005, estableció el procedimiento para el nombramiento de reemplazos en
provisionalidad de los funcionarios judiciales que se encuentran sujetos al
régimen de vacaciones individuales, guardando silencio o excluyendo a los
servidores judiciales que ostentan la calidad de “empleados”.

Es importante resaltar que, el artículo 98 de la Ley 270 de 1996 establece que la
Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial es el órgano técnico y
administrativo que tiene a su cargo la ejecución de las actividades
administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a las políticas y decisiones de
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, motivo por el cual,
a esta Dirección Ejecutiva Seccional, no le está dado gestionar recursos
presupuestales para reemplazos por vacaciones de empleados judiciales, sin
que con ello se atente contra las políticas propias del órgano de gobierno de la
Rama Judicial.

Por otra parte, es del caso manifestar, que la Circular PSAC11-44 de 2011
conserva su carácter vinculante y la misma no puede ser desconocida por esta
Dirección Ejecutiva Seccional. […]»

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58. Interpretación que, de acuerdo con el marco normativo y jurisprudencial
expuesto, es contraria a derecho. Al respecto, conviene recordar que a la luz del
artículo 146 de la Ley 270 de 1992, «las vacaciones individuales serán concedidas
de acuerdo con las necesidades del servicio», es decir que la falta de asignación de
los recursos para el reemplazo de la asistente administrativo se traduce en el
menoscabo del desarrollo eficiente del despacho en mención, lo que deviene en
la imposibilidad de disfrutar el periodo de descanso remunerado pues, para
efectos prácticos, ello implica el aplazamiento indefinido de las vacaciones.

59. En tal sentido, impedir el derecho a las vacaciones basado en
restricciones administrativas, no es una carga que deba soportar la tutelante. En
ese contexto, se reitera que jurisprudencial y legalmente se ha considerado que
las vacaciones constituyen un derecho fundamental que tienen todos los
empleados, por lo que no puede ser trasgredido en función del servicio. Tan es
así, que esta Corporación lo ha amparado en acciones de tutelas con similares
supuestos fácticos18.

2.6. Conclusión

60. En este orden de ideas, la Sala accederá a la solicitud de amparo
deprecada por la señora Diana Cometa Ramos, quien funge en el cargo de
asistente administrativa en el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Cali.

61. En consecuencia, se dispondrá ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca que, en un plazo de cuarenta
y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la presente sentencia,
si aún no lo hubiere hecho, solicite a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial (Unidad de Planeación o a la dependencia que corresponda), la
provisión de los recursos necesarios para que el Juzgado Segundo de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Cali adopte las medidas que se requieran
para conceder las vacaciones de la señora Diana Cometa Ramos.

18 Consultar las siguientes sentencias: - Consejo de Estado: i) Sección Segunda, sentencia del

5.2.2015, exp. 19001233300020140046901. M.P. Gustavo Gómez Aranguren; ii) Sección
Segunda – Subsección “A”, exp. 17001-23-31-000-2010-00041-01. M.P. Luis Rafael Vergara
Quintero; iii) Sección Cuarta, sentencia del 12.12.2018, M.P. Milton Chaves García; vi) Sección
Quinta, sentencia del 30.5.2019, exp: 11001-03-15-000-2019-01633-00, M.P. Rocío Araújo
Oñate; v) Sección Cuarta, sentencia del 4.3.2020, exp: 11001-03-15-000-2020-00143-00, M.P.
Milton Chaves García.

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62. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dispondrá de cinco (5)
días hábiles, contados a partir de la solicitud que realice el director seccional,
para proveer los mencionados recursos. Una vez el Consejo Superior de la
Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial otorgue los recursos
solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali
– Valle del Cauca, esta última entidad le deberá comunicar al Juzgado Segundo
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, quien a su vez deberá,
en un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de dicha
comunicación, pronunciarse sobre la concesión del disfrute de las vacaciones
para la señora Cometa Ramos.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación elevadas tanto por el
Consejo Superior de la Judicatura como por la Dirección de Administración
Judicial, de acuerdo con lo referido anteriormente.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al descanso, a la igualdad
y al trabajo en condiciones dignas de la señora Diana Cometa Ramos, de
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cali – Valle del Cauca que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas,
contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, si aún no lo hubiere
hecho, solicite a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (Unidad de
Planeación o a la dependencia que corresponda), la provisión de los recursos
necesarios para que el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Cali, adopte las medidas que se requieran para conceder las
vacaciones de la señora Diana Cometa Ramos. A su turno, la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial dispondrá de cinco (5) días hábiles, contados a partir
de la solicitud que realice el director seccional, para proveer los mencionados
recursos.

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Una vez el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial otorgue los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, esta última
entidad le deberá comunicar al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Cali quien a su vez deberá, en un término de cuarenta
y ocho (48) horas contadas a partir de dicha comunicación, pronunciarse sobre
la concesión del disfrute de las vacaciones para la señora Diana Cometa Ramos.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

OMAR JOAQUIN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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